Ley 276 — Water LawLey de Aguas

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Ley de Aguas


Nº 276





EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA





DECRETA:





 





Artículo 1º.- Promúlgase la siguiente





LEY DE AGUAS





CAPITULO PRIMERO





SECCION I





De las aguas del dominio público y privado





Artículo 1º.- Son aguas del dominio público:





I.- Las de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional;





II.- Las de las lagunas y esteros de las playas que se comuniquen permanente o intermitentemente con
el mar;





III.- Las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes
constantes;





IV.- Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en
que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o
esteros;





V.- Las de las corrientes constantes o intermitentes cuyo cauce, en toda su extensión o parte de
ella, sirva de límite al territorio nacional, debiendo sujetarse el dominio de esas corrientes a lo
que se haya establecido en tratados internacionales celebrados con los países limítrofes y, a falta
de ellos, o en cuanto a lo no previsto, a lo dispuesto por esta ley;





VI.- Las de toda corriente que directa o indirectamente afluyan a las enumeradas en la fracción V;





VII.- Las que se extraigan de las minas, con la limitación señalada en el artículo 10;





VIII.- Las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de
propiedad nacional y, en general, todas las que nazcan en terrenos de dominio público;





IX.- Las subterráneas cuyo alumbramiento no se haga por medio de pozos; y





X.- Las aguas pluviales que discurran por barrancos o ramblas cuyos cauces sean de dominio público.




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Artículo 2º.- Las aguas enumeradas en el artículo anterior son de propiedad nacional y el dominio
sobre ellas no se pierde ni se ha perdido cuando por ejecución de obras artificiales o de
aprovechamiento santeriores se alteren o hayan alterado las características naturales.





Exceptúanse las aguas que se aprovechan en virtud de contratos otorgados por el Estado, las cuales
se sujetarán a las condiciones autorizadas en la respectiva concesión.




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Artículo 3º.- Son igualmente de propiedad nacional:





I.- Las playas y zonas marítimas;





II.- Los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional;





III.- Los cauces de las corrientes de dominio público;





IV.- Los terrenos ganados al mar por causas naturales o por obras artificiales;





V.- Los terrenos ganados a las corrientes, lagos, lagunas o esteros, por obras ejecutadas con
autorización del Estado; y





VI.- Las islas que se forman en los mares territoriales, en los vasos de los lagos, lagunas o
esteros o en cauces de las corrientes de propiedad nacional, siempre que éstas no procedan de una
bifurcación del río en terrenos de propiedad particular.




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Artículo 4º.- Son aguas de dominio privado y pertenecen al dueño del terreno:





I.- Las aguas pluviales que caen en su predio mientras discurran por él. Podrá el dueño, en
consecuencia, construir dentro de su propiedad, estanques, pantanos, cisternas o aljibes donde
conservarlas al efecto, o emplear para ello cualquier otro medio adecuado, siempre que no cause
perjuicio al público ni a tercero;





II.- Las lagunas o charcos formados en terrenos de su respectivo dominio, siempre que no se esté en
el caso previsto en la Sección II del artículo 1º. Los situados en terrenos de aprovechamiento
comunal, pertenecen a los pueblos respectivos;





III.- Las aguas subterráneas que el propietario obtenga de su propio terreno por medio de pozos; y





IV.- Las termales, minerales y minero-medicinales, sea cual fuere el lugar donde broten. Dichas
aguas quedarán bajo el control de la Secretaría de Salubridad cuando sean declaradas de utilidad
pública.




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Artículo 5º.- El propietario de un terreno en donde brote un manantial de aguas que han sido por él
utilizadas antes de la promulgación de la presente ley, podrá seguir aprovechándolas libremente en
los volúmenes y forma en que lo haya hecho con anterioridad a la fecha indicada. Si hubiere
celebrado convenios con anterioridad a la misma fecha con quienes realizan el aprovechamiento,
deberán ser respetados dichos convenios. Mas, si esa agua o parte de ella llegare a necesitarse para
los fines que determina la ley Nº 16 de 20 de octubre de podrá limitarse ese aprovechamiento en la
cantidad necesaria para llenar dichos fines, sin perjuicio de la indemnización a que tuviere derecho
el propietario si la limitación que se le impone le causare perjuicio. En igual forma se limitarán
esos aprovechamientos en los casos que determina el Capítulo VII de la presente ley.




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Artículo 6º.- Todo propietario puede abrir libremente sin necesidad de concesión pozos para elevar
aguas dentro de sus fincas para usos domésticos y necesidades ordinarias de la vida, aunque con ello
resultaren amenguadas las aguas de sus vecinos; deberá, sin embargo, guardar la distancia de dos
metros entre pozo y pozo, dentro de las poblaciones, y de quince metros en el campo entre la nueva
excavación y los pozos, estanques, fuentes y acequias permanentes de los vecinos.




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Artículo 7º.- El alumbramiento de aguas subterráneas obtenido para otros fines que no sean los
indicados en el artículo anterior, o por medio de pozos artesianos, por socavones o por galerías,
podrá obtenerse mediante concesión; y el que la obtenga disfrutará del agua mientras discurra por su
terreno, pero en cuanto el sobrante salga de él, se convertirá en aguas de dominio público.





Cuando amenazara peligro de que por consecuencia de las labores del pozo artesiano, socavón o
galería, se distraigan o mermen las aguas públicas destinadas a un servicio público o a un
aprovechamiento privado preexistente, con derechos legítimamente adquiridos, la autoridad de
policía, a solicitud de los interesados, podrá ordenar la suspensión de la obra, aunque ya se
hubiere otorgado la nueva concesión, mientras se obtiene el pronunciamiento definitivo del
Ministerio del Ambiente y Energía, o de los tribunales comunes en su caso.





( Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 8º.- Las labores de que trata el artículo anterior para alumbramientos, no podrán
ejecutarse a menor distancia de cuarenta metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o carretera,
ni a menos de cien de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequia o abrevadero público, sin la
licencia correspondiente del Ministerio del Ambiente y Energía.





Tampoco podrán ejecutarse estas labores dentro de una pertenencia minera, sin previa estipulación
para el resarcimiento de perjuicios.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 9º.- Los concesionarios de pertenencias mineras, socavones y galerías generales de desagües
de minas, tienen la propiedad de las aguas halladas en sus labores mientras conserven la de sus
minas respectivas.





El agua, una vez que salga de la pertenencia minera, se convertirá en pública.




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SECCION II





De los aprovechamientos comunes de las aguas públicas





Artículo 10.- El libre uso del mar litoral, ríos navegables, ensenadas, radas, bahías y abras, se
entiende para navegar, pescar, embarcar, desembarcar, fondear y otros actos semejantes, conforme a
las prescripciones legales o reglamentarias que lo regulen y siempre que ese uso no haya sido objeto
de una concesión particular o de reserva del Estado. En el mismo caso se encuentra el uso de las
playas, el cual autoriza a todos, con iguales restricciones, para transitar por ellas, bañarse,
tender y enjugar ropas y redes, verar, carenar y construir embarcaciones, bañar ganado y recoger
conchas, plantas y mariscos.




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Artículo 11.- Mientras las aguas corran por sus cauces naturales y públicos y no lo impida una
concesión particular, todos podrán usar de ellas para beber, lavar ropas, vasijas y cualesquiera
otros objetos, bañarse y abrevar o bañar caballerías y ganado, con sujeción a los reglamentos de
policía.




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Artículo 12.- En las aguas que, apartadas artificialmente de sus cauces naturales y públicos,
discurrieren por canales, acequias o acueductos descubiertos, aunque pertenezcan a concesionarios
particulares, todos podrán extraer y conducir en vasijas la que necesiten para usos domésticos y
fabriles y para el riego de plantas aisladas; pero la extracción habrá de hacerse precisamente a
mano, sin género alguno de máquina o aparato, y sin detener el curso del agua, ni deteriorar las
márgenes del canal o acequia. La autoridad deberá limitar o prohibir el uso de este derecho cuando
cause perjuicios al concesionario de las aguas. Se entiende que en propiedad privada nadie puede
penetrar para buscar o usar el agua, a no mediar licencia del dueño.




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Artículo 13.- En los canales, acequias o acueductos de aguas públicas al descubierto, aun cuando
sean de propiedad temporal de los concesionarios, todos podrán lavar ropas, vasijas u otros objetos,
siempre que con ello no se deterioren las márgenes, ni se trate de aguas que, por el uso a que se
destinan, deban conservarse en estado de pureza; pero no se podrá bañar, ni abrevar ganados ni
caballerías, sino precisamente en los sitios destinados a este objeto.




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Artículo 14.- Todos pueden pescar en cauces públicos, sujetándose a las leyes y reglamentos de
policía que especialmente sobre la pesca existan o puedan dictarse, siempre que no se embarace la
navegación y flotación. Queda absolutamente prohibido pescar haciendo uso de explosivos o
envenenamiento de las aguas.




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Artículo 15.- En los canales, acequias o acueductos para la conducción de las aguas públicas, aunque
construídos por los concesionarios de éstas, y a menos de habérseles reservado el aprovechamiento de
la pesca por las condiciones de la concesión, pueden todos pescar con anzuelos, redes o nasas, con
sujeción a las leyes y reglamentos especiales sobre pesca, con tal de que no se obstaculice el curso
del agua ni se deteriore el canal o sus márgenes.




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Artículo 16.- En las aguas de dominio privado y en las concedidas para el establecimiento de viveros
o criaderos de peces, solamente podrán pescar los dueños o concesionarios, o los que de ellos
obtuviesen permiso, sin más restricciones que las relativas a la salubridad pública.




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CAPITULO SEGUNDO





SECCION I





De los aprovechamientos especiales de aguas públicas





Artículo 17.- Es necesaria autorización para el aprovechamiento de las aguas públicas, especialmente
dedicadas a empresas de interés público o privado. Esa autorización la concederá el Ministerio del
Ambiente y Energía en la forma que se prescribe en la presente ley, institución a la cual
corresponde disponer y resolver sobre el dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno o
vigilancia sobre las aguas de dominio público, conforme a la ley Nº 258 de 18 de agosto de 1941.
Exceptúanse las aguas potables destinadas a la construcción de cañerías para poblaciones sujetas al
control de la Secretaría de Salubridad Pública, según ley número 16 de 30 de octubre de 1941.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 18.- Toda persona que esté disfrutando de un derecho de aguas, deberá exhibir la concesión
que tenga para ejercitar ese derecho.   Sin embargo, el que en la fecha de la promulgación de esta
ley hubiere disfrutado durante veinte años de un aprovechamiento de aguas públicas, sin oposición de
la autoridad ni de tercero, tendrá derecho a continuar disfrutándolo, aun cuando no pueda acreditar
cómo obtuvo la correspondiente autorización, siempre que se sujete a las restricciones que determina
el artículo 21, cuando el caudal no fuere suficiente para abastecer las necesidades de los predios
inferiores.





Quedan confirmados de pleno derecho los aprovechamientos existentes, amparados por títulos,
concesiones o confirmaciones expedidos con anterioridad a la fecha de la presente ley, siempre que
los concesionarios hubieren cumplido con las obligaciones impuestas en los títulos respectivos.





Los derechos que para el aprovechamiento de las aguas señalen leyes especiales, tendrán el carácter
de concesiones, pero deberán ser inscritos en el respectivo Registro de Concesiones.





Los usuarios que tengan títulos diferentes a los señalados en los casos anteriores, están obligados
a solicitar del Ministerio del Ambiente y Energía la confirmación de sus derechos. La solicitud
deberá presentarse dentro del plazo de un año contado a partir de la vigencia de esta ley, cuando se
trate de aprovechamientos que existan en corrientes de aguas públicas.





Transcurridos esos plazos, la legalización de los aprovechamientos sólo podrá hacerse mediante nueva
concesión.





Los aprovechamientos de hecho serán legalizados a solicitud de los interesados y mediante
inspección, siempre que la solicitud se presente dentro de un año, contado desde la promulgación de
esta ley. De no hacerse en ese plazo, el interesado deberá solicitar su concesión de acuerdo con los
trámites establecidos en esta ley.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 deagosto de 1996)




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Artículo 19.- Toda concesión de aprovechamiento de aguas pública se entenderá hecha, aunque no se
diga expresamente, sin perjuicio de tercero de mejor derecho y dejando a salvo los de particulares
en el orden que determina el artículo 27. La duración de las concesiones se determinará, en cada
caso, según las circunstancias y se fija como límite máximo el término de treinta años.




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Artículo 20.- En las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas se entenderá comprendida la de
los terrenos de dominio público, necesarios para la obra de la presa y de los canales y acequias.





Respecto de los terrenos de propiedad del Estado, de los Municipios, de los pueblos y de los
particulares, se procederá, según los casos, a imponer la servidumbre forzosa, con las formalidades
de ley.





La expropiación se hará por la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Policía con los
trámites indicados en la ley número 36 de 26 de junio de 1896, adicionada por la Nº 78 de 24 de
junio de 1938, o la que a esa sazón rija sobre la materia.




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Artículo 21.- En toda concesión de aprovechamiento de aguas públicas se fijará la naturaleza de
ésta, la cantidad en litros por segundo del agua concedida; y si fuese para riego, la extensión del
terreno que haya de regarse, así como la clase de los cultivos que deban servirse, tomando en
consideración las necesidades de los predios inferiores que también la necesiten. Si el agua no
fuere suficiente para atender todas las demandas, se fijará a cada concesionario el número de horas
por día, porsemana o por mes en que pueden hacer su aprovechamiento y esas horas se calcularán de
acuerdo con el número de propietarios servidos por el mismo caudal, tomando en cuenta la extensión
de sus cultivos. El concesionario que no se sujete a las horas que se le concedan, perderá el
derecho de aprovechar el agua, fuera de las otras sanciones de carácter punitivo que se determinan
en el inciso 2º del artículo 166.





En aprovechamientos anteriores a la presente ley, se entenderá únicamente concedida la cantidad de
agua necesaria para el objeto de aquéllos.




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Artículo 22.- Las aguas concedidas para un aprovechamiento, no podrán aplicarse a otro diverso sin
la correspondiente autorización, la cual se otorgará como si se tratara de nueva concesión.




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Artículo 23.- El Ministerio del Ambiente y Energía no asume ninguna responsabilidad por la falta o
disminución de agua que pudiera resultar en el caudal expresado en la concesión, ya sea que proceda
de error o de cualquiera otra causa. Se entenderá que toda concesión se extiende con esa liberación
de responsabilidad, aunque no se diga expresamente.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 24.- Siempre que en las concesiones y en los disfrutes de cantidades determinadas de agua,
por espacio fijo de tiempo, no se exprese otra cosa, el uso continuo se entiende por todos los
instantes; si fuese por días, el día natural se entenderá de 24 horas, desde media noche; si fuese
durante el día o durante la noche, se extenderá entre las seis horas y las dieciocho horas, o entre
las dieciocho horas y las seis horas del día siguiente, respectivamente; y si fuese por semanas, se
contarán desde las veinticuatro horas del domingo; si fuese por días festivos o con exclusión de
ellos, se entenderán aquéllos que eran tales en la época de la concesión o del contrato. Si la
concesión hubiere de hacerse por horas, el Inspector de Aguas fijará éstas en los casos que
determina el aparte segundo del artículo 21, tomando en cuenta las circunstancias que se fijan en el
aparte primero de esta disposición.




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Artículo 25.- Las concesiones se extinguirán:





I.- Por expiración del plazo para el cual fueron otorgadas;





II.- Por cesación del objeto para el cual se destinaba el aprovechamiento; y





III.- Por caducidad, que será declarada administrativamente por el Ministerio del Ambiente y
Energía, previa audiencia de los interesados.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 26.- Son causas de caducidad de las concesiones:





I.- La falta de uso y aprovechamiento de las aguas por un período de tres años consecutivos o de
tres dentro de cinco;





II.- La aplicación de las aguas a usos distintos de los señalados en la concesión. Si se trata de
riego, por aplicar el agua a otros predios distintos de aquéllos para los que fué concedida, sin
permiso del Ministerio del Ambiente y Energía.





III.- Que el concesionario haya sido condenado dos veces por tomar, con perjuicio de tercero, un
volumen mayor de agua que aquel a que está autorizado por el título;





IV.- El traspaso, administración o gravamen total o parcial de la concesión, directa o
indirectamente, a favor de Gobiernos o Estados extranjeros, o la admisión de éstos con cualquier
clase de participación en la concesión o en la empresa que la explote.  En la apreciación de este
causal, el Ministerio del Ambiente y Energía no estará obligado a sujetarse a las reglas de la
prueba común y bastará que tenga la convicción moral de su existencia para que decrete la caducidad,
sin lugar a reclamo alguno por parte de los interesados;





V.- El traspaso o gravamen de la concesión, en todo o en parte, o de las obras a que se refiera, sin
previa autorización del Ministerio del Ambiente y Energía.  Si la concesión hubiere sido otorgada
para riego de tierras propias del concesionario y fuere enajenada juntamente con éstas, no habrá
lugar a la caducidad de la concesión, aun cuando se hubiere omitido el requisito de la previa
autorización del Ministerio del Ambiente y Energía, siempre que el adquirente tuviere capacidad,
conforme a esta ley, para ser concesionario de aguas. En todo caso, el adquirente deberá hacer saber
el traspaso al Ministerio del Ambiente y Energía dentro de seis meses de la fecha en que aquél
hubiere sido consumado. Si transcurrido este plazo el adquirente no da el aviso respectivo, se le
impondrá la pena que señala el artículo 166 de esta ley; y





VI.- Las indicadas en los artículos 22 y 57.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 27.- En la concesión de aprovechamientos especiales de aguas públicas, se observará el
siguiente orden de preferencia:





I.- Cañerías para poblaciones cuyo control queda a cargo de la Secretaría de Salubridad Pública;





II.- Abastecimiento de poblaciones, servicios domésticos, abrevaderos, lecherías y baños;





III.- Abastecimiento de ferrocarriles y medios de transporte;





IV.- Desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas para servicios públicos;





V.- Beneficios de café, trapiches, molinos y otras fábricas;





VI.- Riego;





VII.- Desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas para servicios particulares;





VIII.- Canales de navegación; y





IX.- Estanques para viveros.





Dentro de cada clase, serán preferidas las empresas de mayor importancia y utilidad; y en igualdad
de circunstancias, las que antes hubiesen solicitado el aprovechamiento, sin responsabilidad de
ninguna especie a cargo del Ministerio del Ambiente y Energía.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 28.- Todo aprovechamiento especial de aguas públicas está sujeto a la expropiación forzosa
por causa de utilidad pública -previa la indemnización correspondiente-, en favor de otro
aprovechamiento que la preceda, según el orden fijado en el artículo anterior; pero no a favor de
los que le sigan a no ser en virtud de una ley especial.





La expropiación se seguirá mediante los trámites corrientes, y la decretará la Secretaría de
Gobernación en virtud del requerimiento que sobre el particular reciba del Ministerio del Ambiente y
Energía, el cual no lo pedirá sino cuando considere justa y legal la solicitud.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 29.- En casos urgentes de incendio, inundación u otra calamidad pública, la autoridad podrá
disponer instantáneamente y sin tramitación ni indemnización previa, pero con sujeción a ordenanzas
y reglamentos, si los hubiere, de las aguas necesarias para contener o evitar el daño. Si las aguas
fuesen públicas, no habrá lugar a indemnización; mas, si tuviesen aplicación industrial o agrícola,
o fuesen de dominio particular, y con su distracción se hubiese ocasionado perjuicio apreciable,
será éste indemnizado. El reclamo por daños y perjuicios deberá formularse dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que se produjeron y lo resolverá, por los trámites de los incidentes, el
Juez Civil de Hacienda. La decisión que sobre el particular dicte la Sala Civil, conociendo en
grado, tendrá el carácter de cosa juzgada.




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SECCION II





Cañerías para poblaciones





Artículo 30.- Las aguas potables de los ríos y vertientes, en cualquier parte del territorio
nacional donde se encuentren, estarán afectas al servicio de cañería en las poblaciones, según lo
disponga el Poder Ejecutivo.




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Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación:





a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un
perímetro no menor de doscientos metros de radio;





b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la
infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y
márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las mismas aguas.




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Artículo 32.- Cuando en una área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación
ya sea en las aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección
de Aguas Potables a que alude el artículo siguiente, dispondrá en el área dicha las medidas que
juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación.




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Artículo 33.- Se establece como dependencia de la Secretaría de Salubridad Pública y Protección
Social una Sección de Aguas Potables, la cual tendrá a su exclusivo cargo todo lo relacionado con la
utilización y administración de las aguas de las cañerías y de los servicios sanitarios: su
tratamiento técnico para hacerlas potables; la provisión de ellas a las diversas poblaciones
conforme se vaya determinando; la vigilancia de los servicios respectivos y la preparación de
planos, diseños, organización, técnica y manejo de los servicios de cañerías o sistemas de
distribución de aguas para servicios sanitarios. Lo relativo a la ejecución, construcción y
reparación de las obras necesarias para tales fines, corresponderá a la Sección o Departamento de
Cañerías de la Secretaría de Fomento.




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SECCION III





Abastecimiento de poblaciones, servicios domésticos, abrevaderos, lecherías y baños





Artículo 34.- Cuando el caudal normal de aguas de que disfrute una población no llegase a cincuenta
litros al día por habitante, de ellos veinte potables, podrá concedérsele de la destinada a otros
aprovechamientos, y previa la correspondiente indemnización, la cantidad que falte para completar
tal dotación.




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Artículo 35.- Si la población necesitada de aguas potables disfrutase ya de un caudal de las no
potables, pero aplicables a otros usos públicos y domésticos, podrán completársele, previa la
correspondiente indemnización, cuando proceda, veinte litros diarios de las primeras por cada
habitante, aunque esta cantidad, agregada a la no potable, exceda de los cincuenta litros fijados en
el artículo anterior.




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Artículo 36.- No se decretará la enajenación forzosa de aguas de propiedad particular para el
abastecimiento de una población, sino cuando legalmente se haya declarado, en vista de los estudios
practicados al efecto, que no hay aguas públicas que puedan ser racionalmente aplicadas al mismo
objeto, a juicio del Ministerio del Ambiente y Energía.





(sí reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 37.- Son servicios domésticos el suministro de agua para satisfacer las necesidades de los
habitantes, el riego de cultivos de terrenos que no excedan de media hectárea; el lavado de atarjeas
y el suministro de aguas para surtir bocas contra incendios.




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Artículo 38.- Los aprovechamientos para abrevaderos, lecherías y baños, se regularán de acuerdo con
las necesidades, pero quien desee acogerse a ellos deberá obtener la concesión correspondiente,
mediante los trámites que se determinan en la presente ley.




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Artículo 39.- Los aprovechamientos actuales que determinan los artículos anteriores de esta Sección
continuarán beneficiando a los actuales usuarios, pero éstos quedan sujetos a las obligaciones que
se determinan en el artículo 18 de la presente ley.




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Artículo 40.- Los aumentos del caudal de aguas para abastecimiento de poblaciones y demás usos a que
se refiere la presente Sección, se harán siguiéndose los trámites que se determinan en el capítulo
sétimo de esta ley.




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Artículo 41.- Las aguas de las cañerías actuales para el abastecimiento de poblaciones, continuarán
administradas por las respectivas Municipalidades o Juntas encargadas como lo están al presente,
hasta tanto el Poder Ejecutivo no decrete la nacionalización del servicio, conforme se preceptúa en
la Sección anterior; y las que se construyan en adelante, quedarán bajo el control de la Secretaría
de Salubridad Pública o de las Municipalidades, según el caso. El Estado conservará el dominio y
control de las aguas de la cañería de Puntarenas, en todos sus diferentes ramales, desde su
captación en Ojo de Agua.




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SECCION IV





Abastecimiento de ferrocarriles y demás medios de transporte





Artículo 42.- Las empresas de ferrocarriles y otras de transportes podrán aprovechar, con
autorización del Ministerio del Ambiente y Energía, las aguas públicas que sean necesarias para el
servicio de las mismas.





Si las aguas estuviesen destinadas de antemano a otros aprovechamientos, deberá dictarse la
expropiación con arreglo a la ley.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 deagosto de 1996)




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Artículo 43.- Para el mismo objeto podrán las empresas, con la autorización referida, abrir pozos,
norias o galerías, así como perforar pozos artesianos en terrenos de dominio público o del común.




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Artículo 44.- Cuando los ferrocarriles atraviesen terrenos de regadío, las empresas tendrán derecho
a tomar en los puntos más convenientes para el servicio del ferrocarril, la cantidad de agua
correspondiente al terreno que hayan ocupado y pagado, quedando obligadas a satisfacer en la misma
proporción el canon de regadío, o sufragar los gastos ordinarios y extraordinarios de acequia, según
los casos, todo según resolución que emitirá al respecto el Ministerio del Ambiente y Energía.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 45.- A falta o por insuficiencia de los medios autorizados en los artículos anteriores,
tendrán derechos las empresas de ferrocarriles, para el exclusivo servicio de éstas, al agua
necesaria que, siendo de dominio particular, no esté destinada a usos domésticos y, en tales casos,
se aplicará la ley de expropiación forzosa.




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SECCION V





Abastecimiento para el desarrollo de fuerzas hidráulicas e hidroeléctricas para servicios públicos y
particulares





Artículo 46.- Las concesiones para el aprovechamiento de aguas públicas para el desarrollo de
fuerzas hidráulicas e hidroeléctricas para servicios públicos y particulares, se regirán por las
disposiciones contenidas en la ley Nº 258 de 18 de agosto de 1941 y en el Reglamento que sobre el
particular dictará el Poder Ejecutivo. Sin embargo, también les serán aplicables las disposiciones
de la presente ley, mientras éstas, no contradigan los preceptos de la referida ley número 258.




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SECCION VI





Aprovechamiento de aguas públicas para riego





Artículo 47.- Los dueños de predios contiguos a vías públicas podrán recoger las aguas pluviales que
por ellas discurran, y aprovecharlas en el riego de sus predios, con sujeción a lo que dispongan las
ordenanzas de conservación y policía de las mismas vías.




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Artículo 48.- Los dueños de predios lindantes con cauces públicos de caudal no continuo como
ramblas, barrancos y otros semejantes de dominio público, pueden aprovechar en su regadío las aguas
pluviales que por ellas discurran y construir al efecto, sin necesidad de autorización, malecones de
tierra y piedra suelta o presas.




Ficha articulo





Artículo 49.- Cuando estos malecones o presas puedan producir inundaciones o causar cualquier otro
perjuicio al público, la autoridad, de oficio o por instancia de parte, comprobado el peligro,
mandará al que los construyó que los modifique en cuanto sea necesario para desvanecer todo temor o,
si fuere preciso, que los destruya. Si amenazaren causar perjuicio a los particulares, podrán éstos
reclamar ante la autoridad de policía local; y si el perjuicio se realiza, tendrán expedito su
derecho ante los Tribunales de Justicia, con aplicación de las reglas del artículo 29




Ficha articulo





Artículo 50.- Los que tuviesen concesión o que durante veinte años  hubiesen aprovechado para el
riego de sus tierras las aguas pluviales que descienden por una rambla o barranco, u otro cauce
semejante de dominio público, podrán oponerse a que los dueños de predios superiores les priven de
este aprovechamiento. Pero si solamente hubiesen aprovechado parte del agua, no podrán impedir que
otros utilicen lo restante, siempre que quede expedito el curso de la cantidad que de antiguo
aprovechaban ellos.




