Resolución 2794 — 2023 SUGEF ESG GuidelinesLineamientos ASG SUGEF 2023

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                    -

                        Texto Completo Norma 2794

                        Modificación de los "Lineamientos Generales para la aplicación del Capítulo
IV "Administración de Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza", Título III Administración del
Riesgo de Crédito, Ambientales y Sociales", del Reglamento sobre Administración

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE
ENTIDADES FINANCIERAS

Resolución

26 de octubre de 2023

SGF-2794-2023

SGF-PUBLICO

Dirigida a:

Ø  Bancos Comerciales del
Estado

Ø  Bancos Creados por
Leyes Especiales

Ø  Bancos Privados

Ø  Empresas Financieras no
Bancarias

Ø  Otras Entidades Financieras

Ø  Organizaciones
Cooperativas de Ahorro y Crédito

Ø  Entidades Autorizadas
del Sistema Financiera Nacional para la Vivienda

Asunto: Modificación de los
"Lineamientos Generales para la aplicación del Capítulo IV
"Administración de Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza",
Título III Administración del Riesgo de Crédito, Ambientales y Sociales",
del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos, Acuerdo SUGEF
2-10.

La
Superintendente General de Entidades Financieras,

Considerando que:

1. Mediante artículo 9 del acta de la sesión 862-2010 del 25 de junio del 2010, el Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó el Reglamento sobre administración integral
de riesgos, Acuerdo Sugef 2-10, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 137 del 15 de julio de
2010. En éste se establecen aspectos fundamentales de un proceso de gestión de riesgos enfocado
hacia la identificación, evaluación, monitoreo, control, mitigación y comunicación de los riesgos
medulares de la entidad, debidamente conmensurado con su estrategia de negocio, el volumen y
complejidad de sus operaciones y su perfil de riesgo.

2. El Conassif mediante el Artículo 07 de la Sesión 1827-2023 del
16 de octubre del 2023, aprobó la modificación al Acuerdo SUGEF 2-10, mediante
la cual se incorpora el Capítulo IV "Administración de Riesgos
Ambientales, Sociales y de Gobernanza" al Título III "Administración
del Riesgo Crédito".

3. El
Artículo 5 del Acuerdo SUGEF 2-10, establece la potestad del Superintendente
para emitir los Lineamientos Generales necesarios para la aplicación de dicha
regulación. Asimismo, estos Lineamientos Generales pueden ser modificados por
el Superintendente cuando lo considere conveniente.

4. Con el propósito
de establecer la expectativa de la SUGEF en torno a los alcances esperados para
la metodología a que se refiere el Capítulo IV Administración de Riesgos
Ambientales, Sociales y de Gobernanza del Título III Administración del
Riesgo Crédito del Acuerdo SUGEF 2-10, se considera conveniente emitir
lineamientos generales sobre este particular.

Dispone:

Agregar los
apartados 11) y 12) a la Sección A "Lineamientos Generales al TÍTULO
III "ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO"" del Reglamento
sobre Administración Integral de Riesgos, Acuerdo SUGEF 2-10, de
conformidad con el siguiente texto:

"11)
Debida diligencia ambiental y social

Objetivo:
Definir
la expectativa sobre el proceso de debida diligencia en materia de riesgos
ambientales y sociales para la cartera de crédito y ASG para el portafolio de
inversiones.

a.
Cartera de Crédito

La
debida diligencia ambiental y social (en adelante, "la debida
diligencia"), consiste en la evaluación para identificar conductas o
actividades del deudor que impacten o puedan impactar negativamente en el medio
ambiente o en la sociedad, a los que esté expuesto según lo que se define en el
inciso yy) Riesgo ambiental del Artículo 3.
Definiciones del Acuerdo SUGEF 2-10.

Esta
evaluación debe aplicarse desde el proceso de análisis para el otorgamiento del
crédito, así como en el seguimiento posterior, a fin de verificar que las
condiciones del deudor no han empeorado o que requieran de un cambio en la
clasificación de riesgo asignada.

La
frecuencia y el proceso de aplicación de esta debida diligencia debe ser
definido por la entidad, según lo que establezca en sus políticas, considerando
los riesgos que presentan las actividades de crédito, siendo que esta debida
diligencia, puede ser requerida con una mayor frecuencia para algunas
actividades que para otras. Por ejemplo, la entidad puede establecer niveles de
intensidad en función de nivel de riesgo. Es decir, si el riesgo es elevado, la
debida diligencia podría ser más fuerte o reforzada, en contraste, si el riesgo
es bajo, podría ser una debida diligencia normal.

