Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De lo anterior, la Sala concluye que contrario a lo que afirma el ente municipal, para el desarrollo del proyecto Torres del Paraíso, si se requiere el Estudio de Impacto Ambiental y la Viabilidad Ambiental otorgada por SETENA. Nótese que por oficio DEA-1986-2013 del primero de julio del dos mil trece, del Departamento de Evaluación Ambiental de SETENA establece que Viabilidad Ambiental se requiere en los casos de segregaciones incluyen obras asociadas como: movimientos de tierras, mejoras o aperturas de calles o caminos, electrificación, tubería de agua potable, alcantarillado pluvial o sanitarios (las cuales también implican movimientos de tierra) según el Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC (...)
En este sentido la Sala Constitucional en la resolución 2005-04001 de las nueve horas con trece minutos del quince de abril del dos mil trece, dispuso lo siguiente: (...) Ciertamente, como afirma la SETENA, nunca se recibió en esa dependencia el criterio formal de la autoridad competente como era lo procedente, es decir, el Programa Nacional de Humedales, pero se estima que con la sola existencia de ese aviso y en atención al principio precautorio la SETENA debió solicitarlo, de previo a otorgar la viabilidad ambiental.
English (translation)The Chamber concludes that, contrary to what the municipal authority asserts, the development of the Torres del Paraíso project does require an Environmental Impact Study and Environmental Viability granted by SETENA. It should be noted that, per official communication DEA-1986-2013 of July first, two thousand thirteen, from SETENA’s Environmental Assessment Department, Environmental Viability is required when segregations include associated works such as: earthworks, improvements or opening of streets or roads, electrification, drinking water pipelines, stormwater or sanitary sewerage (which also involve earthworks) in accordance with Executive Decree 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC (...)
In this regard, the Constitutional Chamber, in resolution 2005-04001 of nine hours thirteen minutes of April fifteen, two thousand five, held the following: (...) Admittedly, as SETENA claims, it never received the formal opinion of the competent authority as was proper, i.e., the National Wetlands Program; however, it is considered that given the mere existence of that notice and in light of the precautionary principle, SETENA should have requested it prior to granting environmental viability.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 13180 - 2013 Fecha de la Resolución: 04 de Octubre del 2013 a las 09:05 Expediente: 13-006836-0007-CO Redactado por: Aracelly Pacheco Salazar Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución #/ Exp: 13-006836-0007-CO Res. Nº 2013013180 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil trece. RECURSO DE AMPARO PRESENTADO POR JULIO SÁNCHEZ SOTO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0302260228, CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO DE CARTAGO. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, el diecinueve de junio del dos mil trece, el accionante presenta recurso de amparo contra la Municipalidad de Paraíso de Cartago. Acusa lesión al derecho al ambiente. Indica que el proyecto inmobiliario "Torres del Paraíso", ubicado en Paraíso de Cartago se desarrolla sin contar con la viabilidad ambiental otorgada por SETENA. Recalca que el proyecto se desarrolla en una zona de humedales. Señala que ha presentado múltiples gestiones, las cuales a la fecha no han sido atendidas. 2.- Mediante escrito presentado el ocho de julio del dos mil trece, Damaris Solano Castillo, Presidente del Concejo Municipal, Luis Facundo González Mocaleno, Encargado del Departamento de Ingeniería a.i. y Jorge Rodríguez Araya, Alcalde Municipal, todos de la Municipalidad de Paraíso de Cartago explican que de conformidad con la Ley de Planificación Urbana 4240, artículos 1 y 3 del Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones el proyecto cuestionado corresponde a un fraccionamiento simple. El uso de suelo se otorgó antes de entrar en vigencia el Plan Regulador del Cantón de Paraíso, el cuál debe ser respetado según el transitorio del Reglamento de Usos de Suelo contenido en la normativa de Plan Regulador, el cuál dispone: ³Todo uso de suelo otorgado por este Municipio antes de la Promulgación del Plan Regulador tendrá EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 una vigencia de un año´. El desarrollador tramitó ante esta municipalidad la Viabilidad Ambiental Municipal de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, siendo que, por oficio número DI-0154-2013 del Departamento de Ingeniería se otorgó permiso para remoción de capa vegetal en las propiedades de Emilce Bouzid Jiménez. El veintisiete de mayo del dos mil trece, el Departamento de Ingeniería Municipal procedió a efectuar la clausura de las obras en dicha propiedad por documento 131, debido a que se realizó la apertura de la vía pública para la colocación de la tubería. Que la Municipalidad acordó dotar de agua potable al fraccionamiento por medio de aguas subterreas (pozo). El desarrollador deberá perforar un pozo que produjera diez litros por segundo como mínimo. Cinco litros por segundo para dotar a las cuatrocientas cincuenta aguas potables y cinco litros por segundo que serían enviados al Tanque de Almacenamiento de Agua Municipal, conocido como tanque Mucap para la red de distribución del Distrito Quinto de Llanos de Santa Lucía. Mediante permiso de construcción número 3741-2013, la Municipalidad de Paraíso autorizó la construcción de vías públicas, lo que pone a derecho los trabajos realizados que motivaron la clausura. Por acuerdo tomado en la sesión 220 del veintiséis de febrero del dos mil trece, artículo 5 se aprobó el desfogue de las aguas negras. Mediante oficio número DI-149-2013 se aprobó el desfogue de aguas pluviales para fraccionamiento simple. Explican que el fraccionamiento simple no requiere de la presentación de viabilidad ambiental ante SETENA de acuerdo al Decreto Ejecutivo número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Que el Departamento de Bienes Inmuebles y Catastro indica que las calles que atraviesan de norte a sur la propiedad en que se desarrolla el fraccionamiento simple frente a la vía pública, son calles públicas existentes desde el año mil novecientos noventa y tres, según EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 los planos catastrados existentes. En cuanto a las manifestaciones de existencia de humedales explican que el estudio de Fotointerpretación y Trabajo de Campo del Río Chiri y Humedales cercanos al Distrito Quintos de Llanos de Santa Lucía, elaborado por el geólogo Jonathan Martínez determinó tomando en cuenta el plano catastrado C-341047-79 que en los alrededores al proyecto existen tres humedales, ninguno de ellos dentro de la propiedad en donde se desarrolla el proyecto. 3.- Por escrito presentado el tres de julio del dos mil trece, Uriel Juarez Baltodano, Secretario General de la Secretaría Nacional Ambiental indica que el Archivo Institucional del Departamento Administrativo establece que no existe en los registros de SETENA ningún proyecto inmobiliario a nombre de Torres del Paraíso. Conforme el criterio técnico del Departamento de Evaluación Ambiental por medio del oficio DEA-1986-2013 del primero de julio del dos mil trece, se establece lo siguiente: a) Cuando dichas segregaciones incluyen obras asociadas como: movimientos de tierras, mejoras o aperturas de calles o caminos, electrificación, tubería de agua potable, alcantarillado pluvial o sanitarios (las cuales también implican movimientos de tierras) sí se requiere que se presente ante esta instancia el trámite de evaluación de impacto ambiental. Esto por cuanto los movimientos de tierra de acuerdo a la legislación vigente requieren contar con la viabilidad ambiental según el Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC; Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental del veintiocho de junio del dos mil cuatro, el volumen de movimiento de tierra y el sitio donde se ubique el Área del Proyecto (si se trata o no de un área ambiental frágil) determinará el instrumento a presentar ante esta instancia para el respectivo análisis. Recalca que la Secretaría solamente cuenta con la competencia legal para otorgar o denegar EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 una viabilidad ambiental cuando el proyecto nuevo se somete a Evaluación de Impacto Ambiental ante esa dependencia. No tiene competencia para actuar en el caso de proyectos al margen de la normativa ambiental. 4.- Por escrito presentado el cuatro de julio del dos mil trece, Bernal Soto Zúñiga, Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA indica que de la información del proyecto Torres del Paraíso que aparece en la Web, se toma la coordenada Lambert Norte 202500 N -548800 E y se verifica que no existe o ha existido algún trámite a nombre del proyecto denominado Torres de Paraíso, no aparecen pronunciamientos en relación con la ejecución del proyecto y valoración del posible impacto al recurso hídrico. Para poder emitir criterio técnico el desarrollador debe presentar un estudio hidrogeológico para valorar las condiciones de vulnerabilidad al recurso hídrico. 5.- Por escrito presentado el quince de julio del dos mil trece, Álvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo informa que el doce de junio del dos mil trece, el accionante presentó denuncia por la construcción de una urbanización sin los permisos necesarios. El primero de julio del dos mil trece, mediante memorando C-PU-D-408-2013 la Dirección de Urbanismo comunicó al accionante que se está solicitando una inspección de campo e informe a la Unidad Técnica. El once de julio del dos mil trece, se comunicó al amparado el resultado de la denuncia. Que la Dirección de Urbanismo otorgó un plazo de ocho días hábiles al Concejo Municipal de Cartago para que informara sobre lo actuado, los permisos otorgados al proceso de urbanización que se está realizando en la zona. Aclara los siguientes conceptos: Fraccionamiento frente a calles públicas con fines urbanísticos: es aquel donde se segregan los lotes frente a las calles existentes según el plano catastrado de la EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 finca, y lo que debe solicitar la municipalidad son las mejoras a media calle, dotación de servicios y el diez por ciento de las áreas públicas para el equipamiento urbano como juegos infantiles, parque y área comunal. La urbanización: es el fraccionamiento y habilitación de terreno para fines urbanos mediante la apertura de calles y provisión de servicios. 6.- Por oficio presentado el dieciocho de julio del dos mil trece, el amparado indica que por solicitud ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, se envió una inspectora externa, el veintisiete de junio del dos mil trece, donde se establece que no se cumple con los requisitos para obtener permisos de construcción. 7.- Por oficio presentado el veintiocho de julio del dos mil trece, el accionante reitera los argumentos esbozados en el escrito de interposición del recurso. Además aporta prueba para mejor resolver. 8.- Mediante documento de fecha veintinueve de julio del dos mil trece, el Ing. Miguel Marín Cantero, aporta copia del escrito del primero de julio del dos mil trece, del Coordinador a.i. del Departamento de Evaluación Ambiental de Setena. 9. - Por escrito presentado por Jorge Rodríguez Araya, explica que el proyecto conocido como Condominio Residencial El Paraíso es propiedad de la Sociedad Anónima 3-1-101-514383, condominio ubicado en setenta y cinco metros al oeste de las Cabinas Orquídeas, en el distrito Quinto de Llanos de Santa Lucía del Cantón de Paraíso. El proyecto conocido como Torres del Paraíso, es propiedad de Rose Emilce Buzis Jiménez, portadora de la cédula de identidad número 1-636-304, fraccionamiento simple frente a calle pública, costado este del Plantel del ICE Cóncavas, en el distrito Quinto de Llanos de Santa Lucía del Cantón de Paraíso. Ambos proyectos se realizan en el Distrito Quinto de Paraíso, EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 están separados a una distancia de ochocientos metros, son proyectos separados e independientes. 10.- Mediante escrito presentado el treinta de agosto del dos mil trece, el recurrente aporta como parte de las pruebas una publicidad impresa que distribuye la empresa Casa Vita, donde se promociona el Condominio Residencial El Paraíso, publicidad que corresponde al proyecto Torres del Paraíso. 11.- Por resolución de las trece horas y cincuenta y siete minutos del dos de setiembre del dos mil trece, la Sala solicitó como prueba para mejor resolver a Álvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo se pronunciara sobre los siguientes aspectos: A) SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA EL DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE: El doce de junio del dos mil trece, el accionante presentó denuncia ante la Dirección de Urbanismo del INVU referente al proyecto Torres del Paraíso. El primero de julio del dos mil trece, mediante memorando C-PU-D-408-2013 la Dirección de Urbanismo comunicó al accionante que se está solicitando una inspección de campo e informe a la Unidad Técnica. El once de julio del dos mil trece, se comunicó al amparado el resultado de la denuncia. Que la Dirección de Urbanismo otorgó un plazo de ocho días hábiles al Concejo Municipal de Cartago para que informara sobre lo actuado, los permisos otorgados al proceso de urbanización que se está realizando en la zona. Pregunta: Que ocurrió con la denuncia presentada? y Que medidas ha tomado el INVU al respecto?. B) SOBRE EL PROYECTO INMOBILIARIO TORRES DEL PARAÍSO: Que ante la Municipalidad de Paraíso de Cartago se tramita el proyecto inmobiliario TORRES DEL PARAÍSO, es propiedad de Rose Emilce Buzis Jiménez, portadora de la cédula de identidad número 1-636-304, fraccionamiento simple frente a calle pública, costado este del Plantel del ICE Cóncavas, en el distrito EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Quinto de Llanos de Santa Lucía del Cantón de Paraíso, plano catastrado C-112193-9, folio real 3-139585. Por oficio número US-IF-18-10-2012 del dieciocho de octubre del dos mil doce, el Departamento de Planificación Urbana otorgó CERTIFICADO DE USO DE SUELO , referente al Fraccionamiento simple frente a calle pública, plano catastrado C-341047-79, matrícula 15380, ubicado detrás del Campo Ayala, Distrito de Paraíso de Cartago. Por acuerdo tomado en la sesión 220 del veintiséis de febrero del dos mil trece, artículo 5 se aprobó el DESFOGUE DE LAS AGUAS NEGRAS. Que la Municipalidad acordó dotar de agua potable al fraccionamiento por medio de aguas subterreas (pozo). Mediante oficio número DI-149-2013 del veinte de mayo del dos mil trece, la Municipalidad de Paraíso, aprobó el DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES para fraccionamiento simple frente a calle pública Torres del Paraíso. Que el veinte de mayo del dos mil trece, la Unidad Técnica de y Estudios de la Municipalidad de Paraíso otorgó PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 003737-2013, ACERAS Y CORDÓN, plano catastrado C-112193-93. Que el treinta de mayo del dos mil trece, la Unidad Técnica y Estudios de la Municipalidad de Paraíso otorgó PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 003741-2013, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VÍAS (mejoras en las vías) plano catastrado C-112193-93. Que por oficio número DI-0154-2013 del Departamento de Ingeniería se OTORGÓ PERMISO PARA REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL en las propiedades de Emilce Bouzid Jiménez. Pregunta: Si los permisos otorgados a la propiedad implican: movimientos de tierras, mejoras o aperturas de calles o caminos, electrificación, tubería de agua potable, alcantarillado pluvial o sanitarios?. 12.