Decreto 28174 — Regulation on Requirements and Procedures for Archaeological StudiesReglamento de Requisitos y Trámites para Estudios Arqueológicos

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                        Texto Completo Norma 28174

                        Reglamento de Requisitos y Trámites para Estudios Arqueológicos

Texto Completo acta: 4005D

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

Nº 28174-MP-C-MINAE-MEIC

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y LOS MINISTROS DE LA PRESIDENCIA,

DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES,

DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y DE ECONOMÍA,

INDUSTRIA Y COMERCIO

Con fundamento en el artículo 140 de la
Constitución Política en sus incisos 3) y 18); el artículo 28.2.b de la Ley General de
la Administración Pública Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley del
Patrimonio Nacional Arqueológico Nº 6703 del 19 de enero de 1982; Ley de Patrimonio
Histórico Arquitectónico Nº 7555 del 20 de octubre de 1995; el Tratado Internacional
para la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución
de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro aprobado por la ley Nº 4711 del 13
de enero de 1971; Convención sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico Histórico y
Artístico de las Naciones Americanas aprobada por la ley Nº 6360 del 21 de setiembre de
1979; Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural aprobada
por la ley Nº 5980 del 24 de diciembre de 1976; la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554
del 4 de octubre de 1995; la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas.

 

Considerando:

1º—Que el patrimonio arqueológico es un elemento importante
de la cultura y que por tanto, el Estado debe reglamentar los mecanismos que permiten su
protección en estricto apego a la legislación nacional y los Tratados Internacionales
ratificados por el país.

 

2º—Que el desarrollo económico y social del
país es también una condición necesaria para robustecer los valores de la identidad
nacional, objetivo inspirador de la normativa de patrimonio arqueológico. En
consecuencia, debe buscarse una armonización entre ambos objetivos nacionales sin que uno
de ellos se transforme en un obstáculo para la conservación del otro.

3º—Que el artículo 15 de la Ley del
Patrimonio Nacional Arqueológico Nº 6703 del 19 de enero de 1982, establece que:
"Toda clase de trabajos de excavación para descubrir o explorar el patrimonio
arqueológico, será realizada únicamente por científicos e instituciones de reconocida
competencia en la materia, previa autorización de la Comisión Arqueológica Nacional, la
cual señalará los términos y condiciones a que deban sujetarse dichos trabajos, así
como las obligaciones de quienes los realicen. El Museo Nacional queda obligado a
supervisar los trabajos de excavación a que se refiere este artículo…"

4º—Que el artículo 8 de la ley Nº 7472
establece que: "La Administración Pública puede acreditar a las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, que cumplan con los requisitos técnicos y de idoneidad
material y profesional, exigidos en las normas reglamentarias dictadas por el Poder
Ejecutivo, para operar como organismos de certificación …"

5º—Que el artículo 3 de la Ley de Promoción
de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994 y
sus reformas, establece que: "los trámites y los requisitos de control y regulación
de las actividades económicas no deben impedir, entorpecer ni distorsionar las
transacciones en el mercado interno ni internacional. La Administración Pública debe
revisar, analizar y eliminar, cuando corresponda esos trámites para proteger el ejercicio
de la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad …."

6º—Que el establecimiento de reglas claras,
trámites y requisitos simples y ágiles, favorece el interés público y, en este caso,
la protección del patrimonio arqueológico nacional.

7º—Que el artículo 25 del Tratado
Internacional para la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que
la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro (aprobada por ley Nº
4711 del 13 de enero de 1971) literalmente dice: "Los Estados miembros deberían
imponer a toda persona que encuentre vestigios arqueológicos con ocasión de obras
públicas y privadas, la obligación de declarar su hallazgo lo más pronto posible al
servicio competente. Dicho servicio lo sometería a un detenido examen y, si el yacimiento
arqueológico resultara importante, deberían suspenderse las obras de construcción para
hacer posibles excavaciones completas, con la indemnización o compensación adecuada por
el retraso así ocasionado." En consecuencia, el artículo 13 de la Ley de Patrimonio
Nacional Arqueológico Nº 6703 del 19 de enero de 1982, debe interpretarse como una
obligación de informar la existencia de vestigios arqueológicos, para aquel que en la
ejecución de obras públicas o privadas los descubra y que no implica la suspensión de
la ejecución de las obras sino hasta que se verifique la importancia del yacimiento
arqueológico. Asimismo, deberá cumplirse con la obligación legal impuesta en el Tratado
de indemnizar o compensar adecuadamente los retrasos ocasionados.

8º—Que únicamente cuatro zonas han sido
declaradas de interés arqueológico en todo el país: el cantón de Carrillo por decreto
ejecutivo Nº 20934-C del 17 de enero de 1992 para el Cantón de Carrillo; Bahía Culebra
por decreto ejecutivo Nº 23512-C del 19 de agosto de 1994; el cantón de Osa por decreto
ejecutivo Nº 23387 del 22 de junio de 1994; el Cantón de Turrialba por decreto ejecutivo
Nº 14557-C del 31 de mayo de 1983.

9º—Que respecto a las zonas de interés
arqueológico, la Sala Constitucional en el voto Nº 2706-95 dispuso: "Conviene
aclarar que debe hacerse una diferencia entre zona y sitio arqueológico. Si bien es
cierto que se ha declarado de interés arqueológico el Cantón de Carrillo, ello no
implica que no se puedan hacer construcciones o paralizar todas las obras de la zona, pues
el concepto es meramente potencial, dirigido a una protección general de bienes
arqueológicos, los cuales únicamente han de protegerse al ser descubiertos o hallados en
sitios específicos y previa o posteriormente determinados por los técnicos; de
contrario, se caería en el absurdo de no poder realizar ningún tipo de construcción,
incluso la no relacionada con el Proyecto de Papagayo en todo el Cantón de
Carrillo". ... "desde el punto de vista arqueológico, la presencia de evidencia
arqueológica en una determinada zona no presume imposibilidad de ejecutar obras de
infraestructura..." ..: "El decreto no pretende crear en todo el Cantón de
Carrillo una Zona Arqueológica sometida a un régimen jurídico excepcional. Lo anterior
debido a que en el derecho nacional –doctrina y legislación no existe la noción de
zona arqueológica , al menos como un espacio amplio, delimitado y unitario sujeto a un
régimen jurídico especial, como en el campo de la protección del ambiente o forestal
... La noción de zona arqueológica es inaplicable en lo que se refiere a bienes
arqueológicos, pues son bienes a descubrir, cuya localización superficial se desconoce.
La legislación existente en este tipo de bienes, se contempla en la Ley 6703 de
Patrimonio Arqueológico Nacional y la 5980 Convención para la Protección del Patrimonio
Cultural Natural y no definen el término de Zonas Arqueológicas."

