Ley 5915 — Reform to the AyA Constitutive LawReforma a la Ley Constitutiva del AyA

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                        Texto Completo Norma 5915

                        Reforma Ley Constitutiva Servicio Nacional Acueductos y Alcantarillado

Texto Completo acta: B7BE
1

N° 5915

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE
COSTA RICA

DECRETA:

            La siguiente

Ley de Reforma a
varios Artículos de la Ley Constitutiva

del Servicio Nacional
de Acueductos y Alcantarillado

Artículo 1º.- Reformar los artículos 1º, 2º,
3º, 4º. 6º, 7º. 8º, 9º, 18, 19, 20 y transitorios de la ley Nº 2726 de 14 de
abril de 1961, para que se lean así:

"Artículo 1º.-Con el objeto de dirigir,
fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el
planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con
el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y
residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los
sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio
nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,
como institución autónoma del Estado.

Artículo 2º.- Corresponde al Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente
para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable,
recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de
aguas pluviales en las áreas urbanas;

b) Determinar la prioridad, conveniencia y
viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir,
reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales
no se podrán ejecutar sin su aprobación;

c) Promover la conservación de las cuencas
hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la
contaminación de las aguas;

d) Asesorar a los demás organismos del Estado
y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos
al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación
de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e
inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones;

e) Elaborar todos los planos de las obras
públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de
las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados,
según lo determinen los reglamentos respectivos;

f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar,
según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el
debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los
derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de
agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo
de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades;

g) Administrar y operar directamente los
sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán
asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los
sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales
podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente;

Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado
sanitario del Area Metropolitana. Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los
cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.

Queda facultada la institución para convenir
con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a
través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las
respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de
los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos. Por las mismas
razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas
administradoras regionales que involucren a varias municipalidades;

h) Hacer cumplir la Ley General de Agua
Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo
sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley;

i) Construir, ampliar y reformar los sistemas
de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo
aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y

j) Controlar la adecuada inversión de todos
los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado
sanitario.

Artículo 3º.- El Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados elaborará las tasas y las tarifas para los
servicios públicos, objeto de esta ley, que se presten en el país, por empresas
públicas y privadas, sobre la base de los principios de servicio al costo y de
un rédito de desarrollo.

En el caso de los acueductos para la
población rural y dispersa construidos con aportes específicos del Estado, se
podrán establecer tarifas especiales, tomando en cuenta los aportes de la
comunidad a la construcción, operación y mantenimiento de las obras.

El Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados dispondrá de un término de tres meses para modificar o aceptar
las tarifas que se sometan a su consideración. Si transcurrido ese término no
se pronunciare, el interesado podrá dar por cumplido ese trámite y pasar el
proyecto de tarifas a conocimiento del Servicio Nacional de Electricidad.

El Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados o los interesados harán publicar los proyectos de tasas y
tarifas que remitan al Servicio Nacional de Electricidad para su aprobación, el
cual concederá a los ciudadanos treinta días hábiles, a partir de su
publicación, para fundamentar su oposición a ellas o para hacerles las
observaciones pertinentes.

Concluido ese término y luego de un examen
completo de la presentación de tarifas y de las oposiciones y observaciones
recibidas, resolverá lo más conveniente a los intereses de los usuarios, dentro
de los principios establecidos en este artículo. Si transcurridos otros treinta
días hábiles el Servicio Nacional de Electricidad no se pronunciare las tarifas
se tendrán por aprobadas.

Las nuevas tarifas deberán ser hechas del
conocimiento público y entrarán en vigencia a partir del mes inmediato a las
fechas en que fueron autorizadas.

No podrán hacerse aumentos de tarifas más de una
vez por año; pero se permitirá hacer los aumentos en forma escalonada con
incrementos mensuales consecutivos.

Artículo 4º.- Para la fijación de tarifas se
aplicarán criterios de justicia social distributiva, que tomen en cuenta los
estratos sociales y la zona a que pertenecen los usuarios, de manera que los
que tienen mayor capacidad de pago subvencionen a los de menor capacidad, con
el propósito de obtener ingresos tales que respondan a la política financiera
que para el Instituto señalan las normas legales correspondientes.

El Estado y sus instituciones de asistencia
social podrán subvencionar, total o parcialmente, áreas o grupos de usuarios,
que por sus condiciones económicas están incapacitados para pagar las tarifas establecidas.

