Ley 2726 — Organic Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and SewersLey Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

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Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados


LEY CONSTITUTIVA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y





ALCANTARILLADOS





NOTA: De acuerdo con el Transitorio II de la





Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976, el nombre





fue variado por "Instituto" puede abreviarse "A y A".





ARTICULO 1º.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer





y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y





desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua





potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos





industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas





de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio





nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y





Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.





(Así reformado por Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976, artículo 1º)




Ficha articulo





ARTICULO 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:





a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un
servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos
y de aguas pluviales en las áreas urbanas;





b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan
para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se
podrán ejecutar sin su aprobación;





c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el
control de la contaminación de las aguas;





d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en
todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la
contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable
el cumplimiento de sus recomendaciones;





e) Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como
aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y
alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos;





f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público
indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los
derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a
cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa
ley al Estado, ministerios y municipalidades;





g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país,
los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los
sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán
seguir a cargo de estas, mientras suministren un servicio eficiente.  Bajo ningún concepto podrá
delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área
Metropolitana.





Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad
financiera y mientras esta corresponda directamente al Instituto.





Queda facultada la institución para convenir, con organismos locales, la administración de tales
servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el
Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así convenga para la mejor prestación de los
servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos.





Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas
administradoras regionales que involucren a varias municipalidades.





En el caso de los organismos locales que estén constituidos como Asociaciones Administradoras de
Acueductos Comunales (Asadas), según los términos de la Ley 218, Ley de Asociaciones, del 8 de
agosto de 1939, y la Ley 8901, Ley de Porcentaje Mínimo de Mujeres que Deben Integrar las Directivas
de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas, del 18 de noviembre de 2010, las asadas
deben garantizar el derecho de asociación voluntaria respetando la representación paritaria en la
Junta Directiva conforme a la ley, a excepción de los casos en que por inopia o falta de interés no
se pueda cumplir con dicha representación paritaria. Todas las personas asociadas tendrán derecho a
participar en las asambleas, a postularse y a representar a la asociación en los órganos
correspondientes. Asimismo, deben velar por el cumplimiento de la Ley 6968, Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 2 de octubre de 1984, y la Ley
7142, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, de 8 de marzo de 1990.





Se entenderán por personas asociadas, las personas físicas o jurídicas, representadas por su
personero, nacionales o extranjeras con residencia permanente, que sean usuarias con servicio a su
nombre, en su condición de dueñas o integrantes del núcleo familiar, demostrado mediante una
declaración jurada, usufructuarias, concesionarias o poseedoras legítimas del inmueble donde se
ubica el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales, que además
realicen su proceso de afiliación. Las personas físicas podrán ejercer el derecho de asociación de
manera voluntaria hasta un máximo de dos personas por inmueble, siempre y cuando al menos una de las
personas sea una mujer. Solo una persona por inmueble podrá ocupar un cargo en la Junta Directiva de
manera simultánea. En el caso de que una persona sea propietaria de dos inmuebles o más, solo podrá
representar a uno de todos los inmuebles.





De la misma manera, las asadas promoverán gradualmente la participación, afiliación y representación
voluntaria de personas jóvenes mayores de 18 años y menores de 35 años, usuarias de los servicios
citados en función de su disponibilidad real y sin afectar la libertad de asociación ni la
operatividad de la asada, conforme a la Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de mayo de
2002.





(Así reformado el inciso g) anterior por el artículo único de la Ley para garantizar la paridad de
género y promover la participación de la juventud en las Asociaciones Administradoras de los
Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, N° 10873 del 16 de marzo de 2026)





h) Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como
el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley;





i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en
que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y





j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de
acueductos y alcantarillado sanitario.





(*)k) Se autoriza al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que formalice,
mediante convenio interinstitucional con las corporaciones municipales, la construcción, ampliación
y rehabilitación de obras para el suministro de agua potable y servicio de alcantarillado, con el
fin de proporcionar esos servicios en aquellas zonas en donde el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados no tenga cobertura en determinadas zonas o que teniendo, no pueda
brindar el servicio por limitaciones constructivas del sistema, pero que técnicamente existe
disponibilidad del recurso hídrico.





Los estudios previos y los planos de las obras constructivas de los diferentes sistemas de agua
potable y alcantarillado, que lleven a cabo las municipalidades, deben contar con la aprobación
previa en sus aspectos técnicos y de diseño por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados, para asegurar su incorporación a los sistemas que ya tenga en operación el
Instituto, una vez concluidas las obras, de conformidad con el inciso b).





Se autoriza a las municipalidades para que elaboren, por sí mismas o terceros, los planos
constructivos de los sistemas de acueducto y alcantarillado.





Una vez recibida a satisfacción la obra que construye la corporación municipal, por parte del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe incorporarse en la tarifa del servicio
el rubro correspondiente para efectuar el pago íntegro a favor de la corporación municipal, por la
obra previamente aprobada por el Ay A, así como el costo de las expropiaciones y constitución de
servidumbres necesarias para la construcción y operación del sistema. Tanto la obra como los
terrenos pasarán a formar parte del patrimonio del AyA. El modelo tarifario para el pago de la obra
debe ser aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).





(*) (Así adicionado el inciso k) anterior por el artículo 1° de la Ley para permitir a las
municipalidades la construcción de obra de acueducto y alcantarillado, N° 10595 del 11 de noviembre
de 2024)





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976)





Ficha articulo





Artículo 3º.Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados elaborar las
tasas y tarifas para los servicios públicos a que se refiere esta ley, prestados en el país por
empresas públicas o privadas.





Todo proyecto deberá ser presentado al Instituto, el cual podrá modificarlo, unilateralmente, para
que se ajuste -jurídica y económicamente- a los principios del servicio al costo y un rédito para
desarrollo, que regularán esta materia.





En el caso de acueductos para poblaciones rurales y dispersas, construidos con aportes específicos
del Estado, la Junta Directiva del Instituto podrá establecer tarifas especiales, tomando en cuenta
los aportes de la comunidad para la construcción, operación y mantenimiento de la obra.





El procedimiento para la aprobación de las tarifas y tasas, se regulará por las siguientes normas:





1) El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados contará con un término improrrogable
de tres meses, para modificar o aceptar los proyectos sometidos a su estudio. Transcurrido este
término, el trámite se tendrá por concluido y el proyecto será enviado al Servicio Nacional de
Electricidad para su aprobación, cualquiera que sea el estado del expediente.





2) Simultáneamente con el envío del proyecto al Servicio Nacional de Electricidad, el Instituto
ordenará la publicación del proyecto en el diario oficial La Gaceta, sometiéndolo a consulta popular
en el término de un mes.





3) Las oposiciones de los particulares deberán presentarse en memoriales razonados, directamente
ante el Servicio Nacional de Electricidad, dentro del término de la consulta popular.





4) El Servicio Nacional de Electricidad examinará las oposiciones, así como el proyecto presentado,
y dictará la resolución de fondo, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que termine
la consulta popular.





5) Las tarifas se tendrán por aprobadas definitivamente, si el Servicio Nacional de Electricidad no
dicta el acto final en el plazo indicado.





6) Cuando el Servicio Nacional de Electricidad acoja alguna de las oposiciones de los particulares,
que a su juicio sea procedente, dictará una resolución en la que expondrá sus razones, y conferirá
traslado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por el término de ocho días
hábiles, para que éste se pronuncie sobre ella, indicando en su respuesta si la admite como
pertinente, o si la rechaza por inadmisible, total o parcialmente.