Ficha articulo





Artículo 51.- Lo dispuesto en los artículos que preceden respecto de aguas pluviales, es aplicable a
la de manantiales discontinuos que sólo fluyen en épocas de abundancia de lluvias.




Ficha articulo





Artículo 52.- Cuando se intente construir presas permanentes a fin de aprovechar en el riego las
aguas pluviales o los manantiales discontinuos que corran por los cauces públicos, será necesario
permiso del Ministerio del Ambiente y Energía.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




Ficha articulo





Artículo 53.- En los ríos navegables, los ribereños podrán en sus respectivas márgenes establecer
libremente bombas o cualquier otro aparato destinado a extraer las aguas necesarias para el riego de
sus propiedades limítrofes, siempre que no causen perjuicios a la navegación ni a terceros. Se
consideran ríos navegables los indicados en el artículo 16 del decreto número 6 de 2 de abril de
1940, hasta donde sean marcadamente sensibles las mareas.




Ficha articulo





Artículo 54.- Cuando existan aprovechamientos en uso de un derecho reconocido y valedero, solamente
cabrá nueva concesión en el caso de que del aforo de las aguas en años ordinarios resultare sobrante
el caudal que se solicite, después de cubiertos completamente los aprovechamientos existentes.





Cuando por cualquier motivo escaseare el agua, no podrán tomarla los nuevos concesionarios mientras
no estén satisfechas todas las necesidades de los usuarios antiguos, entre los cuales se guardará el
mismo orden; de modo que ninguna persona podrá tomar el agua mientras no estén cubiertas todas las
necesidades del que tenga título o derecho más antiguo para aprovecharse de ella.




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Artículo 55.- Cuando corriendo las aguas públicas de un río, en todo o en parte, por debajo de la
superficie del suelo, imperceptibles a la vista, se construyan malecones o se empleen otros medios
para elevar su nivel hasta hacerlas aplicables al riego u otros usos, este resultado se considerará,
para los efectos de la presente ley, como un alumbramiento del agua convertida en utilizable.





Los regantes o industriales inferiormente situados, que por prescripción o por concesión hubiesen
adquirido legítimo título al uso y aprovechamiento de aquellas aguas que se trate de hacer
reaparecer artificialmente a la superficie, tendrán derecho a reclamar y a oponerse al nuevo
alumbramiento superior, en cuanto hubiere de ocasionarles perjuicio. Si el daño se produjere,
tendrán derecho de acogerse a las reglas del artículo 29.




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SECCION VII





Abastecimiento para beneficios de café, trapiches, molinos y otras fábricas





Artículo 56.- Las aguas públicas concedidas a los propietarios de beneficios de café, trapiches,
fábricas y otras empresas industriales para el desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas,
no pueden ser empleadas en el laboreo de sus productos, sin una concesión especial para ese fin. No
obstante, los usuarios que en la fecha de la promulgación de la presente ley estuvieren aprovechando
aguas públicas en esos menesteres, podrán continuar su aprovechamiento, quedando sujetos a las
restricciones que determina el Capítulo VII y a las obligaciones que determina el Artículo 21.




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Artículo 57.- Los usuarios o concesionarios deberán sujetarse a los reglamentos de policía y de
salubridad en cuanto a las aguas sobrantes que son devueltas a su cauce primitivo, para evitar
contaminaciones o fetidez.





Los que no cumplan los reglamentos perderán el derecho al aprovechamiento de las aguas fuera de las
sanciones de carácter penal.





(Así reformado por articulo 1° de la Ley 17 del 7 de noviembre de 1942)




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SECCION VIII





Aprovechamiento para canales de navegación





Artículo 58.- La autorización a una sociedad o empresa particular para canalizar un río con objeto
de hacerlo navegable o para construir un canal de navegación, se otorgará siempre por una ley, en la
que se determinará si la obra ha de ser auxiliada con fondos del Estado y se establecerán las demás
condiciones de la concesión.




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Artículo 59.- La duración de estas concesiones no podrá exceder de noventa y nueve años, pasados los
cuales entrará el Estado en el libre y completo disfrute de las obras y del material en explotación,
con arreglo a las condiciones establecidas en la concesión.




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Artículo 60.- Pasados los diez primeros años de hallarse en explotación un canal, y en lo sucesivo
de diez en diez años, se procederá a la revisión de las tarifas, salvo que la concesión estableciere
cosa distinta.




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Artículo 61.- Las empresas podrán en cualquier tiempo reducir los precios de las tarifas, previa
autorización del Poder Ejecutivo. En este caso, lo mismo que en los del artículo anterior, se
anunciarán al público, con tres meses al menos de anticipación al día en que han de entrar en
vigencia las alteraciones que se hicieren.




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Artículo 62.- Será obligación de los concesionarios conservar en buen estado las obras, así como el
servicio de explotación, si estuviese a su cargo.





Cuando por faltar al cumplimiento de este deber se imposibilitara la navegación, el Gobierno fijará
un plazo para la reparación de las obras y la reposición del material; y transcurrido que sea sin
haberse conseguido el objeto, declarará caduca la concesión.




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SECCION IX





Estanques para viveros





Artículo 63.- No se permitirá la construcción de estanques para criaderos de peces en terrenos de
propiedad nacional a no ser con  autorización legislativa, ni se permitirán embalsamientos de aguas
con el mismo fin en ríos navegables, ni en manantiales destinados al abastecimiento de poblaciones.




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Artículo 64.- Los embalsamientos de aguas deberán sujetarse a los reglamentos de policía y de
higiene que se dicten para evitar la contaminación de las aguas y para la seguridad del público.




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Artículo 65.- Si las obras produjeren anegamiento de terrenos particulares, no se dará la concesión
sin que previamente se obtenga por el solicitante el correspondiente permiso de los propietarios de
dichos terrenos.




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Artículo 66.- En caso de que los propietarios de fundos ajenos se negaren a otorgar las licencias,
podrá decretarse la expropiación, si lanempresa que se pretende desarrollar fuere de interés para la
colectividad.




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Artículo 67.- Podrán concederse licencias para la formación de viveros en las playas, ensenadas,
siempre que no causaren perjuicio a la navegación, a la pesca libre o a la industria salinera




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Artículo 68.- La solicitud de concesión deberá presentarse con acompañamiento de planos
topográficos, estudio de niveles, y demás datos indispensables que permitan apreciar la seriedad de
la obra que se realiza.




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CAPITULO III





De las playas, zonas marítimas y otras de propiedad nacional De las zonas de propiedad particular y
accesiones





Artículo 69.- Por zona marítima se entiende el espacio de las costas de la República que baña el mar
en su flujo y reflujo y los terrenos inmediatos hasta la distancia de una milla, o sean mil
seiscientos setenta y dos metros, contados desde la línea que marque la marea alta.





Esta zona marítima se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean
navegables o se hagan sensibles las mareas, con un ancho de doscientos metros desde cada orilla,
contados desde la línea que marque la marea alta.





Se entiende por vaso de un lago, laguna o estero, el depósito de la capacidad necesaria para
contener las aguas de las mayores crecientes ordinarias. Se entiende por álveo o cauce de un río o
arroyo, el terreno que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias.




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Artículo 70.- La Nación tiene la propiedad de las aguas que se determinan en el artículo 1º de esta
ley, de los álveos o cauces de las playas y vasos indicados en el artículo 3º, así como el de las
riberas de los mismos. En consecuencia, la Nación, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía,
es la única que puede otorgar y regular el aprovechamiento de los bienes indicados, de acuerdo con
las disposiciones de esta ley. Los aprovechamientos de los bienes de que se trata, se concederán a
los particulares, a sociedades, civiles o comerciales admitidas por las leyes de la República, o a
corporaciones de derecho público, con la condición de que los concesionarios establezcan trabajos
regulares para su explotación.





En cuanto a los aprovechamientos de los depósitos de materiales (arena, piedra, grava y otros), que
se acumulen en los cauces, playas y vasos de dominio público, podrán ser otorgados por tiempo
limitado, por el Ministerio del Ambiente y Energía, a las corporaciones públicas o a las privadas
admitidas por las leyes de la República, lo mismo que a personas físicas, a condición de que
establezcan trabajos regulares y formales de explotación y se sometan a las reglamentaciones y
disposiciones que para estos trabajos establezca el Ministerio del Ambiente y Energía.





También podrá el citado Ministerio autorizar, previo el pago del canon que se fije, la extracción de
los citados materiales, por un volumen fijo que en cada so se determinará, cuando en el sitio en que
se va a llevar a cabo la explotación no hubiere otras concesiones.





El Ministerio del Ambiente y Energía fijará en cada concesión elcanon o la tasa de explotación, que
deberá ser pagado por trimestres íntegros y adelantados y será establecido por área de explotación o
por volumen, según mejor convenga a los intereses nacionales.





No pagarán este canon el Gobierno Central ni las instituciones del Estado.





El Ministerio del Ambiente y Energía podrá conceder exención total o parcial del canon mencionado,
en casos especiales en que así lo ameriten razones de índole social, a juicio de la Junta Directiva.





En la vigilancia y control de las explotaciones referidas, deberán colaborar con el Ministerio del
Ambiente y Energía las municipalidades delas jurisdicciones respectivas, sin perjuicio de las
atribuciones del Ministerio. Las municipalidades exigirán la presentación del documento que acredite
la referida concesión o licencia y el no exhibirla dará lugar a la paralización total de los
trabajos de explotación y al pago de una multa hasta de dos mil colones (¢ 2,000.00), cuyo
productocorresponderá por mitades a la municipalidad correspondiente y al Ministerio del Ambiente y
Energía.





Por el cumplimiento de las tareas que, según la presente ley, corresponden a las corporaciones
municipales, las sumas que obtenga el Ministerio del Ambiente y Energía por los cánones indicados
anteriormente, serán distribuidas por partes iguales entre esta institución y la municipalidad del
cantón en el cual estén situados los depósitos concedidos en explotación. El Ministerio girará
semestralmente a cada municipalidad, las sumas que le corresponda.





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5046 de 16 de agosto de 1972 y por el Transitorio V
de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 71.- Las playas y vasos que contienen las aguas determinadas en el artículo 5º, pertenecen
al propietario del terreno, así como los álveos o cauces en que discurran esas aguas dentro del
mismoerreno hasta el lindero del predio siguiente.




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Artículo 72.- Los Jueces encargados de extender títulos de propiedad sobre tierras baldías o no
tituladas, deberán hacer la reserva consiguiente en cuanto a las aguas, álveos o cauces y vasos de
las aguas que sean de dominio público, haciéndolo constar en la sentencia de adjudicación de las
tierras y debiendo el Registro Público tomar nota de esas reservas nacionales. La omisión de ese
requisito no confiere derecho alguno al denunciante o poseedor sobre esos bienes.




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Artículo 73.- Las riberas de los ríos no navegables, y las márgenes de canales, acueductos o
atarjeas, aun cuando sean de dominio privado, están sujetas en toda su extensión a la servidumbre de
uso público en favor de los concesionarios de aguas de predios inferiores exclusivamente para la
vigilancia y limpieza de los álveos o cauces, y previo aviso en cada caso al propietario o encargado
del fundo.




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Artículo 74.- Son de dominio público los terrenos que se unen a la zona marítima por las accesiones
y aterramientos que ocasione el mar.   Cuando por consecuencias de estas accesiones y por efecto de
retirarse el mar, la línea interior que limita la expresada zona avance hacia aquél, los terrenos
sobrantes de lo que era antigua zona marítima, pasarán a ser propiedad del Estado. En el caso de
acordarse la venta de dichos terrenos, tendrán preferencia los dueños de los terrenos colindantes




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Artículo 75.- Son propiedad del Estado las islas ya formadas o que se formen en la zona marítima o
en la parte navegable de los ríos y en las rías y desembocaduras. Pero si estas islas se formaran
con partes de una o varias fincas de propiedad particular, cortadas por un río, continuarán
perteneciendo a los dueños de la finca o fincas desmembradas.




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Artículo 76.- Pertenece al Estado lo que el mar arroje, siempre que se trate de objetos cuyo valor
sea superior a cincuenta colones. Los que valgan menos, pertenecen al descubridor




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Artículo 77.- Los terrenos titulados que fuesen accidentalmente inundados por las aguas de los
lagos, o por los arroyos, ríos y demás corrientes, continuarán siendo propiedad de sus dueños
respectivos.




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Artículo 78.- Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las
aguas, pertenecen a los dueños de los predios respectivos en toda la longitud. Si el cauce
abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de
unas y otras.




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Artículo 79.- Cuando un río navegable o flotable variara naturalmente de dirección y abriere un
nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público. El dueño de la heredad lo
recobrará, siempre que las aguas volviesen a dejarlo en seco, ya naturalmente, ya por trabajos
legalmente autorizados al efecto. Se entenderá por ríos navegables los incluídos en el artículo 53 y
por flotantes esos mismos ríos en la parte en que sólo es posible el uso de embarcaciones planas.




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Artículo 80.- Los cauces públicos que queden en seco a consecuencia de trabajos autorizados por
concesión especial, son de los concesionarios, si quedaren comprendidos dentro de los terrenos
objeto de la concesión y si no se estableciere otra cosa en el respectivo contrato




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Artículo 81.- Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río, segrega de su ribera una porción
conocida de terreno, y la trasporta a las heredades colindantes o a las inferiores, el dueño de la
finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno trasportado,
siempre que no haya confusión con terrenos de aquellas heredades.




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Artículo 82.- Si la porción conocida de terrenos segregados de una ribera queda aislada en el cauce,
continúa perteneciendo incondicionalmente al dueño del terreno de cuya ribera fué segregada.





Lo mismo sucederá cuando dividiéndose un río en arroyo, circunde y aísle algunos terrenos.




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Artículo 83.- Las islas que, por sucesiva acumulación de arrastres superiores, se van formando en
los cauces, pertenecen al Estado si se trata de ríos navegables o a los dueños de las márgenes en
los demás casos. Si la isla se formare a un lado de la línea media del río, pertenecerá al dueño del
terreno ribereño, y si se formare en medio río, se dividirá entonces longitudinalmente por mitades,
perteneciendo cada mitad a los dueños de los terrenos ribereños de uno y otro lado. En todo caso, la
línea media servirá para marcar los respectivos derechos de los dueños.




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Artículo 84.- Salvo lo dicho en el artículo 81, pertenece a los dueños de los terrenos confinantes
con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por la
accesión o sedimentación de las aguas.




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Artículo 85.- Cualquiera puede recoger y salvar los animales, maderas, frutos, muebles y otros
productos de la industria, arrebatados por las corrientes de las aguas públicas o sumergidos en
ellas, presentándolos inmediatamente a la autoridad local, la que dispondrá su depósito o su venta
en pública subasta cuando no puedan conservarse. Se anunciará en seguida el hallazgo; y si dentro de
un año hubiere reclamación por parte del dueño, se le entregará el objeto o su precio, previo abono
de los gastos de conservación y el derecho de salvamento, el cual consistirá en un diez por ciento.
Transcurrido aquel plazo sin haber reclamado el dueño, perderá este su derecho, y se devolverá todo
a quien lo salvó.




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Artículo 86.- Las brozas, ramas y leñas que vayan flotando en las aguas o sean depositadas por ellas
en el cauce o en terrenos de dominio público, son del primero que las recoja; las dejadas en
terrenos de dominio privado, son del dueño de las fincas respectivas.




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Artículo 87.- Los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas pertenecen al
propietario del terreno donde vinieren a parar, si no los reclaman dentro de un mes sus antiguos
dueños quienes, previamente a la entrega, deberán abonar los gastos ocasionados en recoger los
árboles o ponerlos en lugar seguro.




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Artículo 88.- Los objetos sumergidos en los cauces públicos siguen perteneciendo a sus dueños; pero
si en el término de un año no los extrajesen, serán de las personas que verifiquen la extracción,
previo elpermiso de la autoridad. Si los objetos sumergidos ofreciesen obstáculo a las corrientes o
al tránsito, se concederá por la autoridad un término prudente a los dueños; si transcurrido éste
los dueños no hiciesen uso de su derecho, se procederá a la extracción como de cosa abandonada.





El dueño de objetos sumergidos en aguas de propiedad particular solicitará del dueño de éstas el
permiso para extraerlos; y en el caso de  que éste los negase, concederá el permiso la autoridad
política del lugar, previa fianza de daños y perjuicios que rendirá ante ésta.




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CAPITULO IV





De las obras de defensa y desecación de terrenos





Artículo 89.- Los dueños de predios lindantes con cauces públicos tienen libertad de poner defensas
contra las aguas en sus respectivas márgenes por medio de plantaciones, estacadas o revestimientos,
siempre que lo juzguen conveniente. La administración podrá, sin embargo, previo expediente, mandar
suspender tales obras y aún restituir las cosas a su anterior estado, cuando por las circunstancias
amenacen aquéllas causar perjuicios a la navegación o flotación de los ríos, desviar las corrientes
de su curso natural, o producir inundaciones. La indemnización de los perjuicios que pudieran
causarse correrán a cargo del dueño que ordenó la construcción de las defensas.




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Artículo 90.- Los dueños de lagunas o terrenos pantanosos o encharcadizos, que quieran desecarlos o
sanearlos, podrán extraer de los terrenos públicos, previa la correspondiente autorización de la
autoridad local, la tierra y piedra indispensable para el terraplén y demás obras.




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Artículo 91.- Cuando las lagunas o terrenos pantanosos pertenezcan a varios dueños y, no siendo
posible la desecación parcial, pretendan varios de ellos que el trabajo se efectúe en común, podrá
obligarse a todos los propietarios a que costeen colectivamente las obras destinadas al efecto,
siempre que en ello esté conforme la mayoría, entendiéndose por tal los que representen mayor
extensión de terrenos saneables. Si alguno de los propietarios se negase al pago y prefiriese ceder
a los dueños su parte de propiedad saneable, podrá hacerlo mediante la indemnización
correspondiente.




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Artículo 92.- Cuando se declare, por quien corresponda, insalubre una laguna o terreno pantanoso o
encharcadizo, procede forzosamente su desecación o saneamiento. Si fuere de propiedad privada se
hará saber a los dueños la resolución para que dispongan el desagüe o saneamiento en el plazo que se
les señale.




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Artículo 93.- Si el dueño o la mayoría de los dueños se negare a ejecutar la desecación, podrá
encargarse de ella a cualquier particular o empresa que se ofreciese a llevarla a cabo, previa la
aprobación del correspondiente proyecto. El terreno saneado quedará de propiedad de quien hubiere
realizado la desecación o saneamiento, pero abonando a los antiguos dueños la suma correspondiente
al precio de adquisición del terreno.





En el caso de que los dueños de los terrenos pantanosos declarados insalubres no quieran ejecutar la
desecación, y no haya particular o empresas que se ofrezcan a llevarla a cabo, el Estado o el
Municipio podrán ejecutar obras, costeándolas con los fondos que al efecto se consignen en sus
respectivos presupuestos. Cuanto esto se verifique, el Estado o el Municipio disfrutarán de los
mismos beneficios que determina el artículo anterior, en el modo y forma que en él se establece,
quedando en consecuencia sujetos a las prescripciones que rijan para esta clase de bienes.




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CAPITULO V





SECCION I





De las servidumbres naturales





Artículo 94.- Los terrenos inferiores están obligados a recibir las aguas que naturalmente, y sin
intervención del hombre, fluyan de los superiores, así como la tierra o piedras que arrastren en su
curso. Pero si las aguas fuesen producto de alumbramientos artificiales, o sobrantes de acequias de
riego, o procedentes de establecimientos industriales que no hayan adquirido esta servidumbre,
tendrá el dueño del predio que recibe las aguas el derecho de exigir el resarcimiento de daños y
perjuicios, a menos que éste quiera aprovecharse de las aguas que reciba su terreno, en cuyo caso no
tiene derecho a tal resarcimiento. 





Los dueños de predios o establecimientos inferiores podrán negarse a recibir los sobrantes de los
establecimientos industriales que arrastren o lleven en disolución sustancias nocivas o fétidas,
introducidas por los dueños de éstos. Presentarán al efecto la reclamación correspondiente ante la
autoridad de policía respectiva.




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Artículo 95.- El dueño del predio que recibe las aguas tiene derecho de hacer dentro de él ribazos,
malecones o paredes que, sin impedir el curso de las aguas, sirvan para regularizarlas o para
aprovecharlas en su caso.




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Artículo 96.- Del mismo modo el dueño del predio superior puede construir dentro de él ribazos,
malecones o paredes que, sin gravar la servidumbre del predio inferior, suavicen las corrientes de
las aguas impidiendo que arrastren consigo la tierra vegetal, o causen desperfectos en la finca.




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Artículo 97.- No podrá variarse el curso de la salida de las aguas de un alumbramiento, sin previo
convenio con el propietario del predio inferior, salvo que resuelva lo contrario el Ministerio del
Ambiente y Energía.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 98.- Cuando el agua acumule en un predio piedras, broza u otros objetos que, dificultando
su curso natural, puedan producir embalse con inundaciones, distracción de las aguas u otros daños,
los interesados podrán exigir del dueño del predio que remueva el estorbo, o que les permita
removerlo.





Si hubiere lugar a indemnización de daños, será a cargo del causante.




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SECCION II





De las servidumbres legales





I.-Disposiciones Generales





Artículo 99.- Cuando el que quiera aprovechar las aguas públicas no obtuviere de los vecinos la
licencia correspondiente para la construcción de las obras necesarias para el aprovechamiento, podrá
recurrir ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación solicitando la imposición de la
servidumbre respectiva.




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Artículo 100.- Las servidumbres son:





I.- De acueducto;





II.- De estribo de presa y de parada o partidor; y





III.- De abrevadero y de saca de agua.




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Artículo 101.- Recibida la solicitud, la Secretaría dará audiencia al dueño del predio que va a ser
afectado. Este podrá oponerse dentro de los treinta días siguientes, por cualquiera de las causas
siguientes:





1ª.- Por no ser el que la solicite concesionario del agua o dueño del terreno en que intente
utilizarla para objeto de interés privado; y





2ª.- Por poder establecerse la servidumbre sobre otros predios con iguales ventajas para el que
pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla.




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Artículo 102.- Al contestar la audiencia, el dueño del predio que va a ser afectado propondrá sus
pruebas y, evacuadas éstas, así como las que ofreciere el solicitante dentro de los ocho días
siguientes al vencimiento de la referida audiencia, la Secretaría dictará su resolución en la que
necesariamente fijará el monto de la indemnización a que tuviere derecho el perjudicado. Esta se
fijará por tres peritos nombrados, uno por cada parte y un tercero por el Secretario de Estado, a
menos que las partes convinieren en el nombramiento de dos o uno, solamente.




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Artículo 103.- Satisfecha la indemnización, se ejecutará lo resuelto, contra lo cual no cabe otro
recurso que el juicio declarativo que previene el Capítulo XIII de esta ley. 




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II.-Reglas especiales sobre la servidumbre de acueducto





Artículo 104.- No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés
privado sobre construcciones o edificios, ni sobre jardines, ni huertas existentes al tiempo de
hacer la solicitud, a menos que la importancia de la obra justifique la medida a juicio de la
Secretaría de Gobernación.




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Artículo 105.- Tampoco podrá tener lugar la servidumbre forzosa de  acueducto por dentro de otro
acueducto preexistente; pero si el dueño de éste la consintiere y el dueño del predio sirviente se
negare, podrá obligarse a éste.




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Artículo 106.- Cuando un terreno de regadío que recibe el agua por un solo punto se divida por
herencia, venta u otro título entre dos o más dueños, los de la parte superior quedan obligados a
dar paso al agua como servidumbre de acueducto para riego de las inferiores, sin poder exigir por
ello indemnización, a no haberse pactado otra cosa.




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Artículo 107.- La servidumbre forzosa de acueducto se constituirá:





I.- Con acequia descubierta cuando no sea peligrosa por su profundidad o situación, ni ofrezca otros
inconvenientes;





II.- Con acequia cubierta cuando lo exijan su profundidad, su contigüidad a habitaciones o caminos,
o algún otro motivo análogo, a juicio de la autoridad política local correspondiente; y





III.- Con cañería o tubería cuando puedan ser absorbidas otras aguas ya apropiadas, cuando las aguas
conducidas puedan infeccionar a otras, absorber sustancias nocivas o causar daños a obras o
edificios, y siempre que, del expediente que al efecto se forme, resulte justificado.




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Artículo 108.- La servidumbre forzosa de acueducto puede establecerse temporal o perpetuamente. Se
entenderá perpetua, para los efectos de esta ley, cuando su duración exceda de seis años.




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Artículo 109.- Si la servidumbre fuese temporal, se abonará previamente al dueño del terreno el
duplo del arriendo correspondiente a la duración del gravamen por la parte que se le ocupa, con la
adición del importe de los daños y desperfectos para el resto de la finca, incluídos los que
procedan de su fraccionamiento por interposición de la acequia. Además, será de cargo del dueño del
predio dominante el reponer las cosas a su antiguo estado, terminada la servidumbre. Si ésta fuese
perpetua, se abonará el valor del terreno ocupado y el de los daños y perjuicios que se causaren al
resto de la finca.




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Artículo 110.- La servidumbre temporal no puede prorrogarse, pero sí convertirse en perpetua, sin
necesidad de nueva concesión, si el concesionario abona lo establecido en el artículo anterior,
previa deducción de lo satisfecho por la servidumbre temporal.




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Artículo 111.- Serán de cuenta del que haya promovido y obtenga la servidumbre de acueducto todas
las obras necesarias para su construcción, conservación y limpia. Al efecto se le autorizará a
ocupar temporalmente los terrenos indispensables para el depósito de materiales, previa
indemnización de daños y perjuicios, o fianza suficiente en el caso de no ser éstos fáciles de
prever, o de no conformarse con ella los interesados. Estos, o la administración, podrán compelerlo
a ejecutar las obras y mondas necesarias para impedir estancamiento o filtraciones que puedan causar
deterioros.




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Artículo 112. Al establecerse la servidumbre forzosa de acueducto se fijará, en vista de la
naturaleza y configuración del terreno, la anchura que deben tener la acequia y sus márgenes, según
la cantidad de agua que habrá de ser conducida.  Si por ser la acequia de construcción antigua, o
por otra causa, no estuviere determinada la anchura de su cauce, se fijará éste conforme a las bases
anteriores, cuando lo solicite cualquiera de los interesados.




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Artículo 113.- A la servidumbre forzosa de acueducto es inherente el derecho de paso por sus
márgenes, para su exclusivo servicio.




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Artículo 114.- Si el acueducto atravesare vías públicas o particulares, de cualquier naturaleza que
sean, quedará obligado el que haya obtenido la concesión a construir y conservar las alcantarillas y
puentes necesarios; y si hubiere de atravesar otros acueductos, se procederá de modo que no retarde
ni acelere el curso de las aguas, ni disminuya su caudal, ni adultere su calidad.




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Artículo 115.- Cuando el dueño de un acueducto que atraviesa tierras ajenas solicitare aumentar su
capacidad para recibir mayor caudal de agua, se usarán las mismas reglas que para su
establecimiento.




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Artículo 116.- El dueño de un acueducto podrá fortificar sus márgenes con céspedes, estacadas,
paredes o ribazos de piedra suelta, pero no con plantaciones de ninguna clase. El dueño del predio
sirviente tampoco podrá hacer plantación ni operación alguna de cultivo en las mismas márgenes; y
las raíces que penetren en ellas, podrán ser cortadas por el dueño del acueducto.




