Ley 5064 — Land Titling LawLey de Titulación de Tierras

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Ley de Titulación de Tierras

 (Nota aclaratoria: En su artículo 84, la Ley de Jurisdicción Agraria No.6734 del 29 de marzo de
1982 derogaba la presente Ley de Titulación No.5064 del 22 de agosto de 1972. Luego, el artículo 46
de la Ley de Presupuesto No.6975 del 30 de noviembre de 1984 reformó el citado artículo 84 para dar
nueva vigencia a la presente Ley de Titulación, ampliación que fue anulada por la Sala
Constitucional mediante Voto No.595-92 del 3 de marzo de 1992. Posteriormente, dicho artículo 84 fue
modificado una vez más por el numeral 3 de la Ley Nº 7305 de 22 de julio de 1992, manteniéndose la
derogatoria de la Ley Nº 4545 y eliminando cualquier disposición que se le oponga, con excepción de
la Nº 5064, ya vista, que se mantenía en vigencia. No obstante, por resolución No.786-94 de las
15:18 hrs. del 8 de febrero de 1994, la Sala Constitucional declaró inconstitucional, una vez más,
la nueva vigencia hecha por la ley No.7305. Por ello, debemos entender que la presente normativa
quedó definitivamente derogada por el artículo 84 de la Ley de Jurisdicción Agraria No.6734. En la
parte de afectaciones se ha hecho la actualización correspondiente.)





 





Artículo 1º.- El Instituto de Tierras y Colonización llevará a cabo





programas múltiples de titulación de tierras en zonas del país





determinadas por la Junta Directiva de dicho Instituto, que sean parte de





las reservas nacionales y en las que existan por lo menos una proporción





del 20% de poseedores de fincas que carezcan de título inscrito en el





Registro Público y cuyas cabidas no sean superiores a 100 hectáreas





tratándose de fincas dedicadas a la agricultura y de 300 hectáreas cuando





lo son a la ganadería.




Ficha articulo





Artículo 2º.- Para llevar a cabo los programas de titulación antes





referidos, el Instituto de Tierras y Colonización gestionará de los





Poderes Públicos el traspaso a su favor de la propiedad de las tierras





comprendidas dentro de dichas zonas, las que serán inscritas en el





Registro Público a nombre del Instituto, sin perjuicio de los derechos ya





inscritos sobre porciones determinadas dentro del perímetro general de la





zona respectiva, ni de los derechos objeto de información posesoria en





trámite al tiempo de la publicación en "La Gaceta" del decreto a que se





refiere el artículo 7º de esta ley o que se inscribieren en lo futuro





conforme a la ley ni de las porciones destinadas al uso público.





Esas zonas serán identificadas y descritas para efectos de su





inscripción en dicho Registro en la forma que indique el Instituto





Geográfico Nacional.





Al segregarse de estas zonas las porciones que se adjudiquen





conforme a esta ley, no será necesaria la descripción del resto que se





reserve el Instituto.




Ficha articulo





Artículo 3º.- Las tierras a que se refiere el artículo precedente,





con las salvedades que ahí se contemplan, serán traspasadas e inscritas a





nombre de sus respectivos poseedores, entendiéndose para tales efectos





que ejerce posesión quien haya explotado la tierra en forma permanente,





pública y a título de dueño durante un lapso no menor de tres años.





La prueba de la posesión se llevará a cabo mediante información





sumarísima a cargo de funcionarios calificados del Instituto que





necesariamente deberá comprender los siguientes requisitos mínimos:





a) Nombre, apellidos, calidades, domicilio y cédula de identidad del





poseedor o poseedores en su caso;





b) Naturaleza, situación, medida superficial, linderos, nombre y





apellidos de los colindantes del terreno de que se trate y la medida





lineal del frente a caminos públicos, todo con arreglo al plano de





catastro del inmueble;





c) Manifestación de los colindantes dando su conformidad a los datos





que arroja el plano de la finca;





d) Declaración de tres testigos vecinos del lugar que comprueben la





posesión ejercida por el ocupante. La prueba testimonial será innecesaria





si en el acto se presenta un documento público o privado de fecha cierta,





con más de tres años de otorgado en que conste el derecho del poseedor;





e) Inspección ocular del funcionario para verificar la medida,





localización y uso de la tierra;





f) Manifestación jurada del poseedor de que la finca no ha sido





inscrita en el Registro Público; y





g) De que acepta la adjudicación en los términos y condiciones que





establece la presente ley.