7) A partir del recibo de la respuesta del Instituto, el Servicio Nacional de Electricidad contará
con un nuevo término de quince días hábiles, para dictar la resolución final. En el caso de que el
Instituto haya admitido la oposición, el SNE hará las modificaciones que sean compatibles con lo
expresado por aquél en su aceptación.





En caso contrario, dictará la resolución tarifaria aprobando o improbando las tarifas.





8) Las tasas y tarifas deberán publicarse en el diario oficial La Gaceta y entrarán en vigencia a
partir del día primero del mes inmediato siguiente, a la fecha en que fueron aprobadas por el
Servicio Nacional de Electricidad.





*Tratándose de acueductos municipales, las tasas y tarifas por concepto del servicio de agua, serán
acordadas por el Concejo, previo estudio jurídico y económico que efectuará el Instituto de Fomento
y Asesoría Municipal, en consulta con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y
las mandará a publicar como proyecto, remitiéndolas para su aprobación al Servicio Nacional de
Electricidad, el cual dispondrá de un plazo de treinta días hábiles para aprobarlas o justificar su
rechazo. En caso contrario vencido este plazo, la municipalidad las pondrá en vigencia a partir del
mes siguiente a la publicación en el Diario Oficial del aviso correspondiente.





(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 19° de la ley N° 6890 del 14 de setiembre de
1983) *(ver el apartado de observaciones a la ley)

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 6806 del 26 de agosto de 1982)


Ficha articulo





ARTICULO 4º.- Para la fijación de tarifas se aplicarán criterios de





justicia social distributiva, que tomen en cuenta los estratos sociales y





la zona a que pertenecen los usuarios, de manera que los que tienen mayor





capacidad de pago subvencionen a los de menor capacidad, con el propósito





de obtener ingresos tales que respondan a la política financiera que para





el Instituto señalan las normas legales correspondientes.





El Estado y sus instituciones de asistencia social podrán





subvencionar, total o parcialmente, áreas o grupos de usuarios, que por





sus condiciones económicas están incapacitados para pagar las tarifas





establecidas.





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de





1976)




Ficha articulo





ARTICULO 5º.- Para el mejor cumplimiento de los fines a que se





refiere el artículo 2º de la presente ley, el Instituto Costarricense de





Acueductos y Alcantarillados tendrá las siguientes atribuciones y





prerrogativas, además de aquellas que las leyes generales otorgan a los





establecimientos de su naturaleza:






(a) Anulado por resolución de la Sala Constitucional N° 5207-04 de las 14:55 hrs. de 18/05/2004.






b) Contratar y formalizar todo tipo de documentos, necesarios o





convenientes, para el mejor logro de sus fines;





c) Adquirir en propiedad bienes muebles e inmuebles;





d) Contratar empréstitos en el país o en el extranjero, los cuales





podrán ser respaldados con la fianza del Estado, debidamente otorgada,





previa autorización de la Asamblea Legislativa. Dichos empréstitos no





requerirán autorización legislativa, si no exceden de doscientos





cincuenta mil colones (¢ 250,000.00), ni su plazo de doce meses, y son





contratados con los bancos u otras instituciones públicas nacionales; en





este caso bastará la aprobación de la Contraloría General de la





República;





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3668 de 16 de marzo





de 1966)





e) Tramitar las expropiaciones necesarias para el cumplimiento de





sus fines.





(Así reformado este párrafo primero por el artículo 65, inciso a),





de la Ley de Expropiaciones Nº 7495 de 3 de mayo de 1995).





Se declaran de utilidad pública y de interés social, y podrán ser





expropiados, los terrenos necesarios para la conservación y protección de





los recursos de agua, así como para las construcciones que se hagan





necesarias en la captación, conducción, tratamiento y distribución de





aguas con el fin de establecer poblaciones, o relacionadas con la





evacuación de las aguas residuales y su tratamiento.





(NOTA: Ver observaciones de la ley sobre el procedimiento de





expropiación)





f) Contratar, dar en garantía y comprometer sus rentas propias, así





como los muebles o inmuebles de su propiedad, en los empréstitos a que se





refiere el inciso d) de este artículo.





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3668 de 160 de marzo de





1966).





g) Aceptar donaciones de cualquier índole;





h) Elaborar tarifas y tasa, rentas y otros cargos, por el uso de los





servicios que fije esta ley;





i) Previa notificación a los dueños, poseedores, usuarios,





administradores o sus representantes, realizar los estudios e





investigaciones necesarios dentro de sus predios y edificaciones, excepto





las domiciliarias, para el logro de los fines que se propone el organismo





que esta ley regula;





j) Se dará sus propios reglamentos; y





k) Todas las demás que le señalen las leyes generales en cuanto les





sean aplicables.





(Así reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de julio





de 1976).





 




Ficha articulo





ARTICULO 6º.- El Instituto estará regido por una Junta Directiva de





nombramiento del Consejo de Gobierno, de conformidad con la ley número





5507 de 19 de abril de 1974.





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de





1976).




Ficha articulo





ARTICULO 7º.- Los nombramientos de los seis directores, no el del





Presidente Ejecutivo, se regirán por el artículo 4º de la ley Nº 4646 de





20 de octubre de 1970, reformado por el artículo 3º de la ley Nº 5507 de





19 de abril de 1974.





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de





1976).




Ficha articulo





ARTICULO 8º.- El período de los directores, su remoción y





nombramiento se regirán por lo dispuesto en el artículo 5º de la ley Nº





4646 de 20 de octubre de 1970.





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de





1976).




Ficha articulo





ARTICULO 9º.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez





por semana y extraordinariamente cada vez que sea convocada por el





Presidente Ejecutivo, por tres directores o por el Gerente. Para estas





sesiones extraordinarias, la convocatoria deberá hacerse por vía





telegráfica o epistolar, con veinticuatro horas de anticipación, por lo





menos, e indicarse el objetivo de la reunión, en la cual se conocerá





únicamente los asuntos contenidos en la convocatoria.





En cada sesión ordinaria la Junta Directiva podrá acordar la





celebración de una extraordinaria, fijando los asuntos para tratar. En





este caso no se hará necesaria la convocatoria.





Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por simple mayoría de





votos. Se requerirá la presencia de cinco miembros para poder celebrar





sesiones válidamente, éstas se efectuarán en las oficinas de la Junta





Directiva, salvo que, para casos especiales, se acuerde lo contrario.





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5915 de 12 de julio





de 1976).




Ficha articulo





ARTICULO 10.- Los directores devengarán, por cada sesión ordinaria





o extraordinaria a que asistan, una dieta que no podrá ser superior a las





que devenguen los directores de Instituciones Autónomas, en su monto y en





su número mensual, y deberán figurar, en cuanto a valor y monto probable,





en su Presupuesto Ordinario Anual.





(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 6° de la ley sobre Pago de Dietas a Directivos de
Instituciones Autónoma, N° 3065 del 20 de noviembre de 1962, se indica que se modifica en lo
conducente este numeral. Por su parte los artículos 2° y 3° de dicha ley regula lo relativo al monto
de dietas y número de sesiones remuneradas)





Ficha articulo





ARTICULO 11.- Corresponde a la Junta Directiva:





a) Dirigir la política de la Institución, fiscalizar sus operaciones





y acordar las inversiones de los recursos de la misma;





b) Acordar el Presupuesto Ordinario Anual y los Extraordinarios para





someterlos a la aprobación de la Contraloría General de la República;





c) Aprobar la Memoria Anual y los Balances Generales del Instituto;





d) Adjudicar las licitaciones públicas que se realicen conforme a la





Ley de la Administración Financiera de la República;





e) Transigir judicial o extrajudicialmente en asuntos que no excedan





de ¢ 200,000.00, por acuerdo que tenga el voto favorable de no menos





de cuatro de sus miembros; no estarán afectos a esta limitación los





compromisos arbitrales;





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3668 de 16 de marzo de





1966).





f) Autorizar la adquisición, hipoteca, gravámenes y enajenación de





bienes, hasta por la suma de ¢ 200,000.00, para lo cual será necesario el





voto favorable de no menos de cuatro de sus miembros. Si la operación





excede de ¢ 200,000.00, requerirá autorización legislativa.