10.—Que la única referencia de sitios
arqueológicos en la legislación nacional es la establecida en la Ley de Patrimonio
Histórico Arquitectónico Nº 7555 del 20 de octubre de 1995, la cual especifica un
procedimiento para la declaratoria de sitio arqueológico mediante decreto ejecutivo y un
régimen jurídico especial. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido ninguna
declaración de sitio conforme a lo establecido en esta ley y por tanto no existe ningún
sitio con un régimen jurídico especial para iniciación de obras.

11.—Que en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23 Tratado Internacional para la Recomendación sobre la Conservación de los
Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro
(aprobado por ley Nº 4711 del 13 de enero de 1971), deben definirse y declararse los
sitios "importantes desde el punto de vista arqueológico o cultural" mediante
decreto ejecutivo y conforme a los procedimientos establecidos en la ley Nº 7555, con el
fin de que cuenten con un régimen jurídico especial que permita su protección. El país
no posee ninguna declaratoria de sitio arqueológico hasta la fecha, de conformidad con la
ley Nº 7555. Por tanto,

Decretan:

Reglamento de Tramites para los Estudios
Arqueológicos

CAPÍTULO I

 

Disposiciones generales

Artículo 1º—De los requisitos. Los únicos requisitos
y trámites para la realización de los estudios arqueológicos son los establecidos en el
presente decreto y por lo tanto, se derogan todos los reglamentos, manuales, directrices,
circulares y demás documentos que no se ajusten a los lineamientos y disposiciones del
presente decreto.

Artículo 2º—Definiciones.

a) Sitios arqueológicos (sin declaratoria conforme
  a la ley Nº 7555): Se entiende por sitio arqueológico la localidad en que mediante
  estudios arqueológicos, se demuestre la presencia de restos precolombinos, cuya
  importancia varía de acuerdo con las características de los restos y del valor que se
  confiera a éstos, según el conocimiento fundamentado sobre las culturas que poblaron la
  zona.

b) Sitios con valor patrimonial declarados
  mediante decreto ejecutivo y conforme a la ley Nº 7555: Son aquellos sitios
  arqueológicos que hayan sido definidos e incorporados al patrimonio histórico mediante
  decreto ejecutivo y según los procedimientos establecidos en la Ley de Patrimonio
  Histórico Arquitectónico, ley Nº 7555 del 20 de octubre de 1995.

c) Estudios arqueológicos: se refiere a la
  investigación científicamente válida, destinada a descubrir o explorar el patrimonio
  arqueológico de una zona o sitio específico.

d) Etapa de inspección: consiste en el
  reconocimiento de un terreno determinado con el fin de verificar la existencia de restos
  culturales precolombinos.

e) Etapa de evaluación: consiste en realizar
  un diagnóstico de los recursos arqueológicos detectados, utilizando una metodología
  científicamente válida. Dicho diagnóstico determinará si las características más
  básicas de los restos detectados tienen importancia arqueológica, de ser así deberán
  recomendarse las medidas que permitan el rescate de los bienes patrimoniales.

f) Rescate: Es la acción inmediata de
  preservar los restos detectados en la evaluación para evitar la destrucción de rasgos
  culturales, estructuras arquitectónicas o sitios de importancia arqueológica, previa a
  la excavación.

g) Excavación: consiste en la acción de
  remover la tierra, las rocas u otros elementos con el fin de evaluar o rescatar los rasgos
  culturales, estructuras arquitectónicas o sitios de importancia arqueológica.

h) Conservación: se refiere a la protección
  de zonas específicas en sitios arqueológicos conforme al procedimiento descrito en el
  artículo 8 del presente reglamento.

i) Sitios arqueológicos de importancia:

· Son sitios que presentan rasgos culturales,
    estructuras arquitectónicas factibles de análisis, y/ó una estratigrafía cultural;

· Sitios en donde no se pueden definir rasgos
    culturales o estructuras arquitectónicas pero que aportan datos sobre los *(siguientes) grupos
    antiguos: *(Paleoindios (10.000 a 6.000 a.C.), Arcaicos (6.000 a
    3.000 a.C.), del Formativo Temprano (3.000 a 1.500 a.C.) ó Protohistóricos (1450 a 1550
    d.C.).

    **(Por resolución de la Sala Constitucional     N° 5245 de las 16:20 horas del 29 de mayo del
2002 se anulan de este segundo párrafo     del inciso i) la palabra  "...siguientes..." ,     y el
texto posterior a la palabra antiguos: "Paleoindios (10.000 a 6.000 a.C.), Arcaicos (6.000 a
3.000 a.C.), del Formativo Temprano (3.000 a 1.500 a.C.) ó Protohistóricos (1450 a 1550     d.C.").

j) Sitios arqueológicos sin importancia:
  Aquellos sitios que no presentan las características anteriores; ó que presentan
  evidencia arqueológica insuficiente; o que están muy alterados ó que por sus
  características no permiten obtener información a partir de ellos.

Artículo 3º—Casos
en que procede el rescate arqueológico. La etapa de rescate arqueológico únicamente
procederá en aquellos casos en que se descubran rasgos culturales, estructuras
arquitectónicas o sitios arqueológicos de importancia definidos en el artículo
anterior, que merezcan ser registrados, analizados, o excavados.