A
criterio de la entidad, la debida diligencia puede incluir aspectos como el
control mínimo documental, cuestionarios, visitas de campo o análisis por técnicos
expertos en la materia, entre otros; los cuales deberán estar claramente
definidos en la Metodología de clasificación de operaciones crediticias.

La
debida diligencia tiene como finalidad informar y apoyar la decisión de la
entidad en el otorgamiento de créditos, así como en el proceso de
administración del riesgo. Adicionalmente, la debida diligencia busca orientar
sobre las acciones de manejo y mitigación de los riesgos, en línea con el marco
de gestión establecido en este Reglamento.

Los
resultados de la debida diligencia deben documentarse e incorporarse al proceso
de administración del riesgo de crédito.

El
proceso de debida diligencia debe mantenerse adecuadamente documentado por
parte de la entidad. Con fines ilustrativos, a criterio de la entidad la
documentación derivada del proceso de debida diligencia puede incluir aspectos
como los siguientes:

i) La
descripción del proyecto,

ii) El
entorno ambiental y social,

iii) Las
medidas de manejo y mitigación,

iv) Las
acciones requeridas para cerrar brechas identificadas en el desempeño del
deudor, así como la asignación de responsables y plazos.

b.
Portafolio de Inversiones

La
debida diligencia ambiental, social y de gobernanza consiste en el proceso para
identificar conductas o actividades del emisor que puedan impactar
negativamente, a través de situaciones ambientales (contaminación,
biodiversidad y cambio climático), sociales (derechos humanos, laborales,
igualdad de género) y de gobierno corporativo (transparencia, control interno,
composición de órganos de dirección entre otros), para lo cual se requiere que
los inversionistas analicen la información no-financiera, con el mismo rigor
que la información de carácter financiero.

La
debida diligencia debe incluir la revisión del cumplimiento de lo establecido
en las políticas en relación con el tema de las inversiones ASG, la revisión
del prospecto, la verificación externa realizada por un tercero experto, el
control mínimo documental, análisis por técnicos expertos en la materia, entre
otros.

Entre los
aspectos a valorar, esta debida diligencia debe asegurarse que el proyecto de
emisión cuente con mecanismos de verificación o control que asegure que los
fondos captados o derivados del financiamiento hayan sido utilizados según
fueron detallados en el prospecto.

El
seguimiento implica la constatación mediante la información disponible al
público de que el proyecto está cumpliendo con sus objetivos en materia ASG.

La
frecuencia y el proceso de aplicación de esta debida diligencia debe ser
definido por la entidad, según lo que establezca en sus políticas, considerando
los riesgos que presenta la inversión.

12)
Metodología Estándar para la evaluación de riesgos ambientales y sociales
(A&S).

Objetivo:
Establecer
aspectos mínimos a incluir en el desarrollo de la metodología estándar para la
evaluación de riesgos A&S.

a.
Operaciones crediticias a las cuales aplica la metodología estándar

La
metodología estándar debe aplicarse al menos a las operaciones crediticias a
que se refiere el Artículo 38 de este Reglamento.

b.
Pasos mínimos de la metodología estándar

La
metodología estándar debe incluir al menos los siguientes pasos:

PASO 1:
Identificación de los factores de riesgo ambientales y sociales que afectan las
operaciones crediticias.

PASO 2:
Definición de criterios de valoración de los factores de riesgo.

PASO 3:
Elementos o aspectos de clasificación de las operaciones crediticias según su
riesgo.

Las
entidades pueden efectuar ajustes a la metodología estándar cuando consideren
que existen cambios en el entorno, la cartera de créditos o las actividades que
financian con la finalidad de recopilar oportunamente factores de riesgo que
surjan.

c.
Desarrollo de los pasos

PASO
1: Identificación de los factores de riesgo ambientales y sociales que afectan
las operaciones crediticias.

Cada
entidad financiera, a partir del conocimiento obtenido mediante el proceso de
debida diligencia sobre la naturaleza de la actividad o proyecto objeto de
financiamiento, así como su conocimiento sobre los riesgos ambientales y
sociales, inherentes a estos, definirá los factores de riesgo que a su criterio
sean relevantes para clasificar cada operación crediticia.