Lo anterior no rige, en cuanto a limitaciones se refiere, en los





casos de expropiación o licitación.





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3668 de 16 de marzo de





1966).





g) DEROGADO





(Derogado por el inc. o) del artículo 64 de la Ley Nº 7495 de 3 de





mayo de 1995).





h) Determinar, previos los estudios del caso, las tarifas de





abastecimiento de agua potable y disposición de aguas residuales y





pluviales;





i) Dictar, reformar e interpretar los reglamentos internos





necesarios para el mejor desarrollo de los fines del Instituto;





j) Nombrar y remover al Gerente, al Subgerente y al Auditor, para lo





cual necesita por lo menos cuatro votos de la totalidad de sus miembros.





Estos funcionarios no podrán estar ligados entre sí, o con los





directores, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer





grado inclusive;





(TACITAMENTE REFORMADO por las leyes números 4646 de 20 de octubre





de 1970, artículos 6º y 7º y 5507 de 19 de abril de 1974, artículo 6º).





k) Asignar, dentro de los preceptos legales, las atribuciones y





deberes de los funcionarios anteriormente citados;





l) Conocer en alzada de las apelaciones interpuestas contra





resoluciones del Gerente, del Subgerente y del Auditor, así como





concederles licencias y designar a sus sustitutos interinos.





(Así reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de





julio de 1976).




Ficha articulo





ARTICULO 12.- El Gerente será responsable ante la Junta Directiva





del eficiente y correcto funcionamiento administrativo del Instituto y





tendrá las siguientes atribuciones:





a) Formular el plan de organización interna y funcional del





Instituto, lo mismo que los programas de trabajo, para presentarlos a la





consideración de la Junta, y dirigir la ejecución de los mismos;





b) Acordar la creación de nuevas plazas y designar el personal y su





remoción, el cual se regirá por un escalafón, que deberá ser aprobado por





la Junta Directiva;





c) Tratándose del nombramiento o remoción de los jefes de los





departamentos generales del Instituto, según la organización que se





apruebe, el Gerente someterá sus actuaciones a la consideración de la





Junta Directiva;





d) Formular los presupuestos anuales de sueldos y gastos de





funcionamiento, los cuales necesitarán la aprobación de la Junta





Directiva; y





e) Autorizar, conjuntamente con el Presidente de la Directiva, los





valores mobiliarios que emita el Instituto, lo mismo que la Memoria Anual





y los otros documentos que determinen las leyes, los reglamentos del





Instituto y los acuerdos de la Junta Directiva.





(Así reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de





julio de 1976).




Ficha articulo





ARTICULO 13.- Además de las que fije la Junta Directiva, el Auditor





tendrá las siguientes atribuciones:





a) Fiscalizar, en cuanto tenga relación con su cargo y sin menoscabo





de la eficiencia y técnica provisión de los servicios a cargo de la





Institución que se crea por esta ley, todos los actos, operaciones y





actividades de ésta, verificando la contabilidad y los inventarios;





realizar arqueos y otras comprobaciones y estados de cuenta; comprobarlos





con los libros o documentos correspondientes y certificarlos o





refrendarlos cuando los encontrare correctos. Realizará los arqueos y





demás verificaciones que considere convenientes por lo menos dos veces al





año, a intervalos regulares y sin previo aviso; y





b) Comunicar al Gerente las irregularidades o infracciones que





observare en las operaciones y funcionamiento del Instituto, y, en caso





de que dicho funcionario no dictare en un plazo prudencial las medidas





que fueren indicadas, exponer la situación a la Junta Directiva,





proponiendo tales medidas.





(Así reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de





julio de 1976).




Ficha articulo





ARTICULO 14.- La Auditoría funcionará bajo la responsabilidad y





dirección del Auditor, quien será nombrado por la Junta Directiva con el





voto favorable de no menos de cinco de sus miembros. El auditor deberá





ser Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales, debidamente autorizado





para ejercer la profesión en Costa Rica, y reunir, además, las mismas





condiciones exigidas para el cargo de Gerente.





Será inamovible salvo que, a juicio de la Junta Directiva y previa





información, se demuestre que no cumple debidamente las funciones y





deberes inherentes a su cargo y quedará, en todo caso, sujeto a las





disposiciones que para los miembros de la Junta Directiva establece la





presente ley, en cuanto le fueren aplicables, dada la naturaleza de su





cargo y el origen de su nombramiento.





(REFORMADO TACITAMENTE por el artículo 18 de Ley Nº 6872 de 17 de





junio de 1983).




Ficha articulo





ARTICULO 15.- El Auditor dependerá directamente de la Junta





Directiva, ante la cual serán apeladas sus decisiones.




Ficha articulo





ARTICULO 16.- Las funciones específicas que corresponden a la Junta





Directiva, así como a los funcionarios del Instituto Costarricense de





Acueductos y Alcantarillados, serán determinadas por el reglamento





respectivo.





(Así reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de





julio de 1976).




Ficha articulo





ARTICULO 17.- El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no podrá hacer donaciones
sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. En cuanto a tarifas o tasas podrá contratar con las
instituciones de beneficencia, educación y similares, en el sentido de concederles rebajas
especiales.





Estará exento de todo pago de tasas, impuestos y derechos fiscales, nacionales o municipales; gozará
de franquicia telegráfica y postal; litigará en papel de oficio y no pagará derechos de Registro.





(Así reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976; DEROGADO TACITAMENTE,
en forma parcial su párrafo final, por leyes números 5870 de 11 de diciembre de 1975, artículo 15
(suprime franquicia postal); 4513 de 2 de enero de 1970, artículo 9º (suprime franquicia telegráfica
); 7088 de 30 de noviembre de 1987, artículo 16 (importación de vehículos) y 7293 de 31 de marzo de
1992, artículos 50 y 55 (pago de futuros impuestos).





(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 49 sub inciso k) de la Ley Marco de Empleo Público, N° 10159
del 8 de marzo de 2022, se ordenó reformar el inciso l) de este numeral. No obstante; este artículo
no contiene incisos por lo que se transcribe la reforma del artículo 49 sub inciso k) de la ley
afectante: "K) Se reforma el inciso l) del artículo 17 de la Ley 2726, Ley Constitutiva del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de 14 de abril de 1961. El texto es el
siguiente:





Artículo 17- El Consejo de Administración tendrá facultades para ejercer todas las funciones y
ejecutar todos los actos que Japdeva esté autorizada a realizar. En ese sentido, tendrá entre otras,
las siguientes atribuciones:





[ ... ]





l) Nombrar a quienes reemplacen a las personas servidoras públicas mencionadas en el aparte
anterior, durante sus ausencias temporales.





[ ... ]")





Ficha articulo





Artículo 18.- Todas las propiedades e instalaciones de los organismos del Estado que estén
destinadas a la prestación de servicios relativos a la captación, tratamiento y distribución de
aguas potables y evacuación de aguas servidas o pluviales en el país, son patrimonio nacional.





