Decreto 38975 — Regulation of the IDA to INDER Transformation LawReglamento a la Ley de Transformación del IDA en INDER

Recuerde que Control F es una opción que le permite buscar
                en la totalidad del texto

                Ir al final del documento

                    - Usted está en la última versión de la norma
                    -

                        Texto Completo Norma 38975

                        Reglamento a la Ley N° 9036 Transformación del IDA en el Instituto de
Desarrollo Rural (INDER)

Texto Completo acta: 17D5F4

Nº
38975-MAG

(Este
decreto ejecutivo fue derogado por el artículo 235 del Reglamento a la Ley N°
9036 Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de
Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural,
aprobado mediante decreto ejecutivo N° 41086 del 9 de abril del 2018)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

 

En ejercicio de las
facultades establecidas en los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la
Constitución Política; artículos 27, 28 y 121 de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo
de 1978, Ley General de la Administración Pública; la Ley Nº 7064 del 29 de
abril de 1987, Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, que incorpora la
Ley Orgánica del MAG; la Ley No.9036 de 11 de mayo del 2012 de Transformación
del Ida (IDA) en el Inder (INDER); Ley No.2825 del 14 de octubre de 1961, Ley
de Tierras y Colonización (ITCO); Ley No. 5662, de 23 de diciembre de 1974, Ley
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; Ley N° 5525 de 2 de mayo de
1974 de Planificación Nacional, Ley Forestal, Ley No. 7575 publicada en La
Gaceta 72 del 16 de abril de 1996; Ley N° 8131 de 18 de setiembre del 2001, de
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos; Ley No. 7600
de 02 de mayo de 1996, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, Ley No. 8220 de 04 de marzo del 2002, Protección al Ciudadano del
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos; Ley 8687 de 04 de diciembre
del 2008, Ley de Notificaciones Judiciales; Ley N° 8801 del 28 de abril 2010,
Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las
Municipalidades; así como a las reformas correspondientes a las normas supra
citadas.

Considerando:

1°- Que la Ley 9036 de
Transformación del Ida (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), en su
Artículo 1º define el marco institucional para el desarrollo rural territorial
del país, que permite la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas de Estado en esta materia, mediante la creación de
los mecanismos de planificación, coordinación y ejecución del desarrollo rural
en el país, con énfasis en los territorios de menor grado de desarrollo.

2°- Que la Ley 9036 dispone
que corresponde al Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) como ministro
rector del Sector Agropecuario Nacional, la formulación de las políticas de
Desarrollo Rural y al Inder, su ejecución en su condición de Institución del
Estado especializada en la materia de desarrollo rural, e integrante del Sector
Agropecuario, por medio de la coordinación con los distintos sectores de la
Administración Pública, las organizaciones privadas y otros sectores de la
sociedad civil, mediante la planificación territorial operativa y la
articulación presupuestaria de las instituciones participantes, en los ámbitos
local, regional y nacional.

3°- El desarrollo
territorial se concibe como un proceso multidimensional y multisectorial que
requiere acciones articuladas con una misma orientación para lo cual, tanto las
acciones de planificación como de ejecución de las políticas de desarrollo
territorial, tendrán en cuenta el cumplimiento de las políticas públicas
dictadas por el Poder Ejecutivo, sobre descentralización y desconcentración de
las competencias y potestades, posibilitando que la política responda a las
demandas y las necesidades originadas en los territorios, considerando la
complementariedad existente entre los espacios rurales y urbanos y la necesaria
articulación programática y presupuestaria de las instituciones vinculadas y
participantes, en los ámbitos local, regional y nacional.

4°- Que todas las acciones
que se deriven de la coordinación y ejecución de las políticas de desarrollo
rural deben respetar los principios de rendición de cuentas, fiscalización
ciudadana, ética en la función pública y ejercicio eficiente y eficaz del
servicio público, mediante el impulso y participación de todos los actores
sociales en todas las fases de los planes de desarrollo.

5°- Que le corresponde al
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN), el MAG como Rector del Sector Agropecuario y al INDER
vigilar el buen funcionamiento de los servicios institucionales en los
territorios, con el propósito de obtener unidad de Estado en atención a las
necesidades y demandas de la población que se traducen en el Plan de Desarrollo
Territorial y otros instrumentos de planificación, a través de métodos de
negociación y participación que involucren a los actores sociales en la definición
de las prioridades.