- Por oficio presentado el nueve de setiembre del dos mil trece, Alvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Urbanismo informa que el quince de julio del dos mil trece, se recibió el oficio ALC-EXT-INVU-06-2013 del Alcalde de la Municipalidad de Paraíso, quién afirma que el proyecto Torres del Paraíso es un fraccionamiento simple frente a vías públicas, adjunta planos catastrados de las calles que aparecen dentro del levantamiento catastral de la Unidad Ejecutora de Catastro y Registro, visados en 1993, y señalando que dichos caminos públicos estaban en abandono por la Municipalidad y en estado de deterioro. Se informa que se otorgó permiso de construcción número 003741-2013, se autorizó la construcción de calles y mediante número 3737-2013 fue autorizada la construcción de una acera y cordón de caño que aún no ha iniciado. También indica el Alcalde que se va a construir frente a calles públicas y no a lo interno del terreno, siendo que la interesada envió carta con fecha cinco de julio del dos mil trece, renunciando al desarrollo de las calles que dividen transversalmente la propiedad. Este oficio originó nuevo análisis e informe técnico PU-VCM-089-2013 elaborado por los funcionarios de la Dirección de Urbanismo del INVU, el cuál transcribe al Alcalde Municipal en oficio PU-D-546-2013 del veintiocho de agosto del dos mil trece, citándose el artículo 36 inciso a) de la Ley de Planificación Urbana referido a la negación de visado municipal en fraccionamientos simples cuando entre otros, hay carencia de servicios indispensables, siendo que, en el caso de marras el mismo Alcalde señaló que las calles públicas existentes estaban en total abandono y deterioradas. Además destaca dicho informe que en la visita se observó el gaveteado de las calles transversales por parte del desarrollador, pese a que en el informe el Alcalde señaló que se renuncia al desarrollo de dichas calles internas. En dicho informe también se indica que la municipalidad no aclara sobre le rótulo en esa propiedad que indica ³Condominio Paraíso´ y del que no existe ningún trámite en la Dirección de Urbanismo. Que la Dirección de Urbanismo del INVU mediante EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 oficio PU-C 545-2013, recibido por el veintinueve de agosto del dos mil trece, por Osvaldo Jiménez, investigador del OIJ de Cartago, envía copia certificada de la documentación relacionada con todo lo actuado por mi representada en el caso Condominio Torres del Paraíso. Sobre los permisos de construcción y uso de suelo. Resalta que el INVU no ha otorgado ningún visado de construcción de este proyecto; anteproyecto de condominio, ni fraccionamiento urbanístico o fraccionamiento con fines urbanísticos. Ante la pregunta sobre si los permisos otorgados implican movimientos de tierra, mejoras o apertura de calles o caminos, electrificación, tubería de agua potable, alcantarillados sanitarios, indica que efectivamente dichos permisos de construcción implican lo señalado. Insiste que no se encuentra en los registros ningún visado para el desarrollo de dichos proyectos. Que el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de fraccionamiento frente a vías públicas existentes pero cuando se cuente con los requerimientos establecidos en el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y lo establecido en el Capítulo II Fraccionamientos del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones encontrándose como requisito la cesión de áreas públicas. En el caso de apertura de calles estamos ante un proyecto de urbanización y los desarrolladores están sujetos al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 13.- Mediante escrito presentado el diecisiete de setiembre del dos mil trece, Rose Emile Bouzid Jiménez, propietaria fiduciaria de las fincas del proyecto denominado ³Torres del Paraíso´, ubicado en el Distrito Llanos de Santa Lucía, del Cantón de Paraíso de Cartago, aporta copia de la resolución de la viabilidad ambiental emitida por SETENA, a favor del proyecto ³Torres del Paraíso´. 14.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 legales. Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y, Considerando: I.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: La Sala, desde sus inicios, ha insistido en una sólida y consistente línea jurisprudencial en el sentido de que tratándose de cuestiones que involucren violaciones o amenazas de violaciones al ambiente, existe una legitimación casi universal para accionar en la vía del amparo para tutelar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en este sentido la sentencia 1993-03705 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, consideró: ³Tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación de los particulares para actuar judicialmente y lograr la aplicación de las normas que tienen esa finalidad o bien, solicitar la tutela jurisdiccional para amparar sus derechos violados, es de gran importancia. (...) Esta Sala en Sentencia Número 2233-93 al señalar que la preservación y protección del ambiente es un derecho fundamental, da cabida a la legitimación para acudir a la vía de amparo. En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas por del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero ³derecho reaccional´, que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para ³reaccionar´frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos.´Resulta claro, entonces, que a partir de la sentencia parcialmente transcrita, la Sala le reconoce al recurrente la legitimación para accionar por la vía del amparo y reitera una vez más, que el tipo de legitimación que existe en el caso de la tutela al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es difusa. Así, se otorga una legitimación amplísima, razón por la que el amparo deviene absolutamente admisible y entra el Tribunal a conocerlo por el fondo. II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) Ante la Municipalidad de Paraíso de Cartago se tramita el proyecto inmobiliario TORRES DEL PARAÍSO, que es propiedad de Rose Emilce Buzis Jiménez, portadora de la cédula de identidad número 1-636-304, fraccionamiento simple frente a calle pública, costado este del Plantel del ICE Cóncavas, en el distrito Quinto de Llanos de Santa Lucía del Cantón de Paraíso, plano catastrado C-112193-9, folio real 3-139585 (ver documentos); b) Por oficio número US-IF-18-10-2012 del dieciocho de octubre del dos mil doce, el Departamento de Planificación Urbana otorgó CERTIFICADO DE USO DE SUELO, referente al Fraccionamiento simple frente a calle pública, plano catastrado C-341047-79, matrícula 15380, ubicado detrás del Campo Ayala, Distrito de Paraíso de Cartago (ver informe); c) El seis de noviembre del dos mil doce, mediante acta municipal # 196, artículo 11, el Concejo Municipal de Paraíso, acordó dotar de EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 agua potable al fraccionamiento Torres del Paraíso -cuatrocientos cincuenta pajas de agua- por medio de AGUAS SUBTERREAS (POZO) (ver informe de la Municipalidad); d) Por acuerdo tomado en la sesión 220 del veintiséis de febrero del dos mil trece, artículo 5 se aprobó el DESFOGUE DE LAS AGUAS NEGRAS (ver informe); e) Que la Municipalidad afirma que los estudios realizados indican que en los alrededores del proyecto se encuentran tres humedales, ninguno dentro de la propiedad (ver informe rendido por la autoridad recurrida); f) El quince de mayo del dos mil trece, el accionante presentó solicitud de información al Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Paraíso referente al proyecto que se realiza costado sur del Campo Ayala. Por oficio del veintiuno de mayo del dos mil trece, el Departamento de Ingeniería otorga respuesta al accionante (ver documentos); g) El diecisiete de mayo del dos mil trece, el accionante presentó a la Municipalidad copia de una denuncia incoada ante SETENA (ver documento); h) Mediante oficio número DI-149-2013 del veinte de mayo del dos mil trece, la Municipalidad de Paraíso, aprobó el DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES para fraccionamiento simple frente a calle pública Torres del Paraíso (ver informe); i) El veinte de mayo del dos mil trece, la Unidad Técnica de y Estudios de la Municipalidad de Paraíso otorgó PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 003737-2013 , ACERAS Y CORDÓN, plano EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 catastrado C-112193-93 (ver informe y permisos otorgados); j) Por oficio DI-0154-2013 del veintiuno de mayo del dos mil trece, del Departamento de Ingeniería se establece que la propiedad cuenta con AUTORIZACIÓN DE REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL (ver informe y oficio); k) El veintiuno de mayo del dos mil trece, el accionante presentó una denuncia ante la Auditoría Interna Municipal referente a un material de construcción enviado al proyecto Torres del Paraíso, el cuál fue contestado por oficio número AI-052 del dieciocho de junio del dos mil trece (ver documento e informe rendido); l) El veintisiete de mayo del dos mil trece, el accionante presentó denuncia ante la Auditoría Interna Municipal por considerar que el proyecto Torres de Paraíso corresponde a obras de urbanización y no un fraccionamiento simple, documento que se encuentra en estudio en la Municipalidad (ver documento); m) El treinta de mayo del dos mil trece, la Unidad Técnica y Estudios de la Municipalidad de Paraíso otorgó PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 003741-2013, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VÍAS (mejoras en las vías) plano catastrado C-112193-93 (ver informe y permisos otorgados); n) El treinta y uno de mayo del dos mil trece, el recurrente presentó solicitud de documentos del proyecto Torres del Paraíso al Departamento de Ingeniería Municipal. Por oficio DI-196-2013 del trece de junio del dos mil trece, comunicado el diecisiete de junio del año en curso se dio respuesta al amparado (ver documento); o) El once de junio del dos mil trece, el accionante presentó ante el EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Concejo Municipal recurso extraordinario contra el acuerdo del Concejo Municipal artículo 11 del acta 196 de la sesión celebrada el seis de noviembre del dos mil doce, siendo que, por acuerdo tomado en la sesión ordinaria número doscientos cuarenta y cuatro del dieciocho de junio del dos mil trece, artículo doce, fue rechazado; documento comunicado por oficio SCM 286-13 del veintisiete de junio del dos mil trece (ver documento); p) El doce de junio del dos mil trece, el accionante solicitó al Alcalde Municipal se le explique porque el proyecto denominado Las Torres de Paraíso está en proceso de construcción si sólo cuenta con permiso de remoción de capa vegetal, gestión que fue atendida mediante oficio DI-210-2013 del veinticuatro de junio del dos mil trece, por el Departamento de Ingeniería Municipal (ver documento); q) El doce de junio del dos mil trece, el accionante presentó denuncia ante la Dirección de Urbanismo del INVU referente al proyecto Torres del Paraíso. El primero de julio del dos mil trece, mediante memorando C-PU-D-408-2013 la Dirección de Urbanismo comunicó al accionante que se está solicitando una inspección de campo e informe a la Unidad Técnica. El once de julio del dos mil trece, se comunicó al amparado el resultado de la denuncia. Que la Dirección de Urbanismo otorgó un plazo de ocho días hábiles al Concejo Municipal de Cartago para que informara sobre lo actuado, los permisos otorgados al proceso de urbanización que se está realizando en la zona. El quince de julio del dos mil trece, se recibió el oficio ALC-EXT-INVU-06-2013 del Alcalde de la Municipalidad de Paraíso, quién afirma que el proyectos Torres del Paraíso es un EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 fraccionamiento simple frente a vías públicas, adjunta planos catastrados de las calles que aparecen dentro del levantamiento catastral de la Unidad Ejecutora de Catastro y Registro, visados en 1993, y señalando que dichos caminos públicos estaban en abandono por la Municipalidad y en estado de deterioro. Indica el Alcalde que se va a construir frente a calles públicas y no a lo interno del terreno, siendo que la interesada envió carta con fecha cinco de julio del dos mil trece, renunciando al desarrollo de las calles que dividen transversalmente la propiedad. Este oficio originó nuevo análisis e informe técnico PU-VCM-089-2013 elaborado por los funcionarios de la Dirección de Urbanismo del INVU, el cuál transcribe al Alcalde Municipal en oficio PU-D-546-2013 del veintiocho de agosto del dos mil trece, citándose el artículo 36 inciso a) de la Ley de Planificación Urbana referido a la negación de visado municipal en fraccionamientos simples cuando entre otros, hay carencia de servicios indispensables, siendo que, en el caso de marras el mismo Alcalde señaló que las calles públicas existentes estaban en total abandono y deterioradas. Además destaca dicho informe que en la visita se observó el gaveteado de las calles transversales por parte del desarrollador, pese a que en el informe el Alcalde señaló que se renuncia al desarrollo de dichas calles internas. En dicho informe también se indica que la municipalidad no aclara sobre le rótulo en esa propiedad que indica ³Condominio Paraíso´y del que no existe ningún trámite en la Dirección de Urbanismo. Que la Dirección de Urbanismo del INVU mediante oficio PU-C 545-2013, recibido por el veintinueve de agosto del dos mil trece, por Osvaldo Jiménez, EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 investigador del OIJ de Cartago, envía copia certificada de la documentación relacionada con todo lo actuado por mi representada en el caso Condominio Torres del Paraíso (ver documentación). r) Por oficio DEA-1986-2013 del primero de julio del dos mil trece, del Departamento de Evaluación Ambiental de SETENA establece que revisadas las bases de datos no se encuentra ningún registro de Evaluación de Impacto Ambiental, y por ende tampoco de la Viabilidad Ambiental para el proyecto inmobiliario en Paraíso de Cartago Torres de Paraíso. Que la segregación o lotificación frente a calle pública no se encuentra establecida dentro de la lista de actividades sobre procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Cuando dichas segregaciones incluyen obras asociadas como: movimientos de tierras, mejoras o aperturas de calles o caminos, electrificación, tubería de agua potable, alcantarillado pluvial o sanitarios (las cuales también implican movimientos de tierra) sí se requiere que se presente ante esta instancia el trámite de evaluación de impacto ambiental. Esto por cuanto los movimientos de tierra de acuerdo a la legislación vigente requieren contar con la viabilidad ambiental según el Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC; Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental del veintiocho de junio del dos mil cuatro, el volumen de movimiento de tierra y el sitio donde se ubique el Área del Proyecto (si se trata o no de un área ambiental frágil) determinará el instrumento a presentar ante esta instancia para el respectivo análisis´(ver documento); s) Según certificación del dos de julio del dos mil trece, del Concejo EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Municipal de Paraíso, el Departamento de Bienes Inmuebles y Catastro establece que las calles que atraviesan de norte a sur la propiedad en que se desarrolla el fraccionamiento simple frente a la vía pública, son calles públicas existentes desde el año mil novecientos noventa y tres, según los planos catastrados existentes (ver certificación de la Secretaría del Concejo Municipal de Paraíso); t) Por resolución de las trece horas y cincuenta y siete minutos del dos de setiembre del dos mil trece, la Sala solicitó como prueba para mejor resolver a Álvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo explicar si los permisos otorgados a la propiedad implican: movimientos de tierras, mejoras o aperturas de calles o caminos, electrificación, tubería de agua potable, alcantarillado pluvial o sanitarios?. Por oficio presentado el nueve de setiembre del dos mil trece, el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo contestó que los permisos otorgados si implican lo señalado (ver documento); u) Por resolución 2264-2013 SETENA de las ocho horas diez minutos del seis de setiembre del dos mil trece, el Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Ambiental otorga la viabilidad ambiental al Proyecto Condominio Horizontal ³Torres del Paraíso´, expediente administrativo # D1-10405-2013 SETENA (ver documento). III.