C-228-1999 — Extraction and commercialization of timber in indigenous reservesExtracción y comercialización de madera en reservas indígenas

Dictamen : 228 del 19/11/1999   



C-228-99




19 de noviembre, 1999




 




Licenciado




Luis Rojas Bolaños




Director




Sistema Nacional de Áreas de Conservación




Ministerio del Ambiente y Energía




 




Estimado señor:



    Con aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su Oficio No.
SINAC-1055-99, en el que nos pregunta si las comunidades indígenas pueden extraer y comercializar
madera localizada en sus reservas.



    De su consulta, se confirió audiencia a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la que nos
fue contestada por el Lic. José Pablo Martínez Granados, Asesor Legal de esa Institución, mediante
Oficio No. DL-025-99.




I.- LAS RESERVAS INDIGENAS



    Para nadie es desconocido que el proceso de conquista y colonizaje español en tierras americanas
tuvo nefastas consecuencias para las civilizaciones ya presentes con anterioridad en ellas. Los
arduos trabajos a que fueron sometidos los indios (así denominados por los españoles) bajo
institutos que, como la encomienda o la mita, disfrazaban auténticos regímenes de esclavitud; así
como la influencia de nuevas enfermedades, entre las principales causas, terminaron por ocasionar
lamentablemente una reducción significativa de las poblaciones, y por ende, la paralización de su
desarrollo cultural.



    Conforme fue avanzando el período colonial se hizo patente cómo los españoles y los criollos
(descendientes de aquellos nacidos en las Indias) se fueron apoderando de las tierras más aptas para
la producción agropecuaria y el asentamiento de poblados. Muchos indígenas, por su parte, celosos de
guardar sus costumbres y de no someterse a las imposiciones del hombre blanco, buscaron como refugio
tierras cada vez más inaccesibles para éste, pero que les implicaron, al mismo tiempo, condiciones
de vida más difíciles.



    Este paulatino aislamiento de los grupos indígenas también se da en nuestro país, incluso
durante la primera centuria de nuestra vida independiente (1).




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 NOTA (1): Al respecto puede verse el Decreto-Ley No. 91 del 13 de mayo de 1826 que permitía a los
ladinos "avecindarse" en los pueblos indígenas y realizar labores de crianza y labranza en sus
terrenos, con lo que prácticamente se termina de ocupar por los blancos las mejores tierras del
Valle Central, en detrimento de los indígenas que se veían nuevamente obligados a migrar.




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    No es sino a finales de ese siglo y principios del actual, que se comienza a dar una mayor
preocupación por el tema indígena y su indudable nexo con las raíces del ser costarricense y su
idiosincrasia (2), que culmina con la introducción en la Ley General sobre Terrenos Baldíos (3) de
una norma que anticipa ya lo que será el régimen de reservas indígenas:



 "Artículo 8°.- (...) Asimismo se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una
zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus de éstos, a fin
de conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias."




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 NOTA (2): Ejemplos normativos de esta época son el Decreto No. 14 de 27 de mayo de 1882 que imponía
10 años de prisión a toda persona que persiguiera, capturara o sacara de su territorio a algún indio
de cualquiera de las tribus "que aún quedan en la República"; y la Ley No. 14 de 14 de setiembre de
1923 que resguardaba el patrimonio arqueológico indígena.




NOTA (3): Ley No. 13 de 10 de enero de 1939.




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    Como puede verse en la utilización del término "inalienable", se eleva a la máxima categoría de
protección jurídica, la de bienes de dominio público, a estas circunscripciones territoriales, con
lo que se denota el grado de importancia que ya asumió para el legislador costarricense la tutela de
las poblaciones indígenas.



    Debemos rescatar de este artículo, asimismo, la motivación existente para la creación de estas
áreas demaniales, cual es la de conservar nuestra raza autóctona y librar a los indígenas de futuras
injusticias. Es decir, se perseguía que los diferentes grupos indígenas gozaran de un ámbito
territorial suficiente y seguro que permitiera el libre ejercicio de sus manifestaciones culturales
provenientes de una tradición ancestral.



    La declaratoria de inalienabilidad se repite en el Decreto No. 45 de 3 de diciembre de 1945, al
declaran "inalienables y de propiedad exclusiva de las tribus indígenas autóctonas, los terrenos
baldíos por ellas ocupados, con excepción de las fajas destinadas a la Carretera Interamericana". No
obstante, esta buena intención reiterada, lo cierto es que en ninguna de las dos normativas se
incluyó una delimitación geográfica precisa de los sectores protegidos (4), circunstancia que
contribuyó a que no se cumplieran eficientemente los objetivos buscados, ni se lograran frenar los
fuertes avances de la frontera agrícola contra las reservas indígenas.




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 NOTA (4): El Decreto No. 45 de 1945 creó una Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la
Nación para que administrara las Reservas Indígenas, y que debía encargarse, por medio de los
técnicos del Instituto Geográfico, de la delimitación en el terreno de las reservas de tierras
destinadas a los aborígenes (artículos 2 y 4).




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    Ya para la década de los años cincuenta, se dicta el Decreto No. 34 de 15 de noviembre de 1956
que sí estipula de manera específica los límites de algunas reservas en las provincias de Puntarenas
y San José (5). Se fundamenta en la Ley y Decreto recién enunciados, desprendiéndose por
consecuencia que los fines de su establecimiento son los mismos en ellos descritos.




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NOTA (5): Reservas indígenas de Boruca-Térraba, Salitre-Cabagra y la de China Kichá.




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    Los Decretos dichos de 1945 y 1956 fueron derogados expresamente por la Ley de Creación de la
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, No. 5251 de 11 de julio de 1973 (6); pero su único
Transitorio, según reforma de Ley No. 5651 de 13 de diciembre de 1974, otorgó nuevamente el régimen
de inalienabilidad a las reservas indígenas ya creadas, y que, para ese momento, se encontraban
inscritas a nombre del Instituto de Tierras y Colonización (7).




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 NOTA (6): La Ley General sobre Terrenos Baldíos fue derogada por la Ley de Tierras y Colonización,
No. 2825 de 14 de octubre de 1961. Esta última también contenía varias disposiciones regulando la
tenencia de la tierra por los indígenas (artículos 75 a 81), dándose un breve retroceso en la
secuencia histórica de reivindicación indígena al señalar su numeral 75 que las "extensas" zonas
donde viven las comunidades indígenas no se declarará que pertenecen exclusivamente a ellas.



 NOTA (7): Esta inscripción fue ordenada por los Decretos Nos. 11 de 2 de abril y 26 de 12 de
noviembre, ambos de 1966.




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    Mediante Decreto No. 5904-G de 11 de marzo de 1976 se crean nuevas reservas, señalándose entre
sus considerandos que la cultura y la organización social de los indígenas merecen ser respaldadas
frente al despojo continuo y arbitrario de sus tierras, que amenaza con extinguir su población. En
el artículo 4° se declara la propiedad de las comunidades indígenas sobre las reservas establecidas;
en el 6°, se enfatiza que son inalienables, incedibles y exclusivas para las comunidades aborígenes
que las habitan; y en el 7° se elencan una serie de prohibiciones para los no indígenas dentro de
los límites de las reservas. Aplicándoles este mismo régimen, los Decretos Nos. 6036-G de 12 de
junio de 1976, 7267-G y 7268-G, ambos de 9 de agosto de 1977, establecen otras reservas indígenas, y
el No. 6037-G de 26 de mayo de 1976 extiende a las ya creadas por el Decreto No. 34 de 15 de
noviembre de 1956 el estatuto del No. 5904.



    Valga apuntar que en este Decreto No. 6037-G se encarga a la Comisión Nacional de Asunto
Indígenas la promoción ante la Asamblea Legislativa de una ley sobre el "Estatuto General de los
Indígenas", abarcando todas las comunidades indígenas del país y tomando en consideración las
situaciones particulares que ellas presentan, de manera especial procurando resolver el problema en
forma integral, coherente y planificada.



    Esta propuesta se materializa con la Ley No. 6172 de 29 de noviembre de 1977, primer y único
cuerpo normativo con rango de ley que se dedica a tratar exclusivamente el tema indígena. En su
artículo primero declara nuevamente reservas indígenas todas las reservas anteriormente definidas
por vía de decreto, más la Reserva Guaymí de Boruca, y las reconoce, artículo segundo, como
propiedad de las comunidades indígenas, debiendo inscribirse en el Registro Público a nombre de
ellas. El numeral 3° reafirma que las reservas son inalienables e imprescriptibles, intransferibles
y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. El resto del articulado retoma varias
de las disposiciones del Decreto No. 5904-G con algunas modificaciones.



    Con posterioridad a la Ley Indígena se han seguido creando reservas por vía de Decreto, hasta
alcanzar al día de hoy veintidós reservas indígenas correspondientes a ocho grupos étnicos (8).




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 NOTA (8): De acuerdo con el Decreto No. 20645 de 16 de agosto de 1991, los grupos étnicos en Costa
Rica y sus correspondientes Reservas Indígenas (comunidades) son los siguientes: 1) Bribrí (Salitre,
Cabagra, Bribrí de Talamanca y Kekoldi o Cocles); 2) Cabécar (Chirripo, Bajo Chirripó, Nairi-Awairi,
Tayni, Telire, Cabécar de Talamanca y Ujarrás); 3) Guaymí (Guaymí de Coto Brus, Abrojo de Montezuma,
Conteburica y Guaymí de Osa); 4) Brunca (Boruca y Curré); 5) Térraba (Térraba); 6) Huetar o Pacacua
(Quitirrisí y Zapatón); 7) Maleku o Guatuso (Guatuso) y 8) Chorotega (Matambú).




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    De lo expuesto hasta aquí se puede concluir fácilmente que, por lo menos desde 1939 con la Ley
General sobre Terrenos Baldíos, el legislador costarricense ha buscado la protección de nuestros
grupos indígenas a través del resguardo de sus territorios, afectándolos al régimen de dominio
público. Esta declaratoria persigue, en primer término, conservar para los indígenas los terrenos
necesarios para que puedan desarrollar libremente sus prácticas y tradiciones heredadas, y en
general, su modo de vida propio; y por otra parte, no permitir que terceros ajenos a esas
manifestaciones culturales y sociales puedan dañarlos, lo que va desde introducir costumbres
perniciosas hasta despojarlos de sus tierras y el entorno asociado, los que para ellos son parte de
su misma existencia.




II.- EL RECURSO FORESTAL EN LAS RESERVAS INDIGENAS



    En efecto, para un indígena su ambiente natural es de gran importancia, no sólo porque lo provee
de los recursos indispensables para el sostenimiento suyo y de su familia, sino también porque es
manifestación de la divinidad en la que se cree; y como tal, todo el conjunto de elementos naturales
es interactuante entre sí y con él, de un modo armónico y vital, y la incidencia negativa en la
condición de uno de ellos atenta contra la propia vida:



 "Los pueblos indígenas basamos nuestra vida en nuestra tierra y el medio ambiente en el que vivimos
y nos desarrollamos, con los principios y leyes de cada pueblo indígena. Las tierras en las que
vivimos son respetadas por nosotros por ser parte de la creación y no objeto de venta u otras
transacciones, son tierras sagradas donde han vivido nuestros antepasados, donde se ha desarrollado
milenios de desarrollo cultural, que ha permitido mantener el medio ambiente en un constante
desarrollo. Todo lo que poseen nuestros Pueblos está basado en el respeto y el desarrollo sostenible
de los recursos que existen en nuestras tierras. Sin nuestra tierra, desaparece el pueblo indígena.



 Los Pueblos Indígenas han desarrollado durante siglos un conocimiento para convivir con los
diferentes ecosistemas, de forma que no destruye la reproducción de los ciclos de la vida. Este
conocimiento es parte de nuestras culturas, es parte de nuestra vida cotidiana." (9)




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 NOTA (9): Consejo Mundial de Pueblos Indígenas."Pueblos Indígenas - Gobernabilidad Global". Informe
Especial para el Proceso Rio+5. Texto tomado de la Red Internet (Fecha: 11 de octubre de 1999; Hora:
3:00 p. m.): www.ecouncil.ac.cr/rio/focus/report/spanish/wcip.htm. Sobre esta misma filosofía, son
memorables las palabras del Cacique Seattle, Patricarca de los indios duwamish y squamish de Puget
Sound al Presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en 1855:



 "Esto es lo que sabemos: la Tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la
Tierra. Esto es lo que sabemos: todo está relacionado, como la sangre que une a una misma familia.
Lo que sucede a la Tierra, sucede a los hijos de la Tierra. El hombre no tejió la trama de la vida;
es simplemente uno de los hilos que la componen. Lo que haga al tejido, se lo hace a sí mismo. (...)
Mi pueblo venera cada rincón de esta tierra, cada brillante espina de pino, cada playa arenosa, cada
nube de niebla en las sombrías selvas, cada calvero, cada insecto que zumba; en el pensamiento y en
la práctica de mi pueblo, todas estas cosas son sagradas."




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    En el Documento sobre Educación, Conocimiento Tradicional y Prácticas Sostenibles que surge de
la Tercera Reunión del Consejo Espiritual Consultivo de los Pueblos Indígenas, llevada a cabo
recientemente, al hablar sobre el concepto indígena de desarrollo sostenible, también se dejó
patente esta intrínseca relación entre la naturaleza y el hombre:



 "Para ilustrar esta aseveración, se puede asegurar que existen tres posiciones diferentes con
relación a la naturaleza. La primera de ellas incluye a quienes consideran que los recursos
naturales son del ser humano y fueron colocados en la Tierra para explotarse. La segunda creencia
establece que existen otras fuerzas y elementos dentro de la naturaleza. Sin embargo, estos
componentes de la misma son comúnmente considerados más como fuerzas temidas que respetadas, y la
relación que se desarrolla entre el ser humano y el ambiente está basada más en patrones de
superioridad-inferioridad que en el respeto. La tercera postura indica que todos somos expresión del
mismo creador. Debemos por tanto vivir en armonía e interactuar unos con otros en base al respeto y
la igualdad.



 Los pueblos indígenas son adeptos a esta tercera posición. La defensa y protección de los recursos
naturales, al igual que del medio ambiente, es una actitud inherente que se refleja en sus
actividades diarias, la filosofía indígena y su propia forma de vida."(10)




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 NOTA (10): "Pueblos Indígenas, Madre Tierra y Espiritualidad". Informe sobre la Reunión Anual
celebrada en Bariloche, Argentina. Mayo de 1998; p. 3.




