Ley 2825 — Land and Colonization LawLey de Tierras y Colonización

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Ley de Tierras y Colonización (ITCO INDER)


Ley de Tierras y Colonización





(Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 80° de la ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012,
Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y
Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, se indicó que se mantiene  vigente la presente norma,
en lo que no contraviene esta ley. En caso de duda entre ambas prevalecerán los principios de la Ley
N.º 2825. Expresamente, se mantendrá la vigencia en todos sus extremos, el capítulo Vl de la Ley Nº
2825, Regulación de Conflictos entre Propietarios y Poseedores en Precario, y su normativa conexa)





(*) El siguiente corresponde al texto publicado en el Alcance Nº 90 a La Gaceta Nº 278 de 8 de
diciembre de 1962, ordenado en virtud de lo dispuesto por el Transitorio II de la Ley 3042 de 4 de
octubre de 1962.





CAPITULO I





DISPOSICIONES GENERALES





Finalidades, Régimen de Posesión de la Propiedad Rural Inmueble





Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto:





1.- Determinar que la propiedad de la tierra se debe promover para el aumento gradual de su
productividad y para una justa distribución de su producto, elevando la condición social del
campesino y haciéndolo partícipe consciente del desarrollo económico-social de la Nación;





2.- Contribuir al florecimiento de las virtudes republicanas, privadas y públicas, vinculando al
ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra;





3.- Contribuir a una más justa distribución de la riqueza;





4.- Contribuir a la conservación y uso adecuados de las reservas de recursos naturales renovables de
la Nación;





5.- Evitar la concentración de tierras nacionales en manos de quienes las utilicen para especulación
o explotación en perjuicio de los intereses de la Nación. Las tierras en manos de esos intereses
deben volver al Estado en la forma que determinan la Constitución y la ley;





6.- Determinar que la tierra no debe utilizarse para la explotación del trabajador agrícola. El
Estado, por todos los medios a su alcance, estimulará la formación de cooperativas agrícolas para
combinar la dignidad de la pequeña propiedad con la eficiencia de la gran empresa; y





7.- Reconocer, de conformidad con lo anteriormente expuesto, la existencia y legitimidad de la
propiedad privada.





 





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Artículo 2º.- Dentro de sus límites y normas, la presente ley garantiza:





1.     El derecho de todo individuo o grupo de individuos que formen una cooperativa, aptos para
trabajos agrícolas o pecuarios y que carezcan de tierra o la posean en cantidades insuficientes, a
ser dotados en propiedad de tierras económicamente explotables, preferentemente en las zonas en
donde trabajen o habiten, y cuando las circunstancias lo aconsejen, en zonas debidamente
seleccionadas; y





2.     El derecho de los agricultores al crédito bancario para una racional explotación de la
tierra.





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Artículo 3º.- De acuerdo con lo expuesto en el artículo 1º, la tierra ha de constituir, para el
hombre que la trabaja, la garantía de su bienestar económico, de su libertad y de su dignidad y, por
lo tanto, base del bienestar, de la libertad y de la dignidad de la Nación.





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Artículo 4º.- El Estado está obligado a dar todo su apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana
propiedad rural y, de manera especial, al fomento de las cooperativas agrícolas, a efecto de que
lleguen a ser estables, eficaces y determinantes en la política agraria del mismo.





(NOTA: El artículo 9º de la ley Nº 3478 de 23 de diciembre de 1964 dispone que mientras el Instituto
de Tierras y Colonización sea dueño de más del 50% del capital aportado en la cooperativa de
producción agropecuaria que habrá de organizarse en la colonia de Bataán, el nombramiento y remoción
del gerente de esa cooperativa corresponderá a la Junta Directiva del Instituto, la cual podrá
disponer también que en la Junta Directiva de la cooperativa haya mayoría de directores nombrados
por el Instituto. Añade que lo dispuesto en este artículo regirá también para cualquier otra
cooperativa que auspicie el Instituto en el futuro).





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Artículo 5º.- El Instituto de Tierras y Colonización procurará evitar el minifundio y la
fragmentación agrícolamente irracional de la propiedad rural. Para ese efecto, propondrá a la
Asamblea Legislativa las medidas legales pertinentes.





 





Asimismo, el Instituto estudiará la posibilidad de sustituir, conforme a los principios y normas de
esta ley, por la vía legislativa, las formas indirectas de explotación de la tierra.





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Artículo 6º.-Toda persona tiene derecho de denunciar o informar ante el organismo correspondiente la
existencia de tierra en cuya explotación no se cumple con la función social de la propiedad.





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CAPITULO II





Propiedad Agrícola del Estado





Artículo 7º.- Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura
o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine
los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de
adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título
legítimo, los siguientes:





a) DEROGADO. (Derogado por el artículo 1º de la ley Nº 5385 del 30 de octubre de 1973).





b) Los comprendidos en una zona marítimo-terrestre de doscientos metros de ancho a lo largo de las
costas de ambos mares, desde la pleamar ordinaria, así como los comprendidos en una zona de
cincuenta metros de ancho a lo largo de ambas márgenes de los ríos navegables;





(NOTA: Este inciso, en su primera parte, fue tácitamente reformado por ley Nº 6043 de 2 de marzo de
1977 - Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre - en sus artículos 9 a 25, lo mismo que los terrenos de
las islas a que se refiere el inciso c) siguiente).





c) Los terrenos de las islas, los situados en las márgenes de los ríos, arroyos y, en general, de
todas las fuentes que estén en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales, o en que
tengan sus orígenes o cabeceras cualesquiera cursos de agua de los cuales se surta alguna población,
o que convenga reservar con igual fin. En terrenos planos o de pequeño declive se considerará
inalienable una faja de doscientos metros a uno y otro lados de dichos ríos, manantiales o arroyos;
y en las cuencas u hoyas hidrográficas, una faja de terreno de trescientos metros a uno y otro lados
de la depresión máxima, en toda la línea, a contar de la mayor altura inmediata;





d) Los terrenos comprendidos en las dos orillas del Río Banano, diez kilómetros arriba, en una
extensión de quinientos metros de cada lado, protegiendo así las fuentes que surtan o puedan surtir
en lo futuro la cañería de Limón;





e) Una zona de dos kilómetros de radio, con centro en el cráter, o cima principal alrededor de los
volcanes Barba, Poás, Arenal, Cerro Chato, Tenorio, Santa María y Rincón de la Vieja; de dos
kilómetros de ancho a uno y otro lados de la fila constituida por los varios picos del Miravalles;
la zona en los volcanes Irazú y Turrialba a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima;
los páramos de la Cordillera de Talamanca a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima;
una zona de tres kilómetros de radio con centro en la cima del Cerro Dúrika;





las sabanas alrededor del Cerro Chirripó Grande arriba de los 3.000 metros de altitud; una zona de
dos kilómetros de ancho a uno y otro lados de la Cordillera entre los Cerros Zurquí y Hondura.
Oportunamente creará el Instituto otras reservas forestales que servirán, además, de santuario o
refugio de la vida animal silvestre y en los cuales será prohibida la cacería en cualquiera de sus
formas;





f) Los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y
con Panamá;





g) Los terrenos indispensables para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas;





h) Los terrenos que se anegan durante la estación lluviosa o como consecuencia del desbordamiento de
los ríos y que conservan agua durante el verano, aprovechable como abrevadero, cuando tales terrenos
constituyan el único recurso hídrigo del lugar, utilizable como abrevadero para el ganado de los
vecinos del lugar. Si para ese uso fuere necesario establecer servidumbres sobre predios de
particulares, el Instituto compensará a éstos equitativamente; e i) Todos aquellos terrenos que
hubieren sido declarados indenunciables o inalienables por disposiciones legales anteriores.





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Artículo 8º.- Exceptuados los casos previstos en esta ley, es prohibido a los particulares encerrar
con cercas, carriles o cualquier otra forma, los terrenos declarados reservas nacionales; derribar
montes, establecer construcciones y cultivos, o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma u otros
productos con fines de explotación. Todo acto de ese género, si de previo no se han llenado los
trámites legales y obtenido la autorización correspondiente, será considerado, según el caso, como
usurpación de domino público o como merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y
remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por
el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes
incurrieren en tales faltas.





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Artículo 9º.-Se considerarán ríos navegables aquellos que pueden ser surcados, en cualquier época
del año, con o sin el concurso de la marea, por las embarcaciones regulares de cabotaje entre los
puertos de mar y los de río. Entre los ríos que desembocan al Lago de Nicaragua se considerarán
navegables los que pueden ser surcados por las embarcaciones regulares de cabotaje entre los puertos
de lago y los de río. Para los efectos de esta ley, la navegabilidad de un río puede extenderse por
mejoras introducidas por el hombre, como dragados, exclusas, embalses y obras similares.





El Instituto Geográfico Nacional, después de investigaciones para determinar la longitud de la
navegación y su límite aguas arriba, presentará un informe al Poder Ejecutivo para que se emita el
correspondiente decreto.





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Artículo 10.- DEROGADO.





(Derogado por el artículo 1º de la ley Nº 5385 del 30 de octubre de 1973).





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Artículo 11.- Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas
nacionales:





a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como
propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas;





b) Los que no estén amparados por la posesión decenal;





c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y





d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios
públicos.





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Artículo 12.-





Quedan afectados a los fines de la presente ley:





a) Las tierras consideradas como reservas nacionales;





b) Los fundos rústicos del dominio privado del Estado;





c) Los fundos rústicos pertenecientes a las Municipalidades e Instituciones Autónomas; y





d) Los inmuebles rurales que pasen a poder del Estado en razón y como consecuencia de
enriquecimientos ilícitos contra la cosa pública.





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Artículo 13.- Los inmuebles afectados conforme al presente Capítulo serán transferidos gratuitamente
al Instituto de Tierras y Colonización.





Quedan especialmente autorizados para hacer estos traspasos, tanto el Poder Ejecutivo como los
Gerentes de las Instituciones Autónomas y los Presidentes Municipales.





Las citadas entidades, con excepción del propio Instituto de Tierras y Colonización, no podrán
enajenar, gravar ni arrendar las tierras afectadas.





A pesar de lo dicho en los párrafos anteriores, el Poder Ejecutivo podrá requerir del Instituto que
le traspase la propiedad de aquellas tierras que fueren indispensables para la construcción de obras
o la instalación de servicios públicos distintos de los contemplados en esta ley, así como de
aquellas que fueren comprendidas en contratos suscritos por dicho Poder y ratificados por la
Asamblea Legislativa.





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Artículo 14.- DEROGADO.





(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 del 25 de noviembre de 1969)





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CAPITULO III (*)





Instituto de Tierras y Colonización





Patrimonio, Administración, Deberes y Atribuciones





(*) NOTA: Este capítulo fue reformado tácitamente por la Ley de Transformación del ITCO en Instituto
de Desarrollo Rural (INDER)(**), Nº 6735 de 29 de marzo de 1982, con excepción de los incisos d) y
f) del artículo 41 que continúan vigentes, de conformidad con las leyes Nº 7018 de 20 de diciembre
de 1985 (artículo 14, inciso 22) y Nº 7174 de 28 de junio de 1990 (artículo 87, inciso b).





(**) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012,
"Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y
Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")





Anteriormente, este Capítulo había sido reformado tácitamente en todo lo relativo a integración de
la Junta Directiva así como a nombramientos de gerente y auditor, por las leyes Nos. 4646 de 20 de
octubre de 1970 (artículos 5, 6 y 7) y 5507 de 19 de abril de 1974 (artículos 3 y 6).





Artículo 15.- Para cumplir las normas y alcanzar los objetivos de la presente ley, sus reformas y
otras leyes conexas, créase el Instituto de Tierra y Colonización, como una institución autónoma de
derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, e independencia en materia de gobierno
y administración.





Su funcionamiento se ceñirá exclusivamente a las normas del artículo 188 de la Constitución
Política, las de esta ley, sus reformas, leyes conexas y reglamentos internos.





Su domicilio legal será la ciudad de San José, sin perjuicio de que pueda establecer dependencias en
otros lugares del país.





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Artículo 16.- El Instituto tendrá capacidad para comprar, vender y arrendar bienes muebles e
inmuebles, valores y empresas dentro de los propósitos de su creación; para emprestar, financiar e
hipotecar, y para toda otra forma gestión comercial y legal que sea necesaria para el desempeño de
su cometido, dentro de las normas corrientes de contratación que su situación financiera le permita,
sin incurrir en riesgo indebidos para la estabilidad de la institución. En los casos en que haya más
de una posibilidad de oferta capaz de llenar lo objetivos perseguidos para determinado fin, se
seguirá el trámite de licitación. Las compras, ventas y arrendamiento de tierras se considerarán
operaciones de tráfico ordinario del Instituto, para los efectos del artículo 110 de la Ley de la
Administración Financiera de la República.





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Artículo 17.- Se conceden al Instituto los siguientes beneficios:





a) Exoneración de toda clase de impuestos, directos o indirectos, nacionales o municipales,
presentes o futuros;





b) Exoneración del uso del papel sellado, timbres y derechos de Registro. Este beneficio comprenderá
también a los particulares respecto a aquellos contratos que celebren con el Instituto;





c) Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, fondos y rentas;





d) Franquicia postal y telegráfica; y





e) Exención de rendir fianzas de costas y de hacer depósitos para garantizar embargos preventivos.





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Artículo 18.- El Instituto funcionará bajo la dirección superior de la Junta Directiva, integrada
por cinco miembros designados así: el Ministro de Agricultura y Ganadería, como miembro ex-oficio;
dos representantes de las cooperativas de agricultores y de las comunidades campesinas legalmente
constituidas, y dos miembros que serán personas de reconocida capacidad en la materia, quienes
deberán ser costarricenses por nacimiento o naturalizados, con no menos de diez años de residencia
en el país, todos escogidos por el Consejo de Gobierno. En casos de ausencia justificada, el
Ministro podrá delegar en un personero del mismo Ministerio, a escogencia suya, quien debe
juramentarse en el mismo acto en que lo haga el titular.





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Artículo 19.- No podrán formar parte de la Junta Directiva quienes estén ligados ente sí por
parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado, o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.
Se exceptúa de esta disposición el parentesco que pudiere existir con el Ministro de Agricultura y
Ganadería, cuando el nombramiento de éste fuere posterior al de su pariente integrante de la Junta
Directiva.





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Artículo 20.- Con excepción del Ministro de Agricultura y Ganadería, que integrará la Junta
Directiva en virtud de su cargo, los demás miembros serán designados por períodos de cuatro años.
Sus nombramientos deberán hacerse dentro de los cuatro meses siguientes al ocho de mayo, en que toma
posesión el Presidente de la República.





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Artículo 21.- Los miembros de la Junta Directiva serán inamovibles durante el período para el cual
fueren nombrados. No obstante dejará de ser miembro:





a) El que infringiere alguna de las disposiciones contenidas en las leyes decretos o reglamentos
aplicables al Instituto;





b) El que incurriere en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales. En caso de
un auto de prisión y enjuiciamiento dictado contra un miembro de la Junta Directiva, dicho miembro
quedará, a juicio del Colegio de Gobierno, suspendido de sus funciones hasta tanto no haya sentencia
firme, para resolver en definitiva;





c) El que perdiere la ciudadanía costarricense, la capacidad para el cargo o llegare a encontrarse
en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades a que se refiere esta ley;





(NOTA: de acuerdo con la ley No. 7514 de 6 de junio de 1995, que reformó el artículo 16 de la
Constitución Política, la ciudadanía costarricense no se pierde y es irrenunciable)





d) El que se ausentare del país sin autorización de la Junta Directiva, que en ningún caso podrá
darla por más de seis meses;





e) El que, sin causa justificada, a juicio de la Junta Directiva, hubiere dejado de concurrir a tres
sesiones ordinarias consecutivas;





f) El que por incapacidad física no haya podido desempeñar sus funciones durante seis meses;





g) El que renunciare a su cargo;





h) El que fuere destituido por el Consejo de Gobierno por comprobársele, mediante expediente creado
al efecto, procederes incorrectos; e i) A quien se comprobare que se dueño de terrenos que no
cumplen la función social de la propiedad, en virtud de las disposiciones de esta ley.





En todos los casos señalados, la Junta Directiva dará cuenta al Consejo de Gobierno, para que éste
determine si procede declarar la separación. Cuando ocurriere una vacante, el nombramiento del
sustituto se hará dentro del término de un mes y la persona nombrada lo será por el resto del
período legal.





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Artículo 22.- El dejar de ser miembro de la Junta Directiva, sea por terminación del período o por
cualquier otra causa, no libra a las personas que hubieren ocupado el cargo, de las
responsabilidades legales en que pudieren haber incurrido durante su actuación.





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Artículo 23.-La Junta Directiva ejercerá sus funciones con absoluta independencia y bajo su
exclusiva responsabilidad, dentro de las normas establecidas por la Constitución Política, las
leyes, los reglamentos y los principios técnicos aplicables.





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Artículo 24.- Los miembros de la Junta Directiva serán personal y solidariamente responsables por
las resoluciones votadas en oposición a las leyes y reglamentos aplicables.





Quedan exentos de esta responsabilidad los miembros ausentes de las sesiones en que se hubieren
votado tales resoluciones, así como los que hubieren hecho constar en el acta respectiva, en forma
razonada, su voto contrario.





Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, el Gerente y el Subgerente, rendirán caución por
veinte mil colones (¢ 20,000.00). Esta caución puede ser hipotecaria, mediante valores del Estado
pólizas de fidelidad del Instituto Nacional de Seguros o depósitos en efectivo.





 





Para la calificación de la garantía y el otorgamiento de escrituras en su caso, se seguirán las
prescripciones del Código Fiscal.





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Artículo 25.- La Junta Directiva celebrará sesiones con asistencia de por lo menos tres de sus
componentes y las resoluciones se tomarán, en todo caso, por los votos de tres de sus integrantes,
salvados los casos en que esta ley o sus reglamentos exijan mayor número de votos.





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Artículo 26. -La Junta Directiva elegirá de su seno, por mayoría de votos, un Presidente y un
Vicepresidente, quienes durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelecto. El Ministro
integrante de la Junta no podrá ser electo estos cargos.





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Artículo 27. -En caso de ausencia o de impedimento transitorio del Presidente, lo sustituirá el
Vicepresidente. Cuando en alguna sesión estuvieren ambos ausentes, la Junta Directiva designará a
uno de sus miembros como Presidente ad-hoc.





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Artículo 28. -La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria una vez por semana y en
extraordinaria cuando sea convocada por el Gerente, por escrito y con doce horas de anticipación por
lo menos, sea por determinación propia o cuando así lo soliciten dos o más de sus miembros
directores. No podrá, sin embargo, celebrar más de diez sesiones remuneradas al mes, incluyendo
ordinarias y extraordinarias. Los miembros de la Junta Directiva devengarán dietas fijas, cuyo monto
se determinará en los presupuestos anuales del Instituto, pero en todo caso no podrán ser superiores
a ciento cincuenta colones (¢ 150.00) por sesión.





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Artículo 29.- Cuando alguno de los asistentes tuviere interés personal en cualquier asunto que se
deba conocer en la sesión, o lo tuvieren sus socios o parientes dentro del tercer grado de
consanguinidad o afinidad inclusive, deberá retirarse mientras se discute y vota el asunto.





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Artículo 30.- La Junta Directiva del Instituto tendrá los siguientes deberes:





1) Velar por el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos;





2) Dirigir, dentro de las disposiciones de esta ley, la política agraria, económica y social del
Instituto y determinar la organización del mismo;





3) Acordar y aprobar el presupuesto anual del Instituto, así como los extraordinarios, con sujeción
a los controles que determina la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.





4) Aprobar la memoria anual, los estados y balances;





5) Resolver las licitaciones conforme a la ley;





6) Solicitar al Poder Ejecutivo el traspaso de las tierras aptas para la realización de los fines de
esta ley;





7) Establecer las demandas que estime convenientes para que el Estado recupere las tierras de que
haya sido despojado indebidamente y que hayan de serle transferidas al Instituto conforme a esta
ley;





8) Aprobar y ordenar la ejecución de planes de colonización, "cooperativización" o de simple
parcelación de tierras que adquiera el Instituto para los fines de esta ley, atendiendo a las
necesidades económicas y sociales de cada región en particular y del país en general y dando
preferencia a las zonas cercanas a los centros de consumo y a las vías de comunicación;





9) Ejercer, conforme a las disposiciones de esta ley, el control, por parte del Instituto, de las
colonias creadas por el Estado;





10) Cooperar en los planes de colonización privada para orientarlos hacia los fines de esta ley, y
ejercer jurisdicción sobre ellos conforme a las normas jurídicas aplicables;





11) Disponer la adquisición de tierras de propiedad particular, cuando estime que con ello se
cumplen los fines económico-sociales que persigue esta ley;





12) Gestionar la expropiación mediante indemnización, de las tierras propiedad de personas físicas o
jurídicas, cuando fueren necesarias esas tierras para la realización de los fines de esta ley,
tratando, fundamentalmente, de constituir en propietarios a todos los campesinos a quienes se les
adjudica una parcela;





13) Determinar los regímenes de tenencia de las tierras que debe establecer el Instituto en sus
proyectos de parcelación y colonización;





14) Ayudar al desarrollo del cooperativismo en el campo;





15) Promover, con los organismos que integran el Sistema Bancario Nacional, la realización de planes
especiales para la mejor organización, extensión y uso del crédito agrícola;





16) Aprobar la adjudicación de tierras para otorgar los respectivos títulos;





17) Elaborar los proyectos de ley que estime necesarios para el mejor y más rápido logro de los
objetivos de esta ley;





18) Dictar, reformar, derogar e interpretar, para su aplicación, los reglamentos de servicio del
Instituto, los que tendrán plena validez al ser publicados por éste en el diario oficial;





19) Ordenar la realización de los estudios y el levantamientos de los inventarios que estimare
convenientes, de las tierras del Estado: 20) Ordenar un estudio de las fincas inscritas en el país
con una cabida superior a mil hectáreas, con el fin de constatar si las cabidas inscritas
corresponden a las cantidades de tierra poseídas en la realidad.





Comprobado cualquier exceso se procederá de la siguiente manera:





a) Si la totalidad del inmueble estuviere cultivada o dedicada a funciones ganaderas, el propietario
tendrá derecho, con intervención del Gerente del Instituto, de rectificar en un cuarenta por ciento
(40%) su medida, mediante acta notarial inscribible en el asiento respectivo del Registro de
Propiedad;





b) Si la tierra correspondiente al exceso estuviere inculta, el Instituto dictará resolución
ordenando se inscriba a nombre del Instituto de Tierras y Colonización y lo comunicará a la
Procuraduría General de la República para que ésta, en un término de quince días, proceda a cumplir
con lo resuelto mediante protocolización e inscripción;





La posesión e inscripción de los terrenos inscritos o que se inscribieren a favor del Instituto de
Tierras y Colonización, según el presente artículo, se mantendrán hasta tanto no se decida en
sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada, en caso de contención sobre dicha
inscripción o posesión.





( Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 5110 del 10 de noviembre 1972 ).





 





21) Someter a juicio o fuera de él, los derechos del Instituto; transigir a someter arbitraje los
litigios que tuviere y dar los poderes que estimare conveniente para ellos;





22) Autorizar la adquisición, gravamen y enajenación de bienes, hasta por la suma de un millón de
colones (¢1.000,000.00), así como contratar empréstito nacionales y extranjeros. Cuando la operación
excediere de un millón de colones (¢1.000,000.00), deberá pedir autorización a la Asamblea
Legislativa;





23) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan de acuerdo con las leyes y
reglamentos pertinentes; y 24) Cooperar en la conservación y uso adecuados de los recursos naturales
renovables de la nación, regidos por leyes especiales.





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Artículo 31.- Los miembros de la Junta no podrán participar en actividades político-electorales,
salvo con la emisión de su voto o en las que sean obligatorias por ley. Esta prohibición será
aplicable a los Gerentes, Auditores y a aquellos otros funcionarios y empleados que determine la
Junta Directiva.





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Artículo 32.- La Junta Directiva nombrará, con el voto favorable de no menos de cuatro de sus
miembros, un Gerente General, un Subgerente y un Auditor. El Gerente General tendrá a su cargo la
administración del Instituto de acuerdo con la ley, los reglamentos y las instrucciones que le
imparta la Junta Directiva.





El Subgerente actuará bajo la autoridad jerárquica del Gerente y lo reemplazará en sus ausencias
temporales. Sus funciones serán las que la Junta Directiva y el Gerente lo señalen.





Los funcionarios citados en el párrafo primero de este artículo serán nombrados en sus cargos por
períodos de dos años, podrán ser reelectos, y serán responsables por su actuación ante la Junta
directiva.





 





Su remoción sólo podrá acordarse por el mismo número de votos necesarios para su nombramiento.





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Artículo 33.- El Gerente, el Subgerente y el Auditor estarán sujetos a las limitaciones que para los
miembros de la Junta Directiva establece esta ley, en cuanto les fueren aplicables.





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Artículo 34.-El Gerente, y en su defecto al Subgerente, tendrán los siguientes deberes y
atribuciones:





a) Ejercer las funciones inherentes a su condición de administrador general; vigilar la organización
y funcionamiento de todas las dependencias del Instituto, la observancia de las leyes y reglamentos
y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva. Si estimare que éstas son contrarias a
las disposiciones legales o a los intereses de la Institución, deberá dejar constancia expresa de su
opinión negativa, antes de la aprobación del acta respectiva, con lo cual quedará exento de
responsabilidad por esa causa;





b) Suministrar a la Junta Directiva la información necesaria para asegurar el bien gobierno y
dirección del Instituto;





c) Atender las relaciones del Instituto con el público y dar a la prensa las informaciones que
estime convenientes;





d) Proponer a la Junta Directiva los planes necesarios para promover la política agraria del
Instituto y alcanzar sus metas;





e) Proponer a la Junta Directiva las normas de administración necesarias para el mejor
funcionamiento del Instituto;





f) Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de presupuesto anual del
Instituto y los presupuestos extraordinarios que fueren necesarios;





g) Proponer a la Junta Directiva la creación de los departamentos, secciones y servicios que
considere necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones del Instituto;





h) Nombrar, promover y remover a los funcionarios y empleados del Instituto, excepto a los de la
Auditoría, concederles licencias e imponerles sanciones, de conformidad con los reglamentos
respectivos.





No podrá nombrar a quienes estuvieren ligados por parentesco de consanguinidad hasta tercer grado o
de afinidad hasta segundo, ambos inclusive, con él mismo, con el Subgerente o con el Auditor. No
será causal de remoción de un empleado el que con posterioridad a su designación se nombre en los
cargos mencionados a personas que tengan con él el parentesco indicado, o que llegaren a ser
parientes por afinidad de alguno de ellos;





i) Autorizar con su firma, los valores y documentos que determinen las leyes, los reglamentos del
Instituto y los acuerdos de la Junta Directiva. Los cheques deberán ser, además, refrendados por el
Auditor;





j) Resolver todos los asuntos que no estuvieren reservados a la decisión de la Junta Directiva;





k) Asistir a todas las sesiones de la Junta Directiva, en las cuales no tendrá voto.





El Subgerente y el Auditor podrán asistir a las sesiones con la misma limitación en cuanto al voto.
No obstante, estos funcionarios y el Gerente no podrán asistir a sesiones cuando se trate del
nombramiento de Gerente, Subgerente o Auditor.





Cuando lo consideren necesario, los funcionarios antes indicados tendrán derecho de hacer constar en
las actas respectivas sus opiniones sobre los asuntos que se discutan;





l) Vigilar el correcto desarrollo de la política señalada por la Junta Directiva, la realización de
los planes de trabajo y la ejecución de los presupuestos ordinarios y extraordinarios;





m) Decidir, en caso de urgencia, cualquier asunto de competencia de la Junta Directiva, o suspender
la ejecución de las resoluciones tomadas por aquélla; en ambos casos convocará a sesión
extraordinaria, a efecto de dar cuenta de lo actuado por la Gerencia;





n) Delegar sus atribuciones en otros funcionarios del Instituto, salvo cuando su intervención
personal fuere legalmente obligatoria;





o) Elaborar y presentar, a más tardar el último día de febrero, un informe de las labores y
operaciones realizadas durante el año anterior; y





p) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le corresponda, de conformidad con la ley, los
reglamentos y las disposiciones de la Junta Directiva.