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El Tribunal Constitucional considera oportuno explicar, una vez más, los alcances de esta garantía constitucional, esto por las características tan particulares de las que goza tal derecho. Así, podemos apuntar que el derecho que posee todo ser humano a desenvolverse en un ambiente EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 sano y ecológicamente equilibrado tiene un contenido amplísimo, pues equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida de todas las personas, ante esto, la garantía que nuestra Carta Política recoge en su artículo 50 rebasa la dimensión que en ocasiones se le otorga a este derecho, estimándose que este no supera más allá de los criterios de conservación natural. Esa garantía pasa más bien a ubicarse dentro de toda esfera en que se desarrolle la vida de los humanos. Ante esto, es posible afirmar que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento jurídico, modelando y reinterpretando la totalidad de sus institutos. El derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado hace referencia al equilibrio que debe existir entre el desarrollo social, económico y político de una República con la conservación de los recursos naturales que ella posee; es decir, el equilibrio que debe existir en el entorno dentro del cual se desenvuelve la vida de las personas, la consecución de ese balance entre desarrollo y conservación es lo que diversos instrumentos internacionales y distintas corrientes de pensamiento han llamado desarrollo sostenible. Ambos derechos -al desarrollo social, económico y político y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado- se encuentran reconocidos de forma expresa en el artículo 50 de la Constitución Política, ese numeral perfila nuestro modelo estatal como Estado Social de Derecho. La ubicación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de las regulaciones constitucionales del Estado Social de Derecho es el punto a partir del cual debe este ser analizado. El Estado Social de Derecho produce el fenómeno de incorporación al texto fundamental de normas programáticas, que se pueden entender como una serie de objetivos económicos, sociales y políticos de gran relevancia tendientes a la adecuada convivencia de las estructuras sociales de un Estado, además de la introducción de derechos y garantías sociales que aseguran el interés general, el bien común -como valor del ordenamiento jurídico y como EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 objetivo de toda sociedad- y la satisfacción de las necesidades de las personas. Desde este punto de vista, nuestra Carta Política trata con especial énfasis la tutela del ambiente, debido a que es uno de los instrumentos a través de los cuales se puede proteger y mejorar la calidad de vida de las personas que interactúan en un complejo societario. Todo esto convierte en necesaria la intervención de los poderes públicos, que están obligados a ejecutar conductas tendientes a evitar alteraciones al equilibrio ambiental pues las inacciones u omisiones por parte del Estado tratándose de cuestiones relacionadas con el ambiente podrían convertirse en obstáculos para que las personas se desarrollen y desenvuelvan plenamente. De igual forma que el principio del Estado Social de Derecho es de aplicación inmediata, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado también lo es, de manera que se manifiesta en la doble vertiente de derecho subjetivo de las personas y configuración como meta o fin de la acción de los poderes públicos en general. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado encuentra su primera razón de ser en que, por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de garante de estos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho. Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. Entonces, el Estado debe asumir un doble comportamiento de no hacer y de hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir los requerimientos constitucionales relacionados con la protección del medio. IV.- EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL COMO MEDIO DE PROTECCIÓN. En diversas ocasiones este Tribunal en su jurisprudencia ha explicado la necesidad de que determinadas actividades cuenten con una evaluación de impacto ambiental aprobada, esto debido a que tal procedimiento administrativo permite identificar y predecir desde un punto de vista técnico-científico los efectos que una actividad puede provocar sobre el medio, en este sentido esta Sala, en la sentencia número 2005-05544 de las 15:38 horas del 10 de mayo de 2005, señaló: ³VI.- El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. Las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De conformidad con el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, que es decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC publicado el 28 de junio del 2004, que reformó el decreto ejecutivo No. 25705-MINAE, la evaluación de impacto ambiental abarca tres fases: a) la evaluación ambiental inicial, que consiste en un procedimiento de análisis de las características ambientales de la actividad, obra o proyecto, con respecto a su localización para determinar la relevancia del impacto ambiental, de este análisis previo se puede otorgar incluso una viabilidad ambiental potencial (que es temporal) o el condicionamiento de la misma a la presentación de otros instrumentos de la Evaluación de EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Impacto Ambiental; b) la confección del estudio de impacto ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental según corresponda. El estudio de impacto ambiental es un documento de naturaleza u orden técnico de carácter interdisciplinario, que constituye un instrumento de evaluación ambiental, que debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo a su realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar, y corregir los impactos ambientales que determinadas acciones puedan causar sobre el ambiente y a definir la viabilidad (licencia) ambiental del proyecto, obra o actividad objeto del estudio; y c) el control y seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. La viabilidad ambiental por su parte, representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o en la fase de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad de que se trate y amerite. De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental son aquellas actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado. Debe hacerse especial énfasis en que será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del estudio de impacto ambiental, no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean éstas administrativas o reglamentarias (según lo indicado por este Tribunal, en sentencia número 1220-2002, de las EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 catorce horas cuarenta y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos). La Sala en la sentencia No. 2001-6503 señaló: ³III.- Obligación de las instituciones del Estado de cumplir con la legislación ambiental en su actividad ordinaria: El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir ±a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente.´(sentencia número 2001-6503, supra citada). El legislador encomendó a la ³Secretaría Técnica Nacional Ambiental´, las evaluaciones a cargo de ³un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría« de conformidad con las guías elaboradas por ella. El costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del interesado´. En el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente se estableció que ³las resoluciones de la Secretaría Técnica Ambiental deberán ser fundamentadas y razonadas´, con lo que se recoge en esta materia el principio general de fundamentación de los actos administrativos desarrollado también por la Ley General de la Administración Pública, que es a su vez una garantía que integra el debido proceso sustantivo. La aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica y encomendados a SETENA, un análisis pormenorizado que incluya, como lo exige el artículo 24 de la Ley del Ambiente, los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación que hacen posible la aprobación del estudio. Además, debe responder a las normas, los objetivos de ordenación y prioridades ambientales del Estado nacional y del gobierno local, tal como lo recoge el principio 11 de la Declaración de Río. Debe hacerse además, la advertencia de que la realización y aprobación del estudio de impacto ambiental no implica en sí misma la puesta en funcionamiento del proyecto en cuestión, por cuanto es tan sólo uno de los requisitos exigidos para culminar el EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 proceso de autorización, que en algunos casos será la obtención del permiso de salud, la aprobación de los planos de la urbanización por la municipalidad respectiva, el visto bueno de la concesión por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, el otorgamiento de las licencias comerciales, etc. Ello es así debido a que, tratándose del ambiente no se puede hablar de variables inmodificables; todo lo contrario, por su propia naturaleza el ambiente es, por sí mismo y con mayor grado por intervención del ser humano, cambiante. La aprobación de un estudio de impacto ambiental en los términos que lo señala la Ley Orgánica del Ambiente, tampoco supone una autorización inmodificable para realizar un determinado proyecto humano, toda vez que a través de la labor de fiscalización a cargo de la Administración, al detectarse un daño al ambiente según lo establece la Convención de Río, el permiso puede revocarse, a fin de garantizar el derecho establecido en el numeral 50 de la Constitución Política y a la vez, ejecutar la garantía ambiental que se dispone para resguardar la aplicación de medidas ambientales de corrección, mitigación o compensación por daños ambientales o impactos ambientales negativos no controlados por la actividad, obras o proyectos.´ V.- SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO. OMISIÓN DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL OTORGADO POR SETENA: Acusa el accionante que el proyecto inmobiliario Torres de Paraíso no cuenta con la Viabilidad Ambiental otorgada por SETENA. Por su parte los funcionarios de la Municipalidad de Paraíso explican que no son necesarios esos permisos debido a que no estamos en presencia de una urbanización sino de un fraccionamiento simple. Al respecto la Sala tiene por demostrado que ante la Municipalidad de Paraíso de Cartago se tramita el proyecto inmobiliario TORRES DEL PARAÍSO, que es propiedad de Rose Emilce Buzis Jiménez, portadora de la cédula de identidad número 1-636-304, fraccionamiento simple frente a calle pública, costado este del Plantel del ICE Cóncavas, en el distrito Quinto de Llanos de Santa Lucía del Cantón de Paraíso, plano catastrado C-112193-9, folio real 3-139585. Por oficio número US-IF-18-10-2012 del dieciocho de octubre del dos mil doce, el Departamento de Planificación Urbana EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 otorgó CERTIFICADO DE USO DE SUELO , referente al Fraccionamiento simple frente a calle pública, plano catastrado C-341047-79, matrícula 15380, ubicado detrás del Campo Ayala, Distrito de Paraíso de Cartago. El seis de noviembre del dos mil doce, mediante acta municipal # 196, artículo 11, el Concejo Municipal de Paraíso, acordó dotar de agua potable al fraccionamiento Torres del Paraíso -cuatrocientos cincuenta pajas de agua- por medio de AGUAS SUBTERREAS (POZO). Por acuerdo tomado en la sesión 220 del veintiséis de febrero del dos mil trece, artículo 5 se aprobó el DESFOGUE DE LAS AGUAS NEGRAS. Que la Municipalidad afirma que los estudios realizados indican que en los alrededores del proyecto se encuentran tres humedales, ninguno dentro de la propiedad. Mediante oficio número DI-149-2013 del veinte de mayo del dos mil trece, la Municipalidad de Paraíso, aprobó el DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES para fraccionamiento simple frente a calle pública Torres del Paraíso. El veinte de mayo del dos mil trece, la Unidad Técnica de y Estudios de la Municipalidad de Paraíso otorgó PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 003737-2013, ACERAS Y CORDÓN, plano catastrado C-112193-93. Por oficio DI-0154-2013 del veintiuno de mayo del dos mil trece, del Departamento de Ingeniería se establece que la propiedad cuenta con AUTORIZACIÓN DE REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL. Por oficio DEA-1986-2013 del primero de julio del dos mil trece, del Departamento de Evaluación Ambiental de SETENA establece que revisadas las bases de datos no se encuentra ningún registro de Evaluación de Impacto Ambiental, y por ende tampoco de la Viabilidad Ambiental para el proyecto inmobiliario en Paraíso de Cartago Torres de Paraíso. Que la segregación o lotificación frente a calle pública no se encuentra establecida dentro de la lista de actividades sobre procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Cuando dichas segregaciones incluyen obras asociadas como: EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 movimientos de tierras, mejoras o aperturas de calles o caminos, electrificación, tubería de agua potable, alcantarillado pluvial o sanitarios (las cuales también implican movimientos de tierra) sí se requiere que se presente ante esta instancia el trámite de evaluación de impacto ambiental. Esto por cuanto los movimientos de tierra de acuerdo a la legislación vigente requieren contar con la viabilidad ambiental según el Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC; Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental del veintiocho de junio del dos mil cuatro, el volumen de movimiento de tierra y el sitio donde se ubique el Área del Proyecto (si se trata o no de un área ambiental frágil) determinará el instrumento a presentar ante esta instancia para el respectivo análisis´. Según certificación del dos de julio del dos mil trece, del Concejo Municipal de Paraíso, el Departamento de Bienes Inmuebles y Catastro establece que las calles que atraviesan de norte a sur la propiedad en que se desarrolla el fraccionamiento simple frente a la vía pública, son calles públicas existentes desde el año mil novecientos noventa y tres, según los planos catastrados existentes. Por oficio presentado el nueve de setiembre del dos mil trece, por Alvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo informa que los permisos otorgados implican: movimientos de tierras, mejoras o aperturas de calles o caminos, electrificación, tubería de agua potable, alcantarillado pluvial o sanitarios. Además señala que en la visita realizada a la propiedad se observa el gaveteado de las calles transversales por parte del desarrollador. De lo anterior, la Sala concluye que contrario a lo que afirma el ente municipal, para el desarrollo del proyecto Torres del Paraíso, si se requiere el Estudio de Impacto Ambiental y la Viabilidad Ambiental otorgada por SETENA. Nótese que por oficio DEA-1986-2013 del primero de julio del dos mil trece, del EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Departamento de Evaluación Ambiental de SETENA establece que Viabilidad Ambiental se requiere en los casos de segregaciones incluyen obras asociadas como: movimientos de tierras, mejoras o aperturas de calles o caminos, electrificación, tubería de agua potable, alcantarillado pluvial o sanitarios (las cuales también implican movimientos de tierra) según el Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC; Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental del veintiocho de junio del dos mil cuatro. Por oficio presentado el nueve de setiembre del dos mil trece, por Alvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo informa que los permisos otorgados implican: movimientos de tierras, mejoras o aperturas de calles o caminos, electrificación, tubería de agua potable, alcantarillado pluvial o sanitarios. Además señala que en la visita realizada a la propiedad se observa el gaveteado de las calles transversales por parte del desarrollador. De ahí que, la omisión apuntada constituye una amenaza ilegítima al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Dado que por escrito presentado el diecisiete de setiembre del dos mil trece, Rose Emile Bouzid Jiménez, propietaria fiduciaria de las fincas del proyecto denominado ³Torres del Paraíso´, ubicado en el Distrito Llanos de Santa Lucía, del Cantón de Paraíso de Cartago, aporta copia de la resolución 2264-2013 SETENA de las ocho horas diez minutos del seis de setiembre del dos mil trece, donde el Ministerio de Ambiente y Energía, y la Secretaría Técnica Ambiental otorga la viabilidad ambiental al Proyecto Condominio Horizontal ³Torres del Paraíso´, expediente administrativo # D1-10405-2013 SETENA. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso para efectos indemnizatorios. VI.- SOBRE LA SUPUESTA AFECTACIÓN A HUMENDALES: Alega el accionante que el proyecto inmobiliario se desarrolla en una zona de humedales. EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Por su parte la autoridad indica que de acuerdo al estudio de Fotointerpretación y Trabajo de Campo del Río Chiri y Humedales cercanos al Distrito Quintos de Llanos de Santa Lucía, elaborado por el geólogo Jonathan Martínez determinó que en los alrededores al proyecto existen tres humedales, ninguno de ellos dentro de la propiedad en donde se desarrolla el proyecto. De la lectura de la resolución 2264-2013 SETENA de las ocho horas diez minutos del seis de setiembre del dos mil trece, del Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Ambiental que otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Condominio Horizontal ³Torres del Paraíso´, expediente administrativo # D1-10405-2013 SETENA, se constata que ésta omite referirse al tema de lo humedales, siendo este uno de los temas principales en este recurso de amparo. Por lo que de conformidad con el principio precautorio (en este caso por la posibilidad de poner en riesgo o en peligro los humedales existentes en la zona) SETENA debió hacer un estudio y pedir los informes necesarios de previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental. En este sentido la Sala Constitucional en la resolución 2005-04001 de las nueve horas con trece minutos del quince de abril del dos mil trece, dispuso lo siguiente: ³V.- («) No obstante, lo que sí queda claro a la Sala es que lleva razón la recurrente en punto a que existen indicios de que se podría poner en riesgo un humedal en la zona y que para otorgar la viabilidad ambiental por parte de la SETENA se obvió la existencia de esos indicios acerca de los cuales el Programa Nacional de Humedales había dado aviso. Ciertamente, como afirma la SETENA, nunca se recibió en esa dependencia el criterio formal de la autoridad competente como era lo procedente, es decir, el Programa Nacional de Humedales, pero se estima que con la sola existencia de ese aviso y en atención al principio precautorio la SETENA debió solicitarlo, de previo a otorgar la viabilidad ambiental. VI.- A juicio de la Sala, los elementos probatorios con que se cuenta en autos imponen la estimatoria de este recurso, por verificarse una amenaza ilegítima al derecho de la amparada a disfrutar de un medio ambiente sano y EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 ecológicamente equilibrado, atribuible al Estado por omisiones de la SETENA y del Programa Nacional de Humedales, dependenciaS del MINAE. En efecto, ante los indicios tan importantes con que se cuenta de la existencia de un humedal en la zona donde se pretende construir la estación de servicio y el conocimiento previo de que se levantaría dentro de una zona propensa a inundaciones, lo propio era que la SETENA aplicara el principio precautorio, de conformidad con el cual, ante el peligro de un daño grave o irreversible al medio ambiente y con el fin de protegerlo, el Estado debe aplicar ampliamente el criterio de precaución, conforme a sus capacidades. En este caso no debió la SETENA otorgar la viabilidad ambiental sin contar con el criterio formal del órgano competente del MINAE, en el que estableciera con seguridad si en el lugar existe o no un humedal, criterio que si bien debió haber sido brindado por el Programa de Humedales, incluso de oficio, al no haberlo hecho como en Derecho correspondía en tutela del medio ambiente y del mandato constitucional, contenido en el artículo 50 de la Constitución Política, con el sólo aviso que hizo ese Programa debió la SETENA haber solicitado el criterio formal, previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental, para así otorgarla con la certeza total de que no se estaría poniendo en riesgo el medio ambiente. Al no haberse actuado así, se repite, se amenaza ilegítimamente el derecho alegado por la recurrente y en tal virtud se acoge este recurso en cuanto a ese extremo solamente, por lo que, en consecuencia, se suspenden los efectos del acto administrativo SG-1864 del veintidós de octubre de dos mil dos emitido por la SETENA, mediante el cual otorgó la viabilidad ambiental al proyecto objeto de este amparo, por el plazo de treinta días hábiles contado a partir del recibo de esta comunicación, con el fin de que en ese lapso la SETENA gestione y obtenga del órgano competente un dictamen en el que se descarte la existencia de un humedal, que podría ser dañado con la construcción de la estación de servicio que se pretende, así como un estudio en el que se descarte el riesgo de contaminación de la Quebrada Sube y Baja y del Río Nosara. Solamente en caso de que se verifique, sin lugar a dudas, que en el sitio no hay un humedal ni riesgo de contaminación de la Quebrada Sube y Baja y del Río Nosara, podría continuarse con el proyecto, con la consecuente responsabilidad estatal ante el proyectista, que deberá dilucidarse en sede administrativa o en la jurisdiccional común, una vez agotada la vía´(el destacado no corresponde al original). EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 En consecuencia, se suspenden los efectos del acto administrativo 2264-2013 SETENA de las ocho horas diez minutos del seis de setiembre del dos mil trece, mediante el cual otorgó la viabilidad ambiental al proyecto objeto de este amparo, por el plazo de treinta días hábiles contado a partir del recibo de esta comunicación, con el fin de que en ese lapso SETENA gestione y obtenga del órgano competente un dictamen en el que se descarte la existencia de humedales, que podrían ser dañados con la construcción del Proyecto inmobiliario Torres del Paraíso. VII.- SOBRE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS EL QUINCE DE MAYO, TREINTA Y UNO DE MAYO Y EL DOCE DE JUNIO, TODOS DEL DOS MIL TRECE: La Sala tiene por acreditado que el quince de mayo del dos mil trece, el accionante presentó solicitud de información al Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Paraíso referente al proyecto que se realiza costado sur del Campo Ayala, la cuál fue atendida mediante oficio del veintiuno de mayo del dos mil trece, por el Departamento de Ingeniería. Que el treinta y uno de mayo del dos mil trece, el recurrente presentó solicitud de documentos del proyecto Torres del Paraíso al Departamento de Ingeniería Municipal, la cuál fue atendida por oficio DI-196-2013 del trece de junio del dos mil trece, comunicado el diecisiete de junio del año en curso. Que el doce de junio del dos mil trece, el accionante solicitó al Alcalde Municipal se le explique porque el proyecto denominado Las Torres de Paraíso está en proceso de construcción si sólo cuenta con permiso de remoción de capa vegetal, la cuál fue atendida mediante oficio DI-210-2013 del veinticuatro de junio del dos mil trece, por el Departamento de Ingeniería Municipal. De lo anterior, la Sala determina que las solicitudes de información presentadas fueron atendidas dentro de un plazo razonable. En consecuencia, lo procedente es EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 declarar sin lugar el recurso en este extremo. VIII.- REFERENTE AL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Sobre las denuncias presentadas el veintiuno de mayo y veintisiete de mayo, ambas del dos mil trece; y el recurso extraordinario presentado el once de junio del dos mil trece; esta Sala resuelve conforme se indica a continuación: NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de vista que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad ±y sus subprincipios de concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 proceso unificado, el proceso de trámite preferente o ³amparo de legalidad´, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria. VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo ±incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material ±esto es, de comparecer sin patrocinio letrado- y de EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 gratuidad para el recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. IX.- NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He sostenido la tesis de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quien debe conocer la controversia jurídica es este Tribunal, y no los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Empero, han ocurrido hechos recientes, que son motivos razonables y objetivos, que me obligan a cambiar de postura. En primer término, la jurisdicción ordinaria ha demostrado ser accesible, oportuna y célere en la resolución de estas cuestiones. En segundo lugar, he apoyado la tesis de la mayoría de este Tribunal, en el sentido de que no es admisible el amparo cuando se alega una vulneración a la tutela judicial efectiva a causa de atrasos injustificados en sede judicial, salvo cuando el asunto haya concluido y cuando efectivamente se trata de omisiones groseras e injustificadas. Ergo, si mantengo la posición de que las violaciones al 41 constitucional en sede administrativa deben ser conocidas en la jurisdicción constitucional, alguien, con justa razón, me podría señalar que soy inconsistente, residenciando unos asuntos en la jurisdicción constitucional y no en la ordinaria, y remitiendo otros a la jurisdicción ordinaria y no a la constitucional. De ahí que, para ser consecuente, se impone el cambio de criterio. Por último, si la jurisdicción ordinaria está haciendo bien su trabajo lo lógico es que continúe con él y, de esa forma, se libera tiempo, espacio y recursos para abocarnos a resolver otras controversias jurídicas, que, por cierto, siguen desbordando la capacidad de este Tribunal. X.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO. El Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y declara sin lugar el recurso en todos sus EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 extremos por las razones siguientes: A) En cuanto a la violación al derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, estimo que el amparo debe de ser desestimado bajo el siguiente orden de consideraciones: 1.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene ³Toda persona ´de gozar ³a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado´. Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que ³El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho´; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas, para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos. 2.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad ±legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público ±ente u órgano administrativo- efectuando estudios, EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable ±sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento ±serie concatenada de actuaciones administrativas- y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas ±procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (³ordinariarlo´), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal. 3.- COROLARIO. Por lo expuesto, estimo que el presente recurso, en lo que corresponde al ordinal 50 constitucional, de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, considero que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarme en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. B) De otra parte, estimo que lo tocante a la falta de resolución de las gestiones formuladas por el tutelado los días 27 de mayo y 11 de junio de 2013 no se debió enviar a la jurisdicción contencioso administrativa y, por el contrario, se debe de analizar por el fondo en el presente amparo. Esto, ya que, al estar relacionadas dichas gestiones con la violación al ordinal 50 constitucional, pueden ser conocidas por esta Sala. Así las cosas, luego de analizadas las pruebas allegadas a los autos, estimo que, en la especie, no se ha quebrantado lo dispuesto en el ordinal 41 constitucional. Esto, ya que, para la fecha en que el recurrente formuló el presente amparo, sea, para el 19 de junio de 2013, no había transcurrido un plazo irrazonable o excesivo a fin que la administración resolviera tanto la denuncia planteada el 27 de mayo de 2013, como el recurso de revisión formulado EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 el 11 de junio de 2013. En criterio del suscrito, el amparo, en lo tocante a dichas gestiones, resulta prematuro y, por consiguiente, debe de ser declarado sin lugar. C) Finalmente, en lo tocante a lo señalado con la gestión formulada por el recurrente el 21 de mayo de 2013 (considerando VIII) y lo analizado con respecto a la violación al derecho de petición y de acceso a la información (considerando VII), coincido con el criterio de mayoría de declarar sin lugar el amparo por las razones allí expuestas. POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso por lesión al artículo 50 de la Constitución Política. Se suspenden los efectos del acto administrativo 2264-2013 SETENA de las ocho horas diez minutos del seis de setiembre del dos mil trece, mediante el cual se otorgó la viabilidad ambiental al proyecto objeto de este amparo, por el plazo de treinta días hábiles contado a partir del recibo de esta comunicación, con el fin de que en ese lapso SETENA gestione y obtenga del órgano competente un dictamen en el que se descarte la existencia de humedales, que podrían ser dañados con la construcción del proyecto inmobiliario Torres del Paraíso. Se condena a la Municipalidad de Paraíso y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y declara sin lugar el recurso en todos sus extremos. En cuanto a la lesión al derecho a la información se declara sin lugar el recurso. En relación con el artículo 41 de la Constitución Política se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Gilbert Armijo S. Presidente a.i Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S. Roxana Salazar C. Jose Paulino Hernández G. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- +)(7 #1) 83 KIHW6CQI7XS61 EXPEDIENTE N° 13-006836-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 18-04-2026 10:05:04. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on October fourth, two thousand thirteen.
AMPARO ACTION FILED BY JULIO SÁNCHEZ SOTO, IDENTITY CARD 0302260228, AGAINST THE MUNICIPALITY OF PARAÍSO DE CARTAGO.
Whereas:
1.- By document received in the Secretariat of the Chamber on June nineteenth, two thousand thirteen, the petitioner filed an amparo action against the Municipality of Paraíso de Cartago. He alleges a violation of the right to the environment. He indicates that the real estate project "Torres del Paraíso", located in Paraíso de Cartago, is being developed without having the environmental viability (viabilidad ambiental) granted by SETENA. He emphasizes that the project is being developed in a wetland zone. He points out that he has filed multiple petitions, which to date have not been addressed.