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    No es casualidad, por tanto, que, en nuestro país, las zonas en que tradicionalmente se han
asentado los indígenas gozan de alto grado de protección a los recursos naturales, dándose incluso
amplias coberturas boscosas:



 "Los Pueblos Indígenas en el caso particular de América Central están asentados en su gran mayoría
sobre las únicas áreas de bosque primario que subsisten en esta parte del continente. En definitiva,
las áreas que habitan desde tiempos inmemoriales, o al menos desde antes de los procesos de
neocolonización que surgen después de la independencia de las repúblicas en el continente americano
en 1821, se han mantenido casi inalteradas, demostrándose la coexistencia armónica de las
comunidades indígenas con su entorno natural."(11)



 "En la actualidad, los indígenas costarricenses representan un 1% del total de la población de
nuestro país. Sin embargo, este pequeño, pero importante sector de nuestra nación, ha podido
conservar para sí, para los costarricenses y la humanidad, una parte importante del territorio donde
se resguarda nuestro patrimonio natural. Cerca del 85% de los indígenas viven a ambos lados de la
cordillera de Talamanca, asiento histórico de las dos etnias numéricamente más importantes de los
indígenas costarricenses contemporáneos: los Bribris y los Cabécares. Aproximadamente el 75% del
territorio es bosque natural y un 15% se encuentra en el presente ligeramente alterado. La
sobrevivencia de pequeñas manchas de bosque primario debemos reconocérselo sin duda a nuestros
indígenas, quienes en su lucha por conservar sus tierras y sus culturas han preservado para la
posteridad la inmensa riqueza biológica de los bosques tropicales de América Central." (12)




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 NOTA (11): Chacón, Rubén. "Los derechos de los Pueblos Indígenas a los Recursos de la Diversidad
Biológica" en "Contribuciones Analíticas sobre Legislaciones Indígenas y Ambientales y su Relación
con el Desarrollo Sostenible"(Consulta Técnica: Derechos Indígenas, Legislación Ambiental y
Desarrollo Sostenible). Consejo de la Tierra y Organización Internacional del Trabajo, 1998.



 NOTA (12): Bolaños Arquín, Margarita. "Los indígenas y la conservación de la biodiversidad: 500
años de resistencia", en Registra de Historia, Volumen 1, Número 1, de la Escuela de Historia de la
Universidad Nacional y el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica,
1975; p. 165.




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    Esta especial particularidad en las prácticas conservacionistas de los estilos de vida indígenas
fueron igualmente reconocidas por nuestra legislación, como, por ejemplo, leemos en los
considerandos del Decreto No. 5904-G de 11 de marzo de 1976, por el que se crearon varias reservas
indígenas:



 "7°.- Que los métodos agrícolas de los indígenas son menos destructivos de los bosques que los de
los no indígenas, permitiendo así una mejor protección de las cuencas hidrográficas, sobre todo en
zonas de topografía accidentada; y que por otra parte, es obligación del Estado asegurar que los
terrenos de vocación forestal permanezcan siempre con su cobertura de bosques."



    Como puede verse, para el legislador es no sólo importante la preservación del estilo de vida
indígena al momento del establecimiento de las reservas, sino también el grado de conservación del
entorno natural que caracteriza a las poblaciones indígenas que en él habitan. Esta singular
confluencia de objetivos es lo que motiva la declaratoria de las técnicamente denominadas "reservas
antropológicas", entre las que se cuentan principalmente las indígenas:




"C. RESERVAS ANTROPOLOGICAS



 (...) Puede verse la necesidad de proteger regiones naturales de las cuales el hombre es un
elemento y donde él obtiene sus bienes mediante procedimientos que no implican cultivo intenso ni
muy amplio ni otras modificaciones importantes de la vegetación o de la vida animal. Esos individuos
o sociedades pueden necesitar de protección especial para mantenerse en existencia. Las áreas de
esta categoría se caracterizan por ser regiones naturales donde ni la influencia ni la tecnología
del hombre moderno han interferido significativamente con las formas de vida tradicionales de los
habitantes. Las regiones apropiadas son por lo general remotas y aisladas y tienen probabilidades de
mantener su inaccesibilidad por un período de tiempo considerable. Las sociedades que las habitan se
consideran relativamente singulares y pueden tener una importancia particular para la permanencia de
la diversidad genética (...) Se trata de terrenos predominantemente naturales de los cuales el
hombre es un componente integral. Existe una fuerte dependencia por parte del hombre respecto del
ambiente natural para conseguir alimento, abrigo, y otros elementos básicos para el sustento." (13)




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 NOTA (13): Thelen, Kyran D. y Dalfet, Arne. "Políticas para el manejo de áreas silvestres". San
José, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1979; ps. 29 y 30.




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    Dicha relación del indígena con la naturaleza que le rodea se manifiesta principalmente en un
vínculo de dependencia que se limita a sustraer de ella lo estrictamente necesario para su
sobrevivencia, más allá de lo cual sería alterar el complejo equilibrio que les une a los dos:



 "Sin embargo, cuando intentamos funcionar de manera independiente, todo el sistema inicia un
proceso de desequilibrio. En realidad, el principio de simbiosis en la relación entre el ser humano
y su entorno es la base del equilibrio y la armonía, no solamente entre seres humanos sino con todas
las especies del universo. Cuando se ignora este principio, nuestra relación con la naturaleza se
encuentra basada en la insensibilidad, la avaricia y la ambición. Nuestro interés en los recursos
naturales se reduce simplemente a la satisfacción de las necesidades materiales." (14)



 "La materia de estudio tiene como bien de propiedad las Reservas Indígenas, que tienen una
naturaleza productiva, ya sea en un ciclo biológico de producción vegetal o animal, conforme se
demostró en el título anterior, al caracterizar la forma posesoria indígena netamente de
subsistencia, a base del cultivo de la tierra y los recursos naturales que los rodean, de ahí el que
no podemos enmarcar la propiedad indígena como propiedad civil, al cumplir ésta una función social
específica como es la de producir los alimentos necesarios para la subsistencia del indígena, quien
no tiene como titular del derecho una serie de poderes y deberes sobre la propiedad."(15)




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 NOTA (14): "Pueblos Indígenas, Madre Tierra y Espiritualidad". Informe sobre la Reunión Anual
celebrada en Bariloche, Argentina; op. cit., p. 2.



 NOTA (15): Vega Blanco, Yadira. "Los Indígenas y la Propiedad". Tesis de grado. Facultad de
Derecho, Universidad de Costa Rica, 1984; p. 97.




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    Por eso, al momento de analizar el valor que para los indígenas tienen sus tierras, no se debe
perder de vista esta economía de subsistencia, que obedece, como vimos, a razones de creencia y
tradición 16, y no a un desinterés por el mejoramiento socioeconómico. Sobre este punto, la Licda
Ana Virgina Calzada Miranda, Magistrada de nuestra Sala Constitucional, ha expresado:




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 NOTA (16): "... La relación de los indígenas con las aguas, los suelos, los animales y los bosques
ha sido tan cercana que han llegado a considerar a estos elementos naturales como parte de su
familia ancestral...". Borge, Carlos y Castillo, Roberto. "Cultura y Conservación en la Talamanca
Indígena". Primera edición. San José, EUNED, 1997; p. XVI (Introducción).




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 "Sin embargo, aun cuando el desarrollo y el progreso implican cierto menoscabo a la naturaleza, no
necesariamente significa la destrucción de aquélla, y es en este contexto, en que se habla del
desarrollo sostenible o sustentable. Ejemplo de este tipo de desarrollo en consonancia con la
naturaleza, es el de muchos pueblos indígenas, quienes dado el culto que le tenían, se preocuparon
por no dañarla innecesaria o irracionalmente, tomando de ella, únicamente lo que les era
indispensable para su supervivencia." (17)




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 NOTA (17): Calzada Miranda, Ana Virginia. "La Responsabilidad por Daño Ambiental", en Aportes del
Sector Justicia al Derecho Ambiental. San Jose, CONAMAJ, 1997; p. 1.




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    En el documento "Recopilación de prácticas sostenibles tradicionales basadas en el conocimiento
ancestral indígena" de la Asociación costarricense Bri-Bri Kekoldi Ka Tsa Chok de Talamanca, leemos:



 "Los indígenas viven en concordancia con la ley y las enseñanzas de su Dios Sibó. Algunos de estos
principios son: 4.1 Tienen la creencia de que antes de sembrar o plantar se debe ayunar, ya que el
uso de sus tierras no sólo se relaciona con la actividad productiva, sino también tiene propósitos
espirituales. Esto se refleja en la veneración que sienten hacia sus tierras, así como en el uso
racional de los recursos naturales dentro de ellas. Los indígenas consideran que sólo deben tomar de
ellas lo que necesitan para vivir; de otra manera, la tierra tendría solamente un valor económico."
(18)




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 NOTA (18): "Proyectos" en "Pueblos Indígenas, Madre Tierra y Espiritualidad". Publicación del
Consejo de la Tierra, 1998; sin número de página.




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    Dentro de este espíritu de integración del indígena con la naturaleza, los bosques juegan un
papel fundamental, ya que de ellos recolectan materiales para construcción y artesanía, plantas
medicinales, frutas, hojas y raíces alimenticias, animales silvestres y otros productos (19);
realizándose todas estas tareas de una manera no perjudicial para el ambiente. Y ello es así porque
para los indígenas, los árboles tienen un valor espiritual que se traduce estrictamente en la
provisión de lo necesario para las familias, y que trasciende lo meramente económico, como podría
ser la simple extracción para comercializarlos:



 "Pero el indígena de acuerdo con su tradición cultural no tiene una mentalidad comercial sino que
basa su producción en el autoconsumo. Su comportamiento en este sentido no se fundamenta en la
explotación de madera ni en las abras sino que el bosque es visto como su propio ambiente. (...) "El
indio cuida el bosque y la fauna con esmero, ello lo diferencia de la cultura blanca, compuesta por
una sociedad que anhela ver todo convertido en grandes ciudades, que desforesta (sic) y contamina,
provocando la erosión y empobrecimiento del suelo. Por desgracia Costa Rica es parte de este triste
panorama y actualmente se lucha porque el medio se proteja, para conservar la flora y fauna del como
lo han hecho siempre los pueblos indígenas." (20)




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NOTA (19): Borge, Carlos y Castillo, Roberto; op. cit., p. XV (Introducción).



 NOTA (20): Arias Rodríguez, Ligia y otros. "Las Reservas Indígenas como manifestación de Propiedad
Agraria". Seminario de graduación. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1989; ps.
310-312, 358-359.




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    Aún en sus prácticas agrícolas los indígenas buscan cómo alterar en lo menos posible la
integridad de los bosques, a través de técnicas que permiten no sólo su regeneración espontánea,
sino también la restauración de los suelos:



 "En efecto, el suelo produce excelentes cosechas en los primeros años; luego al disminuir la
fertilidad, se abandona el terreno y se abren nuevos calveros. Mientras tanto, en los antiguos
sembradíos crece el bosque secundario y el terreno recupera su fertilidad. (...) Debe indicarse que
este sistema de rotación de cultivos tradicionalmente entre los indígenas, ha sido utilizado por
razones de conservación de los suelos, en vista de que los dejan descansar por períodos prolongados
para reponer la fertilidad del suelo, dado que el indígena sabe por una filosofía heredada a través
de los siglos que necesita de sus cultivos y del bosque..."(21)




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 NOTA (21): Vega Blanco; op.cit,, ps. 19 y 20. Para mayor información puede verse: Vargas Carranza,
Jorge Luis. "Talamanca, la ocupación aborigen del medio ambiente: aportes para un desarrollo
sostenible y duradero", en Revista "Vínculos", Volumen 15, Número 1-2. San José, 1989, p. 69 y
sigs.; y Vázquez, Rosa. "Uso y manejo del bosque húmedo tropical por los Cabécares de Telire, Costa
Rica" en Memoria del Primer Congreso Científico sobre Pueblos Indígenas de Costa Rica y sus
fronteras. Primera edición. San José, EUNED, 1998; p. 93 y sigs.




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    Valga agregar que, por tal tipo de procedimientos, los indígenas han sido despojados de sus
tierras, al considerar que las dejaban abandonadas, y más aún, mal entendidos, llegándoseles a tener
como personas ociosas:



 "En lo que a los indígenas concierne, las ideas colonialistas nunca consideraron que su modo de
vida está íntimamente ligado a la existencia del bosque y por consecuencia ellos, mediante prácticas
agrícolas de barbechos, han utilizado estos ecosistemas sin transformarlos de manera profunda. Por
esa razón sus territorios fueron considerados "sin uso", "despoblados" o "vacíos". Paralelamente,
aparecieron manifestaciones de prejuicios culturales y raciales con relación a la ocupación aborigen
del medio y con mucha ligereza, los indígenas, llegaron a ser considerados como perezosos y
vagabundos (...), de igual forma sus prácticas agrícolas fueron calificadas de "salvajes",
"arcaicas", etc." (22).




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 NOTA (22): Vargas Carranza, Jorge Luis. "Prácticas agrícolas indígenas sostenibles en áreas del
bosque tropical húmedo en Costa Rica" en Geoistmo (Revista de la Asociación de Profesionales en
Geografía de Costa Rica), Vol. IV, No. 1-2, 1990; p. 13.En igual sentido: Vega Blanco, op. cit; p.
23.




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    Hasta aquí se ha explicado cómo las reservas indígenas representan sitios indispensables para el
mantenimiento de las poblaciones indígenas y sus tradiciones; pero también se constituyen en
santuarios naturales como marco propicio para el desarrollo de sus actividades, consistentes, sobre
todo, en la obtención de frutos y materiales necesarios para su sobrevivencia y la de sus familias,
todo dentro de un concepto de preservación del ambiente, que se estima como sagrado y se cuida por
medio de prácticas ancestrales. Resta ahora exponer cómo la sociedad internacional y nuestro país en
particular han tratado este tema por medio de diferentes cuerpos jurídicos.




III.- PROTECCION LEGAL DEL AMBIENTE INDIGENA



    Aunque pudiera considerarse una reacción tardía del Derecho, debemos señalar que tanto la
legislación internacional como interna se han ocupado en las últimas décadas, a partir sobre todo de
la segunda mitad de este siglo, de normar los derechos de los indígenas sobre los territorios que
ocupan y el fundamental papel del Estado en asegurar que su entorno natural permanezca protegido.




a) Normativa internacional



    La primera manifestación jurídica de importancia en este campo se dio por medio del Convenio 107
de la Conferencia Internacional del Trabajo relativo a la Protección e Integración de las
Poblaciones Tribuales y Semitribuales en los Países Independientes. Este documento internacional de
1957 fue aprobado por nuestro país mediante Ley No. 2330 del 9 de abril de 1959.