En caso de sobrevenir oposición por parte de algún interesado, el





funcionario encargado de la diligencia lo apercibirá en el mismo acto





para que dentro del término improrrogable de treinta días naturales,





acuda a la vía ordinaria a hacer valer sus derechos.





Pasado dicho término sin que el opositor compruebe ante el Instituto





de Tierras y Colonización la presentación de su demanda, la oposición se





tendrá por no interpuesta sin necesidad de resolución alguna que lo





declare, ni responsabilidad para el Instituto.




Ficha articulo





Artículo 4º.- El Instituto Geográfico Nacional deberá levantar y





supervisar el levantamiento de mapas catastrales de las zonas donde se





lleven a cabo eso programas de titulación y de los planos de cada una de





las fincas situadas dentro de cada zona, ajustándose a las normas de





legislación sobre catastro y a las que fije el propio Instituto





Geográfico para efectos catastrales.





Para los fines anteriores podrá contratar con el Instituto de





Tierras y Colonización trabajos de esa índole.





Sólo en aquellaszonas en que no se pueda usar el sistema





fotogramétrico, podrá el ITCO efectuar los trabajos de agrimensura





sirviéndose de otros métodos convencionales.




Ficha articulo





Artículo 5º.- Solo se cobrará el costo de los trabajos de





agrimensura de las fincas a titular y adjudicar efectivamente en cada





zona, el cual se distribuirá entre los beneficiarios a que alude el





artículo 3º de esta ley en proporción al área adjudicada a cada uno de





ellos. Dicho costo en ningún caso podrá ser mayor que el establecido por





las tarifas mínimas del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa





Rica, para la medición de fincas rurales.




Ficha articulo





Artículo 6º.- Los beneficiarios deberán abonar al Instituto de





Tierras y Colonización los costos directos a que se refiere el artículo





anterior en la forma, plazos y condiciones más favorables que determine





la Junta Directiva de dicho Instituto. Lo recaudado por este concepto





será depositado en un fondo especial destinado al Programa de Titulación





de Tierras, que será administrado por dicho Instituto.




Ficha articulo





Artículo 7º.- Una vez que la Junta Directiva del Instituto de





Tierras y Colonización haya escogido cualquiera de las zonas donde se ha





de efectuar el programa de titulación, lo comunicará al Poder Ejecutivo





para que éste dicte el decreto declarando el área sujeta al programa.





Igual comunicación se hará al finalizar éste en cada zona, para que por





decreto se levante la afectación del área respectiva.




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Artículo 8º.- La Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y





Ganadería está obligada a comunicar al Instituto de Tierras y





Colonización, dentro del término de dos meses a contar desde la fecha de





publicación en "La Gaceta" del decreto a que se refiere el artículo 7º





que precede, las áreas comprendidas dentro de la zona a que se refiere





dicho decreto que son o deben ser declaradas según la Ley Forestal





vigente, reserva forestal o de otra índole.





El Instituto no podrá otorgar títulos sobre tales áreas. Si pasado





dicho término la Dirección General Forestal no se pronuncia, se





considerarán allanadas sus posibles objeciones.





Dicha Dirección no tendrá ninguna otra intervención en los programas





de titulación ni será necesario su consentimiento o aprobación para





ninguno de los demás actos o trámites regidos por esta ley.





No obstante lo anterior, el Instituto deberá abstenerse en todo caso





de adjudicar terrenos en zonas que evidentemente sean de vocación





forestal.




Ficha articulo





Artículo 9º.- A partir de la fecha a que se refiere el artículo 7º y





mientras se encuentre en ejecución el programa de titulación en la zona,





no se podrá promover o incoar informaciones posesorias en el área





comprendida dentro de cada zona del programa de titulación. Las





informaciones posesorias en trámite, de fincas situadas en tales zonas,





podrán ser suspendidas para acogerse a los beneficios de esta ley, o





continuar en su tramitación.




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Artículo 10.- No se cobrará a los adjudicatarios costos notariales





ni derechos de inscripción en el Registro Público. Los testimonios de





escrituras otorgadas a los adjudicatarios quedan exentos de toda clase de





timbres y no será necesario que ostenten el anotado del Departamento





Territorial de la Administración Tributaria para poder ser inscritos.