En el
caso de negocios o actividades en los cuales el deudor ya tiene definido acciones
de mitigación o que reducen ese impacto, éstas se deben considerar en la
evaluación del impacto. Por ejemplo, campañas de reciclaje si es una empresa
cuyo negocio utiliza o fabrica el plástico como principal insumo, campañas de
reforestación si es un deudor cuya actividad es la fábrica de muebles de
madera, etc.

Con
fines ilustrativos, la Tabla No. 1 presenta ejemplos de factores de riesgo.

Tabla No. 1

Ejemplos de Factores de Riesgo

Aspecto
  para valorar

 

Ejemplo de Factores
  de Riesgo:

 

Naturaleza
  de la actividad

Contexto ambiental:

?              
  Industria:
  tratamiento de desechos, relación y participación con la comunidad.

?               
  Agricultura:
  contaminación del agua y el aire por el uso
  de

agroquímicos,
  la deforestación por la disponibilidad de terrenos para su uso, lo que
  implica una utilización desmedida del mismo.

?              
  Hotelería:
  la invasión de zonas donde existe hábitat establecido que es desplazado por
  la construcción de edificios y edificaciones.

Contexto social:

?              
  Industria:
  exposición de empleados a químicos tóxicos.

?              
  Procesos de automatización con impacto en el nivel
  de desempleo (maquilas,
  etc.).

?              
  Proyectos
  que implican el desalojo de zonas habitadas y de bajo nivel económico que
  promueven la precariedad, delincuencia

(urbanización)

?              
  Actividades
  afectadas por posibles huelgas de grupos específicos que generen una menor
  demanda de los productos o servicios; o que afectan de manera recurrente la
  operativa del negocio, ejemplo: huelga

de educadores, médicos, cierre de vías
  terrestres, etc.

Contexto climático:

?              
  Agricultura:
  inundaciones y sequias frecuentes y con alto impacto.

?              
  Agricultura:
  surgimiento de plagas que afectan los cultivos, sea por estaciones climáticas
  muy marcadas que las promueven o bien por

el simple surgimiento de estas.

?              
  Transportes:
  sin alineamiento con las metas país para la transición a una economía baja en carbono.

?              
  Construcción:
  desarrollo de estructuras con impacto ambiental o que aumentan la huella carbono.

Deudor
  (sensibilidad

Compromiso
  y capacidad del deudor para gestionar los impactos y riesgos ambientales y sociales:
  Antecedentes de suspensión de obras por incumplimiento de permisos, licencias
  y requerimientos legales

 

| del flujo de efectivo) | establecidos por el Estado. Demandas de empleados con resultado
desfavorable para el deudor. | | --- | --- | | Operación crediticia (valor de la garantía colateral)
| Ubicación geográfica: Bien inmueble que alberga la planta de procesamiento expuesto a deterioro
por riesgos de deslaves o inundación. El surgimiento de asentamientos o precarios cerca de la
ubicación de la garantía que afecten de forma directa en su valor de mercado. |

PASO
2: Definición de criterios de valoración de los factores de riesgo

La
entidad debe realizar una valoración integral de los factores de riesgo
identificados en el Paso 1, considerando al menos las dimensiones de
"Potencialidad" e "Impacto", según se desarrolla a
continuación:

i)
Potencialidad

La
potencialidad está referida al grado de exposición integral a factores de
riesgo ambientales y sociales.

La
potencialidad debe estar referida a una dimensión temporal, en cuyo caso
corresponderá al plazo de la operación crediticia.

Esta
dimensión debe contar con al menos tres niveles de potencialidad (Alta, Media,
Baja). Para los efectos de esta regulación, se sugiere que los niveles de
potencialidad sean determinados con base en el criterio experto de la entidad,
los cuales deberán estar claramente definidos y desarrollados en la Metodología
estándar para la evaluación de riesgo ambiental y social en la cartera de
créditos.

En las
primera y segunda columnas de la Tabla No. 2 se incluye la definición de la
dimensión "Potencialidad", así como para los tres niveles de
probabilidad. Con fines ilustrativos, en la tercera columna se indican ejemplos
de aspectos a considerar en la valoración de esta dimensión.