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Artículo 35.- El Gerente General y el Subgerente tendrán, indistintamente, la representación
judicial y extrajudicial del Instituto, con las facultades que para los apoderados generalísimos
determina el artículo 1253 del Código Civil, sin limitación de suma.





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Artículo 36. -El Instituto tendrá un Departamento de Auditoría que ejercerá vigilancia y
fiscalización constante en todos sus departamentos, secciones y dependencias.





La Auditoría funcionará bajo la autoridad y dirección inmediata de un Auditor, quien deberá ser
Contador Público Autorizado.





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Artículo 37.- Los miembros de la Junta Directiva, el Gerente, el Subgerente y el Auditor del
Instituto que ejecutaren o permitieren operaciones que fueren contrarias a la ley o a los
reglamentos aplicables, responderán con sus bienes de la pérdidas que por tales actos se causen, sin
perjuicio de las demás penas que les correspondan.





Ficha articulo





Artículo 38.- Además de las que fije la Junta Directiva, el Auditor tendrá las siguientes funciones
y atribuciones:





a) Vigilar y fiscalizar los bienes, las operaciones, las obligaciones y el capital del Instituto;





b) Fiscalizar, en cuanto tengan relación con su cargo, todos los actos, operaciones y actividades
del Instituto, verificando la contabilidad y los inventarios; realizando arqueos y otras
comprobaciones y estados de cuenta; comprobarlos con los libros o documentos correspondientes y
certificarlos o refrendarlos cuando los encontrare correctos. Realizar los arqueos y demás
verificaciones que considere convenientes, por sí mismo o por medio de los funcionarios del
departamento, por lo menos dos veces al año, a intervalos irregulares y sin previo aviso. Estas
inspecciones, a juicio del Auditor, podrán ser parciales o generales, referirse sólo una dependencia
o a determinada clase de negocios u operaciones o abarcar todas las dependencias, negocios y
operaciones;





c) Presentar informes resumidos de sus actividades de inspección y fiscalización a la Junta, que
podrá solicitarlo, si lo creyere conveniente, el informe completo y cualquier otra información que
juzgue necesaria;





d) Comunicar al Gerente las irregularidades o infracciones que observare en las operaciones y
funcionamiento del Instituto y, en caso de que dicho funcionario no dictare en un plazo prudencial
las medidas que fueren indicadas, exponer la situación ante la Junta Directiva, proponiendo tales
medidas;





e) Hacer las sugestiones, observaciones o recomendaciones que estimare conducentes para corregir los
errores y subsanar deficiencias o irregularidades que encontrare;





f) Levantar las informaciones que le solicite la Junta, examinar libremente todos los libros y
archivos del Instituto y exigir en la forma, condiciones y plazos que él mismo determine, la
presentación de balances, estos de situación y de cuentas y demás informaciones y pormenores que
considere oportunos;





g) Delegar sus atribuciones en otros funcionarios del departamento, salvo cuando su intervención
personal fuere legalmente obligatoria; y





h) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan por ley o por reglamentos.





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Artículo 39.- El Auditor dependerá directamente de la Junta Directiva, ante la cual serán apelables
sus decisiones.





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Artículo 40.- El Gerente, el Subgerente y el Auditor, perderán el cargo si incurrieren en alguna de
las causales por las cuales un miembro de la Junta Directiva pierde el suyo.





Para demostrar la personería de cualquiera de esos tres funcionarios y la de aquellos otros que
actúen por delegación de ellos, será suficiente la cita de publicación en "La Gaceta", de su
nombramiento, aceptación y juramentación.





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 del 31 de julio de 1964 ).





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Artículo 41. -Formarán el patrimonio del Instituto de Tierras y Colonización, para los efectos de
esta ley, además del capital a que se refiere el inciso d) del artículo 8º de la Ley de Fomento
Económico, Nº 2466 de 9 de noviembre de 1959, los siguientes bienes y contribuciones:





 





a) Las reservas nacionales y tierras que el Estado le traspase, así como las que el Instituto
adquiera por medio legales, para los fines establecidos por esta ley.





Para este efecto, se faculta al Poder Ejecutivo para traspasar al Instituto, a solicitud de éste,
por medio de la Procuraduría General de la República, las tierras que se consideren necesarias para
los fines de esta ley, dentro de un término de seis meses que se contará, en cada caso, desde la
fecha en que se pida el traspaso correspondiente por el Poder Ejecutivo;





b) Los aportes adicionales que se asignen a dicho Instituto en los presupuestos ordinarios y
extraordinarios de la República;





c) Las sumas que se recauden por concepto de venta y arrendamiento de tierras y bosques;





d) DEROGADO  por el inciso r) del artículo 31 de la ley N° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributarias de 4 de julio del 2001. e) El producto de sus utilidades netas ; y





f) Lo que corresponda por el impuesto de los cigarrillos al Instituto, según la ley Nº 3021 de 21 de
agosto de 1962 (Aumento de los impuestos sobre importación de gasolina y sobre el consumo de
cerveza, refrescos y cigarrillos).





 





Toda persona física o jurídica poseedora de terrenos incultos en exceso de cien hectáreas, sujeta al
pago del impuesto creado por este artículo, deberá declarar anualmente la cantidad de tierras de su
propiedad que esté en esas condiciones. La Tributación Directa, a partir de la declaración número
treinta y dos (32), correspondiente al período de pago del impuesto sobre la renta, del 1º de
octubre de 1961 al 30 de setiembre de 1962, incluirá en las fórmulas de declaración, un nuevo cuadro
destinado específicamente a los fines de recaudación de este impuesto. Basada en tales
declaraciones, la Tributación Directa deberá emitir los recibos correspondientes, que pondrá al
cobro por medio del Banco Cajero del Estado, con todas las formalidades y requisitos que son de uso
en los demás tributos a favor del Estado. El Banco Cajero del Estado apartará en cuenta especial el
producto de este impuesto y lo girará directamente cada mes a favor del Instituto de Tierras y
Colonización.





 





El Instituto y la Tributación Directa tendrán facultades para verificar por medio de sus
funcionarios la exactitud de las declaraciones hechas por las personas sujetas al pago, y
formularios en el cuadro a que se refiere el párrafo anterior.





 





El propietario estará obligado a suministrar la información necesaria a juicio del Instituto, para
efectos de la verificación mencionada. En caso de comprobarse declaraciones falsas o que no se
ajusten a la realidad, el declarante deberá pagar el doble del impuesto a que legalmente está
obligado.





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Artículo 42.- Se considerarán exceptuados del pago del impuesto sobre tierras incultas, los terrenos
dedicados a la industria forestal, la cual merecerá el mayor apoyo y estímulo del Estado.





La Junta Directiva del Instituto calificará como industria forestal a las empresas que lo soliciten,
ante la evidencia de los programas de explotación que estén llevando a cabo o que se propongan
realizar, que se consideren convenientes para el país o para una zona suya, con vista de su
importancia técnico-económico, las mejoras hechas o por hacer en el terreno de las instalaciones
mecánicas estables, como aserraderos, edificaciones o similares, que tengan o vayan a establecerse.
Los solicitantes deberán igualmente evidenciar un interés real en la conservación y explotación
técnica racional y adecuada de los bosques, para extraerles sus maderas, por medio de rendimientos
periódicos, que los preservan o los sustituyen, en forma parcial o complementaria, con explotaciones
de carácter agrícola o ganadero de verdadera importancia económica.





 





El Instituto podrá revisar cuando lo crea conveniente la calificación que hubiere hecho, dentro de
los términos de este artículo, para cancelarla si hubieren dejado de existir las razones que
originalmente las justificaron.





 





El Instituto establecerá en el reglamento de esta ley los requisitos que debe llenar una empresa
para ser considerada industria forestal.





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Artículo 43.- El Instituto deberá preferentemente darle solución a los problemas que resulten de la
posesión en precario de tierras en todo el territorio nacional y de la posesión en la zonas de la
Milla Marítima, debiendo destinar desde el principio la mayor parte de sus recursos a esa tarea.





 





Para ese fin, desarrollará preferentemente sus programas de parcelación, colonización y organización
de cooperativas en aquellas zonas donde existen núcleos de poseedores en precario y que se
consideren aptas para ese objeto, así como en las tierras del Estado, en las reservas nacionales o
en otras propiedades que entidades públicas le traspasen con ese propósito.





 





En el caso de la Milla Marítima se respetarán los arriendos vigentes a la fecha de la promulgación
de la presente ley y los derechos adquiridos en la misma por los poseedores de buena fe, sin
prejuicio de lo que establece esta ley.





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Artículo 44.- El Instituto Geográfico de Costa Rica deberá colaborar con el Instituto de Tierras y
Colonización a efecto de que éste aproveche la experiencia y el personal adiestrado a aquél. El
Instituto de Tierras y Colonización podrá contratar con el Instituto Geográfico de Costa Rica la
ejecución de los trabajos de cartografía y derivados, que estén a su cargo en relación con los fines
de esta ley.





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Artículo 45.- El Instituto podrá solicitar, por medio del Poder Ejecutivo o directamente, según el
caso, el asesoramiento de organismos extranjeros e internacionales, oficiales o particulares, para
la mejor solución de problemas o situación relacionados con la presente ley, acerca de los cuales se
carezca de antecedentes o jurisprudencia aplicable a determinados casos.





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Artículo 46.- El Instituto, para los efectos de esta ley, formará solo o en asocio de alguna
institución docente, un centro de investigación geográfica regional, cuya finalidad será el estudio
objetivo, en el terreno, de las características de las varias zonas del país, sus problemas
agrícolas, sociales y económicos, y proponer una solución adecuada. Este centro coordinará las
actividades y aprovechará las experiencias de los organismos públicos y privados que se ocupen en
tareas relacionadas con la investigación geográfica regional.





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Artículo 47.- El Estado queda obligado a ejecutar los planos y la construcción de caminos de
penetración; asimismo el Estado dará asistencia en materias especializadas a través de los
correspondientes organismos -centralizados y autónomos-, como vivienda rural, por el Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo, fomento de la producción y garantía de precios, por el Consejo
Nacional de Producción; previsión social y salubridad a través del respectivo Ministerio; y
educación rural, por el Departamento de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería
y el Ministerio de Educación Pública.





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Artículo 48.- Todas las instituciones autónomas, municipalidades y dependencias del Estado que
tengan relación con el objeto de la presente ley, dentro de sus facultades legales y
constitucionales, deberán dar su colaboración cuando ésta les sea requerida por el Instituto de
Tierras y Colonización.





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CAPITULO IV





Parcelación de Tierras





Artículo 49.-





El Instituto podrá efectuar la parcelación de sus tierras para llenar, entre otros, los siguientes
fines inmediatos:





a) Una mejor distribución de la tierra;





b) Resolución de situaciones de hecho inconvenientes, adecuándolas a los fines de esta ley; y





c) Propósitos de colonización.





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Artículo 50.- Toda adquisición de tierras que lleve a cabo el Instituto para los fines de
parcelación o colonización establecidos en esta ley, debe estar precedida de un estudio de su
situación legal y geográfica, para lo cual se levantará el plano del terreno y se enlazará, en
posición acimut y altitud con la red de triangulación y nivelación del Instituto Geográfico; se
estudiarán, además, sus posibilidades de explotación económica y demás condiciones determinantes de
las posibilidades de orden natural y técnico de los predios. Igual estudio deberá hacerse respecto
de las tierras que el Instituto tome en arrendamiento o administración con los mismos fines.





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Artículo 51.- Los inmuebles que el Instituto adquiera, arriende o administre, para los fines del
artículo anterior, deberán ser objeto de avalúo. Los peritos nombrados al efecto tomarán en cuenta,
además de otros elementos que contribuyan a una tasación justa, los siguientes factores:





a) Clase de tierra de acuerdo con su aptitud agrícola;





b) Su productividad en función de las condiciones de explotación prevalecientes en la zona;





c) El valor declarado por el propietario o la estimación oficial hecha con propósitos fiscales, de
acuerdo con la ley;





d) El precio de adquisición de las tierras en la última trasmisión de dominio que se hubiere
realizado en un período comprendido entre los tres y los diez años que preceden al momento de la
estimación;





e) Los precios de compra de tierras similares en la propia zona; y





f) Medios de comunicación y facilidades para sacar los productos.





Ficha articulo





Artículo 52.- Para los planes de parcelación o colonización, se procurará dar preferencia a aquellas
zonas y tierras en donde existen núcleos de poseedores en precario y que se consideren aptas para el
objeto; a las tierras del Estado, a las reservas nacionales y a aquellas que las Instituciones
Autónomas, las Municipalidades y otras entidades públicas pongan, para el objeto, a disposición del
Instituto de Tierras y Colonización.





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Artículo 53.- El Sistema Bancario Nacional, las Municipalidades y las Instituciones Autónomas están
obligados a ofrecer al Instituto, con preferencia sobre cualesquiera otros compradores, las fincas
rurales que resuelvan vender. En caso de bienes adquiridos por las citadas Instituciones en o por
pago de créditos a su favor, el precio de venta para el Instituto estará determinado por el valor de
la deuda respectiva, más las costas. Si el Instituto no resolviere su compra dentro de los noventa
días siguientes, la entidad oferente podrá vender de acuerdo con sus facultades, pero el Instituto
conservará preferencia para hacer la adquisición en igualdad de circunstancias.





Para ser inscrita en el Registro de la Propiedad una escritura traslativa de dominio de las
condiciones expresadas en el presente artículo, es indispensable presentar constancia del Instituto
de haber llenado los requisitos establecidos en los párrafos anteriores.





Ficha articulo





Artículo 54.- Adquirido un terreno por el Instituto, se procederá al estudio de sus condiciones y a
su mensura para dividirlo en parcelas de área aconsejable, según la calidad de la tierra y la clase
de explotación para que sea apta, a fin de que la capacidad productiva de la parcela sea suficiente
para procurar la emancipación económica del agricultor y para contribuir eficazmente al incremento
de la producción nacional.





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Artículo 55.- Determinados la colonización, parcelación o arrendamiento de tierras, el Instituto
dará curso a las solicitudes presentadas, a fin de efectuar las adjudicaciones procedentes. Las
solicitudes podrán ser presentadas en cualquier agencia de esa Institución.





Ficha articulo





Artículo 56.- Cuando el Instituto lo considere conveniente, para el mejor cumplimiento de los fines
de esta ley, podrá explotar directamente y en forma temporal, sus propiedades, o bien darlas en
arriendo.





Ficha articulo





Artículo 57. -Como complemento de sus actividades de parcelación y colonización, el Instituto podrá,
cuando lo estime conveniente y previa consulta con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,
construir viviendas en las zonas rurales, como una contribución más al mejoramiento de las
condiciones de vida del campo.





Ficha articulo





Artículo 58.- El valor base de las parcelas o extensiones adicionales otorgadas a título oneroso,
será la parte proporcional correspondiente del costo de adquisición de las tierras por hectáreas y
de las obras y mejoras efectuadas en la parcela, así como los gastos de financiación de la
producción, durante el primer año, que deberá suministrar el Instituto.





En ningún caso se cargará a los parceleros el costo de las obras destinadas a los servicios públicos
en los centros agrarios, tales como carreteras, caminos de penetración, y otros de carácter general,
excepto cuando dichas obras han sido construidas por el Instituto.





En atención a la función social de la propiedad de la tierra, cuando se trate de parcelas otorgadas
a título oneroso que resulten muy costosas por estar ubicadas en regiones en donde el valor
comercial de la tierra sea muy alto, el precio de venta de aquéllas podrá ser menor, según el
estudio agro-económico que haga el Instituto.





Los intereses que se cobren no podrán ser superiores a un tanto por ciento que cubra los gastos de
administración.





Ficha articulo





Artículo 59.-La cuota anual de amortización será igual al resultado de la división del precio de la
parcela por veinticinco. Dichas cuotas se comenzarán a pagar cinco años después de haber recibido el
adjudicatario su parcela.





El Instituto hará lo posible porque la cuota anual de amortización no sea mayor del cinco por ciento
de la producción de la parcela, estimada según los promedios en cada zona. Cuando la cosecha de un
año fuere mala por razones ajenas a la voluntad del adjudicatario, el Instituto deberá hacer las
adecuaciones de plazo necesarias.





(NOTA: En relación al presente numeral, el artículo 8º de la ley Nº 3478 de 23 de diciembre de 1964
dispone que al adjudicar parcelas, sea en Bataán o en cualquier otro plan de parcelación y
colonización, la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización podrá fijar, en cada caso,
la forma de pago, habida cuenta de la productividad de la tierra y de la capacidad económica del
colono o parcelero).





Ficha articulo





Artículo 60.- El cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario de todas las
obligaciones en la explotación de la parcela, con la obtención, a juicio del Instituto, de un nivel
superior al promedio de productividad anual fijado previamente, le dará derecho a un crédito
adicional del 25% del concedido en el año anterior, siempre que fuera para utilizarlo en el aumento
de la producción agrícola.





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Artículo 61.- El Instituto, en sus operaciones, dará preferencia a aquellos parceleros que acepten
su plan de ahorro y, de éstos, a quienes formen una cooperativa.





Ficha articulo





Artículo 62.- Toda solicitud para adquisición de parcelas deberá contener, como mínimo, los
siguientes datos:





a) Nombre, apellidos, calidades y vecindario del solicitante, así como las obligaciones crediticias
a su cargo;





b) Nombre, apellidos y calidades de los hijos que convivan con él;





c) Capacidad técnica y experiencia en trabajos agrarios del solicitante y de los hijos que convivan
con él; actividades a que se han dedicado y resultados obtenidos en ellas.





El solicitante debe comprometerse a trabajar la parcela personalmente y con sus descendientes, hasta
el segundo grado de consanguinidad, y que vivan con él, siempre que estén en condiciones físicas de
hacerlo.





Debe declarar, bajo la fe del juramento, que carece de tierras o que son insuficientes las que
posea.





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Artículo 63.-Entre los aspirantes que llenen los requisitos a que se refiere el artículo anterior,
se establecerá la siguiente prelación:





1) Los arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes que estén cultivando las tierras objeto de la
adjudicación, así como los obreros agrícolas (jornaleros) de las mismas;





2) Los campesinos residentes en la región en donde estén ubicadas las tierras objeto de distribución
y que carezcan de ellas o que cultiven un área que no constituya una unidad económica de explotación
familiar;





3) Los campesinos de otras regiones, prefiriéndose los de las vecinas, que se encuentren en las
mismas condiciones estipuladas en el inciso trasanterior;





4) Cualquiera otra persona que formulare la correspondiente solicitud, prefiriéndose a aquélla que
demostrare tener experiencia o conocimiento en materia agrícola.





En igualdad de condiciones, se preferirá a los padres de familia que tengan más hijos o más personas
a su cargo.





Los mayores de dieciocho años se considerarán personas capaces a los efectos de la dotación y
administración de parcelas y de concesiones de créditos.





 





Tendrán prelación especial los arrendatarios, aparceros, colonos, ocupantes y trabajadores agrícolas
en general que hubieren sido desalojados de las tierras que van a ser objeto de dotación, o que
estuvieren pendientes de desalojo.





 





También tendrán prelación especial, dentro de la clasificación anterior, todos los grupos de
agricultores que se organicen en cooperativas.





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Artículo 64.- No se adjudicará más de una parcela a cada beneficiario. Dentro de los límites y
condiciones fijados por esta ley, la parcela puede ser mayor o menor, según el número de hijos y de
personas que estén a cargo del adjudicatario.





Los adquirentes deberán comprometerse a cumplir las instrucciones que les imparta el Instituto para
su explotación.





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Artículo 65.- Una vez acordada la adjudicación de las parcelas por venta, el Instituto expedirá a
favor del ocupante un título de Posesión Provisional en que consten sus derechos y obligaciones.





Si el ocupante ha cultivado el mínimo señalado por el Instituto y cumplido a satisfacción de éste
todas las demás obligaciones, tendrá derecho a que se le otorgue título de propiedad, garantizando
el pago con hipoteca de su parcela.





Ficha articulo





Artículo 66.- El incumplimiento de las obligaciones impuestas al ocupante de una parcela, causará, a
juicio del Instituto, la pérdida del derecho sobre la misma.





En el caso de dictarse una resolución en tal sentido, que requerirá cuatro votos conformes de la
Junta Directiva, la parcela volverá al dominio del Instituto con toda su dotación, reconociéndole
éste al parcelero el valor de las mejoras necesarias o útiles que hubiere hecho de su peculio.





Ficha articulo





Artículo 67.- El beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio ni gravarlo, arrendarlo o
subdividirlo sin autorización del Instituto, excepto que hayan transcurrido quince años desde la
adquisición de la parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo estuvieren canceladas.





Tampoco podrá, sin esa autorización y durante el mismo término, gravar las cosechas, semillas,
animales, enseres, útiles o equipos necesarios para la explotación de la parcela, a menos que todas
sus obligaciones con el Instituto estuvieren canceladas. Para autorizar el gravamen del inmueble se
requieren cuatro votos conformes de la Junta Directiva. Será absolutamente nulo cualquier contrato
que se celebre sin que se cumplan las disposiciones anteriores.





 





Transcurridos los quince años y adquirido el derecho de propiedad, cualquier enajenación de parcela
que, a juicio del Instituto, pueda producir la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad,
dará derecho a éste para adquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta por el precio que fijen
los peritos nombrados por las partes, o por un tercero, en caso de discordia. Este tercer perito
será nombrado por los otros dos expertos. El Registro Público tomará nota de las limitaciones a que
se refiere este artículo.





Ficha articulo





Artículo 68- En el contrato que se realice con la persona parcelera y en el título que se le
entregue, se harán constar las estipulaciones siguientes:





(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 341 inciso 2) del Código Procesal Agrario, N°
9609 del 27 de setiembre de 2018)





1) Que antes de haber cancelado sus obligaciones con el Instituto, el parcelero no podrá traspasar
el dominio de su predio, gravarlo, arrendarlo, subdividirlo, ni gravar las cosechas, semillas,
animales, enseres, útiles o equipos necesarios para la explotación de la parcela, sin autorización
del Instituto;





2) Que después de haberterminado sus obligaciones con el Instituto, cualquier enajenación de parcela
que, a juicio de esa Institución, pueda producir la concentración o subdivisión excesiva de la
propiedad, dará derecho al Instituto para readquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta, por
el precio que fijen los peritos nombrados de conformidad con las disposiciones de esta ley;





3) Que las parcelas, cosechas, semillas, animales, enseres, útiles y equipo necesario para la
explotación de las parcelas no podrán ser objeto de medidas judiciales, preventivas o de ejecución,
por personas terceras o acreedoras, antes de que las parceleras hayan cancelado sus obligaciones con
el Instituto, salvo que tales acreedoras lo sean por haber suplido créditos debidamente autorizados
por este.





(Así reformado el inciso anterior por el artículo 341 inciso 2) del Código Procesal Agrario, N° 9609
del 27 de setiembre de 2018)





4) Que el Instituto deberá, de conformidad con el procedimiento estipulado en el Capítulo de
Tribunales de Tierras, revocar o extinguir la adjudicación por los siguientes motivos:





a) Por destinar la parcela a fines distintos de los previstos en la presente ley;





b) Por el abandono injustificado de la parcela o de la familia. En este último caso, el Instituto le
adjudicará la parcela a la esposa, a la o las personas que hayan convivido permanentemente con el
parcelero y que demuestren mayor capacidad, siempre que reunan las condiciones estipuladas en el
artículo 62;





c) Por negligencia o ineptitud manifiesta del adjudicatario en la explotación de la parcela o
conservación de las construcciones, mejoras o elementos de trabajo que se le hayan confiado o
pertenezcan a la organización;





d) Por comprobarse la explotación indirecta de la explotación, salvo las excepciones contempladas;





e) Por incumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones de pago contraídas con el
Instituto; y





f) Por falta reiterada a las normas legales para la conservación de los recursos naturales.





 





Con excepción del caso b) y antes de la revocatoria o extinción del derecho, debe proceder una
amonestación que no haya sido atendida por el adjudicatario.





Ficha articulo





Artículo 69.- Con el objeto de garantizar la integridad de la parcela, en caso de fallecimiento del
parcelero o colono antes de haberse producido las condiciones que señala el artículo 67, el
Instituto, después de aprobarlo, autorizará el traspaso del contrato de adjudicación, dentro del
siguiente orden de precedencia:





a) Al heredero designado por el causante, que reuna las condiciones exigidas por esta ley y sus
reglamentos;





b) A los herederos que reuniendo las mismas condiciones, se comprometan a continuar en conjunto la
explotación de la parcela, como unidad económica familiar; y





c) Al heredero que designen los demás coherederos por convenio privado, y en caso de no haberlo, al
que el Instituto estime idóneo para la adjudicación.





Si no hubiere heredero capaz en los términos de esta ley y sus reglamentos, o si el presunto
adjudicatario no pudiere garantizar el pago del haber sucesorio que por razón de la parcela pudiere
corresponder a los otros herederos, el Instituto podrá adjudicarse judicialmente la parcela,
depositando a la orden de la sucesión el valor del inmueble dado por el perito de la mortual, con
deducción de las deudas que el causante tuviera con el Instituto.





El Instituto de Desarrollo Rural (*) deberá considerar las directrices definidas por la Ley de
Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos, para valorar la adquisición y adjudicación de
terrenos. Es obligación suya disponer de estudios de capacidad de uso de la tierra, antes de
adquirirla, para fines de titulación.





(*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012,
"Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y
Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")





Toda adjudicación de terrenos deberá limitarse a que la utilización del terreno adjudicado no pueda
ir en contra de la capacidad de uso del terreno. El incumplimiento de esta disposición acarreará la
revocatoria de la adjudicación.





(Así adicionados estos dos párrafos finales por el artículo 64 de la Ley de Uso y Conservación de
Suelos No.7779 de 30 de abril de 1998)





Ficha articulo





Artículo 70.- El Instituto, los Ministerios de Obras Públicas, Salubridad y Educación,
preferentemente, la Caja Costarricense de Seguro Social, Municipalidades y demás Instituciones
Autónomas afines, quedan facultadas para completar las dotaciones de tierras con la construcción de
obras de vialidad, riego, saneamiento, asistencia médica, centros hospitalarios, vivienda, educación
y otros servicios comunes.





Ficha articulo





Artículo 71.- En cada centro agrario se crearán grupos de estudios agropecuarios y las escuelas
establecidas destinarán capítulo importante a la formación de trabajadores agrícolas aptos para
llenar sus funciones orientadas hacia los objetivos de la presente ley, insistiendo,
fundamentalmente, en los beneficios del cooperativismo.





Ficha articulo





Artículo 72.- Como medio de mejorar la economía campesina, se pueden organizar las parcelas en forma
de granjas mixtas, por lo que el Instituto proporcionará a los beneficiarios, como ayuda de
instalación, los medios para adquirir en cantidades adecuadas los ganados, aves de corral, y otras
clases de animales que favorezcan la realización de este fin.





Ficha articulo





Artículo 73.- Se establecerán potreros comunales para el pastoreo de los ganados de los campesinos
cuando sea necesario.





Ficha articulo





Artículo 74.- En las zonas donde ocurra sequía, ningún particular podrá alegar derecho de propiedad
sobre las fuentes de agua que deban servir de abrevadero a los ganados, cuando éstas constituyan el
único recurso hídrigo del lugar. Esta fuentes deberán ser clasificadas por el Instituto,
pertenecerán al Estado, y se destinarán siempre al servicio gratuito del ganado de los campesinos
del lugar. Si para ello fuere necesario expropiar propiedades o establecer servidumbres sobre
predios de particulares, el Instituto indemnizará a éstos equitativamente, conforme a la ley.





Ficha articulo





Artículo 75.- El Instituto, de acuerdo con los organismos pertinentes, velará por el
acondicionamiento de las comunidades o familias indígenas, de conformidad con el espíritu de esta
ley. No se declarará que las extensas zonas donde estas comunidades viven aisladamente, pertenecen
exclusivamente a ellas, pero sí se tratará de reunir a todas estas comunidades, formando un solo
centro agrario,en la zona que el Instituto considere adecuada y para lo cual se hará uso del área de
terreno que sea necesaria.





