Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Los árboles como recursos naturales se encuentran regulados, entre otras normas, por la Ley de Biodiversidad, la cual dispone en el inciso 3 del artículo 11 que uno de los criterios de aplicación de esa normativa lo constituye el interés público ambiental. Concretamente, señala la norma: "El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos". Tales aspectos deberán ser considerados para la resolución de este proceso, al estar de por medio un recurso natural; y la competencia material para tal determinación está reservada por ley a esta Jurisdicción. Básicamente, el numeral 108 de la Ley de Biodiversidad señala: "En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones a la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria". De lo expuesto se concluye, al estarse en presencia de un proceso en el cual una persona particular plantea un reclamo en relación con un recurso natural, el mismo es parte de la competencia material de los tribunales agrarios conforme a la normativa citada, independientemente si el demandado es el Estado o un particular. El hecho que figure como una de las partes El Estado o entes públicos, no implica de forma automática deba ser competencia de la jurisdicción contenciosa, pues el artículo 22 de la Ley de Jurisdicción Agraria regula la posibilidad de ser parte en los procesos agrarios a este tipo de intervinientes públicos.
English (translation)Trees as natural resources are regulated, among other norms, by the Biodiversity Law, which provides in subparagraph 3 of Article 11 that one of the criteria for the application of that law is the public environmental interest. Specifically, the norm states: 'The use of elements of biodiversity shall guarantee development options for future generations, food security, ecosystem conservation, human health protection, and the improvement of citizens' quality of life.' These aspects must be considered in resolving this case, since a natural resource is at issue; and the material jurisdiction for such determination is reserved by law to this Court. Essentially, Section 108 of the Biodiversity Law states: 'In matters of biodiversity and as long as no environmental court exists, all disputes shall fall under the exclusive jurisdiction of the administrative courts. As exceptions to the foregoing rule, biodiversity crimes shall be tried by criminal courts; likewise, disputes arising between private parties, where no administrative act or public domain is involved, shall fall under agrarian jurisdiction.' From the foregoing it follows that, we are in the presence of a proceeding in which a private individual raises a claim in connection with a natural resource, the same falls within the material jurisdiction of agrarian courts pursuant to the cited rules, regardless of whether the defendant is the State or a private party. The fact that a State entity or public body appears as a party does not automatically mean that it must be the jurisdiction of the administrative courts, since Article 22 of the Agrarian Jurisdiction Law regulates the possibility of such public intervenors being a party in agrarian proceedings.
Declination overruled
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00053 - 2025 Fecha de la Resolución: 28 de Enero del 2025 a las 12:40 Expediente: 24-000172-0699-AG Redactado por: Alexandra Alvarado Paniagua Clase de asunto: Sumario de derribo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Proceso sumario agrario de derribo Subtemas: Aplicación del interés público ambiental en fijación de la competencia agraria en proceso sumario de derribo. Temas (descriptores): Competencia agraria por materia Subtemas: Aplicación del interés público ambiental en fijación de la competencia agraria en proceso sumario de derribo. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución EXPEDIENTE: 24-000172-0699-AG - 8 PROCESO: SUMARIO DERRIBO ACTOR/A: MABEL VIVIANA CERDAS CAMACHO DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE CARTAGO VOTO N° N° 2025000053 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las doce horas cuarenta minutos del veintiocho de enero de dos mil veinticinco.- SUMARIO DE DERRIBO promovido por MABEL VIVIANA CERDAS CAMACHO, mayor, casada, cédula de identidad tres - trescientos ochenta -seiscientos cuarenta y dos, vecina de Cartago; contra MUNICIPALIDAD DE CARTAGO. Actúa como defensor público de la parte promovente el letrado Felipe Campos Barrantes. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago. Conoce este Tribunal de inhibitoria n° 2024000261 de las quince horas con dieciséis minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro. Redacta la jueza Alvarado Paniagua; y, CONSIDERANDO: I. Mediante resolución de las 15 horas 16 minutos del 21 de noviembre de 2024 el Juzgado Agrario de Cartago se inhibió de conocer el asunto porque estima el terreno donde se ubican los árboles a derribar, es terreno municipal por lo que considera es competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa (expediente electrónico visible en archivo del 21/11/2024 15:16:23). II. De acuerdo con el pliego inicial se procura el derribo de diez árboles ubicados dentro de la zona de protección de la quebrada Norberta y se aduce constituyen una amenaza para la integridad de la parte actora. Los árboles como recursos naturales se encuentran regulados, entre otras normas, por la Ley de Biodiversidad, la cual dispone en el inciso 3 del artículo 11 que uno de los criterios de aplicación de esa normativa lo constituye el interés público ambiental. Concretamente, señala la norma: "El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos". Tales aspectos deberán ser considerados para la resolución de este proceso, al estar de por medio un recurso natural; y la competencia