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C-121-1997 — Illegality of Tree-Cutting Powers Granted to District CouncilsIlegalidad de competencias de corta otorgadas a Concejos de Distrito

dictamen 07/07/1997 Topic: forestry-law-7575

Summary

English
The Attorney General's Office reviews an agreement by the Puntarenas Municipal Council authorizing District Municipal Councils to process tree-cutting permits. The opinion concludes that the agreement is openly illegal. It notes that Article 191 of the Municipal Code provides an exhaustive list of powers of district councils, and processing tree-cutting permits is not among them. Moreover, Article 27 of Forestry Law No. 7575 assigns that competence exclusively to Regional Environmental Councils or the respective municipalities, without possibility of delegation. It also clarifies that District Municipal Councils are not to be confused with Regional Environmental Councils, as they are distinct legal entities under the Environmental Organic Law and the Municipal Code. The Attorney General warns that issuing resolutions contrary to law could constitute the crime of malfeasance (prevaricato) and orders the Council to send a copy of its compliance decision, under penalty of disobedience.
Español
La Procuraduría General de la República examina un acuerdo del Concejo Municipal de Puntarenas que autorizó a los Concejos Municipales de Distrito a tramitar permisos de corta de árboles. El dictamen concluye que dicho acuerdo es abiertamente ilegal. Señala que el artículo 191 del Código Municipal establece un listado taxativo de competencias para los Concejos de Distrito, y la tramitación de permisos de corta no figura entre ellas. Además, el artículo 27 de la Ley Forestal N.º 7575 asigna esa competencia exclusivamente a los Consejos Regionales Ambientales o a las municipalidades respectivas, sin posibilidad de delegación. También aclara que los Concejos Municipales de Distrito no deben confundirse con los Consejos Regionales Ambientales, pues son entidades jurídicas distintas según la Ley Orgánica del Ambiente y el Código Municipal. La Procuraduría advierte que dictar resoluciones contrarias a la ley podría configurar el delito de prevaricato y ordena al Concejo remitir copia de lo que se acuerde en cumplimiento, bajo apercibimiento de desobediencia.

Key excerpt

Español (source)
Sin entrar a pronunciarnos sobre la constitucionalidad de tales funciones, o de la posibilidad de crear entidades de derecho público por vía de acuerdos municipales, lo que no es objeto de este pronunciamiento y es materia propia de nuestra Sala Constitucional, resulta evidente que, con base en esta normativa, ningún Concejo Municipal puede crearle competencias a los Concejos Municipales de Distrito distintas de las que se mencionan en el citado artículo 191 del Código Municipal. En ese tanto lo acordado por ese Concejo en el sentido de autorizar a los Concejos de Distrito para tramitar los permisos de corta de árboles es abiertamente ilegal.

Además, el artículo 27 de la Ley Forestal, No. 7575 de 13 de febrero de 1996, es muy claro al disponer que: "Sólo se podrá llevar a cabo la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, obteniendo previamente la autorización del Consejo Regional Ambiental o de la municipalidad respectiva y hasta por un máximo de cinco árboles por hectárea al año. Para una corta que sobrepase los veinte árboles por inmueble se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado."

Como puede fácilmente apreciarse, la competencia para otorgar permisos de corta de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque es únicamente de los Consejos Regionales Ambientales y las municipalidades respectivas, y ninguno de estos organismos públicos pueden delegarla en otros.
English (translation)
Without ruling on the constitutionality of such functions, or on the possibility of creating public-law entities through municipal agreements—matters not within the scope of this opinion and reserved for our Constitutional Chamber—it is evident that, based on these provisions, no Municipal Council may create powers for District Municipal Councils other than those mentioned in Article 191 of the Municipal Code. To that extent, the Council’s agreement authorizing District Councils to process tree-cutting permits is openly illegal.

Moreover, Article 27 of Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996, is very clear in providing that: “Tree cutting may only be carried out on lands under agricultural use and without forest, after obtaining prior authorization from the Regional Environmental Council or the respective municipality, and up to a maximum of five trees per hectare per year. For cutting exceeding twenty trees per property, authorization from the State Forestry Administration shall be required.”

As can be readily seen, the competence to grant tree-cutting permits on agricultural and non-forest lands lies solely with the Regional Environmental Councils and the respective municipalities, and none of these public bodies may delegate it to others.

Outcome

Interpretive opinion

English
The municipal agreement authorizing District Councils to process tree-cutting permits is openly illegal, exceeding the powers set out in Article 191 of the Municipal Code and contradicting Article 27 of the Forestry Law.
Español
El acuerdo municipal que autoriza a Concejos de Distrito a tramitar permisos de corta de árboles es abiertamente ilegal, por exceder las competencias del artículo 191 del Código Municipal y contradecir el artículo 27 de la Ley Forestal.

