C-249-1997 — Inadequacy of Information for Perpetual Memory as Proof of Possession for Forest HarvestingInsuficiencia de la información para perpetua memoria como prueba de posesión para el aprovechamiento forestal

Dictamen : 249 del 24/12/1997   
( RECONSIDERA PARCIALMENTE )  



C-249-97




San José, 24 de diciembre 1997




 




Ingeniero




Marco Antonio González Salazar




Vice Ministro




Ministerio del Ambiente y Energía




S.D.




 




Estimado señor :



 Con aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su Oficio No. DVM-357-96,
en el que nos consulta si el trámite de información para perpetua memoria, descrito en el artículo
874 del Código Procesal Civil, es apto como prueba para otorgar permisos de aprovechamiento forestal
en terrenos sin inscribir.



 El citado Oficio fue complementado, a requerimiento nuestro (artículo 4° de nuestra Ley Orgánica),
con el criterio jurídico remitido mediante nota No. DAJ-1228-96, suscrito por el Lic. Guido Cubero
Arce, Jefe del Departamento Legal de ese Ministerio.




I.- MARCO LEGAL



 La Ley Forestal vigente, No. 7575 de 5 de febrero de 1996, no prevé en su normativa cuáles deben de
ser los medios de prueba para que la Administración tenga por demostrada la calidad de propietario a
aquellas personas que deseen obtener permisos de aprovechamiento forestal sobre sus terrenos,
únicamente se limita en su Título Tercero (Propiedad forestal privada), Capítulo Primero (Manejo de
bosques), a elencar una lista de actividades autorizadas en terrenos cubiertos de bosque (artículo
19), a permitir el aprovechamiento forestal mediante la aprobación de un plan de manejo (artículo
20) y a delimitar las funciones de los regentes forestales y su control (artículo 21).



 Por su parte, el Reglamento a la Ley Forestal, Decreto No. 25721-MINAE de 17 de octubre de 1996, en
su artículo 89 original, dispuso :



 Artículo 89.- Los aprovechamientos en bosque, la corta de árboles en áreas agrícolas urbanas, los
proyectos agroforestales y los proyectos de reforestación y regeneración natural, con o sin
incentivos, podrán realizarse tanto en terrenos de dominio privado inscritos o no, en terrenos
sujetos a posesión, o en terrenos sujetos a tenencia, en terrenos arrendados o bajo cualquier otra
modalidad contractual. Para demostrar la titularidad de la propiedad será necesario presentar una
certificación notarial o registral donde se establezcan los detalles de inscripción, para demostrar
a criterio de la A.F.E. la titularidad de la posesión, será requisito la presentación de alguno de
los siguientes documentos : carta de venta protocolizada por notario público, información ad
perpetua memoria, información posesoria jurada. En caso de que no se cuente con ninguna de estos
documentos se tramitará con una declaración jurada del titular y en este único caso deberá
realizarse una inspección oficial de verificación."



 Este artículo fue reformado por el artículo 3° del Decreto No. 26429-MINAE de 15 de octubre de 1997
de la siguiente forma :



 "Artículo 89.- Los aprovechamientos en bosque, la corta de árboles en áreas agrícolas urbanas, los
proyectos agroforestales y los proyectos de reforestación y regeneración natural y conservación, con
o sin incentivos podrán realizarse en terrenos de dominio privado inscritos, sujetos a posesión,
arrendados en usufructo o bajo cualquier otra modalidad contractual contemplada en la normativa
legal vigente. Para demostrar la titularidad de la propiedad será necesario presentar una
certificación extendida por el Registro Público de la Propiedad o por notario público sobre los
datos de inscripción.



 Para demostrar la titularidad de la posesión será requisito la presentación de alguno de los
siguientes documentos :



 a.      Si se trata de terrenos en trámite de información posesoria deberán presentar certificación
notarial o del juzgado correspondiente de que se encuentra en la etapa de publicación de edictos y
que ha fenecido el término para oír oposiciones, declaración de testigos, notificación al Instituto
de Desarrollo Agrario y a la Procuraduría General de la República, así como los respectivos
apresuramientos (sic) o en su defecto una certificación de la autoridad correspondiente donde se
indique que se ha cumplido con los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias.



 b.      Certificación de haber finalizado la información para Perpetua Memoria, de conformidad con
lo establecido en los artículos 874 y 875 del Código Procesal Civil.



 c.       Declaración jurada de los derechos de posesión, acompañada del testimonio de dos testigos
que den fe de dicha posesión, copia del plano catastrado o levantamiento perimetral y testimonio de
los colindantes haciendo constar su reconocimiento del lindero que comparten."



 Como puede apreciarse, la lista de documentos para demostrar la titularidad de la posesión en
terrenos no registrados fue sensiblemente modificada, para enunciar presupuestos teóricamente más
seguros y confiables que los anteriores, los cuales habrían de haber provocado en la práctica, se
presume, serios problemas de aplicación y de insuficiencia probatoria real.(1)



 (1) Entre los considerandos del Decreto No. 26429-MINAE no se hace mayor mención sobre este punto,
únicamente se indica "que al entrar en vigencia el decreto ejecutivo No. 25721-MINAE, publicado a
"La Gaceta" No. 16 del jueves 23 de enero de 1997, han surgido en su aplicación divergencias
técnicas de criterio, que dificultan la aplicabilidad del Reglamento"(considerando primero).



 De los textos reglamentarios transcritos queda clara una voluntad administrativa en que el trámite
de información para perpetua memoria sea un instrumento probatorio para demostrar la posesión sobre
terrenos no inscritos con miras a obtener la autorización para aprovechamientos forestales.



 No obstante lo anterior, esta Procuraduría considera necesario hacer algunas consideraciones sobre
la idoneidad de este trámite para resguardo de los fines de la Ley Forestal, a fin de que sean
tomados en cuenta por ese Ministerio para una pronta reforma reglamentaria.




II.- LA INFORMACION PARA PERPETUA MEMORIA EN NUESTRA HISTORIA PROCESAL CIVIL HASTA 1989



 Las informaciones para perpetua memoria las encontramos ya reguladas en el Código General de la
República de Costa Rica, también conocido como Código de Carrillo, de 30 de julio de 1841, en el
Capítulo XII del Título Sétimo ("De otros varios procedimientos").



 Este Capítulo, denominado "DEL MODO DE PROCEDER EN LAS INFORMACIONES AD PERPETUAM Y EN LOS CASOS DE
AUSENCIA INDEFINIDA DE TESTIGOS, O TEMOR DE SU MUERTE", está constituido por tres artículos. Los dos
primeros, artículos 626 y 627, parecerían corresponder, de acuerdo con el nombre del Capítulo, a la
información para perpetua memoria propiamente tal :



 "Artículo 626. El que pidiere una información ad perpetuam, para acreditar algún hecho, lo expondrá
ante el Juez, quien en defecto de parte legítima, la ordenará con citación del Procurador Síndico, ó
a falta de este, una persona principal del pueblo.



 Artículo 627. Del mismo modo se procederá cuando hubiere de sacarse testimonio de algún
instrumento, si no hubiere parte interesada conocida."



 El último artículo, por su parte, se referiría a las informaciones en casos de ausencia indefinida
de testigos, o temor de su muerte :



 Artículo 628. Si se temiere la muerte ó la ausencia indefinida de testigos, antes de la demanda ó
de la prueba en alguna causa, podrá pedirse la declaración de éstos y aun la ratificación, para su
tiempo. El Juez accederá con citación contraria, y se reservará la información hasta la publicación
de probanzas." (sic)



 No obstante esta diferenciación, cuando en el artículo 227 del mismo Código se dice que "toda
información hecha fuera del término concedido para la prueba, será nula, excepto las informaciones
ad perpetuam", habría que concluir que ambos supuestos eran conocidos bajo el mismo apelativo, ya
que carecería de toda lógica que se recibiera una prueba testimonial en los términos del artículo
628 ibíd, si luego sería declarada nula, conforme al 227.



 Esta aclaración es de recibo ya que, como se verá, estas dos figuras procesales serán asimiladas
como una sola a través de un largo período histórico de nuestra vida jurídica.



 Es así como vemos que ya para el Código de Procedimientos Civiles de 1887(2) desaparece, tanto el
procedimiento para acreditación de hechos, como el nombre de información ad perpetuam, contenidos en
los artículos 626 y 627 del Código de Carrillo, y aparece bajo el Título I, "Actos Prejudiciales",
del Libro Segundo, el Capítulo denominado "Informaciones fuera de juicio" (artículos 171 a 175).




(2) Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887.



 El texto de este Capítulo es copiado íntegramente en el Código de Procedimientos Civiles de
1933(3), esta vez bajo los artículos 165 a 169.




(3) Decreto legislativo No. 50 de 25 de enero de 1933 y sus reformas.