Ficha articulo





Artículo 76.- A título gratuito y en propiedad, se entregarán a las familias indígenas parcelas que
el Instituto señale como mínimo indispensable para satisfacer las necesidades de las mismas, y
explotables por ese grupo, sin necesidad de trabajadores asalariados.





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Artículo 77.- Los beneficiarios de las parcelas a que se refiere el artículo trasanterior, podrán
solicitar posteriormente del Instituto, la adquisición, por compra, de extensiones adicionales de
tierra, siempre que con ellas no se exceda el límite legal, que se demuestre que es insuficiente la
parcela original para dar los rendimientos económicos requeridos para el mantenimiento de la
familia, y que tiene explotada racionalmente la parcela poseída.





Ficha articulo





Artículo 78.- A las familias indígenas que sean trasladadas a otras zonas de conformidad con los
artículos precedentes, el Instituto las indemnizará en los daños que pudiera ocasionarles.





Ficha articulo





Artículo 79.- A efecto de otorgar parcelas a comunidades o familias indígenas, el Instituto no
esperará solicitudes, sino que enviará delegados a esas zonas a ofrecerles parcelas y a exponer
planes de trabajo, cuando éstos estén debidamente confeccionados y el Instituto en condiciones de
realizarlos.





Ficha articulo





Artículo 80.- El Instituto considerará la solución del problema indígena de gran importancia y
urgencia.





De ser necesario, por el exceso de población o por las diferentes costumbres, podrá formar varios
centros agrarios, pero tratando de que estén cerca unos de otros.





Ficha articulo





Artículo 81.- Los parceleros están exentos del pago de todo impuesto con motivo de las parcelas,
adjudicación de créditos y demás operaciones que para tales fines realicen.





Ficha articulo





CAPITULO V





Colonización





Artículo 82.- Por colonización se entenderá, para los efectos de esta ley, el conjunto de medidas a
adoptarse para promover una racional subdivisión y aprovechamiento de la tierra por grupos de
agricultores, a quienes se procurará dar adecuada asistencia técnica y financiera, de acuerdo con
las posibilidades del Instituto.





Ficha articulo





Artículo 83.- Las colonias podrán proyectarse con las limitaciones establecidas en esta ley, para
los siguientes regímenes de tenencia:





a) En propiedad;





b) En arrendamiento a precio fijo, con opción de compra o sin ella;





c) En aparcería a precio proporcional al producto de la explotación, con opción de compra o sin
ella; y





d) En usufructo a largo plazo o vitalicio, y a precio fijo proporcional al producto de la
explotación.





Las diferentes modalidades de colonización señaladas, podrán ser objeto de traslación o combinación
y constituirán fases de un proceso encaminado a asegurar la mayor independencia económica del
trabajador rural, dentro de un espíritu de cooperación del Estado con éste, y de dichos trabajadores
entre sí y todo de acuerdo con las necesidades y posibilidades económicas y sociales del país y de
cada zona.





Los detalles en las distintas modalidades de colonización serán previstos en la reglamentación de
esta ley, donde se podrá completar la integración de comisiones consultivas que estudien los
aspectos del plan de colonización de desarrollar, o de las tierras seleccionadas para tal finalidad.





Ficha articulo





Artículo 84.- El Instituto establecerá colonias solamente en aquellos casos en que pueda ofrecer a
los colonos, ya sea en forma directa, por medio del Sistema Bancario Nacional o por otras fuentes,
la financiación adecuada para su conveniente instalación. Los centros, unidades o colonias se
regirán por reglamentos que dictará el Instituto.





Ficha articulo





Artículo 85.- El Instituto creará todas las colonias que sean necesarias, según sus posibilidades
económicas, en todo el territorio nacional, adaptando su estructura y objetivos a las condiciones de
las respectivas zonas.





El Instituto no dará su aprobación para la fundación de una colonia, hasta no tener a mano estudios
que determinen probabilidades de éxito.





Ficha articulo





Artículo 86.- Durante todo el tiempo que se estime conveniente, en cada colonia se establecerá una
administración permanente, encargada de la dirección de los trabajos, entrega de parcelas,
orientación de los colonos, y, en general, de todas aquellas actividades necesarias para el cumplido
desenvolvimiento de una colonización. El administrador o director será preferentemente un Ingeniero
Agrónomo.





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Artículo 87.- En todo proyecto de colonización, se reservarán las áreas requeridas para el
establecimiento y desarrollo de las poblaciones, de los servicios públicos y demás necesidades de la
colonia, así como también para la defensa de los suelos, las aguas, el bosque y demás recursos
naturales, y que prescriban, tanto las leyes y reglamentos, como las disposiciones especiales del
Instituto.





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Artículo 88.- Todo proyecto de parcelación privada requerirá ser aprobado previamente por el
Instituto, para gozar de los beneficios que esta ley establece para la parcelación y colonización
oficiales.





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Artículo 89.- En todo lo que no se opusieren, serán aplicados a la colonización los principios que
corresponden a la parcelación.





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Artículo 90.- El Instituto deberá asumir, cuando esté en condiciones de hacerlo, la jurisdicción
sobre las colonias creadas por el Estado que estén actualmente bajo su cuidado, control o dirección,
y les dará la organización que considere más adecuada dentro de las disposiciones legales bajo cuyo
imperio fueron establecidas. Ello, no obstante, el Instituto procurará, dentro de sus facultades o
por medio de acuerdo con los colonos, adaptarlas a las normas de esta ley.





Asimismo, queda a cargo del Instituto, la vigilancia del cumplimiento de los contratos con el Estado
mediante los cuales hayan sido establecidas colonias de carácter semi-oficial o particular. Cuando a
su juicio hubiere incumplimiento de parte de los concesionarios, recomendará la rescisión o
resolución del contrato, según corresponda, si no fuere posible un entendimiento con los colonos o
con sus representantes legales.





 





Los organismos delEstado encargados por leyes o contratos de autorizar las inscripciones de parcelas
de colonias, deberán oir previamente por treinta días al Instituto.





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Artículo 91.- Las actuales empresas de colonización informarán al Instituto acerca de sus contratos
con el Estado y presentarán, anualmente, una relación de sus actividades en los aspectos legales,
agrícolas, económicos y sociales.





El Instituto revisará tales contratos y solicitará la adecuación de los mismos a los principios
generales de la presente ley. Pagará con bonos los daños que pueda ocasionar tal revisión.





Las citadas empresas de colonización, están obligadas a solicitar al Instituto instructores para que
les den cursos de cooperativismo agrario.





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CAPITULO VI





Regulación de Conflictos entre Propietarios y Poseedores en Precario





Artículo 92.-El Instituto es el organismo facultado para intervenir en todos los casos de posesión
precaria de tierras, y procurará encontrarles solución satisfactoria, de acuerdo con las
disposiciones establecidas por esta ley.





Para los efectos de esta ley se entenderá que es poseedor en precario todo aquel que por necesidad
realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e
ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para
su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en
el Registro Público.





 





Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones enunciadas en el párrafo
anterior, podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo establecido en esta ley y por el
procedimiento de información posesoria; pero una vez involucrados en la resolución de un conflicto
motivado por la posesión precaria de tierras, quedarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 101 de esta ley; los que no tuvieren la posesión decenal, reclamarán sus derechos
conforme a las disposiciones de este Capítulo.





 





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 del 31 de julio de 1964 ).





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Artículo 93.- Para todos los efectos legales se respetarán los derechos de posesión adquiridos hasta
la creación del Instituto, conforme al artículo 13 vigente de la llamada Ley de Ocupantes Nº 88 de
14 de julio de 1942; y con el objeto de dar mayores facilidades de crédito, de acuerdo con el
espíritu y letra de esta ley, a quienes hayan convalidado jurídicamente su posesión, y de acuerdo
con la intención de la ley Nº 1921 de 5 de agosto de 1955, refórmase el artículo 14 de la Ley de
Informaciones Posesorias, Nº 139 de 14 de julio de 1941, para que se lea así:





"Artículo 14.-





Las informaciones posesorias y rectificaciones de medida, como medio de adquirir la propiedad,
quedan definitivamente consolidadas por el transcurso de tres años, que se contarán a partir del día
de la inscripción del respectivo título en el Registro Público, ya que se limita a ese plazo la
prescripción negativa de la acción del tercero a quien esto pueda afectar.





Sin embargo, las informaciones posesorias y rectificaciones de medida, se consideran consolidadas
después de tres años, contados a partir del día de inscripción del respectivo título en el Registro
Público, únicamente para el efecto de solicitar y obtener préstamos de los organismos del Sistema
Bancario Nacional y otras Instituciones Autónomas del Estado.





Sin perjuicio de los derechos de los Bancos y otras instituciones como acreedores hipotecarios, en
los casos en que prosperen acciones reivindicatorias sobre los títulos emanados en informaciones
posesorias o en rectificaciones de medida, los reivindicantes deberán hacerse cargo de pagar en los
mismos términos y condiciones, los créditos que hubieren sido obtenidos por los titulantes en
hipoteca sobre las propiedades reivindicadas, y los reivindicantes se subrogarán los derechos de los
acreedores hipotecarios, para ejercitarlos en contra de los titulantes vencidos. No obstante, éstos
no reembolsarán aquellas sumas que demuestren haber invertido en mejoras estables de las propiedades
hipotecadas. En cada uno de estos casos, la Institución acreedora deberá enviar a la autoridad que
conozca del asunto, copia de los documentos que obren en su poder acerca de la forma en que se
invirtió el préstamo, si para ello fuere requerida.





 





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 del 31 de julio de 1964 ).





 





( NOTA: El artículo 14 de la Ley de Informaciones Posesorias a que este artículo se refiere -
modificado posteriormente - es el actual 16 de la misma ).





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Artículo 94.-La solución de los conflictos derivados de la posesión precaria de tierras, se buscará
fundamentalmente a través de contratos directos de compra-venta entre el propietario y los
ocupantes, con intervención del Instituto, y en la forma en que se indica en los artículos
siguientes.





Previamente al establecimiento de una acción judicial cualquiera en que pueda estar comprendido un
problema de posesión precaria de tierras, los propietarios deberán presentar su reclamo ante el
Instituto, conforme a los procedimientos mencionados en este Capítulo. Transcurridos tres meses a
partir del recibo de la gestión respectiva sin que el Instituto haya declarado la existencia de un
conflicto de posesión de tierras, o un año desde esa declaratoria, sin que el conflicto haya sido
solucionado, se tendrá por agotado el procedimiento administrativo, y los accionantes podrán
dirigirse a los Tribunales. No obstante lo anterior, cualquiera de los interesados podrá solicitar
al Juez o Alcalde de la Jurisdicción en que esté situada la finca, que lleve a cabo una inspección
ocular, con citación de partes, para comprobar cualesquiera hechos o señales que pudieren variar o
desaparecer con el tiempo. Mientras el asunto esté en el Instituto, no correrá el término de la
prescripción para ninguna de las partes.





Solucionado el conflicto por el Instituto, con la conformidad de quien sea propietario, u ordenada
la expropiación por el Poder Ejecutivo, aquel carecerá de toda acción judicial, sea agraria o penal,
contra las personas poseedoras en calidad de tales. Caso contrario, quienes sean ocupantes quedarán
expuestos a las sanciones legales comunes que puedan proceder.





(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 341 inciso 2) del Código Procesal Agrario, N°
9609 del 27 de setiembre de 2018)





Los escritos presentados por las partes ante el Instituto, en diligencias de solución de conflictos
de posesión precaria de tierras y otras relacionadas con cuestiones agrarias, estarán exentas de
autenticación y del uso de especies fiscales.





 





(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964).





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Artículo 95- Para acogerse a las disposiciones de la presente ley, la persona propietaria de un
inmueble o quienes sean ocupantes en precario, deberá dirigirse por escrito al Instituto formulando
la consiguiente solicitud, e indicando con claridad el nombre, los apellidos, las calidades y el
domicilio de la propietaria y del mayor número de ocupantes, así como la descripción y la ubicación
de la finca, y si está total o parcialmente ocupada.





Una vez que el Instituto intervenga en la solución del conflicto suscitado entre la propietaria de
un inmueble y las personas poseedoras en precario, podrá gestionar ante el juzgado agrario
competente que ordene la anotación del conflicto al margen de la finca en el Registro Público, con
el fin de que esa anotación afecte a terceras personas que quieran adquirir, hipotecar, arrendar o
celebrar cualquier contratación sobre la finca anotada.





La anotación se hará por medio de mandamiento que el juzgado agrario expedirá a favor del Instituto,
y quien adquiera la finca así anotada tomará el expediente tramitado en el Instituto en el estado en
que se encuentre.





 (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 341 inciso 2) del Código Procesal Agrario, N°
9609 del 27 de setiembre de 2018)





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Artículo 96.- Una vez recibida la solicitud, el Instituto pedirá a el o los interesados, los datos
adicionales que considere necesarios, tales como cargas reales que soporta la finca, número y
extensión aproximados de los lotes ocupados, actos, tiempo y forma de posesión de los ocupantes,
valor aproximado de la finca total y de los lotes ocupados en particular, constancia de los valores
de la finca declarados en la Tributación Directa durante los diez años anteriores a la presentación
de la solicitud, constancia de que el ocupante no es propietario de bienes inscritos con una cabida
mayor de cien hectáreas y de que no ha adquirido parcela alguna al amparo de la ley Nº 88 de 14 de
julio de 1942.





El Instituto podrá, cuando lo juzgue conveniente, obtener por su propia cuenta, total o
parcialmente, la información a que el párrafo anterior se refiere; podrá, asimismo, hacer las
investigaciones que considere necesarias para corroborar o ampliar los datos que le hayan sido
suministrados.





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Artículo 97.- El Instituto contará, para hacer las investigaciones a que se refiere el último
párrafo del artículo anterior, con la colaboración que obligadamente le dará los propios
interesados, los funcionarios y los empleados del Gobierno, municipales y de las otras Instituciones
del Estado.





Las personas encargadas por el Instituto para desempeñar estas funciones o cualesquiera otras
relacionadas con esta ley, tendrán libre acceso a los terrenos afectados, vecinos u otros si fuere
necesario para que llenen su cometido.





 





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).





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Artículo 98.- Obtenidas las referencias a que se contraen los artículos anteriores, el Instituto
convocará a propietarios y ocupantes a una comparecencia, con el objeto de promover un arreglo
directo entre las partes a base de la compra-venta de las parcelas ocupadas, en las condiciones
mínimas de pago que más adelante se dirán.





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Artículo 99.- Si no se pudiere llegar a un arreglo entre propietarios y ocupantes, el Instituto
realizará un avalúo de los terrenos ocupados, en el que se indicará el valor total del inmueble y el
de las parcelas ocupadas, en la forma más práctica y conveniente.





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).





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Artículo 100.- El avalúo de las parcelas ocupadas no comprenderá de ningún modo, desde luego, el
valor de las construcciones, cultivos y demás mejoras que fueren propiedad de los ocupantes. Si se
tratare de valorar parcelas localizadas en terrenos adquiridos al amparo de la ley Nº 88 de 14 de
julio de 1942, el perito tomará en cuenta, para los efectos de su avalúo, solamente el precio de
adquisición, más el valor de las mejoras útiles que el propietario hubiere introducido a la finca.





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Artículo 101.- No se incluirán en el avalúo ni se pagarán, las parcelas respecto de las cuales deba
admitirse como procedente la excepción de prescripción positiva. Estarán en este caso aquéllas
poseídas en forma continua, pública y pacífica por más de diez años, ya sea que la posesión haya
sido ejercida directamente por el ocupante o por sus transmitentes. Es decir, que para los efectos
de la prescripción positiva de que este artículo trata, no será necesario el título traslativo de
dominio que exige el Código Civil.





Para el caso en que fuere necesario expropiar la finca ocupada, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 105 y 152 de esta ley, los poseedores que se encontraren en la situación contemplada en el
párrafo primero de este artículo, podrán demostrar en las mismas diligencias de expropiación y
mediante el trámite de incidentes, la posesión decenal.





 





Declarada por los Tribunales dicha posesión, las parcelas respectivas no se tomarán en cuenta para
los efectos de la indemnización correspondiente y el Instituto las adjudicará de acuerdo con los
principios establecidos en el Capítulo de parcelaciones en lo que fuere procedente, cobrando al
poseedor únicamente los gastos que demanden la medida, adjudicación y titulación.





 





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).





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Artículo 102.- Efectuado el avalúo, el Instituto lo someterá a consideración de los interesados y
los requerirá para que manifiesten, dentro del término de quince días hábiles, a partir de la
notificación, si lo aprueban o si están dispuestos a vender o a comprar en su caso el inmueble o
parte del mismo por el precio fijado, a efecto de que se otorgue la escritura correspondiente.





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).





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Artículo 103.-Si el propietario o alguno de los ocupantes manifestaren su desacuerdo con el avalúo
realizado por el Instituto, éste pedirá a la Tributación Directa que, por medio de su cuerpo de
peritos valuadores, proceda a hacer un nuevo avalúo del total o de la porción respectiva, según sea
el caso, dentro de las condiciones estipuladas en la presente ley, cuyo resultado se someterá a
consideración de las partes a efecto de que manifiesten, dentro de los ocho días hábiles siguientes,
si están de acuerdo en comprar o en vender en su caso, el inmueble o parte del mismo, por el precio
fijado.





El avalúo que efectúe la Tributación Directa deberá ser entregado al Instituto a más tardar veinte
días hábiles después de haber sido enviado el caso a su consideración y el Instituto de inmediato,
lo someterá a conocimiento de las partes.





 





Si el propietario o los ocupantes no estuvieren de acuerdo con el avalúo realizado por el cuerpo de
peritos de la Tributación Directa, podrán recurrir del mismo, para ante el Tribunal Fiscal
Administrativo, dentro del término de quince días hábiles, a partir de la notificación respectiva.





 





El Tribunal Fiscal Administrativo deberá entregar su informe al Instituto a más tardar diez días
hábiles después de haber sido sometido el negocio a su consideración. Lo resuelto en este caso por
el Tribunal, no da por agotada la vía administrativa.





 





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).





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Artículo 104.- Si el propietario estuviere de acuerdo con el avalúo hecho en definitiva por el
Tribunal Fiscal Administrativo, los ocupantes deberán obligadamente someterse al mismo, para lo cual
contarán con un plazo de quince días hábiles a partir del recibo de la comunicación que les haga el
Instituto, para que se presenten a formalizar las negociación.





Si los ocupantes se negaren a aceptar el precio fijado en definitiva de conformidad con los
artículos 99 y siguientes de esta ley, que haya sido aceptado por el propietario, quedarán sujetos a
las disposiciones legales comunes.





 





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).





Ficha articulo





Artículo 105.- Cuando el propietario de la finca no aceptare el avalúo del Tribunal Fiscal
Administrativo a que hace referencia el artículo anterior, el Instituto podrá gestionar la
expropiación parcial o total de la finca afectada, y una vez efectuada la expropiación, hará las
adjudicaciones que considere necesarias para la resolución del conflicto, de acuerdo con los
principios establecidos en el Capítulo de Parcelaciones en lo que fuere procedente.





Cuando se expropiare un inmueble, conforme está indicado en el párrafo anterior, el avalúo realizado
de conformidad con los artículos 103 y 104 de esta ley, sustituirá para todos los efectos legales,
el exigido en el artículo 2º de la ley Nº 1371(*) de 10 de noviembre de 1951.





 





En toda expropiación que se realice al amparo de esta ley, tocará al propietario cubrir de su cuenta
los gastos que demande el nombramiento del perito valuador que le correponde, pero el Juez, al fijar
los honorarios correspondientes, no se sujetará a la tarifa señalada en el artículo 4º de la ley Nº
1371(*).





 





El Instituto mantendrá un registro de esta clase de documentos, que tendrá fe pública.





 





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).





(*) La Ley Nº 1371 de cita fue derogada por el artículo 64 de la Ley de





 





Expropiaciones Nº 7495 de 3 de mayo de 1995, reguladora actual de dicha materia y a la que, en lo
pertinente, deben ajustarse los procedimientos expropiatorios prescritos en la presente ley.





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Artículo 106.- Previos los estudios de carácter económico-agrario que en cada caso habrá de hacer el
Instituto, éste fijará las condiciones a las cuales deberán sujetarse los contratos de compra-venta
de parcelas a que se refieren los artículos 94 y siguientes de esta ley, observando los requisitos
mínimos que a continuación se dan:





a) El ocupante dispondrá de un plazo no menor de diez años, ni mayor de veinte, para amortizar la
deuda contraída con el propietario, por la compra de la respectiva parcela o parcelas;





b) El ocupante otorgará al propietario hipoteca sobre su o sus parcelas. Sin embargo, si el ocupante
obtuviere con alguna institución del Estado un crédito a largo plazo para pagar parcialmente el
valor de la o las parcelas, el propietario, en tal caso, tendrá que ceder su derecho de primera
hipoteca a la Institución que otorgue el crédito, pasando el propietario a segundo lugar, por el
resto de la deuda. El propietario podrá oponerse a tal concesión, únicamente si estuviere dispuesto
a ofrecer al ocupante, las mismas facilidades de pago de la institución prestataria; y





c) El tipo de interés será el legal, y el pago de las amortizaciones a la deuda, conjuntamente con
los intereses, lo hará el ocupante en cuotas fijas iguales, anuales, semestrales o trimestrales.





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Artículo 107.- El Sistema Bancario Nacional, el Consejo Nacional de Producción, el Ministerio de
Agricultura y las demás instituciones del Estado en capacidad de hacerlo, darán a los ocupantes en
precario que en virtud de la aplicación de esta ley adquieran en propiedad sus parcelas, la máxima
asistencia económica y técnica para poner en buen pie de producción sus tierras.





Ficha articulo





Artículo 108.- Los propietarios o poseedores en precario que habiendo iniciado gestiones judiciales
al amparo de la ley Nº 88 de 14 de julio de 1942, y cuyos procedimientos no hubieren alcanzado
sentencia firme, o sea la resolución que habría de fijar el tanto a indemnizar al propietario,
estarán sujetos a los procedimientos señalados en esta ley.





Ficha articulo





Artículo 109.- Si de conformidad con la Ley Nº 88 de 14 de julio de 1942, existiere sentencia firme
que fijara la suma a indemnizar al propietario de terrenos ocupados por poseedores en precario, el
Estado pagará a los actuales propietarios de los derechos a aplicar en los baldíos nacionales, el
tanto aplicado, con bonos, en la forma que se indica en los artículos siguientes.





Ficha articulo





Artículo 110.- El propietario de los derechos a aplicar, se dirigirá al Ministerio de Economía y
Hacienda, aportando certificación del Juzgado de que le pertenecen los derechos y de que se
encuentran libres de todo gravamen, y además, las pruebas pertinentes, a juicio del Ministerio, a
fin de que el Estado le pague tales derechos.





 





El Ministerio de Economía y Hacienda pedirá su opinión legal a la Procuraduría General de la
República respecto de cada reclamo que se presente. La Procuraduría, previamente a pronunciarse,
hará un estudio del expediente que dio origen a los derechos, y aconsejará al Ministerio lo que
considere más conveniente a los intereses del Estado, o procederá a establecer las acciones
judiciales pertinentes para comprobar la legitimidad de la causa originaria de esos derechos.





Ficha articulo





Artículo 111.- No obstante lo dicho en los artículos anteriores, el Estado establecerá, por conducto
de la Procuraduría General de la República, todas las acciones civiles o penales que estime
convenientes, para recuperar las propiedades, el valor de los pagos hechos y resarcirse de los daños
y perjuicios que, con la aplicación indebida de la ley Nº 88 de 14 de julio de 1942, o con los
abusos cometidos al amparo de la misma, se le hayan irrogado.





Ficha articulo





Artículo 112.- Sin perjuicio de lo dispuesto por esta ley, los propietarios de derechos a aplicar en
baldíos nacionales que hubieren gestionado la respectiva aplicación sin haber obtenido sentencia
firme a su favor, podrán acogerse a los preceptos que se señalan a continuación, siempre que reúnan
los siguientes requisitos:





a) Que actualmente estén cultivando, en forma directa o por su cuenta, los terrenos que en el
expediente de aplicación habían solicitado;





b) Que esos terrenos no comprenden baldíos declarados inalienables o destinados a un fin especial; y





c) Que su aplicación se hubiere iniciado antes de la promulgación de la ley Nº 1294 de 1º de junio
de 1951.





Ficha articulo





Artículo 113.- El propietario de los derechos a que se refiere el artículo anterior se dirigirá por
escrito al Instituto, pidiendo que se le otorgue el correspondiente título de propiedad, a efecto de
lo cual tendrá un término de seis meses, contados a partir de la vigencia de esta ley.





Ficha articulo





Artículo 114.- Con la solicitud que formule, el interesado deberá acompañar los siguientes
documentos y datos:





a) Certificación del Juzgado de que es propietario de derechos para aplicar en baldíos nacionales de
conformidad con la ley Nº 88 de 14 de julio de 1942, y de que están libres de todo gravamen, con
indicación de monto a su favor;





b) Certificación o constancia del Juzgado de la fecha en que inició las diligencias de aplicación y
de que las respectivas gestiones no alcanzaron sentencia firme, indicándose la razón de esta última
circunstancia;





c) Clase y extensión de los cultivos existentes en el terreno y fecha de su iniciación, e indicación
de las construcciones y demás mejoras realizadas;





d) Naturaleza, situación y superficie del terreno; medida lineal de los frentes a las calles
públicas y linderos, con indicación de los nombres, apellidos y domicilio de los colindantes;





e) Plano, con demarcación de las áreas cultivadas; y





f) Cualesquiera otras indicaciones que el Instituto estime convenientes.





Ficha articulo





Artículo 115.-El Instituto, una vez en poder de la solicitud a que se refiere el artículo anterior,
hará los estudios pertinentes y fijará el precio por hectárea, para cuyo efecto no tomará en cuenta
las mejoras existentes.





Ficha articulo





Artículo 116.- Si el gestionante aceptare el precio fijado y la extensión del terreno que puede
inscribirse a su nombre, el Instituto solicitará al Poder Ejecutivo que comisione al Procurador
General de la República para que, en representación del Estado, proceda al otorgamiento ante notario
de la escritura de traspaso, a nombre del Estado y a favor del interesado, con cargo a los derechos
de aplicación que tuviere. El Registro inscribirá, individualizada, esa parte de las reservas
nacionales.





Ficha articulo





Artículo 117.- Los derechos que le sobraren al gestionante, después de haber recibido el traspaso de
la finca a que se refiere el artículo anterior, le serán cubiertos conforme a lo previsto en los
artículos 108 y siguientes de esta ley.





Ficha articulo





Artículo 118.- Si el valor de la finca fuere mayor que el monto de los derechos del gestionante, se
le traspasará únicamente la superficie que resulte cubierta con aquéllos, localizada de acuerdo con
el interesado. El resto continuará como reserva nacional, sin que el Estado adquiera por ello
obligación indemnizatoria por razón de mejoras o de cualquier otra causa.





Ficha articulo





Artículo 119.- El Instituto podrá autorizar el traspaso al gestionante de aquella extensión de
terreno que juzgue necesaria para constituir una unidad económica familiar, aún cuando no estuviere
totalmente sometida a explotación agrícola.





Ficha articulo





Artículo 120.- Si el interesado no estuviere de acuerdo con el precio fijado o con la extensión
asignada de terreno, sólo podrá pedir entonces que se le paguen sus derechos conforme a los
procedimientos establecidos en los artículos 108 y siguientes de esta ley.





Ficha articulo





Artículo 121.- Los propietarios de derechos a que se refiere el artículo 109 que no presentaren la
gestión de que habla el artículo 112, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley,
sólo podrán pedir el pago de sus derechos en bonos y sus derechos prescribirán totalmente en un
plazo de dos años, a contar de la misma fecha. Los terrenos ocupados continuarán como reservas
nacionales, sin que el Estado adquiera por ello obligación indemnizatoria por razón de mejoras o de
cualquier otra causa.