Todos los bienes patrimoniales hallados en los
estudios arqueológicos, deberán ser entregados al Museo Nacional, el cual se encargará
de los trámites respectivos de almacenaje y registro y sin costo alguno para el
interesado.

CAPÍTULO II

De los trámites obligatorios

Artículo 4º—Permiso del propietario para
excavar. Para poder ejecutar excavaciones, sean de evaluación o de rescate, deberá
contarse con la autorización del o los propietarios del terreno que se va a excavar. Las
excavaciones deberán limitarse únicamente al área del proyecto.

Artículo 5º—Hallazgos
por parte de terceros. Cuando a través de terceras personas se notifique al Museo
Nacional del descubrimiento de monumentos, ruinas, inscripciones, objetos de interés
arqueológico en terrenos públicos o privados, el procedimiento será el siguiente:

a) El Museo Nacional, dentro de los siguientes 15
  días naturales contados a partir de dicha notificación, deberá realizar una inspección
  arqueológica y cuando corresponda una evaluación del sitio. Si los restos encontrados
  son de importancia arqueológica, el Museo Nacional contará con un plazo máximo de 15
  días naturales adicionales para elaborar una propuesta de las labores de rescate
  arqueológico.

b) El rescate podrá ser realizado por las personas
  debidamente acreditadas ante la Comisión Arqueológica Nacional (CAN), bajo la
  supervisión del Museo Nacional y se limitará a las áreas del proyecto definidas por la
  evaluación arqueológica.

c) Anulado.

  (Por resolución de la Sala Constitucional N° 5245 de las 16:20 horas del
  29 de mayo del 2002 se anuló este inciso, cuyo texto disponía: " Si vencidos los plazos
  establecidos en el inciso a) del presente artículo, no se han realizado las acciones
  correspondientes, el proyectista podrá continuar desarrollando sus actividades ordinarias").

Artículo 6º—Hallazgos por
parte de proyectistas. Los movimientos de tierra no requieren autorización del Museo
Nacional ni estudio arqueológico, salvo en aquellos casos en que el terreno se encuentra
ubicado en un sitio arqueológico *(según los procedimientos de la ley Nº 7555).

*(Por resolución de la Sala Constitucional N°
5245
de las 16:20 horas del 29 de mayo del 2002 se anuló de este párrafo primero la frase que decía:
" ...según los procedimientos de la ley Nº 7555 ".)

Si en los trabajos que se realizan para la
ejecución de obras públicas o privadas se descubren objetos arqueológicos, el
procedimiento será el siguiente:

a) El responsable del proyecto deberá notificar el
  hecho, en forma inmediata al Museo Nacional y poner a disposición de éste los objetos
  encontrados. El proyectista únicamente deberá paralizar los trabajos para la
  realización de las obras en aquella o aquellas áreas en donde se hayan encontrado
  objetos arqueológicos.

b) El Museo Nacional, dentro de los siguientes 15
  días naturales contados a partir de dicha notificación, deberá realizar una inspección
  arqueológica y cuando corresponda una evaluación del sitio. Si los restos encontrados
  son de importancia arqueológica, el Museo Nacional contará con un plazo máximo de 15
  días naturales adicionales para elaborar una propuesta de las labores de rescate
  arqueológico.

 c) Anulado.

  (Por resolución de la Sala Constitucional N° 7360 de las 15:51 horas del
  24 de julio del 2002 se anuló el presente inciso, cuyo texto disponía:  " Si
  vencidos los plazos establecidos en los incisos a) y b) del presente artículo, no se han
  realizado las acciones correspondientes, el proyectista podrá continuar desarrollando sus
  actividades ordinarias ".)

d) El rescate se limitará únicamente a las áreas
  del proyecto definidas en la evaluación arqueológica, la cual debe ser previamente
  aprobada por la CAN.

Artículo 7º—De las
excavaciones. Las excavaciones para evaluación o rescate podrán ser realizadas por
las personas acreditadas y registradas en la Comisión Arqueológica Nacional (CAN), bajo
la supervisión del Museo Nacional de Costa Rica.

Artículo 8º—Indemnizaciones
y compensaciones económicas. En los casos en que se determine la necesidad de
conservar áreas de un terreno, podrá hacerse la declaratoria mediante decreto ejecutivo
conforme a los procedimientos establecidos en la ley Nº 7555. Podrá iniciarse el proceso
de expropiación o actuar al tenor de lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 7555.

CAPÍTULO III

Trámites voluntarios

Artículo 9º—Trámites de estudios
arqueológicos voluntarios. Cualquier proyectista público o privado, que previo a la
realización de sus obras, desee realizar un estudio arqueológico del terreno en que va a
realizar la obra y que no haya sido muy alterado anteriormente, podrá contratar a
cualquier persona debidamente autorizada y registrada ante la CAN para la realización de
todas o cualquiera de las etapas de un estudio arqueológico. Podrá contratar los
estudios para determinar la existencia de evidencia cultural en el área por alterar o el
potencial daño al patrimonio arqueológico con el propósito de implementar las medidas
preventivas que eviten o reduzcan dichos daños.

Igualmente y de forma voluntaria, el interesado
podrá contratar cualquier persona debidamente autorizada y registrada ante la CAN para la
supervisión de los movimientos de tierras.

Artículo 10.—Inspección
arqueológica. Para determinar si existe evidencia cultural en el área del proyecto,
el proyectista, público o privado, podrá contratar para la realización de las
inspecciones, a cualquier persona autorizada y registrada en la CAN para realizar estudios
arqueológicos.

Como no se trata de excavación, la inspección no
requerirá presentación de una propuesta ante la CAN ni de la remisión de un informe
final.