6°- Que la Junta Directiva
del Inder, mediante Acuerdo Firme No.3 tomado en el Artículo No.3 de la Sesión
Ordinaria 041-2014 celebrada el 01 de diciembre del 2014, autorizó a la
Presidencia Ejecutiva el envío del Reglamento Ejecutivo al Poder Ejecutivo para
su debido proceso.

Por tanto,

DECRETAN:

REGLAMENTO DE LA LEY N°
9036 TRANSFORMACIÓN DEL IDA (IDA)

EN EL INSTITUTO DE
DESARROLLO RURAL (INDER)

TITULO I

ASPECTOS GENERALES DEL
REGLAMENTO Y DESARROLLO RURAL TERRITORIAL

CAPITULO I

DEFINICIONES, OBJETO Y
AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1°-
Definiciones: Para
los efectos del presente Reglamento, además de los conceptos definidos en el
Artículo 3 de la Ley 9036, se entenderá por:

a) Asesoría Legal
Regional: Unidad encargada de asesorar legalmente a la Dirección Regional
en los procesos administrativos y judiciales que se presenten en el territorio
rural.

b) Asignación: Acto
administrativo válido y eficaz dictado por la Junta Directiva mediante el cual
se asigna un inmueble a una persona física o jurídica solicitante que haya sido
declarada idónea.

c) Canon: Monto
de la cuota en dinero, por anualidades vencidas, que anualmente debe cubrir la
persona arrendataria por concepto del arrendamiento.

d) Consejos Territoriales
de Desarrollo Rural (CTDR): Instancia territorial de coordinación y
articulación del desarrollo rural territorial, cuyo establecimiento y
coordinación será facilitada por el Inder.

e) Convenios: Son
los convenios interinstitucionales, que, a partir del Principio de
Integralidad, podrán suscribir las entidades públicas, en los cuales se obligan
a aportar los componentes propios de su especialidad dentro de un plan general,
un plan estratégico territorial o proyecto o programa específico que se realice
para el cumplimiento de los fines de la Ley 9036. El objeto de dichos convenios
es que los entes públicos, entre ellos, se comprometan formalmente en una
estrategia integral de desarrollo territorial y consecuentemente, realicen el
aporte correspondiente de modo que se cumpla con la oferta pública
intersectorial. Son consecuencia de un Plan de Desarrollo Rural Territorial,
que como pactos sociales territoriales y resultado de un proceso de
entendimiento entre entes públicos sobre objetivos, recursos y proyectos,
constituyen también una herramienta de planificación concertada, para la cual
el componente total de la oferta pública se plasma y compromete formalmente a
favor de los territorios o regiones en esos convenios contemplados.

f) Declaratoria de
Idoneidad: Acto por el cual la Junta Directiva del Inder le otorga a una
persona, física o jurídica sin fines de lucro, esa condición, al reunir los
requisitos de la Ley 9036, del presente Reglamento y de los procedimientos de
selección, al considerarla idónea para la ejecución de un proyecto.

g) Desarrollo
territorial: Proceso de cambio integral en materia económica, social,
ambiental, cultural e institucional, impulsado en un territorio, con la
participación concertada y organizada de todos los actores sociales existentes
en dicho territorio, orientado a la búsqueda de la competitividad, la equidad,
el bienestar y la cohesión e identidad social de sus pobladores.

h) Dirección
Regional: Unidad administrativa regional responsable de coordinar y
supervisar los procesos de desarrollo rural territorial, en los términos del
Artículo 4 inciso c) de la Ley 9036, para cada una de las regiones establecidas
por MIDEPLAN.

i) Empoderamiento: Es
el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza,
visión y protagonismo como grupo social, para impulsar cambios positivos de las
situaciones que viven.

j) Estimación
presupuestaria y fuente de financiamiento: Es la proyección global de
recursos requeridos para financiar la ejecución de cada uno de los diversos
proyectos y programas de desarrollo territorial o alguno de sus componentes.
Así como la identificación de su fuente o fuentes de financiamiento y los
recursos adicionales requeridos para la ejecución del plan para cada uno de los
años de su plazo de ejecución.

k) Indicador: Es
la unidad de medida que puede ser expresada en términos cuantitativos y
cualitativos, que mide un proceso o un resultado de una situación a evaluar.

l) Ley 2825: Ley
de Tierras y Colonización (ITCO), de 14 de octubre de 1961 y sus reformas.

m) Ley 8131: Ley
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

n) Ley 8220: Ley
de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.