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Artículo 11.- Los notarios al servicio del Instituto de Tierras y





Colonización ante quienes se otorguen las escrituras a favor de los





beneficiarios de los programas de titulación, usarán sus protocolos





conforme a la Ley de Notariado excepto lo dispuesto en el artículo 12.




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Artículo 12.- El testimonio de la escritura sí podrá ser expedido





usando un duplicado o copia de la original al que se añada por el notario





el engrose o razón a que se refiere el artículo 85 de la Ley Orgánica de





Notariado. No será necesario que la confrontación del mismo se haga ante





las partes o ante testigos, bastando que dicho testimonio sea autorizado





por el notario bajo su sola responsabilidad.




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Artículo 13.- En caso de segregaciones simultáneas, a más del





testimonio de la escritura principal, podrán extenderse testimonios en lo





conducente para cada adjudicatario. En tales casos, al Registro se





presentará el testimonio de la escritura principal de segregación.





Los testimonios en lo conducente, podrán ser presentados





conjuntamente con el testimonio de la escritura principal o bien con





posterioridad a la presentación de aquél, para efectos de hacer constar





en ellos oportunamente la inscripción que corresponda.





En el cuadro o casilla del testimonio de la escritura principal, no





será necesario consignar los nombres de todos los adjudicatarios.




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Artículo 14.- El dominio de las tierras objeto de los programas a que se refiere la presente ley
será inscrito a favor de los beneficiarios de esos programas, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho y quedará consolidado después de tres años contados a partir del día de la inscripción del
respectivo título en el Registro Público, limitándose a ese plazo la prescripción negativa del
tercero a quien esto pueda afectar.





(Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 98 del 7 de enero de 2015, se
indicó que la frase "y quedará consolidado después de tres años contados a partir del día de la
inscripción del respectivo título en el Registro Público, limitándose a ese plazo la prescripción
negativa del tercero a quien esto pueda afectar", del párrafo anterior, no es inconstitucional
siempre y cuando se interprete que se refiere a terceros con mejor derecho de posesión, dentro de
las reservas nacionales, y no afecta el derecho de propiedad privada de los propietarios con títulos
inscritos anteriormente, quienes podrán ejercitar la acción reivindicatoria dentro del plazo decenal
contado a partir de la inscripción en el Registro Público, del título adquirido mediante el trámite
de titulación múltiple de tierras. Le corresponderá, en todo caso, al juez ordinario, determinar la
procedencia o no de la acción reivindicatoria, o bien, la prescripción negativa de la misma.")





Sin embargo, dicho dominio se estimará consolidado desde el mismo día de inscripción del respectivo
título en el Registro Público, únicamente para efecto de solicitar y obtener préstamos de los
organismos del Sistema Bancario Nacional y otras instituciones del Estado.





Sin perjuicio de los derechos de los Bancos y otras instituciones como acreedores hipotecarios, en
los casos en que prosperen acciones reivindicatorias sobre los inmuebles adjudicados conforme los
programas de titulación, los reivindicantes deberán hacerse cargo de pagar en los mimos términos y
condiciones, los créditos garantizados con hipotecas sobre las propiedades reivindicadas y una vez
pagado el crédito,los reivindicantes se subrogarán en los derechos de los acreedores hipotecarios.
No obstante, el deudor no quedará obligado a reembolsar aquellas sumas que demuestren haber
invertido en mejoras estables de las propiedades hipotecadas. Para tal efecto, la institución
acreedora deberá enviar a la autoridad que conozca del asunto, copia de los documentos que obren en
su poder acerca de la forma en que se invirtió el préstamo si para ello fuera requerida. En ningún
caso el Instituto de Tierras y Colonización podrá ser demandado por evicción y saneamiento en
relación con las parcelas adjudicadas.





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Artículo 15.- Las fincas tituladas en los programas a que se refiere





la presente ley, quedarán sujetas a las siguientes limitaciones:





a) Sin la previa autorización del Instituto de Tierras y Colonización





no podrán ser vendidas, arrendadas ni gravadas, durante un plazo de cinco





años contados a partir de la fecha de inscripción del traspaso en el





Registro;





b) A las reservas que indica la Ley de Aguas en sus artículos 72 y 73 y





a las indicadas en la Ley General de Caminos;





c) A la prohibición de destruir bosques o arboledas que contengan





especímenes vegetales o animales, que estén en proceso de extinción en el





país, a juicio del Ministerio de Agricultura y Ganadería.