Artículo 11.—Evaluación
arqueológica. Cuando el proyectista, público o privado, desee realizar una
evaluación arqueológica del terreno en que va realizar la obra, podrá contratar a
cualquier persona autorizada y registrada en la CAN y ésta deberá cumplir con los
siguientes procedimientos:

a) La persona registrada deberá llenar el
  formulario correspondiente y presentar una propuesta que consiste en un breve perfil de la
  investigación que incluye exclusivamente los siguientes aspectos: presentación,
  antecedentes, resultados de la inspección, objetivos, metodología y un cronograma.

b) Dicha propuesta deberá ser aprobada por la CAN.
  La Comisión deberá resolver en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir
  de la fecha de la presentación. La CAN, por escrito y por una única vez, podrá hacer
  observaciones así como solicitar las modificaciones o ampliaciones que considere
  necesarias, todo dentro del plazo antes señalado.

c) El interesado deberá presentar los documentos
  con las correcciones u observaciones señaladas dentro de los cinco días hábiles
  siguientes y la CAN deberá resolver dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles,
  contados a partir de la presentación de los documentos corregidos.

d) Anulado.

  (Por resolución de la Sala Constitucional N° 5245 de las 16:20 horas del
  29 de mayo del 2002 se anuló el presente inciso, cuyo texto disponía: " Vencido un mes
  calendario a partir de la fecha de presentación de la propuesta referida en los incisos
  a) ó c) del presente artículo sin que la CAN se haya pronunciado, la misma se tendrá
  por aprobada sin más trámite ni requisitos adicionales para el interesado. En este
  supuesto la CAN asumirá la responsabilidad en forma colectiva e individual por el silencio
  ".)

e) Las excavaciones para evaluación deberán ser
  supervisadas por el Museo Nacional. El encargado de la evaluación deberá remitir dos
  copias del informe final a la CAN, la cual enviará una copia al Museo Nacional.

 f) El informe de la evaluación realizada deberá
  indicar claramente las áreas o sectores del terreno sujetas a rescate en caso que
  proceda, así como aquellas que quedan liberadas.

g) En los casos en que las evaluaciones recomienden
  solamente la supervisión de los movimientos de tierras, el interesado podrá contratar a
  cualquier persona autorizada por la CAN para realizar estudios arqueológicos.

Artículo 12.—Rescate
de un terreno por alterar. Para la realización de un rescate arqueológico derivado
de las evaluaciones arqueológicas voluntarias a que se refiere el artículo anterior, el
interesado podrá contratar a cualquier persona autorizada y registrada en la CAN y ésta
deberá cumplir con los siguientes procedimientos:

a) La persona registrada deberá presentar una
  propuesta de rescate que incluya: presentación, antecedentes (resultados de la
  evaluación), objetivos, metodología, cronograma y los sectores o áreas liberadas. Dicha
  propuesta deberá ser aprobada por la CAN.

b) La Comisión deberá resolver en un plazo máximo
  de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la presentación. La CAN, por
  escrito y por una única vez, podrá hacer observaciones así como solicitar las
  modificaciones o ampliaciones que considere necesarias, todo dentro del plazo antes
  señalado.

c) El interesado deberá presentar los documentos
  con las correcciones u observaciones señaladas, dentro de los cinco días hábiles
  siguientes y la CAN deberá resolver dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles,
  contados a partir de la presentación de los documentos corregidos.

d) Anulado.

  (Por resolución de la Sala Constitucional N° 5245 de las 16:20 horas del
  29 de mayo del 2002 se anuló este inciso, cuyo texto disponía:   " Vencido un mes
  calendario a partir de la fecha de la presentación de la propuesta referida en los
  incisos b) ó c) del presente artículo, sin que la CAN se haya pronunciado, la misma se
  tendrá por aprobada sin más trámite ni requisitos adicionales para el interesado. En
  este supuesto la CAN asumirá la responsabilidad en forma colectiva e individual por el
  silencio " ).   

e) El rescate deberá ser supervisado por el Museo
  Nacional. El encargado del rescate deberá remitir dos copias del informe final a la CAN,
  la cual enviará una copia al Museo Nacional.

Artículo 13.—Investigaciones
arqueológicas con fines académicos. Para la realización de investigaciones
arqueológicas en áreas específicas con fines académicos, deberá cumplirse con los
mismos procedimientos y requisitos establecidos en los artículos 11 y 12. No obstante,
podrá presentarse una propuesta integral para todas las etapas.

Artículo 14.—Excavaciones
en reservas indígenas. Las excavaciones arqueológicas de cualquier índole en
reservas indígenas solo pueden realizarse con la autorización de la Comisión Nacional
de Asuntos Indígenas y el visto bueno de la CAN.

CAPÍTULO IV

 

De la CAN y el registro de personas autorizadas

para realizar estudios arqueológicos

Artículo 15.—Registro de personas
autorizadas por la CAN para realizar estudios arqueológicos. Las personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras, que posean un grado universitario en arqueología y
una experiencia mínima de dos trabajos de asistencia en evaluaciones arqueológicas,
podrán acreditarse en el Registro de personas autorizadas por la CAN para realizar
estudios arqueológicos.

Dichas personas podrán realizar todas las labores
que implican las fases de inspección, evaluación y rescate, incluyendo los análisis de
laboratorio que podrán realizar en laboratorios públicos o privados.

La Comisión Arqueológica Nacional (CAN) deberá
realizar un Registro de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el
primer párrafo del presente artículo, a partir de las solicitudes de registro
presentadas. La CAN deberá poner a disposición de los proyectistas el Registro de
personas acreditadas para realizar estudios arqueológicos.

La CAN deberá brindar a las personas acreditadas,
en el momento de la realización de una evaluación, la bibliografía disponible, los
informes finales de las evaluaciones realizadas anteriormente, la base de datos de sitios
arqueológicos y demás estudios, para lo cual el Museo deberá proporcionar a la CAN la
información correspondiente.

Artículo
16.- Reformas. Modifíquese el Reglamento de la Comisión
Arqueológica Nacional, decreto ejecutivo N° 19016-C del 12 de junio
de 1989:

 

      a) Refórmese
el artículo 5° del citado decreto para que se lea así:

 

“Artículo
5°—La Comisión sesionará ordinariamente al menos una vez a la semana y extraordinariamente cuando
amerite o el Presidente de la Comisión la convoque.