ñ) Ley 9036 o Ley
Inder: Ley de Transformación del Ida (IDA) en el Inder (Inder) del 11 de
mayo del 2012.

o) LGAP: Ley
General de la Administración Pública.

p) Oficina
Territorial: Unidad administrativa que se ubica dentro de una Dirección
Regional, responsable de coordinar y ejecutar el proceso de desarrollo rural en
el territorio, en los términos del artículo 4 inciso c) de la Ley Nº 9036, para
cada uno de los territorios establecidos de conformidad con el artículo 9 de la
Ley 9036.

q) Plan de
Desarrollo Rural Territorial (PDRT): Instrumento de planificación que tiene
como finalidad orientar a los diferentes sectores vinculados con el desarrollo
integral del territorio, para realizar aportes específicos mediante metas
físicas y presupuestarias a partir de la identificación de las necesidades y
prioridades de acción, que se generan de cada territorio y de la oferta
institucional.

r) Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión
Pública (PNDIP): Marco orientador del Gobierno de la República
que define las políticas que normarán la acción de gobierno para promover el desarrollo
del país, el aumento de la producción y la productividad, la distribución del
ingreso, el acceso a los servicios sociales y la participación ciudadana para
la mejora en la calidad de vida de la población. Establece de forma vinculante
para las entidades públicas, los ministerios y demás órganos, las prioridades,
objetivos y estrategias derivados de esas políticas, que han sido fijadas por
el Gobierno de la República a nivel nacional, regional y sectorial (Reglamento
a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos, Decreto número 32.988 H-MP-PLAN).

(*)(Nota de Sinalevi: Así modificada su denominación por el inciso a)
del artículo 43 del Reglamento
para la Implementación de la Ley N°10441 del 13 de marzo del 2024 y el Funcionamiento
del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado
mediante decreto ejecutivo N° 45163 del 8 de agosto del 2025. Anteriormente se
indicaba "Plan Nacional de Desarrollo
(PND)")

s) Plan Nacional de
Desarrollo Rural (PNDR): Instrumento de planificación nacional, que define
las acciones y proyectos estratégicos definidos en los PDRT, en concordancia
con la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial, y en el marco
del PND.

t) Política de
Estado para el Desarrollo Rural Territorial (PEDRT) 2015-2025: Marco
conceptual y normativo en materia de desarrollo rural que permite la definición
de las acciones y proyectos estratégicos de regiones y territorios, por parte
de los actores sociales, para su posterior incorporación en el PND.

u) Proyecto: Conjunto
de actividades planificadas y relacionadas entre sí, que apuntan a alcanzar
objetivos definidos mediante productos concretos.

v) Sector privado: Personas
físicas o jurídicas, organizaciones de actividades empresariales y de economía
social, así como Pymes, debidamente acreditadas ante el Inder.

w) SEPSA: Secretaría
Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, asesora de la Rectoría del
Sector Agropecuario y Rural.

x) Sociedad civil: Conjunto
de organizaciones legalmente establecidas de la sociedad y personas
involucradas en el desarrollo rural del territorio, que mantienen su independencia
del Estado, y que en su relación hacen de interlocutores, participantes o
destinatarios de los procesos de desarrollo rural territorial.

y) Territorio rural:
Unidad geográfica dedicada al desarrollo de actividades agrarias y no
agrarias, compuesta por un tejido social e institucional particular, asentada
en una base de recursos naturales propios, con formas de organización,
producción, consumo, intercambio y manifestaciones de identidad comunes. Es
conformado por uno o varios cantones, o algunos de sus distritos, que presentan
características comunes desde el punto de vista de su ecología, de sus
actividades económicas, culturales, institucionales, políticas y de las
modalidades de generación de ingresos de la población habitante en ellos.

z) Territorios de
mayor rezago social: De conformidad con el Artículo 7 de la Ley N° 9036 son
aquellos de menor desarrollo social y económico, en los cuales la intervención
del Estado es prioritaria.

aa) Valor actualizado
del inmueble: El valor actualizado es el costo de compra del terreno traído
a valor presente aplicando la tasa de descuento fijada por el Banco Central,
agregando el valor que tuviesen las mejoras canceladas por el Inder presentes
en el terreno al momento de formalizar el contrato de dotación de tierras.