 Al igual que en el anterior Código, el articulado se encontraba inserto como Capítulo IV dentro del
Libro II, bajo el Título I, denominado "ACTOS PREJUDICIALES". Como el acápite lo indica, la
información fuera de juicio era tenida como un acto prejudicial, es decir, necesariamente en
relación con un proceso ante los tribunales de justicia. Así se colige también del propio texto
original, entre otros, artículos 165 y 169 :



 "Artículo 165.- Fuera del juicio o antes del término probatorio puede solicitarse examen de
testigos o de peritos sobre los hechos pertinentes cuando los testigos sean ancianos o estén para
ausentarse indefinidamente del país, o cuando haya otro motivo por el cual pueda temerse la
imposibilidad de su examen en el término probatorio, o cuando los objetos sobre que haya de recaer
el examen pericial, puedan modificarse o desaparecer si se posterga el reconocimiento."



 "Artículo 169.- Las informaciones autorizadas por este capítulo pueden pedirse no sólo por el que
quiera preparar una demanda, sino también por aquel que pretenda probar una excepción."



 Por otro lado, y como también es notorio, se trataba de un trámite para circunstancias muy
especiales en las que se temiera la pérdida anticipada de la prueba judicial: testigos ancianos o
por ausentarse indefinidamente del país, modificación o desaparición de cosas o lugares(4), etc.



 (4)Mediante reforma de Ley No. 1643 de 28 de setiembre de 1953 se modificó parcialmente el párrafo
original del artículo 165, sin cambiar su sentido, y se le adicionaron dos más. En el párrafo
segundo se dispuso que "También podrá solicitarse inspección ocular cuando haya urgencia en hacer
constar el estado de los lugares, o el estado o condición de las cosas, o cualquier hecho importante
de orden material susceptible de apreciación personal por parte del Juez y que pudiera cambiar o
desaparecer en cualquier momento."



 Este peligro de desaparición de posibles elementos probatorios es la nota característica que
distingue a esta figura jurídica (información fuera de juicio) ; pero es también la que la doctrina
de antigua data atribuyó a la "información para perpetua memoria"



 "Su nombre técnico ha sido siempre en el foro el de informaciones ad perpetuam rei memoria, ó,
abreviando la frase, informaciones ad perpetuam. Así lo reconoce el Diccionario de la Academia, que
las define diciendo : "INFORMACION AD PERPETUAM, O AD PERPETUAM REI MEMORIAM, for. La que se hace
judicialmente y á prevención para que conste en lo sucesivo alguna cosa ; como cuando los testigos
son viejos ó se han de ausentar". Esta definición es la que dan también sustancialmente nuestros
autores prácticos antiguos (sic)(5)



 (5) Manresa y Navarro, José María. "Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil". Tomo VI. Madrid,
Imprenta de la    Revista de Legislación,  1910, p. 442. En idéntico sentido, encontramos la
explicación de esta figura jurídica en la Enciclopedia      Jurídica Omeba : "En las leyes
procesales antiguas y modernas existen algunas instituciones que guardan autonomía con relación a
los procesos, pero que tienden a asegurar las resultas de un juicio más o menos próximo. En cierto
modo, la información ad perpetuan o ad perpetuam rei memoriam, como se la conoció en el Derecho
antiguo, constituye un anticipo de las "medidas preparatorias de juicio", admitidas por las
legislaciones procesales modernas ... Para explicar el alcance de esta medida, agrega el tratadista
citado (Escriche) que generalmente hablando, no se reciben deposiciones de testigos sino en los
pleitos o causas ; pero sucede alguna vez que una persona puede perder su derecho, si no se le
admite desde luego a formar su prueba testimonial para cuando se halle en el caso de hacer uso de
ella ; como si uno teme, por ejemplo, que su adversario trata o pueda trata (sic) de moverle pleito
después de la muerte de algunas personas ancianas o enfermas o de la ausencia de otras con cuya
declaración había de apoyar sus derechos o excepciones." (Goldstrin, Mateo. Tomo XV. Buenos Aires.
Bibliográfica Omega, 1961, p.693).



 Tal aspecto era de suyo tan propio que la jurisprudencia costarricense, con base en el artículo 168
del Código de Procedimientos Civiles anterior(6), determinó que si las circunstancias que originaron
la información fuera de juicio no se producían, la prueba carecía de valor :



 (6) "Artículo 168.- Estas informaciones valdrán como prueba y serán admisibles en juicio, si en
realidad llegó a ocurrir el hecho alegado para anticiparlas."



 "Es procedente el rechazo de la información fuera de juicio presentada, pues el Código Procesal
dispone que las referidas diligencias valdrán si llegó a ocurrir el hecho alegado ; en este caso el
viaje al exterior del testigo, pero como dicho suceso no se probó, la referida declaración resultó
inocua."(7)



                             (7) Sala Primera Civil. Voto No. 472 de las 10 horas 5 minutos del 5 de
noviembre de 1976.



 Por otro lado, al tratarse de elemento probatorio a utilizar en un juicio, el artículo 166 del
mismo Código disponía la citación de la parte contraria a la que hubiese de oponerse la prueba, si
fuere conocida y residiere en el país. Si no hubiera concurrido a presenciarla, se ordenaba la
notificación del resultado dentro de ocho días contados desde que el Juez la declarara terminada.
Asimismo, si no existía parte conocida, o se residía fuera del país y no tuviere apoderado, la
información se recibía con citación del representantes de la Procuraduría General de la República y
de un curador ad-hoc a nombrar.



 Esta norma encontraba su razón de ser en el mismo carácter prejudicial de la prueba, al partirse
del principio de que habría de usarse posteriormente en un proceso contencioso frente a la parte
contraria, siendo menester protegerla de que no se fueran a levantar elementos probatorios
contrarios a sus intereses en su ausencia y sin la oportunidad de que pudiera accesar a mecanismos o
remedios jurídicos en su defensa.



 Es interesante acotar cómo mientras existía normativamente una única figura procesal, que incluso
era conocida de forma indistinta como información fuera de proceso o información para perpetua
memoria, en la práctica, y para ciertos casos, se seguía aplicando por los tribunales de justicia el
trámite simple que contenía el Código de Carrillo, remitiendo a los artículos de la información
fuera de juicio, como para dar algún tipo de sustento legal. Se trataba más de trámites de
jurisdicción voluntaria, en los que se buscaba hacer constar hechos, independientemente de la
interposición de un juicio posterior, sobre todo con miras a usarla para trámites en sede
administrativa. Veamos la siguiente jurisprudencia :



 "Esta Sala, en pronunciamiento número ciento veinticuatro del año en curso, dejó abierta la
posibilidad de tramitación de diligencias de esta clase, cuando la solicitud la formula el
interesado con el único y exclusivo objeto de procurarse la correspondiente cédula de identidad,
para lo cual debe comprobar -a falta de otros medios documentales- el hecho de su nacimiento. Bien
se comprende el grave problema que se presentaría en la práctica a muchos ciudadanos, como el
peticionario, obligados por la ley a la portación de sus cédulas de identidad, expuestos a sanciones
determinadas en casos de no presentación del respectivo documento de identidad, cuando deban hacerlo
legalmente ; si se les cerraran las puertas de la comprobación judicial, previa a la expedición de
la cédula, de un acto indispensable como lo es el del nacimiento. Sin embargo, conviene establecer
desde ahora, como norma a seguir en lo sucesivo, la restricción -que debe imponerse en la resolución
final aprobatoria de las diligencias de información- de que la información sólo puede hacerse valer,
en los alcances jurídicos que de la misma resulten, ante el organismo u organismos oficiales
encargados por ley para la expedición de las cédulas de identidad."(8)



                             (8) Sala Segunda Civil. Auto-sentencia No. 297 de 10 horas 20 minutos
del 12 de abril de 1960.



 Curiosamente, por vía de ley, también se incorporó el trámite de información para perpetua memoria
en procedimientos administrativos, como se puede apreciar en el texto que de seguido se cita, tomado
de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, Ley No. 3019 de 9 de agosto de 1962, artículo
7° (reformado por Ley No. 4750 de 26 de abril de 1971, artículo 3°) :



 Artículo 7°.- Para obtener la inscripción en el Colegio, deberán llenarse los requisitos
siguientes : (...)




c) Constancia fehaciente de haber observado buena conducta ;



 d) Comprobar que se ha residido en el país por cinco años o más, antes o después de haber realizado
los estudios profesionales ; ...



 Los requisitos señalados en los apartes c) y d) se comprobarán mediante información ad-perpétuam
con intervención de la Procuraduría General de la República y del Fiscal de Colegio.(...)"(9)



 (9) Otro ejemplo a citar lo es la Ley de pensiones e indemnizaciones de Guerra, No. 1922 de 3 de
agosto de 1955, que en su artículo 16, inciso d), dispuso que para la concesión de los beneficios a
que se refiere esa ley para hijos que no sean de matrimonio, aún cuando no hubieren sido legalmente
reconocidos, se debía probar, en información ad-perpétuam levantada con intervención del Patronato
Nacional de la Infancia, que habitaban en la misma morada del causahabiente o eran alimentados y
vestidos por éste al ocurrir su fallecimiento."