Ficha articulo





Artículo 122.- Mientras no hayan transcurrido diez años, los terrenos que en virtud de esta ley
adquieran los propietarios de derechos a aplicar, sólo podrán ser vendidos, gravados, arrendados o
subdivididos, con la aprobación previa del Instituto. Además, el Instituto, en caso de venta, tendrá
prioridad.





Ficha articulo





Artículo 123.-Todo poseedor en precario que al amparo de la ley Nº 88 de 14 de julio de 1942 y como
consecuencia de sentencia firme dictada en intercambio de tierras con base en la misma ley, hubiere
resultado adjudicatario de una parcela que considerare no haber sido localizada o deslindada en el
terreno, podrá pedir al Instituto que ordene el levantamiento del plano y amojonamiento respectivos
comprobando por medio de certificación del Juzgado y de la autoridad política del lugar, su
condición de ocupante y su efectiva posesión de lote adjudicado en el intercambio. El Instituto
examinará la solicitud y pruebas presentadas, así como cualesquiera otras que estimare oportunas, y
siendo satisfactorias ordenará el levantamiento del plano y deslinde solicitado, con cobro del valor
del trabajo al propietario o a quien corresponda. Si por el contrario, resultare que en el
intercambio se procedió con error de hecho o de derecho, o con violación de las leyes o deberes de
los funcionarios, el Instituto pondrá el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la
República para que estudie el caso y para que, si lo estimare procedente, establezca las acciones
pertinentes con arreglo a la ley.





Ficha articulo





Artículo 124.-La posesión ininterrumpida, pacífica y como dueño, por diez años o más, contados con
posterioridad a la vigencia de la Ley Nº 88 de 14 de julio de 1942, dará derecho a que se declare
con lugar, en favor del adjudicatario demandado de conformidad con el artículo 123, la excepción de
prescripción positiva, y a que éste se acoja a la ley respectiva para inscribir su derecho.





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).





Ficha articulo





Artículo 125.- El Juez a cuyo cargo estuvo el conocimiento de las diligencias de intercambio de
tierras establecidas al amparo de la ley Nº 88 antes citada, declarará de oficio la deserción en
aquellas que hubieren sido abandonadas por más de seis meses antes de entrar en vigencia la ley Nº
1294 de 1º de junio de 1951.





Ficha articulo





Artículo 126.-Si hubiere necesidad de levantar un plano de la finca ocupada, a ello procederá el
Instituto en la forma prescrita anteriormente para todo levantamiento. En dicho plano se demarcarán
las parcelas ocupadas y el resto de la finca. El ingeniero encargado de practicar la medida, hará
constar en su informe si tanto el dueño como los ocupantes están de acuerdo en cuanto a la extensión
de los terrenos ocupados. Si el dueño alegare que el resto de la finca tiene mayor cabida que la
indicada en el Registro, deberá hacerse constar esa circunstancia a costa del propietario.





Mas si los terrenos ocupados o el inmueble donde se encuentran, colindan con reservas nacionales o
terrenos devueltos al Estado por canje de tierras o cualesquiera otras causas, la medida del resto,
junto con la de las porciones ocupadas, no podrán sobrepasar la que el Registro indicare, salvo que
la división entre el inmueble y dichos terrenos del Estado, indicada en las inscripciones originales
del Registro, fuere un lindero natural, tal como un río, confluencias de ríos, quebradas, cerros,
lomas, etc. La rectificación o inscripción del resto se hará sin perjuicio de terceros de mejor
derecho.





 





El valor de la medida lo cargará el Instituto proporcionalmente a cada uno de los interesados. Sin
embargo, en casos muy especiales, el Instituto podrá acordar por su cuenta el pago total o parcial
de ella.





Ficha articulo





Artículo 127.- Cuando el Instituto intervenga en la solución de conflictos suscitados entre
propietarios y poseedores en precario, dará preferencia a los casos de poseedores que carecían de
tierras y de recursos económicos antes de la ocupación, y cuyo único medio de vida siga siendo la
explotación de la parcela por ellos ocupada.





Ficha articulo





Artículo 128.- Facúltase al Sistema Bancario Nacional y a las otras instituciones de crédito, de
seguros y de fomento de la producción para que, con arreglo a sus leyes orgánicas, y previa consulta
al Instituto, proporcionen ayuda económica a los poseedores en precario que se hubieren acogido a
las disposiciones de esta ley.





Ficha articulo





Artículo 129.- Será rechazada toda acusación o denuncia por usurpación o daños que establezca el
propietario contra los ocupantes de terrenos que no estén bien deslindados por cercas o carriles de
un ancho mínimo de tres metros, que indiquen con claridad el perímetro del inmueble; quedan a salvo
las acciones civiles que tuviere el dueño. El Instituto será parte en toda información posesoria que
se tramite ante los Tribunales, así como en los expedientes en que se discutan derechos sobre
terrenos no inscritos. Si en un negocio judicial relacionado con terrenos rurales apareciere
implicado un problema de posesión precaria de tierras, el Juez o Alcalde, de oficio o a petición de
parte o del Instituto, podrá tener a éste como parte en el asunto.





La resolución sobre este particular será apelable en un solo efecto.





 





En casos urgentes el Instituto podrá presentar sus gestiones ante cualquier Tribunal de la
República, con ruego, que el Tribunal no podrá desatender, de que éste las trasmita
telegráficamente, indicando en términos generales el contenido del escrito, a la oficina donde
radique el juicio, sin perjuicio de que el original lo remita por las vías normales para ser
incorporado al expediente. El Tribunal a quo actuará con vista del mensaje telegráfico.





 





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).





Ficha articulo





Artículo 130.- Las fincas que mediante esta ley adquieran los poseedores en precario, sea por compra
directa al propietario o a través del Instituto, serán adjudicadas en lo procedente, siguiendo los
principios señalados para la parcelación y colonización. Sin embargo, cuando por cualquier motivo se
adjudicare una parcela que ya esté en explotación, se faculta al Instituto para modificar la forma
de pago establecida en el artículo 59 de esta ley, tomando en consideración la productividad de la
tierra y la capacidad de pago del agricultor.





(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 3336 de 31 de julio de 1964).





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Artículo 131.- El Instituto podrá aplicar soluciones distintas al sistema de compra-venta, cuando
fuere conveniente.





Las normas de este capítulo no serán aplicadas al precarista que lo hubiere sido anteriormente y que
estuviere en posesión de su parcela anterior o se comprobare que la traspasó. Quien estuviere en tal
condición no podrá, por ningún motivo ser reconocido como poseedor en precario.





 





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).





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CAPITULO VII





Crédito Agrario





Artículo 132.- Para el cumplimiento de los fines de la presente ley, el Instituto coordinará su
política con la del crédito rural a cargo de los Bancos del Estado, que se aplicará preferentemente:





a) A los arrendatarios, subarrendatarios, obreros agrícolas y aparceros que deseen adquirir una
propiedad rural. Se le dará preferencia a la que estén trabajando personalmente, de acuerdo con lo
estipulado en esta ley;





b) A los poseedores y pequeños y medianos propietarios rurales, para la explotación racional de su
empresa o para ampliar sus parcelas; y





c) A los parceleros y colonos.





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Artículo 133.- El Estado está en la obligación de suministrar, por medio de los organismos del
Sistema Bancario Nacional y dentro de las posibilidades de éstos, ayuda técnica y económica a los
agricultores que:





a) Se comprometan a destinar el producto de los créditos a la explotación eficiente de la tierra en
forma tal que los factores de producción se apliquen eficazmente en ella, de acuerdo con la zona
donde se encuentren y con sus propias características;





b) Soliciten esa asistencia para cultivar predios que no constituyen un latifundio o un minifundio;





c) Se comprometan a cumplir con las disposiciones vigentes sobre conservación de recursos naturales;





d) Han acatado las normas jurídicas que regulan el trabajo asalariado, las demás relaciones de
trabajo en el campo y los contratos agrícolas en las condiciones que señala la ley; y





e) Han inscrito el predio en el Catastro y en el Registro de la Propiedad.





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Artículo 134.- Como principio fundamental de una bien entendida seguridad rural, el crédito que se
otorgue a los campesinos debe tener una definida orientación.





El Instituto está obligado a hacer los estudios necesarios del suelo costarricense, dividiendo el
país en zonas de producción. Los resultados de esta investigación serán comunicados al Sistema
Bancario Nacional para efectos de la mayor orientación y planificación del crédito rural.





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Artículo 135.-El servicio de crédito agrícola se orientará por las normas siguientes:





a) Se consideran sujetos con derecho a estos créditos, fundamentalmente, las cooperativas agrícolas
o pecuarias debidamente constituidas, los pequeños y medianos agricultores, sean o no beneficiarios
de dotaciones realizadas de acuerdo con esta ley, y las colonias formadas con base en leyes
especiales.





Tendrán igualmente carácter de sujetos con derecho al crédito y a la asistencia técnica del Estado,
las empresas comunitarias de autogestión campesina agrícolas y pecuarias por pequeños productores
que, por reunir los requisitos mínimos de organización conforme a los respectivos reglamentos, hayan
sido reconocidos por el Instituto y se encuentren debidamente inscritos en el Registro que al efecto
llevará esa Institución. Dichas empresas contarán con personalidad jurídica y podrán celebrar toda
clase de contratos y actos necesarios para el cumplimiento de sus fines, con las condiciones y
limitaciones legales y reglamentarias que les fueren aplicables.





 





(Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 5496 de 30 de marzo de 1974).





 





b) La concesión de estos créditos será oportuna y con un plazo adecuado a la capacidad productiva de
la explotación; y





 





c) Los créditos no podrán devengar un interés mayor anual, para las cooperativas, del 6%; para los
pequeños propietarios, colonos y empresas comunitarias de autogestión campesina agrícola y pecuarias
del 8% anual.





 





(Así reformado por el artículo 3º de la ley Nº 5496 de 30 de marzo de 1974).





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Artículo 136.- Los créditos responderán a los siguientes principios de planificación:





a) Atención del cultivo de producto o a la cría de ganado, adecuados a la zona, según clasificación
hecha por el Instituto;





b) Para cubrir los gastos de vida de las familias campesinas, adquisición de ganado menor y aves de
corral, semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, preparación de la tierra, siembras,
cultivo, cosechas, seguros y pequeñas reparaciones;





c) Crédito complementario para atender gastos urgentes e inaplazables en la vida familiar del
campesino, que se estimará en relación a la necesidad y posibilidad de pago del solicitante;





d) Créditos para mejorar mobiliarios destinados a la adquisición de maquinaria, útiles, aperos de
labranza y animales de labor, para ceba, producción o recría;





e) Créditos para el beneficio, conservación y transformación de los frutos y las operaciones
destinadas a mejorar la calidad de los mismos;





f) Créditos de rehabilitación que se otorgarán a quien, por causa ajena a su voluntad o fuerza
mayor, no hubiere cancelado su deuda;





g) Créditos para mejoras permanentes, como la construcción de viviendas, silos, caminos, drenajes,
riego, conservación de recursos, reforestación, plantación de frutales y otros permanentes,
construcción de cercas, aguadas y pozos, y siembras de pastos artificiales; y





h) Cualesquiera otros tipos de crédito necesarios para la producción agropecuaria.





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Artículo 137.- Los pequeños y medianos pescadores serán igualmente beneficiarios, individual o
colectivamente, de los servicios de crédito a que se contrae este Capítulo y de conformidad con el
espíritu de esta ley.





Tendrán prelación los que se organicen en cooperativas.





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Artículo 138.- En las condiciones estipuladas, los créditos los concederá tanto el Banco Nacional
como todos los que formen el Sistema Bancario Nacional, la Caja Costarricense de Seguro Social y el
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, los cuales quedan autorizados para acordar préstamos a
títulos hipotecarios hasta del 75% del valor venal de la propiedad, y con plazos hasta de 25 años.





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Artículo 139.- Facúltase al Sistema Bancario Nacional para otorgar créditos a los adjudicatarios,
parceleros, colonos, arrendatarios y otros beneficiarios, distando a la compra o dotación de las
parcelas adquiridas por compra al Instituto, ya se trate de parcelaciones hechas en fincas
previamente sometidas a dominio privado o en las reservas nacionales.





También se le autoriza para acordar préstamos con garantía hipotecaria de segundo grado, y siempre
que el Instituto tenga la primera hipoteca hasta del 75% de la diferencia entre el valor venal de la
propiedad y lo adeudado al Instituto. Lo mismo se podrá hacer sobre las propiedades ya libres en
poder de los adjudicatarios y los plazos podrán extenderse hasta 25 años.





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Artículo 140.- El Instituto realizará las operaciones de crédito que fueren necesarias para el
desarrollo de las actividades relacionadas con esta ley, y otorgará, en la medida de su posibilidad,
facilidades de crédito a los parceleros, colonos y demás agricultores comprendidos en la misma, de
acuerdo con las normas que fije la Junta Directiva. Asimismo, el Instituto podrá garantizar, ante
terceros, las obligaciones de crédito contraídas por esos agricultores.





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CAPITULO VIII





Adquisición y Expropiación de Tierras(*)





(*) Sobre expropiaciones, ver nota del artículo 152.





Artículo 141.- Todas las tierras de propiedad de una persona natural o jurídica que excedan de los
límites fijados para el latifundio, serán expropiadas para su distribución entre los campesinos y
obreros agrícolas sin tierras o con tierras insuficientes. La expropiación se hará en forma
progresiva, según las condiciones económicas del Instituto, y en las zonas que éste determine.





También procederá la expropiación del minifundio antieconómico a cuyo propietario no se le pueda
completar su parcela en la respectiva zona, y se niegue a vendérsela al Instituto.





 





No obstante lo dicho en el párrafo anterior, el Instituto no podrá expropiar al minifundista
mientras no esté en condiciones de entregarle una parcela económicamente explotable, y de prestarle
la ayuda económica y técnica adecuadas.





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Artículo 142.- Son inexpropiables los predios rústicos en cuya explotación se cumple con la función
social de la propiedad, de conformidad con lo estipulado en esta ley.





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Artículo 143.- Procederá la expropiación, cuando en el lugar de las dotaciones o en los centros
rurales o de colonias que trate de fundar o fomentar el Instituto, no existan tierras baldías, o
sean éstas insuficientes, o no sean económicamente explotables, al libre criterio del Instituto y no
se puedan adquirir, por otro medio, tierras suficientes económicamente explotables.





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Artículo 144.-La expropiación se realizará en primer lugar sobre aquellas tierras que no cumplan su
función social, en el siguiente orden de prelación:





1) Las incultas, y, entre ellas, las de mayor extensión; las explotadas indirectamente por medio de
arrendatarios, medianeros, colonos y ocupantes, y las no explotadas durante los últimos cinco años
anteriores al proceso de expropiación.





2) Las que, destinadas a parcelamientos rurales privados, colonias o asociaciones formadas con base
en leyes específicas, no hayan desarrollado dichos parcelamientos o no estén cumpliendo fielmente
con los fines prescritos en tales leyes. En estos casos, el Instituto debe salvar los derechos de
los parceleros ya establecidos; y





 





3) Las tierras de agricultura dedicadas a la ganadería.





También procederá la expropiación, sin tener en cuenta la prelación anterior, cuando no quedare otro
recurso para resolver un problema agrario de evidente gravedad. Esta situación debe probarla
previamente el Instituto.





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Artículo 145.- Si una persona es propietaria de varios inmuebles que sean objeto de expropiación,
tendrá derecho a escoger de los mismos la extensión que, según los principios establecidos en esta
ley y la zona de ubicación, le fije el Instituto.





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Artículo 146.- Los medianos y pequeños propietarios cuyos fundos hayan sido expropiados totalmente,
tendrán derecho, una vez establecida la respectiva organización agraria, a obtener en propiedad, a
título oneroso, una parcela adecuada a sus necesidades y a la zona.





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Artículo 147.- La expropiación se hará total en caso de que la parcela destruya la unidad económica
del fundo, lo inutilice o lo haga impropio para el uso a que está destinado.





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Artículo 148.- Antes de proceder a la expropiación del inmueble, el Instituto gestionará
directamente un arreglo amistoso con el propietario.





No logrado dicho arreglo en un plazo de sesenta días, contados a partir de la primera notificación,
solicitará la expropiación sin necesidad de previa declaratoria de utilidad pública, por
sobreentenderse ésta.





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Artículo 149.- Cuando sea necesario disponer, para los fines de la presente ley, tierras baldías
ocupadas por terceros que mantengan en ellas explotaciones agrícolas o pecuarias, y no se haya
logrado un acuerdo con el ocupante, se solicitará una expropiación de las obras y mejoras,
reconociéndose al ocupante el derecho de conservar una parte, la cual se fijará de acuerdo con los
planes y fines de esta ley.





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Artículo 150.- Al ocupante de tierras baldías se le aplicarán las mismas reglas relativas a la
función social de la propiedad. En el juicio de expropiación que correspondiera, siempre se le han
de pagar las mejoras y obras que tenga.





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Artículo 151.- El pago de las tierras que expropie el Instituto para los fines de esta ley, no podrá
exceder del valor de la finca declarado para fines fiscales al momento de promoverse el conflicto
ante el Instituto. En caso de no haber acuerdo de partes, el pago se hará por el precio que, dentro
del límite expresado, fije el Tribunal Fiscal Administrativo, previo informe de un perito que se
escogerá de preferencia dentro del cuerpo de peritos de la Tributación Directa.





No tomará en cuenta el Tribunal Fiscal Administrativo para fijar ese precio las mejoras que tenga el
inmueble no realizadas por el propietario.





 





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 de 31 de julio de 1964 ).





 





NOTA: Este artículo fue interpretado auténticamente por el artículo 2º de las leyes números 5052 de
17 de agosto de 1972 y 5540 de 8 de julio de 1974. No obstante, dicha interpretación fue declarada
inconstitucional por Resolución de Corte Plena de 30 de noviembre de 1976, publicada en el Boletín
Judicial Nº 55 de 19 de marzo de 1977.





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Artículo 152.- El Instituto podrá adquirir los bienes inmuebles que necesitare para el cumplimiento
de esta ley y queda autorizado, si fuere del caso, para gestionar las expropiaciones de los mismos,
de acuerdo con los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la ley Nº 1371 de 10 de noviembre de
1951(*), y pagará el valor de tales inmuebles con dinero efectivo o con bonos del Estado, de acuerdo
con su propio criterio.





(*) La Ley Nº 1371 de cita fue derogada por el artículo 64 de la Ley de Expropiaciones Nº 7495 de 3
de mayo de 1995, la cual regula actualmente todo lo relativo a dicha materia, y a la que deben
ajustarse, en lo pertinente, los procedimientos expropiatorios contenidos en la presente ley.





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Artículo 153.- Para los efectos de las expropiaciones a que se refiere el artículo anterior, se
declaran de interés público:





1) Las tierras en que estén establecidos colonos, arrendatarios, aparceros o poseedores en precario;





2) Las tierras aptas para los fines de esta ley, que a juicio del Instituto sean indispensables para
la realización de los fines de la misma;





3) Las tierras localizadas en zonas en las cuales se puedan realizar obras de riego o mejores
aprovechamientos hidráulicos; y





4) Las tierras que por razón de su tamaño, latifundio o minufundio, perjudiquen el adecuado
desarrollo económico-social de una zona.





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Artículo 154.- No serán objeto de expropiación las tierras en que existan explotaciones que por su
importancia técnica o económica, o por la magnitud de las mejoras hechas, puedan considerarse
ejemplares, o que se estime de conveniencia para el país conservar en su estado actual.





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Artículo 155.- El Instituto dará preferencia, en igualdad de condiciones, al ex propietario del
inmueble comprado o expropiado, en el momento de proceder a la adjudicación de las respectivas
parcelas.





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CAPITULO IX





Vivienda Rural





Artículo 156.- El mejoramiento de la vivienda rural es también objetivo fundamental de esta ley. El
Instituto deberá coordinar su política en ese sentido con el Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo.





La planificación de vivienda rural debe tender a evitar la dispersión de los habitantes del campo,
procurando la concentración de los mismos en centros poblados, para la mejor prestación de los
servicios públicos.





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Artículo 157.- El Instituto acogerá preferentemente las solicitudes de las cooperativas para la
construcción, ampliación o mejora de las viviendas de sus asociados.





En segundo lugar acogerá las demandas en igual sentido que presenten los pequeños y medianos
propietarios y colonos.





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Artículo 158.- En las grandes explotaciones agrícolas - que serán determinadas por el Instituto -
los patronos estarán obligados a facilitar viviendas a sus trabajadores permanentes, en los términos
y condiciones que establezca el Instituto. Para el cumplimiento de esta disposición, el Estado podrá
colaborar con la ayuda técnica y crediticia que estimare conveniente.





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Artículo 159.- En la construcción de viviendas rurales, el Instituto y los organismos afines,
procurarán que se utilice en la medida de lo posible los materiales de la región, y la mano de obra
de los propios beneficiarios.





El adjudicatario no podrá enajenar ni gravar las viviendas sin el previo consentimiento del
Instituto, el que tendrá derecho preferente de adquisición en igualdad de circunstancias.





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CAPITULO X





Contratos de Arrendamiento de Tierras y Explotaciones Forestales de las Reservas Nacionales y Fincas
del Estado





Artículo 160.- DEROGADO.





(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).





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Artículo 161.- DEROGADO.





(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).





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Artículo 162.- DEROGADO.





(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).





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Artículo 163.- DEROGADO.





(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).





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Artículo 164.- DEROGADO.





(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).





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Artículo 165.- DEROGADO.





(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).





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Artículo 166.- DEROGADO.





(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).





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Artículo 167.- DEROGADO.





(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).





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Artículo 168.- DEROGADO.





(Derogado por el artículo 109 de la ley Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969).





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CAPITULO XI





Disposiciones Finales





Artículo 169.- El Instituto podrá fomentar, establecer o participar, en aquellas industrias rurales
que contribuyan a los fines perseguidos por esta ley.





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Artículo 170.- El Instituto estudiará la posibilidad de desarrollar planes de explotación intensiva
en las tierras aledañas a los centros de población, con el fin de organizar granjas familiares. En
la realización y financiación de estos planes podrán participar las Municipalidades, o las entidades
particulares creadas al efecto, con sujeción a las disposiciones del Instituto, el cual podrá hacer
extensivos a ellas los beneficios de la presente ley.





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Artículo 171.- Queda autorizado el Instituto para que, previos los estudios conducentes, se dirija a
la Procuraduría General de la República con el objeto de que ésta, si lo estimare del caso, promueva
ante los tribunales comunes las acciones que correspondan para que el Estado recupere los excedentes
de cabida que de acuerdo con la Ley de Informaciones Posesorias, Nº 139 de 14 de julio de 1941, no
puedan inscribirse así como aquellas otras tierras que se presuman han sido adquiridas
irregularmente por particulares, cuando considere que dichas tierras son convenientes para sus
planes de parcelación o colonización.





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Artículo 172.-Las operaciones relacionadas con la adquisición de tierras por parte del Instituto,
así como las que éste haga, serán inscritas libres de toda clase de impuestos y derechos. Los
parceleros o colonos gozarán durante los cinco primeros años, a contar de la fecha de adjudicación,
de exención de todo pago de impuestos nacionales y municipales imputables a dichas tierras. Si
transcurrido ese término las parcelas no hubieren sido inscritas, los adjudicatorios pagarán al
Instituto el equivalente de los impuestos citados, y el Registro Público inscribirá como título de
propiedad una certificación debidamente autenticada, extendida por el Instituto, en que conste el
contrato de adjudicación.





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Artículo 173.- El Estado, con la aprobación del Consejo de Gobierno, podrá garantizar las
operaciones del Instituto.





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Artículo 174.- Toda persona que posea bienes inmuebles debe tener título legal que la autorice, y
está obligada a comprobarlo cuando fuere requerida a ello por la autoridad competente.





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Artículo 175.-Todo propietario de tierras colindantes con reservas nacionales está obligado a tener
cercado su inmueble, o hecha su delimitación con carriles o mojones visibles en toda la extensión de
la colindancia aludida, de modo que los mismos puedan en todo momento ser claramente reconocidos
para establecer con facilidad la línea divisoria.





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Artículo 176.-Toda enajenación, arrendamiento o concesión de derechos que haga el Instituto, lleva
implícitas las condiciones siguientes:





1) Que se hace sin perjuicio de terceros;





2) Que no queda obligado a la evicción ni al saneamiento;





3) Que el adquirente o el concesionario no podrá reclamar contra la medida o la localización que
hubiere servido de base para la enajenación, concesión o arrendamiento; y





4) Que el Estado tendrá derecho en cualquier momento a tomar hasta un 20% del área adjudicada, para
ejercitar en ella la servidumbre de tránsito necesaria para la construcción y vigilancia de toda
clase de vías de comunicación y aprovechamiento de fuerzas hidroeléctricas, así como para la
construcción y vigilancia de líneas telegráficas y telefónicas; al uso de los terrenos
indispensables para la construcción de puentes y muelles; a la extracción de materiales para esas
mismas obras; al aprovechamiento de los cursos de agua que fueren precisos para el abastecimiento de
poblaciones, abrevaderos de ganado, regadío y cualesquiera otros usos de interés general. Dichas
restricciones y cargas van aparejadas a la adjudicación, arrendamiento o concesión que se haga y el
Registro no inscribirá el título respectivo si en él no constan en forma expresa. Por el área que
tome para los fines indicados, el Estado pagará el precio original de compra y el valor de las
mejoras necesarias y útiles.





 





( NOTA: El inciso b) del artículo 7º de la ley Nº 5060 de 22 de agosto de 1972 dispone, en relación
con el presente numeral, que para la construcción de caminos públicos el Estado tendrá derecho a
utilizar, sin indemnización alguna hasta un doce por ciento (12%) del área de los terrenos que en
adelante se otorguen por el Estado o las Municipalidades a título de concesión, canje de terrenos
baldíos, aplicaciones de gracia, colonias agrícolas, adjudicación de lotes en terrenos baldíos y
todos aquellos otros derechos o concesiones que otorgue el Estado por cualquier otra causa en los
baldíos nacionales. Continúa diciendo el inciso que esta reserva se aplicará en cualquier momento a
caminos de cualquier naturaleza con un ancho no mayor de veinte metros, o al aprovechamiento de
fuerzas hidroeléctricas o para el paso de líneas telegráficas o telefónicas, para construcción de
puentes o utilización de cursos de agua que fueren necesarios para el abastecimiento de poblaciones,
abrevaderos de ganado o irrigación, o para cualquier otra finalidad de utilidad pública.





Por último, añade que tales restricciones y cargas irán aparejadas a la inscripción de la finca
afectada, quedando obligado el funcionario a quien corresponde otorgar la escritura o suscribir el
mandamiento inscribible a dejar constancia de las mismas. Advierte asímismo que el Registro Público
no inscribirá el título si en éste no constan dichas restricciones y cargas).





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Artículo 177- De las resoluciones dictadas por el Instituto a que se refiere el artículo 66, cabrá
recurso de apelación para ante el Tribunal Agrario, el que resolverá en definitiva dentro de los
quince días siguientes. 





(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 341 inciso 2) del Código Procesal Agrario, N°
9609 del 27 de setiembre de 2018)





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Artículo 178.- A aquellos agricultores que desean adquirir fincas rústicas por compra a terceros,
cuyo plan de explotación sea sometido a la consideración de un Banco, y aprobado por alguno de los
miembros del Sistema Bancario Nacional, éste podrá otorgarles préstamos con garantías hipotecarias
hasta del 75% del valor venal de la propiedad, con plazos hasta de veinte años, y de conformidad con
las demás disposiciones legales sobre la materia. En todos los casos el comprador aportará como
mínimo el 25%, así como también la diferencia que pudiera resultar entre el avalúo hecho por la
Institución Bancaria y el precio de compra.





Las propiedades para cuya compra se hagan estos préstamos, habrán de reunir las condiciones
establecidas por esta ley para el cumplimiento de sus fines de parcelación y colonización, y los
compradores deberán llenar los requisitos exigidos por la misma a los aspirantes a colonos.





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Artículo 179.- El Poder Ejecutivo y el Instituto de Tierras y Colonización, en lo que a cada uno
respecta, al reglamentar esta ley, señalarán los trámites complementarios para su debida ejecución.