2.- By document filed on July eighth, two thousand thirteen, Damaris Solano Castillo, President of the Municipal Council, Luis Facundo González Mocaleno, Acting Head of the Engineering Department, and Jorge Rodríguez Araya, Municipal Mayor, all of the Municipality of Paraíso de Cartago, explain that in accordance with Urban Planning Law 4240, Articles 1 and 3 of the Regulation for the Control of Subdivisions and Urbanizations, the questioned project corresponds to a simple subdivision (fraccionamiento simple). The land use was granted before the Regulatory Plan of the Canton of Paraíso came into effect, which must be respected according to the transitional provision of the Land Use Regulation contained in the Regulatory Plan regulations, which states: "Any land use granted by this Municipality before the Promulgation of the Regulatory Plan shall be valid for one year". The developer processed before this municipality the Municipal Environmental Viability in accordance with the provisions of the Regulation, and by official communication number DI-0154-2013 from the Engineering Department, a permit was granted for removal of topsoil (remoción de capa vegetal) on the properties of Emilce Bouzid Jiménez. On May twenty-seventh, two thousand thirteen, the Municipal Engineering Department proceeded to carry out a worksite closure on said property through document 131, because the opening of the public road for pipe laying was carried out. The Municipality agreed to supply potable water to the subdivision (fraccionamiento) by means of groundwater (pozo). The developer must drill a well that produces a minimum of ten liters per second. Five liters per second to supply the four hundred fifty potable water connections and five liters per second that would be sent to the Municipal Water Storage Tank, known as the Mucap tank, for the distribution network of the Fifth District of Llanos de Santa Lucía. By means of construction permit number 3741-2013, the Municipality of Paraíso authorized the construction of public roads, which brings the works that caused the closure into compliance. By agreement taken in session 220 of February twenty-sixth, two thousand thirteen, article 5, the discharge of sewage (aguas negras) was approved. By official communication number DI-149-2013, the discharge of stormwater (aguas pluviales) was approved for a simple subdivision (fraccionamiento simple). They explain that a simple subdivision (fraccionamiento simple) does not require the submission of environmental viability (viabilidad ambiental) before SETENA, according to Executive Decree number 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures. The Department of Real Estate and Cadastre indicates that the streets running north-south across the property on which the simple subdivision (fraccionamiento simple) is being developed, facing the public road, are public streets that have existed since nineteen ninety-three, according to existing cadastral maps. Regarding the claims of the existence of wetlands, they explain that the Photointerpretation and Fieldwork Study of the Chiri River and Wetlands near the Fifth District of Llanos de Santa Lucía, prepared by geologist Jonathan Martínez, determined, taking into account cadastral map C-341047-79, that in the surroundings of the project there are three wetlands, none of them within the property where the project is being developed.
3.- By document filed on July third, two thousand thirteen, Uriel Juarez Baltodano, General Secretary of the National Environmental Secretariat, indicates that the Institutional Archive of the Administrative Department states that there is no record in SETENA's registries of any real estate project under the name of Torres del Paraíso. According to the technical criterion of the Department of Environmental Assessment, through official communication DEA-1986-2013 of July first, two thousand thirteen, the following is stated: a) When such segregations include associated works such as: earthworks (movimientos de tierras), improvements or openings of streets or roads, electrification, potable water piping, storm or sanitary sewer systems (which also involve earthworks (movimientos de tierras)), it is required that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) procedure be submitted before this instance. This is because earthworks (movimientos de tierra), in accordance with current legislation, require environmental viability (viabilidad ambiental) according to Executive Decree 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC; the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures of June twenty-eighth, two thousand four, the volume of earthworks (movimiento de tierra) and the site where the Project Area is located (whether or not it is a fragile environmental area) will determine the instrument to be submitted before this instance for the respective analysis. It emphasizes that the Secretariat only has the legal competence to grant or deny environmental viability (viabilidad ambiental) when the new project is subjected to an environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) before this office. It does not have jurisdiction to act in the case of projects outside the environmental regulations.
4.- By document filed on July fourth, two thousand thirteen, Bernal Soto Zúñiga, General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage, SENARA, indicates that from the information on the Torres del Paraíso project that appears on the Web, the Lambert North coordinates 202500 N -548800 E are taken and it is verified that no procedure exists or has existed under the name of the project called Torres de Paraíso, nor do any pronouncements appear regarding the execution of the project and assessment of the possible impact on the water resource. To be able to issue a technical opinion, the developer must submit a hydrogeological study to assess the conditions of vulnerability to the water resource.
5.- By document filed on July fifteenth, two thousand thirteen, Álvaro González Alfaro, Executive President of the National Institute of Housing and Urbanism, reports that on June twelfth, two thousand thirteen, the petitioner filed a complaint regarding the construction of a residential development without the necessary permits. On July first, two thousand thirteen, through memorandum C-PU-D-408-2013, the Directorate of Urbanism informed the petitioner that a field inspection and report is being requested from the Technical Unit. On July eleventh, two thousand thirteen, the outcome of the complaint was communicated to the amparo petitioner. The Directorate of Urbanism granted a period of eight working days to the Municipal Council of Cartago to report on the actions taken and the permits granted for the urbanization process being carried out in the area. It clarifies the following concepts: Subdivision facing public streets for urban purposes (Fraccionamiento frente a calles públicas con fines urbanísticos): is one where lots are segregated facing existing streets according to the cadastral map of the property, and what the municipality must require are improvements to the mid-street, provision of services, and ten percent of the public areas for urban amenities such as playgrounds, a park, and a communal area. Urbanization (urbanización): is the subdivision and development of land for urban purposes through the opening of streets and provision of services.
6.- By official communication filed on July eighteenth, two thousand thirteen, the amparo petitioner indicates that upon a request to the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica, an external inspector was sent on June twenty-seventh, two thousand thirteen, which established that the requirements for obtaining construction permits were not met.
7.- By official communication filed on July twenty-eighth, two thousand thirteen, the petitioner reiterates the arguments outlined in the filing document of the action. He also provides evidence for a better resolution.
8.- By means of a document dated July twenty-ninth, two thousand thirteen, Engineer Miguel Marín Cantero provides a copy of the document of July first, two thousand thirteen, from the Acting Coordinator of the Department of Environmental Assessment of Setena.
9.- By document filed by Jorge Rodríguez Araya, he explains that the project known as Condominio Residencial El Paraíso is owned by the Corporation numbered 3-1-101-514383, a condominium located seventy-five meters west of the Orquídeas Cabins, in the Fifth District of Llanos de Santa Lucía of the Canton of Paraíso. The project known as Torres del Paraíso is owned by Rose Emilce Buzis Jiménez, holder of identity card number 1-636-304, a simple subdivision (fraccionamiento simple) facing a public street, east side of the ICE Cóncavas Facility, in the Fifth District of Llanos de Santa Lucía of the Canton of Paraíso. Both projects are carried out in the Fifth District of Paraíso, are separated by a distance of eight hundred meters, and are separate and independent projects.
10.- By document filed on August thirtieth, two thousand thirteen, the petitioner provides as part of the evidence printed advertising distributed by the company Casa Vita, where the Condominio Residencial El Paraíso is promoted, advertising that corresponds to the Torres del Paraíso project.
11.- By resolution of thirteen hours and fifty-seven minutes on September second, two thousand thirteen, the Chamber requested as evidence for a better resolution that Álvaro González Alfaro, Executive President of the National Institute of Housing and Urbanism, rule on the following aspects: A) REGARDING THE COMPLAINT FILED ON JUNE TWELFTH, TWO THOUSAND THIRTEEN: On June twelfth, two thousand thirteen, the petitioner filed a complaint before the INVU Directorate of Urbanism regarding the Torres del Paraíso project. On July first, two thousand thirteen, through memorandum C-PU-D-408-2013, the Directorate of Urbanism informed the petitioner that a field inspection and report is being requested from the Technical Unit. On July eleventh, two thousand thirteen, the outcome of the complaint was communicated to the amparo petitioner. The Directorate of Urbanism granted a period of eight working days to the Municipal Council of Cartago to report on the actions taken and the permits granted for the urbanization process being carried out in the area. Question: What happened with the filed complaint? and What measures has the INVU taken in this regard? B) REGARDING THE REAL ESTATE PROJECT TORRES DEL PARAÍSO: The real estate project TORRES DEL PARAÍSO is processed before the Municipality of Paraíso de Cartago, owned by Rose Emilce Buzis Jiménez, holder of identity card number 1-636-304, a simple subdivision (fraccionamiento simple) facing a public street, east side of the ICE Cóncavas Facility, in the Fifth District of Llanos de Santa Lucía of the Canton of Paraíso, cadastral map C-112193-9, real folio 3-139585. By official communication number US-IF-18-10-2012 of October eighteenth, two thousand twelve, the Department of Urban Planning granted a LAND USE CERTIFICATE (CERTIFICADO DE USO DE SUELO), regarding the simple subdivision (Fraccionamiento simple) facing a public street, cadastral map C-341047-79, registration 15380, located behind Campo Ayala, District of Paraíso de Cartago. By agreement taken in session 220 of February twenty-sixth, two thousand thirteen, article 5, the DISCHARGE OF SEWAGE (DESFOGUE DE LAS AGUAS NEGRAS) was approved. The Municipality agreed to supply potable water to the subdivision (fraccionamiento) by means of groundwater (pozo). By official communication number DI-149-2013 of May twentieth, two thousand thirteen, the Municipality of Paraíso approved the DISCHARGE OF STORMWATER (DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES) for a simple subdivision (fraccionamiento simple) facing the public street Torres del Paraíso. On May twentieth, two thousand thirteen, the Technical and Studies Unit of the Municipality of Paraíso granted CONSTRUCTION PERMIT 003737-2013, SIDEWALKS AND CURB, cadastral map C-112193-93. On May thirtieth, two thousand thirteen, the Technical and Studies Unit of the Municipality of Paraíso granted CONSTRUCTION PERMIT 003741-2013, INFRASTRUCTURE WORKS ON ROADS (improvements to the roads), cadastral map C-112193-93. By official communication number DI-0154-2013 from the Engineering Department, PERMIT FOR REMOVAL OF TOPSOIL (PERMISO PARA REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL) WAS GRANTED on the properties of Emilce Bouzid Jiménez. Question: Do the permits granted for the property involve: earthworks (movimientos de tierras), improvements or openings of streets or roads, electrification, potable water piping, storm or sanitary sewer systems?
12.- By official communication filed on September ninth, two thousand thirteen, Alvaro González Alfaro, Executive President of the National Institute of Housing and Urbanism, reports that on July fifteenth, two thousand thirteen, official communication ALC-EXT-INVU-06-2013 was received from the Mayor of the Municipality of Paraíso, who affirms that the Torres del Paraíso project is a simple subdivision (fraccionamiento simple) facing public roads, attaches cadastral maps of the streets that appear within the cadastral survey of the Executing Unit for Cadastre and Registry, endorsed in 1993, and pointing out that said public roads were in a state of abandonment by the Municipality and deteriorated. He reports that construction permit number 003741-2013 was granted, authorizing the construction of streets, and through number 3737-2013, the construction of a sidewalk and curb was authorized, which has not yet begun. The Mayor also indicates that construction will be done facing public streets and not within the interior of the land, given that the interested party sent a letter dated July fifth, two thousand thirteen, renouncing the development of the streets that transversely divide the property. This official communication originated a new analysis and technical report PU-VCM-089-2013 prepared by officials of the INVU Directorate of Urbanism, which it transcribes to the Municipal Mayor in official communication PU-D-546-2013 of August twenty-eighth, two thousand thirteen, citing Article 36 subsection a) of the Urban Planning Law referring to the denial of municipal approval (visado municipal) in simple subdivisions (fraccionamientos simples) when, among other things, there is a lack of indispensable services, given that, in the case at hand, the Mayor himself pointed out that the existing public streets were in total abandonment and deteriorated. Furthermore, said report highlights that during the visit, the digging of trenches on the transversal streets by the developer was observed, despite the fact that the Mayor's report stated that the development of said internal streets was renounced. This report also indicates that the municipality does not clarify the sign on that property stating "Condominio Paraíso" and for which no procedure exists in the Directorate of Urbanism. The INVU Directorate of Urbanism, through official communication PU-C 545-2013, received on August twenty-ninth, two thousand thirteen, by Osvaldo Jiménez, investigator of the OIJ of Cartago, sent a certified copy of the documentation related to all actions taken by his represented party in the Condominio Torres del Paraíso case. Regarding construction and land use permits. It highlights that the INVU has not granted any construction approval (visado) for this project; nor a preliminary project for a condominium, nor an urbanistic subdivision (fraccionamiento urbanístico) or subdivision for urban purposes (fraccionamiento con fines urbanísticos). To the question of whether the granted permits involve earthworks (movimientos de tierra), improvements or opening of streets or roads, electrification, potable water piping, sanitary sewer systems, he indicates that indeed those construction permits involve what was stated. He insists that no approval (visado) is found in the records for the development of said projects. He emphasizes that the legal system provides for the possibility of subdivision facing existing public roads, but only when the requirements established in Article 36 of the Urban Planning Law and the provisions in Chapter II Subdivisions of the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations are met, one requirement being the transfer of public areas. In the case of opening streets, we are dealing with an urbanization (urbanización) project, and the developers are subject to compliance with each and every one of the requirements established in the Urban Planning Law and the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations.
13.- By document filed on September seventeenth, two thousand thirteen, Rose Emile Bouzid Jiménez, fiduciary owner of the properties of the project called "Torres del Paraíso", located in the Llanos de Santa Lucía District, of the Canton of Paraíso de Cartago, provides a copy of the resolution of the environmental viability (viabilidad ambiental) issued by SETENA, in favor of the "Torres del Paraíso" project.
14.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Judge Pacheco Salazar; and,
Considering:
I.- REGARDING THE LEGITIMATION OF THE PETITIONER: The Chamber, from its beginnings, has insisted on a solid and consistent line of jurisprudence to the effect that in matters involving violations or threats of violations to the environment, there is an almost universal legitimization to bring an amparo action to protect the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In this sense, judgment 1993-03705 of 15:00 hours on July 30, 1993, considered: "In terms of the legal protection of the environment, the legitimization of individuals to act judicially and achieve the application of norms that have that purpose, or to request jurisdictional protection to safeguard their violated rights, is of great importance. (...) This Chamber, in Judgment Number 2233-93, by indicating that the preservation and protection of the environment is a fundamental right, allows for legitimization to resort to the amparo channel. In environmental law, the procedural requirement of legitimization tends to extend and expand to such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being necessary to understand that, in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from property titles, rights, or specific actions they could exercise under the rules of conventional law, but rather their procedural action responds to what modern scholars call the diffuse interest, whereby the original legitimization of the legitimate interested party or even of the simple interested party is diffused among all members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that violate them. Regarding environmental protection, the typically diffuse interest that legitimizes the subject to take action is transformed, by virtue of its incorporation into the catalogue of human rights, becoming a true 'reactionary right', which, as its name indicates, empowers its holder to 'react' against the violation originating from illegitimate acts or omissions." It is clear, then, that based on the judgment partially transcribed, the Chamber recognizes the petitioner's legitimization to take action through the amparo channel and reiterates once again that the type of legitimization existing in the case of protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment is diffuse. Thus, an extremely broad legitimization is granted, which is why the amparo action becomes absolutely admissible, and the Court proceeds to hear it on the merits.