Artículo 6º.- El Instituto estará regido por
una Junta Directiva de nombramiento del Consejo de Gobierno, de conformidad con
la ley número 5507 de 19 de abril de 1974.

Artículo 7º.- Los nombramientos de los seis
directores, no el del Presidente Ejecutivo, se regirán por el artículo 4º de la
ley Nº 4646 de 20 de octubre de 1970, reformado por el artículo 3º de la ley Nº
5507 de 19 de abril de 1974.

Artículo 8º.- El período de los directores,
su remoción y nombramiento se regirán por lo dispuesto en el artículo 5º de la
ley Nº 4646 de 20 de octubre de 1970.

Artículo 9º.- La Junta Directiva se reunirá
ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente cada vez que sea
convocada por el Presidente Ejecutivo, por tres directores o por el Gerente.
Para estas sesiones extraordinarias, la convocatoria deberá hacerse por vía
telegráfica o epistolar, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos,
e indicarse el objetivo de la reunión, en la cual se conocerá únicamente los asuntos
contenidos en la convocatoria.

En cada sesión ordinaria la Junta Directiva
podrá acordar la celebración de una extraordinaria, fijando los asuntos para
tratar. En este caso no se hará necesaria la convocatoria.

Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán
por simple mayoría de votos. Se requerirá la presencia de cinco miembros para
poder celebrar sesiones válidamente, éstas se efectuarán en las oficinas de la
Junta Directiva, salvo que, para casos especiales, se acuerde lo contrario.

Artículo 18.- Todas las propiedades e
instalaciones de los organismos del Estado que estén destinadas a la prestación
de servicios relativos a la captación, tratamiento y distribución de aguas
potables y evacuación de aguas servidas o pluviales en el país, son patrimonio
nacional.

Para los efectos jurídicos, administrativos
financieros y de tarifas se considerarán parte del capital del ente bajo cuya
administración se encuentren.

Artículo 19.- La política financiera del
Instituto será la de capitalizar los ingresos netos, que obtenga de la venta de
servicios y de cualquier otra fuente, para realizar planes nacionales de
abastecimiento de agua potable y disposición de aguas residuales y pluviales.

Para ese efecto, se calcularán las tasas de
venta de agua potable y disposiciones de aguas residuales de manera que en todo
tiempo se provean fondos suficientes para lo siguiente:

a) Pagar el costo de conservar, reparar y
explotar los sistemas de acueductos y alcantarillados; y

b) Pagar intereses sobre las deudas que contraiga
y un porcentaje para capitalización y desarrollo.

El Gobierno no derivará ninguna parte de las
utilidades netas del Instituto, pues éste no se considerará como fuente
productora de ingresos para el Fisco.

El Estado, municipalidades y cualesquiera
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán hacer donaciones de
cualquier índole al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,
sin necesidad de ley ni aceptación expresa.

Artículo 20.- El Instituto queda autorizado
para contratar con las municipalidades de la República el cobro de las tasas,
cánones, arriendos, derechos o tarifas, de cualquier naturaleza que sean,
originados en los servicios que presta. Asimismo, queda autorizado para
contratar con las municipalidades o empresas municipales la venta de agua
potable en la entrada de las poblaciones, si así conviniere a la prestación del
servicio.

Transitorio I. - Se derogan los transitorios
1º, 2º, 5º, 6º y 7º de la ley número 2726.

Transitorio II.- En todas las disposiciones
legales de origen legislativo, reglamentario, contractual o de cualquier otra
índole, será expresamente entendido que el nombre de "Servicio Nacional de
Acueductos y Alcantarillados", será sustituido por "Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados", que podrá abreviarse
" A y A". Para los efectos legales se le considera órgano sustituto.

Tal sustitución operará de pleno derecho y se
entenderá modificada así en los artículos 5º, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24,
25 y 26 de la ley número 2726 y sus reformas, así como en los transitorios 3º y
4º de dicha ley".

 Ficha articulo

Artículo 2º.- Esta ley es de orden público,
rige desde su publicación y deroga las que se le oponga.

Casa Presidencial.-San José, a los doce días
del mes de julio de mil novecientos setenta y seis.