    El Convenio en mención se enmarcó dentro de lo que se ha dado en llamar corriente
integracionista, cuyo propósito fundamental consistía en tratar de que las poblaciones indígenas se
integraran paulatinamente al proceso de desarrollo a nivel nacional:



 "Esta concepción tiene como finalidad consolidar la unidad nacional, llevando al indio los recursos
fundamentales de la vida moderna, pero sin menospreciar los elementos de su propia cultura que
podrían enriquecer a aquélla que sea la dominante." (23)




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 NOTA (23): Valverde Alpízar, Juan Carlos. "Diagnóstico del Derecho Indigenista Costarricense".
Tesis de grado. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1993; p. 72.




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    Es de interés rescatar de este Convenio que, aunque perseguía en última instancia la inserción
de los indígenas en el modelo de crecimiento predominante, por lo menos estipulaba una serie de
normas proteccionistas de las tierras y costumbres indígenas, aunque destacando su carácter
temporal. Veamos algunos ejemplos:



 "1.- Se deberán adoptar medidas especiales para la protección de las instituciones, las personas,
los bienes y el trabajo de las poblaciones en cuestión mientras su situación social, económica y
cultural les impida beneficiarse de la legislación general del país a que pertenezcan (...)"
(artículo 3°).



 "Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la integración de las poblaciones
en cuestión se deberá:



 a) Tomar debidamente en consideración los valores culturales y religiosos y las formas de control
social propias de dichas poblaciones así como la naturaleza de los problemas que se les plantean,
tanto colectiva como individualmente, cuando se hallan expuestas a cambios de orden social y
económico;



 b) Tener presente el peligro que puede resultar del quebrantamiento de los valores e instituciones
de dichas poblaciones, a menos que puedan ser reemplazados adecuadamente y con el consentimiento de
los propios interesados; (...)" (artículo 4°)



 "1.- Al definir los derechos y obligaciones de las poblaciones en cuestión se deberá tomar en
consideración su derecho consuetudinario.



 2.- Dichas poblaciones podrán mantener sus propias costumbres e instituciones cuando éstas no sean
incompatibles con el ordenamiento jurídico nacional o los objetivos de los programas de
integración." (artículo 7°)



 "Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de
las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas." (artículo 11).



    También se establece en el Convenio la obligación de los Estados partes de "adoptar medidas para
impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la
ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de las tierras
que les pertenezcan" (artículo 13.2).



    El Convenio 107 fue revisado posteriormente (1989) por el No. 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, también de la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo. En este nuevo Convenio, cuya aprobación en nuestro país se dio mediante
Ley No. 7316 de 3 de noviembre de 1992, se pasa de una visión integracionista a una
autodeterminante, en la que los pueblos indígenas deben ser tomados en cuenta en toda aquella toma
de decisiones legales y de planificación que les pueda afectar:



 "1.- Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. (artículo 2°).




"1.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:



 a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente;



 b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;



 c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. (...)"
(artículo 6).



    En lo que aquí interesa, el Convenio vuelve a reafirmar la trascendencia de preservar el bagaje
cultural de los pueblos indígenas y su status de vida, ya no como una medida transitoria hacia su
incorporación a la sociedad que les circunda, sino como un valor en sí mismo, que merece respeto,
tutela y promoción:




"(...) 2.- Esta acción deberá incluir medidas:



 (...) b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus
instituciones; ..." (artículo 2°).



 "1.- Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.



 2.- Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias,
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema
jurídico nacional ni con los derechos internacionalmente reconocidos. (...)" (artículo 8).



    Como elemento nuevo respecto del anterior Convenio, el No. 169 introduce el entorno natural como
variable a ser tomada en cuenta para la efectiva protección de los indígenas y obliga a los Estados
a impulsar las acciones pertinentes en orden a su defensa:



 "1.- Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
(...)" (artículo 4°).



 "(...) 4.- Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan." (artículo 7°)



    En su artículo 14 el Convenio No. 169 reconoce a los indígenas el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y en el ordinal 13 obliga a los gobiernos a
respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que
ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.



    Con base en este articulado, resulta evidente que la posibilidad de autorizar aprovechamientos
forestales para la extracción y comercialización de madera dentro de las reservas indígenas es
inviable, por cuanto representan una actividad extraña a la vivencia indígena y a los valores
espirituales que mantienen con respecto al bosque, según hemos explicado.



    Permitir ese tipo de actos no sólo lesiona el ambiente dentro de las reservas indígenas, aspecto
que los Estados firmantes del Convenio se comprometieron a proteger; sino que, además, implica la
inserción de una manifestación cultural ajena al pensamiento indígena, que únicamente concibe
servirse de los recursos forestales para su autoabastecimiento. Sobre la economía de subsistencia
que caracteriza a los indígenas, el Convenio de mérito igualmente lo ratifica en sus normas:



 "(...) Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las
que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.
(...)" (Artículo 14).



 "1.- La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la
caza con trampas y la recolección deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de
su cultura y de su autosuficiencia y desarrollos económicos. (...)" (artículo 23).



    Y es que el artículo 15 ibíd que otorga a los pueblos indígenas el derecho de participar en la
utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras no
puede usarse para desvirtuar sus costumbres de siempre. Al decir ese numeral que los derechos de los
pueblos interesados en dichos recursos se protegerán especialmente, debe entenderse en el sentido de
que puedan disponer de ellos para llevar adelante su modo de vida, y no para introducir prácticas
ajenas a él o para beneficiar en detrimento del ambiente a determinados individuos de espalda a la
comunidad, visto el carácter colectivo de las tierras. El artículo 7° del Convenio se cuida muy bien
de garantizar a los pueblos indígenas su derecho de decidir prioridades cuando procesos de
desarrollo puedan afectar sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras
que ocupan o utilizan de alguna manera.



    Así las cosas, y de acuerdo a los principios consagrados en el Convenio No. 169 y las costumbres
indígenas prevalecientes, no es posible jurídicamente permitir dentro de las reservas indígenas la
corta para comercialización del recurso forestal.



    En complemento de lo anterior, debe acotarse que existen otros instrumentos internacionales que
también resaltan la importancia de proteger las poblaciones y tradiciones indígenas, así como su
ambiente natural.



    El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 24, en su artículo 27, estipula que "en
los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de
su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su
propio idioma".




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NOTA (24): Este Pacto fue aprobado mediante Ley No. 4229 de 11 de diciembre de 1968.




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    El Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado mediante Ley No. 7416 de 30 de junio de
1994, contiene varias disposiciones relevantes al respecto 25:




"Artículo 8. Conservación in situ




Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:




(...)



 j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la
utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente."




"Artículo 10. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica




Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible, y según proceda: (...)



 c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad
con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la
conservación o de la utilización sostenible."




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 NOTA (25): En su Preámbulo de menciona: "Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de
muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados
en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se
derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas
pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus
componentes".




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    El Principio 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992
enfatiza que:



 "Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un
papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo, debido a sus conocimientos
y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura
e intereses, y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible."



    Por su lado, la conocida Agenda 21 también dedica algunos apartes para su implementación por los
Estados:



 "Las poblaciones y sus comunidades indígenas mantienen una relación histórica con sus tierras.
Además, poseen conocimientos científicos tradicionales de su hábitat y sus recursos. (...) Tienen
derecho a disfrutar a plenitud de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin trabas ni
discriminación, y se hace necesario fortalecer su papel, teniendo en cuenta la relación holística
que han desarrollado entre el medio natural, sus recursos y el ambiente. (...)



    Por lo tanto, los gobiernos deberían impulsar medidas, tales como las que a continuación se
citan:



 Adoptar y fortalecer políticas y/o instrumentos legales que protejan la propiedad intelectual y
cultural de los indígenas y el derecho de éstos a preservar sus propios sistemas y prácticas
consuetudinarias y administrativas. (...) Reconocer que las tierras de las poblaciones indígenas
deben protegerse contra las actividades que la comunidad considere socialmente inapropiadas. (...)



 Los gobiernos se comprometen a darles un espacio en la sociedad a las poblaciones indígenas y a sus
comunidades, ratificando políticas o instrumentos jurídicos apropiados, protegiendo sus tierras, y
reconociendo sus valores, conocimientos tradicionales y sus prácticas de ordenación de los recursos,
con miras a promover un desarrollo sostenible y equitativo."



    De la misma Cumbre de la Tierra ECO 92, valga citar asimismo dos párrafos de la Declaración de
Principios sobre Ordenación, Conservación y Desarrollo Sostenible de los Bosques:



 "La política forestal de cada país debería reconocer y apoyar la cultura, los intereses y los
derechos de las poblaciones indígenas y de los habitantes de las zonas boscosas. Se deberían
promover las condiciones económicas apropiadas, para que estos grupos desarrollen sus actividades y
mantengan su identidad cultural y organización social."



    Finalmente, el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistema Naturales
Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, dedica su artículo quinto a este tema:




"Artículo 5.- Los Estados de la Región deberán




(...):



 b) Reconocer y apoyar debidamente la diversidad cultural, respetando los derechos, obligaciones y
necesidades de las poblaciones indígenas, de sus comunidades y otros habitantes de las zonas
boscosas."



    Como ha podido constatarse, todo este conjunto de principios y normas internacionales refuerzan
los postulados del Convenio No. 169 en el sentido de proteger los ambientes naturales de los
territorios indígenas como una forma de preservar su estilo de vida, debiéndose erradicar cualquier
acción que atente contra ese equilibrio; sin menoscabar el libre uso de los recursos naturales,
entre ellos los árboles, por parte de los mismos indígenas, de acuerdo a sus métodos y costumbres
tradicionales. Valga apuntar que de toda la literatura a la que se ha tenido acceso, no se ha
encontrado ninguna que documente que los indígenas tienen entre sus costumbres establecidas la corta
de árboles para su mera comercialización (26); todo lo contrario, el bosque es para ellos sagrado y
sólo extraen de él lo indispensable para su sobrevivencia.




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 NOTA (26): En el estudio "Prácticas agrícolas indígenas sostenibles en áreas del bosque tropical
húmedo en Costa Rica" de Jorge Luis Vargas Carranza (op. cit.; p. 37) leemos: "Hoy día la relación
con la naturaleza para la sobrevivencia socio-cultural, de los indígenas Talamanqueños, depende de
cinco actividades: la actividad agrícola, la cría de animales, la caza, la recolección y la pesca,
en orden de importancia".




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b) Legislación interna



    Si bien nuestra Constitución Política no establece disposiciones concretas en materia indígena
como otras cartas políticas a nivel latinoamericano (27), lo que no impide que algunos artículos
constitucionales sean aplicables de modo indirecto (28), sobre todo en lo que respecta a la
protección de sus tradiciones y entorno natural, sí existe normativa de inferior rango que regula el
tema.




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NOTA (27): A modo de ejemplo, pueden citarse las siguientes:




Argentina




"Corresponde al Congreso:




(...)




17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.



 Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las
tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás
intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones."
(artículo 75). Bolivia



 "Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y
culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los
relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. " (artículo
171).




Brasil



 "A los indios se les reconocen sus organizaciones sociales, costumbres, lenguas, creencias y
tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, siendo
competencia de la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes.



 1. Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios, habitadas por ellos de forma permanente,
las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los
recursos ambientales, necesarios para su bienestar, y las necesarias para su reproducción física y
cultural, según sus usos costumbres y tradiciones.



 2. Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su posesión permanente,
incluyendo el usufructo exclusivo de las riquezas existentes en el suelo, los ríos y los lagos.
(...)" (artículo 231).




Colombia



 De conformidad con la Constitución y las Leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por
consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las
siguientes funciones:



 1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus
territorios.



 2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su
territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.




(...)



 5. Velar por la preservación de los recursos naturales. (...) Parágrafo. La explotación de los
recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural,
social y económico de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha
explotación, el gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas
comunidades."




(artículo 330).




Nicaragua



 "Las Comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal
gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones.



 Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad
cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar
sus asuntos locales conforme a sus tradiciones.



 El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las Comunidades de la Costa
Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras
comunales."




(artículo 89).



 "Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas
de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales.



 El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de
sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes." (artículo
180).



 NOTA (28): Sin perjuicio de otros, el artículo 50 que preceptúa el derecho de toda persona a
disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el correlativo deber del Estado de
garantizarlo; así como el 89 que consagra la obligación estatal de proteger las bellezas naturales,
el patrimonio histórico y artístico de la Nación.




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    Las primeras disposiciones sobre este tópico las encontramos en el Decreto No. 5904-G de 11 de
marzo de 1976 que, además de crear varias reservas, enunciaba que "ningún no indígena podrá
construir casas o pulperías, ni podrá talar árboles, explotar los recursos maderables y minerales o
plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las mencionadas reservas" (artículo 7°).



    Este precepto fue trasladado a la actual Ley Indígena, No. 6172 de 29 de noviembre de 1977,
modificando su redacción a un modo asertivo:



 "Artículo 6°.- (...) Solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar los
recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas.




(...)"



    El artículo es sumamente claro en restringir las acciones de corta de árboles y uso de las
maderas en actividades para provecho de los mismos indígenas dentro de los límites de las reservas.



    De lo anterior se concluye que los no indígenas no pueden talar árboles o explotar los recursos
maderables dentro de las reservas indígenas; que los indígenas sí pueden hacerlo, pero no
aprovechándose de la madera para venderla fuera de la reserva; y que deben limitarse a ocuparla para
la satisfacción de sus necesidades derivadas de las costumbres que les son propias. Esto último por
cuanto no puede pensarse que la utilización del término "para su provecho" lo sea para actividades
ajenas a su cultura, ya que la razón de ser de las reservas indígenas es la de preservar ésta.



    La norma de comentario se encuadra dentro del principio general de que las tierras de los
territorios indígenas, y por ende los recursos naturales que en ellas se encuentran, lo son para su
exclusivo aprovechamiento. El artículo 3° de la Ley No. 6172 declara las reservas indígenas como
inalienables y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, quedando prohibido a los
no indígenas alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas
comprendidas dentro de las reservas. En un sentido similar, el artículo 17 del Convenio No. 169
obliga a los Estados a impedir que personas extrañas a los pueblos indígenas puedan aprovecharse de
sus costumbres o del desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.



    Permitir que los indígenas puedan extraer la madera de sus territorios colectivos para
comercializarla fuera de las reservas es hacer nugatorio el principio de inalienabilidad de éstas
recién transcrito, toda vez que si gran parte de la riqueza de las tierras indígenas radica en la
existencia de enormes masas boscosas, autorizar la corta de árboles con fines lucrativos es hacer
que esas tierras pierdan mucho de su valor y sentido original por los que fueron protegidas.