Tabla No. 2

Dimensión: Potencialidad

Definición

Niveles

Ejemplo de aspectos
  para valoración:

 

Potencialidad
  de que la

actividad o proyecto
  objeto de financiamiento, se vean

impactados
  por factores de riesgo ambientales y sociales.

Alta: existe

potencialidad
  alta de que, a criterio de la entidad, la actividad o proyecto, se vean
  impactados por factores de riesgo ambientales y sociales.

 

Media:
  existe potencialidad media de que, a criterio de la entidad, la actividad o
  proyecto, se vean impactados por factores de riesgo ambientales y sociales.

 

Baja: existe

potencialidad
  baja o inexistente de que, a criterio de la entidad, la actividad o proyecto,
  se vean impactados por factores de riesgo ambientales y sociales.

?      La naturaleza
  particular de la actividad del deudor, el plan de inversión o el proyecto
  objeto de financiamiento.

?      La ubicación
  geográfica donde se desarrollará la actividad, el plan de inversión o el proyecto.

?      El grado de   cumplimiento diligente con los permisos, licencias y requerimientos legales que
establezca el Estado.

?      La imposición de
  multas o sanciones por incumplimiento de permisos, licencias, requerimientos
  etc., relacionados con temas ambientales y
  sociales.

?      La existencia de
  hechos relevantes que hagan referencia
  a incidentes o accidentes asociados con la actividad, el plan de inversión o
  el proyecto objeto de financiamiento.

?      La existencia de
  quejas presentadas por partes interesadas.

ii)
Impacto

El
impacto está referido al grado de afectación negativa o adversa sobre la
actividad o proyecto objeto de financiamiento, en caso de manifestarse los
factores de riesgo ambientales y sociales.

Esta
dimensión debe contar con al menos tres niveles de impacto (Alto, Medio, Bajo).
Para los efectos de esta regulación, se sugiere que los niveles de impacto sean
determinados con base en el criterio experto de la entidad, los cuales deberán
estar claramente definidos y desarrollados en la Metodología estándar para la
evaluación de riesgo ambiental y social en la cartera de créditos.

En la
primera y segunda columna de la Tabla No. 3 se incluye la definición de la
dimensión de "Impacto", así como para los tres niveles de
potencialidad. Con fines ilustrativos, en la tercera columna se indican
ejemplos de aspectos a considerar en la valoración de esta dimensión.

Tabla No. 3

Dimensión: Impacto

| Definición | Niveles | Ejemplo de aspectos para valoración: | | --- | --- | --- | | El impacto
adverso sobre actividad o proyecto objeto de financiamiento en caso de manifestarse los factores de
riesgo ambientales y sociales. | Alto: impacto adverso significativo a criterio de la entidad.
Medio: impacto adverso moderado a criterio de la entidad. Bajo: impacto adverso bajo o inexistente a
criterio de la entidad. | ? El flujo de efectivo destinado a la atención de la operación crediticia,
en caso de manifestarse factores de riesgo ambiental y social. Por ejemplo: . la disrupción de las
cadenas de suministros, . la suspensión de la actividad económica del deudor como resultado de
eventos climáticos extremos, huelgas, sanciones, etc. . la afectación irreversible al medio
ambiente; con efectos negativos en reputación del deudor y la aplicación de multas o sanciones. ? La
afectación activos relacionados con la actividad o el proyecto objeto de financiamiento, en caso de
manifestarse factores o eventos de riesgo ambiental y social. Por ejemplo: . eventos climáticos
extremos, . derrames accidentales o repentinos de residuos tóxicos. . emisiones- . boicots de
clientes y consumidores. |

PASO
3: Clasificación de las operaciones crediticias según el riesgo

Las operaciones
crediticias deben clasificarse en las categorías de riesgo definidas en el
Artículo 39 de este Reglamento.

A manera
de resumen, en la Tabla No. 4 se ejemplifica el resultado final de la
aplicación de la metodología.

Rige a partir del primero de enero de 2027.

