Ley 4545 — Possessory Information LawLey de Informaciones Posesorias

Recuerde que Control F es una opción que le permite buscar en la totalidad del texto


Ir al final del documento

- Usted está en la última versión de la norma -

Disposiciones sobre requisitos para solicitar el título de propiedad para poseedores en calidad de
dueño de bienes raíces inscribibles


N° 4545





(Esta ley fue derogada por el artículo 1° de la ley N° 6237 del 2 de mayo de 1978. Posteriormente
mediante el artículo 84 de la Ley de Jurisdicción Agraria, N° 6734 del 29 de marzo de 1982, se
vuelve a derogar la presente ley)





LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA





 





DECRETA:





Artículo 1°-El poseedor de bienes raíces en calidad de dueño, que careciere de titulo de propiedad
inscribible en el Registro Público, podrá solicitar que se le otorgue, de acuerdo can las
disposiciones de la presente ley.





Para este efecto, el titulante deberá demostrar su posesión de buena fe, continua y pacífica por más
de diez años y podrá aprovechar la ejercida por sus causantes, según lo dispuesto por el articulo
863 del Código Civil.





Practicada la inscripción en el Registro Público, éste no perjudicará en ningún caso a quien tuviere
mejor derecho de propiedad o de posesión del inmueble, mientras no hubieren transcurrido tres años,
a partir de la fecha de la respectiva inscripción.







 





Ficha articulo





Artículo 2°-El titulante deberá demostrar con documento público la adquisición de los terrenos cuya
inscripción solicita:





a) Cuando se trate de finca urbana, cuya cabida fuere superior a una hectárea;





b) En el caso de finca rural, cuya cabida excediere a cien hectáreas; y





c) Cuando el interesado presentare varias solicitudes de inscripción de fincas que estuvieren
contiguas, o que de hecho constituyen una unidad, si la cabida total resultante fuere superior a las
antes indicadas, según el caso.





Se considerarán como solicitudes hechas por una misma persona, las formuladas por la esposa del
titulante y los parientes de éste en línea directa, consanguíneos o afines y en la colateral por los
hermanos, tíos y sobrinos, con­sanguíneos o afines, si el Instituto de Tierras y Colonización
estimare, principalmente cuando pudiere existir invasión de terrenos baldíos, que tiende a burlar la
prueba documental que exige este artículo, cualquiera que sea la fecha en que se presenten las
solicitudes.





La calificación de finca rural o urbana corresponderá al referido Instituto.







 





Ficha articulo





            Artículo 3°-Corresponderá al Instituto la tramitación de las informaciones posesorias y
otorgar administrativamente los títulos de propiedad.





Si se tratare de fincas urbanas, pondrá en la resolución que indica el artículo 11, la solicitud en
conocimiento del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y de la municipalidad de la jurisdicción
en que se encuentre ubicado el inmueble, para que manifiesten dentro del término que señala el
artículo mencionado, si se oponen a lo solicitado y las razones que tengan para hacerlo. El
interesado acompañará copias de la solicitud para el Instituto y la municipalidad.





Los títulos de propiedad que se otorguen con arreglo a las disposiciones de la presente ley, no
podrán exceder de trescientas hectáreas. Las limitaciones establecidas en este artículo, constituyen
el máximo de área a inscribir por el titulante, y éste no podrá evadir aquéllas mediante la
formulación de solicitudes sucesivas.





(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 5243 del 22 de noviembre de 1973)


Ficha articulo





Artículo 4°-Si la finca fuere agrícola, será condición necesaria para titular, que en los últimos
tres años hayan sido cultivadas por lo menos las dos terceras partes de su área total.





Si la finca fuere ganadera, deberá tener, durante los tres años anteriores a la solicitud, por lo
menos una cabeza de ganado por cada hectárea y cada una de éstas cuarenta áreas de repastos; o de
una cabeza de ganado por cada cinco hectáreas de potrero de pastos naturales o sitios. Además, el
solicitante deberá demostrar con documentos, la propiedad de los semovientes, cuando la finca fuere
mayor de las treinta hectáreas. Las arboledas o bosques, que pudieran conside­rarse como reservas
forestales para la protección de las aguas o de los especimenes indicados en el artículo 13, se
considerarán como zonas cultivadas, siempre que no excedan del 20% del área efectivamente cultivada.







 





Ficha articulo





Artículo 5°-Los ocupantes de baldíos nacionales no reservados ni declarados inalienables, que no
cuenten con la posesión decenal, podrán regularizar su situación sometiéndose a las disposiciones
consignadas en el Capítulo VI de la Ley de Tierras y Colonización, aun cuando el inmueble no esté
inscrito. En este caso, el Estado será representado por la Procuraduría General de la Repú­blica. El
Poder Ejecutivo podrá, previa solicitud del Instituto de Tierras y Co­lonización, traspasarle a esta
institución los terrenos que fueren objeto de la posesión precaria.







 





Ficha articulo





Artículo 6°-En las diligencias que se promuevan para obtener la inscrip­ción de un inmueble en el
Registro Público, necesariamente deberán constar:





a) El nombre, apellidos, calidades y domicilio del solicitante;





b) La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, nombres y apellidos, calidades y
domicilio de los colindantes, del terreno de que se trate y la medida lineal del frente a caminos
públicos.





