Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Sin entrar a pronunciarnos sobre la constitucionalidad de tales funciones, o de la posibilidad de crear entidades de derecho público por vía de acuerdos municipales, lo que no es objeto de este pronunciamiento y es materia propia de nuestra Sala Constitucional, resulta evidente que, con base en esta normativa, ningún Concejo Municipal puede crearle competencias a los Concejos Municipales de Distrito distintas de las que se mencionan en el citado artículo 191 del Código Municipal. En ese tanto lo acordado por ese Concejo en el sentido de autorizar a los Concejos de Distrito para tramitar los permisos de corta de árboles es abiertamente ilegal.
Además, el artículo 27 de la Ley Forestal, No. 7575 de 13 de febrero de 1996, es muy claro al disponer que: "Sólo se podrá llevar a cabo la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, obteniendo previamente la autorización del Consejo Regional Ambiental o de la municipalidad respectiva y hasta por un máximo de cinco árboles por hectárea al año. Para una corta que sobrepase los veinte árboles por inmueble se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado."
Como puede fácilmente apreciarse, la competencia para otorgar permisos de corta de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque es únicamente de los Consejos Regionales Ambientales y las municipalidades respectivas, y ninguno de estos organismos públicos pueden delegarla en otros.
English (translation)Without ruling on the constitutionality of such functions, or on the possibility of creating public-law entities through municipal agreements—matters not within the scope of this opinion and reserved for our Constitutional Chamber—it is evident that, based on these provisions, no Municipal Council may create powers for District Municipal Councils other than those mentioned in Article 191 of the Municipal Code. To that extent, the Council’s agreement authorizing District Councils to process tree-cutting permits is openly illegal.
Moreover, Article 27 of Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996, is very clear in providing that: “Tree cutting may only be carried out on lands under agricultural use and without forest, after obtaining prior authorization from the Regional Environmental Council or the respective municipality, and up to a maximum of five trees per hectare per year. For cutting exceeding twenty trees per property, authorization from the State Forestry Administration shall be required.”
As can be readily seen, the competence to grant tree-cutting permits on agricultural and non-forest lands lies solely with the Regional Environmental Councils and the respective municipalities, and none of these public bodies may delegate it to others.
Interpretive opinion
Dictamen : 121 del 07/07/1997 C-121-97 7 de julio, 1997 Señores Concejo Municipal de Puntarenas Ciudad de Puntarenas Estimados señores: Con aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero al acuerdo de ese Concejo tomado en sesión ordinaria No. 406 del 10 de marzo de 1997, artículo 2º, inciso N, por el que autorizan a los Concejos de Distrito a tramitar los permisos de corta de árboles. El artículo 191 del Código Municipal fija las competencias que tendrán los Concejos Municipales de Distrito, de la siguiente manera: "Artículo 191.- En su jurisdicción territorial, y previa aprobación del concejo municipal respectivo, el concejo municipal de distrito tendrá las siguientes competencias: a) Realizar pactos, convenios o contratos con otros concejos municipales de distrito, dentro y fuera de su cantón, y con otras municipalidades, instituciones u organismos públicos. El concejo municipal dispondrá de treinta días hábiles para otorgar la aprobación. Si no lo hiciere se tendrá por denegada; b) dictar los reglamentos autónomos de organización y servicio, respetando las directrices emitidas por la municipalidad y referendados por ella; c) proponer sus presupuestos anuales al concejo municipal de su cantón; d) convocar a consultas populares y fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos en las decisiones que afecten sus distritos; e) fiscalizar el buen cumplimiento y la realización de las obras municipales en el distrito; f) coadyuvar a la municipalidad en el correcto desempeño de las funciones tributarias; g) cuidar del ornato y la limpieza del distrito." Sin entrar a pronunciarnos sobre la constitucionalidad de tales funciones, o de la posibilidad de crear entidades de derecho público por vía de acuerdos municipales, lo que no es objeto de este pronunciamiento y es materia propia de nuestra Sala Constitucional, resulta evidente que, con base en esta normativa, ningún Concejo Municipal puede crearle competencias a los Concejos Municipales de Distrito distintas de las que se mencionan en el citado artículo 191 del Código Municipal. En ese tanto lo acordado por ese Concejo en el sentido de autorizar a los Concejos de Distrito para tramitar los permisos de corta de árboles es abiertamente ilegal. Además, el artículo 27 de la Ley Forestal, No. 7575 de 13 de febrero de 1996, es muy claro al disponer que: "Artículo 27.- Autorización para talar Sólo se podrá llevar a cabo la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, obteniendo previamente la autorización del Consejo Regional Ambiental o de la municipalidad respectiva y hasta por un máximo de cinco árboles por hectárea al año. Para una corta que sobrepase los veinte árboles por inmueble se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado." Como puede fácilmente apreciarse, la competencia para otorgar permisos de corta de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque es únicamente de los Consejos Regionales Ambientales y las municipalidades respectivas, y ninguno de estos organismos públicos pueden delegarla en otros. Tampoco pueden confundirse los Concejos Municipales de Distrito con los Consejos Regionales Ambientales ya que son entidades jurídicas distintas. Así se desprende del artículo 7º de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 de 4 de octubre de 1995, y del artículo 185 del Código Municipal: "Artículo 7º.- Creación de los Consejos Regionales Ambientales Se crean los Consejos Regionales Ambientales, adscritos al Ministerio del Ambiente y Energía; como máxima instancia regional desconcentrada, con participación de la sociedad civil, para el análisis, la discusión, la denuncia y el control de las actividades, los programas y los proyectos en materia ambiental." "Artículo 185.