 Ficha articulo

Fecha de generación: 7/5/2026 06:39:11

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Full Text of Regulation 5915

Reform of the Constitutive Law of the National Water and Sewer Service

Full Text record: B7BE
1

No. 5915

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF
COSTA RICA

DECREES:

The following

Law for the Reform of
Various Articles of the Constitutive Law

of the National Water
and Sewer Service

Article 1.- To reform articles 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 and the transitory provisions of Law No. 2726 of April
14, 1961, so that they read as follows:

"Article 1.- With the purpose of directing,
setting policies, establishing and applying standards, undertaking and promoting
planning, financing and development, and resolving everything related to
the supply of drinking water and the collection and disposal of sewage (aguas negras) and
liquid industrial waste, as well as the regulatory aspect of
stormwater drainage systems (alcantarillado pluvial) in urban areas, for the entire national
territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)
is hereby created as an autonomous institution of the State.

Article 2.- The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is responsible for:

a) Directing and overseeing everything concerning
providing the inhabitants of the republic with a service of drinking water,
collection and disposal of sewage (aguas negras) and liquid industrial waste, and of
stormwater (aguas pluviales) in urban areas;

b) Determining the priority, suitability, and
viability of the different projects proposed to construct, remodel, expand, or modify aqueduct and sewer works; which
may not be executed without its approval;

c) Promoting the conservation of hydrographic
basins (cuencas hidrográficas) and ecological protection, as well as the control of
water pollution;

d) Advising other State bodies and
coordinating public and private activities in all matters relating to
the establishment of aqueducts and sewers and the control of pollution
of water resources, its consultation being mandatory in all cases,
and compliance with its recommendations inexcusable;

e) Preparing all plans for public
works related to the purposes of this law, as well as approving all those for
private works related to aqueduct and sewer systems,
as determined by the respective regulations;

f) To harness, use, govern, or oversee,
as the case may be, all public-domain waters indispensable for the due
fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the
rights that the State holds over them, in accordance with Law No. 276 of August
27, 1942, for which purpose the Institute shall be considered the substitute body
for the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities;

g) To directly administer and operate
aqueduct and sewer systems throughout the country, which shall be
taken over gradually, taking into account suitability and availability of resources. The
systems currently administered and operated by municipal corporations
may remain under their charge, as long as they provide efficient service;

Under no circumstances may it delegate the administration of the aqueduct and sanitary sewer systems of the Metropolitan Area (Area Metropolitana). Nor may it delegate the administration of systems for
which financial responsibility exists and while this responsibility corresponds directly to the Institute.

The institution is empowered to agree
with local bodies on the administration of such services or to administer them
through administrative boards (juntas administradoras) of mixed composition between the Institute and the
respective communities, provided this is suitable for the better provision of
services and in accordance with the respective regulations. For the same
reasons and with the same characteristics, regional administrative
boards involving several municipalities may also be created;

h) To enforce the General Law of Drinking Water (Ley General de Agua Potable),
for which purpose the Institute shall be considered the substitute
body for the ministries and municipalities indicated in said law;

i) To construct, expand, and remodel systems
of aqueducts and sewers in those cases where it is necessary and thus
advised for the better satisfaction of national needs; and

j) To control the adequate investment of all
resources that the State allocates for aqueduct and sanitary sewer
works.

Article 3.- The Costa Rican Institute of
Aqueducts and Sewers shall establish the rates (tasas) and tariffs (tarifas) for the public
services, object of this law, provided in the country by public
and private companies, based on the principles of cost-of-service and
a development yield.

In the case of aqueducts for the
rural and dispersed population built with specific State contributions,
special tariffs may be established, taking into account the community’s
contributions to the construction, operation, and maintenance of the works.

The Costa Rican Institute of Aqueducts and
Sewers shall have a period of three months to modify or accept
the tariffs submitted for its consideration. If, after this period has elapsed, it
has not issued a ruling, the interested party may consider this procedure completed and forward the
proposed tariffs to the National Electricity Service (Servicio Nacional de Electricidad).

The Costa Rican Institute of Aqueducts and
Sewers or the interested parties shall publish the proposed rates and
tariffs that they submit to the National Electricity Service for approval, which
shall grant citizens thirty business days, starting from their
publication, to substantiate their opposition to them or to make
pertinent observations.

Once this period has concluded and after a complete
examination of the tariff filing and the oppositions and observations
received, it shall decide what is most convenient for the interests of the users, within
the principles established in this article. If another thirty
business days elapse without the National Electricity Service issuing a ruling, the tariffs
shall be considered approved.