( La Sala Constitucional mediante resolución N° 2063 del 14 de febrero de 2007,  estableció que este
artículo no resulta inconstitucional, en tanto ".se interprete que la potestad de emitir reglamentos
ejecutivos recae únicamente en el Poder Ejecutivo. .")





 





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Artículo 180.- Queda autorizado el Ministerio de Economía y Hacienda para exonerar de todo impuesto
las herramientas, maquinarias, implementos y cualesquiera otros materiales que utilicen las
cooperativas y los agricultores que se acojan a esta ley, para la explotación de su empresa.





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Artículo 181.- Se faculta al Banco Central de Costa Rica para que haga las gestiones conducentes a
obtener líneas de crédito hasta por la suma de veinte millones de dólares ($ 20.000,000.00), en
bancos o agencias del exterior, destinados a financiar los programas agrarios del Instituto de
Tierras y Colonización, conforme a las disposiciones de esta ley.





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Artículo 182.- Se faculta al Poder Ejecutivo para que emita bonos, en moneda nacional o extranjera,
hasta por la suma de veinte millones de dólares ($ 20.000,000.00), con un vencimiento de 20 años y
un interés del 7% anual, cuyo producto se destinará íntegramente a financiar los programas agrarios
del Instituto de Tierras y Colonización contemplados en esta ley.





Cada una de las emisiones de bonos que haga el Poder Ejecutivo de acuerdo con esta facultad, deberá
contar con la ratificación de la Asamblea Legislativa.





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Artículo 183.- El Instituto podrá vender tierras situadas en los alrededores de donde haya realizado
planes de parcelación o colonización y favorecidas con la valorización provocada por los mismos, a
efecto de recoger ahorro de parte de finqueros particulares y encauzarlo a los fines de esta ley.





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Artículo 184.- Deróganse los artículos 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48 y transitorio 6 de la Ley de
Fomento Económico, Nº 2466 de 9 de noviembre de 1959; así como las leyes Nº 13 de 6 de enero de 1939
( Ley General sobre Terrenos Baldíos ); Nº 88 de 14 de julio de 1942 ( Reglamentación de la
Adjudicación de Terrenos Baldíos), salvo para el caso previsto en el artículo transitorio 16 de esta
ley; y Nº 1294 de 1º de junio de 1951 ( Ley de Parásitos ), y, en lo que a denuncios se refiere, las
números 19 de 12 de noviembre de 1942 ( Denuncio de Terrenos en la Milla Marítima del Atlántico ) y
201 de 21 de agosto de 1943 ( Reforma a la Ley de Denuncio de Terrenos en la Milla Marítima del
Atlántico ), así como cualquiera otra disposición legal que se oponga a la ejecución de la presente.





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Artículo 185.- Esta ley es de orden público y rige desde el día de su publicación.





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DISPOSICIONES TRANSITORIAS





Transitorio.-A petición del Instituto, los Tribunales, en resolución considerada, podrán suspender
los procedimientos establecidos ya contra cualquier persona que hubiere sido declarada por el citado
organismo poseedora en precario de tierras. Dicha suspensión podrá decretarse en cualquier fase o
estado del juicio de que se trate, y por el tiempo que sea prudencialmente necesario para que el
Instituto logre una solución satisfactoria del conflicto, y podrá prorrogarse, siguiendo el mismo
procedimiento que se ha indicado.





Solucionado el conflicto en la forma que indica el párrafo tercero del artículo 94 de la presente
ley de Tierras y Colonización, el Instituto lo pondrá en conocimiento de los tribunales para que
éste declare caducas las acciones civiles y extinguidas, tanto las penales como las penas que
hubieren sido dictadas contra los poseedores en precario, en condición de tales.





Caso contrario, los propietarios podrán dirigirse de nuevo a los tribunales comunes, para lo cual no
les correrá término alguno en su contra durante la suspensión de los procedimientos ).





( Así adicionado por ley Nº 3336 del 31 de julio de 1964 ).





Artículo 1º.- Los expedientes de denuncio de tierras para fines de explotación agrícola en los
cuales el Juez hubiere extendido cédula de posesión, se seguirán tramitando de conformidad con las
normas establecidas en las leyes vigentes al momento de su iniciación.





Las solicitudes de denuncios que no hubieren alcanzado cédula de posesión, se tendrán por no
presentadas y el Juez archivará el expediente respectivo.





Igualmente, el Juez declarará de oficio la caducidad de aquellas solicitudes de denuncio que
estuvieren en el caso del artículo 35 de la Ley General de Terrenos Baldíos, Nº 13 de 10 de enero de
1939.





 





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Artículo 2º.- (Transitorio) Los terrenos que de conformidad con el artículo transitorio anterior, se
puedan inscribir en el futuro, estarán sujetos a las condiciones y obligaciones que señalaban las
leyes en virtud de las cuales fueron adquiridos.





Ficha articulo





Artículo 3º.- (Transitorio) Los contratos de arrendamiento de baldíos nacionales, de fajas de la
trocha de ferrocarril, de milla marítima y fluvial, de fincas del Estado, así como las concesiones
otorgadas para la explotación de bosques nacionales, hechos con anterioridad a la vigencia de este
ley, quedarán sujetos a las cláusulas establecidas en tales contratos o concesiones y a todas las
disposiciones legales en virtud de las cuales se otorgaron, hasta el vencimiento de sus plazos
actuales. Las renovaciones de dichos contratos o concesiones, quedarán sujetas al criterio del
Instituto, y a las nuevas normas que éste establezca.





 





Ficha articulo





Artículo 4º.- (Transitorio) Las dependencias administrativas a cuyo cuidado han estado las funciones
que por esta ley se encargan al Instituto de Tierras y Colonización, seguirán atendiéndolas hasta
tanto éste no las asuma.





Dichas dependencias le traspasarán al Instituto, cuando éste se lo solicite, los archivos, equipo y
materiales de trabajo.





 





Ficha articulo





Artículo 5º.- Suspéndense, en lo que a informaciones posesorias se refiere, los efectos de las leyes
números 19 de 12 de noviembre de 1942 y 201 de 26 de agosto de 1943, sobre denuncias e informaciones
posesorias en la Milla Marítima. Modificase el artículo 15 de la ley Nº 139 de 14 de julio de 1941
en el sentido de que la prescripción será de tres años en lugar de diez. 





( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3218 del 19 de octubre de 1963).





Ficha articulo





Artículo 6º.- (Transitorio) DEROGADO. 





(Derogado por el artículo 2º de la ley Nº 5257 del 31 de julio de 1973).





Ficha articulo





Artículo 7º.- (Transitorio) Mientras dure la suspensión de los efectos de las leyes relativas a
Informaciones Posesorias a que se hace referencia en el artículo transitorio anterior, se autoriza
al Poder Ejecutivo para conferir administrativamente título de propiedad por medio del Instituto, a
los poseedores de parcelas de baldíos nacionales y de fincas no inscritas, cuya extensión no sea
superior a cincuenta hectáreas. 





Las disposiciones de este transitorio serán aplicables únicamente a aquellas parcelas poseídas por
el actual ocupante, o por quienes le hayan antecedido en la ocupación, durante un período no menor
de 10 años, con el consentimiento tácito o expreso del Estado, y hayan sido además sometidas a
explotación agrícola o pecuaria en una proporción no menor de las dos terceras partes de su área
total.





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Artículo 8º.-(Transitorio) Para el trámite de adjudicación de parcelas conforme a lo prescrito en el
transitorio anterior, el Instituto seguirá el procedimiento de información sumaria, que incluirá una
inspección ocular de uno de los funcionarios autorizados de su departamento técnico correspondiente,
con citación previa de todos los colindantes y, cuando fuere posible, de la autoridad civil o de
policía del lugar. Las gestiones de inscripción serán publicadas por medio de edictos en el Diario
Oficial, concediéndose a los interesados un plazo de treinta días a partir de la primera
publicación, para oposiciones. Además del informe y los otros requisitos a que se refieren éste y el
transitorio anterior, es indispensable la presentación de un plano catastrado del terreno, con
indicación de la clase de cultivos o tipos de explotación a que está sometido y el área de cada uno
de ellos.





 





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Artículo 9º.- (Transitorio) El costo del plano a que se refiere el transitorio anterior, así como el
valor de los trámites de inscripción, correrán por cuenta del interesado.





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Artículo 10.- (Transitorio) Las parcelas adjudicadas en propiedad de acuerdo con las prescripciones
de los transitorios 7º y siguientes de esta ley, no podrán ser enajenadas parcial ni totalmente, ni
gravadas, ni arrendadas, sin autorización expresa del Instituto, por el término de diez años. 





Se exceptúan de la prohibición anterior las operaciones que se celebren con el Sistema Bancario
Nacional, con el Consejo Nacional de Producción, con las cooperativas de que forme parte el ocupante
y con cualesquiera otras instituciones de crédito del Estado. En caso de remate por razón de
operaciones, las restricciones a que se refiere el párrafo anterior quedarán de hecho eliminadas.





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Artículo 11.- (Transitorio) A fin de que los objetivos a que se refieren los artículos transitorio
7º y siguientes se puedan cumplir en forma más cabal, el Instituto podrá contratar por su cuenta, en
los casos en que dificultades económicas de los interesados lo requieran, y en todos aquellos otros
en que lo juzgue conveniente, tanto los trabajos de mensura y deslinde de las parcelas, como los de
notariado. Los precios a pagar por los adjudicatarios por tales servicios, no podrán ser superiores
a los que los adjudicatarios demuestren estar en capacidad de obtener mediante contratos personales
directos con profesionales del ramo respectivo. 





Los terrenos que el Estado haya adjudicado en propiedad a particulares en virtud de leyes o
contratos anteriores a la promulgación de esta ley, podrán ser enajenados, gravados y arrendados
cuando hayan transcurrido diez años desde la fecha de la adjudicación, o antes si esas leyes o
contratos lo permiten, o si el Instituto autoriza tales transacciones. 





Las disposiciones de este artículo no deben entenderse en menoscabo de otras limitaciones a la
propiedad, impuestas por esta ley.





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Artículo 12.- (Transitorio) Se autoriza al Sistema Bancario Nacional para conceder, a quienes
resulten adjudicatarios de parcelas por ejecución de los artículos transitorios 7º y siguientes de
la presente ley, crédito hipotecario con garantía de la respectiva parcela, para cubrir el costo de
los trabajos de medida y deslinde, y el valor de la escritura de traspaso. A tales créditos el
Sistema Bancario Nacional procurará dar prioridad sobre cualesquiera otros de carácter hipotecario,
excepción hecha de los créditos de producción a corto plazo.





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Artículo 13.- (Transitorio) Las disposiciones contenidas en los transitorios 7º y siguientes de esta
ley, son aplicables a los poseedores de parcelas en fincas adquiridas por el Estado para fines de
parcelación, colonización o solución de problemas de ocupantes en precario, siempre que los bienes
inscritos del ocupante, conjuntamente con la parcela a inscribir, no sumen mas de cincuenta
hectáreas.





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Artículo 14.- (Transitorio) El Instituto deberá someter a la consideración de la Asamblea
Legislativa, en el transcurso del primer año de vigencia de la presente ley, un proyecto en relación
con las leyes cuyos efectos por ésta se suspendan.





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Artículo 15.- (Transitorio) El Instituto de Tierras y Colonización, al hacer los nombramientos de
empleados del Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias, deberá nombrar a los funcionarios y
empleados del Departamento de Tierras y Bosques del Ministerio de Agricultura, para quienes no habrá
solución de continuidad en sus derechos laborales adquiridos.





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Artículo 16.- (Transitorio) Si de conformidad con la ley Nº 88 de 14 de julio de 1942 existiere
sentencia firme que adjudique a los poseedores los terrenos que a ellos corresponden, el Juez Civil
de Hacienda (debe entenderse Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda según Ley
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Nº 3667 de 12 de marzo de 1966) que conoció del
expediente de intercambio de esas tierras, extenderá la ejecutoria y adicionales a ella que fueren
necesarios, para que el Registro Público inscriba a nombre de esos poseedores, los lotes
respectivos. Asimismo queda facultado el Juez para dictar las resoluciones necesarias a fin de que
se haga esa inscripción en el Registro, haciendo en consecuencia en ellas las advertencias legales y
además las aclaraciones o rectificaciones del caso.





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Fecha de generación: 2/5/2026 15:03:43

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Land and Colonization Law (ITCO INDER)

Land and Colonization Law

(Note from Sinalevi: In accordance with Article 80 of Law No. 9036 of May 11, 2012, which Transforms the Agrarian Development Institute (IDA) into the Rural Development Institute (INDER) and Creates the Technical Secretariat for Rural Development, it was indicated that this regulation remains in force to the extent it does not contravene said law. In case of doubt between the two, the principles of Law No. 2825 shall prevail. Expressly, Chapter VI of Law No. 2825, Regulation of Conflicts between Owners and Precarious Possessors, and its related regulations, shall remain fully in force.)

(*) The following corresponds to the text published in Supplement No. 90 to La Gaceta No. 278 of December 8, 1962, ordered by virtue of the provisions of Transitional Provision II of Law 3042 of October 4, 1962.

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Purposes, Regime of Possession of Rural Real Property

Article 1.- The purpose of this law is:

1.- To determine that land ownership must be promoted for the gradual increase of its productivity and for a just distribution of its product, elevating the social condition of the peasant and making him a conscious participant in the economic-social development of the Nation;

2.- To contribute to the flourishing of republican, private, and public virtues, linking the citizen to a healthy regime of land possession;

3.- To contribute to a more just distribution of wealth;

4.- To contribute to the conservation and proper use of the Nation's renewable natural resource reserves;

5.- To avoid the concentration of national lands in the hands of those who use them for speculation or exploitation to the detriment of the Nation's interests. Lands in the hands of such interests must return to the State in the manner determined by the Constitution and the law;

6.- To determine that land must not be used for the exploitation of the agricultural worker. The State, by all means at its disposal, shall stimulate the formation of agricultural cooperatives to combine the dignity of the small property with the efficiency of the large enterprise; and

7.- To recognize, in accordance with the foregoing, the existence and legitimacy of private property.

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Article 2.- Within its limits and norms, this law guarantees:

1. The right of every individual or group of individuals forming a cooperative, who are fit for agricultural or livestock work and who lack land or possess it in insufficient quantities, to be endowed with ownership of economically exploitable lands, preferably in the areas where they work or live, and when circumstances advise it, in duly selected areas; and

2. The right of farmers to bank credit for a rational exploitation of the land.

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Article 3.- In accordance with the provisions of Article 1, the land must constitute, for the man who works it, the guarantee of his economic well-being, his freedom, and his dignity and, therefore, the basis of the well-being, freedom, and dignity of the Nation.

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Article 4.- The State is obliged to give its full support to the development of small and medium rural properties and, especially, to the promotion of agricultural cooperatives, so that they become stable, effective, and decisive in its agrarian policy.

(NOTE: Article 9 of Law No. 3478 of December 23, 1964, provides that as long as the Land and Colonization Institute owns more than 50% of the capital contributed to the agricultural production cooperative to be organized in the Bataán colony, the appointment and removal of the manager of that cooperative shall correspond to the Institute's Board of Directors, which may also provide that the cooperative's Board of Directors have a majority of directors appointed by the Institute. It adds that the provisions of this article shall also apply to any other cooperative sponsored by the Institute in the future).

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Article 5.- The Land and Colonization Institute shall endeavor to avoid minifundios (minifundios) and the agriculturally irrational fragmentation of rural property. To that end, it shall propose the pertinent legal measures to the Legislative Assembly.

Likewise, the Institute shall study the possibility of substituting, in accordance with the principles and norms of this law, through legislative means, indirect forms of land exploitation.

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Article 6.- Every person has the right to denounce or inform the corresponding body of the existence of land whose exploitation does not fulfill the social function of property.

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CHAPTER II

Agricultural Property of the State

Article 7.- As long as the State, by its own will or at the indication of the Ministry of Agriculture or the Land and Colonization Institute, for reasons of national convenience, does not determine which lands must remain under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession, except those that are under private domain with legitimate title:

a) REPEALED. (Repealed by Article 1 of Law No. 5385 of October 30, 1973).

b) Those comprised within a maritime-terrestrial zone two hundred meters wide along the coasts of both seas, from the ordinary high-water mark, as well as those comprised within a zone fifty meters wide along both banks of navigable rivers;

(NOTE: This subsection, in its first part, was tacitly reformed by Law No. 6043 of March 2, 1977 - Law on the Maritime Terrestrial Zone - in its Articles 9 to 25, as were the lands of the islands referred to in the following subsection c)).

c) The lands of the islands, those situated on the banks of rivers, streams, and, in general, all sources that are in watersheds or basins where springs (manantiales) originate, or where any watercourses used to supply a population have their origins or headwaters, or that it is convenient to reserve for the same purpose. On flat or gently sloping lands, a strip two hundred meters wide on each side of said rivers, springs (manantiales), or streams shall be considered inalienable; and in watersheds or basins, a strip of land three hundred meters wide on each side of the maximum depression, along the entire line, measured from the nearest highest elevation;

d) The lands comprised on both banks of the Banano River, ten kilometers upstream, in an extension of five hundred meters on each side, thus protecting the sources that supply or may supply the Limón pipeline in the future;

e) A zone of a two-kilometer radius, centered on the crater or main summit, around the Barba, Poás, Arenal, Cerro Chato, Tenorio, Santa María, and Rincón de la Vieja volcanoes; a strip two kilometers wide on each side of the ridge formed by the various peaks of Miravalles; the zone on the Irazú and Turrialba volcanoes starting from 3,000 meters of altitude towards the summit; the páramos of the Talamanca Mountain Range starting from 3,000 meters of altitude towards the summit; a zone of a three-kilometer radius centered on the summit of Cerro Dúrika; the savannas around Cerro Chirripó Grande above 3,000 meters of altitude; a strip two kilometers wide on each side of the Mountain Range between the Zurquí and Hondura Hills. The Institute shall opportunely create other forest reserves that shall also serve as a sanctuary or refuge for wild animal life and in which hunting in any form shall be prohibited;

f) Those comprised within a zone 2,000 meters wide along the borders with Nicaragua and with Panama;

g) The lands indispensable for the utilization of hydraulic forces;

h) The lands that flood during the rainy season or as a consequence of river overflow and that retain water during the summer, usable as a watering place (abrevadero), when such lands constitute the only water resource of the place usable as a watering place (abrevadero) for the livestock of local residents. If, for this use, it is necessary to establish easements (servidumbres) on private properties, the Institute shall equitably compensate the owners thereof; and i) All those lands that have been declared non-denounceable or inalienable by previous legal provisions.

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Article 8.- Except for the cases provided for in this law, it is forbidden for private parties to enclose with fences, lanes, or any other means, the lands declared national reserves; to clear forests, establish constructions and crops, or extract from them firewood, timber, lianas, palm, or other products for exploitation purposes. Any act of this kind, if the legal procedures have not been previously completed and the corresponding authorization obtained, shall be considered, as the case may be, as usurpation of public domain or as trespassing, and the authorities must order the destruction and removal of the fences and prevent the use of these lands, without entitlement to compensation or claims for the value of improvements (mejoras) and without prejudice to other liabilities that may apply to those who incur such offenses.

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Article 9.- Navigable rivers shall be considered those that can be navigated, at any time of the year, with or without the aid of the tide, by regular coastal vessels between seaports and river ports. Among the rivers that flow into Lake Nicaragua, those that can be navigated by regular coastal vessels between lake ports and river ports shall be considered navigable. For the purposes of this law, the navigability of a river may be extended by improvements introduced by man, such as dredging, locks, dams, and similar works.

The National Geographic Institute (IGN), after investigations to determine the length of navigation and its upstream limit, shall present a report to the Executive Branch so that the corresponding decree may be issued.

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Article 10.- REPEALED.

(Repealed by Article 1 of Law No. 5385 of October 30, 1973).

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Article 11.- Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves:

a) All lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, or property of the Municipalities or Autonomous Institutions;

b) Those not protected by ten-year possession;

c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and

d) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services.

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Article 12.- The following are allocated to the purposes of this law:

a) Lands considered as national reserves;

b) Rustic estates of the private domain of the State;

c) Rustic estates belonging to Municipalities and Autonomous Institutions; and

d) Rural real estate that comes into the possession of the State due to and as a consequence of illicit enrichment against the public interest.

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Article 13.- The real estate allocated in accordance with this Chapter shall be transferred free of charge to the Land and Colonization Institute.

Both the Executive Branch and the Managers of the Autonomous Institutions and Municipal Presidents are especially authorized to make these transfers.

The cited entities, with the exception of the Land and Colonization Institute itself, may not alienate, encumber, or lease the allocated lands.

Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs, the Executive Branch may require the Institute to transfer ownership of those lands that are indispensable for the construction of works or the installation of public services other than those contemplated in this law, as well as those that are included in contracts signed by said Branch and ratified by the Legislative Assembly.

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Article 14.- REPEALED.

(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969)

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CHAPTER III (*)

Land and Colonization Institute

Patrimony, Administration, Duties, and Powers

(*) NOTE: This chapter was tacitly reformed by the Law for the Transformation of ITCO into the Rural Development Institute (INDER)(**), No. 6735 of March 29, 1982, with the exception of subsections d) and f) of Article 41, which remain in force in accordance with Laws No. 7018 of December 20, 1985 (Article 14, subsection 22) and No. 7174 of June 28, 1990 (Article 87, subsection b).

(**) (Its name modified by Article 14 of Law No. 9036 of May 11, 2012, "Transforms the Agrarian Development Institute (IDA) into the Rural Development Institute (INDER) and Creates the Technical Secretariat for Rural Development")

Previously, this Chapter had been tacitly reformed in everything related to the composition of the Board of Directors as well as the appointments of manager and auditor, by Laws Nos. 4646 of October 20, 1970 (Articles 5, 6, and 7) and 5507 of April 19, 1974 (Articles 3 and 6).

Article 15.- To fulfill the norms and achieve the objectives of this law, its reforms, and other related laws, the Land and Colonization Institute is created as an autonomous institution of public law, with its own legal personality and patrimony, and independence in matters of government and administration.

Its functioning shall adhere exclusively to the norms of Article 188 of the Political Constitution, those of this law, its reforms, related laws, and internal regulations.

Its legal domicile shall be the city of San José, without prejudice to its ability to establish offices in other places in the country.

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Article 16.- The Institute shall have the capacity to buy, sell, and lease movable and immovable property, securities, and enterprises within the purposes of its creation; to lend, finance, and mortgage, and to carry out any other form of commercial and legal management necessary for the performance of its mission, within the standard contracting norms that its financial situation permits, without incurring undue risks for the stability of the institution. In cases where there is more than one possible offer capable of fulfilling the objectives pursued for a specific purpose, the public bidding (licitación) procedure shall be followed. The purchases, sales, and leases of lands shall be considered ordinary traffic operations of the Institute, for the purposes of Article 110 of the Law of the Financial Administration of the Republic.

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Article 17.- The following benefits are granted to the Institute:

a) Exemption from all types of taxes, direct or indirect, national or municipal, present or future;

b) Exemption from the use of sealed paper, revenue stamps, and Registration fees. This benefit shall also extend to private parties regarding those contracts they enter into with the Institute;

c) Unseizability of its goods, deposits, funds, and revenues;

d) Postal and telegraphic franking privilege; and

e) Exemption from posting cost bonds and from making deposits to guarantee prejudgment attachments (embargos preventivos).

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Article 18.- The Institute shall function under the superior direction of the Board of Directors, composed of five members designated as follows: the Minister of Agriculture and Livestock, as an ex-officio member; two representatives of legally constituted agricultural cooperatives and peasant communities; and two members who shall be persons of recognized capacity in the matter, who must be Costa Ricans by birth or naturalization, with no less than ten years of residence in the country, all chosen by the Government Council. In cases of justified absence, the Minister may delegate to a representative of the same Ministry, at his choice, who must be sworn in at the same time as the incumbent.

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Article 19.- Those who are related to each other by consanguinity up to the third degree, or by affinity up to the second degree inclusive, may not form part of the Board of Directors. Excepted from this provision is any relationship that may exist with the Minister of Agriculture and Livestock, when his appointment is subsequent to that of his relative who is a member of the Board of Directors.

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Article 20.- With the exception of the Minister of Agriculture and Livestock, who shall be a member of the Board of Directors by virtue of his office, the other members shall be appointed for terms of four years. Their appointments must be made within the four months following the eighth of May, when the President of the Republic takes office.

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Article 21.- The members of the Board of Directors shall be irremovable during the term for which they were appointed. However, a person shall cease to be a member if:

a) They infringe any of the provisions contained in the laws, decrees, or regulations applicable to the Institute;

b) They incur liability for fraudulent or illegal acts or operations. In the event of an order of detention and prosecution (auto de prisión) issued against a member of the Board of Directors, said member shall, at the discretion of the Government Council, be suspended from their duties until a final judgment is issued to resolve definitively;

c) They lose Costa Rican citizenship, the capacity for the office, or come to be in one of the prohibitions or incompatibilities referred to in this law;

(NOTE: in accordance with Law No. 7514 of June 6, 1995, which reformed Article 16 of the Political Constitution, Costa Rican citizenship is not lost and is irrevocable)

d) They leave the country without authorization from the Board of Directors, which in no case may grant it for more than six months;

e) They have, without justified cause, in the judgment of the Board of Directors, failed to attend three consecutive ordinary sessions;

f) Due to physical incapacity, they have been unable to perform their duties for six months;

g) They resign from their office;

h) They are dismissed by the Government Council for proven improper conduct, through an expediente created for that purpose; and i) They are proven to be the owner of lands that do not fulfill the social function of property, under the provisions of this law.

In all cases indicated, the Board of Directors shall report to the Government Council, so that it may determine whether a declaration of separation is warranted. When a vacancy occurs, the appointment of the substitute shall be made within one month, and the appointed person shall serve for the remainder of the legal term.

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Article 22.- Ceasing to be a member of the Board of Directors, whether due to the expiration of the term or for any other cause, does not release the persons who held the office from the legal liabilities they may have incurred during their term.

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Article 23.- The Board of Directors shall exercise its functions with absolute independence and under its exclusive responsibility, within the norms established by the Political Constitution, the laws, the regulations, and the applicable technical principles.

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Article 24.- The members of the Board of Directors shall be personally and jointly liable for resolutions voted in opposition to the applicable laws and regulations.

Exempt from this liability are the members absent from the sessions in which such resolutions were voted, as well as those who have stated their contrary vote in a reasoned manner in the respective minutes.

Each member of the Board of Directors, the General Manager, and the Deputy Manager shall post a bond (rendirán caución) for twenty thousand colones (¢ 20,000.00). This bond may be in the form of a mortgage, through state securities, fidelity policies from the National Insurance Institute, or cash deposits.

For the qualification of the guarantee and the granting of deeds, where appropriate, the provisions of the Fiscal Code shall be followed.

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Article 25.- The Board of Directors shall hold sessions with the attendance of at least three of its members, and resolutions shall be adopted, in all cases, by the votes of three of its members, except in cases where this law or its regulations require a greater number of votes.

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Article 26.- The Board of Directors shall elect from its midst, by majority vote, a President and a Vice President, who shall serve in their functions for one year and may be reelected. The Minister serving on the Board may not be elected to these positions.

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Article 27.- In case of absence or temporary impediment of the President, the Vice President shall substitute for him. When both are absent from a session, the Board of Directors shall designate one of its members as President ad-hoc.

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Article 28.- The Board of Directors shall meet in ordinary session once a week and in extraordinary session when convened by the General Manager, in writing and with at least twelve hours' notice, whether on his own initiative or when requested by two or more of its board members. It may not, however, hold more than ten remunerated sessions per month, including ordinary and extraordinary sessions. The members of the Board of Directors shall receive fixed per diem allowances (dietas), the amount of which shall be determined in the Institute's annual budgets, but in no case may they exceed one hundred fifty colones (¢ 150.00) per session.

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Article 29.- When any of the attendees has a personal interest in any matter to be addressed in the session, or if their partners or relatives within the third degree of consanguinity or affinity inclusive have such an interest, they must withdraw while the matter is discussed and voted upon.