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Cites (2)

Spanish source body (5,435 chars)
Dictamen : 121 del 07/07/1997   



C-121-97




7 de julio, 1997




 




Señores




Concejo Municipal de Puntarenas




Ciudad de Puntarenas




 




Estimados señores:




 



    Con aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero al acuerdo de ese
Concejo tomado en sesión ordinaria No. 406 del 10 de marzo de 1997, artículo 2º, inciso N, por el
que autorizan a los Concejos de Distrito a tramitar los permisos de corta de árboles.




 



    El artículo 191 del Código Municipal fija las competencias que tendrán los Concejos Municipales
de Distrito, de la siguiente manera:




 



 "Artículo 191.- En su jurisdicción territorial, y previa aprobación del concejo municipal
respectivo, el concejo municipal de distrito tendrá las siguientes competencias:




 



 a) Realizar pactos, convenios o contratos con otros concejos municipales de distrito, dentro y
fuera de su cantón, y con otras municipalidades, instituciones u organismos públicos. El concejo
municipal dispondrá de treinta días hábiles para otorgar la aprobación. Si no lo hiciere se tendrá
por denegada;



 b) dictar los reglamentos autónomos de organización y servicio, respetando las directrices emitidas
por la municipalidad y referendados por ella;




c) proponer sus presupuestos anuales al concejo municipal de su cantón;



 d) convocar a consultas populares y fomentar la participación activa, consciente y democrática de
los vecinos en las decisiones que afecten sus distritos;




e) fiscalizar el buen cumplimiento y la realización de las obras municipales en el distrito;




f) coadyuvar a la municipalidad en el correcto desempeño de las funciones tributarias;




g) cuidar del ornato y la limpieza del distrito."




 



    Sin entrar a pronunciarnos sobre la constitucionalidad de tales funciones, o de la posibilidad
de crear entidades de derecho público por vía de acuerdos municipales, lo que no es objeto de este
pronunciamiento y es materia propia de nuestra Sala Constitucional, resulta evidente que, con base
en esta normativa, ningún Concejo Municipal puede crearle competencias a los Concejos Municipales de
Distrito distintas de las que se mencionan en el citado artículo 191 del Código Municipal. En ese
tanto lo acordado por ese Concejo en el sentido de autorizar a los Concejos de Distrito para
tramitar los permisos de corta de árboles es abiertamente ilegal.




 



    Además, el artículo 27 de la Ley Forestal, No. 7575 de 13 de febrero de 1996, es muy claro al
disponer que:




 



 "Artículo 27.- Autorización para talar Sólo se podrá llevar a cabo la corta de árboles en terrenos
de uso agropecuario y sin bosque, obteniendo previamente la autorización del Consejo Regional
Ambiental o de la municipalidad respectiva y hasta por un máximo de cinco árboles por hectárea al
año. Para una corta que sobrepase los veinte árboles por inmueble se requerirá la autorización de la
Administración Forestal del Estado."




 



    Como puede fácilmente apreciarse, la competencia para otorgar permisos de corta de árboles en
terrenos de uso agropecuario y sin bosque es únicamente de los Consejos Regionales Ambientales y las
municipalidades respectivas, y ninguno de estos organismos públicos pueden delegarla en otros.




 



    Tampoco pueden confundirse los Concejos Municipales de Distrito con los Consejos Regionales
Ambientales ya que son entidades jurídicas distintas. Así se desprende del artículo 7º de la Ley
Orgánica del Ambiente, No. 7554 de 4 de octubre de 1995, y del artículo 185 del Código Municipal:




 




"Artículo 7º.- Creación de los Consejos Regionales Ambientales




 



 Se crean los Consejos Regionales Ambientales, adscritos al Ministerio del Ambiente y Energía; como
máxima instancia regional desconcentrada, con participación de la sociedad civil, para el análisis,
la discusión, la denuncia y el control de las actividades, los programas y los proyectos en materia
ambiental."




 




"Artículo 185.-




 



 Las municipalidades podrán constituir concejos municipales de distrito en los distritos de su
cantón, como entes auxiliares de derecho público, con capacidad jurídica plena para realizar actos y
contratos de toda clase que les permitan cumplir con sus objetivos, según las atribuciones y
obligaciones expuestas en este título y en el respectivo acuerdo municipal de creación.



 El acuerdo de creación de un concejo municipal de distrito, deberá ser aprobado por, al menos, las
dos terceras partes de la integración total del concejo municipal del cantón."




