Ley 13 — General Law on Public LandsLey General sobre terrenos baldíos

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Ley General sobre terrenos baldíos
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Fecha de generación: 5/3/2026 06:06:10

N° 13





EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA





DECRETA:





La siguiente,





LEY GENERAL SOBRE TERRENOS BALDÍOS





CAPITULO I





Terrenos baldíos





            Articulo 1°-Pertenecen al Estado y se presumen baldíos mientras no se pruebe lo
contrario, todos los terrenos comprendi­dos en los limites de la República, que no hayan sido
adquiridos en propiedad mediante título legítimo por particulares, o que no ha­yan sido inscritos en
el Registro Público a nombre  del Estado o de cualquiera de sus instituciones o dependencias o que
no estén ocupados en un servicio público.



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            Artículo 2°-Los baldíos son susceptibles de dominio particular por efecto de
enajenación, de anuncio o prescripción adquisitiva, y pueden ser poseídos en virtud de arrendamiento
que  de ellos haga el Estado de acuerdo con los términos de esta ley, o  bien de concesiones hechas
o que se hagan por el Poder Legislativo, para fines determinados.




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            Artículo 3°-Toda persona que posea bienes nacionales debe tener título legal que lo
autorice, y está obligada a exhibirlo, cuando fuere requerido por autoridad competente.




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           Artículo 4°-La propiedad de los baldíos sólo podrá trasmitirse en los casos siguientes:





a) Cuando el Estado decrete su enajenación para emplear­los en usos de educación, o para fines
artísticos, científicos, de culto, beneficencia u ornato público, u otros de interés nacional;





b) Cuando deban emplearse en construcciones nacionales, municipales o de otras corporaciones o
dependencias del mismo ca­rácter;





c) Cuando al Estado convenga cederlos como precio de alguna obra de utilidad nacional, o en
compensación de ventajas que obtenga en sus contrataciones;





d) Cuando sea necesario cederlos para arreglar conflictos entre propietarios y ocupantes de buena
fe;





e) Cuando se considere conveniente acordar su donación en recompensa o pago de servicios importantes
prestados en bien de la comunidad.





            Las enajenaciones a que este artículo se refiere sólo podrán verificarse mediante
autorización expresa del Poder Legislativo.




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           Artículo 5°-No obstante la anterior disposición, todo cos­tarricense mayor de edad o
emancipado, tiene derecho, por una so­la vez, a que se le adjudique un lote hasta de treinta
hectáreas en los baldíos, en las condiciones y con las reservas que esta ley seña­la. No podrán
acogerse a esta disposición los que sean dueños de una mayor extensión de terreno; pero los que sean
ya propietarios o denunciantes de una extensión menor de treinta hectáreas, podrán completarla hasta
esa medida, mediante denuncio.




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            Articulo 6°-No podrán enajenarse baldíos situados en una zona marítimo-terrestre de 1672
metros de ancho a lo largo de las costas de ambos mares, desde la pleamar ordinaria, ni tampoco en
una zona de 500 -metros de ancho a lo largo de ambas márgenes de los ríos navegables, ni en una zona
de 2000 metros de ancho a cada lado del trazado de la carretera panamericana. En la reglamentación
que dictará el Poder Ejecutivo, se determinará cuáles son los ríos navegables y la extensión a lo
largo de ellos, que comprende la zona inalienable.


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            Artículo 7°-Tampoco podrán enajenarse los terrenos de las islas, ni los situados en las
márgenes de los ríos, arroyos y, en ge­neral, de todas las fuentes que estén en cuencas u hoyas
hidrográ­ficas en que broten manantiales, o en que tenga sus orígenes o ca­beceras cualquier curso
de agua del cual se surta alguna población o que convenga reservar con igual fin. En terrenos planos
o de pe­queño declive tal prohibición abrazará una faja de doscientos me­tros a uno y otro lado de
dichos ríos, manantiales o arroyos, y en las cuencas u hoyas hidrográficas, una faja de trescientos
metros a uno y otro lado de la depresión máxima, en toda la línea, a con­tar de la mayor altura
inmediata.




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            Artículo 8°-Se declaran también inalienables los terreno comprendidos en las dos riberas
del río Banano, diez kilómetros aguas arriba, en una extensión de quinientos metros de cada lado,
protegiendo así las fuentes que surtan o puedan surtir en lo futuro la cañería de Limón.  Asimismo
se declara inalienable y de propie­dad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del
Po­der Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus de éstos, a fin de conservar nuestra raza
autóctona y de librarlos de futuras injusticias.




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           Artículo 9°-Tampoco pueden ser enajenados los terrenos situados en una zona de dos mil
metros alrededor de los bordes de los volcanes Irazú y Poás y de la laguna vecina de éste último,
así como los situados en una zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la
montaña del volcán Barba, desde el Cerro Zurquí hasta el de Concordia.




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            Artículo 10.-Son asimismo inalienables los terrenos comprendidos en una zona de dos
kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá.


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           Artículo 11.-El Estado conservará el dominio necesario sobre las tierras indispensables
para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas.




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            Artículo 12.-Toda enajenación, arrendamiento o concesión de derechos en los baldíos,
lleva consigo tácitamente sobreentendi­das las condiciones siguientes:





a) Que se hacen siempre sin perjuicio de tercero;





b) Que la Hacienda Pública no queda obligada a la evicción y al saneamiento;





c) Que el adquirente o concesionario no podrá reclamar contra la medida o localización que hubieren
servido de base para la enajenación, concesión o arrendamiento;





d) Que el Estado tendrá derecho en cualquier momento, sin indemnización ninguna, hasta a un diez por
ciento del área denun­ciada para ejercitar en ella la servidumbre de tránsito necesaria pa­ra la
construcción y vigilancia de toda clase de vías de comunica­ción, y aprovechamiento de fuerzas
hidroeléctricas, así como para las telegráficas y telefónicas; al uso de los terrenos indispensables
para la construcción de dichas vías, de puentes y de muelles; a la extracción de materiales para
esas mismas obras; y al aprovecha­miento de los cursos de agua que fueren precisos para el
abastecimiento de poblaciones, abrevadero de ganados e irrigación. Queda también obligado el
adjudicatario o arrendatario a permitir las en­tradas y salidas que sean necesarias para los lotes
contiguos o in­teriores. Tales restricciones y cargas van aparejadas a la adjudica­ción,
arrendamiento o concesión que se hagan, y el Registro Públi­co no inscribirá el título respectivo si
en él no constan expresamente.




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            Artículo. 13.-Excepto los casos previstos en el artículo 2° de esta ley, es prohibido
encerrar con cercas los terrenos baldíos, derribar montes o establecer construcciones o cultivos en
ellos, ex­traer de ellos leñas, maderas u otros productos. Todo acto de este genero será considerado
como usurpación de dominio público, debiendo las autoridades ordenar la destrucción de las cercas e
impedir el uso indebido de las tierras, previos los trámites legales, y sin que en tal caso haya
lugar a indemnización alguna, ni a reclamar el valor de las mejoras.




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           Artículo 14.-No queda comprendida en la prohibición del articulo anterior, la extracción
de leña, bejuco, palma, madera y otros productos para uso doméstico que hagan los labriegos, así
como para la construcción de sus habitaciones, previa autorización de las autoridades fiscales.