The new tariffs must be made
publicly known and will come into effect starting the month immediately following the
dates on which they were authorized.

Tariff increases may not be made more than once
per year; but increases may be made in a staggered manner with
consecutive monthly increments.

Article 4.- For the setting of tariffs,
criteria of distributive social justice shall be applied, which take into account the
social strata and the zone to which the users belong, so that those
with a greater ability to pay subsidize those with a lesser ability, with
the purpose of obtaining income that responds to the financial policy
that the corresponding legal norms establish for the Institute.

The State and its social assistance institutions
may subsidize, wholly or partially, areas or groups of users who,
due to their economic conditions, are unable to pay the established tariffs.

Article 6.- The Institute shall be governed by
a Board of Directors appointed by the Governing Council, in accordance with
Law No. 5507 of April 19, 1974.

Article 7.- The appointments of the six
directors, not the Executive President, shall be governed by Article 4 of
Law No. 4646 of October 20, 1970, as amended by Article 3 of Law No.
5507 of April 19, 1974.

Article 8.- The term of the directors,
their removal, and appointment shall be governed by the provisions of Article 5 of
Law No. 4646 of October 20, 1970.

Article 9.- The Board of Directors shall meet
ordinarily once a week and extraordinarily whenever it is
convened by the Executive President, by three directors, or by the Manager.
For these extraordinary sessions, the notice of meeting must be made by
telegraph or mail, with at least twenty-four hours' notice,
and indicate the purpose of the meeting, in which only the matters
contained in the notice shall be addressed.

In each ordinary session, the Board of Directors
may agree to hold an extraordinary one, setting the matters to
be discussed. In this case, a formal notice of meeting shall not be necessary.

The decisions of the Board of Directors shall be adopted
by a simple majority of votes. The presence of five members shall be required
to validly hold sessions; these shall be held in the offices of the
Board of Directors, unless, for special cases, otherwise agreed.

Article 18.- All properties and
installations of State bodies that are destined for the provision
of services related to the collection, treatment, and distribution of drinking
water (aguas potables) and the disposal of sewage (aguas servidas) or stormwater (pluviales) in the country are national
patrimony.

For legal, administrative,
financial, and tariff purposes, they shall be considered part of the capital of the entity under whose
administration they are found.

Article 19.- The financial policy of the
Institute shall be to capitalize the net income it obtains from the sale of
services and from any other source, to carry out national plans for the
supply of drinking water and the disposal of wastewater (aguas residuales) and stormwater (pluviales).

For this purpose, the sales rates for drinking water and wastewater disposal shall be calculated so that at all
times sufficient funds are provided for the following:

a) To pay the cost of maintaining, repairing, and
operating the aqueduct and sewer systems; and

b) To pay interest on the debts it
incurs and a percentage for capitalization and development.

The Government shall not derive any part of the
net profits of the Institute, as it shall not be considered a
revenue-producing source for the Treasury.

The State, municipalities, and any
individuals or legal entities, public or private, may make donations of
any kind to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers,
without the need for a law or express acceptance.

Article 20.- The Institute is authorized
to contract with the municipalities of the Republic the collection of the rates (tasas),
levies (cánones), rents, rights, or tariffs, of whatever nature,
originating from the services it provides. Likewise, it is authorized to
contract with municipalities or municipal companies the sale of drinking
water at the entry points of towns, if this is suitable for the provision of the
service.

Transitory I. - Transitory provisions
1, 2, 5, 6, and 7 of Law No. 2726 are hereby repealed.

Transitory II.- In all legal
provisions of legislative, regulatory, contractual, or any other
origin, it shall be expressly understood that the name "National Water and Sewer Service (Servicio Nacional de
Acueductos y Alcantarillados)" shall be replaced by "Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)", which may be abbreviated
"A y A". For legal purposes, it is considered a substitute body.

Such substitution shall operate by operation of law and shall be
understood as thus modified in Articles 5, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24,
25, and 26 of Law No. 2726 and its amendments, as well as in Transitory Provisions 3 and
4 of said law."

Article record

Article 2.- This law is a matter of public order,
takes effect from its publication, and repeals any laws contrary to it.

Presidential House.-San José, on the twelfth day
of the month of July, nineteen hundred seventy-six.

Article record

Date of generation: 5/7/2026 06:39:11

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