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Article 30.- The Board of Directors of the Institute shall have the following duties:

1) To ensure compliance with this law and its regulations;

2) To direct, within the provisions of this law, the agrarian, economic, and social policy of the Institute and determine its organization;

3) To agree upon and approve the Institute's annual budget, as well as extraordinary ones, subject to the controls determined by the Organic Law of the Comptroller General of the Republic.

4) To approve the annual report, financial statements, and balance sheets;

5) To award public bids in accordance with the law;

6) To request from the Executive Branch the transfer of lands suitable for the realization of the purposes of this law;

7) To file the lawsuits it deems appropriate for the State to recover lands of which it has been unduly dispossessed and that must be transferred to the Institute in accordance with this law;

8) To approve and order the execution of colonization plans, "cooperativización," or simple parceling of lands that the Institute acquires for the purposes of this law, addressing the economic and social needs of each region in particular and of the country in general, and giving preference to areas near consumer centers and communication routes;

9) To exercise, in accordance with the provisions of this law, the Institute's control over the colonies created by the State;

10) To cooperate in private colonization plans in order to guide them towards the purposes of this law, and to exercise jurisdiction over them in accordance with the applicable legal norms;

11) To arrange the acquisition of lands that are private property, when it deems that the economic-social purposes pursued by this law are thereby being fulfilled;

12) To manage the expropriation, through compensation, of lands owned by physical or juridical persons, when such lands are necessary for the realization of the purposes of this law, fundamentally seeking to make all peasants to whom a plot (parcela) is adjudicated into owners;

13) To determine the land tenure regimes that the Institute must establish in its subdivision (parcelación) and colonization projects;

14) To help with the development of cooperativism in the countryside;

15) To promote, with the bodies that make up the National Banking System, the implementation of special plans for the better organization, extension, and use of agricultural credit;

16) To approve the adjudication of lands for issuing the respective titles;

17) To draft the bills it deems necessary for the better and faster achievement of the objectives of this law;

18) To issue, reform, repeal, and interpret, for their application, the Institute's service regulations, which shall have full validity upon publication by the Institute in the official gazette;

19) To order the conduct of studies and the creation of inventories it deems appropriate regarding the lands of the State; 20) To order a study of farms registered in the country with an area exceeding one thousand hectares, for the purpose of verifying whether the registered areas correspond to the quantities of land actually possessed.

Once any excess is verified, the following shall be done:

a) If the entirety of the property is cultivated or dedicated to livestock activities, the owner shall have the right, with the intervention of the Institute's General Manager, to rectify its measurement by forty percent (40%), by means of a notarial act (acta notarial) registrable in the respective entry of the Property Registry;

b) If the land corresponding to the excess is uncultivated, the Institute shall issue a resolution ordering it to be registered in the name of the Land and Colonization Institute and shall communicate this to the Office of the Attorney General of the Republic so that it, within fifteen days, proceeds to comply with the resolution through notarization and registration;

The possession and registration of lands registered or to be registered in favor of the Land and Colonization Institute, pursuant to this article, shall be maintained until a final, non-appealable judgment (con autoridad de cosa juzgada) is issued, in the event of a dispute over said registration or possession.

(Thus added by Article 1 of Law No. 5110 of November 10, 1972).

21) To assert the Institute's rights in or out of court; to settle or submit to arbitration the lawsuits it has, and to grant the powers of attorney it deems appropriate for them;

22) To authorize the acquisition, encumbrance, and alienation of property, up to the sum of one million colones (¢1,000,000.00), as well as to contract national and foreign loans. When the operation exceeds one million colones (¢1,000,000.00), it must request authorization from the Legislative Assembly;

23) To exercise the other functions and powers that correspond to it in accordance with the pertinent laws and regulations; and 24) To cooperate in the conservation and proper use of the nation's renewable natural resources, governed by special laws.

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Article 31.- Members of the Board may not participate in political-electoral activities, except by casting their vote or in those activities that are mandatory by law. This prohibition shall apply to the General Manager, the Auditors, and those other officials and employees determined by the Board of Directors.

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Article 32.- The Board of Directors shall appoint, with the favorable vote of no less than four of its members, a General Manager, a Deputy Manager, and an Auditor. The General Manager shall be in charge of the administration of the Institute in accordance with the law, the regulations, and the instructions given by the Board of Directors.

The Deputy Manager shall act under the hierarchical authority of the General Manager and shall replace him during his temporary absences. His functions shall be those assigned to him by the Board of Directors and the General Manager.

The officials cited in the first paragraph of this article shall be appointed to their positions for terms of two years, may be reelected, and shall be responsible for their actions before the Board of Directors.

Their removal may only be agreed upon by the same number of votes required for their appointment.

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Article 33.- The General Manager, the Deputy Manager, and the Auditor shall be subject to the limitations that this law establishes for the members of the Board of Directors, insofar as they are applicable to them.

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Article 34.- The General Manager, and in his absence the Deputy Manager, shall have the following duties and powers:

a) To exercise the functions inherent to their condition as general administrator; to oversee the organization and functioning of all the Institute's departments, the observance of the laws and regulations, and compliance with the resolutions of the Board of Directors. If they deem these to be contrary to legal provisions or the interests of the Institution, they must expressly state their negative opinion before the approval of the respective minutes, thereby being exempted from liability for that cause;

b) To provide the Board of Directors with the necessary information to ensure the good governance and direction of the Institute;

c) To manage the Institute's relations with the public and to give the press the information they deem appropriate;

d) To propose to the Board of Directors the plans necessary to promote the Institute's agrarian policy and achieve its goals;

e) To propose to the Board of Directors the administrative norms necessary for the better functioning of the Institute;

f) To prepare and submit for the approval of the Board of Directors the Institute's draft annual budget and the extraordinary budgets that may be necessary;

g) To propose to the Board of Directors the creation of the departments, sections, and services they consider necessary for the better fulfillment of the Institute's functions;

h) To appoint, promote, and remove the officials and employees of the Institute, except for those of the Audit Department, to grant them leaves and impose sanctions on them, in accordance with the respective regulations.

Appointments may not be made of persons related by consanguinity up to the third degree or by affinity up to the second degree, both inclusive, to himself, to the Assistant Manager (Subgerente), or to the Auditor. It shall not be a cause for removal of an employee that, subsequent to his appointment, persons having the indicated relationship with him are appointed to the mentioned positions, or that they become relatives by affinity of any of them;

i) To authorize with his signature the securities and documents determined by the laws, the regulations of the Institute, and the resolutions of the Board of Directors. Checks must, in addition, be countersigned by the Auditor;

j) To resolve all matters not reserved for the decision of the Board of Directors;

k) To attend all sessions of the Board of Directors, in which he shall not have a vote.

The Assistant Manager (Subgerente) and the Auditor may attend the sessions with the same limitation regarding the vote. However, these officials and the Manager may not attend sessions when the matter concerns the appointment of the Manager, Assistant Manager (Subgerente), or Auditor.

When they deem it necessary, the aforementioned officials shall have the right to have their opinions on the matters discussed recorded in the respective minutes;

l) To oversee the proper development of the policy set by the Board of Directors, the execution of the work plans, and the implementation of the ordinary and extraordinary budgets;

m) To decide, in cases of urgency, any matter within the competence of the Board of Directors, or to suspend the execution of resolutions adopted by the board; in both cases, he shall call an extraordinary session in order to report on the actions taken by the Management;

n) To delegate his powers to other officials of the Institute, except when his personal intervention is legally mandatory;

o) To prepare and submit, no later than the last day of February, a report on the work and operations carried out during the preceding year; and

p) To exercise such other functions and powers as may correspond to him, in accordance with the law, the regulations, and the provisions of the Board of Directors.

Section reference

Article 35.- The General Manager (Gerente General) and the Assistant Manager (Subgerente) shall have, interchangeably, the judicial and extrajudicial representation of the Institute, with the powers that Article 1253 of the Civil Code establishes for general agents, without limitation as to amount.

Section reference

Article 36.- The Institute shall have an Audit Department (Departamento de Auditoría) that shall exercise constant oversight and supervision in all its departments, sections, and dependencies.

The Audit Department (Auditoría) shall function under the immediate authority and direction of an Auditor, who must be a Certified Public Accountant (Contador Público Autorizado).

Section reference

Article 37.- The members of the Board of Directors, the Manager (Gerente), the Assistant Manager (Subgerente), and the Auditor of the Institute who execute or permit operations contrary to the law or applicable regulations shall be liable with their personal assets for the losses caused by such acts, without prejudice to any other penalties they may incur.

Section reference

Article 38.- In addition to those set by the Board of Directors, the Auditor shall have the following functions and powers:

a) To oversee and supervise the assets, operations, obligations, and capital of the Institute;

b) To supervise, insofar as they relate to his office, all acts, operations, and activities of the Institute, verifying the accounting and inventories; conducting cash counts and other verifications and account statements; comparing them with the corresponding books or documents and certifying or countersigning them when found to be correct. To conduct cash counts and other verifications he deems appropriate, by himself or through officials of the department, at least twice a year, at irregular intervals and without prior notice. These inspections, in the Auditor's judgment, may be partial or general, refer to only one dependency or a specific class of business or operations, or encompass all dependencies, businesses, and operations;

c) To submit summary reports of his inspection and supervisory activities to the Board of Directors, which may request, if it deems it appropriate, the full report and any other information it considers necessary;

d) To notify the Manager (Gerente) of any irregularities or infractions he observes in the operations and functioning of the Institute and, if said official does not adopt the indicated measures within a reasonable period, to present the situation to the Board of Directors, proposing such measures;

e) To make such suggestions, observations, or recommendations as he deems conducive to correcting errors and remedying deficiencies or irregularities he finds;

f) To conduct the investigations requested by the Board of Directors, freely examine all books and archives of the Institute, and require, in the form, conditions, and deadlines he himself determines, the submission of balance sheets, statements of situation and accounts, and other information and details he deems appropriate;

g) To delegate his powers to other officials of the department, except when his personal intervention is legally mandatory; and

h) To exercise such other functions and powers as may correspond to him by law or by regulations.

Section reference

Article 39.- The Auditor shall report directly to the Board of Directors, before which his decisions shall be appealable.

Section reference

Article 40.- The Manager (Gerente), the Assistant Manager (Subgerente), and the Auditor shall lose their positions if they incur any of the grounds for which a member of the Board of Directors loses his.

To prove the authority of any of these three officials and of those others acting by delegation from them, the citation of the publication in "La Gaceta" of their appointment, acceptance, and sworn oath shall be sufficient.

( Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

Section reference

Article 41.- The following assets and contributions shall constitute the equity (patrimonio) of the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) for the purposes of this law, in addition to the capital referred to in subsection d) of Article 8 of the Economic Development Law (Ley de Fomento Económico), No. 2466 of November 9, 1959:

 

a) The national reserves and lands that the State transfers to it, as well as those the Institute acquires through legal means, for the purposes established by this law.

For this purpose, the Executive Branch is empowered to transfer to the Institute, at its request, through the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), the lands deemed necessary for the purposes of this law, within a period of six months that shall be counted, in each case, from the date on which the corresponding transfer is requested by the Executive Branch;

b) The additional contributions assigned to said Institute in the ordinary and extraordinary budgets of the Republic;

c) The sums collected from the sale and lease of lands and forests;

d) REPEALED by subsection r) of Article 31 of Law No. 8114, Law of Tax Simplification and Efficiency (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias) of July 4, 2001. e) The proceeds of its net earnings; and

f) That which corresponds to the Institute from the cigarette tax, pursuant to Law No. 3021 of August 21, 1962 (Increase of taxes on gasoline imports and on the consumption of beer, soft drinks, and cigarettes).

 

Any individual or legal entity possessing uncultivated land (terrenos incultos) in excess of one hundred hectares, subject to the payment of the tax created by this article, must annually declare the amount of land they own that is in such condition. The Office of Direct Taxation (Tributación Directa), starting with the thirty-second (32nd) declaration, corresponding to the payment period for income tax (impuesto sobre la renta), from October 1, 1961, to September 30, 1962, shall include in the declaration forms a new section specifically intended for the collection purposes of this tax. Based on such declarations, the Office of Direct Taxation (Tributación Directa) must issue the corresponding receipts, which it shall make collectible through the Banco Cajero del Estado, with all the formalities and requirements that are customary for other taxes in favor of the State. The Banco Cajero del Estado shall set aside the proceeds of this tax in a special account and shall transfer it directly each month to the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización).

 

The Institute and the Office of Direct Taxation (Tributación Directa) shall have the authority to verify, through their officials, the accuracy of the declarations made by the persons subject to payment, and to formulate them in the section referred to in the preceding paragraph.

 

The landowner shall be obligated to supply the information deemed necessary by the Institute for purposes of the aforementioned verification. In the event that false declarations or declarations not conforming to reality are proven, the declarant must pay double the tax to which they are legally obligated.

Section reference

Article 42.- Lands dedicated to the forestry industry (industria forestal), which shall merit the greatest support and encouragement from the State, shall be considered exempt from payment of the tax on uncultivated land (impuesto sobre tierras incultas).

The Board of Directors of the Institute shall classify as a forestry industry (industria forestal) those companies that request it, upon evidence of the exploitation programs they are carrying out or propose to undertake, which are considered suitable for the country or a region thereof, in view of their technical-economic importance, and the improvements made or to be made to the land with stable mechanical installations, such as sawmills, buildings, or similar facilities, that they have or will establish. The applicants must likewise demonstrate a genuine interest in the conservation and rational, adequate technical exploitation of forests, to extract their timber by means of periodic yields, preserving or replacing them, partially or complementarily, with agricultural or livestock operations of true economic importance.

 

The Institute may review, when it deems appropriate, the classification it has made, within the terms of this article, in order to cancel it if the reasons that originally justified it have ceased to exist.

 

The Institute shall establish in the regulation to this law the requirements that a company must meet to be considered a forestry industry (industria forestal).

Section reference

Article 43.- The Institute shall preferentially resolve problems arising from precarious possession (posesión en precario) of lands throughout the national territory and from possession in the zones of the Maritime Mile (Milla Marítima), and must allocate the majority of its resources to that task from the outset.

 

For that purpose, it shall preferentially develop its programs of land parceling, colonization, and organization of cooperatives in those areas where there are nuclei of precarious possessors (poseedores en precario) and that are deemed suitable for that objective, as well as on State lands, in national reserves, or on other properties that public entities transfer to it for that purpose.

 

In the case of the Maritime Mile (Milla Marítima), the leases in effect on the date of enactment of this law and the rights acquired therein by good-faith possessors shall be respected, without prejudice to the provisions of this law.

Section reference

Article 44.- The Geographic Institute of Costa Rica (Instituto Geográfico de Costa Rica) must collaborate with the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) so that the latter may avail itself of the former's experience and trained personnel. The Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) may contract with the Geographic Institute of Costa Rica (Instituto Geográfico de Costa Rica) for the execution of the cartographic and derivative works under its responsibility in connection with the purposes of this law.

Section reference

Article 45.- The Institute may request, through the Executive Branch or directly, as the case may be, the advisory services of foreign and international organizations, official or private, for the better resolution of problems or situations related to this law, regarding which there is a lack of background or applicable jurisprudence in specific cases.

Section reference

Article 46.- The Institute, for the purposes of this law, shall form, alone or in association with an educational institution, a regional geographic research center (centro de investigación geográfica regional), whose purpose shall be the objective on-site study of the characteristics of the various zones of the country, their agricultural, social, and economic problems, and to propose an adequate solution. This center shall coordinate the activities and draw upon the experiences of public and private agencies engaged in tasks related to regional geographic research.

Section reference

Article 47.- The State is obligated to execute the plans and construction of penetration roads; likewise, the State shall provide assistance in specialized matters through the corresponding agencies—centralized and autonomous—such as rural housing, through the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo); production promotion and price guarantees, through the National Production Council (Consejo Nacional de Producción); social welfare and public health through the respective Ministry; and rural education, through the Department of Agricultural Extension of the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería) and the Ministry of Public Education (Ministerio de Educación Pública).

Section reference

Article 48.- All autonomous institutions, municipalities, and State agencies that are related to the purpose of this law, within their legal and constitutional powers, must provide their collaboration when it is requested by the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización).

Section reference

CHAPTER IV

Land Parceling (Parcelación de Tierras)

Article 49.-

The Institute may carry out parceling of its lands to fulfill, among others, the following immediate purposes:

a) A better distribution of land;

b) Resolution of inconvenient de facto situations, adapting them to the purposes of this law; and

c) Colonization purposes.

Section reference

Article 50.- Every land acquisition (adquisición de tierras) carried out by the Institute for the purposes of parceling or colonization established in this law must be preceded by a study of its legal and geographic situation, for which a plan of the land shall be drawn up and linked, in azimuth and altitude position, with the triangulation and leveling network of the Geographic Institute (Instituto Geográfico); in addition, its possibilities for economic exploitation and other conditions determining the natural and technical potential of the properties shall be studied. The same study shall be conducted regarding lands that the Institute takes on lease or under administration for the same purposes.

Section reference

Article 51.- The immovable properties that the Institute acquires, leases, or administers for the purposes of the preceding article must be subject to appraisal (avalúo). The expert appraisers appointed for that purpose shall take into account, in addition to other elements contributing to a fair valuation, the following factors:

a) Class of land according to its agricultural suitability;

b) Its productivity as a function of the prevailing exploitation conditions in the zone;

c) The value declared by the owner or the official estimate made for tax purposes, in accordance with the law;

d) The acquisition price of the lands in the last transfer of ownership that may have occurred in a period between three and ten years preceding the time of estimation;

e) Purchase prices of similar lands in the same zone; and

f) Means of communication and facilities for transporting products.

Section reference

Article 52.- For the parceling or colonization plans, preference shall be given to those zones and lands where there are nuclei of precarious possessors (poseedores en precario) and that are deemed suitable for the purpose; to State lands, to national reserves, and to those that Autonomous Institutions, Municipalities, and other public entities make available to the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) for the purpose.

Section reference

Article 53.- The National Banking System (Sistema Bancario Nacional), the Municipalities, and the Autonomous Institutions are obligated to offer to the Institute, in preference over any other purchasers, the rural properties that they decide to sell. In the case of properties acquired by the aforementioned Institutions as or in payment of credits in their favor, the sale price for the Institute shall be determined by the value of the respective debt, plus costs. If the Institute does not decide to purchase within the following ninety days, the offering entity may sell in accordance with its powers, but the Institute shall retain preference to make the acquisition under equal circumstances.

To be registered with the Property Registry (Registro de la Propiedad), a deed transferring ownership under the conditions expressed in this article must be accompanied by certification from the Institute that the requirements established in the preceding paragraphs have been fulfilled.

Section reference

Article 54.- Once a tract of land has been acquired by the Institute, a study of its conditions and its measurement shall be carried out to divide it into lots (parcelas) of advisable area, according to the quality of the land and the type of exploitation for which it is suitable, so that the productive capacity of the lot (parcela) is sufficient to secure the economic emancipation of the farmer and to contribute effectively to the increase of national production.

Section reference

Article 55.- Once the colonization, parceling, or leasing of lands has been determined, the Institute shall process the applications submitted in order to make the appropriate allocations. The applications may be filed at any agency of that Institution.

Section reference

Article 56.- When the Institute deems it appropriate for the better fulfillment of the purposes of this law, it may exploit its properties directly and temporarily, or lease them out.

Section reference

Article 57.- As a complement to its parceling and colonization activities, the Institute may, when it deems it appropriate and after consulting with the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), construct housing in rural areas, as a further contribution to the improvement of living conditions in the countryside.

Section reference

Article 58.- The base value of the lots (parcelas) or additional extensions granted for consideration shall be the corresponding proportional part of the cost of land acquisition per hectare and of the works and improvements carried out on the lot (parcela), as well as the production financing costs during the first year, which the Institute must provide.

In no case shall the cost of works intended for public services in agricultural centers, such as highways, penetration roads, and others of a general nature, be charged to the lot holders, except when said works have been constructed by the Institute.

In consideration of the social function of land ownership, when dealing with lots (parcelas) granted for consideration that are very costly because they are located in regions where the commercial value of the land is very high, the sale price thereof may be lower, according to the agro-economic study carried out by the Institute.

The interest charged may not exceed a percentage that covers administrative expenses.

Section reference

Article 59.- The annual amortization installment shall be equal to the result of dividing the price of the lot (parcela) by twenty-five. Said installments shall begin to be paid five years after the allottee (adjudicatario) has received his lot (parcela).

The Institute shall endeavor to ensure that the annual amortization installment is not greater than five percent of the production of the lot (parcela), estimated according to the averages in each zone. When a year's harvest is poor for reasons beyond the control of the allottee (adjudicatario), the Institute must make the necessary term adjustments.

(NOTE: In relation to this provision, Article 8 of Law No. 3478 of December 23, 1964, provides that when allocating lots (parcelas), whether in Bataán or any other parceling and colonization plan, the Board of Directors of the Institute of Lands and Colonization may determine, in each case, the form of payment, taking into account the productivity of the land and the economic capacity of the settler (colono) or lot holder (parcelero)).

Section reference

Article 60.- The fulfillment by the allottee (adjudicatario) of all obligations in the exploitation of the lot (parcela), with the attainment, in the judgment of the Institute, of a level higher than the previously set average annual productivity, shall entitle him to an additional credit of 25% of that granted in the previous year, provided it is to be used for increasing agricultural production.

Section reference

Article 61.- The Institute, in its operations, shall give preference to those lot holders (parceleros) who accept its savings plan and, among these, to those who form a cooperative.

Section reference

Article 62.- Every application for the acquisition of lots (parcelas) must contain, at a minimum, the following data:

a) Name, surnames, personal status, and domicile of the applicant, as well as the credit obligations incumbent upon him;

b) Name, surnames, and personal status of the children living with him;

c) Technical capacity and experience in agricultural work of the applicant and of the children living with him; the activities they have been engaged in and the results obtained in them.

The applicant must undertake to work the lot (parcela) personally and with his descendants, up to the second degree of consanguinity, who live with him, provided they are physically capable of doing so.

He must declare, under oath, that he lacks land or that what he owns is insufficient.

Section reference

Article 63.- The following order of priority shall be established among applicants meeting the requirements referred to in the preceding article:

1) The lessees, sharecroppers (aparceros), settlers (colonos), and occupants who are cultivating the lands subject to allocation, as well as the agricultural laborers (jornaleros) of said lands;

2) The peasants residing in the region where the lands subject to distribution are located and who lack land or cultivate an area that does not constitute a family economic exploitation unit;

3) Peasants from other regions, with preference given to those from neighboring regions, who are in the same conditions stipulated in the preceding subsection;

4) Any other person who files the corresponding application, with preference given to one who demonstrates experience or knowledge in agricultural matters.

Under equal conditions, preference shall be given to heads of families who have more children or more dependents.

Persons over eighteen years of age shall be considered capable for the purposes of endowment and administration of lots (parcelas) and the granting of credits.

 

Special priority shall be given to lessees, sharecroppers (aparceros), settlers (colonos), occupants, and agricultural workers in general who have been evicted from the lands that are to be allocated, or who are pending eviction.

 

Also, special priority shall be given, within the preceding classification, to all groups of farmers who organize themselves into cooperatives.

Section reference

Article 64.- No more than one lot (parcela) shall be allocated to each beneficiary. Within the limits and conditions set by this law, the lot (parcela) may be larger or smaller, depending on the number of children and dependents under the care of the allottee (adjudicatario).

The acquirers must undertake to follow the instructions given to them by the Institute for its exploitation.

Section reference

Article 65.- Once the allocation of the lots (parcelas) by sale has been agreed upon, the Institute shall issue to the occupant a Provisional Possession Title (título de Posesión Provisional) stating his rights and obligations.

If the occupant has cultivated the minimum area indicated by the Institute and fulfilled all other obligations to the satisfaction thereof, he shall be entitled to be granted a property title, guaranteeing payment with a mortgage on his lot (parcela).

Section reference

Article 66.- Breach of the obligations imposed on the occupant of a lot (parcela) shall cause, in the judgment of the Institute, the loss of the right thereto.

In the event of a resolution to that effect, which shall require four affirmative votes of the Board of Directors, the lot (parcela) shall revert to the ownership of the Institute with all its appurtenances, with the Institute recognizing to the lot holder (parcelero) the value of the necessary or useful improvements he may have made at his own expense.

Section reference

Article 67.- The beneficiary may not transfer ownership of his property or encumber, lease, or subdivide (subdividir) it without authorization from the Institute, unless fifteen years have elapsed since the acquisition of the lot (parcela) and all obligations to said agency have been canceled.

Nor may he, without such authorization and during the same term, encumber the crops, seeds, animals, implements, tools, or equipment necessary for the exploitation of the lot (parcela), unless all his obligations to the Institute have been canceled. Authorizing any encumbrance on the immovable property requires four affirmative votes of the Board of Directors. Any contract entered into without complying with the preceding provisions shall be absolutely null and void.

 

Once fifteen years have elapsed and the right of ownership has been acquired, any disposition of a lot (parcela) that, in the judgment of the Institute, may lead to excessive concentration or subdivision (subdivisión) of property shall give the Institute the right to acquire the lot(s) (parcela[s]) offered for sale at the price set by appraisers appointed by the parties, or by a third party in case of disagreement. This third appraiser shall be appointed by the other two experts. The Public Registry (Registro Público) shall take note of the limitations referred to in this article.

Section reference

Article 68- The following stipulations shall be set forth in the contract entered into with the lot holder (persona parcelera) and in the title delivered to him:

(Thus amended the preceding paragraph by Article 341, subsection 2) of the Agrarian Procedural Code (Código Procesal Agrario), No. 9609 of September 27, 2018)

1) That before having canceled his obligations to the Institute, the lot holder (parcelero) may not transfer ownership of his property, encumber, lease, subdivide it, nor encumber the crops, seeds, animals, implements, tools, or equipment necessary for the exploitation of the lot (parcela), without authorization from the Institute;

2) That after having completed his obligations to the Institute, any disposition of a lot (parcela) that, in the judgment of that Institution, may lead to excessive concentration or subdivision (subdivisión) of property shall give the Institute the right to reacquire the lot(s) (parcela[s]) offered for sale, at the price set by appraisers appointed in accordance with the provisions of this law;

3) That the lots (parcelas), crops, seeds, animals, implements, tools, and equipment necessary for the exploitation of the lots (parcelas) may not be subject to judicial, preventive, or enforcement measures by third parties or creditors before the lot holders (parceleras) have canceled their obligations to the Institute, unless such creditors are so because they have supplied credits duly authorized by the Institute.

(Thus amended the preceding subsection by Article 341, subsection 2) of the Agrarian Procedural Code (Código Procesal Agrario), No. 9609 of September 27, 2018)

4) That the Institute must, in accordance with the procedure stipulated in the Chapter on Land Courts (Tribunales de Tierras), revoke or extinguish the allocation for the following reasons:

a) For using the lot (parcela) for purposes other than those provided for in this law;

b) For unjustified abandonment of the lot (parcela) or of the family. In the latter case, the Institute shall allocate the lot (parcela) to the spouse, or to the person(s) who have cohabited permanently with the lot holder (parcelero) and who demonstrate greater capability, provided they meet the conditions stipulated in Article 62;

c) For manifest negligence or ineptitude of the allottee (adjudicatario) in the exploitation of the lot (parcela) or in the conservation of the constructions, improvements, or work elements entrusted to him or belonging to the organization;

d) For proven indirect exploitation of the holding, except for the contemplated exceptions;

e) For unjustified breach of the payment obligations contracted with the Institute; and

f) For repeated failure to comply with the legal standards for the conservation of natural resources.

 

With the exception of case b) and before the revocation or extinction of the right, a warning must be issued that has not been heeded by the allottee (adjudicatario).

Section reference

Article 69.- In order to guarantee the integrity of the lot (parcela), in the event of the death of the lot holder (parcelero) or settler (colono) before the conditions set out in Article 67 have occurred, the Institute, after its approval, shall authorize the transfer of the allocation contract, in the following order of precedence:

a) To the heir designated by the deceased, who meets the conditions required by this law and its regulations;

b) To the heirs who, meeting the same conditions, undertake to continue jointly with the exploitation of the lot (parcela), as a family economic unit; and

c) To the heir designated by the other co-heirs through a private agreement, and in the absence thereof, to the one the Institute deems suitable for the allocation.