Para los efectos jurídicos, administrativos financieros y de tarifas se considerarán parte del
capital del ente bajo cuya administración se encuentren.





(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 5915 del 12 de julio de 1976)





Ficha articulo





ARTICULO 19.- La política financiera del Instituto será la de





capitalizar los ingresos netos, que obtenga de la venta de servicios y de





cualquier otra fuente, para realizar planes nacionales de abastecimiento





de agua potable y disposición de aguas residuales y pluviales.





Para ese efecto, se calcularán las tasas de venta de agua potable y





disposiciones de aguas residuales de manera que en todo tiempo se provean





fondos suficientes para lo siguiente:





a) Pagar el costo de conservar, reparar y explotar los sistemas de





acueductos y alcantarillados; y





b) Pagar intereses sobre las deudas que contraiga y un porcentaje





para capitalización y desarrollo.





El Gobierno no derivará ninguna parte de las utilidades netas del





Instituto, pues éste no se considerará como fuente productora de ingresos





para el Fisco.





El Estado, municipalidades y cualesquiera personas físicas o





jurídicas, públicas o privadas, podrán hacer donaciones de cualquier





índole al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sin





necesidad de ley ni aceptación expresa.





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5915 de 12 de julio





de 1976).(NOTA: El artículo 4º de la Ley Nº 5595 de 17 de octubre de





1974 impone hipoteca legal sobre deudas por alcantarillado y el artículo





5º de la Ley Nº 6622 de 27 de agosto de 1981 establece que las





certificaciones por deudas a su favor son título ejecutivo).




Ficha articulo





ARTICULO 20.- El Instituto queda autorizado para contratar con las





municipalidades de la República el cobro de las tasas, cánones,





arriendos, derechos o tarifas, de cualquier naturaleza que sean,





originados en los servicios que presta. Asimismo, queda autorizado para





contratar con las municipalidades o empresas municipales la venta de agua





potable en la entrada de las poblaciones, si así conviniere a la





prestación del servicio.





(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5915 de 12 de julio





de 1976).




Ficha articulo





ARTICULO 21.- Todo proyecto de construcción, ampliación o





modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición





de aguas servidas y pluviales, público o privado, deberá ser aprobado





previamente por el Instituto Costarricense de Acueductos y





Alcantarillados, el que podrá realizar la inspección que estime





conveniente para comprobar que las obras se realizan de acuerdo con los





planes aprobados.





Dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de





construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en





cualquier parte del país y ningún otro organismo estatal otorgará





permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte del





Instituto. La infracción de este mandato ocasionará la nulidad de





cualquier permiso de construcción otorgado en contravención de esta





prohibición teniéndose por legalmente inexistente la parcelación o el





proyecto en su caso, con las consecuencias, en cuanto a terceros, que





prevé el artículo 35 de la Ley de Planificación Urbana, Nº 4240 de 15 de





noviembre de 1968.





(Adicionado por el artículo 5º de la Ley Nº 5595 de 17 de octubre de





1974; y reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de julio





de 1976).




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ARTICULO 22.- Es obligación del Instituto Costarricense de





Acueductos y Alcantarillado sufragar los gastos que demanden la





conservación, ampliación y seguridad de los bosques que sirvan para





mantener las fuentes de aguas, en las propiedades de aquellas





Municipalidades donde asuma los servicios de aguas y alcantarillado.





(Así reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de





julio de 1976).




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ARTICULO 23.- Los planos para la construcción o reconstrucción





parcial o total de una casa o edificio en las ciudades cabeceras de





provincia o de cantón cuyas Municipalidades tengan Departamento de





Ingeniería, serán sometidas para su aprobación previa a dicho





Departamento y una vez aprobados por éste, al Instituto Costarricense de





Acueductos y Alcantarillados, para su revisión, en cuanto a lo que a sus





atribuciones se refiere. Ambos organismos deberán resolver lo conducente





en un plazo no mayor de ocho días hábiles, contados desde el día de la





presentación de los planos. Vencido el plazo sin que hubiere resolución,





el interesado obtendrá constancia de ese hecho y se tendrán los mismos





como definitivamente aprobados.





(Así reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de





julio de 1976).




Ficha articulo





ARTICULO 24.- El Instituto Costarricense de Acueductos y





Alcantarillados queda bajo la fiscalización de la Contraloría General de





la República en el aspecto económico-financiero.





(Así reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de





julio de 1976).




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ARTICULO 25.- El Instituto tendrá personería jurídica propia; el





Gerente y el Subgerente tendrán, indistintamente, la representación





judicial y extrajudicial de esta Institución, con las facultades que para





los apoderados generalísimos determina el artículo 1253 del Código Civil.





(Así reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de





julio de 1976).




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ARTICULO 26.- Fuera de las responsabilidades civiles que podrían





derivarse del incumplimiento de esta ley, las transgresiones a la misma





serán penadas con multa de ¢ 500.00 a ¢ 5.000.00, o pena de prisión en el





grado correspondiente.





En las áreas en las que el Instituto haya asumido la administración





de los sistemas de agua potable o de disposición de aguas residuales, la





transgresión al artículo 21 podrá subsanarse mediante la presentación de





los respectivos planos ajustados a las normas técnicas y legales para la





aprobación por parte del Instituto, las modificaciones en las obras que





sean necesarias, más el pago de un recargo de hasta un 25% en las tasas





correspondientes o en los derechos de conexión o en ambos, que el





constructor, contratista o propietario deberá pagar al Instituto





Costarricense de Acueductos y Alcantarillados conforme a sus reglamentos;





en las zonas que no estén bajo su administración deberá pagar al máximo





la multa señalada en el párrafo primero de este artículo, a favor de la





municipalidad respectiva. En los casos de transgresiones al artículo 23





en áreas bajo la administración del Instituto, la única sanción que se





aplicará será el recargo de hasta un 25% en la tasa o en los derechos de





conexión o en ambos, también de acuerdo con los reglamentos.





(Adicionado por el artículo 6º de la Ley Nº 5595 de 17 de octubre de





1974).





(Así reformado por el Transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de





julio de 1976).




Ficha articulo





ARTICULO 27.- Créase como Distrito Especial para los efectos de esta





ley, el Area Metropolitana a que se refiere la ley Nº 2511 de 11 de





febrero de 1960.




Ficha articulo





ARTICULO 28.- Deróganse los artículos 276, 277 y 280 de la ley Nº





809 de 2 de noviembre de 1949 (Código Sanitario).




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ARTICULO 29.- Esta ley es de orden público y rige a partir de su publicación.





TRANSITORIOS DE LA LEY Nº 5915 DE 12 DE JULIO DE 1976:





Transitorio I. - Se derogan los transitorios 1º, 2º, 5º, 6º y 7º de





la ley número 2726.





Transitorio II.- En todas las disposiciones legales de origen





legislativo, reglamentario, contractual o de cualquier otra índole, será





expresamente entendido que el nombre de "Servicio Nacional de Acueductos





y Alcantarillados", será sustituido por "Instituto Costarricense de





Acueductos y Alcantarillados", que podrá abreviarse " A y A". Para los





efectos legales se le considera órgano sustituto.





Tal sustitución operará de pleno derecho y se entenderá modificada





así en los artículos 5º, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 25 y 26 de la





ley número 2726 y sus reformas, así como en los transitorios 3º y 4º de





dicha ley.





Ficha articulo





Disposiciones Transitorias





Transitorio 1°-(Derogado por transitorio  I de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976).