La finca deberá estar debidamente deslindada con cercas o divisiones estables, en las secciones en
que no existieren linderos naturales salvo que se tratare de fincas ganaderas, todo a juicio del
Instituto;





c) El nombre, apellidos, calidades y domicilio de los condueños y de los ocupantes, si los hubiere;
las cargas reales que pesaren sobre el inmueble y si existieren servidumbres, el nombre, apellidos,
calidades y domicilio del dueño del fundo dominante;





d) El tiempo que lleva el solicitante, de poseer el inmueble, la descripción de los actos en que ha
consistido esa posesión y extensión de los cultivos existentes, la fecha de su iniciación, las
construcciones y demás mejoras realizadas;





e) El nombre, apellidos, calidades y domicilio de la persona de quien adquirió su derecho, en su
caso, indicando si lo liga parentesco con ella y en qué grado y la causa y fecha de la adquisición;





f) Manifestación expresa del titulante de que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público,
que carece de título inscribible de dominio y que la solicitud no pretende evadir las consecuencias
de un juicio sucesorio;





g) El valor de la finca; y





h) Dirección que señale el solicitante para oir notificaciones.







 





Ficha articulo





Artículo 7°- Todas las afirmaciones del titulante, tendrán carácter de declaración jurada y por
consiguiente, cualquier falsedad le hará incurrir en las penas del falso testimonio, si no
incurriere en delito de mayor gravedad.







 





Ficha articulo





Artículo 8°-El titulante necesariamente deberá aportar:





a) Su cédula de identidad o de residencia;





b) Un plano que determine la situación y medida superficial de la finca; nombre y apellidos de los
colindantes; área cultivada, con mención de los cultivos y de los bosques, en su caso; la medida
lineal de los linderos y las superficies ocupadas por precaristas, si los hubiere. El plano deberá
indicar los linderos naturales y las secciones cercadas, expresando en qué consisten aquéllos y de
qué clase de cercas se trata;





c) Certificación del Registro de la Propiedad, que indique si el titulante ha inscrito otras
propiedades a su nombre por medio de informaciones pose­sorias y en caso afirmativo, la descripción
detallada de los respectivos inmuebles, a efecto de determinar si existe colindancia, continuidad o
unidad entre ellos;





d) Constancia de la Tributación Directa que indique si la finca está registrada en el Departamento
Territorial y el valor en que está estimada;





e) El nombre, apellidos, cualidades y domicilio de tres testigos vecinos del lugar, a quienes les
conste el tiempo de posesión y los actos que la com­prueben. Cuando la medida de la finca no
excediera de treinta hectáreas, este extremo podrá comprobarse mediante la manifestación por escrito
de tres testigos, cuyas firmas deberán ser autenticadas;





f) Tratándose de fincas urbanas mayores de una hectárea, o de fincas rurales mayores de cien
hectáreas, es necesario aportar el documento público que exige el artículo 2° de esta ley.







 





Ficha articulo





Artículo 9°-Los planos que se ejecuten para los efectos de esta ley serán levantados por los
ingenieros miembros del Colegio respectivo o por los topógrafos o agrimensores autorizados, todo de
acuerdo con las leyes Nº 3454 de 14 de noviembre de 1964 y Nº 4294 de 16 de diciembre de 1968, y
deberán aprobarse por el Departamento de Catastro del Instituto Geográfico Nacional y quedar
inscritos en él.





Todos los planos deberán hacerse y presentarse de acuerdo con los reglamentos de esa Oficina y el
profesional que los autorice será responsable de la exactitud de los datos y medidas que en ellos
consigne. Sin embargo, el Departamento dicho no recibirá para su inscripción o archivo, planos con
áreas superiores a trescientos hectáreas, excepto si se acompaña certificación del Registro Público
en la que conste que se trata de una finca inscrita, con cualquier superficie, o de terrenos del
Estado o de sus Instituciones, aunque no estén inscritos.





(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 5243 del 22 de noviembre de 1973)


Ficha articulo





Artículo 10°.-Cuando el titulante demostrare su legítima adquisición por medio de documento público
que no fuere apto para su inscripción en el Registro Público, o mediante documento privado con fecha
cierta, no será necesario que ofrezca prueba testimonial, si hubieren transcurrido diez o más años
de la res­pectiva fecha cierta, tal caso, bastará que presente, el plano conforme de la finca y que
en inspección ocular se constate que esta debidamente deslindada, que es objeto de posesión y que en
ese momento está sometida a explotación racional.







 





Ficha articulo





Artículo 11°-Recibida la solicitud, el Instituto procederá de inmediato a su estudio y si notara
omisiones le ordenará al interesado que las subsane. Sub­sanadas las omisiones, el Instituto citará
por medio de la autoridad política más cercana, a los colindantes, así como a los copropietarios y
ocupantes, si los hubiere, para que en el término de treinta días, contados a partir de la
notificación, se presenten a hacer valer sus derechos. No se citará a los que expresen por escrito
su conformidad con la titulación.





            En la misma resolución se ordenará publicar por tres veces, un edicto en el Diario
Oficial, en el cual se citará a los interesados para que dentro de treinta días, a partir de la
primera publicación, se presenten a reclamar sus derechos. El edicto contendrá un extracto de la
solicitud.





Se ordenará también poner en conocimiento del Procurador Agrario la solicitud, a fin de que vigile
la correcta tramitación, para lo cual el interesado acompañará la copia correspondiente, pero la
falta de apersonamiento o de gestión de parte de él, no estorbará el procedimiento, el cual,
mientras no fuere indispen­sable la gestión de parte, será de oficio.