- Las municipalidades podrán constituir concejos municipales de distrito en los distritos de su cantón, como entes auxiliares de derecho público, con capacidad jurídica plena para realizar actos y contratos de toda clase que les permitan cumplir con sus objetivos, según las atribuciones y obligaciones expuestas en este título y en el respectivo acuerdo municipal de creación. El acuerdo de creación de un concejo municipal de distrito, deberá ser aprobado por, al menos, las dos terceras partes de la integración total del concejo municipal del cantón." En conclusión, el citado acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Puntarenas adolece de ilegalidad, y debe ser revocado. Recuérdese que el artículo 348 del Código Penal castiga con prisión de dos a seis años al funcionario administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley (delito de prevaricado). De lo que acuerde ese Concejo en observancia de lo aquí indicado, deberá remitírsenos copia, conforme al artículo 27, párrafo segundo, de nuestra Ley Orgánica, bajo el apercibimiento de que la negativa a suministrarla constituye delito de desobediencia. De ustedes, atentamente, Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes PROCURADOR ADJUNTO VBC/ c.c. Concejo Municipal del Distrito de Cóbano Concejo Municipal del Distrito de Lepanto Ing. Emel Rodríguez Paniagua Director Regional Area de Conservación Tempisque
Opinion: 121 of 07/07/1997 C-121-97 July 7, 1997 Gentlemen Municipal Council of Puntarenas City of Puntarenas Dear Sirs: With the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to the agreement of that Council taken in ordinary session No. 406 of March 10, 1997, article 2, subsection N, by which they authorize the District Councils to process tree-cutting permits (permisos de corta de árboles). Article 191 of the Municipal Code establishes the powers that the Municipal District Councils shall have, as follows: "Article 191.- Within its territorial jurisdiction, and with prior approval of the respective municipal council, the municipal district council shall have the following powers: a) Enter into pacts, agreements, or contracts with other municipal district councils, within and outside its canton, and with other municipalities, institutions, or public bodies. The municipal council shall have thirty business days to grant approval. If it fails to do so, it shall be deemed denied; b) issue autonomous organization and service regulations, respecting the guidelines issued by the municipality and endorsed by it; c) propose its annual budgets to the municipal council of its canton; d) call for popular consultations and promote the active, conscious, and democratic participation of residents in decisions affecting their districts; e) supervise the proper fulfillment and execution of municipal works in the district; f) assist the municipality in the proper performance of tax functions; g) care for the adornment and cleanliness of the district." Without ruling on the constitutionality of such functions, or on the possibility of creating public law entities by way of municipal agreements, which is not the subject of this pronouncement and is a matter for our Constitutional Chamber, it is evident that, based on this regulation, no Municipal Council can create powers for the Municipal District Councils other than those mentioned in the cited article 191 of the Municipal Code. To that extent, what was agreed by that Council in terms of authorizing the District Councils to process tree-cutting permits is openly illegal. Furthermore, article 27 of the Forestry Law, No. 7575 of February 13, 1996, is very clear in providing that: "Article 27.- Authorization to log. Tree cutting may only be carried out on agricultural lands without forest cover, with prior authorization from the Regional Environmental Council or the respective municipality, and up to a maximum of five trees per hectare per year. For cutting that exceeds twenty trees per property, authorization from the State Forestry Administration shall be required." As can easily be seen, the authority to grant tree-cutting permits on agricultural lands without forest cover lies solely with the Regional Environmental Councils and the respective municipalities, and none of these public bodies may delegate it to others. Nor can the Municipal District Councils be confused with the Regional Environmental Councils, as they are distinct legal entities. This is evident from article 7 of the Organic Law of the Environment, No. 7554 of October 4, 1995, and from article 185 of the Municipal Code: "Article 7.- Creation of the Regional Environmental Councils The Regional Environmental Councils are created, attached to the Ministry of Environment and Energy; as the highest deconcentrated regional body, with participation of civil society, for the analysis, discussion, reporting, and control of environmental activities, programs, and projects." "Article 185.- The municipalities may constitute municipal district councils in the districts of their canton, as auxiliary public law entities, with full legal capacity to carry out acts and contracts of all kinds that enable them to fulfill their objectives, according to the powers and obligations set forth in this title and in the respective municipal creation agreement. The creation agreement of a municipal district council must be approved by at least two-thirds of the full membership of the municipal council of the canton." In conclusion, the cited agreement taken by the Municipal Council of Puntarenas suffers from illegality and must be revoked. Recall that article 348 of the Penal Code punishes with imprisonment of two to six years the administrative official who issues resolutions contrary to law (offense of prevarication). A copy of whatever that Council agrees in observance of what is indicated here must be sent to us, pursuant to article 27, second paragraph, of our Organic Law, under the warning that refusal to provide it constitutes the offense of disobedience. Sincerely yours, Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes DEPUTY ATTORNEY GENERAL VBC/ cc. Municipal Council of the District of Cóbano Municipal Council of the District of Lepanto Eng. Emel Rodríguez Paniagua Regional Director Tempisque Conservation Area