Ficha articulo





Transitorio 2°-(Derogado por transitorio  I de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976).





Ficha articulo





Transitorio 3°-Los derechos laborales adquiridos por los funcionarios y empleados de las
dependencias del Ejecutivo y de las Municipalidades que pasan a servir al Servicio, serán asumidos
por éste, así como también los derechos laborales de aquellos empleados que, por virtud de
disposición de esta ley, fueren despedidos de su trabajo.





(Nota de Sinalevi: Mediante transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976, se indicó que
se entenderá modificada este numeral)





Ficha articulo





Transitorio 4°-Se cancelarán todas las concesiones o exenciones sobre el pago de servicios de agua
potable o disposición de aguas residuales que existieren en el momento de entrar en funciones el
Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado.





(Nota de Sinalevi: Mediante transitorio II de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976, se indicó que
se entenderá modificada este numeral)





Ficha articulo





Transitorio 5°-(Derogado por transitorio  I de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976).





Ficha articulo





Transitorio 6°-(Derogado por transitorio  I de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976).





Ficha articulo





Transitorio 7°-(Derogado por transitorio  I de la Ley Nº 5915 de 12 de julio de 1976).





Casa Presidencial.-San José, a los catorce días del mes de abril de mil novecientos sesenta y uno.





Ficha articulo





Fecha de generación: 4/5/2026 15:47:05

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Constituent Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers

CONSTITUENT LAW OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND

SEWERS

NOTE: In accordance with Transitory Provision II of

Law No. 5915 of July 12, 1976, the name

was changed to "Institute" may be abbreviated "A y A".

ARTICLE 1.- For the purpose of directing, setting policies, establishing

and applying norms, carrying out and promoting planning, financing, and

development, and resolving everything related to the supply of drinking water

and the collection and disposal of wastewater and liquid industrial

waste, as well as the normative aspect of stormwater drainage (alcantarillado pluvial)

systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and

Sewers is created, as an autonomous institution of the State.

(Thus amended by Law No. 5915 of July 12, 1976, article 1)

Article file

ARTICLE 2.- The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is responsible for:

a) Directing and overseeing everything concerning the provision of a
drinking water service for the inhabitants of the republic, the collection and disposal of wastewater and liquid industrial waste,
and stormwater in urban areas;

b) Determining the priority, suitability, and feasibility of the different projects proposed
to construct, renovate, expand, or modify aqueduct and sewer works; which may not
be executed without its approval;

c) Promoting the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as
the control of water pollution;

d) Advising other State bodies and coordinating public and private activities in
all matters relating to the establishment of aqueducts and sewers and the control of
water resource pollution, its consultation being mandatory in all cases, and compliance
with its recommendations being inexcusable;

e) Preparing all plans for public works related to the purposes of this law, as well as
approving all those for private works related to aqueduct and
sewer systems, as determined by the respective regulations;

f) Utilizing, using, governing, or supervising, as the case may be, all public domain waters
essential for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the
rights that the State holds over them, in accordance with Law No. 276 of August 27, 1942, to
which effect the Institute shall be considered the substitute body for the powers attributed in that
law to the State, ministries, and municipalities;

g) Directly managing and operating the aqueduct and sewer systems throughout the country,
which shall be assumed gradually, taking into account convenience and resource availability. The
systems currently managed and operated by municipal corporations may
remain in their charge, as long as they provide an efficient service. Under no circumstances may it
delegate the administration of the Metropolitan Area's aqueduct and sanitary sewer
systems.

Nor may it delegate the administration of systems for which there is financial
liability and while this liability corresponds directly to the Institute.

The institution is empowered to agree, with local bodies, on the administration of such
services or to administer them through administrative boards of mixed composition between the
Institute and the respective communities, whenever this is suitable for the better provision of
services and in accordance with the respective regulations.

For the same reasons and with the same characteristics, regional
administrative boards involving several municipalities may also be created.

In the case of local bodies that are constituted as Community Aqueduct Administrative Associations (Asociaciones Administradoras de
Acueductos Comunales, Asadas), under the terms of Law 218, Law of Associations, of August 8,
1939, and Law 8901, Law on the Minimum Percentage of Women that Must Integrate the Boards of
Associations, Unions, and Solidarity Associations, of November 18, 2010, the Asadas
must guarantee the right of voluntary association by respecting equal representation on the
Board of Directors in accordance with the law, except in cases where, due to poverty or lack of interest,
such equal representation cannot be fulfilled. All members shall have the right to
participate in assemblies, to run for office, and to represent the association in the corresponding
bodies. Likewise, they must ensure compliance with Law 6968, Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, of October 2, 1984, and Law
7142, Law on the Promotion of Women's Social Equality, of March 8, 1990.

Members shall be understood to mean natural or legal persons, represented by their
legal representative, nationals or foreigners with permanent residence, who are users with service in
their name, in their capacity as owners or members of the family unit, demonstrated through a
sworn declaration, usufructuaries, concessionaires, or legitimate possessors of the property where
the drinking water supply and wastewater sanitation service is located, who also
complete their affiliation process. Natural persons may exercise the right of association
voluntarily up to a maximum of two persons per property, provided that at least one of the
persons is a woman. Only one person per property may simultaneously hold a position on the Board of Directors. In the event that a person owns two or more properties, they may only
represent one of all the properties.

In the same manner, the Asadas shall gradually promote the voluntary participation, affiliation, and representation
of young people over 18 years of age and under 35 years of age, users of the services
mentioned, based on their real availability and without affecting the freedom of association or the
operability of the Asada, in accordance with Law 8261, General Law of the Young Person, of May 2,
2002.

(Subsection g) above thus amended by the sole article of the Law to Guarantee Gender Parity
and Promote Youth Participation in the Administrative Associations of
Community Aqueducts and Sewers, No. 10873 of March 16, 2026)

h) Enforcing the General Drinking Water Law, for which purpose the Institute shall be considered
the substitute body for the ministries and municipalities indicated in said law;

i) Building, expanding, and renovating aqueduct and sewer systems in those cases
where necessary and as advisable for the best satisfaction of national needs; and

j) Controlling the proper investment of all resources that the State allocates for aqueduct
and sanitary sewer works.

(*)k) The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is authorized to formalize,
through an inter-institutional agreement with municipal corporations, the construction, expansion,
and rehabilitation of works for the supply of drinking water and sewer service, with the
purpose of providing these services in those areas where the Costa Rican Institute of
Aqueducts and Sewers does not have coverage in certain areas, or where having coverage, it cannot
provide the service due to constructive limitations of the system, but where the water resource
is technically available.

The preliminary studies and the construction plans for the different drinking water
and sewer systems carried out by the municipalities must have the prior
approval of their technical and design aspects by the Costa Rican Institute of Aqueducts and
Sewers, to ensure their incorporation into the systems already operated by the
Institute, once the works are completed, in accordance with subsection b).

Municipalities are authorized to prepare, by themselves or through third parties, the construction
plans for the aqueduct and sewer systems.

Once the work constructed by the municipal corporation is received satisfactorily by the
Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the corresponding item must be incorporated into the service
rate to make the full payment in favor of the municipal corporation, for the
work previously approved by the AyA, as well as the cost of expropriations and constitution of
easements necessary for the construction and operation of the system. Both the work and the
lands shall become part of the AyA's assets. The rate model for the payment of the work
must be approved by the Public Services Regulatory Authority (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Aresep).