material para tal determinación está reservada por ley a esta Jurisdicción. Básicamente, el numeral 108 de la Ley de Biodiversidad señala: "En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones a la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria". De lo expuesto se concluye, al estarse en presencia de un proceso en el cual una persona particular plantea un reclamo en relación con un recurso natural, el mismo es parte de la competencia material de los tribunales agrarios conforme a la normativa citada, independientemente si el demandado es el Estado o un particular. El hecho que figure como una de las partes El Estado o entes públicos, no implica de forma automática deba ser competencia de la jurisdicción contenciosa, pues el artículo 22 de la Ley de Jurisdicción Agraria regula la posibilidad de ser parte en los procesos agrarios a este tipo de intervinientes públicos. De ahí que deba improbarse la inhibitoria declarada por el Juzgado. Este criterio ha sido mantenido por el Tribunal Agrario en voto 1577-C-12 de las doce horas y quince minutos del veinte de diciembre de dos mil doce entre muchos otros. POR TANTO: Se imprueba la inhibitoria de las quince horas dieciséis minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.- Se ordena continuar con la tramitación del asunto. KFHKJGHCZ47M61 ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A XRKMFDGNF9K61 MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A SY4ZQAYDRJY61 MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 24-000172-0699-AG II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:12:43. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: 24-000172-0699-AG - 8 PROCEEDING: SUMMARY REMOVAL (SUMARIO DERRIBO) PLAINTIFF: MABEL VIVIANA CERDAS CAMACHO DEFENDANT: MUNICIPALIDAD DE CARTAGO VOTO N° 2025000053 AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At twelve hours forty minutes on the twenty-eighth of January two thousand twenty-five.- SUMMARY REMOVAL (SUMARIO DE DERRIBO) proceeding brought by MABEL VIVIANA CERDAS CAMACHO, of legal age, married, identity card number three - three hundred eighty - six hundred forty-two, resident of Cartago; against MUNICIPALIDAD DE CARTAGO. The public defender Felipe Campos Barrantes acts as counsel for the moving party. Processed before the Agrarian Court of Cartago (Juzgado Agrario de Cartago). This Tribunal hears the declination of jurisdiction (inhibitoria) no. 2024000261 of fifteen hours sixteen minutes on the twenty-first of November two thousand twenty-four. Judge Alvarado Paniagua drafts the opinion; and, CONSIDERING: I. By resolution of 15 hours 16 minutes on 21 November 2024, the Agrarian Court of Cartago declined jurisdiction (se inhibió) over the matter because it deems the land where the trees to be removed are located is municipal land and therefore considers it falls under the competence of the contentious-administrative jurisdiction (electronic file visible in archive of 21/11/2024 15:16:23). II. According to the initial complaint, the removal (derribo) of ten trees located within the protection zone of the Norberta stream (quebrada) is sought, and it is alleged they constitute a threat to the integrity of the plaintiff. Trees as natural resources are regulated, among other provisions, by the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), which states in subsection 3 of Article 11 that one of the criteria for applying that law is the environmental public interest (interés público ambiental). Specifically, the provision states: "The use of biodiversity elements shall guarantee development options for future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of human health, and the improvement of citizens' quality of life." Such aspects must be considered for the resolution of this proceeding, as a natural resource is at stake; and the material competence for such determination is reserved by law to this Jurisdiction. Essentially, numeral 108 of the Biodiversity Law states: "In matters of biodiversity and as long as no environmental jurisdiction exists, any controversy shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction. As exceptions to the foregoing rule, crimes against biodiversity shall be tried by the criminal jurisdiction; likewise, controversies that arise between private parties, where no administrative act or public domain is involved, shall be the competence of the agrarian jurisdiction." From the foregoing, it is concluded that, being in the presence of a proceeding in which a private person raises a claim in relation to a natural resource, it forms part of the material competence of the agrarian courts pursuant to the cited regulations, regardless of whether the defendant is the State or a private party. The fact that the State or public entities appear as one of the parties does not automatically mean it must be the competence of the contentious jurisdiction, since Article 22 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria) regulates the possibility of such public actors being parties in agrarian proceedings. Hence, the declination of jurisdiction (inhibitoria) declared by the Court must be disapproved. This criterion has been upheld by the Agrarian Tribunal in vote 1577-C-12 of twelve hours fifteen minutes on the twentieth of December two thousand twelve, among many others. THEREFORE (POR TANTO): The declination of jurisdiction (inhibitoria) of fifteen hours sixteen minutes on the twenty-first of November two thousand twenty-four is disapproved. It is ordered to continue with the processing of the matter. EXP: 24-000172-0699-AG II Judicial Circuit San José, 4th floor, Tribunales de Justicia building, Calle Blancos de Goicoechea opposite the parking lot of Hospital Hotel La Católica Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:12:43.