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Artículo 117.- La servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño del predio sirviente pueda
cerrarlo y cercarlo, así como edificarsobre el acueducto mismo, de manera que éste no experimente
perjuicio ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias. Las hará oportunamente el dueño
del acueducto, dando aviso anticipado al dueño, arrendatario o administrados del predio sirviente.
Si para la limpieza y monda fuese indispensable demoler parte de algún edificio, el costo de su
reparación será a cargo de quien hubiere edificado sobre el acueducto, en caso de no haber dejado
las correspondientes aberturas o boquetes para aquel servicio.




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Artículo 118.- El dueño del predio sirviente podrá construir sobre el acueducto puentes para pasar
de una a otra parte del predio, pero lo hará con la solidez necesaria y de manera que no se amengüen
las dimensiones del acueducto ni se entorpezca el curso del agua.




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Artículo 119.- En toda acequia o acueducto, el agua, el cauce, las cajeras y las márgenes, serán
consideradas como parte integrante de la heredad o edificio a que van destinadas las aguas.




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Artículo 120.- Nadie podrá, sino en los casos especificados en los artículos precedentes, construir
edificio ni puente sobre acequia o acueducto ajeno, ni derivar agua, ni aprovecharse de los
productos de ella ni de los de sus márgenes, ni utilizar la fuerza de la corriente, sin expreso
consentimiento del dueño, salvo lo dicho en el aparte siguiente.





Tampoco podrán los dueños de los predios que atraviese una acequia o acueducto, o por cuyos linderos
corra, alegar derecho de posesión al aprovechamiento de su cauce o márgenes, a no fundarse en
títulos de propiedad expresivos de tal derecho; pero el Ministerio del Ambiente y Energía podrá
utilizarlos para utilizar las aguas de las acequias o acueductos, en cuanto ello no perjudique a los
propietarios de las respectivas servidumbres, determinando, en cada caso, las modalidades del uso
que se autorice y las obligaciones que él implique.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 121.- La concesión de la servidumbre legal de acueducto sobre los predios ajenos, caducará
si dentro del plazo que se hubiere fijado no hiciese el concesionario uso de ella después de haber
sido satisfecha la valoría al dueño de cada predio sirviente.





La servidumbre ya establecida se extinguirá:





I.- Por consolidación, o sea cuando se reúnan en una sola persona el dominio de las aguas y de los
terrenos afectos a la servidumbre;





II.- Por expirar el plazo de seis años fijados en la concesión de la servidumbre temporal; y





III.- Por el no uso durante el tiempo de diez años, ya por imposibilidad o negligencia de parte del
dueño de la servidumbre, ya por actos del fundo sirviente contrarios a ella, sin contradicción del
del dominante.





El uso de la servidumbre de acueducto por cualquiera de los condueños conserva el derecho para
todos, impidiendo la prescripción por falta de uso.





Extinguida una servidumbre temporal de acueducto por el trascurso del tiempo y vencimiento del
plazo, el dueño de ella tendrá solamente derecho a aprovecharse de las cosas como estaban antes de
constituirse la servidumbre.





Lo mismo se entenderá respecto del acueducto perpetuo, cuya servidumbre se extinga por imposibilidad
o desuso.




Ficha articulo





Artículo 122.- Las servidumbres urbanas de acueducto, canal, puente, cloaca, sumidero y demás,
establecidas para el servicio público y privado de las poblaciones, edificios, jardines y fábricas,
se regirán por las ordenanzas generales y locales de policía urbana. Las procedentes de contratos
privados que no afecten a las atribuciones de los Municipios, se regirán por las leyes comunes.




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III.-Reglas especiales para la servidumbre de estribo, de presa y de parada o partidor





Artículo 123.- En los mismos casos que la servidumbre de acueducto,puede imponerse la servidumbre
forzosa de estribo, cuando el que intente construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos
donde haya de apoyarla.




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Artículo 124.- Decretada la servidumbre forzosa de estribo de presa, se abonará al dueño del predio
o predios sirvientes el valor que por la ocupación del terreno corresponda; y después se le
indemnizará de los daños y perjuicios que pudieran haber experimentado las fincas.




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Artículo 125.- El que para dar riego a su heredad o para mejorarla necesite construir parada o
partidor en la acequia o regadera por donde haya de recibirlo sin vejamen ni mermas para los demás
regantes, podrá exigir de los dueños de las márgenes que permitan su construcción, previo abono de
daños y perjuicios, incluso los que se originen en la nueva servidumbre.




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IV.-Reglas especiales para la servidumbre de abrevadero y de saca de agua





Artículo 126.- Las servidumbres forzosas de abrevadero y de saca de agua solamente podrán imponerse
por causa de utilidad pública en favor de alguna población o caserío, previa la indemnización
correspondiente.




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Artículo 127.- No se impondrán en lo sucesivo las servidumbres de que trata el artículo anterior
sobre los pozos ordinarios, las cisternas o aljibes, o los edificios o terrenos cercados con pared.




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Artículo 128.- Las servidumbres de abrevadero y de saca de aguas llevan consigo la obligación, en
los predios sirvientes, de dar paso a personas y ganados hasta el fundo donde hayan de ejercerse
aquéllas, debiendo ser también extensiva a este servicio la indemnización.




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Artículo 129.- Son aplicables a las concesiones de esta clase de servidumbre las prescripciones que
se dejan establecidas para el otorgamiento de las de acueducto; al decretarlas, se fijará, según su
objeto y las circunstancias de la localidad, la anchura de la vía o senda que haya de conducir al
abrevadero o punto destinado para sacar agua.




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Artículo 130.- Los dueños de los predios sirvientes podrán variar la dirección de la vía o senda
destinada al uso de estas servidumbres,  pero no su anchura ni entrada y, en todo caso, sin que la
variación perjudique el uso de la servidumbre.




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CAPITULO SEXTO





Sociedades de usuarios





Artículo 131.- Podrá formarse sociedades de usuarios para el aprovechamiento colectivo de las aguas
públicas. Su funcionamiento y liquidación se ajustarán, en lo que no esté determinado en este
capítulo y su naturaleza propia no se oponga, a lo que dispone la ley para las cooperativas. Deberán
inscribirse en el Registro que al efecto llevará el Ministerio del Ambiente y Energía, con la
obligación de comunicar a éste de inmediato todos los cambios de estatutos y movimientos de Junta
Directiva y de vigilancia. Unicamente su constitución se publicará en extracto en el Diario Oficial.
Por la inscripción, toda sociedad deberá pagar al Ministerio del Ambiente y Energía un canon de cien
colones y por toda modificación u operación posterior un 50% de esa suma. 





Las sociedades de usuarios requerirán para su formación un número no menor de cinco socios, los
cuales podrán ser propietarios o arrendatarios de tierras.





Será necesaria la formación de una sociedad de usuarios para el aprovechamiento colectivo de las
aguas públicas, cuando a juicio del Ministerio del Ambiente y Energía el número de personas que
aprovechan una fuente, el volumen de ésta, o las circunstancias especiales del uso de las aguas,
indiquen que es más beneficioso al interés público y de los particulares el aprovechamiento en esa
forma.





(Así Reformado por el artículo 1º de Ley Nº 5516 del 2 de mayo de 1972 y por el Transitorio V de la
Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 132.- Las sociedades de usuarios, una vez inscritas, gozarán de personalidad jurídica para
todos los efectos y en especial para:





a) Obtener concesiones para el aprovechamiento de las aguas de conformidad con las prescripciones de
esta ley;





b) Construir obras para riego, fuerza motriz, abrevaderos y cualquier otro uso de las aguas;





c) Obtener los fondos necesarios para construir las obras que se proyectan mediante la contribución
de sus socios; y





d) Adquirir los bienes inmuebles necesarios para los fines propios de la sociedad y aceptar y poseer
las servidumbre que se constituyan a su favor.





No podrán poseer ni administrar por sí mismas, explotaciones agrícolas, industriales ni comerciales,
ni ejercer otras actividades que las propias de su objeto. La regulación del uso de las aguas por
sus socios, estará determinada en la respectiva concesión, o por disposición posterior del
Ministerio del Ambiente y Energía y el derecho al uso de ellas por parte de los socios se hará en
todo caso procurando la mayor igualdad y equidad.





El capital social estará dividido en acciones y la responsabilidad de los socios se limita al monto
de sus aportes por este concepto. Serán nominativas, comunes y por un valor de la unidad monetaria
escogida o sus múltiplos.





(Así Reformado por el artículo 1º de Ley Nº 5516 del 2 de mayo de 1972 y por el Transitorio V de la
Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 133.- Las sociedades de usuarios se constituirán en escritura pública que contendrán los
siguientes datos:





a) Nombre y apellidos, generales y cédula de identidad de los constituyentes, o el nombre de las
personas jurídicas que intervengan;





b) Nombre, domicilio, objeto y duración de la misma, la cual podrá ser indefinida; el capital y la
forma en que quedan suscritas y pagadas las acciones y su parte y forma de pago del saldo insoluto;





c) Requisitos para la admisión de nuevos socios y causas de separación o exclusión y modo de
transmitir las acciones; 





d) Número de integrantes de la Junta Directiva y de vigilancia;





e) Recursos con que cuenta la sociedad;





f) Forma y término de solución o liquidación;





g) Otras convenciones que interesen a los socios;





h) Integración de la primera Junta Directiva y de Vigilancia; e





i) Lugar y fecha de constitución.





(Así Reformado por el artículo 1º de Ley Nº 5516 del 2 de mayo de 1972).




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Artículo 134.- El funcionamiento de las sociedades de usuarios estará de acuerdo con lo que
determinan esta ley y sus reglamentos y las disposiciones relativas a las cooperativas en lo no se
preceptúe, con sujeción a las siguientes bases:





a) La autoridad suprema será la Asamblea General de Socios, correspondiendo en ellas un voto a cada
socio;





b) La administración y dirección estará a cargo de una Junta Directiva compuesta de tres miembros
como mínimo, designados en Asamblea General por mayoría relativa de votos, por un período hasta de
cinco años, pudiendo ser reelectos. Habrá también una Junta de Vigilancia compuesta por lo menos de
dos miembros electos en la misma forma y por período igual. Cuando el número de socios lo permita,
habrá los suplentes que se acuerde para sustituir las ausencias de los miembros de ambas juntas.





La Junta Directiva sólo podrá comprometer el crédito de la sociedad y ejecutar obras con la
autorización de la Asamblea General;





c) El Presidente de la Junta Directiva tendrá la representación legal de la sociedad, con
atribuciones de apoderado general conforme al artículo 1255 del Código Civil y será el ejecutor de
los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva; 





d) La Asamblea General deberá reunirse por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses
siguientes a la terminación del período anual y extraordinariamente cada vez que la convoque la
Junta Directiva. El quórum de unas y otras los formará la mitad más uno de sus socios. En caso de
ser cinco miembros, el quórum lo formarán tres. Los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta
Directiva se tomarán por mayoría relativa de votos. La convocatoria a Asamblea General se hará por
carta con tres días por lo menos de anticipación.





Las actas de Asambleas serán firmadas por los asociados concurrentes a éstas;





e) La Junta Directiva deberá reunirse por lo menos cada mes y además cuando las actividades de la
sociedad lo demanden. El quórum lo formarán la mitad más uno de sus miembros, y en caso de ser tres
lo formarán dos, y en caso de ser cinco lo formarán tres. En la primera reunión se determinará lo
relativo a las mismas, fijando el lugar de reunión;





f) Tanto las asambleas generales como las reuniones de Junta Directiva serán presididas por el
Presidente de ésta, y en su ausencia, por el miembro que se designe por los presentes.





g) La Junta de vigilancia deberá reunirse por lo menos una vez al año, para informar a la Asamblea
General. Cuando crea conveniente algún informe especial, procederá a convocar a la Asamblea General
por medio de la Junta Directiva, y en caso de negativa de ésta, podrá hacerlo por sí misma;





h) El Ministerio del Ambiente y Energía podrá intervenir a solicitud de parte, para la solución de
dificultades o conflictos de intereses de los socios entre sí o de éstos con la sociedad, y podrá
ejercer funciones de arbitrador. Podrá intervenir de oficio cuando considere que la sociedad no
cumple sus propósitos de acuerdo con las leyes y los términos de la concesión, sin perjuicio de
ejercer las acciones legales del caso. Sus decisiones en este caso tienen los límites de su
competencia; 





i) La Junta Directiva podrá hacer los reglamentos necesarios para la buena mancha de la sociedad los
que, una vez aprobados por la Asamblea General y el Ministerio del Ambiente y Energía, tendrán
fuerza de ley para los socios;





j) Si por cualquier causa no se eligieren oportunamente los miembros de la Junta Directiva,
continuarán en funciones los anteriores hasta que sean legalmente reemplazados, debiendo citarse a
la mayor brevedad posible a una Asamblea General Extraordinaria para proceder a la designación
correspondiente. Para terceros y para el Ministerio del Ambiente y Energía, se entiende que
continúan en funciones los miembros de la Junta Directiva inscritos si al vencer su período no se ha
comunicado cambio alguno; 





k) Los acuerdos de la Junta Directiva de la sociedad de usuarios sobre gastos y fijación de cuotas
para la construcción de obras o de mantenimiento, serán de obligado acatamiento por todos los
socios;





l) Todos los gastos de construcción, explotación, limpia, conservación, mejoramiento y demás obras
que se hagan en beneficio de los asociados, serán por cuenta de éstos, a prorrata sobre sus derechos
al agua. Los gastos que fueren en provecho de determinados socios será por cuenta exclusiva de
éstos, también a prorrata de sus derechos al agua;





ll) Los socios morosos en el pago de sus cuotas o contribuciones,  serán privados del agua durante
la mora, sin perjuicio del cobro por la vía respectiva.   Responderán además de los gastos que
demanden los servicios de la autoridad que fuere necesario encargar para aplicar y vigilar la
privación del agua;





m) Los nuevos usuarios que no hubieren contribuido al pago de las obras de beneficio colectivo
construidas por una sociedad de usuarios, pagarán al ingresar, en beneficio de ésta, una suma fijada
por la Junta Directiva en términos razonables;





n) Si algún socio por sí o por interpósita persona alterare en dispositivo de distribución, éste
será restituido a costa del socio, quien sufrirá además la privación del agua hasta que pague ese
gasto y cualquier otra sanción prevista en los estatutos.





Las mismas reglas se aplicarán a los socios que hicieren obras para aumentar su dotación de agua. Se
presume autor de estos hechos al beneficiado con ellos;





ñ) Los socios están obligados a aportar las sumas necesarias para realizar las obras
correspondientes para el aprovechamiento concedido, en el monto que fije la Asamblea General, así
como contribuir con sumas periódicas para el mantenimiento de las mismas y otros gastos de
administración. La falta comprobada de esta obligación podrá dar lugar a la expulsión del socio y a
la pérdida de los beneficios del aprovechamiento.





(Así Reformado por el artículo 1º de Ley Nº 5516 del 2 de mayo de 1972 y por el Transitorio V de la
Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 135.- La aceptación de la calidad de socio lleva implícita la obligación de otorgar
cualesquiera de las servidumbres legales a que se refiere la Sección Segunda del Capítulo Quinto de
esta ley, sobre los predios de su propiedad, las cuales no podrán ser revocadas aunque el socio deje
de serlo. La certificación del Registro donde conste la calidad de socio o cualquier otro documento
social auténtico con la misma constancia, será título ejecutivo para que, en defecto del socio,
otorgue la servidumbre el Juez Civil correspondiente.





(Así Reformado por el artículo 1º de Ley Nº 5516 del 2 de mayo de 1972).




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Artículo 136.- Podrán constituirse colectividades de concesionarios de aguas en una misma región
cuando se provean del mismo o de los mismos manantiales. Esas colectividades pueden constituirse por
medio de escritura pública y les son aplicables, en cuanto quepan, las disposiciones del presente
capítulo.




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CAPITULO SETIMO





Modificaciones de los aprovechamientos y reglamentación de corrientes





Artículo 137.- El Ministerio del Ambiente y Energía, de oficio o a instancia de parte, está
facultado para modificar, sin exponerse a pago de daños y perjuicios por ningún motivo, los derechos
al uso de las aguas públicas, cualquiera que sea el título que ampare el aprovechamiento, riego,
usos industriales y fuerza motriz, en los siguientes casos:





a) Si se necesitan las aguas para cañerías, para abastecimiento de poblaciones, abrevaderos, baños u
otros servicios públicos o abastecimientos de sistema de transporte. Los solicitantes tendrán que
comprobar ante el Ministerio del Ambiente y Energía que no cuentan con otra fuente de abastecimiento
económicamente utilizable para el efecto;





b) Cuando lo exija el cumplimiento de leyes especiales dictadas en favor de poblaciones o de la
agricultura;





c) Al hacer la reglamentación de las aguas de una corriente, depósito o de un aprovechamiento
colectivo; y





d) Al emprender obras de utilidad pública que tengan por consecuencia el cambio de régimen de la
corriente, el gobierno de las aguas, o su más racional aprovechamiento.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 138.- Recibida por el Ministerio del Ambiente y Energía la solicitud sobre modificación de
derechos concedidos a terceras personas, conforme al artículo anterior, se publicará un edicto, por
tres veces consecutivas, en el Diario Oficial y se notificará personalmente a los concesionarios, a
fin de que en los treinta días siguientes presenten sus reparos y ofrezcan las pruebas pertinentes.





Pasado ese término, el Ministerio del Ambiente y Energía ordenará que se reciban las pruebas y,
evacuadas éstas, resolverá, debiendo publicarse tal resolución en el Diario Oficial. Contra lo
resuelto, no cabe recurso alguno, fuera del que le queda al interesado de recurrir a la vía
ordinaria para la discusión de su derecho.





( Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 139.- El Ministerio del Ambiente y Energía, a requerimiento del Poder Ejecutivo, puede
autorizar la realización de proyectos que tiendan a lograr un aprovechamiento de las aguas mejor y
más racional que el que se está efectuando, en el concepto de que para la ejecución de las obras se
observará este orden de prelación: a las actuales concesiones; al iniciador del proyecto o a un
tercero interesado en la construcción, debiendo en todo caso garantizarse satisfactoriamente el
beneficio que se derive de los aprovechamientos existentes al iniciarse las obras, tomándose en
consideración los recursos hidráulicos de las corrientes o depósitos y las necesidades de los
concesionarios.





( Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 140.- En los casos de escasez de agua, se establecen los siguientes principios:





I.- Las aguas se aplicarán de preferencia a los usos domésticos, servicios públicos, abrevaderos,
baños, lecherías y abastecimiento de sistemas de transporte;





II.- Si satisfechos los anteriores usos quedan aguas sobrantes, pero no en la cantidad necesaria
para surtir a todos los aprovechamientos, se distribuirán proporcionalmente a sus necesidades entre
los siguientes: riego de terrenos en una superficie que no exceda de cinco hectáreas por cada
propietario; usos industriales y fuerza motriz para empresas de servicios públicos, cuando la
paralización de las industrias o de las plantas de fuerza motriz ocasionen graves perjuicios de
orden social o económico a la colectividad;





III.- Si una vez cubiertas por completo las necesidades de los aprovechamientos que antes se
mencionan, quedan aguas sobrantes, se distribuirán así: riego de terrenos mayores de cinco hectáreas
y fuerza motriz para servicios particulares y usos industriales; y





IV.- Si satisfechos los aprovechamientos anteriores, quedan aguas sobrantes se cubrirán las demás
necesidades.




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Artículo 141.- Si las aguas sobrantes no bastaren en su totalidad para satisfacer los
aprovechamientos a que se refiere la fracción III del artículo anterior, se aplicarán de preferencia
a los que tengan más importancia económica actual para la colectividad. En igualdad de condiciones
se hará la distribución proporcional de las aguas.




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Artículo 142.- Exceptuados los casos de expropiación o modificación de derechos preestablecidos, los
aprovechamientos que se autoricen sólo podrán utilizar las aguas excedentes, después de satisfecho
en su totalidad lo comprendido en el artículo 140.




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CAPITULO OCTAVO





Reservas nacionales de energía hidráulica





Artículo 143.- El Poder Ejecutivo podrá constituir reservas hidráulicas para generación de energía.
Mediante la declaración de que se constituye una reserva, las aguas de propiedad nacional
comprendidas en las zonas reservadas ya no estarán a disposición de quien las solicite. 





Exceptúanse las solicitudes de concesiones para cañerías de poblaciones y sus domésticos que
conservan la preferencia que les da la ley.




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Artículo 144.- La declaración de que una zona se constituye en reserva nacional de energía
hidráulica, así como que deja de serlo, se hará por decreto del Poder Ejecutivo.




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CAPITULO NOVENO





Medidas referentes a la conservación de árboles para evitar la disminución de las aguas





Artículo 145.- Para evitar la disminución de las aguas producida por la tala de bosques, todas las
autoridades de la República procurarán, por los medios que tengan a su alcance, el estricto
cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la conservación de los árboles, especialmente
los de las orillas de los ríos y los que se encuentren en los nacimientos de aguas.




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Artículo 146.- Es prohibido destruir en los bosques nacionales los árboles que estén situados en las
pendientes, orillas de las carreteras y demás vías de comunicación, lo mismo que los árboles que
puedan explotarse sin necesidad de cortarlos, como el hulero, el chicle, el liquidámbar, el bálsamo
y otros similares.




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Artículo 147.- Las autorizaciones que confiere el Poder Ejecutivo para explotar bosques nacionales
en la forma prevista en el artículo 549 del Código Fiscal deberán contener, expresamente, la
prohibición de cortar los árboles a que aluden el artículo anterior y siguiente.




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Artículo 148.- Los propietarios de terrenos atravesados por ríos, arroyos, o aquellos en los cuales
existan manantiales, en cuyas vegas o contornos hayan sido destruídos los bosques que les servían de
abrigo, están obligados a sembrar árboles en las márgenes de los mismos ríos, arroyos o manantiales,
a una distancia no mayor de cinco metros de las expresadas aguas, en todo el trayecto y su curso,
comprendido en la respectiva propiedad.




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Artículo 149.- Se prohibe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los de particulares, los
árboles situados a menos de sesenta metros de los manantiales que nazcan en los cerros, o a menos de
cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos.




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Artículo 150.- Se prohibe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los terrenos
particulares, los árboles situados a menos de cinco metros de los ríos o arroyos que discurran por
sus predios.




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Artículo 151.- La infracción a lo dispuesto en los artículos anteriores obliga al infractor a
reponer los árboles destruídos y lo sujeta a la pena que se determina en el artículo 165 del
capítulo siguiente. Además, la infracción será causa suficiente para que pueda procederse a la
expropiación de las fajas de terreno en los anchos expresados en el artículo anterior, o a uno y
otro lado del curso del río o arroyo, en toda su extensión




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Artículo 152.- Mantiénese la institución de guardabosques creada por decreto número 40 de 13 de
junio de 1906. El Poder Ejecutivo dispondrá la manera de hacer efectiva, a la mayor brevedad, esa
disposición.




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Artículo 153.- Se inviste con el carácter de guardabosques a los miembros de los resguardos
fiscales, quienes quedan obligados a velar por el severo cumplimiento de las disposiciones señaladas
en esta ley en cuanto a conservación de bosques nacionales y mejoramiento de los arbolados. El Poder
Ejecutivo podrá investir con igual carácter a los mandadores o encargados de las fincas, cuando
fuere solicitado al efecto por sus propietarios.




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Artículo 154.- Queda en absoluto prohibido a las Municipalidades enajenar, hipotecar o de otra
manera comprometer las tierras que posean o que adquieran en las márgenes de los ríos, arroyos o
manantiales o en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales o en que tenga sus orígenes
o cabeceras cualquier curso de agua de que se surta alguna población. En terrenos planos o de
pequeño declive, tal prohibición abrazará desde luego una faja de cien metros a uno y otro lado de
dichos ríos, arroyos y manantiales; y en las cuencas u hoyas hidrográficas, doscientos cincuenta
metros a uno y otro lado de la depresión máxima, en toda la línea, a contar de la mayor altura
inmediata.




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Artículo 155.- Queda asimismo prohibido a las Municipalidades dar en arriendo o a esquilmo, o
prestar o por su propia cuenta explotar tales tierras, cuando para ese fin hubieren de descuajarse
montes o destruirse árboles. Podrán, sí, autorizar u ordenar la corta o poda de árboles y utilizar
las leñas o maderas, siempre que esto se ejecute en forma prudente y no perjudique la población
forestal.




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Artículo 156.- Las Municipalidades dispondrán sin pérdida de tiempo, lo que fuere oportuno para
reforestar los terrenos de su propiedad que se encuentren en las condiciones que determina el
artículo 148 de esta ley.





(Así reformado por articulo 1° de la Ley 17 del 7 de noviembre de 1942)




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Artículo 157.- Es deber de las Municipalidades consultar al Departamento de Agricultura, y obtener
de él el correspondiente permiso, antes de enajenar, hipotecar, dar en arriendo o a esquilmo o
explotar por su cuenta, cualquier terreno que posean o adquieran cuando en dichos terrenos existan
aguas de dominio público utilizables. El Departamento de Agricultura decidirá si tales terrenos
están comprendidos entre los mencionados y si el destino que se deseare darles pudiera afectar la
conservación de las aguas que utilizan las poblaciones. Igual obligación tendrán las Juntas de
Educación, Juntas de Protección Social y, en general, todo organismo de carácter público.




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Artículo 158.- Es también obligación de las entidades a que se refiere el artículo anterior
consultar al Departamento de Agricultura todo lo que se relaciona con trabajos de reforestación en
terrenos de su propiedad.




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Artículo 159.- Los Gobernadores, Jefes Políticos, Agentes de Policía y demás autoridades del mismo
ramo deberán exigir, en sus respectivas circunscripciones, el estricto cumplimiento de lo
establecido en esta ley.




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CAPITULO DECIMO





SECCION I





Penas y sanciones





Artículo 160.- Compete a los Tribunales Comunes represivos y a los de Policía, el conocimiento y
sanción, respectivamente, de los delitos y faltas que se cometan en infracción de esta ley.




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Artículo 161.- Los delitos y faltas expresamente previstos en los Códigos Penal y de Policía, en
relación con la materia de que trata esta ley, serán penadas con las sanciones señaladas en esos
cuerpos de leyes.




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Delitos





Artículo 162.- Sufrirá prisión de tres meses a un año o multa de ciento ochenta a setecientos veinte
colones:





I.- El que arrojare a los cauces de agua pública lamas de las plantas beneficiadoras de metales,
basuras, colorantes o sustancias de cualquier naturaleza que perjudiquen el cauce o terrenos de
labor, o que contaminen las aguas haciéndolas dañosas a los animales o perjudiciales para la pesca,
la agricultura o la industria, siempre que tales daños causen a otro pérdidas por suma mayor de cien
colones; y





II.- El que hiciere o permitiere que las aguas que se deriven de una corriente o depósito, para
cualquier uso, se derramen o salgan de las obras que las contenga, ocasionando daño mayor de cien
colones.





En el caso de que las acciones u omisiones a que se refieren los dos párrafos anteriores, causen la
muerte de animales o la destrucción de la propiedad, serán castigadas, conforme a los delitos que
resulten cometidos, de conformidad con el Código Penal.




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Artículo 163.- Se aplicará la pena de trescientos sesenta a mil colones e inhabilitación de seis
meses a dos años para el ejercicio de cargos y oficios públicos, al perito, inspector o comisionado
del Ministerio del Ambiente y Energía, o al Inspector Cantonal de Aguas, que en el desempeño de su
cargo y con perjuicio de alguien, informe dolosamente sobre las actuaciones que se le encomienden.





( Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Faltas





Artículo 164.- Sufrirán arresto de uno a sesenta días, o multa de seis a doscientos veinte colones,
los que incurran en las acciones u omisiones contenidas en los apartes I y II del articulo 162,
cuando el daño causado no sea mayor de cien colones.





En el caso de que los hechos u omisiones a que se refieren los dos párrafos anteriores ocasionaren
alteración en la salud o muerte de las personas, muerte de animales o la destrucción de la
propiedad, serán castigados conforme al Código Penal por los delitos que resulten cometidos. 




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Artículo 165.- La infracción a lo dispuesto en los seis primeros artículos del capítulo anterior
será penada con una multa de doscientos a quinientos colones, de la cual corresponderá la mitad al
denunciante. En caso de reincidencia o cuando el número de árboles cortados excediere de cinco, la
pena será de arresto inconmutable de dos a seis meses. La autoridad de Policía a quien se le
demuestre que teniendo conocimiento de la infracción no procuró su castigo, será penada con pérdida
del empleo y con prisión de uno a tres meses.





(Así reformado por el artículo 1º de Ley Nº 2332 del 9 de abril de 1959).




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Artículo 166.- Sufrirá la pena de multa de dos a cien colones:





I.- El que, mediante desobediencia, o resistencia, impida las operaciones encomendadas a los peritos
y a los Inspectores o comisionados del Ministerio del Ambiente y Energía, o rehuse cumplir las
disposiciones que éste dicte de acuerdo con la presente ley;





II.- El que usare más agua de aquella a que tiene derecho según su concesión o permiso para riego o
el que regare mayor extensión de terreno de la que los mismos le fijen o empleare mayor tiempo del
que la autoridad le hubiere concedido;





III.- El usuario o concesionario que no se sujete a los reglamentos de policía y salubridad en
cuanto a las aguas sobrantes que son devueltas a su cauce primitivo, para evitar contaminaciones o
fetidez. Si tal solvencia diere lugar a una infracción castigada con pena mayor, será ésta la
aplicable en el caso.





(Así reformado el inciso III por articulo 1° de la Ley 17 del 7 de noviembre de 1942)





IV.- El usuario o concesionario que no acondicionare las obras particulares de aprovechamiento de
acuerdo con lo que al efecto dispongan los Inspectores Cantonales o el Ministerio del Ambiente y
Energía.





( Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 167.- Cuando además de la sanción penal correspondiente esta ley disponga que la infracción
acarrea la suspensión o cancelación de la concesión o permiso de disfrute de aguas, el Tribunal
sentenciador aplicará, necesariamente, como pena accesoria, dicha suspensión o cancelación, y lo
notificará por nota al Ministerio del Ambiente y Energía.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 168.- El producto de todas las multas que se impongan por delitos o faltas que sanciona
esta ley y los Códigos Penal y de Policía por motivo de aguas, corresponderá al Ministerio del
Ambiente y Energía, previa deducción de lo que sea entregado a los denunciantes.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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SECCION II





Impuestos





Artículo 169.- Las concesiones de aprovechamientos de agua pagarán al Ministerio del Ambiente y
Energía los siguientes derechos:





I.- Una cuota fija, por una sola vez, de un colón por cada diez litros o fracción de agua por
segundo concedida;





II.- Igual suma se cobrará al conceder una ampliación o al aprobar un traspaso de las concesiones
otorgadas; y





III.- Una cuota semestral de un colón por cada diez litros o fracción de agua o por segundo
concedida, si se tratare de aguas para riegos. Si fuere para otros usos, la cuota se elevará al
doble.





Si no fuere pagado el canon indicado durante un semestre podrá serlo durante el siguiente con el
veinticinco por ciento de recargo o durante el tercero con el cincuenta por ciento. Si
transcurrieren tres semestres sin que se hubieran hecho los pagos totales con las multas
respectivas, caducará la concesión.





Al pago de los impuestos indicados, quedan afectadas las fincas beneficiadas con la concesión, con
carácter de hipoteca legal.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




Ficha articulo





Artículo 170.- Las concesiones de aprovechamientos de agua para el desarrollo de fuerzas hidráulicas
y eléctricas pagarán los impuestos que se determinan en el artículo 57 de la ley número 258 de 18 de
agosto de 1941, pero si las aguas se emplearen para otros menesteres distintos al desarrollo de
fuerza, deberán pagar, además, el impuesto a que se refiere el artículo preanterior.




Ficha articulo





Artículo 171.- Los impuestos a que alude el artículo 169 se cobrarán sobre los aprovechamientos
determinados en los incisos III, V, VI y IX del artículo 27. Los relativos al inciso I serán
establecidos por las Municipalidades o el Poder Ejecutivo, según el caso; y los relativos al inciso
II serán libres de impuestos si los aprovechamientos fueren en favor de los concesionarios y sus
familiares, dependientes, peones, etc. Pero si lo fueren en favor de particulares o de empresas que
van a especular con los aprovechamientos, sí deberán pagar el impuesto respectivo.





(Así reformado por articulo 1° de la Ley 17 del 7 de noviembre de 1942)




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Artículo 172.- Los impuestos referidos se pagarán en las Tesorerías Municipales correspondientes,
pero los recibos les serán enviados por el Ministerio del Ambiente y Energía. Del importe de lo
recaudado corresponderá: un cincuenta por ciento para el Ministerio del Ambiente y Energía; un
cuarenta por ciento para la respectiva Municipalidad y un diez por ciento para el Tesorero Municipal
que haga la recolección del impuesto. El Tesorero, cada fin de mes, enviará al Ministerio del
Ambiente y Energía la parte que corresponda a éste y el último día de cada semestre devolverá al
Ministerio del Ambiente y Energía los recibos que no han sido cancelados.





De la parte que les corresponda, las Municipalidades harán el pago de los sueldos de los Inspectores
Cantonales de Aguas y la correspondiente al Ministerio del Ambiente y Energía éste la destinará al
sostenimiento del Departamento de Aguas que determina esta ley. 





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 173.- Si las aguas concedidas fueren para riego y éste se efectuare por escurrimiento, los
impuestos serán los determinados en el artículo primero de este capítulo. Mas, si el riego se
efectuare por inundación, el impuesto se elevará al doble.




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Artículo 174.- Si no conviniere la concesión, el Ministerio del Ambiente y Energía podrá optar por
cobrar judicialmente a los concesionarios las sumas adeudadas en virtud de impuestos y multas. La
certificación que expida el Jefe de Contabilidad del Ministerio del Ambiente y Energía, con el visto
bueno de su Director o Subdirector, tendrá fuerza ejecutiva y en el juicio no cabe otra excepción
que la de pago que deberá comprobarse por medio de recibo. La tramitación se hará en papel de oficio
y la sentencia condenará al pago de costas personales y procesales.   Podrán actuar en
representación del Ministerio de Ambiente y Energía, su Director o Subdirector, los representantes
del Ministerio Público requeridos al efecto, o un apoderado en juicio, cuyo nombramiento se hará en
la forma que se determina en el artículo 204.





(Así reformado párrafo último por articulo 1° de la Ley 17 del 7 de noviembre de 1942)




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Artículo 175.- Por Administración se entiende toda la serie de grados de la misma, comprendidos en
el presente y siguiente capítulos con facultades para dictar resoluciones, de acuerdo con esta ley.




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Artículo 176.- El (*)Ministerio de Ambiente y Energía (**) ejercerá el dominio y control de las
aguas públicas para otorgar o denegar concesiones a quienes lo soliciten, de acuerdo con las
siguientes reglas:





I.- Para el desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas, conforme a la ley número 258 de 18
de agosto de 1941; y





II.- Para los demás aprovechamientos, conforme a las reglas de la presente ley.





(*)(Así reformado por el artículo 19 de la Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las
Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica, N° 8723 de 22 de abril de 2009).





(**)(Modificada su denominación por el artículo 11 de la Ley "Traslado del sector Telecomunicaciones
del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, N°
9046 del 25 de junio de 2012)




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Artículo 177.- El Ministerio del Ambiente y Energía, para los fines indicados en el inciso segundo
del artículo anterior, actuará:





I.- Por medio de un organismo denominado Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente y
Energía, que se instalará en su propia oficina como dependiente de la Junta Eléctrica, dirigido por
su Director o Subdirector, con un Secretario que actuará como Jefe de la oficina y los auxiliares
necesarios, todos de nombramiento de la Junta; y





II.- Por medio de los Inspectores Cantonales de Aguas que actuarán de acuerdo con las atribuciones
de esta ley.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 178.- Toda solicitud sobre el aprovechamiento de las aguas vivas, manantiales y corrientes
y de las aguas muertas que no sean de dominio privado, deberá dirigirse al Ministerio del Ambiente y
Energía.





La solicitud deberá ser presentada por escrito y contener:





a) Nombres y apellidos del solicitante, calidades, vecindario y cédula de identidad. Si la solicitud
se presentare por representantes de menores, incapacitados o personas civiles, deberá acompañarse el
documento que acredite esas representaciones;





b) Certificación del Registro Público en que consten la inscripción de la finca sobre la que se
pretende el aprovechamiento, con indicación de la naturaleza, situación, cabida y linderos. Si el
terreno no estuviere inscrito, se acompañará el título que ampare la propiedad o posesión o
certificación de la Tributación Directa; y si no existiere título se hará referencia en la solicitud
a la situación, naturaleza, calidad y linderos del inmueble;





c) Cuando se trate de concesiones para regadíos, se expresará el número de hectáreas que se desea
regar, la clase de cultivos que necesitan el riego y el tiempo en que se utilizará éste; 





d) Cuando se trate de otras aplicaciones como beneficios de café, trapiches, pilas de natación,
fábricas, etc., deberá indicarse la forma en que va a hacerse el aprovechamiento;





e) El número aproximado de litros de agua por segundo que discurre por el cauce cuyo caudal se desea
aprovechar y la cantidad que necesita el solicitante. Ese cálculo se hará tomando en cuenta el
caudal de aguas que discurre durante la estación seca.





f) los nombres de los propietarios servidos por el mismo caudal en predios inferiores, dentro del
mismo cartón en que se desea hacer el aprovechamiento, mientras el caudal y manantial no aumente su
volumen por la confluencia de otro.





Si no hubiere propietarios beneficiados con el mismo río, acequia o quebrada en predios inferiores,
el solicitante indicará los nombres de tres testigos que declararán sobre esa circunstancia.





g) Promesa de que el concesionario se sujetará a las leyes y reglamentos respectivos y pagará el
canon que se le fije;





h) Si el aprovechamiento que se solicitare fuere mayor de cincuenta litros por segundo, deberá
presentarse un plano levantado por un ingeniero y en el cual aparezca el curso del agua que se
pretende aprovechar dentro de la finca del solicitante y las de los predios superior e inferior en
una distancia no menor de cien metros contados desde la entrada y salida del río de la finca en que
va a hacerse aprovechamiento. Si la solicitud fuere por cantidad menor de cincuenta litros por
segundo, bastará que se acompañe un croquis simplemente. A la solicitud deberá agregarse en uno y
otro caso un timbre fiscal por valor de diez colones para satisfacer el gasto de la publicación del
edicto a que se refiere el artículo siguiente.





La manifestación anterior tiene carácter de declaración jurada.





(Así reformados párrafos e), Párrafo 2º del inciso f), y Inciso h) por articulo 1° de la Ley 17 del
7 de noviembre de 1942)





( Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 179.- Recibida la solicitud, el Ministerio del Ambiente y Energía publicará en el Diario
Oficial, y por tres veces consecutivas, un  edicto poniendo en conocimiento del público la
solicitud, a fin de que los opositores que se consideren lesionados presenten sus objeciones durante
el término de un mes que se contará desde la fecha de publicación del primer edicto.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 180.- Si se presentaren oposiciones, el Ministerio del Ambiente y Energía las pondrá en
conocimiento del solicitante de la concesión; y las pruebas que se ofrezcan en el escrito de
oposición, así como las que indique el solicitante dentro de los tres días posteriores al
vencimiento del término concedido para oponerse, se evacuarán por el Inspector Cantonal de Aguas
respectivo, al practicar la diligencia a que se refiere el artículo siguiente.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 181.- Admitida la solicitud, el Ministerio del Ambiente y Energía pasará el expediente al
Inspector Cantonal de Aguas correspondiente. Dicha autoridad señalará día y hora para practicar una
inspección ocular donde se desea hacer el aprovechamiento y citará a los propietarios de predios
inferiores servidos por el mismo caudal y de que él tenga conocimiento, que podrían resultar
perjudicados e indicados en el inciso f) del artículo trasanterior; o a los tres testigos indicados
en el mismo inciso en el caso de que no existan propietarios beneficiados; y a los opositores cuando
lo hubiere.





I.- A todos los que concurran, se les recibirá declaración jurada que se consignará de modo lacónico
en el acta que ha de levantar la autoridad. En el expediente original, no se hará mención de las
preguntas y repreguntas: sólo se consignará la contestación del declarante;





II.- La autoridad deberá cerciorarse y hacer constar: a): que el aprovechamiento no causará
perjuicio evidente a los predios inferiores que tuvieren concesiones anteriores; b): que el
aprovechamiento no disminuirá el caudal a que tienen derecho concesionarios de fuerzas hidráulicas e
hidroeléctricas; y c): que no se hace en menoscabo de poblaciones que aprovechan el mismo caudal
para usos domésticos, abrevaderos, lecherías o ferrocarriles;





III.- Si fuere preciso, la autoridad podrá ordenar que se reciba  prueba pericial acerca de las
cuestiones que requieren conocimientos especiales;





IV.- Practicada la diligencia, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, la autoridad
devolverá el expediente al Ministerio del Ambiente y Energía, con un informe personal suyo acerca de
la procedencia o improcedencia de la solicitud;





V.- Recibido el expediente, el Ministerio del Ambiente y Energía, previo informe del Secretario de
Actuaciones del Departamento Legal de Aguas, resolverá la solicitud concediéndola o denegándola en
todo o en parte, indicando las razones legales en que fundamente su solicitud en uno u otro caso. Si
la concediere, indicará las condiciones a que queda sujeta la concesión en cuanto al caudal de aguas
que se concede, duración del aprovechamiento, ya sea por horas, días, semanas, meses o años y la
duración de la concesión. También fijará el canon que debe satisfacer el concesionario;





VI.- Toda actuación y solicitud en materia de concesiones deberá tramitarse en papel sellado de
cincuenta céntimos. Podrá actuarse también en papel simple, pero la validez de las diligencias
quedará sujeta al reintegro correspondiente; 





VII.- Las diligencias necesarias para tramitar la concesión deberán hacerse por cuenta del
solicitante. La autoridad encargada de hacer la inspección a que alude el aparte segundo de este
artículo tendrá derecho a cobrar honorarios que se fijarán de acuerdo con la distancia y horas de
trabajo, no pudiendo exceder aquéllos de un colón por cada kilómetro, ida y vuelta, ni de cinco
colones por cada hora de trabajo; y





VIII.- El Ministerio del Ambiente y Energía, antes de resolver la solicitud, podrá ordenar de oficio
o a solicitud de parte, que se reciban nuevas pruebas o se amplíen las evacuadas, por medio de un
funcionario administrativo o judicial que comisionará al efecto, o por el mismo Inspector de Aguas
que practicó la inspección ocular.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 182.- Las resoluciones que en cada caso se dicten subsistirán hasta tanto no sean
modificadas o revocadas por resolución judicial en juicio declarativo, el cual procederá únicamente
en los casos que determina el Capítulo XIII de esta ley. La resolución dictada por el (*)Ministerio
de Ambiente y Energía(**) dará por agotada la vía administrativa y deberá ejecutarse aunque se
establezca el juicio declarativo. Esta institución no asumirá ninguna responsabilidad por los
perjuicios que se ocasionen a los concesionarios si sus resoluciones fueren revocadas o modificadas
por los Tribunales Comunes.





(*)(Así reformado por el artículo 19 de la Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las
Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica, N° 8723 de 22 de abril de 2009).





(**)(Modificada su denominación por el artículo 11 de la Ley "Traslado del sector Telecomunicaciones
del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, N°
9046 del 25 de junio de 2012)




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Artículo 183.- Toda concesión de aguas que se otorgue de acuerdo con la presente ley, tendrá
carácter de provisional y se convertirá en definitiva, si transcurrido un año desde su
aprovechamiento, ninguna persona se hubiere presentado a reclamar derechos lesionados con dicha
concesión. Si durante el período dicho se presentaren reclamos contra lo acordado, éstos se
tramitarán en la forma que se determina en los artículos indicados en el Capítulo XIII de esta ley;
y mientras se resuelve el reclamo quedará en suspenso el término de prescripción establecido para
adquirir la concesión con carácter de definitiva.




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Artículo 184.- No obstante lo dicho en el artículo anterior, el concesionario podrá hacer uso de su
derecho hasta que se revoque la concesión.




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Artículo 185.- Son casos para revocar un permiso provisional:





I.- La comprobación de perjuicios a aprovechamientos existentes;





II.- La falta de cumplimiento de quien hace uso del permiso a las obligaciones que le impone esta
ley, sus Reglamentos o las especiales que fije el permiso;





III.- Las que prescribe esta ley para la caducidad de las concesiones; y





IV.- Que el dato a que se refiere el inciso e) del artículo 178 sea inferior al declarado por el
solicitante a extremo de que la disminución del caudal pueda causar perjuicio a otros
concesionarios. 




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CAPITULO DUODECIMO





SECCION I





De las diferencias y conflictos que se suscitan entre particulares con motivo del aprovechamiento de
aguas





Artículo 186.- La resolución administrativa de todas las diferencias y conflictos que se susciten
entre particulares con motivo del aprovechamiento de las aguas vivas, manantiales y corrientes y de
las aguas muertas y subterráneas, así como de las reclamaciones provenientes del uso de las
servidumbres, ya sean naturales, legales o establecidas por contrato, por la tolerancia durante más
de un año o por el trascurso del término de la prescripción adquisitiva, lo mismo que de las
discusiones originadas en casos de obras de defensa, desecación o regadío, corresponderá a la
Inspección Cantonal de Aguas creada por decreto número 15 de 11 de mayo de 1923.




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Artículo 187.- El Inspector Cantonal de Aguas conocerá y decidirá, de manera sumaria y con carácter
puramente preventivo y conciliador, sobre las cuestiones antes indicadas; y las resoluciones que en
cada caso dicte subsistirán hasta tanto no sean revocadas, modificadas o anuladas por el Ministerio
del Ambiente y Energía, o por decisión judicial en juicio declarativo, si alguno de los interesados,
inconforme en todo o en parte con lo resuelto, recurriere a los tribunales comunes en busca de
amparo a sus pretensiones. La acción del Inspector podrá pedirse y deberá otorgarse aun cuando
hubiere juicio pendiente, o en el mismo momento se instituyere, ante la justicia ordinaria, acerca
de las mismas diferencias sobre las cuales se solicite la decisión administrativa del Inspector.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 188.- Reclamada su acción, ya sea verbalmente o ya por escrito, para la resolución de
cualquiera de las cuestiones reservadas por esta ley a su conocimiento, el Inspector, sin otro
trámite que el de citar a los interesados por medio de las autoridades de policía con veinticuatro
horas de antelación por lo menos, se constituirá en el lugar de la diferencia y una vez allí, oídas
las explicaciones que sobre el terreno dieren los citados que concurran, practicará una disposición
cuidadosa de lugares y procederá a hacer por sí las investigaciones que le parezcan conducentes, y a
continuación, si fuere posible, o dentro de las veinticuatro horas siguientes a la práctica de la
última diligencia investigatoria, dictará la resolución correspondiente. De todo ello levantará acta
sumaria, en la cual consignará la reclamación del actor, lo alegado en descargo por la parte o
partes que concurrieren, un extracto del resultado de la inspección, así como de las investigaciones
hechas, si se practicaren algunas, y la resolución final. Tales actas se extenderán en un libro
especial, en cuyo encabezamiento ha de poner constancia el Gobernador o Jefe Político respectivo del
objeto a que está destinado y del número de folios que contiene, todos los cuales llevarán el sello
de la Gobernación o Jefatura Política.




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Artículo 189.- La citación de partes a que alude el artículo anterior se hará mediante cédula
firmada por el Inspector de Aguas, en la cual se indicará el lugar y la hora señalados a fin de
decidir la reclamación incoada, y tal cédula será entregada al citado, en persona, en su casa de
habitación, o en su ausencia, a cualquiera persona mayor de quince años que en ella hubiere, o al
vecino más cercano si la casa estuviere cerrada o deshabitada. La autoridad de policía dará cuenta
al Inspector de haber hecho la entrega de la cédula, indicando la forma y la hora en que lo
verificara, y esta constancia, que se consignará en el libro antes indicado, bastará para tener por
legalmente hecha la citación




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Artículo 190.- El Inspector de Aguas ajustará sus fallos a las disposiciones de las leyes vigentes,
y al convenio de las partes, si lo hubiere, pero en todo en cuanto guarden silencio los textos
legales, o en lo que las partes contratantes no hubieren previsto, decidirá con sujeción a lo que la
equidad y la justicia aconsejen, teniendo muy en cuenta las necesidades del uso doméstico y
procurando conciliar con éstas y entre sí, los intereses de la agricultura y de la industria. Tales
resoluciones sólo admiten el recurso de apelación para ante el Ministerio del Ambiente y Energía,
recurso que deberá interponerse dentro de tercero día, a partir de la notificación de la sentencia,
y serán ejecutadas por los interesados, si así lo dispusiere el fallo, o a costa de quien éste
indique, por la autoridad de policía del lugar, a la cual y con este objeto se comunicará por oficio
lo resuelto. 





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 191.- Ante la Inspección de Aguas no se admitirán debates ni otras gestiones que las
alegaciones de descargo que hicieren los inculpados y la indicación de las probanzas que éstos y el
reclamante pudieran aducir, de las cuales el Inspector podrá examinar o recibir las que estime
convenientes para formar mejor juicio, siempre que no estorben considerablemente la rapidez de su
gestión.




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Artículo 192.- El Ministerio del Ambiente y Energía recibirá el expediente y podrá ordenar de oficio
o a solicitud de parte que se reciban nuevas pruebas o que se amplíen las evacuadas, por medio del
funcionario judicial o administrativo que comisionará al efecto o por el mismo Inspector de Aguas
que falló en primera instancia.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 193.- El Ministerio del Ambiente y Energía resolverá la apelación y su fallo subsistirá
hasta tanto no sea modificado o revocado por resolución judicial en juicio declarativo, el cual
procederá en los casos que se determinan en el capítulo siguiente. Las resoluciones dictadas por
dicho organismo o las de los Inspectores de Aguas si no hubieren sido recurridas, darán por agotada
la vía administrativa y deberán ejecutarse hasta que recaiga sentencia en el juicio declarativo que
se establezca.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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SECCION II





De los inspectores Cantonales de Aguas





Artículo 194.- Los Inspectores Cantonales de Aguas a que se refieren el presente y anterior capítulo
deben ser mayores de edad, ciudadanos en ejercicio y de probidad notoria. Estos funcionarios serán
nombrados por el Ministerio del Ambiente y Energía, de una terna propuesta por la Municipalidad
respectiva en los primeros quince días de cada año; permanecerán en sus funciones un año sin
perjuicio de ser reelectos indefinidamente; y durante su período sólo podrán ser removidos por el
Ministerio del Ambiente y Energía por faltas graves en el ejercicio de su cargo, o por disponerlo
así una sentencia de los Tribunales.





Su sueldo será asignado y cubierto por la Municipalidad respectiva y este gasto pesará sobre las
rentas generales del cantón. Si se diere el caso de que alguna de las Municipalidades de los
cantones menores no pudiere satisfacer el sueldo del Inspector, las funciones podrán ser recargadas
en el respectivo Jefe Político con anuencia del Ministerio del Ambiente y Energía.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 195.- Los gastos de viático y demás indispensables en cada caso, le serán satisfechos al
Inspector por el interesado que reclame su intervención, sin perjuicio de que éste los cobre de la
persona que a ello fuere condenada por la sentencia.




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Artículo 196.- Los Inspectores de Aguas no son recusables, pero deberán excusarse, bajo la pena de
prevaricato, si no lo hicieren, en los casos previstos por el artículo 1º de la ley de 13 de julio
de 1889. Si les comprendiere alguna de las causales allí indicadas y la parte a quien perjudique
ésta no allanare la excusa dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación que de tal
excusa le haga la autoridad de policía respectiva, el Inspector pasará lo actuado al Jefe Político
del cantón o en su defecto al Presidente de la Municipalidad, quienes lo sustituirán en el
conocimiento del asunto. Si ocurriere excusa del Jefe Político o Presidente Municipal, pasará el
negocio, por los mismos trámites, a conocimiento del Inspector ah-hoc que nombrará el Ministerio del
Ambiente y Energía.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 197.- En los cantones muy extensos podrán nombrarse dos o tres Inspectores de Aguas,
debiendo la Municipalidad determinar la jurisdicción en que cada uno debe actuar. Se denominarán
Primero, Segundo, etc., Inspector de Aguas del respectivo cantón. En los lugares donde hubiere
Concejos de Distrito, corresponde a éstos presentar las ternas para hacer los nombramientos y
recolectar los impuestos a que se refiere la Sección II del Capítulo X, correspondiéndoles en tal
caso la participación acordada




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Artículo 198.- Los Inspectores Cantonales de Aguas aceptarán el cargo ante la respectiva
Municipalidad o Concejo y actuarán como delegados del Ministerio del Ambiente y Energía  en las
diversas cuestiones que les conciernen conforme a esta ley y además deberán:





a) Formar, con el auxilio de las demás autoridades y escuelas, un censo de los aprovechamientos de
aguas privadas y públicas determinando los ríos, arroyos o acequias, así como los nombres de los
propietarios de fincas servidos por esas fuentes de abastecimiento, e indicando si éstos tienen o no
concesión, de lo cual deben dar cuenta al Ministerio del Ambiente y Energía;





b) Estudiar la mejor forma de aprovechamiento de las fuentes existentes y si hubiere escasez de
aguas, distribuirlas entre los usuarios, fijando a cada uno el tiempo por horas del aprovechamiento;





c) Dar cuenta al Ministerio del Ambiente y Energía del resultado de sus investigaciones y trabajos y
proponer el plan que a su juicio debe adoptarse en cada localidad para procurar una mejor y más
justa distribución de las aguas; y





d) Desempeñar los encargos que le confíe el Ministerio del Ambiente y Energía, pudiendo deducir los
honorarios que le atribuye esta ley.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)





Transitorio.- Los actuales Inspectores Cantonales de Aguas continuarán en el desempeño de sus
funciones hasta el 31 de diciembre del año en curso. Las Municipalidades, en los quince días
siguientes a la primera sesión que celebren el año próximo nombrarán los que han de desempeñar sus
funciones durante ese año. Si transcurrido ese término no verificaren el nombramiento, lo hará el
(*)Ministerio de Ambiente y Energía (**).





(*)(Así reformado por el artículo 19 de la Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las
Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica, N° 8723 de 22 de abril de 2009).





(NOTA DE SINALEVI:  de conformidad con el numeral 1° de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de
las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, N° 8660 de 8 de agosto de 2008, el Ministerio
de Ambiente y Energía pasó a ser Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones).