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            Artículo 15.-Todo propietario de terrenos colindantes con los baldíos está obligado a
tener cercada su finca, o cuando menos, hechos y limpios los carriles de ella, en toda la extensión
que colinde con los baldíos, de modo que dichos carriles puedan ser siempre cla­ramente reconocidos,
para establecer con facilidad la línea divisoria de los baldíos.




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            Artículo 16.-Cuando el Estado determine deslindar un baldío, los dueños de propiedades
limítrofes sufragarán la mitad de los gastos que ocasione la cerca, abra, ronda o camino que al
efecto se levante o construya para servir de lindero entre dichas propiedades y los baldíos.




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            Artículo 17.-Cuando un propietario de baldíos comprados al Estado solicite la remedida a
fin de obtener el título de sus demasías, se seguirán los mismos procedimientos que para la medida.
Si resultare que el interesado posee una extensión que no excede de más del diez por ciento a la que
le corresponde según su título, ten­drá derecho a que se le adjudique por el valor que fijen peritos
nombrados por las partes, y en caso de desacuerdo, por un tercero desig­nado por el Juez. Si las
demasías exceden del diez por ciento, el exceso deberá volver a poder del Estado, sin derecho a
indemnización alguna.




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            Artículo 18.-Si de la remedida de tierras, apropiadas legalmente con anterioridad a esta
ley resultare que el interesado posee una extensión menor que aquélla a que le da derecho su título,
podrá pedir que se le reponga el terreno que le falta, sin pagar su valor, en los baldíos
limítrofes, si los hubiere, o en los situados en otros lugares, de calidades y condiciones
semejantes.




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            Artículo 19.-Las diferencias que resulten en más o menos, deberán ser protocolizadas en
forma legal, a fin de que consten en el Registro Público las rectificaciones consiguientes, siendo a
cargo del interesado todos los gastos de remedida e inscripción.




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CAPITULO II





Adjudicación de lotes





            Artículo 20.-La solicitud para la adjudicación de lotes has­ta de treinta hectáreas a
que se refieren los artículos 5° y siguientes de esta ley, se presentará al Juzgado Civil de
Hacienda y deberá contener:





a) Los nombres, apellidos, edad, estado y vecindario del solicitante; y número de su cédula de
identidad.





b) Descripción del terreno y de su topografía, naturaleza, 'situación, medida y linderos. Se
expresará además, si contiene bosques, rastrojos, fuentes de agua o poblado, y si está en la
vecindad de un camino, río o ferrocarril, o bien, si está cruzado por ellos.





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            Artículo 21.-A la solicitud deberán acompañarse los siguientes atestados:





a) Constancia de la mayoridad o de la emancipación del pe­ticionario;





b) Certificación del Registro Público de que carece de bienes raíces, cuya cabida sea de treinta o
más hectáreas y de que en ningún tiempo adquirió tierras como denunciante;





c) Certificación del Juzgado Civil de Hacienda y de los Ar­chivos Nacionales, en la cual conste que
el solicitante no ha hecho uso de la Ley de Cabezas de Familia, de 2 de octubre de 1924.




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            Artículo 22.-Tanto los documentos a que se refiere el ar­tículo anterior, como los demás
que se necesiten para la obtención de esa gracia, así como las diligencias todas de la tramitación,
se extenderán en papel común y libres de todo derecho fiscal, hasta su inscripción definitiva en el
Registro Público.




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            Artículo 23.-Al recibirse la solicitud de adjudicación, el Juez exigirá al petente, como
diligencia previa, declaración jurada acerca de los puntos siguientes:





a) De que en el lote no hay viviendas, cultivos o mejoras y, si las hubiere, indicar el dueño de
ellas;





b) De que al solicitar el lote, lo hace con el objeto de cultibarlo, sin mira de beneficiar a otra
persona extraña;





c) De que no procede en calidad de agente o intermediario de otra persona; ni ha contraído
compromiso de traspasar a otras el terreno; ni lo impulsan miras de especulación;





d) De que en caso que en el terreno que solicita existan ríos o manantiales, se compromete a
conservar los árboles que haya en una extensión que no sea menor de diez metros de distancia de las
expresadas aguas, en todo el trayecto de su curso comprendido en la respectiva propiedad, y a
sembrarlos en caso de que no existan;





e) De que sus recursos pecuniarios le permiten cultivar el lote solicitado.




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            Artículo 24.-Si se comprobare que el solicitante ha faltado maliciosamente a la verdad
en su declaración jurada, o ha infringi­do los compromisos contraídos según el artículo anterior,
además de incurrir en las responsabilidades legales consiguientes y en la pérdida de los derechos al
lote, será penado con la multa de doscientos cincuenta a quinientos colones.




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            Artículo 25.-Presentada la solicitud, el Juez dará audiencia por tres días al
representante de la Hacienda Pública. Si éste formulare objeciones, se resolverán por los trámites
de los incidentes.




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            Artículo 26.-Si el Ministerio Público estuviere de acuerdo, o si sus objeciones fueren
desechadas, el Juez mandará publicar en el Boletín Judicial, libre de todo gasto y por tres veces
consecutivas, un edicto indicando los nombres, apellidos, número de la cédula, calidades y
vecindario del solicitante, así como la extensión, si­tuación, naturaleza y linderos del lote. Copia
de este edicto se fija­rá por cartel en la Gobernación o Jefatura Política del cantón donde se
encuentra situado el lote.




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            Artículo 27.-El término para presentar oposiciones será de treinta días a partir de la
primera publicación del edicto y, si las hubiere, deberán resolverse por los trámites de los
incidentes. La sentencia será apelable para ante la Sala Civil, cuyo fallo será definitivo y tendrá
autoridad de cosa juzgada.




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            Artículo 28.-Si se presentaren varias oposiciones, cada una de ellas deberá ser
tramitada y resuelta en legajo separado.




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            Artículo 29.-Pasado el término para presentar oposiciones o si éstas hubieren sido
rechazadas, el Juez, de la lista de Ingenie­ros que le dará la Dirección General de Obras Públicas,
designará el técnico que ha de efectuar la medida con citación de los colindantes, y fijará
prudencialmente la suma para cubrir sus honorarios, la cual deberá ser depositada por el denunciante
a la orden del Juez, en la Administración de Rentas Públicas, para pagar al técnico una vez
terminada la medida y entregados los planos y diligencias respectivos.




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            Artículo 30.-Al practicarse las diligencias de medida, el en cargado de ellas debe
considerar:





a) Si las declaraciones del petente, hechas conforme a lo determinado en el artículo 23 de esta ley,
son o no exactas;





b) Si el lote está comprendido en alguna de las prohibicio­nes de esta ley;





c) Si el lote está ocupado o poseído por el solicitante o por terceros, expresando la clase de
construcciones, cultivos o mejo­ras que en él hubiere; si es de bosques y si en él hay fuentes o
manantiales de agua.




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            Artículo 31.- De acuerdo con las conclusiones de ese informe, se rechazará la solicitud
de adjudicación:





a)       Si e lote está comprendido en un área prohibida;





b)       Si está en posesión de un tercero;





c)       Si resulta comprobado que el lote es de propiedad particular, con título inscrito.




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            Artículo 32. - Hasta donde la topografía y configuración del terreno lo permitan, éste
debe tener una forma rectangular. Si está contiguo a vías de comunicación existentes, terrestres,
marítimas o fluviales, o a las líneas de que se proyecten, no podrá el terreno tener un frente mayor
de la cuarta parte de su fondo, salvo el caso de que se trate de terrenos rodeados de aguas
fluviales o que la naturaleza de los mismos no lo permita. En cada esquina el adjudicatario debe
fijar un mojón, y unirlos por carriles de cuatro metros de ancho.