 





Ficha articulo





Artículo 12°.-Si dentro de los términos indicados en el artículo anterior, algún particular
manifestare que la inscripción de la finca le causa perjuicio, se suspenderá la tramitación para que
en juicio declarativo, promovido por el opositor ante la jurisdicción común, las partes definan sus
derechos.





Si el opositor no establece el juicio ordinario dentro de los treinta días siguientes al de la
notificación de la resolución que se ordene, se tendrá por no presentada la oposición y se
continuará con los trámites.





Si la demanda ordinaria fuera entablada en tiempo, el juez respectivo deberá comunicárselo al
Instituto, para que éste suspenda las diligencias. De acuerdo con lo que se resuelva en sentencia
definitiva, se continuará el expediente de información posesoria o se archivará definitivamente.





Cuando el opositor fuere un ocupante localizado dentro de los límites de la finca, se observará lo
que dispone el artículo 16.





Si el Instituto rechazare la solicitud, o si surgiere oposición del Estado o de alguna institución
pública, se ordenará archivar el expediente y se tendrá por agotada la vía administrativa, a efecto
de que el titulante pueda accionar en la vía contencioso-administrativa contra el Instituto, el
Estado o la institución opo­sitora, en discusión de sus derechos a acogerse a las disposiciones de
la presente ley.





También se tendrá por agotada la vía administrativa si transcurriere más de un año sin que sea
aprobada o rechazada la solicitud. En este caso, a petición de parte, el Instituto pasará e!
expediente a conocimiento del Juzgado Civil del lugar en que se halle situada la finca, para que
continúe tramitando la información posesoria y si la solicitud fuere rechazada, el titulante podrá
proceder en la forma que indica el párrafo que antecede, teniendo como parte demandada, al Instituto
de Tierras y Colonización.







 





Ficha articulo





Artículo 13.-Vencido el emplazamiento a que se refiere el artículo 11, si no hubiere oposición, el
Instituto de oficio, convocará a una comparecencia que se efectuará en la finca que se desea
inscribir, si esta fuere rural y su medida excede a 30 hectáreas.





La diligencia se efectuará por uno de los funcionarios de! Departamento Técnico del Instituto, o por
un perito calificado .de las Agencias de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura, asistidos
de un abogado del Departamento Legal del Instituto, o del Juez Civil, o del Alcalde Civil, con
jurisdicción en el lugar respectivo, a quien el Instituto podrá comisionar al efecto, así como de
los interesados que se presentaren.





Se iniciará con una inspección ocular, por medio de la cual el funcionario constatará si la finca
está debidamente deslindada, si acusa una larga posesión, si existen construcciones y cultivos y el
área de éstos, si hay bosques o zonas incultas y sus áreas aproximadas, si existen aguas
susceptibles de ser reservadas o si la finca se encuentra en zona inalienable o forma parte de una
cuenca hidrográfica, lo mismo que si existen especímenes vegetales o animales que por encontrarse en
proceso de extinción en el país, deban mantenerse como reservas naturales. Si la finca fuere
ganadera, se hará constar, además, el número de cabezas de ganado y las marcas o fierros que
ostenten.





En la misma o en diligencia separada, cuando la finca fuere rural y su medida excede de treinta
hectáreas, se procederá a interrogar a los testigos para constatar desde cuándo conocen la finca, si
les consta que ha estado sometida por el titulante, o por anteriores dueños, a posesión durante un
período continuo no inferior a diez años, si esa posesión ha sido en forma pública, pacífica y en
concepto de dueño y que qué actos ha consistido.





De todas las diligencias se levantará una acta que firmarán el funcionario, los asistentes y
testigos, salvo que alguno de éstos no quisiere o no pudiere hacerlo, lo que se hará constar.





Los funcionarios y empleados que intervengan en la diligencia no podrán cobrar honorarios y sólo
tendrán derecho al pago de gastos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, y su monto se
indicará en el acta.







 





Ficha articulo





            Artículo 14°.-No será necesaria la comparecencia ni la inspección ocular, cuando la
finca fuere rural y no exceda de treinta hectáreas.







 





Ficha articulo





Artículo 15°.-Cuando todas las pruebas estuvieren evacuadas y resultare que la posesión decenal ha
sido quieta, pública y continua, el Instituto gozará de un término de quince días para aprobar o
improbar las diligencias por medio de resolución considerada. Si las aprueba, en la misma resolución
ordenará que sin perjuicio de terceros de igual o mejor derecho, se inscriba en el Registro Público
la finca que ha sido objeto de la información, por medio de protocolización de la resolución
respectiva, que hará el notario que indicará la parte interesada.





En cualquier momento en que se compruebe, sin que pueda alegarse prescripción alguna, que el
titulante o sus causahabientes, poseen más terreno que el determinado en la información posesoria,
por alteración de los linderos, y ese terreno fuere baldío o poseído por ocupantes en precario, la
posesión en exceso será considerada ilegítima y el titulante y sus causahabientes perderán todo
derecho sobre la mayor cabida de terreno que existiere, sin lugar a reclamo de ninguna especie,
pudiendo retirar las mejoras que hubieren hecho, para lo cual gozarán del término que les conceda el
Instituto.





La resolución que aprueba o imprueba al información, será apelable en ambos efectos, dentro del
término de cinco días, para ante el Tribunal que le corresponde conocer de las apelaciones a
resoluciones del respectivo Juez Civil de la jurisdicción donde se encuentre el inmueble.