(**)(Modificada su denominación por el artículo 11 de la Ley "Traslado del sector Telecomunicaciones
del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, N°
9046 del 25 de junio de 2012)




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CAPITULO DECIMOTERCERO





De la competencia de los Tribunales Comunes en materia de aguas





Artículo 199.- El solicitante de una concesión o el opositor en su caso, podrán presentar demanda
ordinaria contra el Ministerio del Ambiente y Energía y conjuntamente contra el concesionario ante
el Juez Civil de Hacienda, a fin de que los tribunales conozcan de las cuestiones resueltas por el
Ministerio, en relación con dicha concesión u oposición.





Igual derecho corresponde al tercero que se crea perjudicado con la resolución administrativa que
confirme derechos sobre aguas.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




Ficha articulo





Artículo 200.- Las resoluciones que se dicten modificando los aprovechamientos, declarando su
caducidad, o la nulidad de un título, podrán ser discutidas en igual forma mediante un juicio
declarativo. Las resoluciones a que se refieren este y el anterior artículo podrán ser reclamadas
por alguno de los siguientes motivos: 





I.- Por no haber existido la causa legal en que se fundó la resolución; y





II.- Por no ser exacto o cierto el hecho u omisión invocados en las referidas resoluciones como base
del pronunciamiento.





La simple apreciación de los hechos formulada en la resolución del Ministerio del Ambiente y Energía
no podrá ser discutida de nuevo ante los Tribunales ni variada por éstos.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




Ficha articulo





Artículo 201.- Compete igualmente al Juez Civil de Hacienda conocer del juicio declarativo que se
promueva con motivo de las resoluciones dictadas por el Ministerio del Ambiente y Energía en las
materias que le están encomendadas en el Capítulo undécimo de esta ley, en los siguientes casos:





I.- Cuando se declare la caducidad o la modificación de una concesión hecha a particulares o
empresas en los términos prescritos por la presente ley;





II.- Cuando con ello se lastimen derechos adquiridos en virtud de disposiciones emanadas del
Ministerio del Ambiente y Energía; 





III.- Cuando se imponga a la propiedad particular una servidumbre forzosa o alguna limitación o
gravamen en los términos prescritos por esta ley; y





IV.- En las cuestiones que se susciten sobre resarcimiento de daños y perjuicios a consecuencia de
las limitaciones y gravámenes de que habla el párrafo anterior.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




Ficha articulo





Articulo 202.-Procede igualmente el juicio ordinario en los términos indicados en los artículos
anteriores en los casos en que las resoluciones del Ministerio del Ambiente y Energía hayan sido
dictadas sobre concesiones de aguas destinadas a desarrollar fuerzas o caducidad de las mismas de
acuerdo con la ley Nº 258 de 18 de agosto de 1941, y en las que se pronuncien modificando
concesiones de acuerdo con el Capítulo sétimo de esta ley.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




Ficha articulo





Artículo 203.- Las acciones a que se refieren los artículos anteriores no podrán establecerse
después de una año contado desde la fecha de la concesión o desde que ésta adquiera el carácter de
definitiva conforme al artículo 183.




Ficha articulo





Artículo 204.- En los casos que se determinan en los artículos anteriores el traslado de la demanda
será notificado al Director o Subdirector del Ministerio del Ambiente y Energía y esa entidad podrá
constituir un apoderado en juicio o requerir al Ministerio Público para que lo presente, en caso de
que el Director o Subdirector no asumieren la representación en juicio. El mandato se constituirá
por medio de un oficio dirigido al Juez que conozca del negocio, firmado por el Director o
Subdirector del organismo. Este tendrá el derecho de litigar en papel de oficio y no estará obligado
a rendir fianza de costas, ni a pagar éstas, ni los daños y perjuicios consiguientes.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




Ficha articulo





Artículo 205.- Compete a los Tribunales que ejercen la jurisdicción civil el conocimiento de las
cuestiones que se susciten exclusivamente entre particulares, relativas:





I.- Al derecho sobre las aguas públicas y al dominio sobre las aguas privadas y su posesión;





II.- Al derecho sobre las playas, vasos de los lagos, álveos o cauces de los ríos, y al derecho y
posesión de las riberas, sin perjuicio de la competencia del Ministerio del Ambiente y Energía para
demarcar y deslindar lo perteneciente al dominio público;





III.- A las servidumbres de aguas y de paso por las márgenes, fundadas en títulos de derecho civil;
y





IV.- Al derecho de pesca.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




Ficha articulo





Artículo 206.- Corresponde también a los tribunales de justiciacivil el conocimiento de las
cuestiones suscitadas entre particulares sobre preferencia en el derecho de aprovechamiento según
esta ley:





I.- De las aguas pluviales; y





II.- De las demás aguas fuera de sus cauces naturales cuando la preferencia se funde en títulos de
derecho civil.




Ficha articulo





Artículo 207.- También compete a los mismos tribunales civiles el conocimiento de las cuestiones
relativas a daños y perjuicios ocasionados a particulares en sus derechos:





I.- Por la apertura de pozos ordinarios;





II.- Por la apertura de pozos artesianos y por la ejecución de obras subterráneas; y





III.- Por toda clase de aprovechamientos en favor de particulares.




Ficha articulo





Artículo 208.- El término para interponer los juicios a que aluden los tres artículos anteriores
será de una año contado desde la fecha de la publicación de la resolución que produzca el motivo de
la contención;y en los casos de las resoluciones a que se refiere el capítulo duodécimo, el año se
contará desde que recaiga la resolución, si ha sido, ésta notificada al reclamante o desde que
empiece a hacer uso del aprovechamiento si no ha sido notificada personalmente.




Ficha articulo





Artículo 209.- Cuando la cuestión relativa al derecho y disfrute de las aguas no sea por su
naturaleza de carácter esencialmente civil, si los derechos controvertidos se basan en una concesión
administrativa, no cabe que los Tribunales resuelvan cuestión alguna de índole privada mientras no
aparezca libre y expedita su jurisdicción por resoluciones del Ministerio del Ambiente y Energía o
de los Inspectores Cantonales de Aguas que puedan servir de base para la decisión de la cuestión
civil planteada, atendida la naturaleza de los títulos controvertidos; y hasta que tales
resoluciones recaigan, la demanda judicial resultará extemporánea.





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




Ficha articulo





Artículo 210.- Las cuestiones de derecho, cuando se persigue una declaración de posesión definitiva
de las aguas públicas, o la reivindicación de la posesión de derechos de las aguas privadas, cae
dentro de la competencia de los Tribunales Ordinarios.




Ficha articulo





Artículo 211.- En los casos de expropiación forzosa prescritos en esta ley cabe acción ante los
Tribunales únicamente cuando no hubiere precedido al desahucio la correspondiente indemnización, o
cuando la expropiación se hubiere decretado sin la observancia de las prescripciones legales que
regulan la materia.




Ficha articulo





Artículo 212.- En materia de aguas no será posible la acción interdictal. Las cuestiones que se
susciten se resolverán de acuerdo con las previsiones de esta ley.




Ficha articulo





CAPITULO DECIMOCUARTO





Disposiciones Generales





Artículo 213.- Esta ley deroga la Nº 11 de 26 de mayo de 1884 y todas las que se opongan a la
presente. Los actuales concesionarios de aguas continuarán disfrutando de sus concesiones mientras
el interés colectivo no exija la imposición de restricciones o limitaciones de los derechos
actuales.





El derecho de las poblaciones se declara de interés público y para lograrlo se requiere, o bien la
tramitación de la instancia de acuerdo con lo que preceptúa el Capítulo VII, o bien la expropiación
decretada de acuerdo con los procedimientos corrientes y previa indemnización de los derechos
lesionados.




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Artículo 214.- Las concesiones dadas en virtud de contratos legalmente aprobados no serán objeto de
restricción, a menos que llegare a comprobarse que las corrientes que proveen los servicios
contratados sirven con exceso los fines a que están destinados y en ese caso podrá disponerse de los
sobrantes en el orden establecido en el artículo 27.




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Artículo 215.- Todos los concesionarios de aguas públicas, cualquiera que sea el título en que
amparen sus derechos, están obligados:





I.- A ejecutar las obras que ordene el Ministerio del Ambiente y Energía para limitar los volúmenes
que utilicen para hacer la distribución de las aguas, para mejorar la estabilidad de las obras, y en
general para obtener el buen manejo y mejor aprovechamiento de las aguas;





II.- A no alterar o cambiar, sin previa autorización del Ministerio del Ambiente y Energía, la
naturaleza del uso o aprovechamiento, o la localización, capacidad y condiciones en que hubieren
sido aprobadas las obras hidráulicas respectivas;





III.- A contribuir a los gastos que sea necesario erogar en la conservación de los cauces de las
aguas y en la construcción de las obras de defensa de las mismas;





IV.- A sujetarse a los reglamentos de policía y vigilancia que expida el Poder Ejecutivo; y





V.- A pagar los impuestos que se fijen por la utilización de las aguas. La falta de pago de estos
impuestos y derechos podrá sancionarse, en su caso, con la suspensión del uso de las aguas y aun con
la caducidad de los permisos o títulos relativos. 





(Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)




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Artículo 216.- Esta ley rige desde su publicación.




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Transitorio.- Todas las Municipalidades de la República están obligadas a remitir al (*)Ministerio
de Ambiente y Energía(**) una nómina de las concesiones de aguas que hayan otorgado en sus
respectivos cantones, con copia del acuerdo respectivo. 





(¨*)(Así reformado  por el artículo 19 de la Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las
Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica, N° 8723 de 22 de abril de 2009).





(**)(Modificada su denominación por el artículo 11 de la Ley "Traslado del sector Telecomunicaciones
del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, N°
9046 del 25 de junio de 2012)





Artículo 2º.- Para su aplicación en la presente ley modifícase el artículo 57 de la ley Nº 258 de 18
de agosto de 1941, el cual se leerá de la siguiente manera:





Las concesiones de aprovechamientos de agua y de fuerza hidráulica y eléctrica, pagarán los
siguientes derechos: una cuota fija de un colón por cada diez litros o fracción de agua que vaya a
concederse, o diez colones por cada caballo de fuerza o fracción que se trate de utilizar en fuerza
hidráulica o eléctrica. Iguales sumas se cobrarán al conceder una ampliación o al aprobar un
traspaso de las concesiones otorgadas. Además, todas las concesiones de fuerza hidráulica y
eléctrica pagarán semestralmente y por adelantado, salvo que hubiere un compromiso para cobrar una
tasa menor, un colón por cada caballo de fuerza, siempre que la potencia no exceda de cincuenta
caballos, y dos colones por cada caballo cuando fuere mayor de esa cantidad. Las concesiones de
fuerza hidráulica o eléctrica, destinadas a fines agrícolas y dentro de la propiedad del
concesionario con inclusión de los servicios de alumbrado, calefacción, etc., sólo pagarán la mitad
de los impuestos indicados en el párrafo anterior en cuanto al canon por derechos de concesión y el
mismo impuesto en lo que se refiere al semestral, siempre que no exceda de cien caballos sin
duplicarse.





Si no fuere pagado el canon indicado durante un semestre, podrá serlo durante el siguiente, con el
veinticinco por ciento de recargo o durante el tercero con el cincuenta por ciento. Si
transcurrieren tres semestres sin que se hubieren hecho los pagos totales, con las multas
respectivas, caducará la concesión de fuerza hidráulica o eléctrica deudora.





La Junta Nacional de Electricidad no dará nuevas concesiones eléctricas a aquellas empresas que no
estén al día en el pago de los intereses o dividendos de sus accionistas residentes en el país; y la
Oficina de Control de Exportaciones no autorizará el envío al exterior de ninguna cantidad a título
de pago de intereses, amortización o dividendo, mientras no se justifique que se ha cumplido con
dicha concesión.





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Water Law


No. 276

THE CONSTITUTIONAL CONGRESS OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA

DECREES:

 

Article 1.- The following is hereby enacted

WATER LAW

CHAPTER ONE

SECTION I

Waters of the public and private domain

Article 1.- The following are waters of the public domain:

I.- Those of the territorial seas to the extent and under the terms established by international law;

II.- Those of the lagoons and estuaries of the beaches that are permanently or intermittently connected to the sea;

III.- Those of interior lakes of natural formation that are directly linked to permanent watercourses;

IV.- Those of rivers and their direct or indirect tributaries, streams, or springs from the point where the first permanent waters emerge to their mouth in the sea or lakes, lagoons, or estuaries;

V.- Those of permanent or intermittent watercourses whose channel, in its entirety or in part, serves as a boundary of the national territory, the dominion over such watercourses being subject to what has been established in international treaties entered into with neighboring countries and, in the absence thereof, or as to matters not provided for, to what is set forth in this law;

VI.- Those of any watercourse that directly or indirectly flows into those listed in subsection V;

VII.- Those extracted from mines, with the limitation indicated in Article 10;

VIII.- Those of springs that emerge on beaches, maritime zones, channels, basins, or banks of national property and, in general, all those that arise on public domain lands;

IX.- Groundwater whose extraction is not done by means of wells; and

X.- Rainwater that runs through ravines or wadis whose channels are of the public domain.


Article record

Article 2.- The waters listed in the preceding article are national property and dominion over them is not lost nor has been lost when, by execution of artificial works or prior use, their natural characteristics are or have been altered.

Excepted are waters used by virtue of contracts granted by the State, which shall be subject to the conditions authorized in the respective concession.


Article record

Article 3.- The following are likewise national property:

I.- Beaches and maritime zones;

II.- The basins of lakes, lagoons, and estuaries of national property;

III.- The channels of public domain watercourses;

IV.- Lands gained from the sea by natural causes or by artificial works;

V.- Lands gained from watercourses, lakes, lagoons, or estuaries, by works executed with State authorization; and

VI.- Islands that form in the territorial seas, in the basins of lakes, lagoons, or estuaries, or in the channels of national property watercourses, provided that these do not arise from a bifurcation of the river on privately owned lands.


Article record

Article 4.- The following are waters of the private domain and belong to the landowner:

I.- Rainwater that falls on his property while it runs across it. The owner may, consequently, construct within his property, ponds, swamps, cisterns, or tanks to conserve them for this purpose, or employ any other suitable means, provided that no harm is caused to the public or to a third party;

II.- Lagoons or puddles formed on lands of his respective domain, provided that the case provided for in Section II of Article 1 does not apply. Those located on lands of communal use belong to the respective towns;

III.- Groundwater that the owner obtains from his own land by means of wells; and

IV.- Thermal, mineral, and medicinal-mineral waters, wherever they may emerge. Such waters shall be under the control of the Secretariat of Public Health when declared of public utility.


Article record

Article 5.- The owner of land where a spring of water emerges that has been used by him prior to the enactment of this law may continue to freely use it in the volumes and manner in which he has done so prior to the indicated date. If he has entered into agreements prior to that same date with those who carry out the use, such agreements must be respected. However, if such water or part of it becomes necessary for the purposes established by Law No. 16 of October 20, such use may be limited in the quantity necessary to fulfill those purposes, without prejudice to the compensation to which the owner may be entitled if the limitation imposed on him causes him harm. Such uses shall be limited in the same manner in the cases established in Chapter VII of this law.


Article record

Article 6.- Every owner may freely open, without the need for a concession, wells to raise water within his farms for domestic uses and ordinary necessities of life, even if as a result the waters of his neighbors are diminished; he must, however, keep a distance of two meters between well and well within towns, and fifteen meters in the countryside between the new excavation and the permanent wells, ponds, springs, and irrigation ditches of the neighbors.


Article record

Article 7.- The extraction of groundwater obtained for purposes other than those indicated in the preceding article, or by means of artesian wells, sinkings, or galleries, may be obtained through a concession; and whoever obtains it shall enjoy the water while it runs across his land, but as soon as the surplus leaves it, it shall become waters of the public domain.

When there is a risk that, as a consequence of the workings of the artesian well, sinking, or gallery, the public waters destined for a public service or a pre-existing private use, with legitimately acquired rights, are diverted or diminished, the police authority, at the request of the interested parties, may order the suspension of the work, even if the new concession has already been granted, pending a definitive ruling from the Ministry of Environment and Energy, or from the ordinary courts as the case may be.

(Thus amended by Transitory V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article record

Article 8.- The workings referred to in the preceding article for extractions may not be executed at a distance of less than forty meters from buildings belonging to another, a railroad, or a highway, nor at less than one hundred meters from another extraction or spring, river, canal, irrigation ditch, or public watering place, without the corresponding license from the Ministry of Environment and Energy.

These workings may also not be executed within a mining claim, without prior stipulation for the compensation of damages.

(Thus amended by Transitory V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article record

Article 9.- The concessionaires of mining claims, sinkings, and general mine drainage galleries have ownership of the waters found in their workings as long as they retain that of their respective mines.

The water, once it leaves the mining claim, shall become public.


Article record

SECTION II

Common uses of public waters

Article 10.- The free use of the littoral sea, navigable rivers, coves, roadsteads, bays, and inlets is understood for navigating, fishing, embarking, disembarking, anchoring, and other similar acts, in accordance with the legal or regulatory provisions that regulate them and provided that such use has not been the object of a particular concession or State reservation. In the same case is the use of beaches, which authorizes everyone, with equal restrictions, to walk on them, bathe, spread and dry clothes and nets, careen, careen, and build boats, bathe cattle, and collect shells, plants, and shellfish.


Article record

Article 11.- As long as waters run through their natural and public channels and a particular concession does not prevent it, everyone may use them for drinking, washing clothes, vessels, and any other objects, bathing, and watering or bathing horses and cattle, subject to police regulations.


Article record

Article 12.- In waters that, artificially diverted from their natural and public channels, run through uncovered canals, irrigation ditches, or aqueducts, even if they belong to private concessionaires, everyone may extract and carry in vessels that which they need for domestic and manufacturing uses and for watering isolated plants; but the extraction must be done precisely by hand, without any kind of machine or apparatus, and without stopping the flow of the water, or damaging the banks of the canal or irrigation ditch. The authority must limit or prohibit the exercise of this right when it causes harm to the water concessionaire. It is understood that no one may enter private property to seek or use water, without the owner's permission.


Article record

Article 13.- In uncovered public water canals, irrigation ditches, or aqueducts, even when they are the temporary property of the concessionaires, everyone may wash clothes, vessels, or other objects, provided that the banks are not damaged, nor are they waters that, due to the use for which they are destined, must be kept in a state of purity; but bathing or watering cattle or horses is not permitted except precisely in the places designated for this purpose.


Article record

Article 14.- Everyone may fish in public channels, subject to the police laws and regulations that specifically exist or may be enacted regarding fishing, provided that navigation and flotation are not obstructed. Fishing using explosives or poisoning the waters is absolutely prohibited.


Article record

Article 15.- In canals, irrigation ditches, or aqueducts for the conveyance of public waters, even if built by the concessionaires thereof, and unless the right to the use of fishing has been reserved to them by the terms of the concession, everyone may fish with hooks, nets, or traps, subject to the special laws and regulations on fishing, provided that the flow of the water is not obstructed nor the canal or its banks damaged.


Article record

Article 16.- In waters of the private domain and in those granted for the establishment of fish hatcheries or nurseries, only the owners or concessionaires, or those who obtain permission from them, may fish, without further restrictions than those relating to public health.


Article record

CHAPTER TWO

SECTION I

Special uses of public waters

Article 17.- Authorization is necessary for the use of public waters, especially dedicated to enterprises of public or private interest. Such authorization shall be granted by the Ministry of Environment and Energy in the manner prescribed in this law, an institution which is responsible for disposing and resolving on the dominion, use, utilization, governance, or surveillance of public domain waters, in accordance with Law No. 258 of August 18, 1941. Excepted are potable waters destined for the construction of pipelines for towns subject to the control of the Secretariat of Public Health, pursuant to Law No. 16 of October 30, 1941.

(Thus amended by Transitory V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article record

Article 18.- Every person who is enjoying a water right must exhibit the concession they have to exercise that right. However, whoever, on the date of the enactment of this law, has enjoyed a use of public waters for twenty years, without opposition from the authority or from a third party, shall have the right to continue enjoying it, even if they cannot prove how they obtained the corresponding authorization, provided that they abide by the restrictions established in Article 21, when the flow is not sufficient to supply the needs of the downstream properties.

Pre-existing uses covered by titles, concessions, or confirmations issued prior to the date of this law are fully confirmed by operation of law, provided that the concessionaires have fulfilled the obligations imposed in the respective titles.

The rights that special laws establish for the use of waters shall have the character of concessions, but they must be recorded in the respective Concessions Registry.

Users who have titles different from those indicated in the preceding cases are obliged to request from the Ministry of Environment and Energy the confirmation of their rights. The request must be filed within a period of one year from the effective date of this law, in the case of uses that exist on public watercourses.

Once those periods have elapsed, the legalization of uses may only be carried out through a new concession.

De facto uses shall be legalized at the request of the interested parties and upon inspection, provided that the request is filed within one year from the enactment of this law. If not done within that period, the interested party must request their concession in accordance with the procedures established in this law.

(Thus amended by Transitory V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article record

Article 19.- Every concession for the use of public water shall be understood to be made, even if not expressly stated, without prejudice to a third party with a better right and safeguarding those of private individuals in the order established by Article 27. The duration of the concessions shall be determined, in each case, according to the circumstances, and a maximum term of thirty years is set as a limit.


Article record

Article 20.- In concessions for the use of public waters, that of the public domain lands necessary for the dam works and for the canals and irrigation ditches shall be understood as included.

Regarding lands owned by the State, the Municipalities, the towns, and private individuals, the imposition of a forced easement (servidumbre forzosa) shall be carried out, according to the cases, with the formalities of law.

The expropriation shall be carried out by the Secretariat of State in the Office of Governance and Police following the procedures indicated in Law No. 36 of June 26, 1896, as added by Law No. 78 of June 24, 1938, or by the law then in force on the matter.


Article record

Article 21.- In every concession for the use of public waters, the nature thereof, the quantity in liters per second of the water granted, shall be fixed; and if for irrigation, the extent of the land to be irrigated, as well as the type of crops to be served, taking into consideration the needs of the downstream properties that also need it. If the water is not sufficient to meet all demands, the number of hours per day, per week, or per month during which each concessionaire may make their use shall be fixed, and those hours shall be calculated according to the number of owners served by the same flow, taking into account the extent of their crops. The concessionaire who does not adhere to the hours granted to them shall lose the right to use the water, in addition to the other punitive sanctions established in subsection 2 of Article 166.

In uses predating this law, only the quantity of water necessary for the purpose thereof shall be understood as granted.


Article record

Article 22.- Waters granted for one use may not be applied to a different one without the corresponding authorization, which shall be granted as if it were a new concession.


Article record

Article 23.- The Ministry of Environment and Energy assumes no responsibility for the lack or decrease of water that may result in the flow expressed in the concession, whether this is due to error or any other cause. It is understood that every concession is granted with this release from liability, even if not expressly stated.

(Thus amended by Transitory V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article record

Article 24.- Whenever in concessions and in the enjoyment of determined quantities of water, for a fixed period of time, nothing else is expressed, continuous use is understood at all times; if it is by days, the natural day shall be understood as 24 hours, from midnight; if it is during the day or during the night, it shall extend between six o'clock and eighteen o'clock, or between eighteen o'clock and six o'clock the following day, respectively; and if it is by weeks, they shall be counted from twenty-four o'clock on Sunday; if it is by holidays or excluding them, those that were such at the time of the concession or contract shall be understood. If the concession must be made by hours, the Water Inspector shall fix these in the cases established in the second paragraph of Article 21, taking into account the circumstances set forth in the first paragraph of this provision.


Article record

Article 25.- Concessions shall be extinguished:

I.- Upon expiration of the term for which they were granted;

II.- Upon cessation of the purpose for which the use was intended; and

III.- By revocation (caducidad), which shall be declared administratively by the Ministry of Environment and Energy, after hearing the interested parties.

(Thus amended by Transitory V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article record

Article 26.- The causes for revocation (caducidad) of concessions are:

I.- The lack of use and utilization of the waters for a period of three consecutive years or three within five;

II.- The application of the waters to uses different from those indicated in the concession. In the case of irrigation, by applying the water to properties other than those for which it was granted, without permission from the Ministry of Environment and Energy.

III.- That the concessionaire has been convicted twice for taking, to the detriment of a third party, a larger volume of water than that authorized by the title;

IV.- The transfer, administration, or encumbrance, total or partial, of the concession, directly or indirectly, in favor of foreign Governments or States, or the admission thereof with any kind of participation in the concession or in the enterprise that exploits it. In the assessment of this cause, the Ministry of Environment and Energy shall not be obliged to adhere to the rules of ordinary evidence, and it shall suffice that it has the moral conviction of its existence to decree the revocation (caducidad), without any claim on the part of the interested parties;

V.- The transfer or encumbrance of the concession, in whole or in part, or of the works to which it refers, without prior authorization from the Ministry of Environment and Energy. If the concession was granted for the irrigation of lands owned by the concessionaire and was alienated together with them, the revocation (caducidad) of the concession shall not apply, even if the requirement of prior authorization from the Ministry of Environment and Energy was omitted, provided that the acquirer has the capacity, according to this law, to be a water concessionaire. In any case, the acquirer must notify the transfer to the Ministry of Environment and Energy within six months from the date on which it was consummated. If upon expiration of this period the acquirer does not give the respective notice, the penalty established in Article 166 of this law shall be imposed; and

VI.- Those indicated in Articles 22 and 57.

(Thus amended by Transitory V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article record

Article 27.- In the concession of special uses of public waters, the following order of preference shall be observed:

I.- Pipelines for towns, the control of which is the responsibility of the Secretariat of Public Health;

II.- Supply of towns, domestic services, watering places, dairies, and baths;

III.- Supply of railroads and means of transport;

IV.- Development of hydraulic or hydroelectric power for public services;

V.- Coffee processing plants, sugar mills, mills, and other factories;

VI.- Irrigation;

VII.- Development of hydraulic or hydroelectric power for private services;

VIII.- Navigation canals; and

IX.- Ponds for nurseries.

Within each class, enterprises of greater importance and utility shall be preferred; and under equal circumstances, those that first requested the use, without any responsibility whatsoever on the part of the Ministry of Environment and Energy.

(Thus amended by Transitory V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article record

Article 28.- Every special use of public waters is subject to forced expropriation for reasons of public utility—upon corresponding compensation—in favor of another use that precedes it, according to the order established in the preceding article; but not in favor of those that follow it except by virtue of a special law.

The expropriation shall be conducted through ordinary procedures, and shall be decreed by the Secretariat of Governance by virtue of the request received on the matter from the Ministry of Environment and Energy, which shall only request it when it deems the application just and legal.

(Thus amended by Transitory V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article record

Article 29.- In urgent cases of fire, flood, or other public calamity, the authority may immediately dispose, without procedure or prior compensation, but subject to ordinances and regulations, if any, of the waters necessary to contain or prevent the damage. If the waters are public, no compensation shall be due; but if they have an industrial or agricultural application, or are of the private domain, and appreciable harm has been caused by their diversion, this shall be compensated. The claim for damages must be filed within fifteen days following the date on which they occurred and shall be resolved, through the procedures for incidental matters, by the Civil Treasury Judge. The decision on the matter issued by the Civil Division, on appeal, shall have the character of res judicata.


Article record

SECTION II

Pipelines for towns

Article 30.- The potable waters of rivers and springs, wherever they may be found within the national territory, shall be allocated to pipeline service in towns, as ordered by the Executive Branch.


Article record

Article 31.- The following are declared as a dominion reserve in favor of the Nation:

a) The lands surrounding the catchment sites or potable water supply intakes, within a perimeter of not less than two hundred meters in radius;

b) The forest zone that protects or should protect the set of lands where the infiltration of potable waters occurs, as well as that which serves as the bed for hydrographic basins and banks of reservoirs, supply sources, or permanent course of those same waters.