 Es considerando estos antecedentes, y la existencia análoga de normativa en otros países(10), que
el nuevo Código Procesal Civil redimensiona los alcances de ambas figuras.



 (10) "Hoy es necesario distinguir entre unas y otras. Nuestras antiguas leyes no hicieron la
conveniente distinción en esta materia como no la hicieron tampoco entre los actos de la
jurisdicción voluntaria y los de la contenciosa, y de aquí la confusión en la práctica. Todas las
informaciones que se hacía fuera de juicio sobre asuntos civiles, solían llamarse ad perpetuam, y
eran ejecutadas en idéntica formas sin otra diferencia que la de hacerse con citación de parte (...)
La ley actual, como la anterior, ha hecho la distinción que exigía un buen sistema de
procedimientos, adjudicando a la jurisdicción contenciosa las informaciones preliminares de los
juicios, y a las que se refieren a hechos de que pueda resultar perjuicio a persona conocida y
determinada, y a la voluntaria las que no se encuentran en este caso. Aquellas tendrán lugar
únicamente en los casos y en la forma que determina el art. 502 antes citado, y éstas en los que se
determinan en los artículos del presente título, únicas que hoy pueden denominarse informaciones
para perpetua memoria." (Manresa y Navarro, op. Cit., ps. 442-443).



 III.- EL CODIGO PROCESAL CIVIL DE 1989: RESURGIMIENTO NORMATIVO DE LA INFORMACION PARA PERPETUA
MEMORIA



 Con la promulgación del Código Procesal Civil, Ley No. 7130 de 16 de agosto de 1989, la información
para perpetua memoria y la información fuera de juicio vuelven a separarse normativamente.



 La información fuera de juicio de los artículos 165 a 169 del Código anterior, pasan con el nuevo
Código a los artículos 250 a 253, bajo el acápite de "Pruebas Anticipadas" (Capítulo II) dentro del
Título IV de las "Medidas Cautelares", manteniendo en esencia sus mismas características.



 Por su lado, bajo el Libro IV, "Actividad judicial no contenciosa y disposiciones comunes", figuran
como Capítulo X las "Informaciones para perpetua memoria" (artículos 897 y 898(11)).



 (11) Esta numeración corresponde a la reforma de Ley No. 7643 de 14 de octubre de 1996, siendo los
artículos originales el 874 y 875.



 Se clasifican ahora estas informaciones dentro de lo que tradicionalmente se ha conocido como
jurisdicción voluntaria ; procedimientos que se caracterizan por su unilateralidad y ausencia de
contraparte. De esta característica nos habla la doctrina más reciente :



 "Sin embargo, hay diferencias importantes que distinguen estas dos figuras procesales, a saber : a)
Las informaciones se llevan a cabo en vía de jurisdicción voluntaria, y, por tanto, presuponen que
no hay cuestión entre partes. Lo contrario acontece con los medios preparatorios que van a integrar
los autos del juicio, cuando éste se promueve ; b) Las informaciones se llevan a cabo sin audiencia
de una contraparte que no existe, mientras que en los medios preparatorios sucede lo contrario por
mandato expreso de la ley ; c) Las informaciones se realizan para preconstituir una prueba sin tener
a la vista un juicio concreto en el que hacerlas valer, sino para utilizarlas judicial o
extrajudicialmente, sea ante las autoridades administrativas o en los negocios entre particulares.
Los medios preparatorios, por lo contrario, se promueven para hacerlos valer en un juicio que en
seguida va iniciarse y a cuyos autos aquellos se agregan ; d) Las informaciones deben sobreseerse si
parte legítima se opone a ellas, porque se llevan a cabo en vía de jurisdicción voluntaria. No así
los medios preparatorios a juicio."(12)



 (12) Pallares, Eduardo. "Diccionario de Derecho Procesal Civil". Duodécima Edición. México,
Editorial Porrúa, 1979, p.412. En su Diccionario de Derecho, Luis Ribó Durán define la información
para perpetua memoria como "un expediente de jurisdicción voluntaria que lo mismo interesa al ámbito
de los negocios civiles como de los comerciales. Su finalidad es documentar declaraciones
testificales que interesa obtener o conservar para, en su momento, aportar a un proceso en calidad
de prueba preconstituida, o ,simplemente, para dejar constancia de dichas informaciones en interés
del solicitante." (Segunda edición. Barcelona, Bosch Cas Editorial S.A., 1995, p. 490).



 Bajo este nuevo régimen, la información para perpetua memoria, según lo dispone el artículo 897 del
Código Procesal Civil, tiene por finalidad "la demostración, mediante prueba testimonial, de
determinados hechos que interesen de modo principal al promovente". Como puede verse, mediante esta
redacción desapareció el carácter de medida cautelar, para pasar a constituirse en diligencias de
estricto resorte individual, cuyo interés se centra en la declaración ante autoridad judicial sobre
hechos en los que el proponente tiene particular interés.



 Valga señalar que la información para perpetua memoria se restringe actualmente a la prueba
testimonial, ya que, como se comentó en el trámite aprobatorio legislativo del Código Procesal Civil
 :



 "Los casos generales, no previstos en leyes especiales, se tramitarán conforme a lo dicho en este
capítulo, y cuya prueba evacuable es únicamente al testimonial, por las siguientes razones : Si el
medio de prueba fuera la confesión, ya no se trataría de un acto no contencioso sino todo lo
contrario ; absurdo sería pensar en que el promovente quisiera rendir su propia confesión ; si se
trata de prueba documental, es el documento el que comprueba el hecho, no habiendo en este caso
justificación alguna para un procedimiento de información ; si el medio probatorio idóneo fuera el
pericial, perfectamente puede hacerse privadamente sin necesidad de la intervención judicial, si se
trata de la inspección ocular, ésta puede hacerse constar en una acta notarial. De manera que el
único medio de prueba que es susceptible de evacuarse en este trámite no contencioso es la prueba
testimonial."(13)



 (13) Código Procesal Civil. Trámite de Proyecto de Ley. Actas de la Asamblea Legislativa.
Expediente No. 10.195. Comisión de Asuntos  Jurídicos. Folio 1869.



 Consecuente con su actual tratamiento, se despoja a la información para perpetua memoria de su
origen contencioso al eliminarse la citación a parte contraria, quedando ésta únicamente para la
información fuera de proceso (artículo 251(14)). Sí se guarda, artículo 898, el tener como
interesada a la Procuraduría General de la República, la que tiene el deber de contestar la
audiencia dentro del plazo de tres días y de ampliar, al igual que el juez, el interrogatorio a los
testigos con las preguntas que estime pertinentes para asegurarse de la veracidad de su dicho.(15)



 (14) Artículo 251.- Citación a la parte contraria. La parte contraria será citada para que
presencie la práctica de la prueba, salvo que dicha parte no fuere conocida o no residiere en el
país, y no tuviere apoderado, en cuyo caso se citará al representante de la Procuraduría General de
la República y al curador ad hoc que ha de nombrarse.



 En casos muy calificados, a criterio del juez, el reconocimiento judicial podrá decretarse sin
citación previa. Si la parte contraria concurriere a pesar de no haber sido citada, podrá intervenir
en ella. En caso contrario, el resultado deberá notificársele dentro del plazo de los ocho días
posteriores a su celebración."



 (15) "La participación de la Procuraduría General de la República se justifica desde el punto de
vista de que el interés público exige que en las declaraciones de testigos haya veracidad, y
entonces a velar por ello se dirige dicha citación." Expediente legislativo No. 10.195, Folio 1869.



 Por último, no existe una resolución final que apruebe o impruebe la información, solamente se
ordena entregar al interesado una copia certificada del expediente original. Insólitamente, antes
del nuevo Código Procesal Civil, los expedientes se entregaban por los Despachos judiciales para ser
usados por los gestionantes a los efectos del caso.




IV.- IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA PERPETUA MEMORIA PARA DEMOSTRAR LA POSESION



 El Reglamento a la Ley Forestal, artículo 89, exige la certificación de haber finalizado la
información para perpetua memoria "para demostrar la titularidad de la posesión". Es claro que esta
posesión se refiere a la llamada posesión decenal, es decir, a la posesión que se ejerce a título de
dueño en forma pública, pacífica e ininterrumpida durante más de diez años (artículo 856 del Código
Civil).



 Nótese que el mismo artículo del Reglamento se refiere a terrenos de dominio privado sujetos a
posesión, y el dominio o propiedad sobre los inmuebles sólo se adquiere por posesión a los diez
años(16) :



 (16) Existen excepciones a este principio, como por ejemplo la Ley de titulación para vivienda
campesina, No. 6154 de 25 de noviembre de 1977, o en su oportunidad la denominada Ley de Titulación
Múltiple de Tierras, No. 5064 de 22 de agosto de 1972.