En la misma forma serán apelables las resoluciones que dicte el Instituto, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 17, párrafo 3º, 18 y 20.





(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 5243 del 22 de noviembre de 1973)


Ficha articulo





Artículo 16°.-Si el interesado informare que en la finca existen ocupantes que han realizado
construcciones, plantaciones o mejoras, o esos hechos resultaren demostrados por las pruebas
recibidas, el Instituto procederá, de oficio, a citar al titulante y a los ocupantes para que
resuelvan en forma directa sus diferencias. Si se logra el arreglo y la información fuere aprobada,
se ordenará inscribir por separado y a nombre de cada interesado, la parcela que le corresponda.





Si no se llegare a un arreglo entre las partes, se ordenará inscribir, a nombre del informante, la
superficie de la finca que no estuviere ocupada por terceros y el Instituto iniciará, de oficio, las
diligencias de ocupación precaria, de conformidad con el Capítulo VI de la Ley de Tierras y
Colonización.







 





Ficha articulo





Artículo 17°.-Sin la autorización expresa del Instituto, los inmuebles que se inscriban en el
Registro Público por los trámites establecidos en esta ley, no podrán ser vendidos, arrendados,
gravados ni embargados, excepto en el caso de las instituciones a que se refiere este mismo
artículo, en un plazo de tres años, contado a partir de la fecha de inscripción. Al cumplirse dicho
plazo, el derecho de propiedad quedará definitivamente consolidado.





La anterior prohibición se reduce a un año para efecto de solicitar y ob­tener préstamos del Sistema
Bancario Nacional o de otras instituciones autónomas del Estado, sin necesidad de la autorización
del Instituto, siempre que el producto del préstamo sea invertido en la misma finca.





Si con anterioridad al vencimiento del plazo de tres años, se observare que el título de posesión se
ha levantado contra las leyes vigentes, el Instituto decretará en el expediente original, mediante
resolución formal de su Junta Directiva, la nulidad absoluta del título y de la inscripción. Esta
resolución se comunicará formal y literalmente al Registro, para que este practique la cancelación
de los respectivos asientos.





Si el expediente de información posesoria se hubiere extraviado, se sus­tituirá por certificación
literal del asiento de inscripción.      





Si prosperare acción reivindicatoria sobre la finca titulada, el reivindicante deberá hacerse cargo
de los gravámenes que la finca tuviere, pero se subrogará en los derechos de los acreedores
hipotecarios para ejercitarlos en contra del titu­lante vencido. El titulante no está obligado a
reembolsar aquellas sumas que demuestre haber invertido en mejoras estables de la propiedad; al
efecto, reque­rida por autoridad competente, la institución acreedora enviará copia de los
do­cumentos que obren en su poder, que indiquen la forma en que se invirtió el préstamo.







 





Ficha articulo





Artículo 18°.-Cualquier error que sea necesario rectificar en un título posesorio inscrito, se
tramitará en el expediente original; y si éste no apareciere, se acompañará al escrito en que se
pida la rectificación, una certificación del Registro Público, del asiento respectivo. La
rectificación se hará siguiendo, en lo pertinente, los trámites establecidos en los artículos 6° y
siguientes de la presente ley. La rectificación de cabida, sólo será procedente para enmendar un
error de cálculo en el plano, resultante de sus mismos detalles de medida.







 





Ficha articulo





Artículo 19.-La cabida de las fincas inscritas con anterioridad al 23 de octubre de 1930, o sus
segregaciones, podrá ser rectificada sin necesidad de expediente, con la sola declaración hecha por
el propietario en escritura pública, aumentándola hasta la cantidad que indique el plano cuando éste
determine una cabida que no sea mayor a cinco mil metros cuadrados; hasta un cincuenta por ciento de
la cabida de las fincas de más de cinco mil metros y no mayores de cinco hectáreas; hasta un
veinticinco por ciento de la cabida en las fincas de más de cinco hectáreas y no mayores de treinta
hectáreas y hasta un diez por ciento de la cabida en las fincas de más de treinta hectáreas.





En todos los casos indicados en el párrafo anterior, el notario debe dar fe de que la nueva medida
es la que indica un plano inscrito en la Oficina del Catastro, levantado y firmado por cualquiera de
las personas que indica el artículo segundo, citando su número y fecha de inscripción.





Esas rectificaciones en ningún caso perjudicarán a terceros, durante los tres años posteriores a la
inscripción.





Para consignar disminución a la cabida de un inmueble, sólo se requiere manifestación del
propietario hecha en escritura pública.





(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 5813 del 4 de noviembre de 1975)


Ficha articulo





Artículo 20°.-Cuando se trate de rectificar una medida que signifique más del tanto por ciento antes
señalado, deberá tramitarse información posesoria por los mismos trámites señalados en esta ley.
Aprobado el expediente de rectifica­ción, el Instituto ordenará que se haga en el Registro Público,
la rectificación del asiento primitivo, sin perjuicio de terceros de mejor derecho y con ese objeto
librará la correspondiente escritura.







 





Ficha articulo





Artículo 21°.-Todos los gastos que ocasione el trámite de una información posesoria, deberán ser
pagados por el titulante. En consecuencia, correrán a su cargo los de transporte, alimentación y
alojamiento de los funcionarios que asistan a la comparecencia indicada en el artículo 13. No
obstante, los gastos serán a cargo del Instituto, total o parcialmente, a juicio de la Gerencia,
cuando exista recomendación expresa del Ministerio de Agricultura, atendiendo a la situación
económica del titulante y a la conveniencia de fomentar la producción agrícola de que se trate.