    Si no se permite la venta de tierras de las reservas a no indígenas, lógicamente tampoco debe
posibilitarse la enajenación de lo que las hace en gran medida valiosas, sus bosques como entorno
natural; con el absurdo, en este último caso, de que muchos no indígenas, entre ellas grandes
empresas madereras, alcanzarían su objetivo de obtener las maderas sin ni siquiera haber tenido que
pagar por las tierras.



    En cuanto al posible beneficio económico que podrían recibir indígenas si se aceptara la tesis
de la viabilidad del aprovechamiento comercial de la madera, es el mismo que podrían recibir si
arrendaran o vendieras las tierras de las reservas a los no indígenas; por lo que si es está última
posibilidad está cerrada por ley, en concordancia con los principios vigentes del Derecho
Internacional, sin que por ello se considere que se está perjudicando a los indígenas, todo lo
contrario, es unánimemente aceptada esta medida como necesaria; con igual razón debe aplicarse para
el recurso forestal que es soporte de la vida indígena como elemento integrante de su entorno y
justificante a la vez de la protección legal a las tierras.



    Del mismo modo, la posibilidad de comercializar la madera por los indígenas podría provocar en
la práctica una presión del todo insostenible sobre el recurso, con el consecuente deterioro
paulatino de los bosques en las reservas indígenas, lo que jamás podría haber sido el propósito del
legislador.



    A mayor abundamiento, el artículo 7° de la Ley No. 6172 indica que los terrenos comprendidos
dentro de las reservas, que sean de vocación forestal, deberán guardar ese carácter, a efecto de
mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y de conservar la vida
silvestre de esas regiones. Además, señala que los recursos naturales renovables deberán ser
explotados racionalmente, lo que debe entenderse por los indígenas y de acuerdo a sus prácticas
tradicionales.



    Sobre la imposibilidad legal de otorgar permisos para la extracción y comercialización de madera
por indígenas dentro de sus reservas, también la Defensoría de los Habitantes se ha manifestado en
los siguientes términos:



 "Que de las normas citadas se desprende que la explotación de recursos naturales dentro de las
Reservas Indígenas es un acto que requiere del cumplimiento de una serie de requisitos legales,
orientados a lograr una efectiva protección del recurso natural que se encuentra en estas zonas y de
la reserva en sí.



 Que de conformidad con las normas supra citadas, la explotación de los recursos naturales en las
reservas indígenas deberá responder a criterios de necesidad de la comunidad indígena misma. De
acuerdo con lo que dispone el artículo 6, es permitida la tala de árboles y la explotación de
maderera en general, pero sólo para provecho de los indígenas dentro de la reserva. (...)



 Que no debe perderse de vista que en las Reservas Indígenas se asientan árboles de gran valor
ecológico y económico, precisamente en atención de la protección que se ha dado a dichos terrenos.
Tales bienes deben ser resguardados y aprovechados por los mismos indígenas de la reserva.



 No puede permitirse, como está sucediendo cada vez con mayor frecuencia, que el indígena ante la
presión de personas inescrupulosas que ofrecen comprar sus árboles, por lo demás en sumas ridículas,
le conduzcan a explotar desmedidamente la reserva y contrariar el espíritu de la Ley Indígena,
comerciando un producto que está destinado sólo para su provecho, respetando el espíritu de
colectividad tanto como las características propias del régimen de reserva indígena.



 Es importante que se tome conciencia, y en eso apoyamos la labor de la Comisión de Asuntos
Indígenas, sobre la grave problemática que la excesiva explotación maderera causa en las Reservas
Indígenas, así como en el país en general. Consideramos necesario rescatar la filosofía de creación
de las "Reservas Indígenas" y velar por el resguardo de los recursos naturales, y la explotación
racional dentro de ellas." (Oficio No. CV-469-95 de 17 de abril de 1995).



    En idéntica forma, la Comisión Nacional sobre Asuntos Indígenas, al respondernos la audiencia
otorgada sobre esta consulta, expresa a través de su Asesor Legal:



 "La Ley Indígena No. 6172, en el párrafo cuarto de su artículo sexto, establece que "solamente los
indígenas podrá construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos
para su provecho dentro de los límites de las reservas". De tal forma, la norma únicamente permite
la tala de árboles y el aprovechamiento de los recursos forestales para el uso doméstico y nunca
para explotarlos de manera comercial. El espíritu del artículo supra citada es aún mas (sic) claro
al analizar el artículo 7 de la misma ley, en el cual se establece que "Los terrenos comprendidos
dentro de las reservas, que sean de vocación forestal, DEBERAN GUARDAR ESE CARÁCTER, A EFECTO DE
MANTENER INALTERADO EL EQUILIBRIO HIDROLOGICO DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS Y DE CONSERVAR LA VIDA
SILVESTRE DE ESAS REGIONES." (el resaltado es mío), lo anterior con el objeto de que cada reserva
indígena conserve sus costumbres y no alterar el medio en el cual desde tiempos inmemoriales han
habitado.



    Asimismo, establece que "Únicamente podrán llevarse a cabo programas forestales por
instituciones del Estado que garanticen la renovación permanente de los bosques, BAJO LA
AUTORIZACION Y VIGILANCIA DE CONAI.", de tal manera, la misma norma de estudio nos obliga a
interpretar que los recursos maderables situados dentro de las reservas indígenas no pueden ser
extraídas para su comercialización, sino con fines eminentemente destinados al beneficio exclusivo
de las comunidades indígenas, en situaciones calificadas, por tanto existe una limitación de
disposición de los recursos forestales existentes dentro de las reservas indígenas, de tal manera
que sólo los indígenas podrán talar árboles, explotar los recursos maderables y plantar cultivos
para su provecho dentro de los límites de la reserva, además de que los terrenos que sean de
vocación forestal deberán guardar ese carácter, lo anterior con el propósito de mantener inalterado
el equilibrio hidrológico y conservar la vida silvestre. Así las cosas, todo bosque que se encuentre
inmerso dentro de una reserva indígena deberá permanecer inalterado, no podrán talarse árboles por
los mismos indígenas, pues la finalidad es garantizar la conservación del medio."



    Además de la Ley Indígena, estos criterios de equilibrio entre prácticas indígenas y
conservación del medio los encontramos también contemplados en la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de
30 de abril de 1998, en varios de sus artículos:




"Artículo 9.- Principios generales



 Constituyen principios generales para los efectos de la aplicación de esta ley, entre otros, los
siguientes: (...)



 3.- Respeto a la diversidad cultural. La diversidad de prácticas culturales y conocimientos
asociados a los elementos de la biodiversidad deben ser respetados y fomentados, conforme al marco
jurídico nacional e internacional, particularmente en el caso de las comunidades campesinas, los
pueblos indígenas y otros grupos culturales. (...)"




 




"Artículo 56.- Conservación de especies in situ




Serán objeto prioritario de conservación in situ:




(...)



 5.- Especies, poblaciones, razas o variedades de animales o vegetales con particular significado
religioso, cultural o cosmogónico. (...)"




"Artículo 104.- Promoción del mejoramiento tradicional



 El Ministerio del Ambiente y Energía y las demás autoridades públicas promoverán las conservación y
el uso sostenible de los recursos biológicos y genéticos que hayan sido objeto de mejoramiento o
selección por las comunidades locales o los pueblos indígenas, especialmente los que se encuentren
amenazados o en peligro de extinción y que requieran ser restaurados, recuperados o rehabilitados.
El Ministerio otorgará la asistencia técnica o financiera necesaria para cumplir con esta
obligación."



    Pasando al nivel reglamentario, tenemos que, aunque la Ley Indígena es de 1977, no es sino hasta
esta década que se dictan las primeras regulaciones para normar los aprovechamientos forestales en
reservas indígenas (29).




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 NOTA (29): Con antelación, el Reglamento de la Ley Indígena, Decreto No. 8487-G de 26 de abril de
1978, únicamente dispuso la obligatoriedad de que los Guarda Bosques y los agentes de la Guardia
Rural que presten sus servicios en el interior de las reservas deben ser preferentemente indígenas
(artículo 9°); y que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y las Asociaciones de Desarrollo
Integral o sus representantes legales deben coordinar la aplicación de las acciones preventivas y
represivas que establecen los artículos 6° y 7° de la Ley No. 6172, para resguardar el Patrimonio
Arqueológico, Mineral, Hidrológico y Forestal (flora y fauna) de todas las reservas.




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    La primera de ellas es el Decreto No. 24777-MIRENEM de 28 de setiembre de 1995, denominado
"Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas". En el artículo
3° se establecen tres categorías de autorizaciones para el aprovechamiento forestal:



 a) Autorizaciones tipo A: Son aquellas autorizaciones que se otorgan con áreas de aptitud
agropecuaria sin cobertura boscosa para eliminar cortar y/o aprovechar árboles que serán empleados
para el uso doméstico o para el procesamiento en pequeñas empresas artesanales instaladas dentro de
las reservas indígenas y de propiedad de miembros de las familias Indígenas. El volumen máximo a
otorgar por autorización será de 20 m3 por parcela por año.



 b) Autorizaciones tipo B: Son aquellas autorizaciones que se otorgan en áreas de aptitud forestal
y/o bosque para eliminar, cortar y/o aprovechar árboles que serán empleados para el uso doméstico o
para el procesamiento en pequeñas empresas artesanales, instaladas dentro de las Reservas Indígenas
y de posesión de miembros de familias Indígenas. El volumen máximo a otorgar por autorización será
de 20 m3 por parcela por año.



 c) Autorizaciones tipo C: Son aquellas autorizaciones que se otorgan para aprovechar árboles caídos
por efectos naturales o por cualquier otra causa no atribuible al solicitante."



    Como puede notarse, ninguna de las tres autorizaciones posibilita el aprovechamiento forestal
para efectos comerciales, siendo los dos primeros estrictamente para uso doméstico o para el
procesamiento e pequeñas empresas de artesanía, y el último una mera autorización que no implica
ningún tipo de labor de tala.



    También el artículo 6° preceptúa algunas prohibiciones relevantes de aprovechamiento en áreas
estratégicas de protección: "No se podrán dar autorizaciones de eliminación corta y aprovechamiento
forestal en aquellas áreas de interés común, tales como: Sitios de Patrimonio Cultural, Áreas de
Recarga Acuífera de nacientes de agua para consumo comunitario, Áreas para la protección de suelos
y/o de especies de flora y fauna en peligro de extinción, Áreas de aprovisionamiento de plantas
medicinales y otros productos no tradicionales del Bosque y Áreas destinados al Ecoturismo". En
estas áreas, según el artículo 9°, los miembros de las Asociaciones Integrales de Desarrollo
Indígenas podrían solicitar la obtención de "Certificados de Protección del Bosque".



    Las reglas enunciadas desarrollan adecuadamente los principios contenidos en el Convenio No. 169
de la OIT y la Ley Indígena, de acuerdo a los criterios expuestos. La única norma de dudosa
constitucionalidad y legalidad es el párrafo segundo del artículo 5°, que contiene la prohibición de
trasladar materia prima fuera de la Reserva Indígena, salvo aquella que estuviere procesada.
Mediante este portillo podrían evadirse los fines perseguidos por aquellos dos cuerpos de rango
jurídico superior, salvo que se entienda que el nivel de procesamiento lo es exclusivamente el
producto de las industrias de artesanía.



    El Decreto No. 24777 es derogado por el No. 26511-MINAE de 10 de junio de 1997, de igual nombre.
En éste se eliminan los diferentes tipos de autorizaciones, manteniéndose una limitación para
autorizar aprovechamientos forestales en 20 árboles por parcela por año. Tampoco se mencionan en el
nuevo reglamento cuál es el fin del aprovechamiento, pero se elencan otra vez las áreas de interés
común en las que no se permitirán eliminación de árboles. Valga señalar que el artículo 6°, párrafo
segundo, igualmente prohíbe el traslado de materia prima fuera de las Reservas Indígenas, no
consignándose en este caso la aclaración de la madera procesada.



    Finalmente, mediante el Decreto No. 27800-MINAE de 16 de marzo de 1999 se dicta el Reglamento
para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, que deroga el anterior y es
el que actualmente rige esta materia.



    En este último Decreto sólo se permite la corta de árboles con fines domésticos y para beneficio
de los indígenas, "como una medida para salvaguardar algunos de sus arraigados principios y
costumbres" (artículo 1°). Así se logra empatar de nuevo la normativa atinente con lo que es la
filosofía indígena de protección a los recursos y de utilización responsable para satisfacción de
sus necesidades.



    No obstante, limita los permisos de aprovechamiento únicamente para terrenos sin cobertura
boscosa, lo que podría estar contrariando las mismas prácticas tradicionales indígenas:



 "El sistema de tala, tumba y quema utilizado por los indígenas desde tiempos antiguos para la
explotación de los bosques tropicales de diferentes altitudes, fue más complejo de lo que algunos
habíamos creído. No podemos hablar de ciclos productivos e improductivos en la agricultura
prehispánica. Hoy sabemos que el calendario agrícola era y es en Talamanca, la Amazonia y las
regiones de bosques de Centroamérica donde aún existen comunidades indígenas, un proceso continuo.
Son sistemas agroforestales complejos que integran diversidad de huertos mixtos de distintas edades,
que van desde un año hasta 25 y más. Así las familias podían manejar muchos huertos de una o dos
hectáreas de distintos estados de madurez y con diversidad de cultivos." (30)



 "En un artículo anterior Vargas (1988), se describieron detalladamente los rasgos típicos que aún
se conservan de la agricultura indígena tradicional de los talamanqueños, los cuales, por sus
principios, revelan tendencias importantes para el mantenimiento de los balances naturales de los
ambientes del trópico húmedo y muy húmedo. El indígena, por prácticas ancestrales, destruye parcelas
de bosque primario y ayuda al reciclaje de la materia viviente mediante sus sistemas de cultivo;
extrae y consume la producción vegetal de estos biotópos (sic) para, después de varios años
abandonarlos y así acelerar el desarrollo de formaciones vegetales secundarias." (31)




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NOTA (30): Bolaños Arquín; op. cit.; p.168.




NOTA (31): Vargas Carranza, Jorge Luis. "Talamanca, la ocupación aborigen ..."; op. cit.; p. 77.




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    Cuando la Ley Indígena habla de que los terrenos comprendidos dentro de las reservas que sean de
vocación forestal deben guardar ese carácter, no necesariamente se refiere a todos los terrenos de
bosque. Recuérdese que tierras de vocación agropecuaria, actualmente bajo ese uso, inicialmente
también tuvieron cobertura boscosa.