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            Artículo 33. - Terminadas las diligencias de medida el encargado de ellas las entregará
junto con dos copias del plano al Juzgado, el cual, si las encontrare en debida forma, ordenará su
pago; y a su vez, autorizará al denunciante para entrar en la posesión del lote.





            Tratándose de terrenos que se destinan a la siembra de bananos, el denunciante será
tenido durante los cinco primeros años como arrendatario, y a fin de que pueda obtener recursos
pecuniarios para hacer su siembra y atender su cultivo, podrá dar en garantía sus derechos de
arrendatario a su acreedor; pero si éste llegare a poseer y explotar el lote, pagará al Estado el
arrendamiento que se fije en el reglamento de la presente ley.




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            Artículo 34.-La posesión del lote se convertirá en propiedad, si el denunciante
demostrare tener cultivada, con cultivos estables y formales, por lo menos la tercera parte del
lote, y estar éste cercado o circundado por carriles ciertos y visibles.





            A su solicitud, deberá acompañar el informe que constate ese hecho, detallando la clase
de cultivos y la cabida de éstos, robustecido con un nuevo plano que así lo evidencie, que se
presentará duplicado y suscrito por el Ingeniero que hubiere practicado la medida por orden del
Juez, y ratificado por dos vecinos propietarios de bienes raíces, del distrito en donde esté el
terreno, y por el Jefe Político de la misma jurisdicción.





            En caso de muerte o ausencia del país o de negativa del Ingeniero, el informe en
cuestión puede suscribirlo cualquier técnico que esté al servicio de la Dirección General de Obras
Públicas.





            Llanadas estas formalidades, el Juez decretará la adjudica­ción si no hay impedimento
legal, y ordenará su inscripción en el Registro Público, para lo cual extenderá la ejecutoria
correspondiente, con intervención del Ministerio Público. Todas estas diligencias, hasta su completa
terminación, estarán exentas de derecho fiscal.




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           Artículo 35.-Caducará el denuncio si transcurrieren cinco años a partir de la fecha en
que se notificó la autorización para ocupar, y el interesado no hubiere gestionado para que se le
otorgue el respectivo título de propiedad.




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            Artículo 36.-En los lugares donde haya más de veinticinco lotes adjudicados, con una
extensión no menor de quinientas hec­táreas, cercanos unos de otros, que formen un núcleo de más de
ciento cincuenta habitantes, la Dirección General de Obras Públicas procederá a habilitar la región,
trazando los caminos y calles necesarios, determinando el área de la población, practicando la
divi­sión en lotes, designando los que han de servir para plaza, iglesia, escuela y demás edificios
públicos, y si fuere posible dentro de los medios de que se dispone, proveyendo de agua potable al
vecindario. 




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            Artículo 37.-La Secretaría de Fomento hará imprimir en folleto esta ley, así como las
fórmulas necesarias para las solicitudes, con todos los datos y requisitos legales, y los repartirá
profusamente a los Gobernadores y Jefes Políticos, a fin de que se distribuya gratuitamente a los
interesados.




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            Artículo 38.-Para la tramitación de las diligencias en estos expedientes, las firmas de
los solicitantes pueden ser autenticadas no solo por Notarios y Abogados, sino también por los
Gobernadores y Jefes Políticos.




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            Artículo 39.-Con el fin de mantener sobre estas tierras el principio de la división de
la propiedad, de que ellas no puedan servir de base a especulaciones y de que no puedan ser
adquiridas sino por personas que reúnan las condiciones requeridas por esta ley, ningún contrato de
traslación de propiedad, de gravamen real, de administración o tenencia de dichas fincas, lo mismo
que cualquier adjudicación o acto similar, será válido sin la aprobación de la Secretaría de
Fomento, la cual deberá concederse únicamente en el caso que el nuevo adquirente o beneficiario
reúna las mismas condiciones exigidas para los adjudicatarios. La infracción de esta disposición no
sólo producirá la nulidad del acto o contrato, sino que también el terreno volverá a dominio del
Estado, junto con todas sus mejoras, sin lugar a indemnización de ninguna especie.




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            Artículo 40.-La limitación a que se refiere el artículo anterior durará diez años y se
consignará en el título de propiedad, a fin de que conste en el Registro Público para el efecto de
terceros.




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            Artículo 41.-La Secretaría de Fomento, antes de dar las aprobaciones relacionadas en el
artículo 39, deberá cerciorarse de que el caso se encuentra comprendido en los términos de esta ley,
y cada año dará cuenta al Congreso de las aprobaciones otorgadas con expresión de los nombres y
apellidos de los interesados.




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            Artículo 42.-Entre las limitaciones a que se refiere el artículo 39, no queda
comprendido el contrato de prenda sobre las cosechas o frutos, el cual es permitido, con el objeto
de facilitar al adjudicatario los medios para mantener y ampliar la producción del lote.




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            Artículo 43.-La prohibición a que se refiere el inciso b) del artículo 31, debe
entenderse para los terrenos poseídos por terceros que hayan sido desmontados y cultivados sin
interrupción, por un año, con cultivos estables y formales. De las maderas que se corten para uso de
la misma propiedad, deberá notificarse a la autoridad política del lugar, y ésta trasmitirá el
informe a la Secretaría de Fomento. Para los efectos de esta disposición, no deben conceptuarse como
objeto de posesión, los terrenos de bosques donde pasten ganados en comunidad, o de donde se extraen
leñas o maderas, y las personas que hubieren hecho uso de tales derechos en terrenos baldíos, salvo
que se trate de arrendamientos otorgados en forma legal no podrán alegar perjuicios ni formular
oposiciones.




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            Artículo 44.-Para los efectos de esta ley son adjudicables los terrenos que posee el
Estado en propiedad, a que se refiere el artículo 18 de la ley No 29 de 3 de diciembre de 1934, pero
se adjudicarán como segregaciones de las fincas generales, de acuerdo con las inscripciones del
Registro Público.


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CAPITULO III





Arrendamiento de tierras baldías





            Artículo 45.-Los baldíos nacionales podrán ser dados en arrendamiento a costarricenses o
extranjeros, éstos con residencia de diez o más años en el país, por plazos no mayores de diez años
y si el arrendatario se obliga a dedicar las tierras a cultivos de café, cacao o banano, u otra
clase de productos de activa exportación, en una extensión por lo menos del setenta y cinco por
ciento, dicho plazos se extenderán hasta quince años.




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            Artículo 46.-Cuando los terrenos se dediquen a la cría o engorde de ganado, cada
persona, familia o empresa, podrá obtener el arrendamiento de parcelas no mayores de quinientas
hectáreas  y si se trata de destinarlas a cultivos agrícolas, las parcelas se  reducirán a
doscientas cincuenta hectáreas.




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            Artículo 47.-La solicitud de arrendamiento será formulada ante la Secretaría de
Hacienda, la cual, al recibirla, anotará el día y hora de su presentación y ordenará que un técnico
designado por la Secretaría de Fomento verifique una exploración y la medida de terreno, debiendo el
interesado depositar previamente en la Administración de Rentas Públicas la suma prudencial que se
fije para estos gastos.