 Ficha articulo

Artículo 2°- Objeto: El
presente Reglamento tiene como fin establecer un marco general que facilite la
ejecución eficiente y eficaz de la Ley 9036, orientado al desarrollo rural territorial,
y los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional que sean
necesarios, para regular las relaciones entre el Inder,
los entes públicos, privados y sociedad civil, que participan en el desarrollo
rural territorial.

 Ficha articulo

Artículo 3°-
Beneficiarios de La Ley: Serán beneficiarios las personas físicas y jurídicas
sin fines de lucro, que cumplan con los principios de la Ley y los requisitos
establecidos en su Artículo 2 en relación con el Artículo 46, quienes reciban bienes
y servicios de los Fondos de Tierras, de Desarrollo Rural o cualquier otro
beneficio establecido en la Ley 9036 y el presente Reglamento.

 Ficha articulo

Artículo 4°.-
Aplicación de los principios generales de la Ley: Los principios y
objetivos de la Ley 9036, o en caso de duda los de la Ley 2825, serán de
aplicación obligatoria para el Sector Público, cuya dirección política
corresponde al Presidente de la República y al Ministro Rector del Sector de
Desarrollo Agropecuario y Rural, y al Inder su
ejecución.

 Ficha articulo

CAPITULO II

POLÍTICAS PÚBLICAS Y
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO RURAL
TERRITORIAL

Artículo 5°.- Formulación de
la Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial: La formulación de la
PEDRT es competencia del MAG, Rector del Sector Agropecuario, en concordancia
con los principios orientadores, propósitos y los objetivos del desarrollo
rural establecidos en La Ley. Dicha Política debe respetar e incorporar la
participación de los diversos actores sociales dentro de los territorios, como
elemento sustancial para suscitar los cambios organizativos y productivos
necesarios para dinamizar las economías territoriales con sostenibilidad.

 Ficha articulo

Artículo 6°.- Plan
Nacional de Desarrollo Rural: La PEDRT orientará la formulación,
ejecución y evaluación del PNDR, y establecerá los compromisos y
responsabilidades del Sector Público, de conformidad con los principios orientadores,
propósitos y los objetivos establecidos en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley
9036.

El Ministro Rector
del Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural con el apoyo de SEPSA, coordinará
con MIDEPLAN la elaboración del Plan Nacional, en lo atinente al Desarrollo
Rural Territorial, para articular la política con los planes regionales,
sectoriales, así como los compromisos y responsabilidades del Sector Público.

 Ficha articulo

Artículo 7°.- Del
enfoque ascendente en la formulación de la política y la planificación del
desarrollo territorial: Los instrumentos de política y planificación, deberán
sustentarse en las acciones y proyecciones que establezcan los actores
sociales, al formular los PDRT, de modo que contribuyan con los lineamientos
generales de política y planificación en materia de desarrollo rural.

El PDRT deberá
formularse atendiendo a los lineamientos establecidos por la PEDRT y
considerando las directrices estratégicas del PNDR. Los PDRT se elevarán a los
Consejos Regionales de Desarrollo de MIDEPLAN Rural para su análisis e incorporación
de lo necesario en el respectivo Plan Regional de Desarrollo, para su
articulación con las políticas sectoriales y con el PNDR, para su posterior
incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo.

El Inder, en conjunto
con MIDEPLAN y SEPSA, deberán elaborar las herramientas conceptuales,
metodológicas y operativas que fueren necesarias para articular la ejecución de
dichos planes.