No obstante, vencido el plazo relacionado en el inciso a) de este





artículo, cualquier enajenación hecha por el beneficiario, o por alguno





de los posteriores adquirentes de dichas fincas en cualquier tiempo, que





a juicio del Instituto de Tierras y Colonización pueda producir la





concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, dará derecho a éste





para adquirir la o las parcelas que motiven su intervención. En tal caso





el precio que pagará el Instituto de Tierras y Colonización, será aquel





que se determine por peritos nombrados por las partes o por el Tribunal





Fiscal Administrativo, en caso de discordia. Este avalúo tomará en cuenta





exclusivamente las mejoras útiles y necesarias hechas por el propietario





y sus anteriores dueños y el valor del terreno sin que sea dable





considerar en el avalúo la plusvalía que hubiere adquirido el inmueble





con motivo de la construcción de obras de infraestructura por parte del





Estado. Las anteriores limitaciones deberán ser consignadas en las





respectivas escrituras de adjudicación y en el asiento original de





inscripción en el Registro Público.




Ficha articulo





Artículo 16.- Esta ley rige a partir de su publicación.





Transitorio.- Las limitaciones a que se encuentran sujetas todas las





adjudicaciones que haya hecho el Instituto con anterioridad a la vigencia





de esta ley, se entenderán reducidas a las que aquí se establecen, sin





perjuicio de las condiciones implícitas inherentes a toda adjudicación de





tierras por parte del Estado.





El Registro Público y las instituciones del Sistema Bancario





Nacional, deberán aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior.




Ficha articulo





Fecha de generación: 4/5/2026 19:00:34

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Land Titling Law

(Clarifying note: In its Article 84, the Agrarian Jurisdiction Law No. 6734 of March 29, 1982 repealed this Titling Law No. 5064 of August 22, 1972. Later, Article 46 of the Budget Law No. 6975 of November 30, 1984 reformed said Article 84 to give new effect to this Titling Law, an extension that was annulled by the Constitutional Chamber via Vote No. 595-92 of March 3, 1992. Subsequently, said Article 84 was modified once more by numeral 3 of Law No. 7305 of July 22, 1992, maintaining the repeal of Law No. 4545 and eliminating any provision that opposes it, with the exception of No. 5064, already seen, which remained in force. However, by resolution No. 786-94 at 3:18 p.m. on February 8, 1994, the Constitutional Chamber declared unconstitutional, once again, the new effect given by Law No. 7305. Therefore, we must understand that this regulation was definitively repealed by Article 84 of the Agrarian Jurisdiction Law No. 6734. The corresponding updating has been made in the amendments section.)

Article 1.- The Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) shall carry out multiple land titling programs (programas múltiples de titulación de tierras) in areas of the country determined by the Board of Directors of said Institute, which are part of the national reserves and where at least a proportion of 20% exists of farm possessors who lack a title registered in the Public Registry and whose areas (cabidas) do not exceed 100 hectares in the case of farms dedicated to agriculture and 300 hectares when dedicated to livestock.

Article 2.- To carry out the titling programs (programas de titulación) mentioned above, the Institute of Lands and Colonization shall negotiate from the Public Powers the transfer in its favor of the ownership of the lands comprised within said areas, which shall be registered in the Public Registry in the name of the Institute, without prejudice to the rights already registered over specific portions within the general perimeter of the respective area, nor to the rights subject to possessory information (información posesoria) in process at the time of publication in "La Gaceta" of the decree referred to in Article 7 of this law or that are registered in the future in accordance with the law, nor to the portions destined for public use.

Those areas shall be identified and described for purposes of their registration in said Registry in the manner indicated by the National Geographic Institute (IGN).

Upon segregating from these areas the portions that are adjudicated (adjudiquen) in accordance with this law, the description of the remainder that the Institute reserves shall not be necessary.

Article 3.- The lands referred to in the preceding article, with the exceptions contemplated therein, shall be transferred and registered in the name of their respective possessors, it being understood for such purposes that possession is exercised by whoever has exploited the land permanently, publicly, and as owner for a period of not less than three years.