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            Artículo 48.-En la medida y revisión del terreno, se procederá de acuerdo con las
disposiciones siguientes:





a) El técnico encargado pondrá un auto señalando día y ho­ra para principiar la medida y lo
notificará a los colindantes perso­nalmente, o por medio del Juez o Alcalde del lugar en que
residan, sin que los indicados funcionarios puedan negarse a cumplir la comisión:





b) Antes de practicar la medida, el técnico nombrará dos testigos de asistencia, vecinos del cantón
donde se encuentre el te­rreno, y les recibirá su juramento. Estos testigos firmarán con el técnico
el acta que se levantará al concluir la medida, la cual sumariamente expresará el día y hora en que
se principió, el tiempo en ella invertido, el instrumento con que se trabajó, las parcelas veci­nas
cultivadas por particulares y los nombres de éstos, descripción y extensión de los cultivos y el
estado en que se encuentren, excluyendo de la medida del terreno que se va a arrendar, esas parcelas
ya cultivadas;





c) Corresponde también al encargado de la medida, infor­mar acerca del valor del terreno, tomando en
cuenta sus condicio­nes y localización, y estimará el canon por hectárea que deberá pa­gar el
arrendatario.   .




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            Artículo 49.-Terminadas las diligencias de medida, el Agrimensor presentará el plano por
duplicado, con el informe correspondiente, a la Secretaría de Hacienda, la cual pasará dichos
documentos a la Oficina de Catastro, a fin de que ésta tome la copia respectiva y los devuelva con
la visación correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 49 de 29 de julio de 1926. Una
de las copias del plano quedará agregada al expediente y la otra será entregada al arrendatario.




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            Artículo 50.-Si la solicitud se conforma a los términos de ley, y la Secretaría de
Hacienda considera justa la estimación dada por el técnico, la admitirá,, y pasará el expediente,
con los planos y diligencias de medida, al Juzgado Civil de Hacienda para que saque a remate el lote
con la base fijada por el Agrimensor y por el plazo concedido por la Secretaría de Hacienda.




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            Artículo 51.-El remate será anunciado por medio de edic­tos que se publicarán en el
Boletín Judicial por tres veces con quin­ce días hábiles anteriores a la fecha del remate, a partir
de la última publicación. El edicto contendrá todos los datos necesarios para identificar el lote,
así como la base del remate. En éste no se admitirá postura que no cubra dicha base y en igualdad de
condiciones será preferida la oferta que en el mismo acto formule la persona a cuya solicitud se
practicaron las diligencias. Si se presentare alguna oposición, ésta se tramitará conforme a lo
dispuesto en los artículos 27 y siguientes de esta ley.




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            Artículo 52.-Aprobado el remate por el Juez, lo comunicará a la Secretaría de Hacienda
para que se extienda el contrato de arrendamiento, el cual deberá ser aprobado por el Presidente de
la República y publicado en el Diario Oficial.




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            Artículo 53.-Todos los gastos que ocasione la tramitación de las solicitudes de
arrendamiento, así como los de la medida del terreno, serán por cuenta del solicitante; pero si otra
persona adquiere en el remate el derecho al arrendamiento, deberá reembolsarlos a aquél.




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           Artículo 54.-El precio del arrendamiento se pagará por anualidades adelantadas, debiendo
efectuarse los enteros en la Administración de Rentas Públicas. La primera anualidad y los gastos de
que habla el artículo anterior deberán estar cubiertos antes de firmar el contrato respectivo, y las
posteriores dentro de los treinta primeros días del mes correspondiente a cada uno de los años, por
anticipado. La falta exacta de pago faculta al Poder Ejecutivo para declarar administrativamente la
caducidad del contrato, previo reque­rimiento para que el deudor oble el canon respectivo dentro del
térmi­no de ocho días, pudiendo el Estado entrar inmediatamente en pose­sión del lote, a fin de
ordenar que se saque de nuevo a remate. El nuevo arrendatario deberá pagar el valor de las mejoras y
construcciones, cuyo producto se entregará al anterior arrendatario, previa deducción del monto
adeudado por precio del arriendo. El Estado no tendrá obligación alguna en cuanto al pago de mejoras
y cons­trucciones.




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           Artículo 55.-El arrendatario está obligado a cultivar por lo menos el veinticinco por
ciento del área arrendada, dentro de los dos primeros años de la vigencia del contrato; un
veinticinco por ciento en los dos años siguientes, y así sucesivamente, reservándose el Estado el
derecho de declarar administrativamente la caducidad del contrato, si tales requisitos no fueren
cumplidos.




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            Artículo 56.-El derecho de arrendamiento no podrá cederse sin consentimiento expreso del
Poder Ejecutivo, quien no lo considerará si el pago del canon no está al día, o si se trata de
persona o sociedades que se dediquen a la misma clase de explotaciones agrícolas o ganaderas, o de
extranjeros que tengan menos de diez años de residencia en el país.




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            Artículo 57.-Vencido el plazo del arrendamiento, el arren­datario devolverá el terreno
al Estado junto con las mejoras exis­tentes y sin lugar a indemnización alguna. Pero si el Estado
sacare nuevamente a remate el arrendamiento del mismo terreno antes de que transcurran dos años, el
nuevo arrendatario deberá reconocer el valor de las mejoras y construcciones, el cual se entregará
al anterior arrendatario. En igualdad de posturas, éste tendrá la preferencia.




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            Artículo 58.-Las exigencias de que habla el artículo 23 de esta ley en su inciso d),
respeto a la siembra de árboles, serán igualmente aplicables a los arrendatarios de baldíos; y
asimismo les será aplicable lo previsto en el artículo 12.




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            Artículo 59.-El Poder Ejecutivo queda facultado para ha­cer arreglos privados de
arrendamiento, sin necesidad de remate, con aquellas personas que al publicarse esta ley tengan
cultivadas parcelas de baldíos sin título legítimo; pero debiendo satisfacer el valor del
arrendamiento en las mismas condiciones, por el precio que fije uno de los peritos de la Tributación
Directa, y previa la medida y localización del terreno.




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           Articulo 60.-Queda a juicio del Poder Ejecutivo dar o no en arrendamiento los terrenos a
que se refieren los artículos 7° a 11 de esta ley; pero el Estado se reserva el derecho de rescindir
el arrendamiento en cualquier momento, en todo o en parte, con la debida indemnización por los
cultivos y mejoras efectuados, si fue­re el caso de proteger aguas que surten o pueden surtir a
poblacio­nes, de aprovechar fuerzas hidráulicas o por cualquier otra circuns­tancia que justifique
esa acción del Estado.


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CAPITULO IV





Zonas marítímo-terrestre y fluvial





            Artículo 61.-Salvo los terrenos en que se encuentren pobla­ciones establecidas, no
podrán enajenarse las porciones comprendi­das dentro de las zonas marítímo-terrestre y fluvial, en
la extensión indicada por el artículo 6° de esta ley. Quedan a salvo los derechos adquiridos en
virtud de leyes anteriores.




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            Artículo 62.-El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamien­to mediante contrato y por un
plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en 
el artículo 6°, en una extensión no mayor de doscientas cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría
o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, si se destinan a cultivos
agrícolas, pero reservándose siempre, dentro del límite indicado, una extensión de doscientos metros
de ancho a lo largo de la costa, desde la pleamar ordinaria, y de cincuenta metros de ancho a lo
largo de los ríos que el Poder Ejecutivo considere navegables. Esa reserva se hará con el objeto de
dedicar esas secciones al uso de salineros, pescado­res, navegantes, y para defensas, control
fiscal, conservación de bosques, campos de aterrizaje, o cualquier otro destino que se re­pute de
interés público.