La
Superintendencia considera que las entidades que ya cuentan con marcos de
gestión y metodologías de calificación de deudores para estos riesgos están en
capacidad de adoptar con mayor rapidez el marco de regulación propuesto. Por
esta razón, se establece flexibilidad en la regulación para considerar su
aplicación anticipada en el caso de las entidades que así lo manifiesten."

in the entirety of the text

                    -

                        Full Text of Regulation 2794

                        Amendment to the "General Guidelines for the application of Chapter
IV 'Environmental, Social, and Governance Risk Management', Title III Credit, Environmental, and Social Risk Management", of the Regulation on Comprehensive

GENERAL SUPERINTENDENCY OF
FINANCIAL ENTITIES

Resolution

October 26, 2023

SGF-2794-2023

SGF-PUBLICO

Addressed to:

Ø  State Commercial Banks

Ø  Banks Created by
Special Laws

Ø  Private Banks

Ø  Non-Banking Financial
Companies

Ø  Other Financial Entities

Ø  Savings and Credit
Cooperative Organizations

Ø  Authorized Entities
of the National Financial System for Housing

Subject: Amendment to the
"General Guidelines for the application of Chapter IV
'Environmental, Social, and Governance Risk Management',
Title III Credit, Environmental, and Social Risk Management",
of the Regulation on Comprehensive Risk Management, Agreement SUGEF
2-10.

The
General Superintendent of Financial Entities,

Considering that:

1. By means of article 9 of the minutes of session 862-2010 of June 25, 2010, the National Council
for Supervision of the Financial System (Conassif) approved the Regulation on comprehensive risk
management, Agreement Sugef 2-10, published in the Official Gazette La Gaceta 137 of July 15,
2010. This regulation establishes fundamental aspects of a risk management process focused
on the identification, assessment, monitoring, control, mitigation, and communication of the
entity's core risks, duly commensurate with its business strategy, the volume and
complexity of its operations, and its risk profile.

2. Conassif, by means of Article 07 of Session 1827-2023 of
October 16, 2023, approved the amendment to Agreement SUGEF 2-10, by
which Chapter IV "Environmental, Social, and Governance Risk Management" is incorporated into Title III "Credit Risk
Management".

3.
Article 5 of Agreement SUGEF 2-10 establishes the Superintendent's authority
to issue the General Guidelines necessary for the application of said
regulation. Likewise, these General Guidelines may be amended by
the Superintendent when deemed appropriate.

4. For the purpose
of establishing SUGEF's expectation regarding the expected scope for
the methodology referred to in Chapter IV Environmental, Social, and Governance Risk Management of Title III Credit
Risk Management of Agreement SUGEF 2-10, it is deemed appropriate to issue
general guidelines on this matter.

Resolves:

To add
sections 11) and 12) to Section A "General Guidelines for TITLE
III 'CREDIT RISK MANAGEMENT'" of the Regulation
on Comprehensive Risk Management, Agreement SUGEF 2-10, in
accordance with the following text:

"11)
Environmental and Social Due Diligence

Objective:
To define
the expectation regarding the due diligence process for environmental and
social risks for the credit portfolio and ESG for the investment
portfolio.

a.
Credit Portfolio

Environmental and social due diligence (due diligence (debida diligencia)) (hereinafter, "the due
diligence"), consists of the assessment to identify debtor behaviors or
activities that negatively impact or could impact the environment
or society, to which the debtor is exposed as defined in
subsection yy) Environmental Risk of Article 3.
Definitions of Agreement SUGEF 2-10.

This
assessment must be applied starting from the analysis process for granting
credit, as well as in subsequent monitoring, in order to verify that the
debtor's conditions have not worsened or that they require a change in the
assigned risk classification.

The
frequency and application process of this due diligence must be
defined by the entity, according to what it establishes in its policies, considering
the risks presented by the credit activities, given that this due
diligence can be required with greater frequency for some
activities than for others. For example, the entity can establish levels of
intensity based on the risk level. That is, if the risk is high, the
due diligence could be stronger or reinforced; in contrast, if the risk
is low, it could be a normal due diligence.

At
the entity's discretion, the due diligence may include aspects such as
minimum documentary control, questionnaires, field visits, or analysis by expert
technicians in the matter, among others; which must be clearly
defined in the Credit Operations Classification Methodology.

The
due diligence aims to inform and support the
entity's decision in granting credits, as well as in the
risk management process. Additionally, the due diligence seeks to guide
on management and mitigation actions for risks, in line with the management
framework established in this Regulation.

The
results of the due diligence must be documented and incorporated into the
credit risk management process.