 "Artículo 860.- Para adquirir la propiedad de los inmuebles, o algún derecho real sobre ellos por
prescripción, se necesita una posesión de diez años. El derecho de poseer se prescribe por la
posesión de un año."



 Mientras no hayan transcurrido los diez años el mismo Código Civil dispone la propiedad en nombre
del Estado (artículo 486).



 También debe recordarse que esta posesión decenal, tratándose de bienes de dominio público, por vía
de principio, debe remontarse a una posesión de por lo menos diez años con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de la norma que crea el régimen demanial. Diversa normativa retoma esta regla
jurídica :



 "Artículo 7.- Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de
Agricultura o del Instituto de Desarrollo Agrario, atendiendo razones de conveniencia nacional, no
determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no
susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el dominio
privado, con título legítimo, los siguientes : ..." (Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14
de octubre de 1961).



 "Artículo 7°.- Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un
área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar
ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez
años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."
(Ley de Informaciones Posesorias, No. 139 de 14 de julio de 1941).



 A este efecto, debe tenerse especial cuidado con los terrenos pertenecientes al patrimonio natural
del Estado, definido en el artículo 13 de la Ley No. 7575 como "los bosques y terrenos forestales de
las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y
de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la
Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema
Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio".



 Por otra parte, el artículo 897 in fine del Código Procesal Civil establece que "tratándose de
informaciones cuyo procedimiento está establecido en leyes especiales, se aplicará lo que disponen
esas leyes".



 Respecto de la acreditación de la posesión decenal existe en nuestro ordenamiento jurídico un
expreso trámite contemplado en la Ley de Informaciones Posesorias, No. 139 de 14 de julio de 1941 ;
por lo que, para ese efecto, no sería viable la información para perpetua memoria.



 Hay que recordar que este trámite persigue sólo una simple acreditación de hechos, y no cuenta a su
término con una resolución aprobatoria en que se tengan por ciertos ; por lo que, si las
declaraciones son usadas para derivar de ellas efectos que conciernen únicamente a dueños de
terrenos, como lo sería el aprovechamiento del bosque, se estaría desvirtuando su naturaleza y
utilizando para fines no queridos por el ordenamiento jurídico, que cuenta con otros medios más
confiables a tal propósito ; y aunque en algún momento se pudo haber considerado que la información
para perpetua memoria podría servir a estos fines por tratarse de un trámite seguido ante autoridad
judicial y no administrativa, lo cierto es que en la práctica se ha prestado para abusos, al
extenderse sus efectos de mera declaración de hechos al de prueba absoluta de propiedad, sin
comprobación de campo ni estudios de tenencia complementarios por la sede administrativa
correspondiente.



 La Ley de Informaciones Posesorias, por su lado, establece una serie de controles jurídicos para
asegurarse en buena medida que no se va a perjudicar patrimonio estatal o de terceros ; lo que tiene
gran sentido, si se toma en cuenta que lo que allí se pretende podría violentar el derecho
fundamental a la propiedad privada o al disfrute por todos de los bienes públicos.



 Entre esos controles se encuentran la audiencia a la Procuraduría General de la República, por dos
veces (al inicio y conclusión del trámite), y al Instituto de Desarrollo Agrario, por una vez ; la
publicación de edictos ; la elaboración de un plano catastrado ; la notificación a los colindantes
del terreno ; la recepción de prueba testimonial ; y la realización de un reconocimiento judicial
para fincas mayores de treinta hectáreas.



 Es un hecho incontrovertible que una simple recepción de testigos no puede ofrecer jamás los mismos
dispositivos de seguridad que el trámite de una información posesoria.



 Por una parte los testigos son recibidos de ordinario en el Despacho judicial, por lo que su
declaración se haría sin referencia al inmueble sobre cuya posesión darían fe. Podrían darse casos
en que el promovente lleve testigos para que acrediten la posesión de un inmueble, cercano al que
ellos conocen, por lo que ni éstos ni el Juez podrían darse cuenta de tal engaño.



 Asimismo, la inexistencia de un plano catastrado torna más difícil la ubicación del o los terrenos
sobre los que se depone ; y en tal sentido, la presencia de un Procurador no asegura, por ejemplo,
que no se estén alegando derechos de posesión inexistentes sobre terrenos de dominio público, al ser
imposible o necesariamente imprecisa su localización por la simple vía verbal, mucho más si se trata
de terrenos de montaña.



 Y por supuesto, el peligro de prueba testimonial complaciente hace que este trámite sea en extremo
riesgoso para intereses tanto públicos como privados. La experiencia que ha tenido esta Procuraduría
dentro de los trámites de información posesoria en cuanto a la veracidad de las afirmaciones de los
testigos ha sido muy negativa, siendo definitivamente insuficiente para lograr demostrar en buena
forma la posesión decenal sobre un inmueble, sin recurrir a otros medios conjuntamente más eficaces.



 Sobre la aptitud del trámite de información para perpetua memoria para acreditar la posesión ha
dicho la doctrina :



 "Quien tiene un derecho, dice, tiene un interés, y, por lo tanto, tiene una acción para pedir que
se le reconozca la propiedad ; que se le dé con citación de los que podrían tener un interés en
oponerse a la prescripción, un documento probatorio de su propiedad. Ese documento, no puede ser una
información ad perpetuam, pues siendo ésta practicada sin citación de los terceros cuyo dominio se
pretende perdido por prescripción, no puede perjudicar a éstos y, por tanto, no justifica la
propiedad."(17)



 (17) De María, Pablo ; citado por Couture, Eduardo. "Estudios de Derecho Procesal Civil". Tomo II.
Buenos Aires, Ediar Editores, 1949, p.318.



 En este sentido, la publicación de edictos y la notificación a los colindantes son dos medios
útiles que tiene el procedimiento de información posesoria para resguardar los intereses de posibles
personas perjudicadas, y de los que carece la información para perpetua memoria. Piénsese, por
ejemplo, en el caso de aprovechamientos forestales que se quisieran realizar sobre terrenos de otra
persona o de un propietario colindante ; la Administración Forestal del Estado se vería
imposibilitada para enterarse de estas situaciones con una simple declaración de testigos.



 La Ley de Informaciones Posesorias, para los casos en que pueda existir algún tipo de perjuicio
particular o público, contiene varios remedios procesales para detener la pretensión ilegítima,
inexistentes en la información para perpetua memoria :



 "Artículo 8.- Si dentro de los términos indicados en el artículo 5°, alguna persona manifestare por
escrito razonado al Juez que la titulación de la finca le causa perjuicio, se suspenderá la
tramitación para que en juicio declarativo las partes definan sus derechos. (...)



 Si dentro de los términos indicados en el artículo 5°, surgiere oposición del Estado o del IDA, se
ordenará archivar el expediente y se tendrá por agotada la vía administrativa a efecto de que el
titulante pueda accionar en la vía contencioso-administrativa, contra el Estado o dicho Instituto,
en discusión de sus derecho a acogerse a las disposiciones de la presente ley." (Ley de
Informaciones Posesorias).



 Si hacemos un parangón con la información fuera de juicio ya estudiada, nos daremos cuenta que el
ordenamiento jurídico persigue, cuando pueda haber lesión para alguien, enterarlo de alguna forma o
darle audiencia para que se manifieste de algún modo :



 "Artículo 251.- Citación a la parte contraria. La parte contraria será citada para que presencie la
práctica la prueba, salvo que dicha parte no fuere conocida o no residiere en el país, y no tuviere
apoderado, en cuyo caso se citará al representante de al Procuraduría General de la República y al
curador ad hoc que ha nombrarse.



 En casos muy calificados, a criterio del juez, el reconocimiento judicial podrá decretarse sin
citación previa. Si la parte contraria concurriere a pesar de no haber sido citada, podrá intervenir
en ella. En caso contrario, el resultado deberá notificársele dentro del plazo de los ocho días
posteriores a su celebración." (Código Procesal Civil).



 Es evidente, a nuestro entender, que la información para perpetua memoria sólo busca la
acreditación de hechos puros y simples, de exclusivo interés para su promovente ; pero no puede ser
jamás un instrumento útil para demostrar la posesión decenal sobre una propiedad, en la que pueda
haber intereses particulares o estatales de por medio ; máxime si lo que se pretende con ella es la
explotación forestal del inmueble, con las consecuencias patrimoniales que le son propias.



 De hecho, siempre habrá un interés estatal, al preceptuar el artículo 486 del Código Civil, como se
indicó, la presunción en favor del dominio del Estado de los inmuebles no reducidos a propiedad
particular.



 Ese mismo Código estatuye varias normas que suponen un status más consolidado por parte de quien
pretende alegar derecho de propiedad sobre un inmueble :



 "Artículo 267.- Para que la propiedad sobre inmuebles surta todos los efectos legales, es necesario
que se halle debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad."



 "Artículo 455.- Los título sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero,
sino desde la fecha de su presentación al Registro. (...)"