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            Artículo 63.-El valor del arrendamiento será fijado por el Poder Ejecutivo, de acuerdo
con la calidad y situación del terreno y la clase de cultivos a que vaya a dedicarse, oyendo
previamente el dictamen de un perito de la Tributación Directa.




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            Artículo 64.-En caso de que el Poder Ejecutivo considere necesario el levantamiento de
un plano y amojonamiento de la zona que va a arrendarse, así lo dispondrá, y para el efecto se
seguirán los trámites señalados en los artículos 47, 48 y 49 de esta ley, a costa del arrendatario.




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            Artículo 65.-Son aplicables a los arrendamientos a que este capítulo se refiere, las
disposiciones de los artículos 23, inciso d), y 54 a 58 de esta ley.




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            Artículo 66.-El arrendatario queda sujeto a las restricciones de que habla el artículo
12 de la presente ley, quedando a favor del Estado las mismas reservas contenidas en dicho artículo.




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            Artículo 67.-Los árboles que se encuentren en el terreno arrendado podrán ser derribados
cuando se considere necesario pa­ra los cultivos. No obstante, las maderas no podrán ser extraídas
del lote arrendado, sino mediante el pago del precio y las demás condiciones que se establezcan en
el reglamento de esta ley.




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            Artículo 68.-A fin de facilitar el control fiscal para el cobro del canon de
arrendamiento, los arrendatarios de manglares que se exploten con destino a usos industriales,
pagarán de acuerdo con el peso de la corteza que extraigan.




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CAPITULO V





Fajas de terreno en las orillas del Ferrocarril del Atlántico





            Articulo 69.-El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento, mediante contratos por
cuatro años prorrogables a volun­tad de las partes, las fajas de terrenos situadas a uno y otro lado
de la vía férrea al Atlántico, en la división de Limón a Guápiles.




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            Artículo 70.-El fondo de los lotes no podrá ser mayor de quince metros, veinticinco
centímetros, dejando siempre en el fren­te, paralela a la línea férrea, una faja de terreno de igual
extensión, a uno y otro lado de la línea exterior de los rieles.




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CAPITULO VI





Disposiciones Generales





            Articulo 71.-El Poder Ejecutivo resolverá administrativa­mente conforme a derecho,
cualquier cuestión o reclamación que se presentare sobre las materias a que esta ley se refiere,
oyendo previamente a los interesados y solicitando los informes que juzgue necesarios, quedando a
salvo el derecho de la parte que se considere perjudicada, de ocurrir a la vía judicial.




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            Artículo 72.-Las solicitudes de arrendamiento pendientes de tramitación, podrán
continuarse cuando su extensión no exceda de la que determina el artículo 46; o si fuere mayor,
cuando el soli­citante reduzca el área de arrendamiento a los límites que dicho ar­ticulo permite.
Les serán aplicables, en cuanto quepa, las disposicio­nes de los capítulos III y IV de la presente
ley.




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Artículo 73.-Quedan derogados los artículos 508 a 553 del Código Fiscal, así como el artículo 1°  de
la ley N° 11 de 22 de octu­bre de 1926, que modificó algunos de ellos. Se derogan asimismo las leyes
N° 60 de 13 de agosto de 1914, N° 85 de 24 de agosto de 1915, N° 82 de 5 de abril de mil novecientos
veintitrés, N° 29 de 3 de di­ciembre de 1934 y los artículos 3° y 4° de la ley N° 23 de 16 de
diciem­bre de 1935. Quedan también derogadas o reformadas en la parte correspondiente, las leyes
dictadas anteriormente que traten de las mismas materias que la presente, en todo aquello que ésta
se le opon­ga o las contradiga.





Esta ley entrará en vigencia el día de su publicación.





Casa Presidencial. - San José, a los diez días de enero de mil novecientos treinta y nueve.





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General Law on Vacant Lands
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No. 13

THE CONSTITUTIONAL CONGRESS OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA

DECREES:

The following,

GENERAL LAW ON VACANT LANDS

CHAPTER I

Vacant Lands

Article 1°-All lands within the boundaries of the Republic that have not been acquired in ownership through legitimate title by private individuals, or that have not been registered in the Public Registry in the name of the State or any of its institutions or dependencies, or that are not occupied for a public service, belong to the State and are presumed vacant lands (terrenos baldíos) until proven otherwise.

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Article 2°-Vacant lands are susceptible to private domain through the effect of alienation, public announcement, or adverse possession (prescripción adquisitiva), and may be possessed by virtue of a lease made of them by the State in accordance with the terms of this law, or by concessions made or to be made by the Legislative Branch for specific purposes.

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Article 3°-Every person who possesses national property must have a legal title authorizing it, and is obligated to exhibit it when required by competent authority.

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Article 4°-The ownership of vacant lands may only be transferred in the following cases:

a) When the State decrees their alienation to use them for educational purposes, or for artistic, scientific, religious, charitable purposes, or public adornment, or other purposes of national interest;

b) When they are to be used in national, municipal, or other corporation or dependency constructions of the same nature;

c) When it is convenient for the State to cede them as payment for some work of national utility, or in compensation for advantages obtained in its contracts;

d) When it is necessary to cede them to settle conflicts between owners and good-faith occupants;

e) When it is considered convenient to agree to their donation as a reward or payment for important services rendered for the benefit of the community.

The alienations to which this article refers may only be carried out with the express authorization of the Legislative Branch.

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Article 5°-Notwithstanding the preceding provision, every Costa Rican of legal age or emancipated has the right, one time only, to be adjudicated a lot up to thirty hectares in the vacant lands, under the conditions and with the reservations established by this law. Those who are owners of a larger extension of land may not avail themselves of this provision; but those who are already owners or claimants (denunciantes) of an extension smaller than thirty hectares may complete it up to that measure, through a claim (denuncio).

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Article 6°-Vacant lands located in a maritime-terrestrial zone of 1672 meters in width along the coasts of both seas, from the ordinary high tide, may not be alienated, nor those in a zone 500 meters wide along both banks of navigable rivers, nor in a zone 2000 meters wide on each side of the Pan-American Highway route. The regulations to be issued by the Executive Branch shall determine which rivers are navigable and the extension along them comprised by the inalienable zone.

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Article 7°-Neither may the lands of islands be alienated, nor those situated on the banks of rivers, streams, and, in general, of all water sources that are in hydrographic basins or watersheds (cuencas u hoyas hidrográficas) where springs (manantiales) well up, or where any watercourse from which any population is supplied has its origins or headwaters, or which it is convenient to reserve for the same purpose. On flat or gently sloping lands, this prohibition shall encompass a strip of two hundred meters on each side of said rivers, springs, or streams, and in the hydrographic basins or watersheds, a strip of three hundred meters on each side of the maximum depression, along the entire line, counting from the nearest highest elevation.

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Article 8°-The lands comprised on the two banks of the Banano River, ten kilometers upstream, in an extension of five hundred meters on each side, are also declared inalienable, thus protecting the sources that supply or may supply in the future the Limón water system. Likewise, a prudent zone, at the discretion of the Executive Branch, in places where there are indigenous tribes, is declared inalienable and the exclusive property of the indigenous people, in order to conserve our autochthonous race and to free them from future injustices.

