Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, se advierte que no procede analizar lo acusado en contra de los recurridos, en tanto, según el numeral 30, inciso c) de la ley supracitada, no cabe el recurso de amparo “Contra los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial”. Por ende, los reclamos aquí planteados deberán ser expuestos dentro del proceso penal mencionado, en el cual se dictó la medida cautelar que, según aduce la parte recurrente, permitió los actos de demolición y derribo que aquí se reclaman. Así las cosas, se declara inadmisible el recurso.
English (translation)II.- ON THE SPECIFIC CASE. In this case, it is noted that it is not appropriate to analyze the allegations against the respondents, since, according to Article 30(c) of the aforementioned law, amparo is not admissible “Against acts carried out by administrative authorities in executing judicial resolutions, provided such acts are performed in compliance with what was entrusted by the respective judicial authority.” Therefore, the claims raised here must be brought within the mentioned criminal proceeding, in which the precautionary measure was ordered that, according to the petitioner, permitted the demolition and tearing-down acts challenged here. Consequently, the appeal is declared inadmissible.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 41335 - 2025 Fecha de la Resolución: 11 de Diciembre del 2025 a las 10:10 Expediente: 25-036763-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 25-036763-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2025041335 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del once de diciembre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre87592, cédula de identidad CED48213, contra la DELEGACIÓN POLICIAL DE SAN CARLOS y la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 17:13 horas del 24 de noviembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de San Carlos y Delegación Policial de San Carlos. Indica lo siguiente: “El día 19 de noviembre de 2025, funcionarios de la Municipalidad de San Carlos, apoyados por la fuerza Pública de San Carlos, se apersonaron a la comunidad de Chorreras, en el distrito de Cutris, cantón de San Carlos, provincia de Alajuela., a efectos de realizar la demolición de la Iglesia, escuela, y aposentos habitacionales del pueblo asentado en dicho lugar, en cumplimiento de la medida cautelar “MEDIDA CAUTELAR ATIPICA DE LA RESTITUCIÓN DE LAS COSAS A SU ESTADO ANTERIOR” dictado dentro del proceso penal signado a expediente 25-000857-306- PE. 2. El día 19 de noviembre de 2025, los funcionarios de la Municipalidad de San Carlos, apoyados por la fuerza Pública de San Carlos empezaron sus labores de demolición y destrucción del poblado generando grandes destrozos en la escuela pública del lugar y en la Iglesia, generando enormes cúmulos de escombros y basura en la zona, y ante los reclamos airados de los habitantes de la zona por los destrozos hechos a la Iglesia y la contaminación generada, los funcionarios optaron por retirarse. 3. La comunidad de Chorreras se encuentra expectante de que los funcionarios municipales y la fuerza pública regresen de nuevo a terminar lo que comenzaron. (…) Con base en lo expuesto, solicito respetuosamente a esta Honorable Sala Constitucional: 1. Declarar con lugar el presente recurso de amparo contra la Municipalidad de San Carlos y contra la Fuerza Pública de San Carlos, por violación al derecho de tener un ambiente sano la comunidad de Chorreras, consagrado en el numeral 50 de nuestra Carta Magna. 2. Ordenar a la Municipalidad de San Carlos que deje sin efectos los actos de derribo y demolición de la comunidad de Chorreras, hasta tanto se cumpla a cabalidad con las exigencias legales en materia ambiental y que por ahora han sido groseramente irrespetadas”. Asegura incumplimiento a la normativa ambiental. Reclama que tampoco se realizó un estudio técnico de impacto ambiental por parte de la Setena. Solicita que se dejen sin efecto los actos de derribo y demolición hasta que se cumpla con las exigencias ambientales. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente manifiesta que el 19 de noviembre de 2025, funcionarios de la municipalidad recurrida, apoyados por la Fuerza Pública de San Carlos, se apersonaron ala comunidad de Chorreras a realizar la demolición de la iglesia, escuela y aposentos habitaciones del pueblo asentado en el lugar, en cumplimiento de la medida cautelar atípica de restitución de las cosas a su estado anterior, dictada en el proceso penal 25-000857-306-PE. Comenta que se generaron cúmulos de basura y escombros y, ante los reclamos de los habitantes, los funcionarios se retiraron. Señala que están en espera de que tales funcionarios regresen a terminar lo que iniciaron. Asegura incumplimiento a la normativa ambiental. Reclama que tampoco se realizó un estudio técnico de impacto ambiental por parte de la Setena. Solicita que se dejen sin efecto los actos de derribo y demolición hasta que se cumpla con las exigencias ambientales. II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, se advierte que no procede analizar lo acusado en contra de los recurridos, en tanto, según el numeral 30, inciso c) de la ley supracitada, no cabe el recurso de amparo “Contra los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial”. Por ende, los reclamos aquí planteados deberán ser expuestos dentro del proceso penal mencionado, en el cual se dictó la medida cautelar que, según aduce la parte recurrente, permitió los actos de demolición y derribo que aquí se reclaman. Así las cosas, se declara inadmisible el recurso. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Alejandro Delgado F. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- Q25FV1ZSIT061 EXPEDIENTE N° 25-036763-0007-CO Teléfonos: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:57:31. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Grande Normal Pequeña Constitutional Chamber Resolution No. 41335 - 2025 Date of Resolution: December 11, 2025 at 10:10 a.m. File No.: 25-036763-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution * * * FILE NO. 25-036763-0007-CO PROCEEDING: AMPARO APPEAL RESOLUTION NO. 2025041335 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and ten minutes on December eleventh, two thousand twenty-five. Amparo appeal filed by Nombre87592, identification card CED48213, against the POLICE DELEGATION OF SAN CARLOS and the MUNICIPALITY OF SAN CARLOS. Whereas: 1.- By written submission incorporated into the Chamber's digital case file at 5:13 p.m. on November 24, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of San Carlos and the Police Delegation of San Carlos. They state the following: “On November 19, 2025, officials of the Municipality of San Carlos, supported by the Public Force of San Carlos, appeared at the community of Chorreras, in the district of Cutris, canton of San Carlos, province of Alajuela, for the purpose of carrying out the demolition of the Church, school, and residential quarters of the town settled in that location, in compliance with the precautionary measure 'ATYPICAL PRECAUTIONARY MEASURE OF RESTITUTION OF THINGS TO THEIR PREVIOUS STATE' issued within the criminal proceeding designated under file 25-000857-306-PE. 2. On November 19, 2025, the officials of the Municipality of San Carlos, supported by the Public Force of San Carlos, began their demolition and destruction work on the settlement, generating extensive damage to the local public school and the Church, producing enormous accumulations of debris and garbage in the area, and in the face of the angry protests from the area's inhabitants over the damage done to the Church and the contamination generated, the officials chose to withdraw. 3. The community of Chorreras is apprehensive that the municipal officials and the public force will return again to finish what they started. (…) Based on the foregoing, I respectfully request this Honorable Constitutional Chamber to: 1. Grant this amparo appeal against the Municipality of San Carlos and against the Public Force of San Carlos, for violation of the right to a healthy environment for the community of Chorreras, enshrined in Article 50 of our Magna Carta. 2. Order the Municipality of San Carlos to nullify the acts of tearing down and demolition of the community of Chorreras, until the legal requirements in environmental matters are fully complied with, which for now have been grossly disregarded.” They allege non-compliance with environmental regulations. They also claim that a technical environmental impact study (estudio técnico de impacto ambiental) was not carried out by SETENA. They request that the acts of tearing down and demolition be nullified until the environmental requirements are met. 2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any action submitted for its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient grounds for judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a previous, equal, or similar rejected action. Drafted by Judge Castillo Víquez; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that on November 19, 2025, officials of the respondent municipality, supported by the Public Force of San Carlos, appeared at the community of Chorreras to carry out the demolition of the church, school, and residential quarters of the town settled in the location, in compliance with the atypical precautionary measure of restitution of things to their previous state, issued in criminal proceeding 25-000857-306-PE. They comment that accumulations of garbage and debris were generated and, in the face of the protests of the inhabitants, the officials withdrew. They indicate that they are waiting for such officials to return to finish what they started. They allege non-compliance with environmental regulations. They also claim that a technical environmental impact study (estudio técnico de impacto ambiental) was not carried out by SETENA. They request that the acts of tearing down and demolition be nullified until the environmental requirements are met. II.- ON THE SPECIFIC CASE. In this instance, it is noted that it is not appropriate to analyze the accusations against the respondents, since, according to Article 30, subsection c) of the aforementioned law, an amparo appeal is not admissible “Against acts carried out by administrative authorities when executing judicial rulings, provided that these acts are carried out in compliance with what was entrusted by the respective judicial authority.” Therefore, the claims raised here must be presented within the mentioned criminal proceeding, in which the precautionary measure was issued that, according to the appellant's assertion, permitted the demolition and tearing down acts claimed herein. As matters stand, the appeal is declared inadmissible. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The appeal is rejected outright. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Alejandro Delgado F. Digitally Signed Document -- Verification code -- *Q25FV1ZSIT061* FILE NO. 25-036763-0007-CO Telephones: Telf09 / 800-SALA-4TA (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:57:31. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República