II.- PROVEN FACTS: The following facts are deemed duly proven as relevant to the decision of this matter:
a) The real estate project TORRES DEL PARAÍSO is processed before the Municipality of Paraíso de Cartago, which is owned by Rose Emilce Buzis Jiménez, holder of identity card number 1-636-304, a simple subdivision (fraccionamiento simple) facing a public street, east side of the ICE Cóncavas Facility, in the Fifth District of Llanos de Santa Lucía of the Canton of Paraíso, cadastral map C-112193-9, real folio 3-139585 (see documents);
b) By official communication number US-IF-18-10-2012 of October eighteenth, two thousand twelve, the Department of Urban Planning granted a LAND USE CERTIFICATE (CERTIFICADO DE USO DE SUELO), regarding the simple subdivision (Fraccionamiento simple) facing a public street, cadastral map C-341047-79, registration 15380, located behind Campo Ayala, District of Paraíso de Cartago (see report);
c) On November sixth, two thousand twelve, by municipal act # 196, article 11, the Municipal Council of Paraíso agreed to supply potable water to the Torres del Paraíso subdivision (fraccionamiento) - four hundred fifty water connections - by means of GROUNDWATER (POZO) (see Municipality report);
d) By agreement taken in session 220 of February twenty-sixth, two thousand thirteen, article 5, the DISCHARGE OF SEWAGE (DESFOGUE DE LAS AGUAS NEGRAS) was approved (see report);
e) The Municipality affirms that the studies carried out indicate that in the surroundings of the project there are three wetlands, none within the property (see report rendered by the respondent authority);
f) On May fifteenth, two thousand thirteen, the petitioner filed a request for information with the Engineering Department of the Municipality of Paraíso regarding the project being carried out on the south side of Campo Ayala. By official communication of May twenty-first, two thousand thirteen, the Engineering Department provided a response to the petitioner (see documents);
g) On May seventeenth, two thousand thirteen, the petitioner submitted to the Municipality a copy of a complaint filed before SETENA (see document);
h) By official communication number DI-149-2013 of May twentieth, two thousand thirteen, the Municipality of Paraíso approved the DISCHARGE OF STORMWATER (DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES) for a simple subdivision (fraccionamiento simple) facing the public street Torres del Paraíso (see report);
i) On May twentieth, two thousand thirteen, the Technical and Studies Unit of the Municipality of Paraíso granted CONSTRUCTION PERMIT 003737-2013, SIDEWALKS AND CURB, cadastral map C-112193-93 (see report and granted permits);
j) By official communication DI-0154-2013 of May twenty-first, two thousand thirteen, from the Engineering Department, it is established that the property has AUTHORIZATION FOR REMOVAL OF TOPSOIL (AUTORIZACIÓN DE REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL) (see report and official communication);
k) On May twenty-first, two thousand thirteen, the petitioner filed a complaint before the Municipal Internal Audit regarding construction material sent to the Torres del Paraíso project, which was answered by official communication number AI-052 of June eighteenth, two thousand thirteen (see document and rendered report);
l) On May twenty-seventh, two thousand thirteen, the petitioner filed a complaint before the Municipal Internal Audit because he considered that the Torres de Paraíso project corresponds to urbanization (urbanización) works and not a simple subdivision (fraccionamiento simple), a document that is under review in the Municipality (see document);
m) On May thirtieth, two thousand thirteen, the Technical and Studies Unit of the Municipality of Paraíso granted CONSTRUCTION PERMIT 003741-2013, INFRASTRUCTURE WORKS ON ROADS (improvements to the roads), cadastral map C-112193-93 (see report and granted permits);
n) On May thirty-first, two thousand thirteen, the petitioner filed a request for documents of the Torres del Paraíso project with the Municipal Engineering Department.
By official communication DI-196-2013 of June thirteenth, two thousand thirteen, notified on June seventeenth of the current year, a response was given to the amparo petitioner (see document);
o) On June eleventh, two thousand thirteen, the claimant filed before the
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Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.
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Municipal Council an extraordinary appeal against the Municipal Council agreement, Article 11 of Minute 196 of the session held on November sixth, two thousand twelve, it being the case that, by agreement taken in ordinary session number two hundred forty-four of June eighteenth, two thousand thirteen, Article Twelve, it was rejected; document communicated by official communication SCM 286-13 of June twenty-seventh, two thousand thirteen (see document);
p) On June twelfth, two thousand thirteen, the claimant requested the Municipal Mayor to explain why the project called Las Torres de Paraíso is in the process of construction if it only has a permit for removal of the vegetative layer (remoción de capa vegetal), a request that was addressed through official communication DI-210-2013 of June twenty-fourth, two thousand thirteen, by the Municipal Engineering Department (see document);
q) On June twelfth, two thousand thirteen, the claimant filed a complaint before the Urban Planning Directorate (Dirección de Urbanismo) of the INVU regarding the project Torres del Paraíso. On July first, two thousand thirteen, through memorandum C-PU-D-408-2013, the Urban Planning Directorate communicated to the claimant that a field inspection and report is being requested from the Technical Unit. On July eleventh, two thousand thirteen, the result of the complaint was communicated to the amparo petitioner. That the Urban Planning Directorate granted a period of eight business days to the Municipal Council of Cartago to report on the actions taken, the permits granted for the urbanization process being carried out in the area. On July fifteenth, two thousand thirteen, official communication ALC-EXT-INVU-06-2013 was received from the Mayor of the Municipality of Paraíso, who states that the project Torres del Paraíso is a
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Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.
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simple subdivision (fraccionamiento simple) fronting public roads, attaches cadastral plans of the streets that appear within the cadastral survey of the Unidad Ejecutora de Catastro y Registro, approved in 1993, and noting that said public roads were abandoned by the Municipality and in a state of deterioration. The Mayor indicates that construction will take place fronting public roads and not within the interior of the land, it being the case that the interested party sent a letter dated July fifth, two thousand thirteen, waiving the development of the streets that transversely divide the property. This official communication gave rise to a new analysis and technical report PU-VCM-089-2013 prepared by the officials of the INVU's Urban Planning Directorate, which is transcribed to the Municipal Mayor in official communication PU-D-546-2013 of August twenty-eighth, two thousand thirteen, citing Article 36, subsection a) of the Ley de Planificación Urbana referring to the denial of municipal approval in simple subdivisions when, among other things, there is a lack of indispensable services, it being the case that, in the case at hand, the Mayor himself indicated that the existing public roads were totally abandoned and deteriorated. Furthermore, said report highlights that during the visit, the staking out (gaveteado) of the transversal streets by the developer was observed, despite the fact that the Mayor stated in the report that the development of said internal streets is being waived. In said report, it is also indicated that the municipality does not clarify the sign on that property that states "Condominio Paraíso" and for which there is no filing in the Urban Planning Directorate. That the INVU's Urban Planning Directorate, through official communication PU-C 545-2013, received on August twenty-ninth, two thousand thirteen, by Osvaldo Jiménez,
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investigator of the OIJ of Cartago, sends a certified copy of the documentation related to all actions taken by my represented party in the case Condominio Torres del Paraíso (see documentation).
r) Through official communication DEA-1986-2013 of July first, two thousand thirteen, the Environmental Assessment Department (Departamento de Evaluación Ambiental) of SETENA establishes that, upon reviewing the databases, no record of an Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) is found, and therefore, neither is there an Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) for the real estate project in Paraíso de Cartago Torres de Paraíso. That the segregation or lotification (lotificación) fronting a public road is not established within the list of activities subject to an Environmental Impact Assessment procedure. When such segregations include associated works such as: earthworks (movimientos de tierras), improvements or openings of streets or roads, electrification, potable water piping, stormwater or sanitary sewerage (which also entail earthworks),
it is required that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) procedure be submitted to this body. This is because earthworks (movimientos de tierra), in accordance with current legislation, require
environmental feasibility (viabilidad ambiental) pursuant to Executive Decree 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC; the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures of June twenty-eighth, two thousand four, the volume of earthwork and the site where the Project Area is located (whether or not it is a fragile environmental area) will determine the instrument to be submitted to this body for the respective analysis' (see document);
s) According to a certification of July second, two thousand thirteen, from the Municipal Council
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Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.
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of Paraíso, the Department of Real Estate and Cadastre (Departamento de Bienes Inmuebles y Catastro) establishes that the streets that cross the property from north to south on which the simple subdivision (fraccionamiento simple) fronting the public road is being developed are existing public roads since the year nineteen ninety-three, according to the existing cadastral plans (see certification from the Secretariat of the Municipal Council of Paraíso);
t) By resolution of one fifty-seven p.m. on September second, two thousand thirteen, the Chamber requested as evidence for better resolution from Álvaro González Alfaro, Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, to explain whether the permits granted for the property entail: earthworks (movimientos de tierras), improvements or openings of streets or roads, electrification, potable water piping, stormwater or sanitary sewerage? Through an official communication filed on September ninth, two thousand thirteen, the Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo responded that the permits granted do entail the aforementioned (see document);
u) By resolution 2264-2013 SETENA of eight ten a.m.
on September sixth, two thousand thirteen, the Ministry of Environment and Energy, Technical Environmental Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental) grants environmental feasibility (viabilidad ambiental) to the Horizontal Condominium Project "Torres del Paraíso", administrative file # D1-10405-2013 SETENA (see document).
III.- REGARDING THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The Constitutional Court deems it appropriate to explain, once again, the scope of this constitutional guarantee, this due to the very particular characteristics that such a right possesses. Thus, we can point out that the right that every human being has to develop in a healthy
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and ecologically balanced environment has an extremely broad content, as it is equivalent to the aspiration of improving the living environment of all persons; in light of this, the guarantee that our Political Charter enshrines in its Article 50 goes beyond the dimension that is sometimes granted to this right, it being considered that this does not surpass the criteria of natural conservation. That guarantee is rather situated within every sphere in which human life unfolds. In light of this, it is possible to affirm that it extends throughout the entire legal system, shaping and reinterpreting all of its institutions. The right to an ecologically balanced environment refers to the balance that must exist between the social, economic, and political development of a Republic and the conservation of the natural resources that it possesses; that is, the balance that must exist in the environment within which people's lives unfold; the achievement of that balance between development and conservation is what various international instruments and different schools of thought have called sustainable development. Both rights—to social, economic, and political development and to a healthy and ecologically balanced environment—are expressly recognized in Article 50 of the Political Constitution; that provision outlines our state model as a Social State of Law. The placement of the right to a healthy and ecologically balanced environment within the constitutional regulations of the Social State of Law is the point from which it must be analyzed. The Social State of Law produces the phenomenon of incorporating programmatic norms into the fundamental text, which can be understood as a series of economic, social, and political objectives of great relevance aimed at the adequate coexistence of the social structures of a State, in addition to the introduction of social rights and guarantees that ensure the general interest, the common good—as a value of the legal system and as
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an objective of every society—and the satisfaction of people's needs. From this point of view, our Political Charter treats the protection of the environment with special emphasis, because it is one of the instruments through which the quality of life of the people who interact in a social complex can be protected and improved. All of this makes the intervention of public authorities necessary, which are obliged to execute conduct aimed at avoiding alterations to the environmental balance, because inactions or omissions by the State regarding matters related to the environment could become obstacles for people to fully develop and unfold. Just as the principle of the Social State of Law is of immediate application, so too is the right to a healthy and ecologically balanced environment, so that it manifests in the dual aspect of a subjective right of persons and as a configuration as a goal or end of the action of public authorities in general. The incidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the activity of the State finds its first reason for being in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals but also have transcendence in the very structure of the State in its role as guarantor of these and, secondly, because the activity of the State is directed toward the satisfaction of the interests of the community. The Political Constitution establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, to guarantee is to secure and protect the right against some risk or necessity, to defend is to forbid, prohibit, and impede any activity that threatens the right, and to preserve is an action aimed at anticipatorily sheltering the right from possible dangers in order to make it endure for future generations. Therefore, the State must assume a dual behavior of not doing and of doing; on the one hand, it must refrain from itself threatening the
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right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must assume the task of dictating the measures that make it possible to fulfill the constitutional requirements related to the protection of the environment.
IV.- THE ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY AS A MEANS OF PROTECTION. On various occasions, this Court in its jurisprudence has explained the need for certain activities to have an approved environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), this because such an administrative procedure allows for the identification and prediction, from a technical-scientific point of view, of the effects that an activity may cause on the environment; in this sense, this Chamber, in judgment number 2005-05544 of 3:38 p.m. on May 10, 2005, stated:
"VI.- The environmental impact study as an instrument of protection.