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Article 9°-Lands situated within a zone of two thousand meters around the edges of the Irazú and Poás volcanoes and the neighboring lagoon of the latter, as well as those situated in a zone two kilometers wide on each side of the summit of the Barba Volcano mountain, from Cerro Zurquí to Concordia, may also not be alienated.

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Article 10.-The lands comprised within a zone two kilometers wide along the border with Nicaragua and with Panama are likewise inalienable.

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Article 11.-The State shall retain the necessary domain over the lands indispensable for the harnessing of hydraulic forces.

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Article 12.-Every alienation, lease, or concession of rights in vacant lands tacitly carries with it the following conditions:

a) That they are always made without prejudice to a third party;

b) That the Public Treasury is not obligated to eviction (evicción) and remediation (saneamiento);

c) That the acquirer or concessionaire may not challenge the measurement or location that served as the basis for the alienation, concession, or lease;

d) That the State shall have the right at any time, without any compensation, up to ten percent of the claimed area, to exercise therein the right-of-way easement (servidumbre de tránsito) necessary for the construction and surveillance of all types of communication routes, and harnessing of hydroelectric forces, as well as for telegraph and telephone lines; the use of the lands indispensable for the construction of said routes, bridges, and piers; the extraction of materials for those same works; and the use of the watercourses that are necessary for the supply of populations, watering of livestock, and irrigation. The transferee or lessee is also obligated to permit the necessary entrances and exits for the contiguous or interior lots. Such restrictions and charges are attached to the adjudication, lease, or concession made, and the Public Registry shall not inscribe the respective title if they are not expressly stated therein.

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Article 13.-Except for the cases provided for in Article 2 of this law, it is prohibited to enclose vacant lands with fences, to clear forests or establish constructions or crops on them, or to extract firewood, timber, or other products from them. Every act of this nature shall be considered as usurpation of public domain, and the authorities must order the destruction of the fences and prevent the improper use of the lands, following the legal procedures, and without there being any right to any compensation in such case, nor to claim the value of improvements.

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Article 14.-The prohibition of the preceding article does not include the extraction for domestic use of firewood, vine, palm, timber, and other products by peasants, as well as for the construction of their dwellings, with the prior authorization of the fiscal authorities.

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Article 15.-Every owner of lands adjoining vacant lands is obligated to keep their estate fenced, or at least, to have its boundary lines (carriles) built and cleared, along the entire extension that is adjacent to the vacant lands, so that said boundary lines can always be clearly recognized, in order to easily establish the dividing line with the vacant lands.

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Article 16.-When the State determines to demarcate (deslindar) a vacant land, the owners of bordering properties shall bear half of the expenses occasioned by the fence, clearance, patrol round, or road that is built or constructed for this purpose to serve as a boundary marker between said properties and the vacant lands.

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Article 17.-When an owner of vacant lands purchased from the State requests a remeasurement (remedida) to obtain the title for their excess area (demasías), the same procedures as for the measurement shall be followed. If it results that the interested party possesses an extension that does not exceed by more than ten percent that which corresponds to them according to their title, they shall have the right to have it adjudicated at the value set by experts appointed by the parties, and in case of disagreement, by a third party designated by the Judge. If the excess area exceeds ten percent, the excess shall return to the power of the State, without the right to any compensation.

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Article 18.-If, from the remeasurement of lands legally appropriated prior to this law, it results that the interested party possesses a smaller extension than that to which their title entitles them, they may request that the land they lack be restored to them, without paying its value, in the bordering vacant lands, if any exist, or in those situated in other places, of similar qualities and conditions.

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Article 19.-The differences that result in excess or deficiency must be formalized in legal form, so that the consequent rectifications are recorded in the Public Registry, with all costs of remeasurement and registration being borne by the interested party.

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CHAPTER II

Adjudication of Lots

Article 20.-The application for the adjudication of lots up to thirty hectares, referred to in Articles 5 and following of this law, shall be submitted to the Civil Treasury Court (Juzgado Civil de Hacienda) and must contain:

a) The first names, surnames, age, civil status, and residence of the applicant; and their identity card number.

b) Description of the land and its topography, nature, location, measurement, and boundaries. It shall also state whether it contains forests, stubble fields (rastrojos), water sources, or population, and whether it is in the vicinity of a road, river, or railroad, or whether it is crossed by them.

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Article 21.-The following testimonies must accompany the application:

a) Proof of the legal age or emancipation of the petitioner;

b) Certification from the Public Registry that they lack real estate whose area is thirty or more hectares and that they have never acquired lands as a claimant;

c) Certification from the Civil Treasury Court and the National Archives, stating that the applicant has not made use of the "Ley de Cabezas de Familia" of October 2, 1924.

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Article 22.-Both the documents referred to in the preceding article, and the others needed to obtain this benefit, as well as all the procedural steps, shall be issued on plain paper and free of all fiscal duties, until their definitive inscription in the Public Registry.

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Article 23.-Upon receiving the application for adjudication, the Judge shall require the petitioner, as a prior proceeding, a sworn declaration regarding the following points:

a) That there are no dwellings, crops, or improvements on the lot and, if there are, to indicate their owner;

b) That when applying for the lot, it is with the object of cultivating it, without aiming to benefit another outside person;

c) That they are not acting as an agent or intermediary for another person; nor have they made a commitment to transfer the land to others; nor are they driven by speculative aims;

d) That in the event that rivers or springs exist on the land they are applying for, they commit to conserve the existing trees within an extension no less than ten meters away from the said waters, along the entire course comprised within the respective property, and to plant them if they do not exist;

e) That their pecuniary resources allow them to cultivate the lot applied for.

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Article 24.-If it is proven that the applicant has maliciously failed to tell the truth in their sworn declaration, or has infringed the commitments made according to the preceding article, in addition to incurring the consequent legal responsibilities and the loss of rights to the lot, they shall be punished with a fine of two hundred fifty to five hundred colones.

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Article 25.-Once the application is submitted, the Judge shall grant a hearing of three days to the representative of the Public Treasury. If they formulate objections, these shall be resolved through the procedures for interlocutory matters (incidentes).

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Article 26.-If the Public Ministry is in agreement, or if its objections are dismissed, the Judge shall order the publication in the Judicial Bulletin, free of all costs and three consecutive times, of a notice indicating the first names, surnames, identity card number, qualifications, and residence of the applicant, as well as the extension, location, nature, and boundaries of the lot. A copy of this notice shall be posted on the bulletin board at the Governor's Office (Gobernación) or Political Headquarters (Jefatura Política) of the canton where the lot is situated.

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Article 27.-The term for presenting oppositions shall be thirty days from the first publication of the notice and, if any exist, they must be resolved through the procedures for interlocutory matters. The judgment shall be appealable before the Civil Chamber, whose ruling shall be final and shall have the authority of res judicata (cosa juzgada).

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Article 28.-If several oppositions are presented, each one must be processed and resolved in a separate file.

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Article 29.-Once the term for presenting oppositions has passed, or if they have been rejected, the Judge, from the list of Engineers that the General Directorate of Public Works shall provide, shall designate the technician who is to carry out the measurement with summons of the adjoining owners, and shall prudentially set the sum to cover their fees, which must be deposited by the claimant to the order of the Judge, in the Public Revenue Administration, in order to pay the technician once the measurement is completed and the respective plans and proceedings are delivered.