 

 Ficha articulo

Artículo 8°.- Ejecución de la PEDRT, PNDR e impulso y facilitación de
los planes territoriales: El
Inder, como Ente ejecutor de la PEDRT, deberá coordinar la elaboración del PNDR
con MIDEPLAN y SEPSA y atender las directrices estratégicas de la PEDRT.

Los mecanismos para
el seguimiento y evaluación serán definidos por la Secretaria Técnica de
Desarrollo Rural del Inder en coordinación con SEPSA, bajo la normativa
establecida en el Sistema Nacional de Evaluación. La Secretaría Técnica deberá
impulsar y facilitar la elaboración de los planes, programas y proyectos de
desarrollo en los territorios rurales, bajo los principios contemplados en el
Artículo 4 de la ley 9036, en coordinación con las entidades públicas a fin de
lograr una visión compartida de futuro del territorio y la participación de
éstas, de modo que se articulen y concierten diagnósticos, políticas, programas,
metas y recursos de los actores sociales de carácter público y privado en los
planes de desarrollo de los respectivos territorios.

 

 Ficha articulo

Artículo 9°.-
Territorios de mayor rezago social: Las acciones de desarrollo rural que se
promuevan de conformidad con la Ley 9036, deberán iniciarse y proseguirse
gradualmente en los territorios de mayor rezago socio-económico para cuya
definición se armonizará y considerará en los criterios y directrices que se
emitan para el sector público, en la lucha para reducir la desigualdad y
eliminar la pobreza extrema, de conformidad con el Índice de Desarrollo Social.

 

 Ficha articulo

Artículo 10°.-
Naturaleza de la delimitación de los territorios: La delimitación y
clasificación de los territorios, respetará la división territorial y
administrativa de la República. Dichas delimitaciones se consideraran
distribuciones espaciales del territorio para efectos operativos y estratégicos
para la ejecución de la PEDRT y como tales referentes para la estrategia de
programación y planificación presupuestaria del sector público. Para efecto de
los territorios rurales regionales se respetará la regionalización oficial y
las competencias públicas de los Gobiernos Locales, Concejos Municipales de
Distrito, así como de otros entes.

 

 Ficha articulo

Artículo 11°.-
Coordinación con las Municipalidades: Cada vez que el Inder inicie actividades en
un territorio, para la promoción, formulación y ejecución de un PDRT, deberá
coordinarlo previamente con los gobiernos municipales de los respectivos
cantones.

 

 Ficha articulo

CAPITULO III

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS
PARA EL DESARROLLO RURAL

 

Artículo 12°.- Los
Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT): Los PDRT serán instrumentos
esenciales tanto para el desarrollo rural territorial a nivel nacional y la
ejecución de las políticas públicas para el desarrollo territorial. En forma
adicional a los contenidos que los mismos deben tener, establecidos por otras
regulaciones, principalmente deberán cumplir con las siguientes
características:

a) El PDRT aprobado en la Asamblea de los
CTDR, debe tener un horizonte no menor a cinco años que genere criterios
orientadores para las iniciativas e inversiones de los actores económicos,
sociales e institucionales. Este se constituye en el documento marco para la
formulación de estrategias operativas y la coparticipación de la sociedad civil
y los sectores público y privado. Debe guardar correspondencia con el PND,
asimismo con el Plan Regional de Desarrollo y los Planes Cantonales de
Desarrollo Humano Local, o cualquier otro instrumento de planificación similar.

b) Los PDRT cumplirán los objetivos del
desarrollo rural contemplados en el Artículo 5 de la Ley 9036 y deberán abarcar
los cinco ejes en que se puede agrupar el contenido de los mismos, que son: 1)
Económico; 2) Social; 3) Cultural; 4) Político institucional; 5) Ambiental.

c) Los PDRT
especificarán las políticas, las prioridades, los objetivos, indicadores y las
acciones que impulsarán el incremento de la productividad y la competitividad,
entre otras, como medidas dirigidas a reactivar las economías territoriales y
el desarrollo humano de sus habitantes. Asimismo,
deberán contar con las estimaciones de recursos presupuestarios y los
mecanismos de ejecución, desconcentrando hacia el ámbito territorial la gestión
institucional y la provisión de servicios oportunos y de calidad, a los cuales
tengan acceso equitativo todas las personas de los territorios.