    Además, tampoco puede afirmarse categóricamente que las prácticas indígenas tradicionales de
cultivo hacen perder la vocación forestal de los terrenos, toda vez que por el sistema de barbechos,
al paso de los años, las tierras inicialmente taladas para uso agrícola recuperan una cobertura
significativa de bosque:



 "Durante los primeros años de la sucesión, las parcelas indígenas presentan un cuadro óptimo para
el crecimiento de las especies pioneras, que es beneficiado por el hecho de estar rodeadas por
bosque primario o bosque secundario; es decir existe una afluencia de semilleros próximos que ayudan
a que el claro evolucione rápidamente. (...)



 "Esta reestructuración, podría permitir la recuperación de los suelos y de la vegetación al término
del estado sucesional temprano (unos 20 o 25 años), en el cual llegarían a diferenciarse estratos de
más de 12 metros de altura, fustes delgados y un sotobosque denso cubierto de helechos, palmas y
arbustos (...)



 "Luego en los estados tardíos (entre 25 y 100 años) los estratos superiores podrían alcanzar hasta
30 metros de altura y diámetros superiores a un metro, lo que posiblemente dificultaría la
observación de diferencias estructurales y florísticas con un bosque primario." (32)




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Nota (32): Vargas Carranza, Jorge Luis. "Prácticas Agrícolas Indígenas ..."; op. cit; ps. 59-60.




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    Lo que sí definitivamente debe protegerse son las áreas cuya explotación forestal podría
acarrear el desequilibrio del sistema ecológico, y por ende humano, y que los anteriores decretos y
el presente (artículo 5°) denominan "áreas de interés común": zonas de recarga acuífera, nacientes
de agua para consumo comunitario, áreas de protección de suelos y/o especies de flora y fauna en
peligro de extinción, áreas de aprovisionamiento de plantas medicinales, etc.



    Consideramos que el nuevo Reglamento conviene revisarse en lo recientemente apuntado a fin de
verificar que su contenido dé pleno cumplimiento a los objetivos y principios consagrados en el
Convenio No. 169 y otros documentos internacionales, así como nuestra Ley Indígena.



    Este proceso de readecuación normativa, de estimarse necesario, y que podría llegar incluso a
una reforma de la Ley Forestal para establecer una salvedad al principio de no cambio al uso del
suelo en terrenos cubiertos de bosque a favor de los indígenas (artículo 19), habrá de estar
fundamentado en criterios técnicos, los que deberán tomar en cuenta, además de lo dicho, la
correspondencia con la práctica tradicional indígena de la norma vigente que permite sólo la corta
de " 3 árboles por hectárea por año hasta un máximo total de 10 árboles por inmueble, caídos o en
pie" (artículo 4° reglamentario).



    Conjuntamente, el análisis debe contar con la participación de los mismos pueblos indígenas, no
sólo por razones de conveniencia (son ellos los que conocen sus costumbres, y por tanto, lo más
apropiado para su regulación), sino también porque el Convenio No. 169 así lo obliga:




"Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:



 a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente; (...)" (artículo 6).



    Incluso, de ser el caso, podría hasta considerarse la posibilidad de dictar diferente normativa
reglamentaria para cada pueblo indígena, de acuerdo a sus necesidades y costumbres.



    A modo de corolario, recordaremos la obligación estatal de velar por el bienestar de los pueblos
indígenas a través de políticas y medidas eficaces, que aseguren no sólo su existencia, sino también
su desarrollo, todo dentro de un marco de respeto a sus costumbres y prácticas tradicionales; lo que
va desde asegurar sus territorios, a través, por ejemplo, de la compra de las tierras a no
indígenas, hasta brindar eficientemente servicios en el área de la salud, la educación, préstamos,
etc. No debe olvidarse que a mayor grado de pobreza y postración social, mayor presión existirá
sobre los recursos naturales:



 "Los países deben crear, paralelamente a los programas de empleo, servicios eficientes de salud y
educación, para que los sectores históricamente empobrecidos tengan la oportunidad de trabajar y las
mínimas garantías sociales para subsistir y mantener un ingreso fijo y cierto nivel de dignidad.



 Estos programas especiales deben estar dirigidos hacia los grupos más necesitados de las zonas
urbanas rurales, entre los que se encuentran las mujeres y los niños. Ahora bien, para lograr que
las grandes mayorías dispongan de una subsistencia sostenible y se comprenda la necesidad de
proteger el medio ambiente, es fundamental el protagonismo de los grupos comunales organizados, pues
serán ellos las principales fuentes de cambio y acción. En este sentido, se buscará reforzar la
participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones, garantizar la integridad y los
derechos de la población indígena e incrementar el intercambio comunitario." (Numeral 3° ("Lucha
contra la Pobreza") de la Agenda 21).




CONCLUSION



    A fin de preservar la cultura de los indígenas y el entorno natural indispensable para su
sobrevivencia y desarrollo, y con base primordialmente en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y
Tribales Independientes, Ley No. 7316 de 3 de noviembre de 1992, la Ley Indígena, No. 6172 del 16 de
noviembre de 1977, y el Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas
Indígenas, Decreto No. 27800-MINAE de 16 de marzo de 1999, los indígenas no están facultados
legalmente para extraer y comercializar la madera localizada en sus reservas.




De usted, atentamente,




Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes




PROCURADOR AGRARIO




 




c.c. Junta Directiva




Comisión Nacional de Asuntos Indígenas

Opinion: 228 of 11/19/1999

C-228-99

November 19, 1999

Licenciado
Luis Rojas Bolaños
Director
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Ministerio del Ambiente y Energía

Dear Sir:

With the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your Official Letter No. SINAC-1055-99, in which you ask us whether indigenous communities may extract and market timber located in their reserves.

Your consultation was submitted for a hearing to the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, which was answered by Lic. José Pablo Martínez Granados, Legal Advisor of that Institution, through Official Letter No. DL-025-99.

I.- INDIGENOUS RESERVES

It is known to all that the process of Spanish conquest and colonization in American lands had dire consequences for the civilizations already present there before them. The arduous labors to which the Indians (as they were called by the Spaniards) were subjected under institutions that, like the encomienda or the mita, disguised authentic regimes of slavery; as well as the influence of new diseases, among the main causes, sadly ended up causing a significant reduction of the populations, and therefore, the paralysis of their cultural development.

As the colonial period advanced, it became evident how the Spaniards and the criollos (descendants of those born in the Indies) were seizing the lands most suitable for agricultural production and the settlement of towns. Many indigenous people, for their part, zealous to keep their customs and not to submit to the impositions of the white man, sought refuge in lands increasingly inaccessible to the latter, but which simultaneously implied more difficult living conditions for them.

This gradual isolation of indigenous groups also occurs in our country, even during the first century of our independent life (1).

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NOTE (1): In this regard, see Decree-Law No. 91 of May 13, 1826, which allowed ladinos to "settle" in indigenous towns and carry out raising and farming activities on their lands, whereby the best lands of the Central Valley were practically completely occupied by whites, to the detriment of indigenous people who were once again forced to migrate.

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It is not until the end of that century and the beginning of the current one that a greater concern for the indigenous issue and its undeniable link with the roots of the Costa Rican being and its idiosyncrasy (2) begins to emerge, which culminates with the introduction in the General Law on Public Lands (Ley General sobre Terrenos Baldíos) (3) of a rule that already anticipates what will become the system of indigenous reserves:

"Article 8.- (...) Likewise, a prudential zone at the discretion of the Executive Branch is declared inalienable and the exclusive property of the indigenous people, in the places where tribes of these exist, in order to preserve our autochthonous race and to free them from future injustices."

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NOTE (2): Normative examples from this era are Decree No. 14 of May 27, 1882, which imposed 10 years of imprisonment on any person who persecuted, captured, or removed from their territory any Indian from any of the tribes "that still remain in the Republic"; and Law No. 14 of September 14, 1923, which protected indigenous archaeological heritage.

NOTE (3): Law No. 13 of January 10, 1939.

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As can be seen in the use of the term "inalienable", these territorial circumscriptions are elevated to the highest category of legal protection, that of public domain assets, which denotes the degree of importance that the protection of indigenous populations had already assumed for the Costa Rican legislator.

We must also highlight from this article the existing motivation for the creation of these public domain areas, which is to preserve our autochthonous race and free indigenous people from future injustices. That is, the aim was for the different indigenous groups to enjoy a sufficient and secure territorial sphere that would allow the free exercise of their cultural manifestations stemming from an ancestral tradition.

The declaration of inalienability is repeated in Decree No. 45 of December 3, 1945, when declaring "inalienable and the exclusive property of the autochthonous indigenous tribes, the public lands occupied by them, with the exception of the strips destined for the Inter-American Highway." However, despite this reiterated good intention, the truth is that neither of the two regulations included a precise geographical delimitation of the protected sectors (4), a circumstance that contributed to the efficient failure to meet the objectives sought and did not manage to stop the strong advances of the agricultural frontier against the indigenous reserves.

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NOTE (4): Decree No. 45 of 1945 created a Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación to administer the Indigenous Reserves, and which was to be responsible, through the technicians of the Instituto Geográfico, for the on-the-ground delimitation of the land reserves destined for the aborigines (articles 2 and 4).

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By the 1950s, Decree No. 34 of November 15, 1956, was issued, which does specifically stipulate the limits of some reserves in the provinces of Puntarenas and San José (5). It is based on the Law and Decree just mentioned, from which it follows that the purposes of its establishment are the same ones described therein.

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NOTE (5): Indigenous reserves of Boruca-Térraba, Salitre-Cabagra, and China Kichá.

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The aforementioned Decrees of 1945 and 1956 were expressly repealed by the Law Creating the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, No. 5251 of July 11, 1973 (6); but its sole Transitory Provision, according to the amendment by Law No. 5651 of December 13, 1974, once again granted the status of inalienability to the indigenous reserves already created, and which, at that time, were registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización (7).

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NOTE (6): The General Law on Public Lands was repealed by the Law on Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización), No. 2825 of October 14, 1961. The latter also contained several provisions regulating land tenure by indigenous people (articles 75 to 81), marking a brief setback in the historical sequence of indigenous reclamation by stating in its numeral 75 that the "extensive" zones where indigenous communities live will not be declared to belong exclusively to them.

NOTE (7): This registration was ordered by Decrees Nos. 11 of April 2 and 26 of November 12, both from 1966.

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By means of Decree No. 5904-G of March 11, 1976, new reserves are created, stating among its recitals (considerandos) that the culture and social organization of indigenous people deserve to be supported in the face of the continuous and arbitrary dispossession of their lands, which threatens to extinguish their population. In article 4, the ownership of the indigenous communities over the established reserves is declared; in article 6, it is emphasized that they are inalienable, untransferable (incedibles), and exclusive for the aboriginal communities that inhabit them; and in article 7, a series of prohibitions for non-indigenous people within the limits of the reserves are listed. Applying this same regime to them, Decrees Nos. 6036-G of June 12, 1976, 7267-G and 7268-G, both of August 9, 1977, establish other indigenous reserves, and No. 6037-G of May 26, 1976, extends the statute of No. 5904 to those already created by Decree No. 34 of November 15, 1956.

It is worth noting that this Decree No. 6037-G entrusts the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas with promoting before the Legislative Assembly a law on the "General Statute of Indigenous People," encompassing all the indigenous communities of the country and taking into consideration the particular situations they present, especially seeking to resolve the problem in an integral, coherent, and planned manner.

This proposal materializes with Law No. 6172 of November 29, 1977, the first and only normative body with the rank of law that is dedicated exclusively to addressing the indigenous issue. In its first article, it again declares all the reserves previously defined by decree, plus the Guaymí de Boruca Reserve, as indigenous reserves, and recognizes them, in the second article, as property of the indigenous communities, to be registered in the Public Registry in their name. Numeral 3 reaffirms that the reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive for the indigenous communities that inhabit them. The rest of the articles retake several of the provisions of Decree No. 5904-G with some modifications.

Subsequent to the Indigenous Law, reserves have continued to be created by Decree, reaching today a total of twenty-two indigenous reserves corresponding to eight ethnic groups (8).

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NOTE (8): According to Decree No. 20645 of August 16, 1991, the ethnic groups in Costa Rica and their corresponding Indigenous Reserves (communities) are the following: 1) Bribrí (Salitre, Cabagra, Bribrí de Talamanca, and Kekoldi or Cocles); 2) Cabécar (Chirripo, Bajo Chirripó, Nairi-Awairi, Tayni, Telire, Cabécar de Talamanca, and Ujarrás); 3) Guaymí (Guaymí de Coto Brus, Abrojo de Montezuma, Conteburica, and Guaymí de Osa); 4) Brunca (Boruca and Curré); 5) Térraba (Térraba); 6) Huetar or Pacacua (Quitirrisí and Zapatón); 7) Maleku or Guatuso (Guatuso); and 8) Chorotega (Matambú).

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From what has been set forth so far, it can easily be concluded that, at least since 1939 with the General Law on Public Lands, the Costa Rican legislator has sought the protection of our indigenous groups through the safeguarding of their territories, affecting them to the public domain regime. This declaration seeks, in the first place, to preserve for indigenous people the lands necessary so that they can freely develop their inherited practices and traditions, and in general, their own way of life; and on the other hand, not to allow third parties alien to those cultural and social manifestations to harm them, which ranges from introducing pernicious customs to dispossessing them of their lands and the associated environment, which for them are part of their very existence.

II.- THE FOREST RESOURCE IN INDIGENOUS RESERVES

Indeed, for an indigenous person, their natural environment is of great importance, not only because it provides them with the resources indispensable for sustaining themselves and their family, but also because it is a manifestation of the divinity in which they believe; and as such, the entire set of natural elements interacts among themselves and with them in a harmonious and vital way, and the negative incidence on the condition of one of them threatens life itself:

"Indigenous peoples base our lives on our land and the environment in which we live and develop, with the principles and laws of each indigenous people. The lands where we live are respected by us for being part of creation and not an object of sale or other transactions; they are sacred lands where our ancestors have lived, where millennia of cultural development have occurred, which has allowed the environment to be maintained in constant development. Everything our Peoples possess is based on respect and the sustainable development of the resources that exist on our lands. Without our land, the indigenous people disappear.