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Article 30.-When carrying out the measurement proceedings, the person in charge of them must consider:

a) Whether the declarations of the petitioner, made in accordance with what is determined in Article 23 of this law, are accurate or not;

b) Whether the lot is included in any of the prohibitions of this law;

c) Whether the lot is occupied or possessed by the applicant or by third parties, stating the type of constructions, crops, or improvements that exist on it; whether it is forested, and whether there are water sources or springs on it.

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Article 31.-In accordance with the conclusions of that report, the application for adjudication shall be rejected:

a) If the lot is comprised within a prohibited area;

b) If it is in the possession of a third party;

c) If it is proven that the lot is private property, with a registered title.

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Article 32.-As far as the topography and configuration of the land allow, it must have a rectangular shape. If it is adjacent to existing communication routes, whether terrestrial, maritime, or fluvial, or to those planned, the land may not have a frontage greater than one-fourth of its depth, except in the case of lands surrounded by fluvial waters or when the nature of the land does not permit it. At each corner, the transferee must fix a boundary marker (mojón), and connect them with boundary lines four meters wide.

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Article 33.-Once the measurement proceedings are completed, the person in charge of them shall deliver them, along with two copies of the plan, to the Court, which, if it finds them in due form, shall order their payment; and in turn, shall authorize the claimant to enter into the possession of the lot.

In the case of lands destined for banana planting, the claimant shall be considered a lessee during the first five years, and in order to obtain pecuniary resources to make their planting and attend to its cultivation, they may give their leasehold rights as security to their creditor; but if the latter comes to possess and exploit the lot, they shall pay the State the lease fixed in the regulations of this law.

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Article 34.-The possession of the lot shall be converted into property if the claimant demonstrates they have cultivated, with stable and formal crops, at least one-third of the lot, and that it is fenced or surrounded by certain and visible boundary lines.

At their request, they must accompany the report confirming this fact, detailing the type of crops and their area, supported by a new plan that evidences this, which shall be presented in duplicate and signed by the Engineer who carried out the measurement by order of the Judge, and ratified by two neighboring owners of real estate in the district where the land is located, and by the Political Chief of the same jurisdiction.

In case of the death or absence from the country, or refusal of the Engineer, the report in question may be signed by any technician in the service of the General Directorate of Public Works.

Once these formalities are completed, the Judge shall decree the adjudication if there is no legal impediment, and shall order its inscription in the Public Registry, for which purpose they shall issue the corresponding final judgment (ejecutoria), with the intervention of the Public Ministry. All these proceedings, until their complete conclusion, shall be exempt from fiscal duties.

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Article 35.-The claim shall expire if five years elapse from the date on which the authorization to occupy was notified, and the interested party has not taken steps to be granted the respective property title.

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Article 36.-In places where there are more than twenty-five adjudicated lots, with an extension of not less than five hundred hectares, near each other, forming a nucleus of more than one hundred fifty inhabitants, the General Directorate of Public Works shall proceed to enable the region, laying out the necessary roads and streets, determining the population area, dividing it into lots, designating those to serve as a square, church, school, and other public buildings, and if possible within the available means, providing potable water to the neighborhood.

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Article 37.-The Ministry of Development (Secretaría de Fomento) shall have this law printed in a booklet, as well as the necessary forms for the applications, with all the data and legal requirements, and shall distribute them profusely to the Governors and Political Chiefs, so that they are distributed free of charge to the interested parties.

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Article 38.-For the processing of the proceedings in these dossiers, the signatures of the applicants may be authenticated not only by Notaries and Lawyers, but also by the Governors and Political Chiefs.

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Article 39.-With the purpose of maintaining on these lands the principle of the division of property, ensuring that they cannot serve as a basis for speculation, and that they may only be acquired by persons who meet the conditions required by this law, no contract for the transfer of ownership, real encumbrance, administration, or tenancy of said estates, nor any adjudication or similar act, shall be valid without the approval of the Ministry of Development, which must be granted solely in the case that the new acquirer or beneficiary meets the same conditions required for the transferees. The infringement of this provision shall not only produce the nullity of the act or contract, but also the land shall revert to the domain of the State, along with all its improvements, without the right to any type of compensation.

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Article 40.-The limitation referred to in the preceding article shall last ten years and shall be recorded in the property title, so that it is noted in the Public Registry for the effect of third parties.

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Article 41.-The Ministry of Development, before granting the approvals related in Article 39, must ascertain that the case falls within the terms of this law, and each year it shall report to Congress on the approvals granted, specifying the first and last names of the interested parties.

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Article 42.-The pledge contract on the harvests or fruits is not included among the limitations referred to in Article 39, which is permitted, with the purpose of providing the transferee with the means to maintain and expand the production of the lot.

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Article 43.-The prohibition referred to in subsection b) of Article 31, must be understood for lands possessed by third parties that have been cleared and cultivated without interruption for one year, with stable and formal crops. The cutting of timber for use on the same property must be notified to the political authority of the place, and the latter shall transmit the report to the Ministry of Development. For the purposes of this provision, forested lands where cattle graze in community, or from which firewood or timber is extracted, must not be considered as an object of possession, and persons who have made use of such rights on vacant lands, unless it concerns leases granted in legal form, may not claim prejudice or formulate oppositions.

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Article 44.-For the purposes of this law, the lands that the State owns in property, referred to in Article 18 of Law No. 29 of December 3, 1934, are adjudicable, but they shall be adjudicated as segregations from the general estates, in accordance with the inscriptions of the Public Registry.

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CHAPTER III

Leasing of Vacant Lands

Article 45.-National vacant lands may be leased to Costa Ricans or foreigners, the latter with residency of ten or more years in the country, for terms no longer than ten years, and if the lessee agrees to dedicate the lands to crops of coffee, cacao, or banana, or other actively exported products, on an extension of at least seventy-five percent, said terms shall be extended up to fifteen years.

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Article 46.-When lands are dedicated to the raising or fattening of livestock, each person, family, or company may obtain the lease of parcels no larger than five hundred hectares, and if they are to be destined for agricultural crops, the parcels shall be reduced to two hundred fifty hectares.

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Article 47.-The application for lease shall be formulated before the Ministry of Finance (Secretaría de Hacienda), which, upon receiving it, shall note the day and hour of its presentation and order a technician designated by the Ministry of Development to carry out an exploration and measurement of the land, with the interested party required to previously deposit in the Public Revenue Administration the prudential sum set for these expenses.

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Article 48.-In the measurement and review of the land, the procedure shall be in accordance with the following provisions:

a) The technician in charge shall issue a decree setting the day and time to begin the measurement and shall notify the adjoining owners personally, or through the Judge or Mayor of the place where they reside, without said officials being able to refuse to fulfill the commission;

b) Before undertaking the measurement, the technician shall appoint two witnesses of attendance, residents of the canton where the land is located, and shall administer their oath. These witnesses shall sign with the technician the record to be drawn up upon concluding the measurement, which shall summarily state the day and time it began, the time invested in it, the instrument used, the neighboring parcels cultivated by private individuals and the names of the latter, description and extension of the crops and the state in which they are found, excluding from the measurement of the land to be leased those already cultivated parcels;

c) It is also the responsibility of the person in charge of the measurement to report on the value of the land, taking into account its conditions and location, and to estimate the annual fee per hectare that the lessee must pay.

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Article 49.-Once the measurement proceedings are completed, the Surveyor shall present the plan in duplicate, with the corresponding report, to the Ministry of Finance, which shall forward said documents to the Cadastre Office, so that it may take the respective copy and return them with the corresponding approval, in accordance with the provisions of Law No. 49 of July 29, 1926. One of the copies of the plan shall remain attached to the dossier and the other shall be delivered to the lessee.