Proof of possession shall be carried out by means of summary information (información sumarísima) conducted by qualified officials of the Institute, which must necessarily include the following minimum requirements:

a) Given name, surnames, qualifications, domicile, and identity card of the possessor or possessors, as the case may be;

b) Nature, location, surface area, boundaries, given name and surnames of the adjoining owners of the land in question, and the linear measurement of the frontage to public roads, all in accordance with the cadastral plan (plano de catastro) of the property;

c) Statement by the adjoining owners giving their conformity to the data produced by the plan of the farm;

d) Declaration of three witnesses who are neighbors of the place, who verify the possession exercised by the occupant. Witness evidence shall be unnecessary if at the proceeding a public or private document of certain date is presented, granted more than three years prior, in which the right of the possessor is recorded;

e) Ocular inspection by the official to verify the measurement, location, and use of the land;

f) Sworn statement by the possessor that the farm has not been registered in the Public Registry; and

g) That they accept the adjudication (adjudicación) under the terms and conditions established by this law.

In the event of opposition arising from any interested party, the official in charge of the proceeding shall warn them in the same act so that within the non-extendable term of thirty calendar days, they appeal to ordinary proceedings to assert their rights.

After said term has passed without the opponent proving before the Institute of Lands and Colonization the filing of their claim, the opposition shall be deemed not filed without need for any resolution declaring it, nor liability for the Institute.

Article 4.- The National Geographic Institute must conduct and supervise the surveying of cadastral maps of the areas where these titling programs are carried out and of the plans for each of the farms located within each area, conforming to the norms of cadastral legislation and those established by the National Geographic Institute itself for cadastral purposes.

For the above purposes, it may contract with the Institute of Lands and Colonization for works of that nature.

Only in those areas where the photogrammetric system cannot be used, may ITCO carry out survey work using other conventional methods.

Article 5.- Only the cost of the survey work for the farms to be titled and adjudicated effectively in each area shall be charged, which shall be distributed among the beneficiaries referred to in Article 3 of this law in proportion to the area adjudicated to each one of them. Said cost shall in no case be greater than that established by the minimum rates of the Association of Engineers and Architects of Costa Rica (Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica) for the measurement of rural farms.

Article 6.- The beneficiaries must pay to the Institute of Lands and Colonization the direct costs referred to in the previous article in the most favorable form, terms, and conditions determined by the Board of Directors of said Institute. The amount collected for this concept shall be deposited in a special fund designated for the Land Titling Program (Programa de Titulación de Tierras), which shall be administered by said Institute.

Article 7.- Once the Board of Directors of the Institute of Lands and Colonization has chosen any of the areas where the titling program is to be carried out, it shall communicate this to the Executive Branch so that the latter may issue the decree declaring the area subject to the program. The same communication shall be made upon the completion of the program in each area, so that by decree the designation (afectación) of the respective area may be lifted.

Article 8.- The Forestry Directorate (Dirección Forestal) of the Ministry of Agriculture and Livestock is obligated to communicate to the Institute of Lands and Colonization, within the term of two months counting from the date of publication in "La Gaceta" of the decree referred to in the preceding Article 7, the areas comprised within the zone referred to in said decree that are or must be declared, according to the current "Ley Forestal", a forest reserve (reserva forestal) or of another type.

The Institute may not grant titles over such areas. If after said term the Forestry Directorate does not pronounce itself, its possible objections shall be deemed waived.

Said Directorate shall have no other intervention in the titling programs, nor shall its consent or approval be necessary for any of the other acts or procedures governed by this law.

Notwithstanding the above, the Institute must in all cases refrain from adjudicating lands in areas that are evidently suited for forestry.

Article 9.- As of the date referred to in Article 7 and while the titling program is being executed in the area, possessory information proceedings (informaciones posesorias) may not be promoted or initiated in the area comprised within each zone of the titling program. Possessory information proceedings in process for farms located in such zones may be suspended to avail themselves of the benefits of this law, or continue in their processing.

Article 10.- Notarial costs (costos notariales) nor registration fees in the Public Registry shall be charged to the awardees (adjudicatarios). The certified copies of deeds (testimonios de escrituras) granted to the awardees are exempt from all types of stamps and it shall not be necessary for them to bear the annotation from the Territorial Department of the Tax Administration to be registered.

Article 11.- The notaries in the service of the Institute of Lands and Colonization before whom the deeds are granted in favor of the beneficiaries of the titling programs shall use their protocols in accordance with the Notarial Law (Ley de Notariado) except for the provisions of Article 12.

Article 12.- The certified copy of the deed (testimonio de la escritura) may indeed be issued using a duplicate or copy of the original to which the notary adds the formal attestation or recital (engrose o razón) referred to in Article 85 of the Organic Law of Notaries. It shall not be necessary for the verification of the same to be made before the parties or before witnesses, it being sufficient that said certified copy is authorized by the notary under their sole responsibility.