           







 





Ficha articulo





Artículo 22°.-Las fincas inscritas por medio de esta ley, quedarán afecta­das por las siguientes
reservas:





a) Si el fundo fuera enclavado o tuviera frente a caminos públicos, con ancho inferior a veinte
metros, estará afecto a las reservas que indica el artículo 13 de la Ley General de Caminos
Públicos.





b) A las reservas que indica la Ley de Aguas en sus artículos 72 y 73, y cuando existieren aguas de
dominio público o privado, en su caso.





c) A la prohibición de destruir bosques o arboledas que contengan especímenes vegetales o animales,
que estén en proceso de extinción en el país, a juicio del Ministerio de Agricultura.







 





Ficha articulo





Artículo 23°.-Los terrenos que el Estado haya adjudicado en propiedad a particulares, en virtud de
leyes o contratos anteriores a la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización, podrán ser
enajenados, gravados o arrendados, cuando hayan transcurrido tres años, desde la fecha de su
adjudicación, o antes, si esas leyes o contratos lo permiten, o si el Instituto autoriza tales
transacciones.







 





Ficha articulo





Artículo 24°.-El titulante determinará a qué procedimiento se acoge para titular su finca, si a los
de la presente ley o a los que determina la ley N° 139 de 14 de julio de 1941 y sus reformas.





           







 





Ficha articulo





Artículo 25°.-Deróganse la ley N° 3971 de 11 de octubre de 1967 y todas las disposiciones legales
que se opongan a la presente ley.





           







 





Ficha articulo





Artículo 26. -Esta leyes de orden público y rige desde su publicación.







 





Ficha articulo





Transitorio .-Los juicios que se hubieren establecido con anterioridad a la vigencia de esta ley,
seguirán tramitándose hasta su fenecimiento, con base en las leyes con que se iniciaron, pero las
autoridades judiciales podrán simplificar los procedimientos, aplicando esta nueva ley en cuanto fue
re posible.





           





Casa Presidencial. -San José, a los veinte días del mes de marzo de mil novecientos setenta.





 





Ficha articulo





Fecha de generación: 4/5/2026 19:54:13

Ir al principio del documento

Recall that Control F is an option that allows you to search the entire text.


Go to the end of the document

- You are viewing the latest version of the regulation -

Provisions on requirements to request the title of property for possessors as owners of registrable real estate


No. 4545





(This law was repealed by Article 1 of Law No. 6237 of May 2, 1978. Subsequently,
by Article 84 of the Agrarian Jurisdiction Law, No. 6734 of March 29, 1982, the
present law is repealed again)





THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA





 





DECREES:





Article 1.- The possessor of real estate as owner, who lacks a title of property
registrable in the Public Registry, may request that it be granted to him, in accordance with the
provisions of this law.





For this purpose, the applicant (titulante) must demonstrate his good faith, continuous, and peaceful possession for more than
ten years and may take advantage of that exercised by his predecessors, as provided by Article
863 of the Civil Code.





Once the registration in the Public Registry is carried out, it shall in no case harm anyone who had
a better right of property or possession of the real estate, until three years have elapsed,
from the date of the respective registration.







 





Article file





Article 2.- The applicant (titulante) must demonstrate with a public document the acquisition of the lands whose
registration he requests:





a) When it concerns an urban property, whose area is greater than one hectare;





b) In the case of a rural property, whose area exceeds one hundred hectares; and





c) When the interested party presents several registration applications for properties that are
contiguous, or that in fact constitute a single unit, if the resulting total area is greater than
those indicated above, as the case may be.





Applications made by the applicant's (titulante) spouse and his relatives in direct line, by blood or affinity, and collaterally by
brothers, uncles, and nephews, by blood or affinity, shall be considered as applications made by the same person, if the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización)
deems, principally when there may be an invasion of vacant lands, that it tends to circumvent the
documentary proof required by this article, regardless of the date on which the applications are submitted.





The classification of a rural or urban property shall correspond to the aforementioned Institute.







 





Article file





            Article 3.- The Institute shall be responsible for the processing of possessory informations (informaciones posesorias) and
to administratively grant the titles of property.





If it concerns urban properties, it shall place the application in the resolution indicated in Article 11, in the
knowledge of the National Institute of Housing and Urban Development (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) and the municipality of the jurisdiction
in which the real estate is located, so that they may state within the term indicated in the
aforementioned article, whether they oppose what is requested and the reasons they have for doing so. The
interested party shall attach copies of the application for the Institute and the municipality.





The titles of property granted in accordance with the provisions of this law, shall
not exceed three hundred hectares. The limitations established in this article constitute
the maximum area to be registered by the applicant (titulante), and the latter may not evade them through the
formulation of successive applications.





(Thus amended by Article 1 of Law No. 5243 of November 22, 1973)


Article file





Article 4.- If the property is agricultural, it shall be a necessary condition for titling that in the last
three years at least two-thirds of its total area have been cultivated.





If the property is livestock-raising, it must have had, during the three years prior to the application, at least one head of cattle per hectare and each hectare having forty ares of improved pastures (repastos); or
one head of cattle per five hectares of natural pastureland or sites. Furthermore, the
applicant must demonstrate with documents the ownership of the livestock, when the property is
larger than thirty hectares. The groves or forests that could be considered as forest reserves
for the protection of waters or the specimens indicated in Article 13, shall be
considered as cultivated areas, provided they do not exceed 20% of the effectively cultivated area.