If there is no capable heir under the terms of this law and its regulations, or if the presumed awardee cannot guarantee payment of the inheritance share that, by reason of the parcel, might correspond to the other heirs, the Institute may judicially award itself the parcel, depositing to the order of the succession the value of the property as determined by the estate's appraiser, with deduction of the debts that the deceased had with the Institute.

The Institute of Rural Development (*) must consider the guidelines defined by the Law on Soil Management, Conservation, and Recovery, to assess the acquisition and awarding of lands. It is its obligation to have land-use capability studies before acquiring land for titling purposes.

(*) (Name amended by Article 14 of Law No. 9036 of May 11, 2012, "Transforming the Institute of Agrarian Development (IDA) into the Institute of Rural Development (INDER) and Creating the Technical Secretariat for Rural Development")

Every land award shall be limited so that the use of the awarded land cannot go against the land's use capability. Failure to comply with this provision shall result in the revocation of the award.

(Thus added these two final paragraphs by Article 64 of the Law on Use and Conservation of Soils No. 7779 of April 30, 1998)

Article record

Article 70.- The Institute, the Ministries of Public Works, Public Health, and Education, preferentially, the Caja Costarricense de Seguro Social, Municipalities, and other related Autonomous Institutions, are empowered to complete the land endowments with the construction of road works, irrigation, sanitation, medical assistance, hospital centers, housing, education, and other common services.

Article record

Article 71.- In each agrarian center, agricultural study groups shall be created, and the established schools shall dedicate an important chapter to the training of agricultural workers capable of fulfilling their functions oriented towards the objectives of this law, insisting, fundamentally, on the benefits of cooperativism.

Article record

Article 72.- As a means of improving the peasant economy, parcels may be organized in the form of mixed farms, for which the Institute shall provide the beneficiaries, as installation aid, the means to acquire in adequate quantities cattle, poultry, and other classes of animals that favor the achievement of this goal.

Article record

Article 73.- Communal pastures shall be established for the grazing of the peasants' livestock when necessary.

Article record

Article 74.- In areas where drought occurs, no private individual may claim property rights over water sources that must serve as watering places for livestock, when these constitute the sole water resource of the place. These sources must be classified by the Institute, shall belong to the State, and shall always be destined for the free service of the livestock of the local peasants. If for this purpose it is necessary to expropriate properties or establish easements (servidumbres) over private properties, the Institute shall compensate them equitably, in accordance with the law.

Article record

Article 75.- The Institute, in agreement with the pertinent organisms, shall ensure the improvement of indigenous communities or families, in accordance with the spirit of this law. It shall not be declared that the extensive areas where these communities live in isolation belong exclusively to them, but an effort shall be made to bring all these communities together, forming a single agrarian center, in the zone that the Institute deems appropriate and for which the necessary land area shall be used.

Article record

Article 76.- Free of charge and in ownership, parcels shall be delivered to indigenous families that the Institute designates as the indispensable minimum to satisfy their needs, and exploitable by that group, without the need for salaried workers.

Article record

Article 77.- The beneficiaries of the parcels referred to in the penultimate article may subsequently request from the Institute the acquisition, by purchase, of additional extensions of land, provided that with them the legal limit is not exceeded, that it is demonstrated that the original parcel is insufficient to provide the required economic yields for the maintenance of the family, and that they have rationally exploited the parcel possessed.

Article record

Article 78.- The Institute shall compensate indigenous families that are relocated to other zones in accordance with the preceding articles for any damages it may cause them.

Article record

Article 79.- For the purpose of granting parcels to indigenous communities or families, the Institute shall not wait for applications, but shall send delegates to those zones to offer them parcels and to present work plans, when these are duly prepared and the Institute is in a position to carry them out.

Article record

Article 80.- The Institute shall consider the solution to the indigenous problem of great importance and urgency.

If necessary, due to excess population or different customs, it may form several agrarian centers, but trying to keep them close to one another.

Article record

Article 81.- Parcel holders are exempt from the payment of all taxes on account of the parcels, the awarding of credits, and other operations carried out for such purposes.

Article record

CHAPTER V

Colonization

Article 82.- For the purposes of this law, colonization shall be understood as the set of measures to be adopted to promote a rational subdivision (subdivisión) and use of the land by groups of farmers, to whom adequate technical and financial assistance shall be sought to be provided, in accordance with the possibilities of the Institute.

Article record

Article 83.- Colonies may be planned with the limitations established in this law, for the following tenure regimes:

a) In ownership;

b) In leasehold (arrendamiento) at a fixed price, with or without a purchase option;

c) In sharecropping (aparcería) at a price proportional to the product of the exploitation, with or without a purchase option; and

d) In usufruct (usufructo) for a long term or lifetime, and at a fixed price proportional to the product of the exploitation.

The different colonization modalities indicated may be subject to transfer or combination and shall constitute phases of a process aimed at ensuring the greater economic independence of the rural worker, within a spirit of cooperation between the State and the worker, and among those workers themselves, all in accordance with the economic and social needs and possibilities of the country and each zone.

The details of the different colonization modalities shall be provided for in the regulation of this law, where the integration of consultative commissions that study aspects of the colonization plan to be developed, or of the lands selected for such purpose, may be completed.

Article record

Article 84.- The Institute shall establish colonies only in those cases where it can offer the colonists, either directly, through the National Banking System, or through other sources, adequate financing for their suitable installation. The centers, units, or colonies shall be governed by regulations that the Institute shall issue.

Article record

Article 85.- The Institute shall create all the colonies that are necessary, according to its economic possibilities, throughout the national territory, adapting their structure and objectives to the conditions of the respective zones.

The Institute shall not give its approval for the founding of a colony until it has studies on hand that determine the probability of success.

Article record

Article 86.- For as long as is deemed convenient, a permanent administration shall be established in each colony, responsible for directing the works, delivering parcels, guiding the colonists, and, in general, all activities necessary for the satisfactory development of a colonization. The administrator or director shall preferably be an Agricultural Engineer.

Article record

Article 87.- In every colonization project, the areas required for the establishment and development of the towns, public services, and other needs of the colony shall be reserved, as well as for the defense of the soils, waters, forest cover (bosque), and other natural resources, as prescribed by both the laws and regulations and the special provisions of the Institute.

Article record

Article 88.- Every private subdivision (parcelación) project shall require prior approval by the Institute to enjoy the benefits that this law establishes for official subdivision and colonization.

Article record

Article 89.- In everything that is not contradictory, the principles corresponding to subdivision shall be applied to colonization.

Article record

Article 90.- The Institute must assume, when it is in a position to do so, jurisdiction over the colonies created by the State that are currently under its care, control, or direction, and shall give them the organization it considers most adequate within the legal provisions under whose authority they were established. Notwithstanding this, the Institute shall seek, within its powers or through agreements with the colonists, to adapt them to the norms of this law.

Likewise, the Institute is charged with monitoring compliance with contracts with the State through which colonies of a semi-official or private nature have been established. When, in its judgment, there has been non-compliance on the part of the concessionaires, it shall recommend the rescission or resolution of the contract, as appropriate, if an understanding with the colonists or their legal representatives is not possible.

 

The State organisms charged by laws or contracts with authorizing the registration of colony parcels must first hear from the Institute for thirty days.

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Article 91.- Current colonization companies shall inform the Institute about their contracts with the State and shall annually present a report of their activities in legal, agricultural, economic, and social aspects.

The Institute shall review such contracts and request their adaptation to the general principles of this law. It shall pay with bonds any damages that such review may cause.

The cited colonization companies are obligated to request instructors from the Institute to provide them with agricultural cooperativism courses.

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CHAPTER VI

Regulation of Conflicts between Owners and Precarious Possessors

Article 92.- The Institute is the organism empowered to intervene in all cases of precarious possession (posesión precaria) of lands, and shall seek to find a satisfactory solution for them, in accordance with the provisions established by this law.

For the purposes of this law, a precarious possessor (poseedor en precario) shall be understood as anyone who, out of necessity, performs stable and effective acts of possession, as owner, in a peaceful, public, and uninterrupted manner, for more than one year, and with the purpose of putting it into production conditions for their subsistence or that of their family, on a property duly registered in the name of a third party in the Public Registry.

 

Precarious possessors who have ten-year possession under the conditions stated in the preceding paragraph may register their right in accordance with the provisions of this law and through the possessory information (información posesoria) procedure; but once involved in the resolution of a conflict arising from the precarious possession of lands, they shall be subject to the provisions of the final paragraph of Article 101 of this law; those who do not have ten-year possession shall claim their rights in accordance with the provisions of this Chapter.

 

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

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Article 93.- For all legal purposes, the possession rights acquired up until the creation of the Institute shall be respected, in accordance with the current Article 13 of the so-called Ley de Ocupantes No. 88 of July 14, 1942; and with the aim of providing greater credit facilities, in accordance with the spirit and letter of this law, to those who have legally validated their possession, and in accordance with the intent of Law No. 1921 of August 5, 1955, Article 14 of the Ley de Informaciones Posesorias, No. 139 of July 14, 1941, is amended to read as follows:

"Article 14.-

Possessory information and measurement corrections, as a means of acquiring ownership, are definitively consolidated after three years, counted from the day of registration of the respective title in the Public Registry, since the negative prescription of the action of a third party whom this may affect is limited to that period.

However, possessory information and measurement corrections are considered consolidated after three years, counted from the day of registration of the respective title in the Public Registry, solely for the purpose of requesting and obtaining loans from the organisms of the National Banking System and other Autonomous Institutions of the State.

Without prejudice to the rights of the Banks and other institutions as mortgage creditors, in cases where actions for recovery (acciones reivindicatorias) succeed against titles arising from possessory information or measurement corrections, the claimants must take charge of paying, under the same terms and conditions, the credits that may have been obtained by the title holders through a mortgage on the recovered properties, and the claimants shall be subrogated to the rights of the mortgage creditors to exercise them against the defeated title holders. However, the latter shall not reimburse those sums that they demonstrate having invested in stable improvements on the mortgaged properties. In each of these cases, the creditor Institution must send to the authority hearing the matter a copy of the documents in its possession regarding how the loan was invested, if required to do so.

 

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

 

(NOTE: Article 14 of the Ley de Informaciones Posesorias to which this article refers - subsequently amended - is the current Article 16 of the same law).

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Article 94.- The resolution of conflicts arising from the precarious possession of lands shall be sought fundamentally through direct purchase-sale contracts between the owner and the occupants, with the intervention of the Institute, and in the manner indicated in the following articles.

Prior to the initiation of any judicial action in which a problem of precarious possession of lands may be involved, the owners must present their claim before the Institute, in accordance with the procedures mentioned in this Chapter. After three months have elapsed from the receipt of the respective petition without the Institute having declared the existence of a land possession conflict, or one year from that declaration without the conflict having been resolved, the administrative procedure shall be deemed exhausted, and the claimants may turn to the Courts. Notwithstanding the foregoing, any interested party may request the Judge or Mayor (Alcalde) of the Jurisdiction where the property is situated to carry out an ocular inspection, with notice to the parties, to verify any facts or signs that might change or disappear over time. While the matter is before the Institute, the prescription period shall not run for any of the parties.

Once the conflict has been resolved by the Institute, with the conformity of whoever is the owner, or expropriation has been ordered by the Executive Branch, the former shall lack any judicial action, whether agrarian or criminal, against the persons possessing in such capacity. Otherwise, whoever the occupants are shall be exposed to the common legal sanctions that may apply.

(Thus amended the preceding paragraph by Article 341, subsection 2) of the Código Procesal Agrario, No. 9609 of September 27, 2018)

The writings presented by the parties before the Institute, in proceedings for the resolution of conflicts of precarious possession of lands and others related to agrarian matters, shall be exempt from authentication and from the use of fiscal stamps.

 

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

Article record

Article 95.- To avail themselves of the provisions of this law, the owner of a property or whoever its precarious occupants are must address the Institute in writing, formulating the corresponding request, and clearly indicating the name, surnames, qualities, and domicile of the owner and the largest number of occupants, as well as the description and location of the property, and whether it is totally or partially occupied.

Once the Institute intervenes in the resolution of the conflict arising between the owner of a property and the persons who are precarious possessors, it may request the competent agrarian court to order the annotation of the conflict in the margin of the property's entry in the Public Registry, so that this annotation affects third parties who wish to acquire, mortgage, lease, or enter into any contract concerning the annotated property.

The annotation shall be made by means of an order that the agrarian court shall issue in favor of the Institute, and whoever acquires the property thus annotated shall take the file processed in the Institute in the state it is in.

(Thus amended the preceding paragraph by Article 341, subsection 2) of the Código Procesal Agrario, No. 9609 of September 27, 2018)

Article record

Article 96.- Once the request is received, the Institute shall ask the interested party or parties for any additional data it deems necessary, such as real encumbrances on the property, the approximate number and extension of the occupied lots, acts, time, and manner of possession of the occupants, the approximate value of the total property and of the occupied lots in particular, a record of the property values declared to Tributación Directa during the ten years prior to the submission of the request, a record that the occupant is not the owner of registered properties with an area greater than one hundred hectares and that they have not acquired any parcel under the protection of Law No. 88 of July 14, 1942.

The Institute may, when it deems advisable, obtain on its own account, totally or partially, the information referred to in the preceding paragraph; it may likewise conduct any investigations it deems necessary to corroborate or expand the data provided to it.

Article record

Article 97.- In conducting the investigations referred to in the last paragraph of the preceding article, the Institute shall have the mandatory collaboration of the interested parties themselves, government officials and employees, municipal ones, and those of other State Institutions.

Persons appointed by the Institute to perform these functions or any others related to this law shall have free access to the affected properties, neighboring ones, or others if necessary to fulfill their commission.

 

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

Article record

Article 98.- Once the references referred to in the preceding articles have been obtained, the Institute shall convene owners and occupants to a hearing, with the aim of promoting a direct settlement between the parties based on the purchase and sale of the occupied parcels, under the minimum payment conditions stated further below.

Article record

Article 99.- If a settlement cannot be reached between owners and occupants, the Institute shall conduct an appraisal of the occupied lands, in which it shall indicate the total value of the property and the value of the occupied parcels, in the most practical and convenient manner.

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

Article record

Article 100.- The appraisal of the occupied parcels shall in no way include, from the outset, the value of any buildings, crops, and other improvements that are the property of the occupants. If it concerns appraising parcels located on lands acquired under the protection of Law No. 88 of July 14, 1942, the appraiser shall take into account, for the purposes of the appraisal, only the acquisition price, plus the value of the useful improvements that the owner may have introduced to the property.

Article record

Article 101.- The appraisal shall neither include nor pay for parcels regarding which the exception of positive prescription must be admitted as appropriate. Those parcels possessed continuously, publicly, and peacefully for more than ten years shall fall under this case, whether the possession was exercised directly by the occupant or by their transferors. That is, for the purposes of the positive prescription dealt with in this article, the translative title of ownership required by the Civil Code shall not be necessary.

In the event that it is necessary to expropriate the occupied property, in accordance with the provisions of Articles 105 and 152 of this law, the possessors who find themselves in the situation contemplated in the first paragraph of this article may demonstrate their ten-year possession in the same expropriation proceedings and through the procedure of incidental petitions.

 

Once said possession is declared by the Courts, the respective parcels shall not be taken into account for the purposes of the corresponding compensation, and the Institute shall award them in accordance with the principles established in the Chapter on subdivision as far as applicable, charging the possessor only the costs demanded by the proceeding, award, and titling.

 

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

Article record

Article 102.- Once the appraisal is completed, the Institute shall submit it to the interested parties for their consideration and shall require them to state, within a term of fifteen business days from notification, whether they approve it or are willing to sell or buy, as the case may be, the property or part thereof for the set price, so that the corresponding deed may be issued.

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

Article record

Article 103.- If the owner or any of the occupants expresses disagreement with the appraisal performed by the Institute, it shall request Tributación Directa to, through its corps of valuation experts, proceed to make a new appraisal of the whole or respective portion, as the case may be, under the conditions stipulated in this law, the result of which shall be submitted to the parties for their consideration so that they may state, within the following eight business days, whether they agree to buy or sell, as the case may be, the property or part thereof, for the set price.

The appraisal performed by Tributación Directa must be delivered to the Institute no later than twenty business days after the case has been submitted to its consideration, and the Institute shall immediately submit it to the knowledge of the parties.

 

If the owner or the occupants do not agree with the appraisal performed by the corps of experts of Tributación Directa, they may appeal it before the Tribunal Fiscal Administrativo, within a term of fifteen business days from the respective notification.

 

The Tribunal Fiscal Administrativo must deliver its report to the Institute no later than ten business days after the matter has been submitted to its consideration. What is resolved in this case by the Tribunal does not exhaust the administrative route.

 

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

Article record

Article 104.- If the owner agrees with the appraisal made in definitively by the Tribunal Fiscal Administrativo, the occupants must mandatorily submit to it, for which they shall have a period of fifteen business days from receipt of the communication sent to them by the Institute to appear and formalize the negotiation.

If the occupants refuse to accept the price definitively set in accordance with Articles 99 and following of this law, which has been accepted by the owner, they shall be subject to the common legal provisions.

 

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

Article record

Article 105.- When the owner of the property does not accept the appraisal by the Tribunal Fiscal Administrativo referred to in the preceding article, the Institute may request the partial or total expropriation of the affected property, and once the expropriation is carried out, it shall make the awards it deems necessary for the resolution of the conflict, in accordance with the principles established in the Chapter on Subdivision as far as applicable.

When a property is expropriated, as indicated in the preceding paragraph, the appraisal performed in accordance with Articles 103 and 104 of this law shall substitute, for all legal purposes, the one required by Article 2 of Law No. 1371(*) of November 10, 1951.

 

In any expropriation carried out under the protection of this law, it shall be the owner's responsibility to cover, on their own account, the costs demanded by the appointment of the corresponding valuation expert, but the Judge, when setting the corresponding fees, shall not adhere to the rate indicated in Article 4 of Law No. 1371(*).

 

The Institute shall maintain a registry of this class of documents, which shall have public faith.

 

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

(*) The cited Law No. 1371 was repealed by Article 64 of the Law on

 

Expropriations No. 7495 of May 3, 1995, the current regulator of said matter and to which, as pertinent, the expropriation procedures prescribed in this law must be adjusted.

Article record

Article 106.- Following the economic-agrarian studies that the Institute must carry out in each case, it shall set the conditions to which the purchase-sale contracts for parcels referred to in Articles 94 and following of this law must adhere, observing the minimum requirements set forth below:

a) The occupant shall have a period of no less than ten years, nor more than twenty, to amortize the debt contracted with the owner for the purchase of the respective parcel or parcels;

b) The occupant shall grant the owner a mortgage over their parcel or parcels. However, if the occupant obtains from any State institution a long-term credit to partially pay the value of the parcel or parcels, the owner, in such case, must cede their first mortgage right to the Institution granting the credit, with the owner moving to second place for the remainder of the debt. The owner may only oppose such concession if they are willing to offer the occupant the same payment facilities as the lending institution; and

c) The interest rate shall be the legal rate, and payment of the amortizations of the debt, jointly with interest, shall be made by the occupant in equal, fixed annual, semi-annual, or quarterly installments.

Article record

Article 107.- The National Banking System, the National Production Council, the Ministry of Agriculture, and other State institutions capable of doing so, shall provide the precarious occupants who, by virtue of the application of this law, acquire their parcels in ownership with the maximum economic and technical assistance to put their lands on a sound productive footing.

Article record

Article 108.- Owners or precarious possessors who have initiated judicial proceedings under the protection of Law No. 88 of July 14, 1942, and whose proceedings have not reached a final judgment, that is, the resolution that would have set the amount to be paid as compensation to the owner, shall be subject to the procedures outlined in this law.

Article record

Article 109.- If, in accordance with Law No. 88 of July 14, 1942, a final judgment exists that set the sum to compensate the owner of lands occupied by precarious possessors, the State shall pay the current owners of the rights to be applied to national vacant lands (baldíos nacionales) the applied amount, with bonds, in the manner indicated in the following articles.

Article record

Article 110.- The owner of the rights to be applied shall address the Ministry of Economy and Finance, providing certification from the Court that the rights belong to them and are free of all encumbrances, and furthermore, the pertinent evidence, in the judgment of the Ministry, for the State to pay such rights to them.

 

The Ministry of Economy and Finance shall request its legal opinion from the Procuraduría General de la República regarding each claim that is presented. The Procuraduría, prior to issuing its opinion, shall study the file that gave rise to the rights, and shall advise the Ministry on what it deems most convenient for the interests of the State, or shall proceed to initiate the pertinent judicial actions to verify the legitimacy of the original cause of those rights.

Article 111.- Notwithstanding the provisions of the preceding articles, the State shall bring, through the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), any civil or criminal actions it deems appropriate to recover properties, the value of payments made, and to seek compensation for any damages that may have been caused to it through the improper application of Law No. 88 of July 14, 1942, or through abuses committed under its protection.

Ficha articulo

Article 112.- Without prejudice to the provisions of this law, owners of rights to be applied on national vacant lands (baldíos nacionales) who have processed the respective application without having obtained a final judgment in their favor may avail themselves of the precepts set forth below, provided they meet the following requirements:

a) That they are currently cultivating, directly or on their own account, the lands they had requested in the application file;

b) That those lands do not include vacant lands (baldíos) declared inalienable or destined for a special purpose; and

c) That their application was initiated before the enactment of Law No. 1294 of June 1, 1951.

Ficha articulo

Article 113.- The owner of the rights referred to in the preceding article shall apply in writing to the Institute, requesting that the corresponding title of ownership be granted, for which purpose they shall have a term of six months, counted from the effective date of this law.

Ficha articulo

Article 114.- Along with the application they file, the interested party must submit the following documents and information:

a) Certification from the Court that they are the owner of rights to be applied on national vacant lands (baldíos nacionales) in accordance with Law No. 88 of July 14, 1942, and that these rights are free from all encumbrances, indicating the amount in their favor;

b) Certification or verification from the Court of the date on which the application proceedings were initiated and that the respective procedures did not result in a final judgment, indicating the reason for this latter circumstance;

c) Type and extent of existing crops on the land and the date of their commencement, and an indication of the constructions and other improvements made;

d) Nature, location, and area of the land; linear measurement of the frontages on public roads and boundaries, indicating the full names and domicile of the adjoining landowners;

e) Plan, with demarcation of the cultivated areas; and

f) Any other information the Institute deems appropriate.

Ficha articulo

Article 115.- The Institute, once in possession of the application referred to in the preceding article, shall carry out the pertinent studies and set the price per hectare, for which purpose it shall not take into account the existing improvements.

Ficha articulo

Article 116.- If the applicant accepts the set price and the extension of land that may be registered in their name, the Institute shall request the Executive Branch to commission the Attorney General (Procurador General de la República) so that, on behalf of the State, they proceed before a notary to execute the deed of transfer, in the name of the State and in favor of the interested party, charged against the application rights they hold. The Registry shall register that part of the national reserves individually.

Ficha articulo

Article 117.- The rights remaining to the applicant, after having received the transfer of the property referred to in the preceding article, shall be covered as provided for in articles 108 and following of this law.

Ficha articulo

Article 118.- If the value of the property is greater than the amount of the applicant's rights, they shall only be transferred the area that is covered by those rights, located in agreement with the interested party. The remainder shall continue as a national reserve, without the State thereby acquiring any obligation to compensate for improvements or for any other cause.

Ficha articulo

Article 119.- The Institute may authorize the transfer to the applicant of that extension of land it judges necessary to constitute a family economic unit, even if it is not entirely subjected to agricultural exploitation.

Ficha articulo

Article 120.- If the interested party does not agree with the set price or with the assigned land extension, they may then only request that their rights be paid in accordance with the procedures established in articles 108 and following of this law.

Ficha articulo

Article 121.- Owners of rights referred to in Article 109 who do not file the application mentioned in Article 112 within six months following the effective date of this law may only request payment of their rights in bonds, and their rights shall prescribe entirely within a period of two years, counted from the same date. The occupied lands shall continue as national reserves, without the State thereby acquiring any obligation to compensate for improvements or for any other cause.

Ficha articulo

Article 122.- As long as ten years have not elapsed, the lands that the owners of application rights acquire by virtue of this law may only be sold, encumbered, leased, or subdivided (subdivididos) with the prior approval of the Institute. Furthermore, the Institute shall have priority in the event of a sale.

Ficha articulo

Article 123.- Every precarious possessor (poseedor en precario) who, under the protection of Law No. 88 of July 14, 1942, and as a consequence of a final judgment issued in a land exchange based on the same law, has been the awardee of a parcel they consider not to have been located or demarcated on the ground, may request the Institute to order the respective survey and demarcation, proving by means of a certification from the Court and the local political authority their status as an occupant and their effective possession of the lot awarded in the exchange. The Institute shall examine the application and evidence presented, as well as any others it deems pertinent, and if they are satisfactory, it shall order the requested survey and demarcation, charging the cost of the work to the owner or to whomever it corresponds. If, on the contrary, it results that in the exchange there was an error of fact or law, or a violation of laws or of officials' duties, the Institute shall bring the case to the attention of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) to study the case and, if deemed appropriate, to bring the pertinent actions in accordance with the law.

Ficha articulo

Article 124.- The uninterrupted, peaceful, and owner-like possession for ten years or more, counted after the effective date of Law No. 88 of July 14, 1942, shall give the right to uphold the exception of adverse possession (prescripción positiva) in favor of the awardee sued in accordance with Article 123, and for the latter to avail themselves of the respective law to register their right.

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

Ficha articulo

Article 125.- The Judge who was in charge of handling the land exchange proceedings established under the protection of the aforementioned Law No. 88 shall declare the dismissal on their own motion in those that were abandoned for more than six months before Law No. 1294 of June 1, 1951, came into force.

Ficha articulo

Article 126.- If there is a need to survey the occupied property, the Institute shall proceed with it in the manner previously prescribed for any survey. In the said plan, the occupied parcels and the remainder of the property shall be demarcated. The engineer responsible for carrying out the measurement shall state in their report whether both the owner and the occupants agree on the extent of the occupied lands. If the owner claims that the remainder of the property has a larger area than indicated in the Registry, this circumstance must be recorded at the owner's expense.

But if the occupied lands or the property where they are located adjoin national reserves or lands returned to the State by land exchange or any other causes, the measurement of the remainder, together with that of the occupied portions, may not exceed that indicated by the Registry, unless the division between the property and said State lands, indicated in the original Registry inscriptions, is a natural boundary, such as a river, confluence of rivers, streams, hills, knolls, etc. The rectification or registration of the remainder shall be made without prejudice to third parties with a better right.

The cost of the measurement shall be charged by the Institute proportionally to each of the interested parties. However, in very special cases, the Institute may agree to cover the total or partial payment of it on its own account.

Ficha articulo

Article 127.- When the Institute intervenes in the resolution of conflicts arising between owners and precarious possessors (poseedores en precario), it shall give preference to cases of possessors who lacked land and economic resources before the occupation, and whose sole means of living continues to be the exploitation of the parcel they occupy.

Ficha articulo

Article 128.- The National Banking System (Sistema Bancario Nacional) and other credit, insurance, and production development institutions are authorized, in accordance with their organic laws and after consulting the Institute, to provide economic assistance to precarious possessors (poseedores en precario) who have availed themselves of the provisions of this law.

Ficha articulo

Article 129.- Any accusation or complaint for usurpation or damages filed by the owner against occupants of lands that are not well demarcated by fences or lanes with a minimum width of three meters, which clearly indicate the perimeter of the property, shall be rejected; the civil actions that the owner may have are preserved. The Institute shall be a party in any possessory information proceeding processed before the Courts, as well as in proceedings where rights over unregistered lands are discussed. If a precarious possession of lands problem appears to be involved in a judicial matter related to rural lands, the Judge or Mayor (Alcalde), on their own motion or at the request of a party or of the Institute, may have the Institute as a party in the matter.

The decision on this particular point shall be appealable with single effect (apelable en un solo efecto).