Indigenous Peoples have developed for centuries a knowledge to coexist with the different ecosystems in a way that does not destroy the reproduction of the cycles of life. This knowledge is part of our cultures, it is part of our daily life." (9)

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NOTE (9): World Council of Indigenous Peoples. "Indigenous Peoples - Global Governance." Special Report for the Rio+5 Process. Text taken from the Internet (Date: October 11, 1999; Time: 3:00 p.m.): www.ecouncil.ac.cr/rio/focus/report/spanish/wcip.htm. On this same philosophy, the words of Chief Seattle, Patriarch of the Duwamish and Squamish Indians of Puget Sound to the President of the United States, Franklin Pierce, in 1855, are memorable:

"This we know: the Earth does not belong to man; man belongs to the Earth. This we know: all things are connected, like the blood which unites one family. Whatever befalls the Earth befalls the sons of the Earth. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself. (...) Every part of this earth is sacred to my people, every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing, every humming insect. In the thought and practice of my people, all these things are sacred."

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In the Document on Education, Traditional Knowledge, and Sustainable Practices arising from the Third Meeting of the Spiritual Consultative Council of Indigenous Peoples, held recently, when speaking about the indigenous concept of sustainable development, this intrinsic relationship between nature and man was also made evident:

"To illustrate this assertion, it can be stated that there are three different positions regarding nature. The first includes those who consider that natural resources belong to the human being and were placed on Earth to be exploited. The second belief establishes that there are other forces and elements within nature. However, these components of it are commonly considered more as forces to be feared than respected, and the relationship that develops between the human being and the environment is based more on patterns of superiority-inferiority than on respect. The third stance indicates that we are all expressions of the same creator. We must therefore live in harmony and interact with each other based on respect and equality.

Indigenous peoples are adherents of this third position. The defense and protection of natural resources, as well as the environment, is an inherent attitude that is reflected in their daily activities, indigenous philosophy, and their own way of life." (10)

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NOTE (10): "Indigenous Peoples, Mother Earth & Spirituality." Report on the Annual Meeting held in Bariloche, Argentina. May 1998; p. 3.

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It is no coincidence, therefore, that in our country, the zones where indigenous people have traditionally settled enjoy a high degree of protection for natural resources, even having extensive forest cover (coberturas boscosas):

"Indigenous Peoples in the particular case of Central America are settled, in their great majority, on the only areas of primary forest that remain in this part of the continent. In short, the areas they have inhabited since time immemorial, or at least since before the neo-colonization processes that arose after the independence of the republics in the American continent in 1821, have remained almost unaltered, demonstrating the harmonious coexistence of indigenous communities with their natural environment."(11)

"At present, Costa Rican indigenous people represent 1% of the total population of our country. However, this small but important sector of our nation has been able to conserve for itself, for Costa Ricans, and for humanity, an important part of the territory where our natural heritage is safeguarded. About 85% of indigenous people live on both sides of the Talamanca mountain range, the historical seat of the two numerically most important ethnic groups of contemporary Costa Rican indigenous people: the Bribris and the Cabécares. Approximately 75% of the territory is natural forest, and 15% is currently slightly altered. The survival of small patches of primary forest should undoubtedly be recognized as the work of our indigenous people, who in their struggle to conserve their lands and their cultures have preserved for posterity the immense biological wealth of the tropical forests of Central America." (12)

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NOTE (11): Chacón, Rubén. "The Rights of Indigenous Peoples to Biological Diversity Resources" in "Contribuciones Analíticas sobre Legislaciones Indígenas y Ambientales y su Relación con el Desarrollo Sostenible" (Technical Consultation: Indigenous Rights, Environmental Legislation, and Sustainable Development). Earth Council and International Labour Organization, 1998.

NOTE (12): Bolaños Arquín, Margarita. "Los indígenas y la conservación de la biodiversidad: 500 años de resistencia", in Registra de Historia, Volume 1, Number 1, of the School of History of the Universidad Nacional and the Centro de Investigaciones Históricas of the Universidad de Costa Rica, 1975; p. 165.

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This special characteristic in the conservationist practices of indigenous lifestyles were equally recognized by our legislation, as, for example, we read in the recitals (considerandos) of Decree No. 5904-G of March 11, 1976, by which several indigenous reserves were created:

"7.- That the agricultural methods of indigenous people are less destructive of forests than those of non-indigenous people, thus allowing better protection of hydrographic basins, especially in areas of rugged topography; and that, on the other hand, it is the State's obligation to ensure that lands with forestry vocation remain forever with their forest cover (cobertura de bosques)."

As can be seen, for the legislator, the preservation of the indigenous lifestyle is not only important at the time of establishing the reserves, but also the degree of conservation of the natural environment that characterizes the indigenous populations that inhabit it. This unique confluence of objectives is what motivates the declaration of what are technically called "anthropological reserves," among which the indigenous ones are mainly included:

"C. ANTHROPOLOGICAL RESERVES

(...) One can see the need to protect natural regions of which man is an element and where he obtains his goods through procedures that do not involve intensive or very extensive cultivation or other important modifications of vegetation or animal life. These individuals or societies may need special protection to remain in existence. Areas in this category are characterized by being natural regions where neither the influence nor the technology of modern man have significantly interfered with the traditional ways of life of the inhabitants. Appropriate regions are generally remote and isolated and are likely to maintain their inaccessibility for a considerable period. The societies that inhabit them are considered relatively unique and may have a particular importance for the permanence of genetic diversity. (...) These are predominantly natural lands of which man is an integral component. There is a strong dependence by man on the natural environment to obtain food, shelter, and other basic elements for sustenance." (13)

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NOTE (13): Thelen, Kyran D. and Dalfet, Arne. "Políticas para el manejo de áreas silvestres." San José, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1979; pp. 29 and 30.

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This relationship of the indigenous person with the surrounding nature manifests itself mainly in a bond of dependency that is limited to taking from it what is strictly necessary for their survival, beyond which would be to alter the complex equilibrium that unites the two:

"However, when we try to function independently, the whole system begins a process of imbalance. In reality, the principle of symbiosis in the relationship between the human being and their environment is the basis of balance and harmony, not only among human beings but with all species of the universe. When this principle is ignored, our relationship with nature is based on insensitivity, greed, and ambition. Our interest in natural resources is reduced simply to the satisfaction of material needs." (14)

"The subject matter has as its asset the Indigenous Reserves, which have a productive nature, whether in a biological cycle of plant or animal production, as was demonstrated in the previous title, by characterizing the indigenous possessory form as purely one of subsistence, based on the cultivation of the land and the natural resources that surround them, hence we cannot frame indigenous property as civil property, since it fulfills a specific social function, which is to produce the necessary food for the subsistence of the indigenous person, who does not have, as the holder of the right, a series of powers and duties over the property." (15)

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NOTE (14): "Indigenous Peoples, Mother Earth & Spirituality." Report on the Annual Meeting held in Bariloche, Argentina; op. cit., p. 2.

NOTE (15): Vega Blanco, Yadira. "Los Indígenas y la Propiedad." Graduate Thesis. Faculty of Law, Universidad de Costa Rica, 1984; p. 97.

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Therefore, when analyzing the value that their lands hold for indigenous people, this subsistence economy must not be overlooked, which responds, as we have seen, to reasons of belief and tradition (16), and not to a disinterest in socioeconomic improvement. On this point, Licda Ana Virginia Calzada Miranda, Magistrate of our Constitutional Chamber (Sala Constitucional), has expressed:

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NOTE (16): "... The relationship of indigenous people with waters, soils, animals, and forests has been so close that they have come to consider these natural elements as part of their ancestral family..." Borge, Carlos and Castillo, Roberto. "Cultura y Conservación en la Talamanca Indígena." First edition. San José, EUNED, 1997; p. XVI (Introduction).

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"However, even though development and progress imply a certain detriment to nature, it does not necessarily mean the destruction of the former, and it is in this context that one speaks of sustainable or sustained development. An example of this type of development in harmony with nature is that of many indigenous peoples, who, given the cult they held for it, were careful not to damage it unnecessarily or irrationally, taking from it only what was indispensable for their survival." (17)

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NOTE (17): Calzada Miranda, Ana Virginia. "La Responsabilidad por Daño Ambiental", in Aportes del Sector Justicia al Derecho Ambiental. San José, CONAMAJ, 1997; p. 1.

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In the document "Compilation of Traditional Sustainable Practices Based on Ancestral Indigenous Knowledge" by the Costa Rican Bri-Bri Kekoldi Ka Tsa Chok Association of Talamanca, we read:

"Indigenous people live in accordance with the law and the teachings of their God Sibó. Some of these principles are: 4.1 They have the belief that before sowing or planting, one must fast, since the use of their lands is not only related to productive activity but also has spiritual purposes. This is reflected in the veneration they feel towards their lands, as well as in the rational use of natural resources within them. Indigenous people consider that they should only take from them what they need to live; otherwise, the land would only have an economic value." (18)

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NOTE (18): "Projects" in "Indigenous Peoples, Mother Earth & Spirituality." Earth Council Publication, 1998; no page number.

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Within this spirit of integration of the indigenous person with nature, forests play a fundamental role, since from them they collect materials for construction and handicrafts, medicinal plants, fruits, edible leaves and roots, wild animals, and other products (19); all these tasks being carried out in a manner that is not harmful to the environment. And this is so because for indigenous people, trees have a spiritual value that translates strictly into providing what is necessary for the families, and that transcends the merely economic, such as simple extraction for commercialization:

"But the indigenous person, according to their cultural tradition, does not have a commercial mentality but rather bases their production on self-consumption. Their behavior in this sense is not based on logging or clearings (abras), but rather the forest is seen as their own environment. (...) 'The Indian carefully looks after the forest and fauna, this differentiates them from the white culture, composed of a society that longs to see everything converted into large cities, that deforests (sic) and contaminates, causing erosion and impoverishment of the soil. Unfortunately, Costa Rica is part of this sad panorama, and currently there is a struggle to protect the environment, to conserve its flora and fauna as the indigenous peoples have always done." (20)

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NOTE (19): Borge, Carlos and Castillo, Roberto; op. cit., p. XV (Introduction).

NOTE (20): Arias Rodríguez, Ligia and others. "Las Reservas Indígenas como manifestación de Propiedad Agraria." Graduation Seminar. Faculty of Law, Universidad de Costa Rica, 1989; pp. 310-312, 358-359.

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Even in their agricultural practices, indigenous people seek how to alter the integrity of the forests as little as possible, through techniques that allow not only their spontaneous regeneration but also the restoration of the soils:

"In effect, the soil produces excellent harvests in the first years; then as fertility decreases, the land is abandoned and new clearings are opened. Meanwhile, in the old fields, secondary forest grows, and the land recovers its fertility. (...) It should be indicated that this system of crop rotation, traditionally among indigenous people, has been used for reasons of soil conservation, given that they let them rest for prolonged periods to replenish soil fertility, since the indigenous person knows from a philosophy inherited through the centuries that they need their crops and the forest..." (21)

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NOTE (21): Vega Blanco; op. cit., pp. 19 and 20. For more information, see: Vargas Carranza, Jorge Luis. "Talamanca, la ocupación aborigen del medio ambiente: aportes para un desarrollo sostenible y duradero", in Revista "Vínculos", Volume 15, Number 1-2. San José, 1989, p. 69 et seq.; and Vázquez, Rosa. "Uso y manejo del bosque húmedo tropical por los Cabécares de Telire, Costa Rica" in Memoria del Primer Congreso Científico sobre Pueblos Indígenas de Costa Rica y sus fronteras. First edition. San José, EUNED, 1998; p. 93 et seq.

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It is worth adding that, due to such procedures, indigenous people have been dispossessed of their lands, as it was considered that they left them abandoned, and even more, misunderstood, coming to be seen as idle people:

"Concerning indigenous people, colonialist ideas never considered that their way of life is intimately linked to the existence of the forest and consequently, they, through slash-and-burn (barbechos) agricultural practices, have used these ecosystems without profoundly transforming them. For this reason, their territories were considered 'unused,' 'unpopulated,' or 'empty.' Parallely, manifestations of cultural and racial prejudices appeared regarding the aboriginal occupation of the environment, and quite lightly, indigenous people came to be considered as lazy and vagabonds (...), likewise their agricultural practices were classified as 'savage,' 'archaic,' etc." (22).

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NOTE (22): Vargas Carranza, Jorge Luis. "Prácticas agrícolas indígenas sostenibles en áreas del bosque tropical húmedo en Costa Rica" in Geoistmo (Journal of the Association of Geography Professionals of Costa Rica), Vol. IV, No. 1-2, 1990; p. 13. In the same sense: Vega Blanco, op. cit; p. 23.

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Up to this point, it has been explained how indigenous reserves represent indispensable sites for the maintenance of indigenous populations and their traditions; but they also constitute natural sanctuaries as a suitable framework for the development of their activities, consisting, above all, of obtaining fruits and materials necessary for their survival and that of their families, all within a concept of preservation of the environment, which is esteemed as sacred and cared for through ancestral practices. It remains now to set forth how international society and our country in particular have addressed this topic through different legal bodies.

III.- LEGAL PROTECTION OF THE INDIGENOUS ENVIRONMENT

Although it could be considered a late reaction of the Law, we must point out that both international and internal legislation have addressed, in recent decades, starting especially from the second half of this century, regulating the rights of indigenous people over the territories they occupy and the fundamental role of the State in ensuring that their natural environment remains protected.

a) International regulations

The first important legal manifestation in this field occurred through Convention 107 of the International Labour Conference concerning the Protection and Integration of Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries. This international document of 1957 was approved by our country through Law No. 2330 of April 9, 1959.

The Convention in question was framed within what has been called the integrationist current, whose fundamental purpose consisted of trying to ensure that indigenous populations gradually integrated into the national development process:

This conception aims to consolidate national unity, bringing to the Indian the fundamental resources of modern life, but without disparaging the elements of their own culture that could enrich that which is the dominant one." (23)


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 NOTE (23): Valverde Alpízar, Juan Carlos. "Diagnóstico del Derecho Indigenista Costarricense". Graduate thesis. Faculty of Law, University of Costa Rica, 1993; p. 72.


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    It is of interest to note from this Convention that, although it ultimately pursued the insertion of indigenous people into the predominant growth model, it at least stipulated a series of protectionist norms for indigenous lands and customs, though highlighting their temporary nature. Let us look at some examples:

 "1.- Special measures shall be adopted for the protection of the institutions, persons, property, and labour of the populations concerned while their social, economic, and cultural situation prevents them from benefiting from the general legislation of the country to which they belong (...)" (Article 3°).

 "In applying the provisions of this Convention relating to the integration of the populations concerned, governments shall:

 a) Take due account of the cultural and religious values and the forms of social control specific to these populations, as well as the nature of the problems which present themselves to them, both collectively and individually, when they are exposed to social and economic changes;

 b) Bear in mind the danger that may result from the breakdown of the values and institutions of these populations, unless they can be replaced adequately and with the consent of the interested groups themselves; (...)" (Article 4°)

 "1.- In defining the rights and obligations of the populations concerned, their customary law shall be taken into consideration.