Article record

Article 32.- When in an area larger than the one previously indicated there is a danger of contamination, whether in surface waters or groundwater, the Executive Branch, through the Potable Waters Section referred to in the following article, shall order in said area the measures it deems appropriate to avoid the danger of contamination.


Article record

Article 33.- A Potable Waters Section is established as a dependency of the Secretariat of Public Health and Social Protection, which shall have exclusive charge of everything related to the utilization and administration of pipeline waters and sanitary services: their technical treatment to make them potable; the provision thereof to the various towns as determined; the surveillance of the respective services and the preparation of plans, designs, organization, technique, and management of pipeline services or water distribution systems for sanitary services. Matters relating to the execution, construction, and repair of works necessary for such purposes shall correspond to the Pipelines Section or Department of the Secretariat of Development.


Article record

SECTION III

Supply of towns, domestic services, watering places, dairies, and baths

Article 34.- When the normal flow of water enjoyed by a town does not reach fifty liters per day per inhabitant, twenty of which are potable, there may be granted to it, from that destined for other uses, and upon corresponding compensation, the quantity needed to complete such allocation.


Article record

Article 35.- If the town in need of potable water already enjoys a flow of non-potable water, but applicable to other public and domestic uses, twenty liters daily per inhabitant of the former may be completed, upon corresponding compensation, where appropriate, even if this quantity, added to the non-potable water, exceeds the fifty liters established in the preceding article.


Article record

Article 36.- The forced alienation of privately owned waters for the supply of a town shall not be decreed except when it has been legally declared, in view of the studies carried out for this purpose, that there are no public waters that can be rationally applied to the same purpose, in the judgment of the Ministry of Environment and Energy.

(Thus amended by Transitory V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article record

Article 37.- Domestic services are the supply of water to satisfy the needs of the inhabitants, the irrigation of crop lands not exceeding half a hectare; the washing of sewer systems, and the supply of water for fire hydrants.


Article record

Article 38.- Uses for watering places, dairies, and baths shall be regulated according to needs, but whoever wishes to avail themselves of them must obtain the corresponding concession, through the procedures established in this law.


Article record

Article 39.- The current uses established in the preceding articles of this Section shall continue to benefit the current users, but these are subject to the obligations established in Article 18 of this law.


Article record

Article 40.- Increases in the flow of water for the supply of towns and other uses referred to in this Section shall be made following the procedures established in Chapter Seven of this law.


Article record

Article 41.- The waters of the current pipelines for the supply of towns shall continue to be administered by the respective Municipalities or Boards in charge as they are at present, until the Executive Branch decrees the nationalization of the service, as prescribed in the preceding Section; and those built hereafter shall be under the control of the Secretariat of Public Health or of the Municipalities, as the case may be. The State shall retain the dominion and control of the waters of the Puntarenas pipeline, in all its different branches, from its catchment at Ojo de Agua.


Article record

SECTION IV

Supply for railroads and other means of transport

Article 42.- Railroad companies and other transport companies may use, with authorization from the Ministry of Environment and Energy, the public waters necessary for their service.

If the waters were previously destined for other uses, expropriation must be decreed in accordance with the law.

(Thus amended by Transitory V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article record

Article 43.- For the same purpose, companies may, with the referred authorization, open wells, norias, or galleries, as well as drill artesian wells on public or communal domain lands.


Article record

Article 44.- When railroads cross irrigated lands, the companies shall have the right to take, at the most convenient points for the railroad service, the quantity of water corresponding to the land they have occupied and paid for, being obliged to pay in the same proportion the irrigation fee, or defray the ordinary and extraordinary expenses of the irrigation ditch, as applicable, all according to the resolution issued on the matter by the Ministry of Environment and Energy.

(Thus amended by Transitory V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article record

Article 45.- In the absence or insufficiency of the means authorized in the preceding articles, railroad companies shall have the right, for the exclusive service thereof, to the necessary water which, being of the private domain, is not destined for domestic uses, and in such cases, the law of forced expropriation shall apply.


Article record

SECTION V

Supply for the development of hydraulic and hydroelectric power for public and private services

Article 46.- Concessions for the use of public waters for the development of hydraulic and hydroelectric power for public and private services shall be governed by the provisions contained in Law No. 258 of August 18, 1941, and in the Regulations to be issued on the matter by the Executive Branch. However, the provisions of this law shall also be applicable to them, as long as these do not contradict the precepts of the aforementioned Law No. 258.


Article record

SECTION VI

Use of public waters for irrigation

Article 47.- Owners of properties adjacent to public roads may collect the rainwater that runs along them and use it for the irrigation of their properties, subject to what is provided in the ordinances for the conservation and policing of those same roads.


Article record

Article 48.- Owners of properties bordering public watercourses of non-continuous flow, such as
ramblas, barrancos, and other similar ones in the public domain, may use the rainwater flowing
through them for their irrigation and may construct, without need for authorization, earth and
loose stone levees or dams for that purpose.


Article 49.- When these levees or dams could cause flooding or any other harm to the public, the
authority, acting on its own initiative or at the request of a party, upon confirming the danger,
shall order the builder to modify them as necessary to dispel all fear, or, if necessary, to
destroy them. If they threaten to cause harm to private individuals, those individuals may file a
claim before the local police authority; and if the harm materializes, they shall have recourse to
their right before the Courts of Justice, applying the rules of Article 29.


Article 50.- Those who have a concession or who, for twenty years, have used the rainwater
descending through a rambla or barranco, or other similar watercourse in the public domain, for
irrigating their lands, may oppose the owners of upstream properties depriving them of this use.
But if they have only used part of the water, they cannot prevent others from using the remainder,
provided that the flow of the quantity they historically used remains unobstructed.


Article 51.- The provisions in the preceding articles regarding rainwater are applicable to water
from intermittent springs (manantiales discontinuos) that only flow in times of abundant rainfall.


Article 52.- When the intent is to construct permanent dams to use rainwater or intermittent springs
(manantiales discontinuos) flowing through public watercourses for irrigation, a permit from the
Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) shall be required.

(Thus reformed by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 53.- On navigable rivers, riparian owners may freely establish pumps or any other apparatus
on their respective banks intended to extract the water necessary for irrigating their adjacent
properties, provided they do not cause harm to navigation or to third parties. Rivers are
considered navigable as indicated in Article 16 of Decree No. 6 of April 2, 1940, up to where the
tides are markedly noticeable.


Article 54.- When there are existing uses under a recognized and valid right, a new concession
shall only be granted if, from the measurement (aforo) of the waters in ordinary years, the
requested flow is surplus after the existing uses are completely met.

When for any reason water becomes scarce, new concession holders may not take water until all the
needs of the prior users are satisfied, among whom the same order shall be maintained; such that
no person may take water until all the needs of the person with the oldest title or right to use it
are met.


Article 55.- When public waters of a river flow, in whole or in part, beneath the ground surface,
imperceptible to the eye, and levees are built or other means are employed to raise their level
until they become usable for irrigation or other purposes, this result shall be considered, for the
purposes of this law, as a bringing to light (alumbramiento) of water converted into a usable
state.

Irrigators or industrial users situated downstream, who by prescription or by concession have
acquired legitimate title to the use and exploitation of those waters which are to be made to
artificially reappear at the surface, shall have the right to claim and to oppose the new upstream
bringing to light (alumbramiento), insofar as it is to cause them harm. If the harm occurs, they
shall have the right to resort to the rules of Article 29.


SECTION VII

Supply for Coffee Processing Plants (beneficios de café), Trapiches, Mills, and Other Factories

Article 56.- Public waters granted to the owners of coffee processing plants (beneficios de café),
trapiches, factories, and other industrial enterprises for the development of hydraulic or
hydroelectric power cannot be used in the processing of their products without a special concession
for that purpose. Notwithstanding, users who, on the date of enactment of this law, were using
public waters for such tasks may continue their use, being subject to the restrictions determined
in Chapter VII and the obligations determined in Article 21.


Article 57.- Users or concession holders shall be subject to police and health regulations regarding
the surplus waters that are returned to their original watercourse, to avoid contamination or
stench.

Those who do not comply with the regulations shall lose the right to the use of the waters, apart
from criminal sanctions.

(Thus reformed by Article 1 of Law 17 of November 7, 1942)


SECTION VIII

Use for Navigation Canals

Article 58.- The authorization to a society or private company to canalize a river for the purpose
of making it navigable, or to construct a navigation canal, shall always be granted by a law,
which shall determine whether the work is to be subsidized with State funds and shall establish the
other conditions of the concession.


Article 59.- The duration of these concessions may not exceed ninety-nine years, after which the
State shall enter into the free and complete enjoyment of the works and the material in operation,
in accordance with the conditions established in the concession.


Article 60.- After the first ten years of a canal being in operation, and thereafter every ten
years, the tariffs shall be reviewed, unless the concession establishes otherwise.


Article 61.- Companies may reduce tariff prices at any time, with prior authorization from the
Executive Branch. In this case, just as in those of the preceding article, the alterations made
shall be announced to the public at least three months in advance of the day they are to take
effect.


Article 62.- It shall be the obligation of the concession holders to maintain the works in good
condition, as well as the operation service, if it is under their charge.

When, due to failure to fulfill this duty, navigation is made impossible, the Government shall set
a deadline for the repair of the works and the replacement of the material; and once that deadline
has passed without the objective having been achieved, it shall declare the concession terminated
(caduca).


SECTION IX

Ponds for Hatcheries (Viveros)

Article 63.- The construction of ponds for fish hatcheries (viveros) on nationally owned lands
shall not be permitted except with legislative authorization, nor shall impoundments of water for
the same purpose be permitted in navigable rivers, or in springs (manantiales) intended for the
supply of populations.


Article 64.- Water impoundments must be subject to the police and hygiene regulations issued to
prevent water contamination and for public safety.


Article 65.- If the works cause the flooding of private lands, the concession shall not be granted
unless the applicant has previously obtained the corresponding permission from the owners of said
lands.


Article 66.- In the event that the owners of other properties refuse to grant the licenses,
expropriation may be decreed if the undertaking to be developed is of interest to the community.


Article 67.- Licenses may be granted for the establishment of hatcheries (viveros) on beaches and
inlets, provided they cause no harm to navigation, free fishing, or the salt industry.


Article 68.- The concession application must be submitted accompanied by topographic plans, a level
study, and other essential data that allow an assessment of the seriousness of the work to be
carried out.


CHAPTER III

On Beaches, Maritime Zones, and Other Nationally Owned Property. On Privately Owned Zones and
Accretions

Article 69.- Maritime zone (zona marítima) is understood to mean the space on the coasts of the
Republic washed by the sea in its ebb and flow, and the adjacent lands up to a distance of one
mile, that is, one thousand six hundred and seventy-two meters, measured from the line marking the
high tide.

This maritime zone (zona marítima) also extends along the banks of rivers up to the point where
they are navigable or where the tides become noticeable, with a width of two hundred meters from
each bank, measured from the line marking the high tide.

The basin (vaso) of a lake, lagoon, or estuary is understood to mean the deposit with the capacity
necessary to contain the waters of the highest ordinary floods. The bed or channel (álveo o cauce)
of a river or stream (arroyo) is understood to mean the land covered by its waters in the highest
ordinary floods.


Article 70.- The Nation holds ownership of the waters specified in Article 1 of this law, of the
beds or channels (álveos o cauces) of the beaches and basins (vasos) indicated in Article 3, as
well as of their banks. Consequently, the Nation, through the Ministry of Environment and Energy
(MINAE), is the only entity that can grant and regulate the use of the indicated property, in
accordance with the provisions of this law. The uses of the property in question shall be granted
to private individuals, to civil or commercial companies recognized by the laws of the Republic, or
to public law corporations, with the condition that the concession holders establish regular works
for their exploitation.

Regarding the uses of material deposits (sand, stone, gravel, and others) that accumulate in the
watercourses, beaches, and basins (vasos) of the public domain, they may be granted for a limited
time by the Ministry of Environment and Energy (MINAE) to public corporations or private ones
recognized by the laws of the Republic, as well as to natural persons, on the condition that they
establish regular and formal exploitation works and submit to the regulations and provisions that
the Ministry of Environment and Energy (MINAE) establishes for such works.

The aforementioned Ministry may also authorize, upon payment of the fee (canon) to be set, the
extraction of the aforementioned materials for a fixed volume to be determined in each case, when
at the site where the exploitation is to take place there are no other concessions.

The Ministry of Environment and Energy (MINAE) shall set, in each concession, the fee or
exploitation rate, which must be paid in full and advance quarterly installments and shall be
established by exploitation area or by volume, as best suits the national interests.

The Central Government and State institutions shall not pay this fee (canon).

The Ministry of Environment and Energy (MINAE) may grant total or partial exemption from the
mentioned fee (canon), in special cases where social reasons so warrant, in the judgment of the
Board of Directors.

In the surveillance and control of the referred exploitations, the municipalities of the respective
jurisdictions must collaborate with the Ministry of Environment and Energy (MINAE), without
prejudice to the Ministry's powers. The municipalities shall require the presentation of the
document accrediting the said concession or license, and failure to exhibit it shall result in the
total stoppage of the exploitation works and the payment of a fine of up to two thousand colones (¢
2,000.00), the proceeds of which shall belong in equal halves to the corresponding municipality and
the Ministry of Environment and Energy (MINAE).

For the fulfillment of the tasks that, according to this law, correspond to the municipal
corporations, the sums obtained by the Ministry of Environment and Energy (MINAE) from the fees
(cánones) indicated above shall be distributed in equal parts between this institution and the
municipality of the canton in which the deposits granted for exploitation are located. The Ministry
shall transfer the corresponding sums to each municipality semi-annually.

(Thus reformed by Article 1 of Law No. 5046 of August 16, 1972, and by Transitory Provision V of
Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 71.- The beaches and basins (vasos) containing the waters specified in Article 5 belong to
the owner of the land, as do the beds or channels (álveos o cauces) in which those waters flow
within the same property up to the boundary of the following property.


Article 72.- Judges charged with issuing property titles over vacant or untitled lands must make the
corresponding reservation regarding the waters, beds or channels (álveos o cauces), and basins
(vasos) of the waters that are in the public domain, recording this in the land adjudication
judgment, and the Public Registry must take note of these national reservations. The omission of
this requirement does not confer any right over those assets to the denouncer or possessor.


Article 73.- The banks of non-navigable rivers, and the margins of canals, aqueducts, or conduits,
even when they are privately owned, are subject along their entire length to a public use easement
(servidumbre) in favor of the water concession holders of downstream properties, exclusively for
the surveillance and cleaning of the beds or channels (álveos o cauces), and with prior notice in
each case to the owner or manager of the property.


Article 74.- The lands that become attached to the maritime zone (zona marítima) through accretions
(accesiones) and silting caused by the sea are in the public domain. When, as a consequence of
these accretions (accesiones) and due to the sea receding, the interior line that limits the
aforesaid zone advances towards the sea, the surplus lands from what was the former maritime zone
(zona marítima) shall become property of the State. In the event that the sale of such lands is
agreed upon, the owners of the adjacent lands shall have preference.


Article 75.- Islands already formed or that form in the maritime zone (zona marítima), or in the
navigable part of rivers, and in estuaries and mouths, are property of the State. But if these
islands form from parts of one or several privately owned properties, cut off by a river, they
shall continue to belong to the owners of the dismembered property or properties.


Article 76.- Whatever the sea casts up belongs to the State, provided that the objects are valued at
more than fifty colones. Those worth less belong to the finder.


Article 77.- Titled lands that are accidentally flooded by the waters of lakes, or by streams
(arroyos), rivers, and other currents, shall continue to be the property of their respective
owners.


Article 78.- The watercourses of rivers left abandoned by the natural variation of the waters'
course belong to the owners of the respective properties along the entire length. If the abandoned
watercourse separated properties of different owners, the new dividing line shall run equidistant
from each.


Article 79.- When a navigable or floatable river naturally changes its direction and opens a new
watercourse on private land, this watercourse shall enter the public domain. The owner of the land
shall recover it whenever the waters leave it dry again, either naturally or through works legally
authorized for that purpose. Navigable rivers shall be understood as those included in Article 53,
and floatable rivers as those same rivers in the part where only the use of flat-bottomed boats is
possible.


Article 80.- Public watercourses left dry as a consequence of works authorized by special concession
belong to the concession holders, if they are included within the lands that are the subject of the
concession and unless the respective contract establishes otherwise.


Article 81.- When the current of a stream (arroyo), torrent, or river segregates a known portion of
land from its bank and transports it to adjacent or downstream properties, the owner of the property
that bordered the segregated bank retains ownership of the transported portion of land, provided it
does not become confused with the lands of those properties.


Article 82.- If the known portion of land segregated from a bank remains isolated in the
watercourse, it continues to belong unconditionally to the owner of the land from whose bank it was
segregated.

The same shall apply when a river, dividing into a stream (arroyo), surrounds and isolates some
lands.


Article 83.- Islands that form in watercourses through successive accumulation of upstream debris
belong to the State if in navigable rivers, or to the owners of the banks in all other cases. If
the island forms on one side of the median line of the river, it shall belong to the owner of the
riparian land; and if it forms in the middle of the river, it shall then be divided longitudinally
in halves, with each half belonging to the owners of the riparian lands on each side. In all cases,
the median line shall serve to mark the respective rights of the owners.


Article 84.- Except as stated in Article 81, the accretion (acrecentamiento) that lands bordering
streams (arroyos), torrents, rivers, and lakes gradually receive through the accretion (accesión)
or sedimentation of the waters belongs to the owners of those lands.


Article 85.- Anyone may collect and save animals, wood, fruits, furniture, and other industrial
products swept away by the currents of public waters or submerged in them, presenting them
immediately to the local authority, who shall arrange for their deposit or their sale at public
auction when they cannot be preserved. The find shall be announced immediately; and if within one
year a claim is made by the owner, the object or its price shall be delivered to him, upon prior
payment of the conservation costs and the salvage right, which shall consist of ten percent. After
that period has passed without the owner having claimed, he shall lose his right, and everything
shall be returned to the person who salvaged it.


Article 86.- Debris, branches, and firewood floating in the waters or deposited by them in the
watercourse or on lands in the public domain belong to the first person who collects them; those
left on lands in the private domain belong to the owner of the respective properties.


Article 87.- Trees uprooted and transported by the current of the waters belong to the owner of the
land where they come to rest, if their former owners do not claim them within one month. Those
former owners must pay the costs incurred in collecting the trees or putting them in a safe place
before delivery.


Article 88.- Objects submerged in public watercourses continue to belong to their owners; but if
they do not extract them within the period of one year, they shall belong to the persons who carry
out the extraction, with prior permission from the authority. If the submerged objects pose an
obstacle to currents or transit, the authority shall grant a reasonable period to the owners; if
after this period the owners have not exercised their right, extraction shall proceed as if
abandoned property.

The owner of objects submerged in privately owned waters shall request permission from the owner of
those waters to extract them; and in the event that the latter denies it, the political authority of
the locality shall grant the permission, upon the posting of a bond for damages and losses before
said authority.


CHAPTER IV

On Defense Works and Land Drainage

Article 89.- Owners of properties bordering public watercourses have the freedom to place defenses
against the waters on their respective banks by means of plantations, stakes, or revetments,
whenever they deem it appropriate. The administration may, however, through prior proceedings
(expediente), order such works suspended and even order things restored to their prior state when,
due to the circumstances, they threaten to cause harm to navigation or flotation on the rivers,
divert currents from their natural course, or cause flooding. Compensation for any harm that may be
caused shall be borne by the owner who ordered the construction of the defenses.


Article 90.- Owners of lagoons or swampy or waterlogged lands who wish to drain or clean them may
extract, with prior corresponding authorization from the local authority, the earth and stone
indispensable for the embankment and other works from public lands.


Article 91.- When lagoons or swampy lands belong to several owners and, partial drainage being
impossible, several of them intend for the work to be carried out jointly, all the owners may be
obliged to collectively pay for the works intended for that purpose, provided that the majority
agrees, majority being understood as those representing the largest area of drainable lands. If any
of the owners refuses to pay and prefers to cede their share of drainable property to the owners, he
may do so by means of the corresponding compensation.


Article 92.- When a lagoon, or swampy or waterlogged terrain is declared unhealthy by the
corresponding authority, its drainage or sanitation is mandatory. If it is private property, the
owners shall be notified of the resolution so that they arrange for the drainage or sanitation
within the deadline set for them.


Article 93.- If the owner or the majority of the owners refuses to carry out the drainage, it may
be entrusted to any private individual or company that offers to carry it out, upon approval of the
corresponding project. The drained land shall become the property of whoever carried out the
drainage or sanitation, but paying the former owners the sum corresponding to the acquisition price
of the land.

In the event that the owners of the swampy lands declared unhealthy do not wish to carry out the
drainage, and no private individual or company offers to carry it out, the State or the Municipality
may execute works, paying for them with funds allocated for that purpose in their respective
budgets. When this occurs, the State or the Municipality shall enjoy the same benefits determined in
the preceding article, in the manner and form established therein, consequently being subject to the
prescriptions governing this class of property.


CHAPTER V

SECTION I

On Natural Easements (Servidumbres Naturales)

Article 94.- Downstream lands are obliged to receive the waters that naturally, and without human
intervention, flow from upstream lands, as well as the earth or stones they carry in their course.
But if the waters are the product of artificial water extraction (alumbramientos artificiales), or
surplus from irrigation ditches, or originating from industrial establishments that have not
acquired this easement (servidumbre), the owner of the property receiving the waters shall have the
right to demand compensation for damages and losses, unless he wishes to use the waters his land
receives, in which case he has no right to such compensation.

The owners of downstream properties or establishments may refuse to receive surplus waters from
industrial establishments that carry or contain in solution noxious or fetid substances introduced
by the owners thereof. They shall file the corresponding claim before the respective police
authority.


Article 95.- The owner of the property receiving the waters has the right to build within it
embankments, levees, or walls that, without impeding the course of the waters, serve to regulate
them or to use them as appropriate.


Article 96.- In the same manner, the owner of the upstream property may build within it embankments,
levees, or walls that, without increasing the burden of the easement (servidumbre) on the
downstream property, soften the currents of the waters, preventing them from carrying away topsoil
or causing damage to the property.


Article 97.- The course of the outlet of waters from an extraction (alumbramiento) may not be varied
without prior agreement with the owner of the downstream property, unless the Ministry of
Environment and Energy (MINAE) decides otherwise.

(Thus reformed by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 98.- When water accumulates stones, debris, or other objects in a property that, by
hindering its natural course, could cause impoundment with flooding, diversion of waters, or other
damages, the interested parties may demand that the owner of the property remove the obstruction, or
allow them to remove it.

If compensation for damages is applicable, it shall be borne by the party causing them.


SECTION II

On Legal Easements (Servidumbres Legales)

I.- General Provisions

Article 99.- When a person wishing to use public waters does not obtain the corresponding license
from the neighbors for the construction of the works necessary for the use, he may appeal to the
Secretariat of State in the Office of Governance (Secretaría de Estado en el Despacho de
Gobernación) requesting the imposition of the respective easement (servidumbre).


Article 100.- The easements (servidumbres) are:

I.- Aqueduct (acueducto);

II.- Dam abutment (estribo de presa) and weir or divider (parada o partidor); and

III.- Watering place (abrevadero) and water extraction (saca de agua).


Article 101.- Upon receipt of the application, the Secretariat shall grant a hearing to the owner of
the property to be affected. He may object within the following thirty days for any of the following
causes:

1st.- Because the applicant is not the concession holder of the water or the owner of the land
where he intends to use it for a purpose of private interest; and

2nd.- Because the easement (servidumbre) can be established on other properties with equal
advantages for the person seeking to impose it and fewer inconveniences for the person who must
suffer it.


Article 102.- When responding to the hearing, the owner of the property to be affected shall propose
his evidence, and once this is produced, as well as that offered by the applicant within the eight
days following the expiration of the said hearing, the Secretariat shall issue its resolution,
which must necessarily set the amount of compensation to which the aggrieved party is entitled.
This shall be set by three experts appointed, one by each party and a third by the Secretary of
State, unless the parties agree on the appointment of only two or one.


Article 103.- Once the compensation is paid, the decision shall be executed, against which there is
no other recourse than the declaratory judgment provided for in Chapter XIII of this law.


II.- Special rules on the aqueduct easement

Article 104.- The forced aqueduct easement (servidumbre de acueducto) for purposes of private
interest may not be imposed on constructions or buildings, nor on gardens, nor on existing orchards
at the time of making the application, unless the importance of the work justifies the measure in
the judgment of the Secretariat of Governance (Secretaría de Gobernación).


Article 105.- A forced aqueduct easement (servidumbre de acueducto) may also not take place inside
another preexisting aqueduct; but if the owner thereof consents and the owner of the servient
property refuses, the latter may be compelled.


Article 106.- When an irrigated land that receives water through a single point is divided by
inheritance, sale, or other title between two or more owners, those of the upper part are obliged to
give passage to the water as an aqueduct easement (servidumbre de acueducto) for irrigation of the
lower parts, without being able to demand compensation for it, unless otherwise agreed.


Article 107.- The forced aqueduct easement (servidumbre de acueducto) shall be constituted:

I.- With an uncovered ditch when it is not dangerous due to its depth or situation, nor presents
other inconveniences;

II.- With a covered ditch when its depth, its proximity to dwellings or roads, or some other
analogous reason requires it, in the judgment of the corresponding local political authority; and

III.- With piping or tubing when other already appropriated waters may be absorbed, when the
conveyed waters could infect others, absorb noxious substances, or cause damage to works or
buildings, and whenever this is justified from the proceedings (expediente) formed for that
purpose.


Article 108.- The forced aqueduct easement (servidumbre de acueducto) may be established temporarily
or perpetually. It shall be understood as perpetual for the purposes of this law when its duration
exceeds six years.


Article 109.- If the easement (servidumbre) is temporary, the owner of the land shall be paid in
advance double the rent corresponding to the duration of the encumbrance for the part occupied, with
the addition of the cost of damages and defects for the rest of the property, including those
arising from its subdivision (fraccionamiento) by the interposition of the ditch. Furthermore, it
shall be the responsibility of the owner of the dominant property to restore things to their former
state upon termination of the easement (servidumbre). If it is perpetual, the value of the occupied
land and the damages and losses caused to the rest of the property shall be paid.


Article 110.- The temporary easement (servidumbre) may not be extended, but it may be converted into
a perpetual one, without the need for a new concession, if the concession holder pays what is
established in the preceding article, after deducting what was paid for the temporary easement
(servidumbre).

Article 111.- All works necessary for the construction, conservation, and cleaning of an aqueduct easement (servidumbre de acueducto) shall be at the expense of the person who promoted and obtained it. For this purpose, said person shall be authorized to temporarily occupy the lands indispensable for the deposit of materials, upon prior compensation for damages, or sufficient bond in the event these are not easy to foresee, or if the interested parties do not agree to it. The latter, or the administration, may compel said person to carry out the necessary works and cleaning to prevent stagnation or leakages that could cause damage.

Article 112. When a compulsory aqueduct easement is established, the width of the ditch and its margins shall be fixed, in view of the nature and configuration of the terrain, according to the quantity of water to be conveyed. If, because the ditch is of old construction, or for any other reason, the width of its channel is not determined, it shall be fixed according to the foregoing bases, when requested by any of the interested parties.

Article 113.- The right of way along its margins, for its exclusive service, is inherent to the compulsory aqueduct easement.