 





Article file





Article 5.- Occupants of national vacant lands (baldíos nacionales) that are not reserved nor declared inalienable, who do not
have ten-year possession, may regularize their situation by submitting to the provisions
set forth in Chapter VI of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización), even when the real estate is not
registered. In this case, the State shall be represented by the General Procuraduría de la República (Procuraduría General de la República). The
Executive Branch may, upon prior request from the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización), transfer to this
institution the lands that are the object of precarious possession (posesión precaria).







 





Article file





Article 6.- In the proceedings promoted to obtain the registration of a real estate in the
Public Registry, the following must necessarily be stated:





a) The given name, surnames, status, and domicile of the applicant;





b) The nature, location, surface measurement, boundaries, given names and surnames, status, and
domicile of the adjoining landowners, of the land in question, and the linear measurement of the frontage to public
roads.





The property must be duly bounded with fences or stable divisions, in the sections where
there are no natural boundaries, except in the case of livestock properties, all in the judgment of the
Institute;





c) The given name, surnames, status, and domicile of the co-owners and of the occupants, if any;
the real encumbrances that weigh upon the real estate and if easements (servidumbres) exist, the given name, surnames,
status, and domicile of the owner of the dominant tenement;





d) The time the applicant has been in possession of the real estate, the description of the acts which that
possession has consisted of and the extent of the existing crops, the date of their initiation, the
constructions and other improvements made;





e) The given name, surnames, status, and domicile of the person from whom he acquired his right, as the case may be,
indicating if he is related to that person and to what degree, and the cause and date of the acquisition;





f) An express declaration by the applicant (titulante) that the property has not been registered in the Public Registry,
that he lacks a registrable title of ownership and that the application does not intend to evade the consequences
of a probate proceeding;





g) The value of the property; and





h) Address designated by the applicant for receiving notifications.







 





Article file





Article 7.- All the applicant's (titulante) statements shall have the character of a sworn statement and
consequently, any falsehood shall cause him to incur the penalties of false testimony, if no crime of greater severity is incurred.







 





Article file





Article 8.- The applicant (titulante) must necessarily provide:





a) His identity or residency card;





b) A plat that determines the location and surface measurement of the property; given name and surnames of the
adjoining landowners; cultivated area, mentioning the crops and forests, as the case may be; the linear
measurement of the boundaries and the surfaces occupied by squatters (precaristas), if any. The plat must
indicate the natural boundaries and the fenced sections, expressing what those consist of and
what kind of fences they are;





c) Certification from the Property Registry (Registro de la Propiedad), indicating if the applicant (titulante) has registered other
properties in his name through possessory informations (informaciones posesorias) and, if so, the detailed
description of the respective real estate, to determine if there is adjacency, continuity, or
unity among them;





d) Certificate from the Direct Taxation Office (Tributación Directa) indicating if the property is registered with the Territorial
Department and the value at which it is estimated;





e) The given name, surnames, status, and domicile of three witnesses who are neighbors of the place, to whom
the time of possession and the acts that prove it are known. When the measurement of the property does
not exceed thirty hectares, this point may be proven by the written statement
of three witnesses, whose signatures must be authenticated;





f) In the case of urban properties larger than one hectare, or rural properties larger than one hundred
hectares, it is necessary to provide the public document required by Article 2 of this law.







 





Article file





Article 9.- The plats executed for the purposes of this law shall be prepared by
engineers who are members of the respective Professional Association (Colegio) or by authorized
surveyors (topógrafos or agrimensores), all in accordance with Laws No. 3454 of November 14, 1964 and No. 4294 of December 16, 1968,
and must be approved by the Cadastre Department of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) and remain
registered therein.





All plats must be made and presented in accordance with the regulations of that Office and the
professional who authorizes them shall be responsible for the exactness of the data and measurements that he records on them. However, the said Department shall not receive for registration or filing, plats with
areas greater than three hundred hectares, except if accompanied by a certification from the Public Registry
stating that it concerns a registered property, with any surface area, or lands of the
State or its Institutions, even if they are not registered.





(Thus amended by Article 1 of Law No. 5243 of November 22, 1973)


Article file





Article 10.- When the applicant (titulante) proves his legitimate acquisition by means of a public document
that is not suitable for registration in the Public Registry, or by means of a private document with a
certain date (fecha cierta), it shall not be necessary to offer testimonial proof, if ten or more years have elapsed from the
respective certain date (fecha cierta). In such case, it shall suffice to present the approved plat of the property and that
an on-site inspection (inspección ocular) verifies that it is duly bounded, that it is the object of possession, and that at
that moment it is subject to rational exploitation.







 





Article file





Article 11.- Once the application is received, the Institute shall proceed immediately to its study and if omissions are noted, it shall order the interested party to rectify them. Once the omissions are rectified, the Institute shall summon, through the nearest political authority, the adjoining landowners, as well as the co-owners and occupants, if any, so that within thirty days, counted from the notification, they appear to assert their rights. Those who express their conformity with the titling in writing shall not be summoned.





            In the same resolution, it shall be ordered to publish an edict three times in the Official Gazette (Diario Oficial), in which interested parties are summoned so that within thirty days, from the first publication, they appear to claim their rights. The edict shall contain an extract of the application.





It shall also be ordered to bring the application to the attention of the Agrarian Procuraduría (Procurador Agrario), so that it monitors the correct processing. For this purpose, the interested party shall attach the corresponding copy, but the lack of appearance or action on its part shall not hinder the procedure, which, as long as the action of a party is not indispensable, shall be ex officio.