 2.- These populations may maintain their own customs and institutions when these are not incompatible with the national legal order or the objectives of the integration programs." (Article 7°)

"The right of ownership, collective or individual, shall be recognized in favor of the members of the populations concerned over the lands traditionally occupied by them." (Article 11).

    The Convention also establishes the obligation of the States Parties to "take measures to prevent persons who are not members of these populations from taking advantage of these customs or of the ignorance of the laws by their members to obtain ownership or the use of the lands belonging to them" (Article 13.2).

    Convention 107 was subsequently revised (1989) by No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, also of the General Conference of the International Labour Organization. In this new Convention, whose adoption in our country occurred through Ley 7316 of November 3, 1992, there is a shift from an integrationist vision to a self-determining one, in which indigenous peoples must be taken into account in all legal and planning decision-making that may affect them:

 "1.- Governments shall assume the responsibility for developing, with the participation of the peoples concerned, coordinated and systematic action with a view to protecting the rights of these peoples and to guaranteeing respect for their integrity. (Article 2°).


"1.- In applying the provisions of this Convention, governments shall:

 a) Consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever legislative or administrative measures likely to affect them directly are foreseen;

 b) Establish the means by which these peoples can freely participate, at least to the same extent as other sectors of the population, and at all levels in decision-making in elective institutions and in administrative and other bodies responsible for policies and programs which concern them;

 c) Establish the means for the full development of these peoples' own institutions and initiatives, and in appropriate cases provide the resources necessary for this purpose. (...)"
(Article 6).

    Of interest here, the Convention reaffirms the importance of preserving the cultural heritage of indigenous peoples and their life status, no longer as a transitory measure towards their incorporation into the society surrounding them, but as a value in itself, deserving of respect, guardianship, and promotion:


"(...) 2.- This action shall include measures:

 (...) b) which promote the full realization of the social, economic, and cultural rights of these peoples, respecting their social and cultural identity, their customs and traditions, and their institutions; ..." (Article 2°).

 "1.- In applying national legislation to the peoples concerned, their customs or their customary law shall be duly taken into consideration.

 2.- These peoples shall have the right to conserve their own customs and institutions, provided these are not incompatible with the fundamental rights defined by the national legal system nor with internationally recognized rights. (...)" (Article 8).

    As a new element compared to the previous Convention, No. 169 introduces the natural environment as a variable to be taken into account for the effective protection of indigenous people and obliges the States to promote the pertinent actions for its defense:

 "1.- The special measures that are required shall be adopted to safeguard the persons, institutions, property, labour, cultures, and environment of the peoples concerned. (...)" (Article 4°).

 "(...) 4.- Governments shall take measures, in cooperation with the peoples concerned, to protect and preserve the environment of the territories they inhabit." (Article 7°)

    In its Article 14, Convention No. 169 recognizes the right of ownership and possession of indigenous people over the lands they traditionally occupy, and in Article 13 it obliges governments to respect the special importance that the relationship with the lands or territories, or both, as the case may be, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship, has for the cultures and spiritual values of the peoples concerned.

    Based on these articles, it is evident that the possibility of authorizing forest uses for the extraction and commercialization of timber within indigenous reserves is unfeasible, insofar as they represent an activity foreign to the indigenous experience and to the spiritual values they maintain with respect to the forest, as we have explained.

    Allowing this type of act not only damages the environment within indigenous reserves—an aspect that the signatory States of the Convention committed to protect—but also implies the insertion of a cultural manifestation alien to indigenous thought, which only conceives of using forest resources for their self-supply. Regarding the subsistence economy that characterizes indigenous people, the Convention of merit equally ratifies it in its norms:

 "(...) Moreover, in appropriate cases, measures shall be taken to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their traditional and subsistence activities. (...)" (Article 14).

 "1.- Handicrafts, rural and community industries, and traditional activities and those related to the subsistence economy of the peoples concerned, such as hunting, fishing, trapping, and gathering, shall be recognized as important factors in the maintenance of their culture and of their economic self-sufficiency and development. (...)" (Article 23).

    And it is that Article 15 ibid, which grants indigenous peoples the right to participate in the use, administration, and conservation of the natural resources existing on their lands, cannot be used to distort their longstanding customs. When this numeral states that the rights of the peoples concerned to these resources shall be specially protected, it must be understood in the sense that they may dispose of them to carry forward their way of life, and not to introduce practices foreign to it or to benefit certain individuals to the detriment of the environment, behind the back of the community, given the collective nature of the lands. Article 7° of the Convention is very careful to guarantee indigenous peoples their right to decide their own priorities when development processes may affect their lives, beliefs, institutions, spiritual well-being, and the lands they occupy or otherwise use.

    Thus, and in accordance with the principles enshrined in Convention No. 169 and the prevailing indigenous customs, it is not legally possible to permit the felling of forest resources for commercialization within indigenous reserves.

    As a complement to the above, it should be noted that there are other international instruments that also highlight the importance of protecting indigenous populations and traditions, as well as their natural environment.

    The International Covenant on Civil and Political Rights 24, in its Article 27, stipulates that "In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language."


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NOTE (24): This Covenant was adopted through Ley No. 4229 of December 11, 1968.


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    The Convention on Biological Diversity, adopted through Ley No. 7416 of June 30, 1994, contains several relevant provisions in this regard 25:


"Article 8. In-situ Conservation


Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:


(...)

 j) Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices."


"Article 10. Sustainable Use of Components of Biological Diversity


Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: (...)

 c) Protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements."


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 NOTE (25): Its Preamble mentions: "Recognizing the close and traditional dependence of many indigenous and local communities embodying traditional lifestyles on biological resources, and the desirability of sharing equitably benefits arising from the use of traditional knowledge, innovations and practices relevant to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components."


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    Principle 22 of the Rio Declaration on Environment and Development of 1992 emphasizes that:

 "Indigenous people and their communities, as well as other local communities, have a vital role in environmental management and development because of their traditional knowledge and practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development."

    For its part, the well-known Agenda 21 also dedicates some sections for its implementation by States:

 "Indigenous people and their communities have an historical relationship with their lands and are generally descendants of the original inhabitants of such lands. (...) They shall enjoy the full measure of human rights and fundamental freedoms without hindrance or discrimination. (...) and their ability to participate fully in sustainable development practices on their lands has tended to be limited as a result of factors of an economic, social and historical nature. (...)

    Therefore, governments should promote measures, such as those cited below:

 Adoption or strengthening of appropriate policies and/or legal instruments that will protect indigenous intellectual and cultural property and the right to preserve customary and administrative systems and practices. (...) Recognize that the lands of indigenous people and their communities should be protected against activities that the community considers socially inappropriate. (...)

 Governments commit themselves to making room in society for indigenous people and their communities, ratifying appropriate policies or legal instruments, protecting their lands, and recognizing their values, traditional knowledge, and their resource management practices, with a view to promoting sustainable and equitable development."

    From the same Earth Summit ECO 92, it is also worth citing two paragraphs from the Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests:

 "National forest policies should recognize and duly support the identity, culture and the rights of indigenous people, their communities and other communities and forest dwellers. Appropriate conditions should be promoted for these groups to enable them to have an economic stake in forest use, perform economic activities, and achieve and maintain cultural identity and social organization."

    Finally, the Regional Convention for the Management and Conservation of the Natural Forest Ecosystems and the Development of Forest Plantations dedicates its Article 5 to this topic:


"Article 5.- The States of the Region shall


(...):

 b) Duly recognize and support cultural diversity, respecting the rights, obligations, and needs of indigenous populations, their communities, and other inhabitants of forested areas."

    As has been confirmed, this entire set of international principles and norms reinforces the postulates of Convention No. 169 in the sense of protecting the natural environments of indigenous territories as a way of preserving their lifestyle, and any action that threatens that equilibrium must be eradicated; without undermining the free use of natural resources, including trees, by the indigenous people themselves, in accordance with their traditional methods and customs. It is worth pointing out that of all the literature to which access has been had, none has been found that documents that indigenous people have among their established customs the felling of trees for their mere commercialization (26); quite the contrary, the forest is sacred to them, and they only extract from it what is indispensable for their survival.


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 NOTE (26): In the study "Prácticas agrícolas indígenas sostenibles en áreas del bosque tropical húmedo en Costa Rica" by Jorge Luis Vargas Carranza (op. cit.; p. 37) we read: "Today the relationship with nature for the socio-cultural survival of the Talamancan indigenous people depends on five activities: agricultural activity, animal husbandry, hunting, gathering, and fishing, in order of importance."


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b) Internal legislation

    Although our Political Constitution does not establish specific provisions on indigenous matters like other political charters at the Latin American level (27), which does not prevent some constitutional articles from being applicable indirectly (28), especially regarding the protection of their traditions and natural environment, there are lower-ranking norms that regulate the issue.


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NOTE (27): By way of example, the following can be cited:


Argentina


"It corresponds to the Congress:


(...)


17. To recognize the ethnic and cultural pre-existence of Argentine indigenous peoples.

 To guarantee respect for their identity and the right to a bilingual and intercultural education; to recognize the legal status of their communities, and the community possession and ownership of the lands they traditionally occupy; and to regulate the granting of others suitable and sufficient for human development; none of them shall be alienable, transferable, or susceptible to liens or seizures. To ensure their participation in the management referring to their natural resources and other interests that affect them. The provinces may concurrently exercise these powers."
(Article 75). Bolivia

 "The social, economic, and cultural rights of the indigenous peoples inhabiting the national territory are recognized, respected, and protected within the framework of the law, especially those relating to their community lands of origin, guaranteeing the use and sustainable use of natural resources, their identity, values, languages, customs, and institutions." (Article 171).


Brazil

 "Indians are recognized for their social organizations, customs, languages, beliefs, and traditions, and the original rights over the lands they traditionally occupy, it being the competence of the Union to demarcate them, protect them, and ensure respect for all their assets.

 1. Lands traditionally occupied by Indians are those inhabited by them on a permanent basis, those used for their productive activities, those essential for the preservation of the environmental resources necessary for their well-being, and those necessary for their physical and cultural reproduction, according to their uses, customs, and traditions.

 2. The lands traditionally occupied by Indians are destined for their permanent possession, including the exclusive usufruct of the riches existing in the soil, the rivers, and the lakes.
(...)" (Article 231).


Colombia

 In accordance with the Constitution and the Laws, indigenous territories shall be governed by councils formed and regulated according to the uses and customs of their communities and shall exercise the following functions:

 1. To ensure the application of legal norms on land uses and settlement of their territories.

 2. To design the policies and plans and programs of economic and social development within their territory, in harmony with the National Development Plan.


(...)

 5. To ensure the preservation of natural resources. (...) Paragraph. The exploitation of natural resources in indigenous territories shall be carried out without detriment to the cultural, social, and economic integrity of the indigenous communities. In the decisions adopted regarding said exploitation, the government shall promote the participation of the representatives of the respective communities."


(Article 330).


Nicaragua

 "The Communities of the Atlantic Coast are an indissoluble part of the Nicaraguan people and as such enjoy the same rights and have the same obligations.

 The Communities of the Atlantic Coast have the right to preserve and develop their cultural identity within the national unity; to endow themselves with their own forms of social organization and to administer their local affairs according to their traditions.

 The State recognizes the communal forms of land ownership of the Communities of the Atlantic Coast. It equally recognizes the enjoyment, use, and usufruct of the waters and forests of their communal lands."


(Article 89).

 "The Communities of the Atlantic Coast have the right to live and develop under the forms of social organization that correspond to their historical and cultural traditions.

 The State guarantees these communities the enjoyment of their natural resources, the effectiveness of their forms of communal property, and the free election of their authorities and representatives." (Article 180).

 NOTE (28): Without prejudice to others, Article 50, which prescribes the right of every person to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, and the correlative duty of the State to guarantee it; as well as Article 89, which enshrines the state obligation to protect the natural beauties, the historical and artistic heritage of the Nation.


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    The first provisions on this topic are found in Decreto No. 5904-G of March 11, 1976, which, in addition to creating several reserves, stated that "no non-indigenous person may build houses or pulperías, nor may they fell trees, exploit timber and mineral resources, or plant crops for their benefit within the limits of the mentioned reserves" (Article 7°).

    This precept was transferred to the current Indigenous Law, No. 6172 of November 29, 1977, modifying its wording to an assertive mode:

 "Article 6°.- (...) Only indigenous people may build houses, fell trees, exploit timber resources, or plant crops for their benefit within the limits of the reserves.


(...)"

    The article is extremely clear in restricting the actions of felling trees and using timber to activities for the benefit of the indigenous people themselves within the limits of the reserves.

    From the foregoing, it is concluded that non-indigenous people cannot fell trees or exploit timber resources within the indigenous reserves; that indigenous people can do so, but not by taking advantage of the timber to sell it outside the reserve; and that they must limit themselves to using it for the satisfaction of their needs derived from the customs that are their own. This latter point because it cannot be thought that the use of the term "for their benefit" is for activities foreign to their culture, given that the raison d'être of indigenous reserves is to preserve it.

    The norm under commentary fits within the general principle that the lands of indigenous territories, and therefore the natural resources found therein, are for their exclusive use. Article 3° of Ley No. 6172 declares indigenous reserves as inalienable and exclusive for the indigenous communities that inhabit them, prohibiting non-indigenous people from renting, leasing, buying, or in any other way acquiring land or farms comprised within the reserves. In a similar sense, Article 17 of Convention No. 169 obliges States to prevent persons outside the indigenous peoples from being able to take advantage of their customs or of the ignorance of the laws by their members to arrogate the property, possession, or use of the lands belonging to them.

    Allowing indigenous people to extract timber from their collective territories to commercialize it outside the reserves renders the principle of inalienability of these just transcribed nugatory, since if a large part of the wealth of indigenous lands lies in the existence of enormous forested masses, authorizing the felling of trees for lucrative purposes causes these lands to lose much of their original value and meaning for which they were protected.

    If the sale of reserve lands to non-indigenous people is not permitted, logically, the disposal of that which makes them largely valuable—their forests as a natural environment—should also not be made possible; with the absurdity, in this latter case, that many non-indigenous people, among them large timber companies, would achieve their objective of obtaining the timber without even having had to pay for the lands.

    As for the possible economic benefit that indigenous people could receive if the thesis of the viability of the commercial use of timber were accepted, it is the same one they could receive if they rented or sold the lands of the reserves to non-indigenous people; therefore, if this last possibility is closed by law, in accordance with the prevailing principles of International Law, without it being considered that indigenous people are being harmed—quite the contrary, this measure is unanimously accepted as necessary—with equal reason it must be applied for the forest resource that supports indigenous life as an integral element of their environment and at the same time justifies the legal protection of the lands.