 

 Ficha articulo

Artículo 13°.-
Atención a grupos vulnerables: Cuando existan grupos o personas no
organizadas de los territorios rurales, el Inder facilitará su participación organizándolos
y capacitándolos para lograr su empoderamiento y tener representación en las
asambleas de los CTDR. Además, para fortalecer su participación, el Inder podrá
solicitar el acompañamiento a éstos, de las instancias defensoras de derechos
humanos y los entes públicos con competencias relacionadas con los mismos.

 

 Ficha articulo

Artículo 14°.- De los
indicadores de seguimiento y evaluación de los PDRT: Cada CTDR con el
apoyo del Inder, y ateniéndose en lo general a lo que dicta el Sistema Nacional
de Evaluación, deberá diseñar los indicadores de seguimiento y evaluación del
PDRT, tanto de los procesos, como de resultados, indicadores de gestión que,
acudiendo a los criterios y reglas de la ciencia y de la técnica, deben ser
construidos localmente, a partir del objetivo general y los objetivos
específicos establecidos en el plan y los proyectos, a fin de realizar el
monitoreo de las acciones y del impacto de las mismas.

 

 Ficha articulo

Artículo 15°.-
Formalización de acuerdos de cooperación entre actores del sector privado: Las personas y
organizaciones privadas que en la formulación de los PDRT se comprometan a
realizar algún tipo de aporte o a realizar algún programa o proyecto dentro del
mismo, deberán ratificarlo mediante un contrato, convenio o alianzas. Dicho
documento se podrá suscribir en forma individual o colectiva, previamente
avalado por el CTDR.

 

 Ficha articulo

Artículo 16°.- Los
Convenios:
El Inder promoverá la suscripción de Convenios entre los CTDR y las entidades
públicas y privadas que asuman compromisos concretos, para la ejecución de los
PDRT, siempre en función de las disposiciones de la Contraloría General de la
República. Para el caso de las entidades públicas, una vez que cuenten con los
respectivos refrendos o autorización en caso de requerirlas, se podrá utilizar
las figuras jurídicas existentes tales como contratos, convenios y alianzas.

 

 Ficha articulo

CAPITULO IV

 

CONFORMACIÓN DE LA
SECRETARÍA TÉCNICA DEL INSTITUTO

DE DESARROLLO RURAL

 

Artículo 17°.- La
Secretaria Técnica de Desarrollo Rural del Inder: La Secretaria
Técnica de Desarrollo Rural del Inder, será una unidad administrativa de
conocimiento, análisis y prospectiva en materia de desarrollo rural
territorial. Se establece con base en el Artículo 78 de la Ley 9036, como una
instancia adscrita a la Presidencia Ejecutiva del Inder, responsable de apoyar
los procesos de decisión y planificación relacionados con el desarrollo rural
territorial.

 

 Ficha articulo

Artículo 18°.-
Conformación de la Secretaria Técnica: La Secretaría Técnica para el cumplimiento
de las funciones según el Artículo 79 de la Ley Inder, estará conformada por
profesionales de diferentes ramas para poder realizar los siguientes procesos:

 

a) Investigación y
promoción de los PDRT: Generar, recopilar, sistematizar y difundir información
estratégica para orientar las políticas, los planes, los programas, los
proyectos y acciones -en el corto, mediano y largo plazo- que se adopten e
implementen según sean las demandas desde los CTDR.

b) Coordinación y articulación para el
desarrollo rural: Promover la coordinación de aliados estratégicos, entre las
diversas instituciones y organizaciones locales, nacionales e internacionales
con enfoque en el desarrollo rural territorial. Responsable de promover la
articulación por medio de redes de difusión con investigadores, especialistas y
técnicos de diferentes áreas del quehacer territorial, que se muestren como
generadores de información y a su vez provean un análisis sobre las dimensiones
económica, social, cultural, político-institucional y ambiental, en asocio con
los principales índices de desarrollo de los territorios; que permitan mejorar
las condiciones de vida de los grupos sociales más desfavorecidos como jóvenes,
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, minorías étnicas, o
cualquier otro sector social en riesgo de exclusión.

c) Monitoreo, evaluación y seguimiento del
desarrollo rural: analizar el impacto de la gestión público-institucional y
privado en las políticas, planes, programas, proyectos y acciones generadas
desde los territorios; para mejorar los procesos ejecutados según los PDRT, en
concordancia con los periodos efectuados desde el quehacer institucional.