En lo
concerniente a la actuación de la Comisión deberá
considerarse que se rige por el derecho administrativo y en particular por la Ley General de la
Administración Pública, cuyo artículo 269 establece el principio de economía,
simplicidad, celeridad y eficiencia,
para lo cual las autoridades velarán por la responsabilidad de sus subordinados en el
acatamiento de este precepto.”

 

b) Refórmese el artículo 9 del citado
reglamento, para que se lea así:

 

“Artículo
9°—Las sesiones de la Comisión serán siempre privadas pero
por moción aprobada por simple mayoría, podrán invitarse a
participar en ellas, con voz pero sin voto, a quienes la Comisión considere pertinente así
como a los proponentes de los estudios arqueológicos para la
explicación o defensa de la propuesta respectiva.”

 

    c) Deróguese el
inciso c) del artículo 14 del citado reglamento.

Artículo 17.-

Anulado.

 (Por resolución de
    la Sala Constitucional N° 5245 de las 16:20 horas del 29 de mayo del 2002,
se anuló este artículo, y se dispuso que " recobrarán
    su vigencia los requisitos establecidos en el párrafo final del inciso a.2. del artículo
    19 del Decreto Ejecutivo número 25705-MINAE, y en el Manual de Instrumentos Técnicos del
    Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, resolución de la SETENA número 588-97 de
    veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete".

El texto anulado disponía: "Derogatorias. a. Deróguese el párrafo final
del inciso a.2. del artículo 19 del Reglamento de Procedimientos de la
Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), decreto ejecutivo N°
25705- MINAE del 8 de octubre de 1996 y sus reformas que dice así: "Areas
donde exista un registro expreso de la presencia de sitios arqueológicos
definidas por el Museo Nacional, preferiblemente en mapas publicados y
divulgados, a una escala no mayor de 1:50.000 y registrados en SETENA.". b
Deróguese del Manual de Instrumentos Técnicos del Proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental, resolución de la SETENA N° 588- 97 del 28 de agosto de
1997, publicado en "La Gaceta" N° 215 del 7 de noviembre de 1997 en
su página 21, el requisito informativo del Formulario de Evaluación Ambiental
Preliminar (FEAP) solicitado por SETENA sobre la "existencia dentro del
área del impacto del proyecto de posibles áreas de interés arqueológico o de
patrimonio histórico y cultural, de acuerdo a los datos suministrados por el
Museo Nacional", para lo cual deben aportar la nota del Museo".
Asimismo deróguese la inclusión del requisitos relacionado con las
evaluaciones y estudios arqueológicos en el trámite del Estudio de impacto
ambiental.")

Artículo 18.—Rige a partir de
su publicación.

in the entirety of the text

                    -

                        Full Text of Regulation 28174

                        Regulation of Requirements and Procedures for Archaeological Studies

Full Text of act: 4005D

EXECUTIVE BRANCH

DECREES

No. 28174-MP-C-MINAE-MEIC

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

AND THE MINISTERS OF THE PRESIDENCY,

OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS,

OF ENVIRONMENT AND ENERGY AND OF ECONOMY,

INDUSTRY AND COMMERCE

Based on Article 140 of the
Political Constitution in its subsections 3) and 18); Article 28.2.b of the General Law of
Public Administration No. 6227 of May 2, 1978 and its amendments; the Law of
National Archaeological Heritage (Ley del Patrimonio Nacional Arqueológico) No. 6703 of January 19, 1982; the Law of Architectural
Historical Heritage (Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico) No. 7555 of October 20, 1995; the International Treaty
for the Recommendation on the Conservation of Cultural Property that the Execution
of Public or Private Works May Endanger, approved by Law No. 4711 of January 13,
1971; the Convention on the Defense of the Archaeological, Historical and Artistic Heritage of the American Nations, approved by Law No. 6360 of September 21,
1979; the Convention on the Protection of World Cultural and Natural Heritage, approved
by Law No. 5980 of December 24, 1976; the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554
of October 4, 1995; the Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the
Consumer (Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor) No. 7472 of December 20, 1994 and its amendments.

 

Considering:

1st—That archaeological heritage is an important element
of culture and that therefore, the State must regulate the mechanisms that allow its
protection in strict adherence to national legislation and the International Treaties
ratified by the country.

 

2nd—That the economic and social development of the
country is also a necessary condition to strengthen the values of national
identity, the inspiring objective of archaeological heritage regulations. In
consequence, a harmonization must be sought between both national objectives without one
of them becoming an obstacle for the conservation of the other.

3rd—That Article 15 of the Law of
National Archaeological Heritage No. 6703 of January 19, 1982, establishes that:
"All kinds of excavation work to discover or explore archaeological
heritage shall be carried out solely by scientists and institutions of recognized
competence in the field, with prior authorization from the National Archaeological Commission (Comisión Arqueológica Nacional), which
shall indicate the terms and conditions to which such work must be subject, as well
as the obligations of those who carry it out. The National Museum is obligated to
supervise the excavation work referred to in this article…"

4th—That Article 8 of Law No. 7472
establishes that: "The Public Administration may accredit natural or
legal persons, public or private, that meet the technical requirements and the material
and professional suitability demanded by the regulatory norms issued by the Executive
Branch, to operate as certification bodies …"

5th—That Article 3 of the Law for the Promotion
of Competition and Effective Defense of the Consumer No. 7472 of December 20, 1994 and
its reforms, establishes that: "the procedures and requirements for the control and regulation
of economic activities must not impede, hinder, or distort
transactions in the internal or international market. The Public Administration must
review, analyze, and eliminate, when appropriate, those procedures to protect the exercise
of the freedom of enterprise and guarantee the defense of productivity …."

6th—That the establishment of clear rules,
simple and agile procedures and requirements, favors the public interest and, in this case,
the protection of the national archaeological heritage.