(*) (Subsection k) above thus added by article 1 of the Law to Permit
Municipalities the Construction of Aqueduct and Sewer Works, No. 10595 of November 11,
2024)

(Thus amended by article 1 of Law No. 5915 of July 12, 1976)

Article file

Article 3.- The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is responsible for preparing the
rates and fees for the public services referred to in this law, provided in the country by
public or private companies.

Every project must be submitted to the Institute, which may modify it, unilaterally, so
that it conforms—legally and economically—to the principles of service at cost and a return for
development, which shall govern this matter.

In the case of aqueducts for rural and dispersed populations, built with specific State
contributions, the Institute's Board of Directors may establish special rates, taking into
account the community's contributions for the construction, operation, and maintenance of the work.

The procedure for the approval of the rates and fees shall be governed by the following rules:

1) The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers shall have a non-extendable term
of three months to modify or accept the projects submitted for its study. After this
term has elapsed, the process shall be considered concluded and the project shall be sent to the National
Electricity Service for its approval, regardless of the status of the file.

2) Simultaneously with sending the project to the National Electricity Service, the Institute
shall order the publication of the project in the official gazette La Gaceta, submitting it to public consultation for a one-month term.

3) Oppositions from private parties must be submitted in reasoned briefs, directly
to the National Electricity Service, within the term of the public consultation.

4) The National Electricity Service shall examine the oppositions, as well as the submitted project,
and shall issue the final ruling on the merits, within a period of one month counted from the date on which
the public consultation concludes.

5) The rates shall be considered definitively approved if the National Electricity Service does
not issue the final act within the indicated period.

6) When the National Electricity Service accepts any of the oppositions from private parties,
which it deems pertinent, it shall issue a resolution stating its reasons, and shall transfer
it to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, for a term of eight business
days, so that the Institute may pronounce on it, indicating in its response whether it admits it as
pertinent, or whether it rejects it as inadmissible, totally or partially.

7) From the receipt of the Institute's response, the National Electricity Service shall have
a new term of fifteen business days to issue the final resolution. In the event that the
Institute has admitted the opposition, the SNE shall make the modifications compatible with what was
expressed by the Institute in its acceptance.

Otherwise, it shall issue the rate resolution approving or rejecting the rates.

8) The fees and rates must be published in the official gazette La Gaceta and shall take effect
from the first day of the month immediately following the date on which they were approved by the
National Electricity Service.

*In the case of municipal aqueducts, the fees and rates for the water service shall be
agreed upon by the Council, following a legal and economic study to be carried out by the Institute of Municipal
Development and Advisory (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal), in consultation with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and
shall be ordered to be published as a project, submitting them for approval to the National
Electricity Service, which shall have a period of thirty business days to approve them or justify their
rejection. Otherwise, once this period has expired, the municipality shall put them into effect from the
month following the publication of the corresponding notice in the Official Gazette.

(The preceding paragraph thus added by article 19 of Law No. 6890 of September 14,
1983) *(see the observations section on the law)

(Thus amended by article 1 of Law No. 6806 of August 26, 1982)

Article file

ARTICLE 4.- For the setting of rates, criteria of distributive

social justice shall be applied, taking into account the social strata and

the area to which the users belong, so that those with greater

ability to pay subsidize those with less ability, with the purpose

of obtaining income such that it corresponds to the financial policy that the

relevant legal norms establish for the Institute.

The State and its social assistance institutions may

subsidize, totally or partially, areas or groups of users who, due to

their economic conditions, are unable to pay the established

rates.

(Thus amended by article 1 of Law No. 5915 of July 12,

1976)

Article file

ARTICLE 5.- For the better fulfillment of the purposes referred to

in article 2 of this law, the Costa Rican Institute of

Aqueducts and Sewers shall have the following powers and

prerogatives, in addition to those that general laws grant to

establishments of its nature:

(a) Annulled by resolution of the Constitutional Court (Sala Constitucional) No. 5207-04 of 2:55 p.m. on 05/18/2004.

b) Contracting and formalizing all types of documents, necessary or

convenient, for the better achievement of its purposes;

c) Acquiring ownership of movable and immovable property;

d) Contracting loans within the country or abroad, which

may be backed by the guarantee of the State, duly granted,

with prior authorization from the Legislative Assembly. Such loans shall not

require legislative authorization if they do not exceed two hundred

fifty thousand colones (¢ 250,000.00), nor have a term of twelve months, and are

contracted with banks or other national public institutions; in

this case, the approval of the Comptroller General of the

Republic shall suffice;

(Thus amended by article 1 of Law No. 3668 of March 16,

1966)

e) Processing the expropriations necessary for the fulfillment of

its purposes.

(This first paragraph thus amended by article 65, subsection a),

of the Expropriation Law No. 7495 of May 3, 1995).

The lands necessary for the conservation and protection of

water resources, as well as for the constructions necessary

for the catchment, conveyance, treatment, and distribution of

water for the purpose of establishing populations, or related to the

evacuation and treatment of wastewater, are declared of public utility and social interest, and may be

expropriated.

(NOTE: See observations of the law on the expropriation

procedure)

f) Contracting, pledging as collateral, and committing its own income, as well

as the movable or immovable property of its ownership, in the loans referred to

in subsection d) of this article.

(Thus amended by article 1 of Law No. 3668 of March 16,

1966).

g) Accepting donations of any kind;

h) Preparing fees and rates, rents, and other charges, for the use of the

services established by this law;

i) Upon prior notification to the owners, possessors, users,

administrators, or their representatives, carrying out the studies and

investigations necessary within their properties and buildings, except

dwellings, for the achievement of the purposes proposed by the body

that this law regulates;

j) Establishing its own regulations; and

k) All others that general laws indicate insofar as they

are applicable.

(Thus amended by Transitory Provision II of Law No. 5915 of July 12,

1976).

 

Article file

ARTICLE 6.- The Institute shall be governed by a Board of Directors appointed

by the Government Council, in accordance with Law No.

5507 of April 19, 1974.

(Thus amended by article 1 of Law No. 5915 of July 12,

1976).

Article file

ARTICLE 7.- The appointments of the six directors, but not that of the

Executive President, shall be governed by article 4 of Law No. 4646 of

October 20, 1970, amended by article 3 of Law No. 5507 of

April 19, 1974.

(Thus amended by article 1 of Law No. 5915 of July 12,

1976).

Article file

ARTICLE 8.- The term of the directors, their removal, and

appointment shall be governed by the provisions of article 5 of Law No.

4646 of October 20, 1970.

(Thus amended by article 1 of Law No. 5915 of July 12,

1976).

Article file

ARTICLE 9.- The Board of Directors shall meet ordinarily once

a week and extraordinarily whenever convened by the

Executive President, by three directors, or by the General Manager. For these

extraordinary sessions, the notice of meeting must be made via

telegraph or letter, with at least twenty-four hours' notice,

and must indicate the purpose of the meeting, at which only

the matters contained in the notice of meeting shall be addressed.

In each ordinary session, the Board of Directors may agree to hold

an extraordinary one, setting the matters to be dealt with. In

this case, a notice of meeting shall not be necessary.

Decisions of the Board of Directors shall be taken by simple majority of

votes. The presence of five members shall be required to validly hold

sessions; these shall be held in the offices of the Board

of Directors, unless, for special cases, it is agreed otherwise.

(Thus amended by article 1 of Law No. 5915 of July 12,

1976).

Article file

ARTICLE 10.- The directors shall earn, for each ordinary

or extraordinary session they attend, a per diem (dieta) that may not be higher than those

earned by the directors of Autonomous Institutions, in its amount and in

its monthly number, and must appear, in terms of value and probable amount,

in its Annual Ordinary Budget.