 





Article file





Article 12.- If within the terms indicated in the preceding article, any individual states that the registration of the property causes him harm, the processing shall be suspended so that, in a declaratory proceeding (juicio declarativo), promoted by the objector before the ordinary jurisdiction, the parties may define their rights.





If the objector does not bring the ordinary proceeding (juicio ordinario) within the thirty days following the notification of the ordered resolution, the opposition shall be considered as not filed and the procedures shall continue.





If the ordinary lawsuit (demanda ordinaria) is filed in time, the respective judge must notify the Institute, so that it suspends the proceedings. In accordance with what is decided in the final judgment, the possessory information (información posesoria) file shall continue or be definitively archived.





When the objector is an occupant located within the boundaries of the property, the provisions of Article 16 shall be observed.





If the Institute rejects the application, or if opposition arises from the State or any public institution, it shall be ordered to archive the file and the administrative channel shall be considered exhausted, so that the applicant (titulante) may bring an action in the administrative litigation channel (vía contencioso-administrativa) against the Institute, the State, or the opposing institution, in discussion of his rights to avail himself of the provisions of this law.





The administrative channel shall also be considered exhausted if more than a year elapses without the application being approved or rejected. In this case, at the request of a party, the Institute shall forward the file to the knowledge of the Civil Court of the place where the property is located, so that it continues processing the possessory information (información posesoria) and if the application is rejected, the applicant (titulante) may proceed in the manner indicated in the preceding paragraph, naming the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) as the defendant party.







 





Article file





Article 13.- Once the summons referred to in Article 11 has expired, if there is no opposition, the Institute, ex officio, shall convene a hearing (comparecencia) to be held on the property to be registered, if it is rural and its measurement exceeds 30 hectares.





The proceeding shall be conducted by one of the officials of the Technical Department of the Institute, or by a qualified expert from the Agricultural Extension Agencies of the Ministry of Agriculture, assisted by a lawyer from the Legal Department of the Institute, or by the Civil Judge, or the Civil Mayor (Alcalde Civil), with jurisdiction in the respective place, whom the Institute may commission for this purpose, as well as by the interested parties who appear.





It shall begin with an on-site inspection (inspección ocular), through which the official shall verify if the property is duly bounded, if it shows evidence of long possession, if there are constructions and crops and their areas, if there are forests or uncultivated areas and their approximate areas, if there are waters susceptible to being reserved or if the property is located in an inalienable zone or forms part of a hydrographic basin, as well as if there are plant or animal specimens that, because they are in process of extinction in the country, must be maintained as natural reserves. If the property is livestock-raising, the number of cattle and the brands or irons they bear shall also be recorded.





At the same hearing or in a separate proceeding, when the property is rural and its measurement exceeds thirty hectares, the witnesses shall be questioned to verify since when they have known the property, if it is known to them that it has been subject to possession by the applicant (titulante), or by previous owners, for a continuous period of no less than ten years, if that possession has been public, peaceful and as owner, and what acts it has consisted of.





A record shall be drawn up of all proceedings, which shall be signed by the official, the attendees, and witnesses, unless any of them is unwilling or unable to do so, which shall be recorded.





The officials and employees who intervene in the proceeding may not charge fees and shall only be entitled to the payment of expenses, in accordance with the provisions of Article 21, and their amount shall be indicated in the record.







 





Article file





            Article 14.- The hearing (comparecencia) or the on-site inspection (inspección ocular) shall not be necessary when the property is rural and does not exceed thirty hectares.







 





Article file





Article 15.- When all the evidence has been taken and it appears that the ten-year possession has been peaceful, public, and continuous, the Institute shall have a term of fifteen days to approve or disapprove the proceedings by means of a reasoned resolution. If approved, the same resolution shall order that, without prejudice to third parties of equal or better right, the property that has been the object of the information be registered in the Public Registry, by means of notarization (protocolización) of the respective resolution, to be carried out by the notary indicated by the interested party.





At any time it is proven, without any statute of limitations being able to be alleged, that the applicant (titulante) or his successors (causahabientes) possess more land than that determined in the possessory information (información posesoria), due to alteration of the boundaries, and that land is vacant (baldío) or possessed by precarious occupants, the possession in excess shall be considered illegitimate and the applicant (titulante) and his successors (causahabientes) shall lose all right over the larger area of land that exists, without the right to any claim whatsoever, being able to remove the improvements made, for which they shall enjoy the term granted by the Institute.





The resolution approving or disapproving the information shall be appealable with both effects, within the term of five days, before the Court that has jurisdiction to hear appeals of resolutions from the respective Civil Judge of the jurisdiction where the real estate is located.





Resolutions issued by the Institute, in accordance with the provisions of Articles 17, paragraph 3, 18, and 20, shall be appealable in the same manner.





(Thus amended by Article 1 of Law No. 5243 of November 22, 1973)


Article file





Article 16.- If the interested party reports that there are occupants on the property who have made constructions, plantations, or improvements, or these facts are demonstrated by the evidence received, the Institute shall proceed, ex officio, to summon the applicant (titulante) and the occupants so that they directly resolve their differences. If an agreement is reached and the information is approved, it shall be ordered to register separately and in the name of each interested party, the parcel that corresponds to them.