 En ambos supuestos normativos es innegable la existencia de un título supletorio de dominio previo,
que procede normalmente de un trámite de información posesoria.



 Entonces, si se pretenden alegar derechos posesorios frente a la Administración, como lo es el caso
de aprovechamientos forestales sobre fincas sin inscribir, no basta una llana declaración de
testigos, sino que lo propio es acudir al cumplimiento de un trámite determinado y completo que el
ordenamiento jurídico haya dispuesto concretamente en tal sentido, como lo es la información
posesoria.



 Así las cosas, concluye esta Procuraduría que la información para perpetua memoria no sólo es
insuficiente para dar por acreditada una posesión decenal sobre un terreno, sino que su inserción
dentro de los medios de prueba en el artículo 89 del Reglamento a la Ley Forestal contradice la
normativa procesal vigente, al existir un trámite específico en nuestro ordenamiento a ese efecto ;
por lo que se recomienda su derogatoria inmediata por su ilegalidad manifiesta.



 Además, y en cumplimiento de las atribuciones legales conferidas por nuestra Ley Orgánica en
defensa del ambiente (artículo 3°, inciso h), Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982), es obligado
agregar que al permitir el inciso a) del artículo 89 ibíd la demostración de la titularidad de la
posesión tratándose de terrenos en trámite de información posesoria con una certificación de la
autoridad correspondiente, que entendemos sería la judicial, donde se indique que se ha cumplido con
los requisitos establecidos en la Ley de Informaciones Posesorias ; lo más lógico, en resguardo de
la seguridad jurídica y del recurso forestal, hubiese sido la certificación de la sentencia firme en
que se aprueban las diligencias, siendo que entre un paso y el otro, de ordinario, pasará poco
tiempo y se tendrá la certeza de una resolución judicial con valoración del elemento probatorio. Lo
mismo vale decir en cuanto a la primera parte del inciso a), en la medida en que el cumplimiento de
los requisitos allí señalados (declaración de testigos, fenecimiento del término para escuchar
oposiciones, apersonamiento de la Procuraduría General de la República y del Instituto de Desarrollo
Agrario), implica un estado avanzado del expediente, siendo lo aconsejable la espera de la sentencia
definitiva.



 Igualmente, el procedimiento probatorio descrito en el inciso c) del mismo artículo, conlleva un
trámite similar en algunos aspectos al de la información posesoria (presentación de plano o
levantamiento, declaración de testigos, manifestación de colindantes y declaración jurada) ; por lo
que, además de inconveniente, carece de sentido no recurrir al trámite propio de la información
posesoria y que ofrece mayores garantías, como la participación de la Procuraduría General de la
República y de terceros, por vía de la publicación de edicto, en resguardo de intereses públicos y
privados, respectivamente.



 Debe tenerse en cuenta que dentro de las competencias de la Administración Forestal del Estado,
artículo 6° de la Ley No. 7575, se encuentra la de "conservar los recursos forestales del país,
tanto en terrenos del patrimonio natural del Estado, como en áreas forestales privadas" (inciso a),
por lo que debe buscar los mecanismos más seguros tendentes a que los aprovechamientos forestales se
realicen, no sólo mediante planes de manejo racionales y sostenibles, sino también por las personas
que verdaderamente aparecen con mejor derecho sobre el recurso boscoso. Todo con miras a dar plena
expresión normativa a los artículos 45 y 50 constitucionales, así como a un buen número de convenios
internacionales suscritos por nuestro país, tales como la Convención para la protección de la flora,
de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América (Ley No. 3763 de 19 de
octubre de 1966), la Convención para el Patrimonio Cultural y Natural (Ley No. 5980 de 16 de
noviembre de 1976), el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(Ley No. 7224 de 9 de abril de 1991), el Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus Anexos (Ley
No. 7416 de 30 de junio de 1994), el Convenio para la conservación de la biodiversidad y protección
de áreas silvestres prioritarias en América Central (Ley No. 7433 de 14 de setiembre de 1994) y el
Convenio Regional para el manejo y conservación de los ecosistemas naturales forestales y del
desarrollo de plantaciones forestales (Ley No. 7572 de 1° de febrero de 1996).




Este dictamen modifica en lo conducente al pronunciamiento No. C-035-92 de 25 de febrero de 1992.




De usted, atentamente,




 




Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes




Procurador Adjunto




VBC/

Opinion: 249 of 24/12/1997  
(PARTIALLY RECONSIDERS)  

C-249-97  

San José, December 24, 1997  

Engineer  
Marco Antonio González Salazar  
Vice Minister  
Ministerio del Ambiente y Energía  
S.D.  

Dear Sir:  

With the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your Official Letter No. DVM-357-96, in which you consult us as to whether the proceeding of information for perpetual memory (información para perpetua memoria), described in article 874 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), is suitable as evidence for granting forest use permits on unregistered lands.

The cited Official Letter was supplemented, at our request (article 4 of our Organic Law), with the legal opinion submitted via note No. DAJ-1228-96, signed by Lic. Guido Cubero Arce, Head of the Legal Department of that Ministry.

I.- LEGAL FRAMEWORK

The current Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996, does not provide in its regulations what means of evidence must be used for the Administration to deem proven the status of owner for those persons wishing to obtain forest use permits on their lands; it merely limits itself in its Title Three (Private Forest Property), Chapter One (Forest Management), to listing a series of authorized activities on lands covered by forest (article 19), to permitting forest use through the approval of a management plan (article 20), and to delimiting the functions of forestry regents (regentes forestales) and their control (article 21).

For its part, the Regulation to the Forest Law, Decree No. 25721-MINAE of October 17, 1996, in its original article 89, provided:

Article 89.- Forest use, the cutting of trees in urban agricultural areas, agroforestry projects, and reforestation and natural regeneration projects, with or without incentives, may be carried out on privately owned lands, whether registered or unregistered, on lands subject to possession (posesión), or on lands subject to tenure (tenencia), on leased lands, or under any other contractual modality. To demonstrate ownership title (titularidad de la propiedad), it will be necessary to present a notarial or registry certification establishing the registration details; to demonstrate, at the discretion of the A.F.E., the title of possession (titularidad de la posesión), the submission of one of the following documents will be a requirement: private sale agreement protocolized by a notary public, information ad perpetuam, sworn possessory information (información posesoria jurada). In the event that none of these documents are available, the proceeding will be carried out with a sworn statement from the titleholder and, in this single case, an official verification inspection must be performed."

This article was amended by article 3 of Decree No. 26429-MINAE of October 15, 1997, as follows:

"Article 89.- Forest use, the cutting of trees in urban agricultural areas, agroforestry projects, and reforestation, natural regeneration, and conservation projects, with or without incentives, may be carried out on registered privately owned lands, land subject to possession, leased under usufruct, or under any other contractual modality contemplated in the current legal regulations. To demonstrate ownership title, it will be necessary to present a certification issued by the Public Registry of Property or by a notary public regarding the registration details.

To demonstrate the title of possession, the submission of one of the following documents will be a requirement:

a. If it involves lands undergoing a possessory information proceeding (trámite de información posesoria), certification must be submitted from a notary or the corresponding court stating that it is in the edict publication stage and that the term for hearing oppositions has expired, along with witness statements, notification to the Instituto de Desarrollo Agrario and the Attorney General's Office, as well as the respective expedited processes (sic) or, in default thereof, a certification from the corresponding authority indicating that the requirements of the Law on Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias) have been met.

b. Certification of having completed the information for Perpetual Memory (Perpetua Memoria), in accordance with the provisions of articles 874 and 875 of the Code of Civil Procedure.

c. Sworn statement of the possession rights, accompanied by the testimony of two witnesses who attest to said possession, a copy of the cadastral map or perimeter survey, and testimony from the adjoining landowners affirming their recognition of the shared boundary."

As can be appreciated, the list of documents to demonstrate the title of possession on unregistered lands was significantly modified, to enunciate theoretically safer and more reliable prerequisites than the previous ones, which presumably would have caused, in practice, serious problems of application and of real evidentiary insufficiency. (1)

(1) Among the Considerandos of Decree No. 26429-MINAE, no major mention is made on this point; it is only indicated "that upon the entry into force of executive decree No. 25721-MINAE, published in 'La Gaceta' No. 16 of Thursday, January 23, 1997, technical divergences of criteria have arisen in its application, which hinder the applicability of the Regulation" (first Considerando).

From the transcribed regulatory texts, an administrative intent is clear in having the information for perpetual memory proceeding serve as an evidentiary instrument to demonstrate possession over unregistered lands with a view to obtaining authorization for forest uses.

Notwithstanding the foregoing, this Attorney General's Office considers it necessary to make some observations on the suitability of this proceeding for safeguarding the purposes of the Forest Law, so that they may be taken into account by that Ministry for a prompt regulatory reform.

II.- THE INFORMATION FOR PERPETUAL MEMORY IN OUR CIVIL PROCEDURAL HISTORY UNTIL 1989

We already find informations for perpetual memory regulated in the General Code of the Republic of Costa Rica, also known as the Carrillo Code, of July 30, 1841, in Chapter XII of Title Seven ("Of Other Various Procedures").