(Note from Sinalevi: Through article 6 of the Law on Payment of Per Diems to Directors of
Autonomous Institutions, No. 3065 of November 20, 1962, it is indicated that this numeral is amended accordingly. Articles 2 and 3 of said law regulate matters related to the amount
of per diems and the number of remunerated sessions)

Article file

ARTICLE 11.- It is the responsibility of the Board of Directors:

a) To direct the policy of the Institution, supervise its operations,

and agree on the investments of its resources;

b) To agree on the Annual Ordinary Budget and the Extraordinary ones to

submit them for the approval of the Comptroller General of the Republic;

c) To approve the Annual Report and the General Balance Sheets of the Institute;

d) To award the public tenders conducted in accordance with the

Law of the Financial Administration of the Republic;

e) To settle judicially or extrajudicially in matters that do not exceed

¢ 200,000.00, by agreement having the favorable vote of no fewer

than four of its members; arbitration agreements shall not be subject to this limitation;

(Thus amended by article 1 of Law No. 3668 of March 16,

1966).

f) To authorize the acquisition, mortgage, encumbrances, and disposal of

property, up to the sum of ¢ 200,000.00, for which the

favorable vote of no fewer than four of its members shall be necessary. If the operation

exceeds ¢ 200,000.00, it shall require legislative authorization.

The above does not apply, in terms of limitations, in

cases of expropriation or public tender.

(Thus amended by article 1 of Law No. 3668 of March 16,

1966).

g) REPEALED

(Repealed by subsection o) of article 64 of Law No. 7495 of May 3,

1995).

h) To determine, following the pertinent studies, the rates for

supply of drinking water and disposal of wastewater and

stormwater;

i) To issue, amend, and interpret the internal regulations

necessary for the better development of the purposes of the Institute;

j) To appoint and remove the General Manager, the Deputy General Manager, and the Internal Auditor, for which

purpose at least four votes from the totality of its members are required.

These officials may not be related among themselves, or with the

directors, by consanguinity or affinity up to the third

degree inclusive;

(TACITLY AMENDED by Laws No. 4646 of October 20,

1970, articles 6 and 7, and 5507 of April 19, 1974, article 6).

k) To assign, within legal precepts, the powers and

duties of the aforementioned officials;

l) To hear on appeal the appeals filed against

resolutions of the General Manager, the Deputy General Manager, and the Internal Auditor, as well as

to grant them leave and designate their interim substitutes.

(Thus amended by Transitory Provision II of Law No. 5915 of

July 12, 1976).

Article file

ARTICLE 12.- The General Manager shall be responsible before the Board of Directors

for the efficient and correct administrative operation of the Institute and

shall have the following powers:

a) To formulate the internal and functional organization plan of the

Institute, as well as the work programs, to present them for the

consideration of the Board, and to direct their execution;

b) To agree on the creation of new positions and to appoint personnel and

remove them, which shall be governed by a career ladder (escalafón), which must be approved by

the Board of Directors;

c) Regarding the appointment or removal of the heads of the

general departments of the Institute, according to the organization that is

approved, the General Manager shall submit their actions to the consideration of the

Board of Directors;

d) To formulate the annual budgets for salaries and operating

expenses, which shall require the approval of the Board

of Directors; and

e) To authorize, jointly with the President of the Board, the

marketable securities issued by the Institute, as well as the Annual Report

and other documents determined by the laws, the Institute's regulations,

and the agreements of the Board of Directors.

(Thus amended by Transitory Provision II of Law No. 5915 of

July 12, 1976).

Article file

ARTICLE 13.- In addition to those set by the Board of Directors, the Internal Auditor

shall have the following powers:

a) To supervise, insofar as it relates to their position and without prejudice

to the efficient and technical provision of the services under the responsibility of the

Institution created by this law, all acts, operations, and

activities thereof, verifying the accounting and inventories;

conducting cash counts and other checks and statements of account; checking them

against the corresponding books or documents and certifying or

endorsing them when found to be correct. They shall conduct cash counts and

other verifications deemed appropriate at least twice a

year, at regular intervals and without prior notice; and

b) To communicate to the General Manager the irregularities or infractions

observed in the operations and functioning of the Institute, and, in

the event that said official does not dictate the indicated measures

within a reasonable period, to present the situation to the Board of Directors,

proposing such measures.

(Thus amended by Transitory Provision II of Law No. 5915 of

July 12, 1976).

Article file

ARTICLE 14.- The Internal Audit Department shall function under the responsibility and

direction of the Internal Auditor, who shall be appointed by the Board of Directors with the

favorable vote of no fewer than five of its members. The internal auditor must

be a graduate (Licenciado) in Economic and Social Sciences, duly authorized

to practice the profession in Costa Rica, and must also meet the same

conditions required for the position of General Manager.

They shall be irremovable except when, in the judgment of the Board of Directors and following

an informational proceeding, it is demonstrated that they do not properly fulfill the functions and

duties inherent to their position and shall be, in any case, subject to the

provisions that this law establishes for the members of the Board of Directors, insofar

as they are applicable, given the nature of their

position and the origin of their appointment.

(TACITLY AMENDED by article 18 of Law No. 6872 of June 17,

1983).

Article file

ARTICLE 15.- The Internal Auditor shall report directly to the

Board of Directors, before which their decisions shall be appealed.

Article file

ARTICLE 16.- The specific functions corresponding to the Board

of Directors, as well as to the officials of the Costa Rican Institute of

Aqueducts and Sewers, shall be determined by the respective

regulation.

(Thus amended by Transitory Provision II of Law No. 5915 of

July 12, 1976).

Article file

ARTICLE 17.- The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers may not make donations
without the approval of the Legislative Assembly. With respect to rates or fees, it may contract with
charity, education, and similar institutions, in the sense of granting them special
discounts.

It shall be exempt from all payment of fees, taxes, and fiscal duties, national or municipal; it shall enjoy
telegraphic and postal franking (franquicia); it shall litigate on official paper and shall not pay Registration fees.

(Thus amended by Transitory Provision II of Law No. 5915 of July 12, 1976; TACITLY REPEALED,
in part for its final paragraph, by Laws No. 5870 of December 11, 1975, article 15
(suppresses postal franking); 4513 of January 2, 1970, article 9 (suppresses telegraphic franking
); 7088 of November 30, 1987, article 16 (vehicle importation) and 7293 of March 31,
1992, articles 50 and 55 (payment of future taxes).

(Note from Sinalevi: Through article 49, subsection k), of the Framework Law on Public Employment, No. 10159
of March 8, 2022, it was ordered to amend subsection l) of this numeral. However; this article
does not contain subsections, so the amendment of article 49, subsection k), of the affecting law is transcribed: "k) Subsection l) of article 17 of Law 2726, Constituent Law of the
Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, of April 14, 1961, is amended. The text is the
following:

Article 17- The Administration Council shall have the authority to exercise all the functions and
execute all the acts that Japdeva is authorized to carry out. In that sense, it shall have, among
others, the following powers:

[ ... ]

l) To appoint those who replace the public servants mentioned in the preceding section, during their temporary absences.

[ ... ]")

Article file

Article 18.- All properties and facilities of the State bodies that are
destined for the provision of services related to the catchment, treatment, and distribution of
drinking water and disposal of wastewater or stormwater in the country, are national patrimony.

For legal, administrative, financial, and rate purposes, they shall be considered part of the
capital of the entity under whose administration they are located.