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Article 50.-If the application conforms to the terms of the law, and the Ministry of Finance considers the estimate given by the technician to be fair, it shall admit it, and shall forward the dossier, with the plans and measurement proceedings, to the Civil Treasury Court so that it may put the lot up for auction based on the minimum bid set by the Surveyor and for the term granted by the Ministry of Finance.

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Article 51.-The auction shall be announced by notices to be published in the Judicial Bulletin three times, with fifteen business days prior to the date of the auction, counting from the last publication. The notice shall contain all the data necessary to identify the lot, as well as the auction base price. In the auction, no bid that does not cover said base price shall be admitted, and under equal conditions, the offer formulated at the same act by the person at whose request the proceedings were carried out shall be preferred. If any opposition is presented, it shall be processed in accordance with the provisions of Articles 27 and following of this law.

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Article 52.-Once the auction is approved by the Judge, they shall communicate it to the Ministry of Finance so that the lease contract may be drawn up, which must be approved by the President of the Republic and published in the Official Gazette.

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Article 53.-All expenses occasioned by the processing of lease applications, as well as those for the measurement of the land, shall be for the account of the applicant; but if another person acquires the lease right at the auction, they must reimburse them to the former.

Article index

Article 54.-The lease price shall be paid in advance annual installments, with payments to be made at the Public Revenue Administration. The first annual installment and the expenses referred to in the preceding article must be paid before signing the respective contract, and the subsequent ones within the first thirty days of the month corresponding to each year, in advance. The exact failure to pay empowers the Executive Branch to administratively declare the expiration of the contract, after a requirement for the debtor to pay the respective fee within eight days, with the State being able to immediately enter into possession of the lot, in order to order it to be put up for auction again. The new lessee must pay the value of the improvements and constructions, the proceeds of which shall be delivered to the previous lessee, after deduction of the amount owed for the lease price. The State shall have no obligation regarding the payment of improvements and constructions.

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Article 55.-The lessee is obligated to cultivate at least twenty-five percent of the leased area within the first two years of the contract's validity; twenty-five percent in the following two years, and so on successively, with the State reserving the right to administratively declare the expiration of the contract if such requirements are not met.

Article index

Article 56.-The lease right may not be assigned without the express consent of the Executive Branch, which shall not consider it if the payment of the fee is not up to date, or if it involves a person or companies dedicated to the same type of agricultural or livestock exploitations, or foreigners who have less than ten years of residency in the country.

Article index

Article 57.-Upon the expiration of the lease term, the lessee shall return the land to the State along with the existing improvements and without the right to any compensation. But if the State again puts the lease of the same land up for auction before two years have elapsed, the new lessee must acknowledge the value of the improvements and constructions, which shall be delivered to the previous lessee. Under equal bids, the latter shall have preference.

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Article 58.-The requirements mentioned in subsection d) of Article 23 of this law, regarding the planting of trees, shall be equally applicable to lessees of vacant lands; and likewise, the provisions of Article 12 shall be applicable to them.

Article 59.-The Executive Branch is authorized to make private lease arrangements, without the need for public auction, with those persons who, at the time this law is published, are cultivating parcels of vacant lands without legitimate title; but must pay the value of the lease under the same conditions, at the price set by one of the appraisers of the Direct Taxation, and after the measurement and location of the land.

Article 60.-It is at the discretion of the Executive Branch whether or not to lease the lands referred to in Articles 7 through 11 of this law; but the State reserves the right to rescind the lease at any time, in whole or in part, with due compensation for crops and improvements made, if it is the case of protecting waters that supply or may supply populations, of harnessing hydraulic forces, or for any other circumstance that justifies that action of the State.

CHAPTER IV
Maritime-Terrestrial and Fluvial Zones

Article 61.-Except for the lands on which established populations are located, the portions comprised within the maritime-terrestrial and fluvial zones may not be alienated, in the extent indicated by Article 6 of this law. Rights acquired by virtue of previous laws are preserved.

Article 62.-The Executive Branch may lease by contract and for a term of four years, renewable at the will of the parties, the strips of land referred to in Article 6, in an area not greater than two hundred fifty hectares, if they are dedicated to cattle raising or fattening, and not greater than one hundred twenty-five hectares, if they are destined for agricultural crops, but always reserving, within the indicated limit, an area two hundred meters wide along the coast, from the ordinary high tide line, and fifty meters wide along the rivers that the Executive Branch considers navigable. That reservation shall be made for the purpose of dedicating those sections to the use of salt producers, fishermen, navigators, and for defenses, fiscal control, forest conservation, landing fields, or any other destination deemed of public interest.

Article 63.-The value of the lease shall be set by the Executive Branch, in accordance with the quality and location of the land and the type of crops to which it is to be dedicated, after hearing the opinion of an appraiser of the Direct Taxation.

Article 64.-In the event that the Executive Branch considers necessary the surveying of a plan and the demarcation (amojonamiento) of the zone to be leased, it shall so order, and for that purpose the procedures indicated in Articles 47, 48, and 49 of this law shall be followed, at the cost of the lessee.

Article 65.-The provisions of Articles 23, subsection d), and 54 through 58 of this law are applicable to the leases referred to in this chapter.

Article 66.-The lessee is subject to the restrictions mentioned in Article 12 of this law, with the same reservations contained in said article remaining in favor of the State.

Article 67.-The trees found on the leased land may be felled when considered necessary for the crops. However, the timber may not be removed from the leased lot, except upon payment of the price and the other conditions established in the regulation of this law.

Article 68.-In order to facilitate fiscal control for the collection of the lease fee, the lessees of mangroves that are exploited for industrial purposes shall pay according to the weight of the bark they extract.

CHAPTER V
Strips of Land on the Banks of the Atlantic Railroad

Article 69.-The Executive Branch may lease, by contracts for four years renewable at the will of the parties, the strips of land located on one side and the other of the railway to the Atlantic, in the Limón to Guápiles division.

Article 70.-The depth of the lots may not be greater than fifteen meters, twenty-five centimeters, always leaving in front, parallel to the railway line, a strip of land of the same area, on both sides of the outer line of the rails.

CHAPTER VI
General Provisions

Article 71.-The Executive Branch shall resolve administratively in accordance with law, any question or claim that may arise regarding the matters to which this law refers, after hearing the interested parties and requesting the reports it deems necessary, without prejudice to the right of the party that considers itself aggrieved to resort to the judicial route.

Article 72.-Pending lease applications may continue when their area does not exceed that determined by Article 46; or if it is greater, when the applicant reduces the lease area to the limits that said article permits. The provisions of Chapters III and IV of this law shall be applicable to them, insofar as appropriate.

Article 73.-Articles 508 through 553 of the Fiscal Code, as well as Article 1 of Law No. 11 of October 22, 1926, which modified some of them, are repealed. Also repealed are Laws No. 60 of August 13, 1914, No. 85 of August 24, 1915, No. 82 of April 5, nineteen twenty-three, No. 29 of December 3, 1934, and Articles 3 and 4 of Law No. 23 of December 16, 1935. Laws previously enacted that deal with the same matters as the present law are also repealed or amended in the corresponding part, in everything in which this law opposes or contradicts them.

This law shall take effect on the day of its publication.

Presidential House. - San José, on the tenth day of January of nineteen thirty-nine.