    Likewise, the possibility of commercializing timber by indigenous people could provoke, in practice, altogether unsustainable pressure on the resource, with the consequent gradual deterioration of the forests in the indigenous reserves, which could never have been the purpose of the legislator.

    For greater abundance, Article 7° of Ley No. 6172 indicates that the lands comprised within the reserves that are of forest vocation shall maintain that character, in order to keep unchanged the hydrological equilibrium of the hydrographic basins and to conserve the wildlife of those regions. Additionally, it points out that renewable natural resources must be exploited rationally, which must be understood as by the indigenous people and according to their traditional practices.

    Regarding the legal impossibility of granting permits for the extraction and commercialization of timber by indigenous people within their reserves, the Defensoría de los Habitantes has also pronounced itself in the following terms:

 "That from the cited norms, it emerges that the exploitation of natural resources within the Indigenous Reserves is an act that requires compliance with a series of legal requirements, aimed at achieving effective protection of the natural resource found in these zones and of the reserve itself.

 That in accordance with the aforementioned norms, the exploitation of natural resources in indigenous reserves must respond to criteria of the need of the indigenous community itself. According to what Article 6 provides, the felling of trees and timber exploitation in general is permitted, but only for the benefit of the indigenous people within the reserve. (...)

 That one must not lose sight of the fact that in the Indigenous Reserves there are trees of great ecological and economic value, precisely due to the protection that has been given to said lands. Such goods must be safeguarded and used by the indigenous people of the reserve themselves.

 It cannot be permitted, as is happening with increasing frequency, that the indigenous person, under pressure from unscrupulous persons who offer to buy their trees, in otherwise ridiculous sums, is led to exploit the reserve excessively and contradict the spirit of the Indigenous Law, trading a product that is destined only for their benefit, respecting the spirit of collectivism as much as the specific characteristics of the indigenous reserve regime.

 It is important that awareness be raised, and in that we support the work of the Comisión de Asuntos Indígenas, about the serious problem that excessive timber exploitation causes in the Indigenous Reserves, as well as in the country in general. We consider it necessary to rescue the philosophy of creation of the "Indigenous Reserves" and to ensure the safeguarding of natural resources, and rational exploitation within them." (Official Communication No. CV-469-95 of April 17, 1995).

    In an identical manner, the Comisión Nacional sobre Asuntos Indígenas, in responding to the hearing granted on this consultation, expresses through its Legal Advisor:

 "Ley Indígena No. 6172, in the fourth paragraph of its Article 6, establishes that 'only indigenous people may build houses, fell trees, exploit timber resources, or plant crops for their benefit within the limits of the reserves'. Thus, the norm only allows the felling of trees and the use of forest resources for domestic use and never for commercial exploitation. The spirit of the article cited above is even clearer when analyzing Article 7 of the same law, which establishes that 'The lands comprised within the reserves that are of forest vocation SHALL MAINTAIN THAT CHARACTER, IN ORDER TO KEEP UNCHANGED THE HYDROLOGICAL EQUILIBRIUM OF THE HYDROGRAPHIC BASINS AND TO CONSERVE THE WILDLIFE OF THOSE REGIONS.' (emphasis mine), the foregoing with the objective that each indigenous reserve conserve its customs and not alter the environment in which they have lived since time immemorial.

    Likewise, it establishes that 'Forestry programs may only be carried out by State institutions that guarantee the permanent renewal of the forests, UNDER THE AUTHORIZATION AND SUPERVISION OF CONAI.', thus, the same norm under study obliges us to interpret that timber resources located within indigenous reserves cannot be extracted for commercialization, but rather for purposes eminently destined for the exclusive benefit of the indigenous communities, in qualified situations; therefore, there exists a limitation on the disposition of forest resources existing within indigenous reserves, such that only indigenous people may fell trees, exploit timber resources, and plant crops for their benefit within the limits of the reserve, in addition to the fact that lands that are of forest vocation shall maintain that character, the foregoing for the purpose of keeping the hydrological equilibrium unchanged and conserving wildlife. Thus, all forest that is immersed within an indigenous reserve must remain unchanged; trees may not be felled by the indigenous people themselves, since the purpose is to guarantee environmental conservation."

Beyond the Indigenous Law, these criteria of balance between indigenous practices and environmental conservation are also found in the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, in several of its articles:

"Article 9.- General principles

 The following, among others, constitute general principles for purposes of applying this law: (...)

 3.- Respect for cultural diversity. The diversity of cultural practices and knowledge associated with elements of biodiversity must be respected and promoted, in accordance with the national and international legal framework, particularly in the case of peasant communities, indigenous peoples, and other cultural groups. (...)"

"Article 56.- In situ conservation of species

The following shall be priority objects of in situ conservation:

(...)

 5.- Species, populations, breeds, or varieties of animals or plants with particular religious, cultural, or cosmogonic significance. (...)"

"Article 104.- Promotion of traditional improvement

 The Ministry of Environment and Energy and other public authorities shall promote the conservation and sustainable use of biological and genetic resources that have been subject to improvement or selection by local communities or indigenous peoples, especially those that are threatened or in danger of extinction and require restoration, recovery, or rehabilitation. The Ministry shall provide the necessary technical or financial assistance to fulfill this obligation."

Moving to the regulatory level, we find that, although the Indigenous Law dates from 1977, it is not until this decade that the first regulations governing forest harvesting (aprovechamientos forestales) in indigenous reserves were issued (29).

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 NOTE (29): Previously, the Regulation of the Indigenous Law, Decree No. 8487-G of April 26, 1978, only provided that Forest Guards and Rural Guard agents serving within the reserves must preferably be indigenous (Article 9); and that the National Commission on Indigenous Affairs and the Comprehensive Development Associations or their legal representatives must coordinate the implementation of the preventive and punitive actions established in Articles 6 and 7 of Law No. 6172, to protect the Archaeological, Mineral, Hydrological, and Forest Heritage (flora and fauna) of all reserves.

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 The first of these is Decree No. 24777-MIRENEM of September 28, 1995, called "Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas." Article 3 establishes three categories of authorizations for forest harvesting:

 a) Type A authorizations: Those authorizations granted in areas with agricultural aptitude without forest cover (cobertura boscosa) to remove, cut, and/or harvest trees to be used for domestic use or for processing in small artisanal enterprises installed within the indigenous reserves and owned by members of indigenous families. The maximum volume to be granted per authorization shall be 20 m3 per plot per year.

 b) Type B authorizations: Those authorizations granted in areas with forest aptitude and/or forest to remove, cut, and/or harvest trees to be used for domestic use or for processing in small artisanal enterprises, installed within the Indigenous Reserves and in the possession of members of indigenous families. The maximum volume to be granted per authorization shall be 20 m3 per plot per year.

 c) Type C authorizations: Those authorizations granted to harvest trees fallen due to natural causes or any other cause not attributable to the applicant."

 As can be noted, none of the three authorizations enables forest harvesting for commercial purposes, the first two being strictly for domestic use or processing in small artisanal enterprises, and the last a mere authorization that does not imply any type of felling activity.

 Article 6 also prescribes some relevant prohibitions on harvesting in strategic protection areas: "Authorizations for removal, cutting, and forest harvesting shall not be granted in those areas of common interest, such as: Cultural Heritage Sites, Aquifer Recharge Areas for springs (nacientes) of water for community consumption, Areas for the protection of soils and/or species of endangered flora and fauna, Areas for the supply of medicinal plants and other non-traditional forest products, and Areas designated for Ecotourism." In these areas, according to Article 9, members of the Indigenous Comprehensive Development Associations could request the issuance of "Certificados de Protección del Bosque."

 The rules set forth adequately develop the principles contained in ILO Convention No. 169 and the Indigenous Law, according to the criteria presented. The only norm of dubious constitutionality and legality is the second paragraph of Article 5, which contains the prohibition on transporting raw material outside the Indigenous Reserve, except for that which has been processed. Through this loophole, the purposes pursued by those two higher-ranking legal instruments could be circumvented, unless it is understood that the processing level is exclusively the product of artisanal industries.

 Decree No. 24777 is repealed by No. 26511-MINAE of June 10, 1997, of the same name. In this decree, the different types of authorizations are eliminated, maintaining a limitation for authorizing forest harvesting of 20 trees per plot per year. Nor does the new regulation mention what the purpose of the harvesting is, but it again lists the areas of common interest where tree removal is not permitted. It is worth noting that Article 6, second paragraph, likewise prohibits the transport of raw material outside the Indigenous Reserves, in this case not including the clarification regarding processed wood.

 Finally, through Decree No. 27800-MINAE of March 16, 1999, the Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas is issued, which repeals the previous one and currently governs this matter.

 In this last Decree, tree cutting is only permitted for domestic purposes and for the benefit of indigenous peoples, "as a measure to safeguard some of their deeply rooted principles and customs" (Article 1). In this way, the applicable regulations are once again aligned with the indigenous philosophy of resource protection and responsible use for the satisfaction of their needs.

 However, it limits harvesting permits only to lands without forest cover, which could contradict traditional indigenous practices themselves:

 "The slash, felling, and burn system used by indigenous peoples since ancient times for the exploitation of tropical forests at different altitudes was more complex than some of us had believed. We cannot speak of productive and unproductive cycles in pre-Hispanic agriculture. We now know that the agricultural calendar was, and is in Talamanca, the Amazon, and the forested regions of Central America where indigenous communities still exist, a continuous process. They are complex agroforestry systems that integrate a diversity of mixed home gardens of different ages, ranging from one year to 25 years and more. Thus, families could manage many gardens of one or two hectares in various states of maturity and with a diversity of crops." (30)

 "In a previous article by Vargas (1988), the typical features still preserved of traditional indigenous agriculture of the Talamanca peoples were described in detail, which, by their principles, reveal important tendencies for maintaining the natural balances of very humid and humid tropical environments. The indigenous person, through ancestral practices, destroys plots of primary forest and aids the recycling of living matter through their cultivation systems; extracts and consumes the plant production of these biotopes (sic) to, after several years, abandon them and thus accelerate the development of secondary plant formations." (31)


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NOTE (30): Bolaños Arquín; op. cit.; p.168.


NOTE (31): Vargas Carranza, Jorge Luis. "Talamanca, la ocupación aborigen ..."; op. cit.; p. 77.


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 When the Indigenous Law states that lands within reserves that have a forest vocation must retain that character, it does not necessarily refer to all forested lands. Recall that lands with agricultural vocation, currently under that use, initially also had forest cover.

 Moreover, it cannot be categorically stated that traditional indigenous cultivation practices cause lands to lose their forest vocation, since through the fallow system, over the years, lands initially cleared for agricultural use recover significant forest cover:

 "During the first years of succession, indigenous plots present an optimal setting for the growth of pioneer species, which is benefited by the fact of being surrounded by primary forest or secondary forest; that is, there is an influx of nearby seed sources that help the clearing to evolve rapidly. (...)

 "This restructuring could allow the recovery of soils and vegetation at the end of the early successional stage (about 20 or 25 years), at which point strata of more than 12 meters in height, slender stems, and a dense understory covered with ferns, palms, and shrubs could become differentiated (...)

 "Then, in the late stages (between 25 and 100 years), the upper strata could reach up to 30 meters in height and diameters exceeding one meter, which would possibly make it difficult to observe structural and floristic differences compared to a primary forest." (32)


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Note (32): Vargas Carranza, Jorge Luis. "Prácticas Agrícolas Indígenas ..."; op. cit; pp. 59-60.


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 What must definitely be protected are those areas whose forest exploitation could lead to the imbalance of the ecological system, and therefore the human system, and which the previous decrees and the current one (Article 5) call "areas of common interest": aquifer recharge zones, springs of water for community consumption, areas for the protection of soils and/or endangered species of flora and fauna, areas for the supply of medicinal plants, etc.

 We consider that the new Regulation should be reviewed with regard to what has just been pointed out, in order to verify that its content fully complies with the objectives and principles enshrined in Convention No. 169 and other international documents, as well as our Indigenous Law.

 This process of regulatory readjustment, if deemed necessary, and which could even lead to a reform of the Forestry Law to establish an exception to the principle of no land-use change (cambio de uso del suelo) on forest-covered lands in favor of indigenous peoples (Article 19), must be based on technical criteria, which should take into account, in addition to the foregoing, the correspondence with traditional indigenous practice of the current norm that only allows the cutting of "3 trees per hectare per year up to a maximum total of 10 trees per property, fallen or standing" (regulatory Article 4).

 At the same time, the analysis must include the participation of the indigenous peoples themselves, not only for reasons of convenience (they are the ones who know their customs, and therefore, what is most appropriate for their regulation), but also because Convention No. 169 so mandates:

"In applying the provisions of this Convention, governments shall:

 a) Consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly; (...)" (Article 6).

 Even, should it be the case, the possibility of issuing different regulatory norms for each indigenous people, according to their needs and customs, could be considered.

 By way of a corollary, we recall the State's obligation to ensure the well-being of indigenous peoples through effective policies and measures that ensure not only their existence but also their development, all within a framework of respect for their customs and traditional practices; ranging from securing their territories, through, for example, the purchase of lands from non-indigenous persons, to efficiently providing services in the area of health, education, loans, etc. It must not be forgotten that the greater the degree of poverty and social prostration, the greater the pressure will be on natural resources:

 "Countries must create, parallel to employment programs, efficient health and education services, so that historically impoverished sectors have the opportunity to work and the minimum social guarantees to subsist and maintain a fixed income and a certain level of dignity.

 These special programs must be directed toward the most needy groups in rural urban zones, among which are women and children. Now, in order for the great majorities to have a sustainable livelihood and to understand the need to protect the environment, the protagonism of organized community groups is fundamental, for they will be the main sources of change and action. In this sense, efforts shall be made to reinforce the participation of women in decision-making processes, guarantee the integrity and rights of the indigenous population, and increase community exchange." (Paragraph 3 ("Combating Poverty") of Agenda 21).


CONCLUSION

 In order to preserve the culture of indigenous peoples and the natural environment indispensable for their survival and development, and based primarily on the Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples, Law No. 7316 of November 3, 1992, the Indigenous Law, No. 6172 of November 16, 1977, and the Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, Decree No. 27800-MINAE of March 16, 1999, indigenous peoples are not legally authorized to extract and commercialize the wood located in their reserves.

Sincerely,

Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes

AGRARIAN PROSECUTOR

cc. Board of Directors

National Commission on Indigenous Affairs