(Thus amended by article 1 of Law No. 5915 of July 12, 1976)

Article file

ARTICLE 19.- The financial policy of the Institute shall be to

capitalize the net income obtained from the sale of services and from

any other source, to carry out national plans for the supply

of drinking water and disposal of wastewater and stormwater.

For this purpose, the rates for the sale of drinking water and

disposal of wastewater shall be calculated so that sufficient

funds are always provided for the following:

a) To pay the cost of conserving, repairing, and operating the

aqueduct and sewer systems; and

b) To pay interest on the debts it contracts and a

percentage for capitalization and development.

The Government shall not derive any part of the net profits of the

Institute, as it shall not be considered a source of income

for the Treasury.

The State, municipalities, and any natural or

legal persons, public or private, may make donations of any

kind to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, without

the need for a law or express acceptance.

(Thus amended by article 1 of Law No. 5915 of July 12,

1976).(NOTE: Article 4 of Law No. 5595 of October 17,

1974 imposes a legal mortgage on sewer debts, and article

5 of Law No. 6622 of August 27, 1981 establishes that

certifications for debts in its favor are executive title).

Article file

ARTICLE 20.- The Institute is authorized to contract with the

municipalities of the Republic the collection of the fees, charges,

rents, duties, or rates, of whatever nature,

originating from the services it provides. Likewise, it is authorized to

contract with municipalities or municipal companies the sale of drinking

water at the entrance of the towns, if appropriate for the

provision of the service.

(Thus amended by article 1 of Law No. 5915 of July 12,

1976).

ARTICLE 21.- Every project for the construction, expansion, or modification of potable water supply systems and sanitary and storm sewerage (aguas servidas y pluviales) systems, whether public or private, shall be previously approved by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which may carry out any inspection it deems appropriate to verify that the works are being executed in accordance with the approved plans.

Said prior approval shall be mandatory in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), housing developments (urbanizaciones), or lot divisions (lotificaciones) anywhere in the country, and no other state body shall grant construction permits or approvals without such approval from the Institute. The violation of this mandate shall render null and void any construction permit granted in contravention of this prohibition, with the parceling or the project, as the case may be, deemed legally non-existent, with the consequences, with respect to third parties, set forth in Article 35 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), No. 4240 of November 15, 1968.

(Added by Article 5 of Law No. 5595 of October 17, 1974; and amended by Transitory Provision II of Law No. 5915 of July 12, 1976).


Article record

ARTICLE 22.- It is the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to defray the expenses required for the conservation, expansion, and safety of forests that serve to maintain water sources, on the properties of those Municipalities where it assumes the water and sewerage services.

(Thus amended by Transitory Provision II of Law No. 5915 of July 12, 1976).


Article record

ARTICLE 23.- The plans for the construction or total or partial reconstruction of a house or building in the provincial or cantonal capital cities whose Municipalities have an Engineering Department shall be submitted for prior approval to said Department and, once approved by it, to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for review, regarding matters pertaining to its attributions. Both bodies shall issue the appropriate resolution within a period not exceeding eight business days, counted from the date of submission of the plans. Once the period has expired without a resolution having been issued, the interested party shall obtain certification of that fact, and the plans shall be deemed as definitively approved.

(Thus amended by Transitory Provision II of Law No. 5915 of July 12, 1976).


Article record

ARTICLE 24.- The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is placed under the oversight of the Contraloría General de la República in its economic-financial aspect.

(Thus amended by Transitory Provision II of Law No. 5915 of July 12, 1976).


Article record

ARTICLE 25.- The Institute shall have its own legal personality; the General Manager (Gerente) and the Deputy General Manager (Subgerente) shall have, interchangeably, the judicial and extrajudicial representation of this Institution, with the powers determined for generalissimos agents (apoderados generalísimos) by Article 1253 of the Civil Code (Código Civil).

(Thus amended by Transitory Provision II of Law No. 5915 of July 12, 1976).


Article record

ARTICLE 26.- In addition to the civil liabilities that might arise from non-compliance with this law, violations of the same shall be punished with a fine of ¢500.00 to ¢5,000.00, or the corresponding degree of imprisonment.

In areas where the Institute has assumed the administration of potable water systems or wastewater disposal systems, the violation of Article 21 may be remedied by the submission of the respective plans adjusted to the technical and legal standards for approval by the Institute, the necessary modifications to the works, plus the payment of a surcharge of up to 25% on the corresponding fees or on the connection charges or on both, which the builder, contractor, or owner shall pay to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in accordance with its regulations; in zones not under its administration, the maximum fine set forth in the first paragraph of this article shall be paid, for the benefit of the respective municipality. In cases of violations of Article 23 in areas under the Institute's administration, the sole sanction that shall be applied is the surcharge of up to 25% on the fee or on the connection charges or on both, also in accordance with the regulations.

(Added by Article 6 of Law No. 5595 of October 17, 1974).

(Thus amended by Transitory Provision II of Law No. 5915 of July 12, 1976).


Article record

ARTICLE 27.- The Metropolitan Area referred to in Law No. 2511 of February 11, 1960, is hereby created as a Special District for the purposes of this law.


Article record

ARTICLE 28.- Articles 276, 277, and 280 of Law No. 809 of November 2, 1949 (Health Code, Código Sanitario) are hereby repealed.


Article record

ARTICLE 29.- This law is a matter of public order and shall take effect upon its publication.

TRANSITORY PROVISIONS OF LAW NO. 5915 OF JULY 12, 1976:

Transitory Provision I.- The transitory provisions 1st, 2nd, 5th, 6th, and 7th of Law No. 2726 are hereby repealed.

Transitory Provision II.- In all legal provisions of legislative, regulatory, contractual, or any other origin, it shall be expressly understood that the name "Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados" shall be replaced by "Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados," which may be abbreviated as "AyA." For legal purposes, it is considered the substitute body.

Such replacement shall operate by operation of law and shall be understood as thus amended in Articles 5, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 25, and 26 of Law No. 2726 and its reforms, as well as in Transitory Provisions 3 and 4 of said law.

Article record

Transitory Provisions

Transitory Provision 1°-(Repealed by Transitory Provision I of Law No. 5915 of July 12, 1976).

Article record

Transitory Provision 2°-(Repealed by Transitory Provision I of Law No. 5915 of July 12, 1976).

Article record

Transitory Provision 3°-The acquired labor rights of the officials and employees of the Executive branch offices and of the Municipalities that are transferred to the Service shall be assumed by the latter, as well as the labor rights of those employees who, by virtue of a provision of this law, may be dismissed from their jobs.

(Note from Sinalevi: By Transitory Provision II of Law No. 5915 of July 12, 1976, it was indicated that this numeral shall be understood as amended.)

Article record

Transitory Provision 4°-All concessions or exemptions from payment for potable water services or wastewater disposal existing at the time the Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado commences operations shall be cancelled.

(Note from Sinalevi: By Transitory Provision II of Law No. 5915 of July 12, 1976, it was indicated that this numeral shall be understood as amended.)

Article record

Transitory Provision 5°-(Repealed by Transitory Provision I of Law No. 5915 of July 12, 1976).

Article record

Transitory Provision 6°-(Repealed by Transitory Provision I of Law No. 5915 of July 12, 1976).

Article record

Transitory Provision 7°-(Repealed by Transitory Provision I of Law No. 5915 of July 12, 1976).

Presidential House.-San José, on the fourteenth day of the month of April, nineteen sixty-one.

Article record

Generation date: 4/5/2026 15:47:05

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