Article 114.- If the aqueduct crosses public or private roads, of whatever nature they may be, the person who obtained the concession shall be obliged to construct and conserve the necessary culverts and bridges; and if it must cross other aqueducts, it shall be done in such a way that it does not slow down or accelerate the course of the waters, nor diminish their flow, nor adulterate their quality.

Article 115.- When the owner of an aqueduct that crosses another's lands requests an increase in its capacity to receive a greater flow of water, the same rules as for its establishment shall be used.

Article 116.- The owner of an aqueduct may fortify its margins with sod, stakes, walls, or loose stone retaining walls (ribazos de piedra suelta), but not with any kind of plantations. The owner of the servient tenement (predio sirviente) may also not make any plantation or cultivation operation on the same margins; and the roots that penetrate them may be cut by the owner of the aqueduct.

Article 117.- The aqueduct easement does not prevent the owner of the servient tenement from closing and fencing it, as well as building over the aqueduct itself, in such a way that the latter does not experience damage and the necessary repairs and cleaning are not made impossible. These shall be carried out opportunely by the owner of the aqueduct, giving prior notice to the owner, lessee, or administrators of the servient tenement. If, for cleaning and clearing, it is essential to demolish part of a building, the cost of its repair shall be borne by whoever built over the aqueduct, in the event that they did not leave the corresponding openings or gaps for that service.

Article 118.- The owner of the servient tenement may build bridges over the aqueduct to pass from one part of the tenement to another, but shall do so with the necessary solidity and in such a way that the dimensions of the aqueduct are not reduced nor the flow of water obstructed.

Article 119.- In every ditch or aqueduct, the water, the channel, the embankments (cajeras), and the margins shall be considered as an integral part of the property or building to which the waters are destined.

Article 120.- No one may, except in the cases specified in the preceding articles, build a building or bridge over another's ditch or aqueduct, nor divert water, nor take advantage of its products or those of its margins, nor use the force of the current, without the express consent of the owner, save as stated in the following paragraph.

Nor may the owners of the tenements crossed by a ditch or aqueduct, or along whose boundaries it runs, claim possessory rights to the use of its channel or margins, unless based on property titles expressing such a right; but the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) may use them to utilize the waters of the ditches or aqueducts, insofar as this does not harm the owners of the respective easements, determining, in each case, the modalities of the use authorized and the obligations it implies.

(Thus reformed by Transitional Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)

Article 121.- The concession of a legal aqueduct easement over another's tenements shall expire if, within the period that was fixed, the concessionaire does not make use of it after the valuation (valoría) has been satisfied to the owner of each servient tenement.

The easement already established shall be extinguished:

I.- By consolidation, that is, when the ownership of the waters and of the lands subject to the easement are united in a single person;

II.- Upon expiration of the six-year period fixed in the concession of the temporary easement; and

III.- By non-use for a period of ten years, whether due to impossibility or negligence on the part of the owner of the easement, or due to acts of the servient tenement contrary to it, without contradiction by the dominant tenement.

The use of the aqueduct easement by any of the co-owners preserves the right for all, preventing prescription due to lack of use.

Once a temporary aqueduct easement is extinguished by the passage of time and expiration of the term, its owner shall only have the right to make use of things as they were before the easement was constituted.

The same shall be understood with respect to a perpetual aqueduct, the easement of which is extinguished by impossibility or disuse.

Article 122.- Urban easements of aqueduct, canal, bridge, sewer, drain (sumidero), and others, established for the public and private service of towns, buildings, gardens, and factories, shall be governed by the general and local urban police ordinances. Those arising from private contracts that do not affect the attributions of the Municipalities shall be governed by common laws.

III.-Special rules for the easement of abutment (estribo), dam (presa), and check or diversion dam (parada o partidor)

Article 123.- In the same cases as the aqueduct easement, the compulsory easement of abutment may be imposed when the person intending to build a dam is not the owner of the banks or lands where it must be supported.

Article 124.- Once the compulsory easement of dam abutment is decreed, the owner of the servient tenement or tenements shall be paid the value corresponding to the occupation of the land; and subsequently, they shall be compensated for the damages that the properties may have experienced.

Article 125.- A person who, in order to irrigate their property or to improve it, needs to build a check or diversion dam (parada o partidor) in the ditch or irrigation channel through which it is to be received without vexation or diminution for the other irrigators, may require the owners of the margins to permit its construction, upon prior payment of damages, including those originating from the new easement.

IV.-Special rules for the easement of watering place (abrevadero) and water drawing (saca de agua)

Article 126.- The compulsory easements of watering place and water drawing may only be imposed for reasons of public utility in favor of a town or hamlet, upon the corresponding compensation.

Article 127.- The easements referred to in the preceding article shall not be imposed henceforth on ordinary wells, cisterns or reservoirs (aljibes), or buildings or lands enclosed by a wall.

Article 128.- The easements of watering place and water drawing carry with them the obligation, in the servient tenements, to allow passage for people and livestock to the property where they are to be exercised, and the compensation must also be extensive to this service.

Article 129.- The provisions established for the granting of aqueduct easements are applicable to concessions of this class of easement; when decreeing them, the width of the path or trail that must lead to the watering place or point intended for drawing water shall be fixed, according to its purpose and the circumstances of the locality.

Article 130.- The owners of the servient tenements may vary the direction of the path or trail intended for the use of these easements, but not its width or entrance and, in any case, provided that the variation does not harm the use of the easement.

CHAPTER SIX

User Societies (Sociedades de usuarios)

Article 131.- User societies may be formed for the collective use of public waters. Their operation and liquidation shall conform, where not determined in this chapter and where their own nature does not oppose it, to what the law provides for cooperatives. They must register in the Registry that the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) shall keep for this purpose, with the obligation to immediately communicate to it all changes in bylaws and movements of the Board of Directors and the Supervisory Board. Only their constitution shall be published in extract in the Official Gazette (Diario Oficial). For registration, every society must pay the Ministry of Environment and Energy a fee of one hundred colones and for any subsequent modification or operation, 50% of that sum. 

User societies shall require for their formation a number of no fewer than five partners, who may be owners or lessees of lands.

The formation of a user society for the collective use of public waters shall be necessary when, in the judgment of the Ministry of Environment and Energy, the number of people using a source, the volume thereof, or the special circumstances of the use of the waters, indicate that use in that form is more beneficial to the public interest and that of individuals.

(Thus Reformed by Article 1 of Law No. 5516 of May 2, 1972, and by Transitional Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)

Article 132.- User societies, once registered, shall enjoy legal personality for all purposes and especially to:

a) Obtain concessions for the use of waters in accordance with the provisions of this law;

b) Build works for irrigation, motive power, watering places, and any other use of the waters;

c) Obtain the necessary funds to build the projected works through the contributions of their partners; and

d) Acquire the real property necessary for the society's own purposes and accept and possess the easements constituted in its favor.

They may not possess or administer by themselves agricultural, industrial, or commercial operations, nor exercise activities other than those pertaining to their purpose. The regulation of the use of waters by their partners shall be determined in the respective concession, or by subsequent provision of the Ministry of Environment and Energy, and the right to the use of them by the partners shall be exercised in all cases seeking the greatest equality and equity.

The social capital shall be divided into shares and the liability of the partners is limited to the amount of their contributions for this concept. They shall be nominative, common, and for a value of the chosen monetary unit or its multiples.

(Thus Reformed by Article 1 of Law No. 5516 of May 2, 1972, and by Transitional Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)

Article 133.- User societies shall be constituted by public deed containing the following information:

a) First name and surnames, personal details, and identity card number of the constituents, or the name of the legal entities involved;

b) Name, domicile, purpose, and duration of the same, which may be indefinite; the capital and the manner in which the shares are subscribed and paid, and their portion and form of payment of the unpaid balance;

c) Requirements for the admission of new partners and causes for separation or exclusion and manner of transferring shares; 

d) Number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board;

e) Resources available to the society;

f) Form and term of dissolution or liquidation;

g) Other agreements of interest to the partners;

h) Composition of the first Board of Directors and Supervisory Board; and

i) Place and date of constitution.

(Thus Reformed by Article 1 of Law No. 5516 of May 2, 1972).

Article 134.- The operation of user societies shall be in accordance with what is determined by this law and its regulations and the provisions relating to cooperatives insofar as not prescribed, subject to the following bases:

a) The supreme authority shall be the General Assembly of Partners, with each partner having one vote therein;

b) Administration and direction shall be in charge of a Board of Directors composed of at least three members, designated in the General Assembly by simple majority vote, for a period of up to five years, and they may be re-elected. There shall also be a Supervisory Board composed of at least two members elected in the same manner and for the same period. When the number of partners permits, there shall be the agreed-upon alternates to substitute for absences of the members of both boards.

The Board of Directors may only commit the society's credit and execute works with the authorization of the General Assembly;

c) The President of the Board of Directors shall have the legal representation of the society, with the powers of a general agent-in-fact (apoderado general) in accordance with Article 1255 of the Civil Code and shall be the executor of the resolutions of the General Assembly and the Board of Directors; 

d) The General Assembly must meet at least once a year, within the three months following the end of the annual period, and extraordinarily whenever convened by the Board of Directors. The quorum for both shall be half plus one of its partners. In the event there are five members, the quorum shall be formed by three. The resolutions of the General Assembly and the Board of Directors shall be adopted by simple majority vote. The call to a General Assembly shall be made by letter with at least three days' notice.

The minutes of Assemblies shall be signed by the members attending them;

e) The Board of Directors must meet at least once a month and additionally whenever the society's activities demand it. The quorum shall be formed by half plus one of its members, and in the event there are three, it shall be formed by two, and in the event there are five, it shall be formed by three. At the first meeting, the relevant matters concerning them shall be determined, setting the place of meeting;

f) Both the general assemblies and the meetings of the Board of Directors shall be chaired by its President, and in their absence, by the member designated by those present.

g) The Supervisory Board must meet at least once a year to report to the General Assembly. When it deems some special report advisable, it shall proceed to convene the General Assembly through the Board of Directors, and in the event of refusal by the latter, it may do so on its own;

h) The Ministry of Environment and Energy may intervene at the request of a party, for the resolution of difficulties or conflicts of interest among the partners or between them and the society, and may exercise functions as arbitrator. It may intervene ex officio when it considers that the society is not fulfilling its purposes in accordance with the laws and the terms of the concession, without prejudice to exercising the pertinent legal actions. Its decisions in this case have the limits of its competence; 

i) The Board of Directors may make the necessary regulations for the good running of the society, which, once approved by the General Assembly and the Ministry of Environment and Energy, shall have the force of law for the partners;

j) If for any reason the members of the Board of Directors are not timely elected, the previous members shall continue in office until they are legally replaced, and an Extraordinary General Assembly must be called as soon as possible to proceed with the corresponding designation. For third parties and for the Ministry of Environment and Energy, it is understood that the registered members of the Board of Directors continue in office if no change has been communicated upon the expiration of their term; 

k) The resolutions of the Board of Directors of the user society regarding expenses and fixing of fees for the construction of works or for maintenance shall be mandatory for all partners;

l) All expenses for construction, operation, cleaning, conservation, improvement, and other works carried out for the benefit of the partners shall be at their expense, prorated according to their water rights. Expenses that are for the benefit of specific partners shall be at the exclusive expense of these, also prorated according to their water rights;

ll) Partners in default in the payment of their fees or contributions shall be deprived of water during the default, without prejudice to collection through the respective channel. They shall also be liable for the expenses demanded by the services of the authority that it is necessary to commission to apply and supervise the deprivation of water;

m) New users who had not contributed to the payment of the collective benefit works built by a user society shall pay upon joining, for the benefit of the society, a sum fixed by the Board of Directors on reasonable terms;

n) If any partner, by themselves or through an intermediary person, alters a distribution device, it shall be restored at the partner's cost, who shall also suffer deprivation of water until they pay that expense and any other sanction provided for in the bylaws.

The same rules shall apply to partners who carry out works to increase their water allocation. The person benefited thereby is presumed to be the author of these acts;

ñ) Partners are obliged to contribute the sums necessary to carry out the corresponding works for the granted use, in the amount set by the General Assembly, as well as to contribute periodic sums for the maintenance of the same and other administrative expenses. Proven failure to meet this obligation may give rise to the expulsion of the partner and the loss of the benefits of the use.

(Thus Reformed by Article 1 of Law No. 5516 of May 2, 1972, and by Transitional Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)

Article 135.- The acceptance of the status of partner implicitly carries the obligation to grant any of the legal easements referred to in Section Two of Chapter Five of this law, over the tenements of their property, which may not be revoked even if the partner ceases to be one. The certification from the Registry stating the status of partner, or any other authentic corporate document with the same statement, shall be an enforceable title (título ejecutivo) so that, in the partner's default, the corresponding Civil Judge shall grant the easement.

(Thus Reformed by Article 1 of Law No. 5516 of May 2, 1972).

Article 136.- Collectivities (colectividades) of water concessionaires in the same region may be constituted when they are supplied from the same spring or springs. These collectivities may be constituted by means of a public deed, and the provisions of this chapter are applicable to them, insofar as they are compatible.

CHAPTER SEVEN

Modifications of Uses and Regulation of Watercourses

Article 137.- The Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), ex officio or at the request of a party, is empowered to modify, without exposure to payment of damages for any reason, the rights to the use of public waters, whatever the title supporting the use, irrigation, industrial uses, and motive power, in the following cases:

a) If the waters are needed for pipelines, for supplying towns, watering places, baths, or other public services or supplying transportation systems. The applicants must prove before the Ministry of Environment and Energy that they do not have another economically usable source of supply for the purpose;

b) When required by compliance with special laws enacted in favor of towns or agriculture;

c) When regulating the waters of a watercourse, reservoir, or collective use; and

d) When undertaking public utility works that result in a change in the regime of the watercourse, the governance of the waters, or their more rational use.

(Thus reformed by Transitional Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)

Article 138.- Once the request for modification of rights granted to third parties is received by the Ministry of Environment and Energy, pursuant to the preceding article, an edict shall be published three consecutive times in the Official Gazette (Diario Oficial) and the concessionaires shall be personally notified, so that within the following thirty days they may present their objections and offer the pertinent evidence.

After that period, the Ministry of Environment and Energy shall order that evidence be received and, once it is discharged, shall resolve, and such resolution must be published in the Official Gazette. No appeal whatsoever lies against the decision, aside from the right remaining to the interested party to resort to the ordinary courts for the discussion of their right.

(Thus reformed by Transitional Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)

Article 139.- The Ministry of Environment and Energy, at the request of the Executive Branch, may authorize the execution of projects aimed at achieving a better and more rational use of the waters than the one being carried out, on the understanding that for the execution of the works, this order of precedence shall be observed: the current concessions; the initiator of the project or a third party interested in the construction, in every case having to satisfactorily guarantee the benefit derived from the existing uses when the works begin, taking into consideration the hydraulic resources of the watercourses or reservoirs and the needs of the concessionaires.

(Thus reformed by Transitional Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)

Article 140.- In cases of water scarcity, the following principles are established:

I.- Waters shall be applied preferentially to domestic uses, public services, watering places, baths, dairies (lecherías), and supply for transportation systems;

II.- If, after satisfying the preceding uses, surplus water remains, but not in the quantity necessary to supply all uses, it shall be distributed proportionally to their needs among the following: irrigation of lands on an area not exceeding five hectares per owner; industrial uses and motive power for public service companies, when the shutdown of industries or motive power plants causes serious harm of a social or economic nature to the community;

III.- If, once the needs of the uses mentioned above are completely covered, surplus water remains, it shall be distributed as follows: irrigation of lands larger than five hectares and motive power for private services and industrial uses; and

IV.- If, after satisfying the preceding uses, surplus water remains, the remaining needs shall be covered.

Article 141.- If the surplus water is not sufficient in its totality to satisfy the uses referred to in subsection III of the preceding article, it shall be applied preferentially to those having the greatest current economic importance for the community. Under equal conditions, the water shall be distributed proportionally.

Article 142.- Except for cases of expropriation or modification of pre-established rights, the uses that are authorized may only utilize the surplus water, after fully satisfying what is included in Article 140.

CHAPTER EIGHT

National Hydraulic Energy Reserves

Article 143.- The Executive Branch may constitute hydraulic reserves for energy generation. By means of the declaration that a reserve is constituted, the nationally owned waters included in the reserved zones shall no longer be available for whoever requests them. 

Excepted are requests for concessions for town pipelines and their domestic uses, which retain the preference given to them by law.

Article 144.- The declaration that a zone is constituted as a national hydraulic energy reserve, as well as that it ceases to be one, shall be made by decree of the Executive Branch.

CHAPTER NINE

Measures Concerning the Conservation of Trees to Prevent the Diminution of Waters

Article 145.- To prevent the diminution of waters caused by the felling of forests, all authorities of the Republic shall ensure, by the means at their disposal, strict compliance with the legal provisions concerning the conservation of trees, especially those on the banks of rivers and those located at water springs (nacientes de aguas).

Article 146.- It is forbidden to destroy, in national forests, trees that are located on slopes, banks of highways, and other communication routes, as well as trees that can be exploited without needing to cut them, such as the rubber tree (hulero), chicle (chicle), liquidambar (liquidámbar), balsam (bálsamo), and other similar ones.

Article 147.- The authorizations granted by the Executive Branch to exploit national forests in the manner provided in Article 549 of the Fiscal Code must expressly contain the prohibition of cutting the trees alluded to in the preceding and following articles.

Article 148.- The owners of lands crossed by rivers or streams, or those where there are springs (manantiales), on whose banks or surroundings the forests that sheltered them have been destroyed, are obliged to plant trees on the margins of the same rivers, streams, or springs, at a distance of no more than five meters from the said waters, along the entire stretch of their course included in the respective property.

Article 149.- It is forbidden to destroy, both in national forests and in those of private individuals, trees located less than sixty meters from springs that rise in hills, or less than fifty meters from those that rise on flat terrain.

Article 150.- It is forbidden to destroy, both in national forests and on private lands, trees located less than five meters from the rivers or streams that run through their properties.

Article 151.- Violation of the provisions of the preceding articles obligates the offender to replace the destroyed trees and subjects them to the penalty determined in Article 165 of the following chapter. In addition, the violation shall be sufficient cause for proceeding with the expropriation of the strips of land of the widths expressed in the preceding article, or on one or both sides of the course of the river or stream, along its entire length.

Article 152.- The institution of forest rangers (guardabosques) created by Decree No. 40 of June 13, 1906, is maintained. The Executive Branch shall provide the manner to make this provision effective as soon as possible.

Article 153.- Members of the fiscal guards (resguardos fiscales) are vested with the character of forest rangers, who are obliged to ensure the strict compliance with the provisions set forth in this law regarding the conservation of national forests and improvement of woodlands. The Executive Branch may vest with the same character the foremen or persons in charge of farms, when requested to that effect by their owners.

Article 154.- It is absolutely forbidden for Municipalities to alienate, mortgage, or in any other way encumber the lands they possess or acquire on the margins of rivers, streams, or springs, or in hydrographic basins or valleys (cuencas u hoyas hidrográficas) where springs rise or where any watercourse supplying a town has its origins or headwaters. On flat or gently sloping terrain, such prohibition shall encompass, from the outset, a strip of one hundred meters on both sides of said rivers, streams, and springs; and in the hydrographic basins or valleys, two hundred fifty meters on both sides of the maximum depression, along the entire line, counting from the nearest highest elevation.

Article 155.- It is likewise forbidden for Municipalities to lease or allow the gleaning of such lands, or to lend them, or to exploit them on their own account, when for that purpose forests must be cleared or trees destroyed. They may, however, authorize or order the cutting or pruning of trees and use the firewood or timber, provided this is carried out in a prudent manner and does not harm the forest population (población forestal).

Article 156.- Municipalities shall provide without delay whatever is appropriate to reforest the lands of their property that are in the conditions determined by Article 148 of this law.

(Thus reformed by Article 1 of Law 17 of November 7, 1942)

Article 157.- It is the duty of the Municipalities to consult the Department of Agriculture, and to obtain
from it the corresponding permit, before disposing of, mortgaging, leasing, or sharecropping, or
exploiting on their own account, any land they possess or acquire when such lands contain usable
public-domain waters. The Department of Agriculture shall decide whether such lands are among those
mentioned and whether the purpose intended for them could affect the conservation of the waters used
by the populations. The same obligation shall apply to the Juntas de Educación, Juntas de Protección Social and, in general, any public body.


Article 158.- It is also the obligation of the entities referred to in the preceding article
to consult the Department of Agriculture on everything related to reforestation works on
land they own.


Article 159.- The Governors, Jefes Políticos, Police Agents, and other authorities of the same
branch shall demand, in their respective jurisdictions, strict compliance with the provisions
established in this law.


CHAPTER TEN

SECTION I

Penalties and Sanctions

Article 160.- The ordinary criminal courts and the police courts have jurisdiction to hear
and sanction, respectively, the crimes and infractions committed in violation of this law.


Article 161.- Crimes and infractions expressly provided for in the Penal Code and the Police Code, in
relation to the subject matter of this law, shall be punished with the sanctions set forth in those
bodies of law.


Crimes

Article 162.- Anyone shall suffer imprisonment of three months to one year or a fine of one hundred eighty to seven hundred twenty
colones:

I.- Who discharges into public watercourses tailings from metal beneficiation plants,
garbage, colorants, or substances of any nature that harm the watercourse or farmland, or that contaminate the waters making them harmful to animals or detrimental to fishing,
agriculture, or industry, provided that such damage causes another person losses exceeding one hundred
colones; and

II.- Who causes or allows waters diverted from a stream or reservoir, for
any use, to spill or escape from the works containing them, causing damage exceeding one hundred
colones.

In the event that the actions or omissions referred to in the two preceding paragraphs cause the
death of animals or the destruction of property, they shall be punished, in accordance with the crimes
that result, pursuant to the Penal Code.


Article 163.- The penalty of three hundred sixty to one thousand colones and disqualification of six
months to two years from holding public office and employment shall be applied to the expert, inspector, or commissioner
of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), or to the Cantonal Inspector of Waters (Inspector Cantonal de Aguas), who, in the performance of their
duties and to the detriment of someone, fraudulently reports on the proceedings entrusted to them.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Infractions

Article 164.- Anyone who incurs the actions or omissions contained in subsections I and II of Article 162 shall suffer arrest of one to sixty days, or a fine of six to two hundred twenty colones,
when the damage caused is not more than one hundred colones.

In the event that the acts or omissions referred to in the two preceding paragraphs cause
alteration of health or death of persons, death of animals, or the destruction of
property, they shall be punished in accordance with the Penal Code for the crimes that result.


Article 165.- Violation of the provisions of the first six articles of the preceding chapter
shall be punished with a fine of two hundred to five hundred colones, half of which shall go to the
complainant. In case of recidivism or when the number of trees cut exceeds five, the
penalty shall be non-commutable arrest of two to six months. The police authority shown to have had knowledge of the violation and not sought its punishment shall be punished with loss
of employment and imprisonment of one to three months.

(Thus amended by Article 1 of Law No. 2332 of April 9, 1959).


Article 166.- Anyone shall suffer the penalty of a fine of two to one hundred colones:

I.- Who, through disobedience or resistance, impedes the operations entrusted to the experts
and to the Inspectors or commissioners of the Ministry of Environment and Energy, or refuses to comply with the
provisions issued by it in accordance with this law;

II.- Who uses more water than that to which they are entitled according to their concession or permit for irrigation, or
who irrigates a larger area of land than that fixed by the same, or uses more time
than that granted by the authority;

III.- The user or concessionaire who does not comply with the police and health regulations
regarding excess waters that are returned to their original channel, in order to avoid contamination or
foul odors. If such action gives rise to a violation punished with a greater penalty, that shall be
applicable in the case.

(Thus amended subsection III by Article 1 of Law 17 of November 7, 1942)

IV.- The user or concessionaire who does not condition the private exploitation works in
accordance with what the Cantonal Inspectors or the Ministry of Environment and
Energy provide to that effect.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 167.- When, in addition to the corresponding criminal penalty, this law provides that the violation
entails the suspension or cancellation of the concession or permit for the use of waters, the
sentencing court shall necessarily apply, as an accessory penalty, said suspension or cancellation,
and shall notify the Ministry of Environment and Energy thereof by official note.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 168.- The proceeds of all fines imposed for crimes or infractions sanctioned by
this law and the Penal and Police Codes in respect of waters, shall go to the Ministry of Environment
and Energy, after deduction of what is handed over to the complainants.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


SECTION II

Taxes

Article 169.- Concessions for water exploitation shall pay the following fees to the Ministry of Environment and
Energy:

I.- A fixed fee, one time only, of one colón for each ten liters or fraction thereof of water per
second granted;

II.- The same sum shall be charged when granting an extension or approving a transfer of the
concessions granted; and

III.- A semi-annual fee of one colón for each ten liters or fraction thereof of water per second
granted, in the case of waters for irrigation. If for other uses, the fee shall be doubled.

If the indicated canon is not paid during one semester, it may be paid during the next with a
twenty-five percent surcharge, or during the third with fifty percent. If
three semesters elapse without full payments having been made with the respective
fines, the concession shall lapse.

The properties benefited by the concession are subject to the payment of the indicated taxes,
with the character of a legal mortgage.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 170.- Concessions for water exploitation for the development of hydraulic and electric
power shall pay the taxes determined in Article 57 of Law Number 258 of August 18,
1941, but if the waters are used for purposes other than the development of
power, they must also pay the tax referred to in the preceding article.


Article 171.- The taxes referred to in Article 169 shall be charged on the forms of exploitation
determined in subsections III, V, VI, and IX of Article 27. Those relating to subsection I shall be
established by the Municipalities or the Executive Branch, as the case may be; and those relating to subsection
II shall be tax-free if the exploitations are for the benefit of the concessionaires and their
relatives, dependents, laborers, etc. But if they are for the benefit of private individuals or companies
that will speculate with the exploitations, they must pay the respective tax.

(Thus amended by Article 1 of Law 17 of November 7, 1942)


Article 172.- The referred taxes shall be paid at the corresponding Municipal Treasuries,
but the receipts shall be sent to them by the Ministry of Environment and Energy. Of the amount
collected, fifty percent shall go to the Ministry of Environment and Energy;
forty percent to the respective Municipality, and ten percent to the Municipal Treasurer
who collects the tax. The Treasurer, at the end of each month, shall remit to the Ministry of
Environment and Energy the portion corresponding to it, and on the last day of each semester shall return to the Ministry of
Environment and Energy the receipts that have not been paid.

From the portion corresponding to them, the Municipalities shall pay the salaries of the Cantonal
Inspectors of Waters, and the Ministry of Environment and Energy shall allocate the portion corresponding to it to the
maintenance of the Department of Waters (Departamento de Aguas) determined by this law.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 173.- If the granted waters are for irrigation and this is carried out by runoff, the
taxes shall be those determined in the first article of this chapter. But, if irrigation is
carried out by flooding, the tax shall be doubled.


Article 174.- If the concession is not agreed upon, the Ministry of Environment and Energy may opt for
judicially collecting from the concessionaires the sums owed by virtue of taxes and fines. The
certification issued by the Head of Accounting of the Ministry of Environment and Energy, with the approval
of its Director or Subdirector, shall have executory force, and in the proceeding no other defense is admissible
except that of payment, which must be proven by means of a receipt. The proceeding shall be conducted on plain paper
and the judgment shall order the payment of personal and procedural costs. The Director or Subdirector may act on
behalf of the Ministry of Environment and Energy, as may the representatives
of the Public Prosecutor's Office requested for this purpose, or a legal representative, whose appointment shall be made
in the manner determined in Article 204.