 

 Ficha articulo

Artículo 19°.- Apoyo
de la Secretaría a otras oficinas del Inder: Para el efectivo cumplimiento de sus
funciones, la Secretaría Técnica coordinará los procesos a su cargo con el
Fondo de Desarrollo Rural, Fondo de Tierras y cualquier otra instancia del
Inder según sea el caso.

 

 Ficha articulo

TITULO II

 

FONDOS DE TIERRAS Y
DE DESARROLLO RURAL

 

CAPITULO I

 

DISPOSICIONES
GENERALES

 

Artículo 20°.-
Regulación de los Fondos: Con fundamento en los Artículos 38 y 39, de la Ley
9036, en donde se crean los Fondos de Tierras y de Desarrollo Rural, se regulan
los Fondos para promover el desarrollo integral de los territorios rurales.

 

 Ficha articulo

Artículo 21°.- Planes
operativos del Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural: Los Planes
Operativos del Fondo de Tierras y del Fondo de Desarrollo Rural deberán estar
elaborados en función de los fines y objetivos de la Ley 9036, y responderán
primordialmente a las prioridades identificadas en los PDRT, en concordancia
con las Políticas Públicas para el desarrollo territorial.

 

 Ficha articulo

Artículo 22°.- Ámbito
de acción:
Los Fondos de Tierras y de Desarrollo Rural, operarán en los territorios
rurales con prioridad, en los de mayor rezago social y económico; según lo
estipulado en el Artículo 5, inciso b) de la Ley 9036.

 

 Ficha articulo

Artículo 23°.- De los
recursos: La administración de los recursos del Fondo de Tierras y el de
Fondo de Desarrollo Rural, asignados mediante los Artículos 43 y 77 de la Ley
9036 se manejarán como recursos específicos orientados a la satisfacción de los
objetivos de la Ley Inder, identificando y atendiendo las necesidades
prioritarias, administrando los recursos conforme a los principios de
legalidad, eficacia, economía y eficiencia.

Podrá ampliar la dotación de recursos
mediante convenios o alianzas estratégicas con instituciones públicas o
privadas, que fomenten y apoyen micro, pequeñas y medianas empresas,
individuales o colectivas, físicas o jurídicas, que dispongan fondos de
desarrollo y recursos provenientes de cooperación internacional, en
coordinación con MIDEPLAN.

 

 Ficha articulo

Artículo 24°.- De la organización de los Fondos: Los Fondos de Tierras y de Desarrollo Rural
contarán con las unidades administrativas, técnicas y operativas de apoyo, en
el nivel central y territorial que les permitan operar y ejecutar los programas
a su cargo, elaborar las directrices generales, y proponer a la Junta
Directiva:

 

a) Los reglamentos de operación y
funcionamiento en materia de tierras y desarrollo rural;

b) Recomendaciones para el ejercicio
programático presupuestario, así como los planes estratégicos para el mediano y
largo plazo;

c) La asignación de recursos para las
regiones y sus respectivos territorios, a partir principalmente de los planes
priorizados por los CTDR;

d) Recomendar la creación de fideicomisos

Las políticas dictadas por la Junta
Directiva, dentro de sus competencias y en el ámbito de cada uno de estos
fondos, serán de acatamiento obligatorio.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 25°.-
Servicios de los Fondos: Para el cumplimiento de sus objetivos, los Fondos de
Tierras y de Desarrollo Rural, brindarán los servicios establecidos en el
Artículo 39 de la Ley 9036, que satisfagan los fines establecidos en la misma.

El Fondo de Tierras
recomendará a la Junta Directiva, la adquisición, asignación, arrendamiento,
gravamen, donación y la enajenación de bienes relacionados con la tierra. El
Fondo de Desarrollo Rural podrá adquirir bienes y servicios que complementen y
promuevan el desarrollo integral de los territorios rurales.