Environmental norms must have a technical foundation, because their
application must be based on the conditions to which the use and exploitation
of natural resources must be subject. This is so because, as environmental
damage and contamination are assessable, the impact of these elements
requires a scientific evaluation and treatment. Therefore, the need for an
environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), which, as determined by the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, consists of a scientific-technical administrative procedure that makes it possible to identify and predict what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making. In accordance with the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, which is decree
No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC published on June 28,
2004, which reformed executive decree No. 25705-MINAE, the
environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) encompasses three phases: a) the initial environmental assessment (evaluación ambiental inicial), which consists of an analysis procedure of the environmental characteristics of the activity, work, or project, regarding its location to determine the relevance of the environmental impact; from this prior analysis, a potential environmental feasibility (viabilidad ambiental potencial) (which is temporary) may even be granted, or it may be conditioned on the submission of other Environmental Impact Assessment instruments;
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b) the preparation of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) or of other environmental assessment instruments, as appropriate. The environmental impact study (estudio de impacto ambiental) is a document of a technical nature or order, of an interdisciplinary nature, which constitutes an environmental assessment instrument, which the developer of an activity, work, or project must submit prior to its execution and which is intended to predict, identify, assess, and correct the environmental impacts that certain actions may cause on the environment and to define the environmental feasibility (viabilidad (licencia) ambiental) of the project, work, or activity under study; and c) the environmental control and follow-up of the activity, work, or project through the established environmental commitments. Environmental feasibility (viabilidad ambiental), for its part, represents the condition of harmonization or acceptable balance, from an environmental load standpoint, between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographic area where it is desired to be implemented. From an administrative and legal standpoint, environmental feasibility (viabilidad ambiental) corresponds to the act by which the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process is approved, whether in its Initial Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Inicial) phase, or in the phase of approving the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) or the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), depending on the activity in question and as warranted. In accordance with Article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five, the activities that require an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) approved by the National Technical Environmental Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) are those human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement for initiating the activities, works, or projects. It is thus that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures to avoid its being affected; and among the main measures provided by the legislator in this sense are several technical instruments, among which the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) stands out, as provided in the cited article. Special emphasis must be placed on the fact that it is the condition of the project or work that will determine in each case whether the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) is required or not, not the establishment of arbitrary conditions, whether administrative or regulatory (as indicated by this Court in judgment number 1220-2002, of
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two forty-eight p.m. on February sixth, two thousand two). The Chamber, in judgment No. 2001-6503, stated: 'III.- Obligation of State institutions to comply with environmental legislation in their ordinary activity: The third paragraph of Constitutional provision 50 clearly states that the State must guarantee, defend, and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obliged to enforce compliance—by private individuals and other public entities—with environmental legislation, but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those protective normative bodies. State institutions are the first called upon to comply with protective environmental legislation, with no justification existing to exempt them from compliance with environmental requirements such as, by way of example, the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) required by the Organic Law of the Environment for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment.' (judgment number 2001-6503, cited above). The legislator entrusted to the 'National Technical Environmental Secretariat' (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), the assessments in charge of 'an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by the Secretariat' in accordance with the guides prepared by it. The cost of the environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) shall be borne by the interested party.' Article 19 of the Organic Law of the Environment established that 'the resolutions of the Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental) must be reasoned and justified,' thereby incorporating in this matter the general principle of substantiation of administrative acts also developed by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), which is in turn a guarantee that makes up substantive due process. The approval of an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) requires, in accordance with the international commitments acquired by Costa Rica and entrusted to SETENA, a detailed analysis that includes, as required by Article 24 of the Environmental Law, the technical criteria and weighting percentages that make the approval of the study possible. Furthermore, it must respond to the norms, planning objectives, and environmental priorities of the national State and local government, as enshrined in Principle 11 of the Rio Declaration. It must also be noted that the completion and approval of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) does not in itself imply the startup of the project in question, as it is only one of the requirements needed to complete
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the authorization process, which in some cases will be obtaining the health permit, the approval of the urbanization plans by the respective municipality, the approval of the concession by the Instituto Costarricense de Electricidad, the granting of commercial licenses, etc. This is so because, when dealing with the environment, one cannot speak of unmodifiable variables; quite the contrary, by its very nature the environment is, by itself and to a greater degree through human intervention, changeable. The approval of an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) under the terms indicated by the Organic Law of the Environment also does not constitute an unmodifiable authorization to carry out a given human project, since through the oversight work in charge of the Administration, upon detection of environmental damage as established by the Rio Convention, the permit may be revoked in order to guarantee the right established in provision 50 of the Political Constitution and, at the same time, to execute the environmental guarantee provided to safeguard the application of environmental measures of correction, mitigation, or compensation for environmental damages or negative environmental impacts not controlled by the activity, works, or projects."
V.- REGARDING THE ACTION OF THE MUNICIPALITY OF PARAÍSO. OMISSION OF THE ENVIRONMENTAL FEASIBILITY (VIABILIDAD AMBIENTAL) GRANTED BY SETENA: The claimant alleges that the real estate project Torres de Paraíso does not have the Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) granted by SETENA. For their part, the officials of the Municipality of Paraíso explain that such permits are not necessary because we are not in the presence of an urbanization but rather a simple subdivision (fraccionamiento simple). In this regard, the Chamber considers it proven that the real estate project TORRES DEL PARAÍSO is being processed before the Municipality of Paraíso de Cartago, which is owned by Rose Emilce Buzis Jiménez, holder of identity card number 1-636-304, a simple subdivision (fraccionamiento simple) fronting a public road, east side of the ICE Plantel Cóncavas, in the Fifth District of Llanos de Santa Lucía of the Canton of Paraíso, cadastral plan C-112193-9, real estate folio 3-139585. Through official communication number US-IF-18-10-2012 of
October eighteenth, two thousand twelve, the Urban Planning Department
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granted a LAND USE CERTIFICATE (CERTIFICADO DE USO DE SUELO), regarding the Simple Subdivision (Fraccionamiento simple) fronting a public road, cadastral plan C-341047-79, registration number 15380, located behind Campo Ayala, District of Paraíso de Cartago. On November sixth, two thousand twelve, through municipal minute # 196, Article 11, the Municipal Council of Paraíso agreed to provide potable water to the subdivision Torres del Paraíso—four hundred fifty water rights—by means of GROUNDWATER (WELL). By agreement taken in session 220 of February twenty-sixth, two thousand thirteen, Article 5, the DISCHARGE OF BLACK WATER was approved. That the Municipality affirms that the studies conducted indicate that in the surroundings of the project there are three wetlands, none within the property. Through official communication number DI-149-2013 of May twentieth, two thousand thirteen, the Municipality of Paraíso approved the DISCHARGE OF STORMWATER for the simple subdivision (fraccionamiento simple) fronting a public road Torres del Paraíso. On May twentieth, two thousand thirteen, the Technical and Studies Unit of the Municipality of Paraíso granted CONSTRUCTION PERMIT 003737-2013, SIDEWALKS AND CURB, cadastral plan C-112193-93. Through official communication DI-0154-2013 of May twenty-first, two thousand thirteen, from the Engineering Department, it is established that the property has AUTHORIZATION FOR REMOVAL OF THE VEGETATIVE LAYER (AUTORIZACIÓN DE REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL). Through official communication DEA-1986-2013 of July first, two thousand thirteen, the Environmental Assessment Department (Departamento de Evaluación Ambiental) of SETENA establishes that, upon reviewing the databases, no record of an Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) is found, and therefore, neither is there an Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) for the real estate project in Paraíso de Cartago Torres de Paraíso. That the segregation or lotification (lotificación) fronting a public road is not established in the list of activities subject to an Environmental Impact Assessment procedure. When such segregations include associated works such as:
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earthworks (movimientos de tierras), improvements or openings of streets or roads, electrification, potable water piping, stormwater or sanitary sewerage (which also entail earthworks),
it is required that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) procedure be submitted to this body. This is because earthworks (movimientos de tierra), in accordance with current legislation, require
environmental feasibility (viabilidad ambiental) pursuant to Executive Decree 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC; the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures of June twenty-eighth, two thousand four, the volume of earthwork and the site where the Project Area is located (whether or not it is a fragile environmental area) will determine the instrument to be submitted to this body for the respective analysis'. According to a certification of July second, two thousand thirteen, from the Municipal Council of Paraíso, the Department of Real Estate and Cadastre (Departamento de Bienes Inmuebles y Catastro) establishes that the streets that cross the property from north to south on which the simple subdivision (fraccionamiento simple) fronting the public road is being developed are existing public roads since the year nineteen ninety-three, according to the existing cadastral plans.
By official document filed on September 9, 2013, by Alvaro González Alfaro, Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, he informs that the permits granted involve: earthworks (movimientos de tierras), improvements or openings of streets or roads, electrification, potable water piping, storm or sanitary sewer systems. He also notes that during the visit to the property, the staking out (gaveteado) of the cross streets by the developer was observed.
From the foregoing, the Chamber concludes that contrary to what the municipal entity asserts, for the development of the Torres del Paraíso project, the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) and the environmental viability (Viabilidad Ambiental) granted by SETENA are required. Note that by official document DEA-1986-2013 of July 1, 2013, from the
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Environmental Assessment Department (Departamento de Evaluación Ambiental) of SETENA, it establishes that environmental viability (Viabilidad Ambiental) is required in cases of segregations that include associated works such as: earthworks (movimientos de tierras), improvements or openings of streets or roads, electrification, potable water piping, storm or sanitary sewer systems (which also involve earthworks (movimientos de tierra)) according to Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC; Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental of June 28, 2004. By official document filed on September 9, 2013, by Alvaro González Alfaro, Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, he informs that the permits granted involve: earthworks (movimientos de tierras), improvements or openings of streets or roads, electrification, potable water piping, storm or sanitary sewer systems. He also notes that during the visit to the property, the staking out (gaveteado) of the cross streets by the developer was observed. Hence, the noted omission constitutes an illegitimate threat to the right to a healthy and ecologically balanced environment. Given that by writing filed on September 17, 2013, Rose Emile Bouzid Jiménez, fiduciary owner of the properties of the project called “Torres del Paraíso,” located in the Llanos de Santa Lucía District, of the Paraíso Canton of Cartago, provides a copy of resolution 2264-2013 SETENA of eight hours ten minutes on September 6, 2013, where the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Secretaría Técnica Ambiental grant environmental viability (viabilidad ambiental) to the Horizontal Condominium Project “Torres del Paraíso,” administrative file # D1-10405-2013 SETENA. Consequently, the appropriate course is to declare the appeal (recurso) with merit for indemnification purposes.
VI.- REGARDING THE ALLEGED AFFECTATION OF WETLANDS (HUMEDALES): The claimant alleges that the real estate project is being developed in a wetland (humedal) zone.
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For its part, the authority indicates that according to the Photointerpretation and Fieldwork Study of the Chiri River and Wetlands (Humedales) near the Quintos de Llanos de Santa Lucía District, prepared by geologist Jonathan Martínez, it determined that in the surroundings of the project there are three wetlands (humedales), none of them within the property where the project is being developed. From a reading of resolution 2264-2013 SETENA of eight hours ten minutes on September 6, 2013, from the Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Ambiental that granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the Horizontal Condominium Project “Torres del Paraíso,” administrative file # D1-10405-2013 SETENA, it is verified that it omits referring to the issue of wetlands (humedales), this being one of the main issues in this amparo appeal. Therefore, in accordance with the precautionary principle (principio precautorio) (in this case due to the possibility of putting the existing wetlands (humedales) in the zone at risk or in danger), SETENA should have conducted a study and requested the necessary reports prior to granting environmental viability (viabilidad ambiental).
In this regard, the Constitutional Chamber in resolution 2005-04001 of nine hours thirteen minutes on April 15, 2013, ordered the following:
“V.- (...) However, what is clear to the Chamber is that the appellant is correct in that there are indications that a wetland (humedal) in the zone could be put at risk and that in granting environmental viability (viabilidad ambiental) by SETENA, the existence of those indications about which the Programa Nacional de Humedales had given notice was obviated. Certainly, as SETENA affirms, the formal opinion of the competent authority, as was procedurally required, that is, the Programa Nacional de Humedales, was never received at that office, but it is estimated that with the mere existence of that notice and in heed of the precautionary principle (principio precautorio), SETENA should have requested it prior to granting environmental viability (viabilidad ambiental). VI.- In the judgment of the Chamber, the evidentiary elements available in the case record compel the granting of this appeal, because an illegitimate threat to the right of the protected party to enjoy a healthy and
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ecologically balanced environment is verified, attributable to the State by omissions of SETENA and the Programa Nacional de Humedales, agencies (dependencias) of MINAE. Indeed, given the very significant indications available of the existence of a wetland (humedal) in the zone where the service station is intended to be built and the prior knowledge that it would be erected within a flood-prone zone, the proper course was for SETENA to apply the precautionary principle (principio precautorio), according to which, in the face of the danger of serious or irreversible damage to the environment and in order to protect it, the State must broadly apply the criterion of precaution, according to its capacities. In this case, SETENA should not have granted environmental viability (viabilidad ambiental) without having the formal opinion of the competent body of MINAE, in which it would establish with certainty whether or not a wetland (humedal) exists at the site, an opinion that although it should have been provided by the Programa de Humedales, even ex officio, for not having done so as legally corresponded in protection of the environment and the constitutional mandate, contained in Article 50 of the Constitución Política, with the sole notice that said Program made, SETENA should have requested the formal opinion, prior to granting environmental viability (viabilidad ambiental), in order to thus grant it with the total certainty that the environment would not be put at risk. For not having acted thus, it is repeated, the right asserted by the appellant is illegitimately threatened and by virtue of that, this appeal is granted only as to that particular, and consequently, the effects of administrative act SG-1864 of October 22, 2002, issued by SETENA, through which it granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the project object of this amparo, are suspended for a period of thirty business days counted from receipt of this communication, so that within that period SETENA may process and obtain from the competent body an opinion in which the existence of a wetland (humedal) that could be damaged by the construction of the service station that is intended is ruled out, as well as a study in which the risk of contamination of the Sube y Baja Creek (Quebrada Sube y Baja) and the Nosara River (Río Nosara) is ruled out. Only in the event that it is verified, without any doubt, that there is no wetland (humedal) at the site nor risk of contamination of the Sube y Baja Creek (Quebrada Sube y Baja) and the Nosara River (Río Nosara), may the project continue, with the consequent state responsibility toward the project developer, which must be elucidated in administrative venue or in the ordinary jurisdictional venue, once the administrative route is exhausted’ (highlighting does not correspond to the original).
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Consequently, the effects of administrative act 2264-2013 SETENA of eight hours ten minutes on September 6, 2013, through which it granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the project object of this amparo, are suspended for a period of thirty business days counted from receipt of this communication, so that within that period SETENA may process and obtain from the competent body an opinion in which the existence of wetlands (humedales), which could be damaged by the construction of the Torres del Paraíso Real Estate Project, is ruled out.