(Thus amended the last paragraph by Article 1 of Law 17 of November 7, 1942)


Article 175.- The Administration is understood to mean the entire series of its levels, included in
this and the following chapters, with the authority to issue resolutions, in accordance with this law.


Article 176.- The (*)Ministry of Environment and Energy (**) shall exercise dominion and control over
public waters to grant or deny concessions to those who request them, in accordance with the
following rules:

I.- For the development of hydraulic or hydroelectric power, in accordance with Law Number 258 of August 18,
1941; and

II.- For other forms of exploitation, in accordance with the rules of this law.

(*)(Thus amended by Article 19 of the Framework Law on Concessions for the Exploitation of
Hydraulic Forces for Hydroelectric Generation, No. 8723 of April 22, 2009).

(**)(Name amended by Article 11 of the Law "Transfer of the Telecommunications Sector
from the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications to the Ministry of Science and Technology," No.
9046 of June 25, 2012)


Article 177.- The Ministry of Environment and Energy, for the purposes indicated in subsection two
of the preceding article, shall act:

I.- Through a body called the Department of Waters of the Ministry of Environment and
Energy, which shall be established in its own office as dependent on the Electrical Board (Junta Eléctrica), directed by
its Director or Subdirector, with a Secretary who shall act as Head of the office and the necessary
assistants, all appointed by the Board; and

II.- Through the Cantonal Inspectors of Waters who shall act in accordance with the powers granted by
this law.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 178.- All applications for the exploitation of live waters, springs (manantiales) and streams,
and of dead waters that are not of private domain, must be addressed to the Ministry of Environment and
Energy.

The application must be submitted in writing and contain:

a) Full name of the applicant, qualifications, domicile, and identity card number. If the application
is presented by representatives of minors, incapacitated persons, or legal persons, the
document accrediting such representations must be attached;

b) Certification from the Public Registry stating the registration of the property on which the
exploitation is sought, indicating its nature, location, area, and boundaries. If the
land is not registered, the title evidencing ownership or possession shall be attached, or
certification from the Direct Taxation office; and if no title exists, reference shall be made in the application
to the location, nature, quality, and boundaries of the property;

c) In the case of concessions for irrigation, the number of hectares to be
irrigated shall be stated, the type of crops requiring irrigation, and the time during which it will be used;

d) In the case of other applications such as coffee processing plants, sugar mills, swimming
pools, factories, etc., the manner in which the exploitation will be carried out shall be indicated;

e) The approximate number of liters of water per second flowing through the channel whose flow is desired to be exploited and the quantity needed by the applicant. This calculation shall be made taking into account the
flow of water during the dry season.

f) The names of the owners served by the same flow on lower-lying properties, within the
same canton in which the exploitation is desired, as long as the flow and spring (manantial) do not increase their
volume by the confluence of another.

If there are no owners benefiting from the same river, irrigation ditch (acequia), or stream on lower-lying properties,
the applicant shall indicate the names of three witnesses who will testify to that circumstance.

g) A promise that the concessionaire will comply with the respective laws and regulations and pay the
canon that is set;

h) If the exploitation sought is greater than fifty liters per second,
a plan drawn up by an engineer must be submitted, showing the course of the water
sought to be exploited within the applicant's property and on the properties upstream and downstream
for a distance of no less than one hundred meters measured from the entry and exit of the river on the property on which the
exploitation is to be made. If the application is for an amount less than fifty liters per
second, it shall be sufficient to merely attach a sketch. In either case, a fiscal stamp
worth ten colones must be attached to the application to cover the cost of publishing the
edict referred to in the following article.

The foregoing statement has the character of a sworn declaration.

(Thus amended paragraphs e), the 2nd paragraph of subsection f), and subsection h) by Article 1 of Law 17 of
November 7, 1942)

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 179.- Upon receipt of the application, the Ministry of Environment and Energy shall publish in the Official
Gazette, for three consecutive times, an edict making the
application known to the public, so that opponents who consider themselves aggrieved may present their objections within
a period of one month counted from the date of publication of the first edict.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 180.- If objections are filed, the Ministry of Environment and Energy shall notify the applicant for the concession thereof; and the evidence offered in the objection
brief, as well as that indicated by the applicant within the three days following the
expiration of the period granted to object, shall be taken by the respective Cantonal Inspector of Waters,
when carrying out the proceeding referred to in the following article.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 181.- Once the application is admitted, the Ministry of Environment and Energy shall forward the case file (expediente) to the
corresponding Cantonal Inspector of Waters. Said authority shall set a day and time to conduct an
ocular inspection where the exploitation is desired and shall summon the owners of lower-lying
properties served by the same flow, of whom it has knowledge and who could be
harmed, as indicated in subsection f) of the article before last; or the three witnesses indicated in the
same subsection in the event that there are no benefited owners; and the objectors, if any.

I.- A sworn statement shall be taken from all those who appear, which shall be recorded concisely
in the record (acta) to be drawn up by the authority. In the original case file, no mention shall be made of the
questions and cross-questions: only the declarant's answer shall be recorded;

II.- The authority must ascertain and record: a): that the exploitation will not cause
evident harm to lower-lying properties that have prior concessions; b): that the
exploitation will not diminish the flow to which concessionaires of hydraulic and
hydroelectric power are entitled; and c): that it is not done to the detriment of populations that use the same flow
for domestic uses, drinking troughs, dairies, or railroads;

III.- If necessary, the authority may order that expert
evidence be received regarding questions requiring special knowledge;

IV.- Once the proceeding is completed, within the following forty-eight hours, the authority
shall return the case file to the Ministry of Environment and Energy, with a personal report regarding
the advisability or inadvisability of the application;

V.- Upon receipt of the case file, the Ministry of Environment and Energy, after a report from the Secretary
of Proceedings of the Legal Department of Waters, shall decide on the application, granting or denying it in
whole or in part, indicating the legal reasons on which its decision is based in either case. If it
grants it, it shall indicate the conditions to which the concession is subject regarding the flow of water
granted, the duration of the exploitation, whether by hours, days, weeks, months, or years, and the
term of the concession. It shall also set the canon to be paid by the concessionaire;

VI.- All proceedings and applications in matters of concessions must be processed on fifty-cent
stamped paper. Proceedings may also be on plain paper, but the validity of the proceedings
shall be subject to the corresponding stamp duty replenishment;

VII.- The necessary proceedings for processing the concession must be conducted at the expense of the
applicant. The authority charged with conducting the inspection referred to in subsection two of this
article shall have the right to charge fees to be set according to the distance and hours of
work, which may not exceed one colón per kilometer, round trip, nor five
colones per hour of work; and

VIII.- The Ministry of Environment and Energy, before deciding on the application, may order on its own motion
or at the request of a party that new evidence be received or that which has already been taken be expanded upon, by means of an
administrative or judicial official commissioned for that purpose, or by the same Water Inspector
who conducted the ocular inspection.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 182.- The resolutions issued in each case shall remain in effect until they are
modified or revoked by a judicial decision in an ordinary declaratory proceeding, which shall only proceed
in the cases determined by Chapter XIII of this law. The resolution issued by the (*)Ministry
of Environment and Energy(**) shall exhaust the administrative channel and must be executed even if
the ordinary declaratory proceeding is instituted. This institution shall assume no responsibility for the
damages caused to concessionaires if its resolutions are revoked or modified
by the Ordinary Courts.

(*)(Thus amended by Article 19 of the Framework Law on Concessions for the Exploitation of
Hydraulic Forces for Hydroelectric Generation, No. 8723 of April 22, 2009).

(**)(Name amended by Article 11 of the Law "Transfer of the Telecommunications Sector
from the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications to the Ministry of Science and Technology," No.
9046 of June 25, 2012)


Article 183.- Any water concession granted in accordance with this law shall be
provisional in nature and shall become definitive if, after one year has elapsed since its
exploitation, no person has come forward to claim rights harmed by said
concession. If during said period claims are filed against what has been agreed upon, these
shall be processed in the manner determined in the articles indicated in Chapter XIII of this law;
and while the claim is being resolved, the statute of limitations period established for
acquiring the concession with definitive character shall be suspended.


Article 184.- Notwithstanding the provisions of the preceding article, the concessionaire may make use of their
right until the concession is revoked.


Article 185.- Grounds for revoking a provisional permit are:

I.- Proof of harm to existing exploitations;

II.- Failure of the person using the permit to comply with the obligations imposed by this
law, its Regulations, or the special conditions set forth in the permit;

III.- Those prescribed by this law for the lapse of concessions; and

IV.- That the figure referred to in subsection e) of Article 178 is less than that declared by the
applicant, to the extent that the decrease in flow may cause harm to other
concessionaires.


CHAPTER TWELVE

SECTION I

Of the Differences and Conflicts That Arise Between Private Parties Regarding the Exploitation of
Waters

Article 186.- The administrative resolution of all differences and conflicts that arise
between private parties regarding the exploitation of live waters, springs (manantiales) and streams, and
of dead and underground waters, as well as claims arising from the use of
easements (servidumbres), whether natural, legal, or established by contract, by tolerance for more
than one year, or by the lapse of the acquisitive prescription period, as well as
disputes originating in cases of defense works, drainage, or irrigation, shall correspond to the
Cantonal Inspection of Waters (Inspección Cantonal de Aguas) created by Decree Number 15 of May 11, 1923.


Article 187.- The Cantonal Inspector of Waters shall hear and decide, in a summary manner and with a
purely preventive and conciliatory character, on the aforementioned matters; and the resolutions
issued in each case shall remain in effect until they are revoked, modified, or annulled by the Ministry
of Environment and Energy, or by a judicial decision in an ordinary declaratory proceeding, if any of the interested parties,
disagreeing in whole or in part with the decision, resorts to the ordinary courts seeking
relief for their claims. The action of the Inspector may be requested and must be granted even when
there is a pending lawsuit, or one is instituted at that very moment, before the ordinary courts, regarding
the same differences on which the administrative decision of the Inspector is requested.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 188.- Once its action is requested, whether verbally or in writing, for the resolution of
any of the matters reserved by this law for its cognizance, the Inspector, with no other procedure
than summoning the interested parties through the police authorities with at least twenty-four
hours' notice, shall proceed to the place of the difference and once there, after
hearing the explanations given on the ground by those summoned who appear, shall carry out a careful
inspection of the locations and proceed to make such investigations as it deems conducive, and
then, if possible, or within the twenty-four hours following the
last investigative proceeding, shall issue the corresponding resolution. Of all this, it shall draw up a summary
record (acta sumaria), in which it shall record the plaintiff's claim, what was alleged in defense by the
party or parties who appear, a summary of the result of the inspection, as well as of the investigations
made, if any were conducted, and the final resolution. Such records shall be entered in a
special book, at the head of which the respective Governor or Jefe Político shall record the
purpose for which it is intended and the number of folios it contains, all of which shall bear the seal
of the Governor's Office or Political Headquarters (Gobernación o Jefatura Política).


Article 189.- The summons of parties referred to in the preceding article shall be made by means of a notice
signed by the Water Inspector, indicating the place and time set for the purpose of
deciding the initiated claim, and such notice shall be delivered to the summoned person, in person, at their home,
or in their absence, to any person over fifteen years of age found there, or to
the nearest neighbor if the house is closed or uninhabited. The police authority shall notify
the Inspector of having delivered the notice, indicating the manner and time in which
it was done, and this certification, which shall be recorded in the aforementioned book, shall suffice to consider the
summons legally made.


Article 190.- The Water Inspector shall adjust its decisions to the provisions of the laws in force,
and to the agreement of the parties, if any, but in all matters where the legal texts are silent,
or in what the contracting parties have not foreseen, it shall decide subject to what
equity and justice advise, taking fully into account the needs of domestic use and
seeking to reconcile with these, and among themselves, the interests of agriculture and industry. Such
resolutions only admit an appeal to the Ministry of Environment and Energy,
an appeal that must be filed within three days, starting from the notification of the decision,
and shall be executed by the interested parties, if so ordered by the decision, or at the expense of whom it
indicates, by the local police authority, to which, and for this purpose, the decision shall be communicated by official letter.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 191.- Before the Water Inspection, no debates or other proceedings shall be admitted except the
allegations in defense made by the accused and the indication of the evidence that they and the
complainant may adduce, from which the Inspector may examine or receive such as it deems
conducive to forming a better judgment, provided that they do not significantly hinder the speed
of its proceeding.


Article 192.- The Ministry of Environment and Energy shall receive the case file and may order on its own motion
or at the request of a party that new evidence be received or that which has been taken be expanded upon, by means of the
judicial or administrative official commissioned for that purpose, or by the same Water Inspector
who decided in the first instance.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


Article 193.- The Ministry of Environment and Energy shall decide the appeal, and its decision shall remain in effect
until it is modified or revoked by a judicial decision in an ordinary declaratory proceeding, which
shall proceed in the cases determined in the following chapter. The resolutions issued by
said body, or those of the Water Inspectors if they have not been appealed, shall exhaust
the administrative channel and must be executed until a judgment is handed down in the ordinary declaratory proceeding that
is instituted.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)


SECTION II

Of the Cantonal Inspectors of Waters

Article 194.- The Cantonal Inspectors of Waters referred to in this and the preceding chapter
must be of legal age, citizens in full exercise of their rights, and of notorious probity. These officials
shall be appointed by the Ministry of Environment and Energy, from a list of three nominees proposed by the respective
Municipality within the first fifteen days of each year; they shall remain in their functions for one year, without
prejudice to being indefinitely re-elected; and during their term they may only be removed by the
Ministry of Environment and Energy for serious misconduct in the exercise of their duties, or by order
of a court judgment.

Their salary shall be set and paid by the respective Municipality, and this expense shall be borne by the
general revenues of the canton. Should it happen that any of the Municipalities of the smaller
cantons cannot pay the Inspector's salary, the functions may be assigned
to the respective Jefe Político with the consent of the Ministry of Environment and Energy.

(Thus amended by Transitory Provision V of Law No. 7593 of August 9, 1996)

Article 195.- The Inspector’s travel expenses (viático) and other indispensable costs in each case shall be covered by the interested party requesting their intervention, without prejudice to that party collecting such costs from the person condemned to pay them by the judgment.


Ficha articulo

Article 196.- Water Inspectors (Inspectores de Aguas) are not subject to recusal (recusables), but they must recuse themselves (excusarse), under penalty of prevarication (prevaricato) if they fail to do so, in the cases provided for by Article 1 of the law of July 13, 1889. If any of the grounds indicated therein applies to them and the party prejudiced by it does not accept (allanare) the recusal within twenty-four hours following the notification of such recusal made to them by the respective police authority, the Inspector shall pass the proceedings to the Political Chief (Jefe Político) of the canton or, in their absence, to the President of the Municipality, who shall substitute for the Inspector in the cognizance of the matter. If a recusal of the Political Chief or Municipal President occurs, the matter shall pass, through the same procedures, to the cognizance of an ad-hoc Inspector appointed by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía).

(As amended by Transitory Provision V of Ley Nº 7593 of August 9, 1996)


Ficha articulo

Article 197.- In very extensive cantons, two or three Water Inspectors may be appointed, and the Municipality must determine the jurisdiction in which each one is to act. They shall be denominated First, Second, etc., Water Inspector of the respective canton. In places where there are District Councils (Concejos de Distrito), it is the responsibility of the latter to submit the shortlists (ternas) for making the appointments and to collect the taxes referred to in Section II of Chapter X, with the agreed participation corresponding to them in such a case.


Ficha articulo

Article 198.- The Cantonal Water Inspectors (Inspectores Cantonales de Aguas) shall accept the position before the respective Municipality or Council and shall act as delegates of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) in the various matters that concern them pursuant to this law, and shall furthermore:

a) Prepare, with the assistance of other authorities and schools, a census of private and public water uses (aprovechamientos de aguas), determining the rivers, streams, or ditches (acequias), as well as the names of the property owners served by those supply sources, and indicating whether or not they have a concession, of which they must report to the Ministry of Environment and Energy;

b) Study the best form of use (aprovechamiento) of existing sources and, if there is a scarcity of water, distribute it among the users, setting for each one the time in hours for use;

c) Report to the Ministry of Environment and Energy on the results of their investigations and work and propose the plan that in their judgment should be adopted in each locality to secure a better and fairer distribution of the waters; and

d) Carry out the tasks entrusted to them by the Ministry of Environment and Energy, being able to charge the fees attributed to them by this law.

(As amended by Transitory Provision V of Ley Nº 7593 of August 9, 1996)

Transitory Provision.- The current Cantonal Water Inspectors shall continue in the performance of their duties until December 31 of the current year. The Municipalities, within the fifteen days following the first session they hold next year, shall appoint those who are to perform their duties during that year. If, after that term has elapsed, they have not made the appointment, it shall be made by the (*)Ministry of Environment and Energy (**).

(*)(As amended by Article 19 of the Framework Law on Concession for the Use of Hydraulic Forces for Hydroelectric Generation, N° 8723 of April 22, 2009).

(NOTE FROM SINALEVI: In accordance with numeral 1 of the Law on the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector, N° 8660 of August 8, 2008, the Ministry of Environment and Energy became the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications).

(**)(Its name modified by Article 11 of the Law “Transfer of the Telecommunications Sector from the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications to the Ministry of Science and Technology, N° 9046 of June 25, 2012)


Ficha articulo

CHAPTER THIRTEEN

On the Jurisdiction of the Ordinary Courts (Tribunales Comunes) in Water Matters

Article 199.- The applicant for a concession or the opposing party, as the case may be, may file an ordinary lawsuit (demanda ordinaria) against the Ministry of Environment and Energy and jointly against the concessionaire before the Civil Treasury Judge (Juez Civil de Hacienda), so that the courts may hear the matters decided by the Ministry in relation to said concession or opposition.

The same right belongs to any third party who believes they are harmed by the administrative decision that confirms rights over waters.

(As amended by Transitory Provision V of Ley Nº 7593 of August 9, 1996)


Ficha articulo

Article 200.- Decisions issued modifying uses (aprovechamientos), declaring their expiration (caducidad), or the nullity of a title may be contested in the same manner through a declaratory judgment proceeding (juicio declarativo). The decisions referred to in this and the preceding article may be challenged on any of the following grounds:

I.- Because the legal cause on which the decision was based did not exist; and

II.- Because the fact or omission invoked in the referred decisions as the basis for the ruling is not exact or true.

The simple assessment of the facts made in the decision of the Ministry of Environment and Energy may not be discussed again before the Courts nor varied by them.

(As amended by Transitory Provision V of Ley Nº 7593 of August 9, 1996)


Ficha articulo

Article 201.- It is likewise within the competence of the Civil Treasury Judge to hear the declaratory judgment proceeding brought by reason of decisions issued by the Ministry of Environment and Energy in the matters entrusted to it in Chapter Eleven of this law, in the following cases:

I.- When the expiration (caducidad) or modification of a concession granted to individuals or companies is declared in the terms prescribed by this law;

II.- When acquired rights are harmed by virtue of provisions issued by the Ministry of Environment and Energy;

III.- When a forced easement (servidumbre forzosa) or any limitation or encumbrance (gravamen) is imposed on private property in the terms prescribed by this law; and

IV.- In questions that arise concerning compensation (resarcimiento de daños y perjuicios) for the limitations and encumbrances referred to in the preceding paragraph.

(As amended by Transitory Provision V of Ley Nº 7593 of August 9, 1996)


Ficha articulo

Article 202.- The ordinary trial (juicio ordinario) is also appropriate under the terms indicated in the preceding articles in cases where the decisions of the Ministry of Environment and Energy have been issued on concessions of waters destined for the development of power (fuerzas) or their expiration (caducidad) in accordance with Ley Nº 258 of August 18, 1941, and in those issued modifying concessions in accordance with Chapter Seven of this law.

(As amended by Transitory Provision V of Ley Nº 7593 of August 9, 1996)


Ficha articulo

Article 203.- The actions referred to in the preceding articles may not be brought after one year counted from the date of the concession or from when it acquires definitive character in accordance with Article 183.


Ficha articulo

Article 204.- In the cases determined in the preceding articles, notification of the transfer of the complaint (traslado de la demanda) shall be made to the Director or Deputy Director of the Ministry of Environment and Energy, and that entity may appoint a legal representative (apoderado) in the proceeding or request the Public Ministry (Ministerio Público) to provide one, in the event that the Director or Deputy Director does not assume representation in the proceeding. The mandate shall be constituted by means of an official letter addressed to the Judge hearing the matter, signed by the Director or Deputy Director of the agency. This entity shall have the right to litigate on official paper (papel de oficio) and shall not be obliged to post a bond for costs (fianza de costas), nor to pay such costs, nor the consequent damages and losses (daños y perjuicios).

(As amended by Transitory Provision V of Ley Nº 7593 of August 9, 1996)


Ficha articulo

Article 205.- The Courts exercising civil jurisdiction have competence to hear matters that arise exclusively between private parties, relating to:

I.- The right over public waters and the ownership (dominio) over private waters and their possession;

II.- The right over beaches, lake basins (vasos de los lagos), riverbeds (álveos) or channels (cauces), and the right to and possession of the banks (riberas), without prejudice to the competence of the Ministry of Environment and Energy to demarcate and survey (demarcar y deslindar) what belongs to the public domain;

III.- Easements (servidumbres) for water and for passage along the banks (márgenes), based on civil law titles; and

IV.- The right to fish.

(As amended by Transitory Provision V of Ley Nº 7593 of August 9, 1996)


Ficha articulo

Article 206.- It also falls to the civil justice courts to hear matters arising between private parties regarding preference in the right of use (aprovechamiento) according to this law over:

I.- Rainwater (aguas pluviales); and

II.- Other waters outside their natural channels when the preference is based on civil law titles.


Ficha articulo

Article 207.- The same civil courts also have competence to hear matters relating to damages and losses (daños y perjuicios) caused to private parties in their rights:

I.- By the opening of ordinary wells;

II.- By the opening of artesian wells and by the execution of underground works; and

III.- By all kinds of uses (aprovechamientos) in favor of private parties.


Ficha articulo

Article 208.- The term for filing the lawsuits alluded to in the three preceding articles shall be one year counted from the date of publication of the decision producing the grounds for the dispute; and in the cases of decisions referred to in Chapter Twelve, the year shall be counted from when the decision is issued, if it has been notified to the claimant, or from when use of the water use (aprovechamiento) begins, if it has not been personally notified.


Ficha articulo

Article 209.- When the question relating to the right to and enjoyment of waters is not, by its nature, of an essentially civil character, if the contested rights are based on an administrative concession, the Courts may not decide any question of a private nature until their jurisdiction appears free and clear (libre y expedita) by decisions of the Ministry of Environment and Energy or of the Cantonal Water Inspectors that may serve as a basis for deciding the civil question raised, considering the nature of the contested titles; and until such decisions are handed down, the judicial complaint shall be untimely (extemporánea).

(As amended by Transitory Provision V of Ley Nº 7593 of August 9, 1996)


Ficha articulo

Article 210.- Questions of law, when seeking a declaration of definitive possession of public waters, or the claim for recovery of possession (reivindicación) of rights over private waters, fall within the competence of the Ordinary Courts (Tribunales Ordinarios).


Ficha articulo

Article 211.- In cases of forced expropriation (expropiación forzosa) prescribed in this law, a legal action before the Courts is only available when the eviction has not been preceded by the corresponding indemnity (indemnización), or when the expropriation has been decreed without observance of the legal prescriptions governing the matter.


Ficha articulo

Article 212.- In water matters, the possessory interdict action (acción interdictal) shall not be possible. The questions that arise shall be resolved in accordance with the provisions of this law.


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CHAPTER FOURTEEN

General Provisions

Article 213.- This law repeals Ley Nº 11 of May 26, 1884, and all laws that conflict with the present one. Current water concessionaires shall continue enjoying their concessions as long as the collective interest does not require the imposition of restrictions or limitations on current rights.

The right of the populations is declared to be of public interest, and to achieve it requires either the processing of the petition in accordance with the provisions of Chapter VII or the expropriation decreed in accordance with ordinary procedures and upon prior indemnity (indemnización) of the affected rights.


Ficha articulo

Article 214.- Concessions granted by virtue of legally approved contracts shall not be subject to restriction, unless it is verified that the currents providing the contracted services serve the purposes for which they are intended in excess, and in that case, the surplus may be disposed of in the order established in Article 27.


Ficha articulo

Article 215.- All concessionaires of public waters, whatever the title on which their rights are based, are obliged:

I.- To execute the works ordered by the Ministry of Environment and Energy to limit the volumes they use, to carry out the distribution of the waters, to improve the stability of the works, and in general to achieve the proper management and better use of the waters;

II.- Not to alter or change, without prior authorization from the Ministry of Environment and Energy, the nature of the use (uso) or exploitation (aprovechamiento), or the location, capacity, and conditions under which the respective hydraulic works were approved;

III.- To contribute to the expenses necessary for the conservation of water channels (cauces) and the construction of defense works for them;

IV.- To abide by the police and surveillance regulations (reglamentos de policía y vigilancia) issued by the Executive Branch; and

V.- To pay the taxes established for the utilization of the waters. Failure to pay these taxes and fees may be sanctioned, as the case may be, with suspension of the use of the waters and even with the expiration (caducidad) of the relative permits or titles.

(As amended by Transitory Provision V of Ley Nº 7593 of August 9, 1996)


Ficha articulo

Article 216.- This law shall take effect from its publication.


Ficha articulo

Transitory Provision.- All the Municipalities of the Republic are obliged to remit to the (*)Ministry of Environment and Energy(**) a list of the water concessions they have granted in their respective cantons, with a copy of the respective agreement.

(*)(As amended by Article 19 of the Framework Law on Concession for the Use of Hydraulic Forces for Hydroelectric Generation, N° 8723 of April 22, 2009).

(**)(Its name modified by Article 11 of the Law “Transfer of the Telecommunications Sector from the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications to the Ministry of Science and Technology, N° 9046 of June 25, 2012)

Article 2.- For its application in the present law, Article 57 of Ley Nº 258 of August 18, 1941, is modified and shall read as follows:

Concessions for water use and for hydraulic and electric power shall pay the following fees: a fixed quota of one colón for each ten liters or fraction of water to be granted, or ten colones for each horsepower or fraction to be utilized as hydraulic or electric power. Equal sums shall be charged when granting an extension or approving a transfer of the granted concessions. Furthermore, all hydraulic and electric power concessions shall pay semi-annually and in advance, unless there is a commitment to charge a lower rate, one colón for each horsepower, provided the power does not exceed fifty horsepower, and two colones for each horsepower when it exceeds that amount. Hydraulic or electric power concessions destined for agricultural purposes and within the concessionaire's property, including lighting, heating, etc., services, shall pay only half of the taxes indicated in the preceding paragraph regarding the fee for concession rights, and the same tax regarding the semi-annual fee, provided it does not exceed one hundred horsepower without duplication.

If the indicated fee is not paid during one semester, it may be paid during the following one, with a twenty-five percent surcharge, or during the third, with a fifty percent surcharge. If three semesters elapse without the total payments having been made, with the respective fines, the indebted hydraulic or electric power concession shall expire (caducará).

The National Electricity Board (Junta Nacional de Electricidad) shall not grant new electric concessions to those companies that are not up to date in the payment of interest or dividends to their shareholders residing in the country; and the Export Control Office (Oficina de Control de Exportaciones) shall not authorize the remittance abroad of any amount as payment of interest, amortization, or dividend, until it is verified that compliance with said concession has been met.

Ficha articulo

Fecha de generación: 9/3/2026 06:57:31

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