7th—That Article 25 of the International Treaty
for the Recommendation on the Conservation of Cultural Property that
the Execution of Public or Private Works May Endanger (approved by Law No. 4711 of January 13, 1971) literally states: "Member States should
impose on any person who finds archaeological remains during public
and private works, the obligation to declare their find as soon as possible to the
competent service. Said service would subject it to a thorough examination and, if the archaeological
site proved to be important, the construction works should be suspended to
allow complete excavations to take place, with appropriate compensation for
the delay thus caused." Consequently, Article 13 of the Law of National
Archaeological Heritage No. 6703 of January 19, 1982, must be interpreted as an
obligation to inform of the existence of archaeological remains for anyone who, in the
execution of public or private works, discovers them, and this does not imply the suspension
of the execution of the works until the importance of the archaeological
site is verified. Likewise, the legal obligation imposed in the Treaty
to adequately compensate for the delays caused must be complied with.

8th—That only four zones have been
declared of archaeological interest in the entire country: the canton of Carrillo by Executive
Decree No. 20934-C of January 17, 1992 for the Canton of Carrillo; Bahía Culebra
by Executive Decree No. 23512-C of August 19, 1994; the canton of Osa by Executive
Decree No. 23387 of June 22, 1994; the Canton of Turrialba by Executive Decree
No. 14557-C of May 31, 1983.

9th—That regarding zones of archaeological
interest, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in ruling (voto) No. 2706-95 ordered: "It is
worth clarifying that a distinction must be made between an archaeological zone and site. While it is
true that the Canton of Carrillo has been declared of archaeological interest, this does not
imply that constructions cannot be made or all works in the zone be paralyzed, as
the concept is merely potential, aimed at a general protection of archaeological
property, which must only be protected upon being discovered or found in
specific sites and previously or subsequently determined by technicians; otherwise, it would lead to the absurd situation of not being able to carry out any type of construction,
even those unrelated to the Papagayo Project, in the entire Canton of
Carrillo." ... "from the archaeological point of view, the presence of archaeological
evidence in a certain zone does not presume the impossibility of executing infrastructure
works..." ..: "The decree does not intend to create in the whole Canton of
Carrillo an Archaeological Zone subject to an exceptional legal regime. The foregoing
is because in national law – doctrine and legislation, the notion of an archaeological
zone does not exist, at least as a broad, delimited, and unitary space subject to a
special legal regime, as in the field of environmental or forestry protection
... The notion of an archaeological zone is inapplicable with respect to archaeological
property, as these are assets to be discovered, whose surface location is unknown.
The existing legislation on this type of property is contemplated in Law 6703 on
National Archaeological Heritage and 5980 Convention for the Protection of Cultural and Natural
Heritage, and they do not define the term Archaeological Zones."

10.—That the only reference to archaeological
sites in national legislation is the one established in the Law of Architectural
Historical Heritage No. 7555 of October 20, 1995, which specifies a
procedure for the declaration of an archaeological site by executive decree and a
special legal regime. However, to date no declaration of a site has been made in accordance with
the provisions of this law, and therefore no site exists with a
special legal regime for initiating works.

11.—That in compliance with the provisions of
Article 23 of the International Treaty for the Recommendation on the Conservation of
Cultural Property that the Execution of Public or Private Works May Endanger
(approved by Law No. 4711 of January 13, 1971), sites "important from
the archaeological or cultural point of view" must be defined and declared
by executive decree and in accordance with the procedures established in Law No. 7555, so
that they have a special legal regime allowing for their protection. The country
does not have any archaeological site declaration to date, in accordance with
Law No. 7555. Therefore,

They Decree:

Regulation of Procedures for Archaeological
Studies

CHAPTER I

 

General Provisions

Article 1—Of the requirements. The only requirements
and procedures for carrying out archaeological studies are those established in the
present decree, and therefore, all regulations, manuals, directives,
circulars, and other documents that do not conform to the guidelines and provisions of the
present decree are repealed.

Article 2—Definitions.

a) Archaeological sites (without declaration pursuant
  to Law No. 7555): An archaeological site is understood as the location where, through
  archaeological studies, the presence of pre-Columbian remains is demonstrated, the
  importance of which varies according to the characteristics of the remains and the value
  assigned to them, according to the substantiated knowledge about the cultures that populated the
  area.

b) Sites with heritage value declared
  by executive decree and pursuant to Law No. 7555: These are those archaeological
  sites that have been defined and incorporated into the historical heritage through
  an executive decree and according to the procedures established in the Law of Architectural
  Historical Heritage, Law No. 7555 of October 20, 1995.

c) Archaeological studies: refers to
  scientifically valid research intended to discover or explore the archaeological
  heritage of a specific zone or site.

d) Phase of inspection (etapa de inspección): consists of the
  reconnaissance of a specific terrain in order to verify the existence of pre-Columbian
  cultural remains.

e) Phase of evaluation (etapa de evaluación): consists of carrying out
  a diagnosis of the archaeological resources detected, using a scientifically valid
  methodology. Said diagnosis shall determine if the most basic characteristics of the detected remains have archaeological importance; if so, measures must
  be recommended that allow for the rescue of the heritage assets.

f) Rescue (Rescate): It is the immediate action of
  preserving the remains detected in the evaluation to avoid the destruction of cultural
  features, architectural structures, or sites of archaeological importance, prior to
  the excavation (excavación).

g) Excavation (Excavación): consists of the action of
  removing earth, rocks, or other elements in order to evaluate or rescue the cultural
  features, architectural structures, or sites of archaeological importance.

h) Conservation (Conservación): refers to the protection
  of specific areas in archaeological sites according to the procedure described in
  Article 8 of this regulation.

i) Archaeological sites of importance:

· These are sites that present cultural features,
    architectural structures feasible for analysis, and/or a cultural stratigraphy;

· Sites where cultural features or architectural structures cannot be defined but that provide data on the following ancient
    groups: Paleoindian (10,000 to 6,000 B.C.), Archaic (6,000 to
    3,000 B.C.), Early Formative (3,000 to 1,500 B.C.), or Protohistoric (1450 to 1550
    A.D.).

    (By resolution of the Constitutional Chamber No. 5245 of 4:20 p.m. on May 29,
2002, the word "...following..." from this second paragraph    of subsection i) and the
text after the word ancient: "Paleoindian (10,000 to 6,000 B.C.), Archaic (6,000 to
3,000 B.C.), Early Formative (3,000 to 1,500 B.C.), or Protohistoric (1450 to 1550    A.D)." are annulled).

j) Archaeological sites without importance:
  Those sites that do not present the previous characteristics; or that present
  insufficient archaeological evidence; or that are highly altered; or that due to their
  characteristics do not allow information to be obtained from them.