This Chapter, named "ON THE MANNER OF PROCEEDING IN INFORMATIONS AD PERPETUAM AND IN CASES OF INDEFINITE ABSENCE OF WITNESSES, OR FEAR OF THEIR DEATH," is constituted by three articles. The first two, articles 626 and 627, would appear to correspond, according to the Chapter's name, to the information for perpetual memory proper:

"Article 626. He who requests an information ad perpetuam, to prove some fact, shall set it forth before the Judge, who, in the absence of a legitimate party, shall order it with the citation of the Procurador Síndico, or failing that, a principal person from the town.

Article 627. In the same manner one shall proceed when testimony of some instrument is to be taken, if there is no known interested party."

The last article, for its part, would refer to informations in cases of indefinite absence of witnesses, or fear of their death:

Article 628. If the death or indefinite absence of witnesses is feared, before the complaint or the evidence in any case, the statement of these witnesses and even the ratification may be requested, for its proper time. The Judge shall accede with contrary citation, and the information shall be reserved until the publication of probanzas." (sic)

Notwithstanding this differentiation, when article 227 of the same Code states that "all information made outside the term granted for evidence shall be null, except informationes ad perpetuam," one would have to conclude that both scenarios were known under the same name, since it would lack all logic to receive testimonial evidence under the terms of article 628 ibid, if it would later be declared null, in accordance with 227.

This clarification is pertinent because, as will be seen, these two procedural figures will be assimilated as one throughout a long historical period of our legal life.

Thus, we see that by the time of the Code of Civil Procedures of 1887 (2), both the procedure for the accreditation of facts and the name of information ad perpetuam, contained in articles 626 and 627 of the Carrillo Code, disappear, and under Title I, "Prejudicial Acts," of Book Two, the Chapter called "Informations Outside of Trial (Informaciones fuera de juicio)" (articles 171 to 175) appears.

(2) Law No. 63 of September 28, 1887.

The text of this Chapter was copied entirely into the Code of Civil Procedures of 1933 (3), this time under articles 165 to 169.

(3) Legislative Decree No. 50 of January 25, 1933, and its amendments.

As in the previous Code, the articles were inserted as Chapter IV within Book II, under Title I, named "PREJUDICIAL ACTS." As the heading indicates, the information outside of trial was considered a prejudicial act, that is, necessarily in relation to a process before the courts of justice. This is also inferred from the original text itself, among others, articles 165 and 169:

"Article 165.- Outside of the trial or before the evidentiary term, the examination of witnesses or experts on pertinent facts may be requested when the witnesses are elderly or about to depart the country indefinitely, or when there is another reason for which their examination during the evidentiary term may be feared impossible, or when the objects upon which the expert examination is to be carried out may be modified or disappear if the examination is delayed."

"Article 169.- The informations authorized by this chapter may be requested not only by the one who wishes to prepare a complaint, but also by that person who intends to prove an exception."

On the other hand, and as is also notorious, it was a proceeding for very special circumstances in which the anticipated loss of judicial evidence was feared: elderly witnesses or those about to depart the country indefinitely, modification or disappearance of things or places (4), etc.

(4) Through an amendment by Law No. 1643 of September 28, 1953, the original paragraph of article 165 was partially modified, without changing its meaning, and two more paragraphs were added. The second paragraph provided that "Judicial inspection may also be requested when there is urgency in recording the state of places, or the state or condition of things, or any important fact of a material nature susceptible to personal assessment by the Judge and that could change or disappear at any moment."

This danger of the disappearance of possible evidentiary elements is the characteristic note that distinguishes this legal figure (information outside of trial); but it is also what long-standing legal doctrine attributed to the "information for perpetual memory."

"Its technical name has always been in the legal world that of informationes ad perpetuam rei memoria, or, shortening the phrase, informationes ad perpetuam. This is recognized by the Dictionary of the Academy, which defines them by saying: 'INFORMACION AD PERPETUAM, O AD PERPETUAM REI MEMORIAM, law. That which is done judicially and preventively so that something may be on record in the future; as when the witnesses are old or are to depart.' This definition is also that which is substantially given by our ancient practical authors (sic). (5)

(5) Manresa y Navarro, José María. "Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil." Volume VI. Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1910, p. 442. In an identical sense, we find the explanation of this legal figure in the Enciclopedia Jurídica Omeba: "In ancient and modern procedural laws, there exist some institutions that maintain autonomy in relation to processes, but that tend to ensure the outcomes of a more or less imminent trial. In a certain way, the information ad perpetuan or ad perpetuam rei memoriam, as it was known in ancient law, constitutes an advance of the 'preparatory measures for trial,' admitted by modern procedural legislations... To explain the scope of this measure, the cited author (Escriche) adds that, generally speaking, witness depositions are only received in lawsuits or cases; but it sometimes happens that a person may lose their right if they are not admitted from the outset to form their testimonial evidence for when they find themselves in the position to make use of it; as when one fears, for example, that their adversary is trying or may try (sic) to bring a lawsuit against them after the death of some elderly or sick persons or the absence of others with whose statement they would have to support their rights or exceptions." (Goldstrin, Mateo. Volume XV. Buenos Aires. Bibliográfica Omega, 1961, p.693).

This aspect was so intrinsic that Costa Rican jurisprudence, based on article 168 of the earlier Code of Civil Procedures (6), determined that if the circumstances that gave rise to the information outside of trial did not occur, the evidence lacked value:

(6) "Article 168.- These informations shall be valid as evidence and shall be admissible in trial, if the fact alleged to anticipate them actually occurred."

"It is appropriate to reject the information outside of trial presented, since the Code of Civil Procedure provides that said proceedings shall be valid if the alleged fact occurred; in this case, the witness's trip abroad, but since said event was not proven, the referred statement was rendered innocuous." (7)

(7) Sala Primera Civil. Voto No. 472 of 10 hours 5 minutes of November 5, 1976.

On the other hand, being an evidentiary element to be used in a trial, article 166 of the same Code ordered the citation of the opposing party against whom the evidence was to be used, if said party was known and resided in the country. If they had not attended to witness it, notification of the result was ordered within eight days from when the Judge declared it concluded. Likewise, if there was no known party, or if they resided outside the country and had no legal representative, the information was received with the citation of the representatives of the Attorney General's Office and an ad hoc guardian (curador ad-hoc) to be appointed.

This rule found its rationale in the very prejudicial nature of the evidence, based on the principle that it would subsequently be used in an adversarial process against the opposing party, making it necessary to protect the latter from having evidentiary elements contrary to their interests raised in their absence and without the opportunity to access legal mechanisms or remedies in their defense.

It is interesting to note how, while there normatively existed a single procedural figure, which was even known indistinctly as information outside of process or information for perpetual memory, in practice, and for certain cases, the simple proceeding contained in the Carrillo Code continued to be applied by the courts of justice, referring to the articles of information outside of trial, as if to give some type of legal support. These were more proceedings of voluntary jurisdiction (jurisdicción voluntaria), in which the recording of facts was sought, regardless of the filing of a subsequent lawsuit, especially with the goal of using them for procedures in administrative venues. Let us examine the following jurisprudence:

"This Chamber, in pronouncement number one hundred twenty-four of this year, left open the possibility of processing proceedings of this kind, when the party formulates the request with the sole and exclusive purpose of obtaining the corresponding identity card, for which they must prove—in the absence of other documentary means—the fact of their birth. One can well understand the serious problem that would arise in practice for many citizens, like the petitioner, obligated by law to carry their identity cards, exposed to specific sanctions in cases of failure to present the respective identity document when legally required to do so; if the doors of judicial verification, prior to the issuance of the identity card, of an indispensable act such as birth were closed to them. However, it is convenient to establish from now on, as a rule to follow henceforth, the restriction—which must be imposed in the final resolution approving the information proceedings—that the information may only be asserted, within the legal scope resulting from it, before the official body or bodies legally entrusted with the issuance of identity cards." (8)

(8) Sala Segunda Civil. Auto-sentencia No. 297 of 10 hours 20 minutes of April 12, 1960.

Curiously, through legislation, the information for perpetual memory proceeding was also incorporated into administrative procedures, as can be seen in the text cited below, taken from the Organic Law of the Colegio de Médicos y Cirujanos, Law No. 3019 of August 9, 1962, article 7 (amended by Law No. 4750 of April 26, 1971, article 3):

Article 7.- To obtain registration with the College, the following requirements must be met: (...)
c) Reliable proof of having observed good conduct;
d) Prove residency in the country for five years or more, before or after having completed professional studies; ...
The requirements indicated in subsections c) and d) shall be proven through information ad-perpétuam with the intervention of the Attorney General's Office and the College Prosecutor. (...)" (9)

(9) Another example to cite is the Law on War Pensions and Indemnities, No. 1922 of August 3, 1955, which in its article 16, subsection d), provided that for the granting of the benefits referred to in that law for children not of marriage, even if they had not been legally recognized, proof had to be given, in information ad-perpétuam raised with the intervention of the Patronato Nacional de la Infancia, that they lived in the same dwelling as the deceased or were fed and clothed by the deceased at the time of their death."