 



    En conclusión, el citado acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Puntarenas adolece de
ilegalidad, y debe ser revocado. Recuérdese que el artículo 348 del Código Penal castiga con prisión
de dos a seis años al funcionario administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley
(delito de prevaricado).




 



    De lo que acuerde ese Concejo en observancia de lo aquí indicado, deberá remitírsenos copia,
conforme al artículo 27, párrafo segundo, de nuestra Ley Orgánica, bajo el apercibimiento de que la
negativa a suministrarla constituye delito de desobediencia.




 




   De ustedes, atentamente,




 




Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes




PROCURADOR ADJUNTO




VBC/




c.c. Concejo Municipal del Distrito de Cóbano




Concejo Municipal del Distrito de Lepanto




Ing. Emel Rodríguez Paniagua




Director Regional




Area de Conservación Tempisque
English translation (4,911 chars)
Opinion: 121 of 07/07/1997

C-121-97

July 7, 1997

Gentlemen
Municipal Council of Puntarenas
City of Puntarenas

Dear Sirs:

With the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to the agreement of that Council taken in ordinary session No. 406 of March 10, 1997, article 2, subsection N, by which they authorize the District Councils to process tree-cutting permits (permisos de corta de árboles).

Article 191 of the Municipal Code establishes the powers that the Municipal District Councils shall have, as follows:

"Article 191.- Within its territorial jurisdiction, and with prior approval of the respective municipal council, the municipal district council shall have the following powers:

a) Enter into pacts, agreements, or contracts with other municipal district councils, within and outside its canton, and with other municipalities, institutions, or public bodies. The municipal council shall have thirty business days to grant approval. If it fails to do so, it shall be deemed denied;

b) issue autonomous organization and service regulations, respecting the guidelines issued by the municipality and endorsed by it;

c) propose its annual budgets to the municipal council of its canton;

d) call for popular consultations and promote the active, conscious, and democratic participation of residents in decisions affecting their districts;

e) supervise the proper fulfillment and execution of municipal works in the district;

f) assist the municipality in the proper performance of tax functions;

g) care for the adornment and cleanliness of the district."

Without ruling on the constitutionality of such functions, or on the possibility of creating public law entities by way of municipal agreements, which is not the subject of this pronouncement and is a matter for our Constitutional Chamber, it is evident that, based on this regulation, no Municipal Council can create powers for the Municipal District Councils other than those mentioned in the cited article 191 of the Municipal Code. To that extent, what was agreed by that Council in terms of authorizing the District Councils to process tree-cutting permits is openly illegal.

Furthermore, article 27 of the Forestry Law, No. 7575 of February 13, 1996, is very clear in providing that:

"Article 27.- Authorization to log. Tree cutting may only be carried out on agricultural lands without forest cover, with prior authorization from the Regional Environmental Council or the respective municipality, and up to a maximum of five trees per hectare per year. For cutting that exceeds twenty trees per property, authorization from the State Forestry Administration shall be required."

As can easily be seen, the authority to grant tree-cutting permits on agricultural lands without forest cover lies solely with the Regional Environmental Councils and the respective municipalities, and none of these public bodies may delegate it to others.

Nor can the Municipal District Councils be confused with the Regional Environmental Councils, as they are distinct legal entities. This is evident from article 7 of the Organic Law of the Environment, No. 7554 of October 4, 1995, and from article 185 of the Municipal Code:

"Article 7.- Creation of the Regional Environmental Councils

The Regional Environmental Councils are created, attached to the Ministry of Environment and Energy; as the highest deconcentrated regional body, with participation of civil society, for the analysis, discussion, reporting, and control of environmental activities, programs, and projects."

"Article 185.-

The municipalities may constitute municipal district councils in the districts of their canton, as auxiliary public law entities, with full legal capacity to carry out acts and contracts of all kinds that enable them to fulfill their objectives, according to the powers and obligations set forth in this title and in the respective municipal creation agreement.

The creation agreement of a municipal district council must be approved by at least two-thirds of the full membership of the municipal council of the canton."

In conclusion, the cited agreement taken by the Municipal Council of Puntarenas suffers from illegality and must be revoked. Recall that article 348 of the Penal Code punishes with imprisonment of two to six years the administrative official who issues resolutions contrary to law (offense of prevarication).

A copy of whatever that Council agrees in observance of what is indicated here must be sent to us, pursuant to article 27, second paragraph, of our Organic Law, under the warning that refusal to provide it constitutes the offense of disobedience.

Sincerely yours,

Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes
DEPUTY ATTORNEY GENERAL
VBC/

cc. Municipal Council of the District of Cóbano
Municipal Council of the District of Lepanto
Eng. Emel Rodríguez Paniagua
Regional Director
Tempisque Conservation Area