Article 3—Cases
in which archaeological rescue is applicable. The archaeological rescue phase shall only
proceed in those cases where cultural features, architectural
structures, or archaeological sites of importance, as defined in the previous
article, are discovered that deserve to be registered, analyzed, or excavated.

All heritage assets found in the
archaeological studies must be delivered to the National Museum, which shall handle
the respective storage and registration procedures at no cost to the
interested party.

CHAPTER II

Mandatory Procedures

Article 4—Owner’s permit to
excavate. To be able to carry out excavations, whether for evaluation or rescue, authorization must be obtained from the owner(s) of the land to be excavated.
Excavations must be limited solely to the project area.

Article 5—Findings
by third parties. When, through third parties, the National Museum is notified of the discovery of monuments, ruins, inscriptions, and objects of archaeological
interest on public or private lands, the procedure shall be as follows:

a) The National Museum, within the following 15
  calendar days counted from said notification, must carry out an archaeological inspection
  and, when appropriate, an evaluation of the site. If the remains found
  are of archaeological importance, the National Museum shall have a maximum period of 15
  additional calendar days to prepare a proposal for the archaeological rescue
  tasks.

b) The rescue may be carried out by persons
  duly accredited before the National Archaeological Commission (CAN), under the
  supervision of the National Museum, and shall be limited to the project areas defined by the
  archaeological evaluation.

c) Annulled.

  (By resolution of the Constitutional Chamber No. 5245 of 4:20 p.m. on
  May 29, 2002, this subsection was annulled, the text of which stated: " If the deadlines
  established in subsection a) of this article have expired without the corresponding actions having been taken, the project developer may continue carrying out their ordinary activities").

Article 6—Findings by
project developers. Earthworks (movimientos de tierra) do not require authorization from the National
Museum or an archaeological study, except in those cases where the land is
located on an archaeological site according to the procedures of Law No. 7555.

(By resolution of the Constitutional Chamber No.
5245
of 4:20 p.m. on May 29, 2002, the phrase that stated:
"... according to the procedures of Law No. 7555" was annulled from this first paragraph.)

If, during the work carried out for the
execution of public or private works, archaeological objects are discovered, the
procedure shall be as follows:

a) The project manager must immediately notify the fact to the National Museum and make the found objects available to it. The project developer must only halt the works for the
  execution of the project in that area or those areas where archaeological
  objects have been found.

b) The National Museum, within the following 15
  calendar days counted from said notification, must carry out an archaeological inspection
  and, when appropriate, an evaluation of the site. If the remains found
  are of archaeological importance, the National Museum shall have a maximum period of 15
  additional calendar days to prepare a proposal for the archaeological rescue
  tasks.

 c) Annulled.

  (By resolution of the Constitutional Chamber No. 7360 of 3:51 p.m. on
  July 24, 2002, this subsection was annulled, the text of which stated: "If the deadlines established in subsections a) and b) of this article have expired without the corresponding actions having been taken, the project developer may continue carrying out their ordinary activities.")

d) The rescue shall be limited solely to the areas
  of the project defined in the archaeological evaluation, which must be previously
  approved by the CAN.

Article 7—Of the
excavations. The excavations for evaluation or rescue may be carried out by
persons accredited and registered with the National Archaeological Commission (CAN), under
the supervision of the National Museum of Costa Rica.

Article 8—Compensation
and economic reparations. In cases where the need to
conserve areas of land is determined, the declaration may be made by executive decree
pursuant to the procedures established in Law No. 7555. The expropriation process may be initiated, or action may be taken in accordance with the provisions
of Article 9 of Law No. 7555.

CHAPTER III

Voluntary Procedures

Article 9—Procedures for voluntary
archaeological studies. Any public or private project developer, who, prior to carrying out their works, wishes to perform an archaeological study of the land on which the work will be carried out and that has not been highly altered previously, may hire
any person duly authorized and registered with the CAN to carry out
all or any of the phases of an archaeological study. They may hire the
studies to determine the existence of cultural evidence in the area to be altered or the
potential damage to the archaeological heritage for the purpose of implementing
preventive measures that avoid or reduce said damages.

Likewise, and voluntarily, the interested party
may hire any person duly authorized and registered with the CAN for the
supervision of the earthworks (movimientos de tierras).

Article 10.—Archaeological
inspection. To determine if there is cultural evidence in the project area,
the project developer, public or private, may hire, to carry out the
inspections, any person authorized and registered with the CAN to perform archaeological
studies.

As this is not an excavation, the inspection shall not
require the submission of a proposal before the CAN or the sending of a final
report.

Article 11.—Archaeological
evaluation. When the project developer, public or private, wishes to carry out an
archaeological evaluation of the land on which the work will be carried out, they may hire
any person authorized and registered with the CAN, and the latter must comply with the
following procedures:

a) The registered person must complete the
  corresponding form and submit a proposal consisting of a brief profile of the
  investigation that exclusively includes the following aspects: introduction,
  background, inspection results, objectives, methodology, and a timetable.

b) Said proposal must be approved by the CAN.
  The Commission must resolve within a maximum period of 10 business days counted from
  the date of submission. The CAN, in writing and only once, may make
  observations as well as request the modifications or extensions it deems
  necessary, all within the aforementioned period.

c) The interested party must submit the documents
  with the corrections or observations indicated within the following five business days,
  and the CAN must resolve within a maximum period of five business days,
  counted from the submission of the corrected documents.

d) Annulled.