It is considering these antecedents, and the analogous existence of regulations in other countries (10), that the new Code of Civil Procedure redefines the scope of both figures.

(10) "Today it is necessary to distinguish between one and the other. Our ancient laws did not make the proper distinction in this matter, just as they did not distinguish between acts of voluntary jurisdiction and those of contentious jurisdiction, and from this arises the confusion in practice. All informations made outside of trial on civil matters used to be called ad perpetuam and were executed in an identical manner with no other difference than being done with the citation of a party (...) The current law, like the previous one, has made the distinction that a good system of procedures required, assigning to contentious jurisdiction the preliminary informations of trials, and those referring to facts from which harm may result to a known and determined person, and to voluntary jurisdiction those that are not in this case. The former will only take place in the cases and in the manner determined by the aforementioned art. 502, and the latter in those determined in the articles of this title, the only ones that today can be called informations for perpetual memory." (Manresa y Navarro, op. Cit., pp. 442-443).

III.- THE CODE OF CIVIL PROCEDURE OF 1989: NORMATIVE RESURGENCE OF THE INFORMATION FOR PERPETUAL MEMORY

With the enactment of the Code of Civil Procedure, Law No. 7130 of August 16, 1989, the information for perpetual memory and the information outside of trial are again separated normatively.

The information outside of trial from articles 165 to 169 of the previous Code transitioned with the new Code to articles 250 to 253, under the heading "Anticipated Evidence (Pruebas Anticipadas)" (Chapter II) within Title IV of "Precautionary Measures (Medidas Cautelares)," maintaining essentially the same characteristics.

For its part, under Book IV, "Non-Contentious Judicial Activity and Common Provisions," the "Informations for perpetual memory" appear as Chapter X (articles 897 and 898 (11)).

(11) This numbering corresponds to the amendment by Law No. 7643 of October 14, 1996; the original articles were 874 and 875.

These informations are now classified within what has traditionally been known as voluntary jurisdiction; proceedings characterized by their unilaterality and absence of a counterpart. The most recent doctrine discusses this characteristic:

"However, there are important differences that distinguish these two procedural figures, namely: a) The informations are carried out in the path of voluntary jurisdiction, and, therefore, presuppose that there is no dispute between parties. The opposite occurs with the preparatory means that will integrate the trial records, when the trial is initiated; b) The informations are carried out without a hearing for a counterpart that does not exist, whereas in the preparatory means the opposite occurs by express legal mandate; c) The informations are carried out to pre-constitute evidence without having in sight a specific trial in which to assert it, but rather to use it judicially or extrajudicially, whether before administrative authorities or in dealings between private parties. The preparatory means, on the contrary, are initiated to be asserted in a trial that is about to commence and to whose records they are added; d) The informations must be dismissed if a legitimate party opposes them, because they are carried out in the path of voluntary jurisdiction. Not so the preparatory means for trial." (12)

(12) Pallares, Eduardo. "Diccionario de Derecho Procesal Civil." Twelfth Edition. Mexico, Editorial Porrúa, 1979, p.412. In his Dictionary of Law, Luis Ribó Durán defines the information for perpetual memory as "a voluntary jurisdiction proceeding that interests both the civil and commercial business spheres. Its purpose is to document testimonial statements that it is of interest to obtain or preserve for, at the appropriate moment, bringing into a process as pre-constituted evidence, or simply to leave a record of said informations in the interest of the applicant." (Second edition. Barcelona, Bosch Cas Editorial S.A., 1995, p. 490).

Under this new regime, the information for perpetual memory, according to the provisions of article 897 of the Code of Civil Procedure, has the purpose of "the demonstration, through testimonial evidence, of specific facts that are of principal interest to the petitioner." As can be seen, through this wording, the character of a precautionary measure disappeared, to become proceedings of a strictly individual nature, whose interest centers on the declaration before judicial authority about facts in which the proponent has a particular interest.

It is worth noting that the information for perpetual memory is currently restricted to testimonial evidence, since, as was commented in the legislative approval process of the Code of Civil Procedure:

"General cases, not provided for in special laws, shall be processed according to what is stated in this chapter, and for which the evacuable evidence is only testimonial, for the following reasons: If the means of evidence were confession, it would no longer be a non-contentious act but the complete opposite; it would be absurd to think that the petitioner might want to render their own confession; if it concerns documentary evidence, it is the document that proves the fact, there being in this case no justification whatsoever for an information proceeding; if the suitable evidentiary means were expert, it can perfectly be done privately without the need for judicial intervention, if it concerns judicial inspection, this can be recorded in a notarial deed. Therefore, the only means of evidence that is capable of being evacuated in this non-contentious proceeding is testimonial evidence." (13)

(13) Code of Civil Procedure. Bill Processing. Records of the Legislative Assembly. File No. 10.195. Commission on Legal Affairs. Folio 1869.

Consistent with its current treatment, the information for perpetual memory is stripped of its contentious origin by eliminating the citation of the opposing party, leaving this only for the information outside of trial (article 251 (14)). The requirement, under article 898, of having the Attorney General's Office considered an interested party is kept, with the duty to respond to the hearing within three days and to expand, just as the judge, the examination of the witnesses with questions it deems pertinent to ensure the truthfulness of their statements. (15)

(14) Article 251.- Citation of the opposing party. The opposing party shall be cited to witness the practice of the evidence, unless said party is unknown or does not reside in the country and has no legal representative, in which case the representative of the Attorney General's Office and the ad hoc guardian who is to be appointed shall be cited. In highly qualified cases, at the judge's discretion, judicial inspection may be decreed without prior citation. If the opposing party attends despite not having been cited, they may intervene. Otherwise, the result must be notified to them within the term of eight days following its performance."

(15) "The participation of the Attorney General's Office is justified from the standpoint that the public interest requires truthfulness in witness statements, and thus said citation is directed at ensuring that." Legislative file No. 10.195, Folio 1869.

Finally, there is no final resolution that approves or disapproves the information; it is only ordered that a certified copy of the original file be delivered to the interested party. Before the new Code of Civil Procedure, the files were quite surprisingly handed over by the judicial offices to be used by the applicants for the purposes of the case.

IV.- SUITABILITY OF THE INFORMATION FOR PERPETUAL MEMORY TO DEMONSTRATE POSSESSION

The Regulation to the Forest Law, article 89, requires certification of having finalized the information for perpetual memory "to demonstrate the title of possession." It is clear that this possession refers to what is called decennial possession (posesión decenal), that is, the possession exercised with title of owner in a public, peaceful, and uninterrupted manner for more than ten years (article 856 of the Civil Code).

It should be noted that the same article of the Regulation refers to privately owned lands subject to possession, and ownership or property over real estate is only acquired by possession after ten years (16):

(16) There are exceptions to this principle, such as, for example, the Law on Titling for Rural Housing, No. 6154 of November 25, 1977, or in its time, the so-called Law on Multiple Land Titling, No. 5064 of August 22, 1972.

"Article 860.- To acquire the property of real estate, or some real right over them by prescription, a ten-year possession is required. The right to possess is prescribed by possession for one year."

As long as the ten years have not elapsed, the Civil Code itself provides for property in the name of the State (article 486).

It must also be remembered that this decennial possession, in the case of public domain goods, must, by principle, date back to a possession of at least ten years prior to the effective date of the regulation that creates the public domain regime. Various regulations retake this legal rule:

"Article 7.- As long as the State, by its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or the Instituto de Desarrollo Agrario, attending to reasons of national convenience, does not determine the lands that must remain under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession, except those that are under private domain with legitimate title: ..." (Law on Lands and Colonization, No. 2825 of October 14, 1961).

"Article 7.- When the real estate to which the information refers is included within a protected wild area, whatever its management category, the applicant must demonstrate being the titleholder of the legal rights over the decennial possession, exercised for at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created said wild area." (Law on Possessory Informations, No. 139 of July 14, 1941).

To this effect, special care must be taken with lands belonging to the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), defined in article 13 of Law No. 7575 as "the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its assets."

On the other hand, article 897 in fine of the Code of Civil Procedure establishes that "in the case of informations whose procedure is established in special laws, the provisions of those laws shall apply."

Regarding the accreditation of decennial possession, there exists in our legal system an express proceeding contemplated in the Law on Possessory Informations, No. 139 of July 14, 1941; consequently, for that purpose, the information for perpetual memory would not be viable.