In urgent cases, the Institute may present its pleadings before any Court of the Republic, with a request, which the Court may not disregard, that the Court transmit them telegraphically, indicating in general terms the content of the document, to the office where the trial is being heard, without prejudice to the original being sent by normal means to be incorporated into the case file. The Court a quo shall act upon viewing the telegraphic message.

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

Ficha articulo

Article 130.- The properties that precarious possessors (poseedores en precario) acquire through this law, whether by direct purchase from the owner or through the Institute, shall be adjudicated, as applicable, following the principles set forth for parceling and colonization. However, when for any reason a parcel that is already under exploitation is adjudicated, the Institute is authorized to modify the form of payment established in Article 59 of this law, taking into consideration the productivity of the land and the farmer's payment capacity.

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

Ficha articulo

Article 131.- The Institute may apply solutions other than the purchase-sale system, when convenient.

The rules of this chapter shall not be applied to the precarious occupant (precarista) who has previously been one and who is in possession of their previous parcel or if it is proven that they transferred it. Anyone in such condition may not, for any reason, be recognized as a precarious possessor (poseedor en precario).

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

Ficha articulo

CHAPTER VII

Agrarian Credit

Article 132.- To fulfill the purposes of this law, the Institute shall coordinate its policy with that of rural credit handled by the State Banks, which shall be applied preferentially:

a) To lessees, sublessees, agricultural workers, and sharecroppers who wish to acquire a rural property. Preference shall be given to the one they are personally working, in accordance with the provisions of this law;

b) To possessors and small and medium rural proprietors, for the rational exploitation of their enterprise or to expand their parcels; and

c) To parceleros and colonists.

Ficha articulo

Article 133.- The State is obligated to supply, through the agencies of the National Banking System (Sistema Bancario Nacional) and within their possibilities, technical and economic assistance to farmers who:

a) Commit to using the proceeds of the credits for the efficient exploitation of the land in such a way that the factors of production are applied effectively to it, in accordance with the zone where they are located and its own characteristics;

b) Request such assistance to cultivate properties that do not constitute a latifundio or a minifundio;

c) Commit to complying with the current provisions on natural resource conservation;

d) Have abided by the legal norms regulating wage labor, other labor relations in the countryside, and agricultural contracts under the conditions indicated by law; and

e) Have registered the property in the Cadastre and in the Property Registry.

Ficha articulo

Article 134.- As a fundamental principle of well-understood rural security, the credit granted to peasants must have a defined orientation.

The Institute is obligated to carry out the necessary studies of the Costa Rican soil, dividing the country into production zones. The results of this research shall be communicated to the National Banking System (Sistema Bancario Nacional) for the purposes of better orientation and planning of rural credit.

Ficha articulo

Article 135.- The agricultural credit service shall be guided by the following rules:

a) Subjects entitled to these credits are considered to be, fundamentally, duly constituted agricultural or livestock cooperatives, small and medium farmers, whether or not they are beneficiaries of endowments made in accordance with this law, and colonies formed on the basis of special laws.

Community enterprises of peasant self-management (empresas comunitarias de autogestión campesina), agricultural and livestock, formed by small producers that, by meeting the minimum organizational requirements according to the respective regulations, have been recognized by the Institute and are duly registered in the Registry that the Institution shall keep for this purpose, shall also have the character of subjects entitled to credit and technical assistance from the State. Said enterprises shall have legal personality and may enter into all kinds of contracts and acts necessary for the fulfillment of their purposes, with the legal and regulatory conditions and limitations applicable to them.

(Thus added by Article 1 of Law No. 5496 of March 30, 1974).

b) The granting of these credits shall be timely and with a term adequate to the productive capacity of the operation; and

c) The credits may not accrue annual interest greater than, for cooperatives, 6%; for small proprietors, colonists, and agricultural and livestock community enterprises of peasant self-management (empresas comunitarias de autogestión campesina), 8% annually.

(Thus amended by Article 3 of Law No. 5496 of March 30, 1974).

Ficha articulo

Article 136.- The credits shall respond to the following planning principles:

a) Attention to the cultivation of a product or the raising of livestock, suitable for the zone, according to the classification made by the Institute;

b) To cover the living expenses of peasant families, acquisition of small livestock and poultry, seeds, fertilizers, insecticides, fungicides, land preparation, sowing, cultivation, harvests, insurance, and minor repairs;

c) Complementary credit to attend to urgent and non-deferrable expenses in the peasant's family life, which shall be estimated in relation to the necessity and payment possibility of the applicant;

d) Credits for improving equipment intended for the acquisition of machinery, tools, farming implements, and draft animals, for fattening, production, or rearing;

e) Credits for the processing, conservation, and transformation of products and the operations intended to improve their quality;

f) Rehabilitation credits that shall be granted to anyone who, for reasons beyond their control or force majeure, has not paid off their debt;

g) Credits for permanent improvements, such as the construction of dwellings, silos, roads, drainage, irrigation, resource conservation, reforestation, planting of fruit trees and other permanent crops, construction of fences, watering places and wells, and sowing of artificial pastures; and

h) Any other types of credit necessary for agricultural and livestock production.

Ficha articulo

Article 137.- Small and medium fishermen shall equally be beneficiaries, individually or collectively, of the credit services referred to in this Chapter and in accordance with the spirit of this law.

Those who organize into cooperatives shall have priority.

Ficha articulo

Article 138.- Under the stipulated conditions, the credits shall be granted by the National Bank as well as by all those that form the National Banking System (Sistema Bancario Nacional), the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social), and the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), which are authorized to agree on mortgage loans up to 75% of the market value (valor venal) of the property, and with terms up to 25 years.

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Article 139.- The National Banking System (Sistema Bancario Nacional) is authorized to grant credits to awardees, parceleros, colonists, lessees, and other beneficiaries, for the purchase or endowment of parcels acquired by purchase from the Institute, whether these are subdivisions made on properties previously subjected to private domain or on national reserves.

It is also authorized to agree on loans with a second mortgage guarantee, and provided the Institute holds the first mortgage, up to 75% of the difference between the market value (valor venal) of the property and the amount owed to the Institute. The same may be done on properties already free and clear in the hands of the awardees, and the terms may extend up to 25 years.

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Article 140.- The Institute shall carry out the credit operations that are necessary for the development of the activities related to this law, and shall grant, to the extent of its ability, credit facilities to parceleros, colonists, and other farmers included in it, in accordance with the rules set by the Board of Directors. Likewise, the Institute may guarantee, before third parties, the credit obligations contracted by those farmers.

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CHAPTER VIII

Acquisition and Expropriation of Lands(*)

(*) On expropriations, see note to Article 152.

Article 141.- All lands owned by a natural or legal person that exceed the limits set for latifundio shall be expropriated for distribution among landless peasants and agricultural workers, or those with insufficient land. The expropriation shall be carried out progressively, according to the economic conditions of the Institute, and in the zones it determines.

The expropriation of the uneconomical minifundio shall also be in order if its owner cannot have their parcel completed in the respective zone and refuses to sell it to the Institute.

Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, the Institute may not expropriate a minifundio owner as long as it is not in a condition to deliver an economically exploitable parcel to them and to provide them with adequate economic and technical assistance.

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Article 142.- Rural properties whose exploitation fulfills the social function of property, in accordance with the provisions of this law, are not subject to expropriation.

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Article 143.- Expropriation shall be in order when, in the location of the endowments or in the rural centers or colonies that the Institute seeks to found or foster, there are no vacant lands (tierras baldías), or these are insufficient, or are not economically exploitable at the free discretion of the Institute, and sufficient economically exploitable lands cannot be acquired by other means.

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Article 144.- Expropriation shall be carried out in the first place on those lands that do not fulfill their social function, in the following order of priority:

1) Uncultivated lands, and among them, those of greater extension; lands exploited indirectly through lessees, sharecroppers, colonists, and occupants; and lands not exploited during the last five years prior to the expropriation process.

2) Lands that, destined for private rural subdivisions, colonies, or associations formed under specific laws, have not developed said subdivisions or are not faithfully fulfilling the purposes prescribed in such laws. In these cases, the Institute must safeguard the rights of the parceleros already established; and

3) Agricultural lands used for livestock raising.

Expropriation shall also be in order, without taking into account the above priority, when there is no other recourse to resolve an agrarian problem of evident gravity. This situation must be previously proven by the Institute.

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Article 145.- If a person is the owner of several properties that are subject to expropriation, they shall have the right to choose from among them the extension that the Institute sets for them, according to the principles established in this law and the zone of location.

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Article 146.- Medium and small proprietors whose farms have been totally expropriated shall have the right, once the respective agrarian organization is established, to obtain in ownership, for a consideration, a parcel suitable to their needs and to the zone.

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Article 147.- The expropriation shall be total in the event that the parcel destroys the economic unit of the farm, renders it useless, or makes it unsuitable for the use for which it is intended.

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Article 148.- Before proceeding with the expropriation of the property, the Institute shall directly pursue an amicable arrangement with the owner.

If said arrangement is not achieved within a period of sixty days, counted from the first notification, it shall request the expropriation without the need for a prior declaration of public utility, as this is implied.

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Article 149.- When it is necessary, for the purposes of this law, to dispose of vacant lands (tierras baldías) occupied by third parties who maintain agricultural or livestock operations on them, and an agreement with the occupant has not been reached, an expropriation of the works and improvements shall be requested, recognizing the occupant's right to keep a part, which shall be set in accordance with the plans and purposes of this law.

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Article 150.- The same rules relating to the social function of property shall be applied to the occupant of vacant lands (tierras baldías). In the corresponding expropriation proceeding, they must always be paid for the improvements and works they have.

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Article 151.- The payment for the lands that the Institute expropriates for the purposes of this law may not exceed the value of the property declared for tax purposes at the time the conflict is initiated before the Institute. In the absence of an agreement between the parties, payment shall be made at the price that, within the expressed limit, is set by the Administrative Tax Tribunal (Tribunal Fiscal Administrativo), upon a prior report from an expert who shall be chosen preferably from the body of experts of the Direct Taxation Office (Tributación Directa).

The Administrative Tax Tribunal (Tribunal Fiscal Administrativo) shall not take into account, when setting this price, the improvements on the property that were not made by the owner.

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3336 of July 31, 1964).

NOTE: This article was authentically interpreted by Article 2 of Laws No. 5052 of August 17, 1972, and No. 5540 of July 8, 1974. However, said interpretation was declared unconstitutional by Resolution of the Plenary Court of November 30, 1976, published in Judicial Bulletin No. 55 of March 19, 1977.

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Article 152.- The Institute may acquire the real property it needs for the fulfillment of this law and is authorized, if applicable, to pursue the expropriations thereof, in accordance with Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 of Law No. 1371 of November 10, 1951(*), and shall pay the value of such properties in cash or in State bonds, according to its own discretion.

(*) The cited Law No. 1371 was derogated by Article 64 of the Expropriations Law No. 7495 of May 3, 1995, which currently regulates everything related to said matter, and to which the expropriation procedures contained in this law must conform, as pertinent.

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Article 153.- For the purposes of the expropriations referred to in the preceding article, the following are declared of public interest:

1) Lands where colonists, lessees, sharecroppers, or precarious possessors (poseedores en precario) are established;

2) Lands suitable for the purposes of this law, which in the judgment of the Institute are indispensable for the realization of its purposes;

3) Lands located in zones where irrigation works or better hydraulic uses can be carried out; and

4) Lands that, by reason of their size, latifundio or minifundio, harm the adequate economic-social development of a zone.

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Article 154.- Lands where there are operations that, due to their technical or economic importance, or the magnitude of the improvements made, can be considered exemplary, or whose conservation in their current state is deemed convenient for the country, shall not be subject to expropriation.

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Article 155.- The Institute shall give preference, under equal conditions, to the former owner of the purchased or expropriated property, at the time of proceeding with the adjudication of the respective parcels.

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CHAPTER IX

Rural Housing

Article 156.- The improvement of rural housing is also a fundamental objective of this law. The Institute must coordinate its policy in that regard with the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).

Rural housing planning must aim to avoid the dispersion of the countryside's inhabitants, seeking their concentration in populated centers for the better provision of public services.

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Article 157.- The Institute shall preferentially accept the applications from cooperatives for the construction, expansion, or improvement of the dwellings of their associates.

In second place, it shall accept the requests in the same sense presented by small and medium proprietors and colonists.

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Article 158.- On large agricultural operations - which shall be determined by the Institute - employers shall be obligated to provide dwellings to their permanent workers, under the terms and conditions established by the Institute. To comply with this provision, the State may collaborate with the technical and credit assistance it deems appropriate.

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Article 159.- In the construction of rural dwellings, the Institute and related agencies shall endeavor to use, as far as possible, the materials of the region and the labor of the beneficiaries themselves.

The awardee may not alienate or encumber the dwellings without the prior consent of the Institute, which shall have the preferential right of acquisition under equal circumstances.

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CHAPTER X

Contracts for the Lease of Lands and Forestry Operations of the National Reserves and State Farms

Article 160.- REPEALED.

(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).

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Article 161.- REPEALED.

(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).

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Article 162.- REPEALED.

(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).

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Article 163.- REPEALED.

(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).

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Article 164.- REPEALED.

(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).

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Article 165.- REPEALED.

(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).

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Article 166.- REPEALED.

(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).

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Article 167.- REPEALED.

(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).

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Article 168.- REPEALED.

(Repealed by Article 109 of Law No. 4465 of November 25, 1969).

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CHAPTER XI

Final Provisions

Article 169.- The Institute may promote, establish, or participate in those rural industries that contribute to the purposes pursued by this law.

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Article 170.- The Institute shall study the possibility of developing intensive exploitation plans on lands surrounding population centers, for the purpose of organizing family farms. The Municipalities, or private entities created for this purpose, may participate in the execution and financing of these plans, subject to the provisions of the Institute, which may extend the benefits of this law to them.

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Article 171.- The Institute is authorized, following the pertinent studies, to approach the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) so that the latter, if it deems it appropriate, may bring the corresponding actions before the ordinary courts for the State to recover the excess area that, in accordance with the Law of Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias), No. 139 of July 14, 1941, cannot be registered, as well as those other lands presumed to have been irregularly acquired by private individuals, when it considers that such lands are suitable for its subdivision (parcelación) or colonization plans.

Article 172.- Operations related to the acquisition of lands by the Institute, as well as those carried out by it, shall be registered free from all kinds of taxes and fees. The parcel holders or colonists shall enjoy, during the first five years, counting from the date of adjudication (adjudicación), an exemption from any payment of national and municipal taxes attributable to such lands. If after that term the parcels have not been registered, the adjudicatees (adjudicatorios) shall pay to the Institute the equivalent of the cited taxes, and the Public Registry (Registro Público) shall register as a property title a duly authenticated certification, issued by the Institute, stating the adjudication contract.

Article 173.- The State, with the approval of the Government Council (Consejo de Gobierno), may guarantee the operations of the Institute.

Article 174.- Every person who possesses real property must have a legal title authorizing them, and is obligated to prove it when required to do so by the competent authority.

Article 175.- Every owner of lands bordering national reserves is obligated to have their property fenced, or its delimitation made with visible lanes or boundary markers (mojones) along the entire length of the aforementioned border, so that they can at all times be clearly recognized to easily establish the dividing line.

Article 176.- Any alienation, lease, or concession of rights made by the Institute carries the following implicit conditions:

1) That it is made without prejudice to third parties;

2) That it is not obligated to eviction (evicción) or to warranty of peaceful possession (saneamiento);

3) That the acquirer or concessionaire may not make any claim against the measurement or location that served as the basis for the alienation, concession, or lease; and

4) That the State shall have the right at any time to take up to 20% of the adjudicated area, to exercise therein the right-of-way easement (servidumbre de tránsito) necessary for the construction and surveillance of all kinds of communication routes and the use of hydroelectric power, as well as for the construction and surveillance of telegraph and telephone lines; to use the land indispensable for the construction of bridges and docks; to extract materials for those same works; to use the water courses that are necessary for supplying towns, watering livestock, irrigation, and any other uses of general interest. Such restrictions and charges are attached to the adjudication, lease, or concession made, and the Registry shall not register the respective title if they are not expressly stated therein. For the area taken for the indicated purposes, the State shall pay the original purchase price and the value of the necessary and useful improvements.

( NOTE: Subsection b) of Article 7 of Law No. 5060 of August 22, 1972 provides, in relation to this article, that for the construction of public roads the State shall have the right to use, without any compensation, up to twelve percent (12%) of the area of lands hereafter granted by the State or the Municipalities by way of concession, exchange of public lands (terrenos baldíos), grants of grace (aplicaciones de gracia), agricultural colonies, adjudication of lots on public lands, and all those other rights or concessions granted by the State for any other cause on national public lands (baldíos nacionales). The subsection continues by stating that this reservation shall be applied at any time to roads of any nature with a width no greater than twenty meters, or to the use of hydroelectric power or for the passage of telegraph or telephone lines, for the construction of bridges or use of water courses necessary for supplying towns, watering livestock, or irrigation, or for any other purpose of public utility.

Finally, it adds that such restrictions and charges shall be attached to the registration of the affected property (finca), and the official responsible for granting the deed or signing the registrable order is obligated to record them. It also warns that the Public Registry shall not register the title if these restrictions and charges are not stated therein.)

Article 177- The resolutions issued by the Institute referred to in Article 66 may be appealed before the Agrarian Court (Tribunal Agrario), which shall resolve definitively within the following fifteen days.

(Thus amended the preceding paragraph by Article 341, subsection 2) of the Agrarian Procedural Code (Código Procesal Agrario), No. 9609 of September 27, 2018)

Article 178.- For those farmers who wish to acquire rural properties (fincas rústicas) by purchase from third parties, whose exploitation plan is submitted to a Bank's consideration and approved by one of the members of the National Banking System (Sistema Bancario Nacional), the latter may grant them loans with mortgage guarantees up to 75% of the market value of the property, with terms of up to twenty years, and in accordance with the other legal provisions on the matter. In all cases, the buyer shall contribute a minimum of 25%, as well as any difference that may arise between the appraisal made by the Banking Institution and the purchase price.

The properties for whose purchase these loans are made must meet the conditions established by this law for the fulfillment of its subdivision and colonization purposes, and the buyers must meet the requirements demanded by the same law for aspiring colonists.

Article 179.- The Executive Branch (Poder Ejecutivo) and the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización), each in their respective capacity, when regulating this law, shall establish the complementary procedures for its due execution.

( The Constitutional Chamber (Sala Constitucional), by means of resolution No. 2063 of February 14, 2007, established that this article is not unconstitutional, as long as ".it is interpreted that the power to issue executive regulations lies solely with the Executive Branch. .")

Article 180.- The Ministry of Economy and Finance (Ministerio de Economía y Hacienda) is authorized to exempt from all taxes the tools, machinery, implements, and any other materials used by cooperatives and farmers who benefit from this law, for the exploitation of their enterprise.

Article 181.- The Central Bank of Costa Rica (Banco Central de Costa Rica) is empowered to take the necessary steps to obtain lines of credit for an amount up to twenty million dollars ($20,000,000.00), from foreign banks or agencies, destined to finance the agrarian programs of the Institute of Lands and Colonization, in accordance with the provisions of this law.

Article 182.- The Executive Branch is empowered to issue bonds, in national or foreign currency, for an amount up to twenty million dollars ($20,000,000.00), with a maturity of 20 years and an annual interest of 7%, the proceeds of which shall be destined entirely to finance the agrarian programs of the Institute of Lands and Colonization contemplated in this law.

Each bond issuance made by the Executive Branch in accordance with this power must have the ratification of the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa).

Article 183.- The Institute may sell lands located in the surrounding areas where it has carried out subdivision or colonization plans and favored by the increased valuation (valorización) caused by them, in order to gather savings from private landowners and channel them toward the purposes of this law.

Article 184.- Articles 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, and Transitory 6 of the Law of Economic Development (Ley de Fomento Económico), No. 2466 of November 9, 1959, are repealed; as well as Laws No. 13 of January 6, 1939 (General Law on Public Lands - Ley General sobre Terrenos Baldíos); No. 88 of July 14, 1942 (Regulation of the Adjudication of Public Lands - Reglamentación de la Adjudicación de Terrenos Baldíos), except for the case provided in Transitory Article 16 of this law; and No. 1294 of June 1, 1951 (Law of Squatters - Ley de Parásitos), and, as far as denouncements (denuncios) are concerned, numbers 19 of November 12, 1942 (Denouncement of Lands in the Atlantic Maritime Mile - Denuncio de Terrenos en la Milla Marítima del Atlántico) and 201 of August 21, 1943 (Reform to the Law of Denouncement of Lands in the Atlantic Maritime Mile - Reforma a la Ley de Denuncio de Terrenos en la Milla Marítima del Atlántico), as well as any other legal provision that opposes the execution of this law.

Article 185.- This law is of public order and is effective from the day of its publication.

TRANSITORY PROVISIONS

Transitory.- At the request of the Institute, the Courts, in a considered resolution, may suspend the proceedings already initiated against any person who has been declared by the cited body as a precarious possessor (poseedora en precario) of lands. Such suspension may be decreed at any phase or stage of the trial in question, and for the time that is prudentially necessary for the Institute to achieve a satisfactory solution to the conflict, and it may be extended, following the same indicated procedure.

Once the conflict is resolved in the manner indicated in the third paragraph of Article 94 of this present Law of Lands and Colonization, the Institute shall inform the courts so that the latter may declare the civil actions lapsed and both the criminal actions and the penalties that may have been imposed against the precarious possessors, in that capacity, extinguished.

In the contrary case, the owners may again approach the ordinary courts, for which no term shall run against them during the suspension of the proceedings.)

(Thus added by Law No. 3336 of July 31, 1964).

Article 1.- The case files for denouncements (denuncios) of land for agricultural exploitation purposes in which the Judge has issued a certificate of possession (cédula de posesión) shall continue to be processed in accordance with the norms established in the laws in force at the time of their initiation.

Denouncement applications that have not reached the stage of a certificate of possession shall be considered as not filed, and the Judge shall archive the respective case file.

Likewise, the Judge shall declare, ex officio, the lapsing of those denouncement applications that fall under the case of Article 35 of the General Law on Public Lands (Ley General de Terrenos Baldíos), No. 13 of January 10, 1939.

Article 2.- (Transitory) The lands that, in accordance with the preceding transitory article, may be registered in the future, shall be subject to the conditions and obligations that were indicated by the laws by virtue of which they were acquired.

Article 3.- (Transitory) The lease contracts for national public lands (baldíos nacionales), strips of the railway zone, maritime and river miles, state properties (fincas del Estado), as well as the concessions granted for the exploitation of national forests, made prior to the entry into force of this law, shall remain subject to the clauses established in such contracts or concessions and to all the legal provisions under which they were granted, until the expiration of their current terms. The renewals of said contracts or concessions shall be subject to the criteria of the Institute, and to the new rules it establishes.

Article 4.- (Transitory) The administrative agencies that have been in charge of the functions assigned by this law to the Institute of Lands and Colonization shall continue to attend to them until the latter assumes them.

Said agencies shall transfer to the Institute, when it so requests, the archives, equipment, and work materials.

Article 5.- Insofar as possessory information (informaciones posesorias) is concerned, the effects of Laws numbers 19 of November 12, 1942 and 201 of August 26, 1943, on denouncements and possessory information in the Maritime Mile, are suspended. Article 15 of Law No. 139 of July 14, 1941 is amended in the sense that the prescriptive period (prescripción) shall be three years instead of ten.

(Thus amended by Article 1 of Law No. 3218 of October 19, 1963).

Article 6.- (Transitory) REPEALED.

(Repealed by Article 2 of Law No. 5257 of July 31, 1973).

Article 7.- (Transitory) While the suspension of the effects of the laws relating to Possessory Information referred to in the preceding transitory article lasts, the Executive Branch is authorized to confer property title administratively, through the Institute, to the possessors of parcels of national public lands and of unregistered properties (fincas no inscritas), whose extension is not greater than fifty hectares.

The provisions of this transitory article shall be applicable only to those parcels possessed by the current occupant, or by those who preceded them in the occupation, for a period of no less than 10 years, with the tacit or express consent of the State, and which have also been subjected to agricultural or livestock exploitation in a proportion of no less than two-thirds of their total area.

Article 8.-(Transitory) For the processing of the adjudication of parcels in accordance with the provisions of the preceding transitory article, the Institute shall follow a summary information (información sumaria) procedure, which shall include an ocular inspection by one of the authorized officials of its corresponding technical department, with prior citation of all the adjoining landowners and, when possible, of the civil or police authority of the place. The registration procedures shall be published by means of edicts in the Official Gazette (Diario Oficial), granting interested parties a period of thirty days from the first publication to file oppositions. In addition to the report and the other requirements referred to in this and the preceding transitory article, the presentation of a cadastral plan (plano catastrado) of the land is indispensable, indicating the type of crops or types of exploitation to which it is subjected and the area of each one.

Article 9.- (Transitory) The cost of the plan referred to in the preceding transitory article, as well as the cost of the registration procedures, shall be borne by the interested party.

Article 10.- (Transitory) Parcels adjudicated in property in accordance with the prescriptions of Transitory Articles 7 and following of this law may not be alienated in whole or in part, nor encumbered, nor leased, without the express authorization of the Institute, for a term of ten years.

Excepted from the preceding prohibition are operations carried out with the National Banking System, with the National Production Council (Consejo Nacional de Producción), with cooperatives of which the occupant is a member, and with any other credit institutions of the State. In the event of a public auction due to such operations, the restrictions referred to in the preceding paragraph shall be eliminated de facto.

Article 11.- (Transitory) In order for the objectives referred to in Transitory Articles 7 and following to be fulfilled in a more complete manner, the Institute may contract on its own account, in cases where the economic difficulties of the interested parties require it, and in all those other cases where it deems it convenient, both the survey and demarcation (mensura y deslinde) work of the parcels, as well as the notary services. The prices to be paid by the adjudicatees for such services may not be higher than those that the adjudicatees demonstrate they are capable of obtaining through direct personal contracts with professionals in the respective field.

Lands that the State has adjudicated in property to private individuals by virtue of laws or contracts prior to the enactment of this law may be alienated, encumbered, and leased when ten years have elapsed since the date of the adjudication, or sooner if those laws or contracts allow it, or if the Institute authorizes such transactions.

The provisions of this article should not be understood as diminishing other limitations on property imposed by this law.

Article 12.- (Transitory) The National Banking System is authorized to grant, to those who become adjudicatees of parcels through the execution of Transitory Articles 7 and following of this present law, mortgage credit with a guarantee of the respective parcel, to cover the cost of the survey and demarcation work, and the cost of the transfer deed. The National Banking System shall endeavor to give such credits priority over any other mortgage credits, with the exception of short-term production credits.

Article 13.- (Transitory) The provisions contained in Transitory Articles 7 and following of this law are applicable to possessors of parcels in properties acquired by the State for subdivision, colonization, or resolution of problems of precarious occupants purposes, provided that the registered properties of the occupant, together with the parcel to be registered, do not total more than fifty hectares.

Article 14.- (Transitory) The Institute must submit for the consideration of the Legislative Assembly, within the first year of the validity of this present law, a bill in relation to the laws whose effects are suspended by it.

Article 15.- (Transitory) The Institute of Lands and Colonization, when making the appointments for employees of the Department of Rural Credit, Lands, and Colonies (Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias), must appoint the officials and employees of the Department of Lands and Forests (Departamento de Tierras y Bosques) of the Ministry of Agriculture (Ministerio de Agricultura), for whom there shall be no break in continuity in their acquired labor rights.

Article 16.- (Transitory) If, in accordance with Law No. 88 of July 14, 1942, there is a final judgment (sentencia firme) that adjudicates to the possessors the lands that correspond to them, the Civil Treasury Judge (Juez Civil de Hacienda) (must be understood as the Administrative and Civil Treasury Court - Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda - according to the Administrative Contentious Jurisdiction Law - Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa - No. 3667 of March 12, 1966) who heard the case file for the exchange of those lands shall issue the writ of execution (ejecutoria) and the addenda thereto that may be necessary, so that the Public Registry registers the respective lots in the name of those possessors. Likewise, the Judge is empowered to issue the necessary resolutions so that said registration is made in the Registry, consequently making therein the legal warnings and also the pertinent clarifications or rectifications.