Article 13.- In the case of simultaneous segregations, in addition to the certified copy of the main deed, certified copies may be issued for each awardee to the pertinent extent (en lo conducente). In such cases, the certified copy of the main segregation deed shall be presented to the Registry.

The certified copies issued to the pertinent extent may be presented jointly with the certified copy of the main deed or after the presentation of the former, for purposes of recording in them in due time the corresponding registration.

In the box or space of the certified copy of the main deed, it shall not be necessary to record the names of all the awardees.

Article 14.- The dominion over the lands subject to the programs referred to in this law shall be inscribed in favor of the beneficiaries of those programs, without prejudice to a third party with a better right and shall become consolidated after three years counted from the day of the registration of the respective title in the Public Registry, the negative prescription (prescripción negativa) of the third party whom this may affect being limited to that term.

(Note from Sinalevi: By resolution of the Constitutional Chamber No. 98 of January 7, 2015, it was indicated that the phrase "and shall become consolidated after three years counted from the day of the registration of the respective title in the Public Registry, the negative prescription of the third party whom this may affect being limited to that term", from the preceding paragraph, is not unconstitutional provided it is interpreted as referring to third parties with a better right of possession, within the national reserves, and does not affect the private property right of owners with previously registered titles, who may exercise the reclamation action (acción reivindicatoria) within the ten-year period counted from the registration in the Public Registry of the title acquired through the multiple land titling procedure. It shall correspond, in any case, to the ordinary judge to determine the appropriateness or not of the reclamation action, or else, its negative prescription.)

However, said dominion shall be deemed consolidated from the same day of registration of the respective title in the Public Registry, solely for the purpose of requesting and obtaining loans from the entities of the National Banking System and other State institutions.

Without prejudice to the rights of the Banks and other institutions as mortgage creditors, in cases where reclamation actions (acciones reivindicatorias) prevail over the properties adjudicated according to the titling programs, the reclaimants must take charge of paying, under the same terms and conditions, the credits guaranteed with mortgages on the reclaimed properties, and once the credit is paid, the reclaimants shall be subrogated to the rights of the mortgage creditors. However, the debtor shall not be obligated to reimburse those sums that are proven to have been invested in stable improvements to the mortgaged properties. For such purpose, the creditor institution must send to the authority hearing the matter a copy of the documents in its possession regarding the manner in which the loan was invested if required to do so. In no case may the Institute of Lands and Colonization be sued for eviction (evicción) and warranty (saneamiento) in relation to the adjudicated parcels.

Article 15.- The farms titled in the programs referred to in this law shall be subject to the following limitations:

a) Without the prior authorization of the Institute of Lands and Colonization, they may not be sold, leased, nor encumbered, for a term of five years counted from the date of registration of the transfer in the Registry;

b) To the reservations indicated by the Water Law (Ley de Aguas) in its Articles 72 and 73 and those indicated in the General Law of Roads (Ley General de Caminos);

c) To the prohibition of destroying forests or groves containing plant or animal specimens that are in the process of extinction in the country, in the judgment of the Ministry of Agriculture and Livestock.

However, upon expiration of the term related in subsection a) of this article, any alienation made by the beneficiary, or by any of the subsequent acquirers of said farms at any time, which in the judgment of the Institute of Lands and Colonization may produce the concentration or excessive subdivision (subdivisión excesiva) of the property, shall give the latter the right to acquire the parcel or parcels that motivate its intervention. In such case, the price that the Institute of Lands and Colonization shall pay shall be that determined by experts appointed by the parties or by the Administrative Tax Tribunal, in case of disagreement. This appraisal (avalúo) shall exclusively take into account the useful and necessary improvements made by the owner and their previous owners and the value of the land, without it being permissible to consider in the appraisal the added value (plusvalía) that the property may have acquired due to the construction of infrastructure works by the State. The foregoing limitations must be recorded in the respective adjudication deeds (escrituras de adjudicación) and in the original registration entry in the Public Registry.

Article 16.- This law shall be in effect as of its publication.

Transitory.- The limitations to which all adjudications (adjudicaciones) made by the Institute prior to the effect of this law are subject shall be deemed reduced to those established herein, without prejudice to the implicit conditions inherent to any adjudication of lands by the State.

The Public Registry and the institutions of the National Banking System must apply the provisions of the preceding paragraph.

Generation date: 4/5/2026 19:00:34