The
due diligence process must remain adequately documented by
the entity. For illustrative purposes, at the entity's discretion, the
documentation derived from the due diligence process may include aspects
such as the following:

i) The
project description,

ii) The
environmental and social setting,

iii)
Management and mitigation measures,

iv) The
actions required to close gaps identified in the debtor's
performance, as well as the assignment of responsible parties and deadlines.

b.
Investment Portfolio

Environmental, social, and governance due diligence (due diligence (debida diligencia)) consists of the process to
identify behaviors or activities of the issuer that could negatively
impact, through environmental situations (pollution,
biodiversity, and climate change), social situations (human rights, labor,
gender equality), and corporate governance situations (transparency, internal control,
composition of management bodies, among others), for which
investors are required to analyze non-financial information with the same rigor
as financial information.

The
due diligence must include the review of compliance with
policies regarding the subject of ESG investments, the review
of the prospectus, the external verification performed by an expert third party,
minimum documentary control, analysis by expert technicians in the matter, among
others.

Among the
aspects to assess, this due diligence must ensure that the
issuance project has verification or control mechanisms that ensure that the
funds raised or derived from the financing have been used as
detailed in the prospectus.

Monitoring
involves verifying, through publicly available information, that
the project is meeting its ESG objectives.

The
frequency and application process of this due diligence must be
defined by the entity, according to what it establishes in its policies, considering
the risks presented by the investment.

12)
Standard Methodology for the assessment of environmental and social (E&S)
risks.

Objective:
To establish
minimum aspects to include in the development of the standard methodology for
the assessment of E&S risks.

a.
Credit operations to which the standard methodology applies

The
standard methodology must be applied at least to the credit operations
referred to in Article 38 of this Regulation.

b.
Minimum steps of the standard methodology

The
standard methodology must include at least the following steps:

STEP 1:
Identification of the environmental and social risk factors that affect
credit operations.

STEP 2:
Definition of assessment criteria for the risk factors.

STEP 3:
Elements or aspects for classifying credit operations according to their
risk.

Entities
may make adjustments to the standard methodology when they consider
that there are changes in the environment, the credit portfolio, or the activities
they finance, in order to timely include arising risk factors.

c.
Development of the steps

STEP
1: Identification of the environmental and social risk factors that affect
credit operations.

Each
financial entity, based on the knowledge obtained through the due
diligence process regarding the nature of the activity or project subject to
financing, as well as its knowledge of the environmental and social
risks inherent to these, shall define the risk factors that it deems
relevant for classifying each credit operation.

In the
case of businesses or activities where the debtor already has defined mitigation actions
or actions that reduce that impact, these must be considered in the
impact assessment. For example, recycling campaigns if it is a company
whose business uses or manufactures plastic as its main input,
reforestation campaigns if it is a debtor whose activity is furniture manufacturing,
etc.

For
illustrative purposes, Table No. 1 presents examples of risk factors.

Table No. 1

Examples of Risk Factors

Aspect
  to assess

 

Example of Risk
  Factors:

 

Nature
  of the activity

Environmental context:

?              
  Industry:
  waste treatment, relationship and participation with the community.

?               
  Agriculture:
  water and air contamination from the use
  of

agrochemicals,
  deforestation due to the availability of land for use, implying
  its excessive utilization.

?              
  Hospitality:
  the invasion of areas where established habitat exists that is displaced by
  the construction of buildings and structures.

Social context:

?              
  Industry:
  exposure of employees to toxic chemicals.

?              
  Automation processes impacting the
  unemployment rate (maquilas,
  etc.).

?              
  Projects
  involving the eviction of inhabited, low-economic-level zones that
  promote precariousness and crime

(urbanización)

?              
  Activities
  affected by potential strikes from specific groups that generate lower
  demand for products or services; or that recurrently affect the
  business operations, e.g.: strike

by educators, doctors, road closures,
  etc.

Climate context:

?              
  Agriculture:
  frequent and high-impact floods and droughts.

?              
  Agriculture:
  emergence of pests that affect crops, whether due to very marked climatic
  seasons that promote them or simply

due to their emergence.

?              
  Transportation:
  lack of alignment with the country's goals for the transition to a low-carbon economy.

?              
  Construction:
  development of structures with environmental impact or that increase the carbon footprint.