VII.- REGARDING THE INFORMATION REQUESTS FILED ON MAY 15, MAY 31, AND JUNE 12, ALL OF 2013: The Chamber finds it established that on May 15, 2013, the claimant filed an information request with the Engineering Department (Departamento de Ingeniería) of the Municipality of Paraíso regarding the project being carried out on the south side of Campo Ayala, which was answered via official document on May 21, 2013, by the Engineering Department (Departamento de Ingeniería). That on May 31, 2013, the appellant filed a request for documents of the Torres del Paraíso project with the Municipal Engineering Department (Departamento de Ingeniería Municipal), which was answered by official document DI-196-2013 of June 13, 2013, communicated on June 17 of the current year. That on June 12, 2013, the claimant requested the Municipal Mayor to explain why the project called Las Torres de Paraíso is in the construction process if it only has a permit for removal of vegetative cover (remoción de capa vegetal), which was answered via official document DI-210-2013 of June 24, 2013, by the Municipal Engineering Department (Departamento de Ingeniería Municipal). From the foregoing, the Chamber determines that the information requests filed were answered within a reasonable period. Consequently, the appropriate course is
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to declare the appeal (recurso) without merit in this particular.
VIII.- CONCERNING ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION (CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Regarding the complaints filed on May 21 and May 27, both of 2013; and the extraordinary appeal (recurso extraordinario) filed on June 11, 2013; this Chamber resolves as indicated below: NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE (NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA), A SWIFT AND COMPLETE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIVE LEGAL SITUATIONS OF THE ADMINISTERED. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantive legal situations that have a basis in the infra-constitutional legal order or legality parameter, which are indirectly connected to fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it must not be lost sight of that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, indirectly provides a foundation for any imaginable substantive legal situation of persons. Nevertheless, upon better consideration and given the promulgation of the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that litigants now have a plenary and universal, expeditious and swift administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa) due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal order, such as the shortening of time periods for carrying out various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures (medidas cautelares), the numerus apertus of deducible claims, orality – and its subprinciples of
concentration, immediacy, and celerity –, the single instance with appeal (recurso de apelación) in expressly circumscribed situations, intra-procedural conciliation, the
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unified process, the preferential processing or “amparo de legalidad” process, the processes on pure law, the new enforcement measures (coercive fines, substitutive or commissarial enforcement, seizure of assets of the fiscal domain and some of the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of case law to third parties, and the flexibility of the cassation appeal (recurso de casación). All of these novel procedural institutions have the purpose and manifest goal of achieving procedural economy, celerity, promptness, and the effective or complete protection of the substantive legal situations of the administered, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa) is an suitable channel, by its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness for the amparo and effective protection of the substantive legal situations of the administered in which it is necessary to gather evidence or define some questions of ordinary legality. VERIFICATION OF DEADLINES SET BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES: A QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the Public Administration complies or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the instance of a party – or to hear the applicable administrative appeals (recursos administrativos), is an evident question of ordinary legality that can be discussed and resolved before the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa) with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense – that is, of appearing without legal counsel – and of
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free access for the appellant. Consequently, outright rejection is mandated and the petitioner must be informed that if he deems it appropriate, he may resort to the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa).
IX.- SEPARATE NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ. I have maintained the thesis that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative venue, it is this Tribunal that must hear the legal dispute, and not the Tribunals of Contentious-Administrative Matters (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo). However, recent events have occurred, which are reasonable and objective reasons, that force me to change my stance. In the first place, the ordinary jurisdiction has proven to be accessible, timely, and swift in the resolution of these issues. In the second place, I have supported the majority thesis of this Tribunal, in the sense that the amparo is not admissible when a violation of effective judicial protection is alleged due to unjustified delays in judicial venue, except when the matter has concluded and when it effectively involves gross and unjustified omissions. Ergo, if I maintain the position that violations of Article 41 of the Constitution in administrative venue must be heard in the constitutional jurisdiction, someone could justly point out that I am inconsistent, placing some matters in the constitutional jurisdiction and not the ordinary one, and referring others to the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. Hence, to be consistent, a change of criterion is mandated. Finally, if the ordinary jurisdiction is doing its job well, the logical thing is for it to continue with it and, in this way, time, space, and resources are freed to focus on resolving other legal disputes, which, by the way, continue to exceed the capacity of this Tribunal.
X.- DISSENTING VOTE BY MAGISTRATE JINESTA LOBO. Magistrate Jinesta Lobo dissents and declares the appeal (recurso) without merit in all its
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particulars for the following reasons:
A) Regarding the violation of the fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, I consider that the amparo must be dismissed under the following order of considerations:
1.- RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS INFRA-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST REGULATORY FRAMEWORK. Article 50 of the 1949 Constitution, in 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce in its second paragraph, as an express and clearly typified fundamental right, that which “Every person” has “to a healthy and ecologically balanced environment.” This fundamental right, before the constitutional reform of 1994, was broadly
developed by a progressive and protective case law of this Constitutional Tribunal, all based on existing norms in International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Constitution. After the partial reform of Article 50 of the Constitution in 1994, a dense, broad, and detailed normative framework has been developed at the infra-constitutional level for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that the third paragraph provided that “The State shall guarantee, defend, and preserve that right”; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive infra-constitutional regulatory fabric that translates into various laws, regulations, and executive decrees, which address substantive and formal issues for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, this
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sub-constitutional legal order has established an extensive and complex administrative organization to carry out the constitutional imperatives and obligations contained in the third paragraph of Article 50 of the Constitution. Within this block or legality parameter, created to develop Article 50 of the Constitution, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of October 4, 1995, stands out, which, among other particulars, develops and regulates first-order issues such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental) (Chapter IV), protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), territorial planning and environmental protection (Chapter VI), protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) (Chapter VII),
marine, coastal, and wetland (humedales) resources (Chapter VIII), biological diversity
(Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forestry and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Article XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI).
Also prominent in that dense and vast legislative fabric are the Ley Forestal, No. 7575 of February 5, 1996, and its amendments, the Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 of April 8, 1997, the Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 of December 19, 1997, the Ley de Biodiversidad, No. 7788 of April 30, 1998, the Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 of April 30, 1998, and, more recently, the Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 of June 24, 2010. Furthermore, even before the partial reform of Article 50 of the Constitution, there already existed sectoral laws for the protection and defense of certain aspects of the environment, such as the Ley de Aguas, No. 276 of August 27, 1942, and its reforms, the
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Ley General de Salud, No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms, the Ley de Salud Animal, No. 6243 of May 2, 1978, the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 of October 21, 1992, and its reforms, the
Ley de Hidrocarburos, No. 7399 of May 3, 1994, and the Ley del uso racional de la energía, No. 7447 of November 3, 1994. The regulatory framework, at the infra-legal level, is even more nourished with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, by way of example, the Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004, stands out, which is the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) that regulates,
in detail, all facets of the environmental impact assessment procedures (Procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental) of activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or harm to the environment, its review and environmental viability (viabilidad ambiental), its control and subsequent monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, compliance and operation guarantees, and a sanctioning regime. Also conspicuous is the Decreto Ejecutivo No. 34136 of June 20, 2007, which is the Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo, charged with hearing and resolving complaints for the threat of infringement or effective violation of legislation protecting the environment and natural resources and for establishing indemnifications for damages or harm to them.
2.- NEED TO DELIMIT THE CONTROL OF CONSTITUTIONALITY AND OF LEGALITY IN MATTERS OF PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense normative framework or infra-constitutional legal order that develops and strengthens the right to
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a healthy and ecologically balanced environment contained in Article 50 of the Constitution and that seeks its guarantee, protection, and preservation, obligates this Constitutional Tribunal to have to delimit, in the matter, the orbit of constitutional control from the sphere of legality control. In the case of the mechanisms or questions of constitutionality, as Title IV of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is called, a concept that comprises the acción de inconstitucionalidad and the consulta de constitucionalidad – legislative and judicial –, the delimitation between constitutional and legality control is clear and unequivocal, since, undoubtedly, this Constitutional Tribunal is exclusively and excludibly competent to hear and resolve such matters (Articles 10 of the Constitution, 1, 2, subsection b), 73 to 108 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional), thus, for example, when it is argued that a legal or regulatory norm is unconstitutional for violating Article 50, that is, the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the values and principles underlying it. The real problem in the delimitation of both spheres of control arises with respect to the amparo appeal or proceeding, for several evident reasons which are the following: a) The transversal nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment that penetrates all layers or strata of the legal order; b) the open texture of constitutional norms, such that any grievance may appear to have a constitutional nature; and c) the tendency to use the amparo proceeding as a substitute path for the ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on Article 7 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, that allow delimiting the amparo proceeding from other ordinary jurisdictional processes. Thus, when regarding an activity, work, or project, a public authority – administrative entity or body – has intervened by carrying out studies,
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evaluations, reports, or assessments of any nature, through application of the dense and vast infra-constitutional legal order, it is clear that the question must be placed before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same happens when a public authority has omitted to comply with the obligations imposed on it, in matters of environmental and natural resource protection, by the infra-constitutional legal order, whether of a legal or regulatory nature. Under this reasoning, this Constitutional Tribunal must hear and resolve a matter in the amparo proceeding only when no public authority has intervened exercising its oversight or authorization powers and a conduct is being carried out, potentially or actually, harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment; additionally, it must be a violation of that right that is evident and manifest or easily verifiable – without major production or evacuation of evidence – and, furthermore, it must be of great relevance or transcendence and be serious. If a public authority has breached the obligations and duties developed by the infra-constitutional legal order, the issue must also not be heard by the constitutional jurisdiction, since, in addition to the complaint mechanisms provided in
administrative venue, the ordinary jurisdiction, especially the
administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa), has sufficient competence to oversee the material or formal omissions of public entities.
From the moment a public authority has intervened exercising its legal and regulatory powers, conducting a proceeding —a concatenated series of administrative actions— and issuing administrative acts, the matter will be outside the scope of constitutional control, likewise if it fails to comply with or omits its legal and regulatory obligations. The amparo remedy is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the
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American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and rapid. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions —proceedings and formal acts that are reflected and materialized in an administrative file— the matter ceases to be subject to amparo, since one must resort to a full cognizance proceeding, that is, a full knowledge proceeding that can only be conducted before the ordinary jurisdiction. Amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria rendered in light of the infra-constitutional legal system or to evacuate new elements of conviction to contrast those contained in an administrative file that has been processed over prolonged periods and deliberately. The amparo proceeding, ultimately, cannot be converted into an ordinary full cognizance proceeding ("ordinariarlo"), since it becomes distorted and perverted in its aims and purposes; hence, when a public authority has intervened by conducting studies, endorsing or approving expert reports presented by the interested parties, rendering reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act or, in general, conducting one or more administrative proceedings, the amparo proceeding is not the avenue to oversee such actions but rather the contentious-administrative proceeding. The administrative intervention that can be verified or proven is decisive for considering that the matter falls on the plane or level —itself abstract and open— of constitutionality or on the denser one of legality. Nor should this Constitutional Court take up and resolve the breach of obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for that purpose, there exist powerful and efficient instruments in the administrative sphere (sanctioning regime, complaints, the Administrative Environmental Tribunal) and, ultimately, a contentious-administrative jurisdiction
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whose function is to control the legality of the administrative function (Article 49 of the Constitution), within which figure legal or regulatory omissions, whether material or formal, an ordinary jurisdiction that now, with the new procedural legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal.
3.- COROLLARY. For the foregoing reasons, I consider that the present remedy, regarding what corresponds to Article 50 of the Constitution, on amparo, should have been rejected outright ad limine litis because it entails a matter proper to legality control; however, not having been so, I consider that it should be declared without merit, without pronouncing on the merits of the matter, since it falls to the ordinary jurisdiction, in particular, the contentious-administrative one, to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) in the sub-lite conform or not, substantially, to the infra-constitutional legal system for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
B) On the other hand, I consider that the matter concerning the lack of resolution of the petitions filed by the petitioner on May 27 and June 11, 2013, should not have been sent to the contentious-administrative jurisdiction and, on the contrary, must be analyzed on the merits in this amparo. This, because, since those petitions are related to the violation of Article 50 of the Constitution, they can be heard by this Chamber. This being the case, after analyzing the evidence brought to the record, I consider that, in this instance, the provisions of Article 41 of the Constitution have not been breached. This, because, as of the date the petitioner filed this amparo, that is, as of June 19, 2013, an unreasonable or excessive period had not elapsed for the administration to resolve both the complaint filed on May 27, 2013, and the petition for review filed
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on June 11, 2013. In the undersigned's opinion, the amparo, regarding those petitions, is premature and, consequently, must be declared without merit.
C) Finally, regarding what was indicated with the petition filed by the petitioner on May 21, 2013 (Considerando VIII) and what was analyzed with respect to the violation of the right to petition and access to information (Considerando VII), I concur with the majority opinion of declaring the amparo without merit for the reasons stated therein.
POR TANTO:
The remedy is partially granted for injury to Article 50 of the Political Constitution. The effects of administrative act 2264-2013 SETENA of eight hours ten minutes on September sixth, two thousand thirteen, by which environmental feasibility (viabilidad ambiental) was granted to the project subject to this amparo, are suspended for a period of thirty business days counted from the receipt of this communication, so that within that period SETENA arranges and obtains from the competent body an opinion that rules out the existence of wetlands that could be damaged by the construction of the real estate project Torres del Paraíso. The Municipalidad de Paraíso and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused, which shall be liquidated in execution of judgment in contentious-administrative proceedings. Magistrate Jinesta Lobo dissents and declares the remedy without merit in all its aspects. Regarding the injury to the right to information, the remedy is declared without merit. In relation to Article 41 of the Political Constitution, the remedy is rejected outright. Magistrate Castillo Víquez files a note.
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Gilbert Armijo S.
Presidente a.i
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S.
Roxana Salazar C. Jose Paulino Hernández G.
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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 18-04-2026 10:05:04.
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