  (By resolution of the Constitutional Chamber No. 5245 of 4:20 p.m. on
  May 29, 2002, this subsection was annulled, the text of which stated: " If one calendar month has elapsed from the date of submission of the proposal referred to in subsections
  a) or c) of this article without the CAN having pronounced itself, said proposal shall be deemed
  approved without any further procedure or additional requirements for the interested party. In this
  case, the CAN shall assume joint and individual liability for the silence
  .")

e) The excavations for evaluation must be
  supervised by the National Museum. The person in charge of the evaluation must send two
  copies of the final report to the CAN, which shall send a copy to the National Museum.

 f) The evaluation report must
  clearly indicate the areas or sectors of the land subject to rescue if
  applicable, as well as those that are released.

g) In cases where the evaluations recommend
  only the supervision of the earthworks (movimientos de tierras), the interested party may hire
  any person authorized by the CAN to perform archaeological studies.

Article 12.—Rescue
of land to be altered. To carry out an archaeological rescue resulting from
the voluntary archaeological evaluations referred to in the previous article, the
interested party may hire any person authorized and registered with the CAN, and the latter
must comply with the following procedures:

a) The registered person must submit a
  rescue proposal that includes: introduction, background (results of the
  evaluation), objectives, methodology, timetable, and the sectors or areas released. Said
  proposal must be approved by the CAN.

b) The Commission must resolve within a maximum period of
  10 business days counted from the date of submission. The CAN, in
  writing and only once, may make observations as well as request the
  modifications or extensions it deems necessary, all within the period
  mentioned above.

c) The interested party must submit the documents
  with the corrections or observations indicated, within the following five business
  days, and the CAN must resolve within a maximum period of five business days,
  counted from the submission of the corrected documents.

d) Annulled.

  (By resolution of the Constitutional Chamber No. 5245 of 4:20 p.m. on
  May 29, 2002, this subsection was annulled, the text of which stated: " If one calendar month has elapsed from the date of submission of the proposal referred to in
  subsections b) or c) of this article, without the CAN having pronounced itself, said proposal shall be deemed
  approved without any further procedure or additional requirements for the interested party. In
  this case, the CAN shall assume joint and individual liability for the
  silence " ).

e) The rescue must be supervised by the National
  Museum. The person in charge of the rescue must send two copies of the final report to the CAN,
  which shall send a copy to the National Museum.

Article 13.—Archaeological
investigations for academic purposes. To carry out archaeological
investigations in specific areas for academic purposes, the same
procedures and requirements established in Articles 11 and 12 must be complied with. However,
a comprehensive proposal for all phases may be submitted.

Article 14.—Excavations
in indigenous reserves. Archaeological excavations of any kind in
indigenous reserves may only be carried out with the authorization of the National Commission
of Indigenous Affairs (CAN) and the approval of the CAN.

CHAPTER IV

 

Of the CAN and the registry of persons authorized

to perform archaeological studies

Article 15.—Registry of persons
authorized by the CAN to perform archaeological studies. Natural or
legal persons, national or foreign, who possess a university degree in archaeology and
a minimum experience of two assistances in archaeological evaluations,
may be accredited in the Registry of persons authorized by the CAN to perform
archaeological studies.

Said persons may carry out all the work
involved in the phases of inspection, evaluation, and rescue, including laboratory
analyses that they may perform in public or private laboratories.

The National Archaeological Commission (CAN) must
create a Registry of persons who meet the requirements established in the
first paragraph of this article, based on the registration requests
submitted. The CAN must make available to project developers the Registry of
persons accredited to perform archaeological studies.

The CAN must provide the accredited persons,
at the time an evaluation is carried out, with the available bibliography, the
final reports of evaluations previously conducted, the database of archaeological
sites, and other studies, for which the Museum must provide the CAN with the
corresponding information.

Article
16.- Reforms. Amend the Regulation of the National
Archaeological Commission, Executive Decree No. 19016-C of June 12,
1989:

 

      a) Amend
Article 5 of the cited decree to read as follows:

 

“Article
5—The Commission shall ordinarily meet at least once a week and extraordinarily when warranted or when the President of the Commission convenes it.

Regarding the actions of the Commission, it must be considered that it is governed by administrative law and in particular by the General Law of Public Administration, whose Article 269 establishes the principle of economy, simplicity, speed, and efficiency, for which the authorities shall ensure the responsibility of their subordinates in complying with this precept.”

 

b) Amend Article 9 of the cited
regulation to read as follows:

 

“Article
9—The Commission's sessions shall always be private, but by motion approved by a simple majority, those persons the Commission deems pertinent may be invited to participate in them, with voice but without vote, as well as the proponents of archaeological studies for the explanation or defense of the respective proposal.”

 

    c) Repeal
subsection c) of Article 14 of the cited regulation.

Article 17.-

Annulled.

 (By resolution of
    the Constitutional Chamber No. 5245 of 4:20 p.m. on May 29, 2002,
this article was annulled, and it was ordered that " the requirements established in the final paragraph of subsection a.2. of Article
    19 of Executive Decree number 25705-MINAE, and in the Manual of Technical Instruments for the
    Environmental Impact Assessment Process, resolution of SETENA number 588-97 of
    August twenty-eighth, nineteen ninety-seven, shall regain their validity."

The annulled text stated: "Derogations. a. Repeal the final paragraph
of subsection a.2. of Article 19 of the Regulation of Procedures of the
National Environmental Technical Secretariat (SETENA), Executive Decree No.
25705-MINAE of October 8, 1996 and its amendments that reads as follows: "Areas
where there is an express record of the presence of archaeological sites
defined by the National Museum, preferably in published and
disseminated maps, at a scale no greater than 1:50,000 and registered with SETENA.". b
Repeal from the Manual of Technical Instruments for the Environmental
Impact Assessment Process, resolution of SETENA No. 588-97 of August 28,
1997, published in "La Gaceta" No. 215 of November 7, 1997 on
its page 21, the informational requirement of the Preliminary Environmental Assessment Form (FEAP) requested by SETENA regarding the "existence within the
area of the project's impact of possible areas of archaeological interest or
historical and cultural heritage, according to the data provided by the
National Museum", for which they must provide the Museum's note.
Likewise, repeal the inclusion of the requirement related to
archaeological evaluations and studies in the Environmental Impact Assessment procedure.")

Article 18.—This decree comes into effect upon
its publication.