If no agreement is reached between the parties, it shall be ordered to register, in the name of the reporting party, the surface area of the property not occupied by third parties, and the Institute shall initiate, ex officio, the precarious occupation proceedings (diligencias de ocupación precaria), in accordance with Chapter VI of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización).







 





Article file





Article 17.- Without the express authorization of the Institute, the real estate registered in the Public Registry through the procedures established in this law may not be sold, leased, encumbered, or attached, except in the case of the institutions referred to in this same article, for a period of three years, counted from the date of registration. Upon completion of said period, the right of property shall be definitively consolidated.





The preceding prohibition is reduced to one year for the purpose of applying for and obtaining loans from the National Banking System (Sistema Bancario Nacional) or from other autonomous state institutions, without the need for authorization from the Institute, provided that the loan proceeds are invested in the same property.





If, prior to the expiration of the three-year period, it is observed that the title of possession was obtained contrary to the laws in force, the Institute shall decree in the original file, by means of a formal resolution of its Board of Directors (Junta Directiva), the absolute nullity of the title and the registration. This resolution shall be formally and literally communicated to the Registry, so that it may cancel the respective entries.





If the possessory information (información posesoria) file has been lost, it shall be substituted by a literal certification of the registration entry.





If a reivindicatory action (acción reivindicatoria) succeeds on the titled property, the reivindicator must assume the encumbrances that the property had, but shall be subrogated in the rights of the mortgage creditors to exercise them against the defeated applicant (titulante). The applicant (titulante) is not obliged to reimburse those sums that he proves to have invested in stable improvements to the property; for this purpose, when required by competent authority, the creditor institution shall send a copy of the documents in its possession that indicate how the loan was invested.







 





Article file





Article 18.- Any error that needs to be rectified in a registered possessory title shall be processed in the original file; and if this does not appear, the petition for rectification shall be accompanied by a certification from the Public Registry of the respective entry. The rectification shall be carried out following, where pertinent, the procedures established in Article 6 and following of this law. Rectification of the area (cabida) shall only be appropriate to amend a calculation error in the plat, resulting from its own measurement details.







 





Article file





Article 19.- The area (cabida) of properties registered prior to October 23, 1930, or their segregations, may be rectified without the need for a file, with the sole declaration made by the owner in a public deed, increasing it up to the quantity indicated by the plat when this determines an area (cabida) no greater than five thousand square meters; up to fifty percent of the area (cabida) of properties larger than five thousand meters and not larger than five hectares; up to twenty-five percent of the area (cabida) in properties larger than five hectares and not larger than thirty hectares; and up to ten percent of the area (cabida) in properties larger than thirty hectares.





In all the cases indicated in the preceding paragraph, the notary must attest that the new measurement is that indicated by a plat registered in the Cadastre Office (Oficina del Catastro), prepared and signed by any of the persons indicated in the second article, citing its registration number and date.





These rectifications shall in no case harm third parties, during the three years subsequent to the registration.





To record a decrease in the area (cabida) of a real estate, only the owner's declaration made in a public deed is required.





(Thus amended by Article 2 of Law No. 5813 of November 4, 1975)


Article file





Article 20.- When it concerns rectifying a measurement that means more than the aforementioned percentage, a possessory information (información posesoria) must be processed through the same procedures indicated in this law. Once the rectification file is approved, the Institute shall order that the rectification of the original entry be made in the Public Registry, without prejudice to third parties of better right, and for that purpose, the corresponding deed shall be issued.







 





Article file





Article 21.- All expenses occasioned by the processing of a possessory information (información posesoria) must be paid by the applicant (titulante). Consequently, the expenses of transportation, food, and lodging for the officials attending the hearing (comparecencia) indicated in Article 13 shall be borne by him. However, the expenses shall be borne by the Institute, in whole or in part, at the discretion of the Management, when there is an express recommendation from the Ministry of Agriculture, taking into account the economic situation of the applicant (titulante) and the convenience of promoting the agricultural production in question.





           







 





Article file





Article 22.- Properties registered by means of this law, shall be affected by the following reservations:





a) If the property is landlocked or has frontage on public roads with a width of less than twenty meters, it shall be subject to the reservations indicated in Article 13 of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos).





b) To the reservations indicated in the Water Law (Ley de Aguas) in its Articles 72 and 73, and when there are waters of public or private domain, as the case may be.





c) To the prohibition of destroying forests or groves that contain plant or animal specimens that are in process of extinction in the country, in the judgment of the Ministry of Agriculture.







 





Article file





Article 23.- Lands that the State has adjudicated as property to private individuals, by virtue of laws or contracts prior to the validity of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización), may be alienated, encumbered, or leased, when three years have elapsed from the date of their adjudication, or earlier, if those laws or contracts allow it, or if the Institute authorizes such transactions.







 





Article file





Article 24.- The applicant (titulante) shall determine which procedure he avails himself of to title his property, whether those of this law or those determined by Law No. 139 of July 14, 1941 and its amendments.





           







 





Article file





Article 25.- Law No. 3971 of October 11, 1967 and all legal provisions that oppose this law are repealed.





           







 





Article file





Article 26. - This law is of public order and is effective from its publication.







 





Article file





Transitory .- The trials that have been established prior to the validity of this law shall continue to be processed until their conclusion, based on the laws under which they were initiated, but the judicial authorities may simplify the procedures, applying this new law insofar as possible.





           





Presidential House. - San José, on the twentieth day of the month of March, nineteen hundred and seventy.





 





Article file





Date of generation: 4/5/2026 19:54:13

Go to the top of the document