Debtor
  (sensitivity

Commitment
  and capacity of the debtor to manage environmental and social impacts and risks:
  History of works suspended due to non-compliance with permits, licenses,
  and legal requirements

 

| of cash flow) | established by the State. Lawsuits by employees with a result
unfavorable to the debtor. | | --- | --- | | Credit operation (collateral value)
| Geographic location: Real property housing the processing plant exposed to deterioration
from landslide or flood risks. The emergence of settlements or slums (precarios) near the
location of the collateral that directly affect its market value. |

STEP
2: Definition of assessment criteria for the risk factors

The
entity must conduct a comprehensive assessment of the risk factors
identified in Step 1, considering at least the dimensions of
"Potential" and "Impact", as developed below:

i)
Potential

Potential
refers to the degree of comprehensive exposure to environmental and social
risk factors.

Potential
must refer to a temporal dimension, in which case
it shall correspond to the term of the credit operation.

This
dimension must have at least three levels of potential (High, Medium,
Low). For the purposes of this regulation, it is suggested that the levels of
potential be determined based on the expert judgment of the entity,
which must be clearly defined and developed in the Standard
Methodology for environmental and social risk assessment in the credit
portfolio.

In the
first and second columns of Table No. 2, the definition of the
dimension "Potential" is included, as well as for the three levels of
probability. For illustrative purposes, the third column indicates examples
of aspects to consider in the assessment of this dimension.

Table No. 2

Dimension: Potential

Definition

Levels

Example of aspects
  for assessment:

 

Potential
  that the

activity or project
  subject to financing may be

impacted
  by environmental and social risk factors.

High: high

potential exists
  that, in the entity's judgment, the activity or project may be
  impacted by environmental and social risk factors.

 

Medium:
  medium potential exists that, in the entity's judgment, the activity or
  project may be impacted by environmental and social risk factors.

 

Low: low or non-existent

potential exists
  that, in the entity's judgment, the activity or project may be
  impacted by environmental and social risk factors.

?      The particular nature
  of the debtor's activity, the investment plan, or the project
  subject to financing.

?      The geographic
  location where the activity, investment plan, or project will be developed.

?      The degree of   diligent compliance with permits, licenses, and legal requirements
established by the State.

?      The imposition of
  fines or sanctions for non-compliance with permits, licenses, requirements,
  etc., related to environmental and
  social matters.

?      The existence of
  relevant events that refer
  to incidents or accidents associated with the activity, investment plan, or
  project subject to financing.

?      The existence of
  complaints filed by interested parties.

ii)
Impact

Impact
refers to the degree of negative or adverse affectation on the
activity or project subject to financing, should the
environmental and social risk factors materialize.

This
dimension must have at least three levels of impact (High, Medium, Low).
For the purposes of this regulation, it is suggested that the levels of impact be
determined based on the expert judgment of the entity, which must
be clearly defined and developed in the Standard Methodology for
environmental and social risk assessment in the credit portfolio.

In the
first and second columns of Table No. 3, the definition of the
dimension of "Impact" is included, as well as for the three levels of
potential. For illustrative purposes, the third column indicates
examples of aspects to consider in the assessment of this dimension.

Table No. 3

Dimension: Impact

| Definition | Levels | Example of aspects for assessment: | | --- | --- | --- | | The adverse
impact on the activity or project subject to financing should the environmental and social risk
factors materialize. | High: significant adverse impact in the entity's judgment.
Medium: moderate adverse impact in the entity's judgment. Low: low or non-existent adverse impact in
the entity's judgment. | ? The cash flow destined for servicing the credit operation,
should environmental and social risk factors materialize. For example: . the disruption of supply
chains, . the suspension of the debtor's economic activity as a result of extreme climate events,
strikes, sanctions, etc. . irreversible affectation to the environment; with negative effects on the
debtor's reputation and the application of fines or sanctions. ? The affectation of assets related to
the activity or project subject to financing, should environmental and social risk factors or events
materialize. For example: . extreme climate events, . accidental or sudden spills of toxic waste.
. emissions- . boycotts by clients and consumers. |

STEP
3: Classification of credit operations according to risk

Credit operations
must be classified into the risk categories defined in
Article 39 of this Regulation.

By way
of summary, Table No. 4 exemplifies the final result of the
application of the methodology.

Effective as of January 1, 2027.

The
Superintendency considers that entities that already have management
frameworks and debtor rating methodologies for these risks are in a
position to more rapidly adopt the proposed regulatory framework. For
this reason, flexibility is established in the regulation to consider
its early application in the case of entities that so state."