It must be recalled that this proceeding merely seeks a simple accreditation of facts, and upon its conclusion does not result in an approving resolution in which they are taken as certain; therefore, if the declarations are used to derive effects that concern only landowners, such as forest harvesting (aprovechamiento del bosque), its nature would be distorted and it would be used for purposes not intended by the legal system, which has other, more reliable means for that purpose; and although at one time it may have been thought that the information for perpetual memory (información para perpetua memoria) could serve these purposes because it is a proceeding conducted before a judicial authority rather than an administrative one, the truth is that in practice it has lent itself to abuses, by extending its effects from a mere declaration of facts to absolute proof of ownership, without field verification or supplementary tenure studies by the corresponding administrative office.

The Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), for its part, establishes a series of legal controls to ensure to a large extent that state or third-party property will not be harmed; which makes great sense, if one considers that what is sought there could violate the fundamental right to private property or to the enjoyment of public goods by all.

Among these controls are the hearing of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), on two occasions (at the beginning and conclusion of the proceeding), and of the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), on one occasion; the publication of edicts (edictos); the preparation of a cadastral survey (plano catastrado); notification to the adjoining landowners (colindantes) of the property; the reception of testimonial evidence; and the holding of a judicial inspection (reconocimiento judicial) for farms larger than thirty hectares.

It is an incontrovertible fact that a simple reception of witnesses can never offer the same safety devices as the possessory information (información posesoria) proceeding.

On the one hand, witnesses are ordinarily received at the Judicial Office, so their declaration would be made without reference to the property whose possession they would attest to. Cases could arise in which the applicant brings witnesses to certify the possession of a property, close to the one they know, so that neither they nor the Judge could realize such a deception.

Likewise, the absence of a cadastral survey makes it more difficult to locate the property or properties being testified about; and in that regard, the presence of an Attorney General does not ensure, for example, that nonexistent possessory rights over public-domain lands are not being alleged, since their location is impossible or necessarily imprecise by purely verbal means, even more so in the case of mountain lands.

And of course, the danger of accommodating testimonial evidence makes this proceeding extremely risky for both public and private interests. The experience this Office of the Attorney General has had within possessory information proceedings regarding the veracity of witnesses' statements has been very negative, being definitively insufficient to properly demonstrate ten-year possession (posesión decenal) of a property, without resorting to other, jointly more effective means.

Regarding the suitability of the information for perpetual memory proceeding to accredit possession, the doctrine has stated:

"He who has a right, it is said, has an interest, and, therefore, has an action to request that ownership be recognized; that a probative document of his ownership be given to him with notice to those who might have an interest in opposing the prescription (prescripción). That document cannot be an information ad perpetuam (información ad perpetuam), since this being conducted without notice to the third parties whose ownership is claimed to be lost by prescription, it cannot prejudice them and, therefore, does not justify ownership."(17)

(17) De María, Pablo; cited by Couture, Eduardo. "Estudios de Derecho Procesal Civil". Vol. II. Buenos Aires, Ediar Editores, 1949, p. 318.

In this regard, the publication of edicts and notification to adjoining landowners are two useful means that the possessory information procedure has to safeguard the interests of possible injured parties, and which the information for perpetual memory lacks. Consider, for example, the case of forest harvesting activities that one might wish to carry out on the lands of another person or of an adjoining landowner; the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado) would be unable to learn of these situations through a simple declaration of witnesses.

The Law of Possessory Informations, for cases where some type of particular or public injury may exist, contains several procedural remedies to halt the illegitimate claim, which are nonexistent in the information for perpetual memory:

"Article 8.- If within the terms indicated in Article 5, any person manifests in a reasoned writing to the Judge that the titling of the farm causes them injury, the proceeding shall be suspended so that the parties may define their rights in a declaratory judgment (juicio declarativo). (...)

If within the terms indicated in Article 5, opposition arises from the State or from the IDA, it shall be ordered that the case file be archived and the administrative remedy shall be deemed exhausted so that the title applicant may bring action in the contentious-administrative jurisdiction (vía contencioso-administrativa), against the State or said Institute, in discussion of their right to avail themselves of the provisions of this law." (Ley de Informaciones Posesorias).

If we draw a parallel with the out-of-court information (información fuera de juicio) already studied, we will realize that the legal system seeks, when there may be harm to someone, to inform them in some way or give them a hearing so they may express themselves in some manner:

"Article 251.- Notice to the opposing party. The opposing party shall be summoned to witness the taking of evidence, unless said party is unknown or does not reside in the country, and has no legal representative, in which case the representative of the Office of the Attorney General of the Republic and the ad hoc guardian to be appointed shall be summoned.

In very qualified cases, at the judge's discretion, the judicial inspection may be ordered without prior notice. If the opposing party appears despite not having been summoned, they may intervene in it. Otherwise, the result must be notified to them within eight days following its holding." (Civil Procedure Code).

It is evident, in our understanding, that the information for perpetual memory only seeks the accreditation of pure and simple facts, of exclusive interest to its applicant; but it can never be a useful instrument to demonstrate ten-year possession over a property, in which particular or state interests may be at stake; especially if what is intended with it is the forest exploitation of the property, with the proprietary consequences that are inherent to it.

In fact, there will always be a state interest, since Article 486 of the Civil Code, as indicated, establishes the presumption in favor of the State's ownership of real property not reduced to private ownership.

That same Code establishes several norms that presuppose a more consolidated status on the part of anyone seeking to assert ownership rights over real property:

"Article 267.- For ownership over real property to produce all its legal effects, it must be duly registered in the General Property Registry (Registro General de la Propiedad)."

"Article 455.- Titles subject to registration that are not registered do not prejudice third parties, except from the date of their submission to the Registry. (...)"

In both normative suppositions, the existence of a prior supplementary title of ownership (título supletorio de dominio) is undeniable, which normally comes from a possessory information proceeding.

Therefore, if one seeks to assert possessory rights before the Administration, as is the case of forest harvesting on unregistered farms, a mere declaration of witnesses is not sufficient; rather, the proper course is to resort to the fulfillment of a specific and complete proceeding that the legal system has specifically provided in that regard, such as the possessory information.

Thus, this Office of the Attorney General concludes that the information for perpetual memory is not only insufficient to deem ten-year possession over a property accredited, but also that its inclusion among the means of proof in Article 89 of the Regulations to the Forestry Law (Reglamento a la Ley Forestal) contradicts the procedural rules in force, since a specific proceeding exists for that purpose in our legal system; therefore, its immediate repeal is recommended due to its manifest illegality.

Furthermore, and in fulfillment of the legal powers conferred by our Organic Law in defense of the environment (Article 3, subsection h), Law No. 6815 of September 27, 1982), it is necessary to add that by allowing subsection a) of Article 89 ibid the demonstration of ownership of possession in the case of lands undergoing a possessory information proceeding with a certification from the corresponding authority, which we understand would be the judicial authority, indicating that the requirements established in the Ley de Informaciones Posesorias have been met; the most logical course, to safeguard legal certainty and the forest resource, would have been the certification of the final judgment (sentencia firme) approving the proceedings, given that between one step and the next, ordinarily, little time will pass and there will be the certainty of a judicial resolution with assessment of the evidentiary element. The same can be said regarding the first part of subsection a), insofar as the fulfillment of the requirements indicated therein (declaration of witnesses, expiration of the term to hear oppositions, appearance of the Office of the Attorney General of the Republic and of the Institute of Agrarian Development), implies an advanced stage of the case file, making it advisable to await the final judgment.

Likewise, the evidentiary procedure described in subsection c) of the same article entails a proceeding similar in some aspects to that of the possessory information (presentation of a survey or field survey (levantamiento), declaration of witnesses, statement by adjoining landowners, and sworn statement); therefore, in addition to being inappropriate, it makes no sense not to resort to the proper possessory information proceeding, which offers greater guarantees, such as the participation of the Office of the Attorney General of the Republic and of third parties, through the publication of an edict, in safeguarding public and private interests, respectively.

It must be taken into account that among the competencies of the State Forest Administration, Article 6 of Law No. 7575, is that of "conserving the country's forest resources, both on lands of the State's natural heritage and in private forest areas" (subsection a), so it must seek the safest mechanisms aimed at ensuring that forest harvesting is carried out, not only through rational and sustainable management plans, but also by the persons who truly appear with the better right over the forest resource. All with a view to giving full normative expression to Articles 45 and 50 of the Constitution, as well as to a good number of international agreements signed by our country, such as the Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the Countries of America (Law No. 3763 of October 19, 1966), the Convention for the Cultural and Natural Heritage (Law No. 5980 of November 16, 1976), the Constitutive Agreement of the Central American Commission on Environment and Development (Law No. 7224 of April 9, 1991), the Convention on Biological Diversity and its Annexes (Law No. 7416 of June 30, 1994), the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wild Areas in Central America (Law No. 7433 of September 14, 1994), and the Regional Convention for the Management and Conservation of Natural Forest Ecosystems and the Development of Forest Plantations (Law No. 7572 of February 1, 1996).


This legal opinion modifies, as pertinent, Ruling No. C-035-92 of February 25, 1992.


Sincerely,


 


Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes


Deputy Attorney General


VBC/