 

 Ficha articulo

Artículo 26°.- Sobre
los fideicomisos:
El Inder, en concordancia con lo establecido en el Artículo 16 inciso c) y
Artículo 39 inciso d) de la Ley 9036, podrá constituir fideicomisos que tendrán
como objetivo el cumplimiento de los fines de la Ley.

La Junta Directiva
del Inder determinará las fuentes de financiamiento del fideicomiso y podrá
incluir entre ellas: presupuesto ordinario de la Institución, venta de bienes
muebles e inmuebles del Inder afectados al fideicomiso, donaciones y
transferencias de toda índole que las personas físicas, jurídicas, entidades
públicas o privadas y los organismos nacionales e internacionales realicen a su
favor, así como los recursos generados por las inversiones y recuperación de
los créditos (principal, intereses u otros).

En el caso de que el
Instituto sea fideicomitente, podrán constituirse en fiduciarios solamente los
bancos del Sistema Bancario Nacional y el Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, los cuales podrán ser elegidos en Proceso Concursal por tratarse de
entidades de derecho público. La Junta Directiva del Inder, aprobará el
contrato el cual definirá los pormenores del fideicomiso y las
responsabilidades del Inder, como fideicomitente o fideicomisario según
corresponda, y del Banco como fiduciario.

 

 Ficha articulo

CAPITULO II

 

PROCEDIMIENTOS
GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS

 

Artículo 27°.- De la
idoneidad de los beneficiarios: La idoneidad de los sujetos que puedan ser
beneficiarios de los alcances de la Ley 9036, en los fondos de Tierras y de Desarrollo
Rural, con fundamento en el Artículo 2 en relación con el Artículo 46, inciso
c) de la Ley 9036, se determinará mediante un estudio técnico de selección que
realizarán las instancias especializadas del Inder, compuestas por funcionarios
acreditados y capacitados por los Fondos de Tierras y de Desarrollo Rural según
corresponda y de conformidad con lo que se establece en el presente Reglamento.

Para tal efecto en
aplicación de la Ley 8220, se confeccionará un único expediente administrativo
con toda la documentación pertinente, debidamente identificada, foliada,
completo y en estricto orden cronológico.

Los requisitos para el proceso del estudio técnico de selección,
indicados en el artículo 29 del presente Reglamento, deberán ser divulgados y
estar disponibles para consulta en los medios que la Institución disponga.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 28°.- Micro, pequeño y mediano productor  y productora: Para los efectos de
la Ley 9036, los siguientes son los requisitos que deben cumplir las personas
físicas para ser beneficiarios de los programas del Inder:

 

a. Micro productor y productora: Desarrolla o
proyecta desarrollar una actividad productiva para autoconsumo y venta de
excedentes en forma esporádica o continua en el mercado, aplica o no una
transformación mínima al producto que genera. Dispone únicamente de la mano de
obra familiar, además los ingresos brutos mensuales del núcleo familiar que
genere, no deberán ser superiores al equivalente de tres salarios mínimos, de
un trabajador no calificado.

b. Pequeño productor o productora: Desarrolla
o proyecta desarrollar una actividad productiva en forma constante.
Comercializa la mayor parte de la producción con o sin transformación, al
mercado nacional. Tiene una participación creciente en el mercado. Utiliza mano
de obra familiar, pero contrata mano de obra para actividades específicas;
además los ingresos brutos mensuales que genera no deberán ser superiores al
equivalente de cinco salarios mínimos de un trabajador no calificado.

c. Mediano productor y productora: Desarrolla
o proyecta desarrollar una actividad productiva de carácter permanente que
comercializa la mayor parte de producción con o sin transformación para el
mercado nacional o internacional con participación creciente en el mercado.
Contrata mano de obra y servicios en forma regular para actividades
específicas; además los ingresos brutos mensuales que genera, no deberán ser
superiores al equivalente de trece salarios mínimos de un trabajador no
calificado.

El salario mínimo del trabajador no calificado
que anteriormente se cita y toma como parámetro económico para definir las
anteriores categorías, será el que fije el Consejo Nacional de Salarios, que
periódicamente es emitido por Decreto Ejecutivo.

Los criterios arriba utilizados para definir
las categorías de micro, pequeño y mediano productor o productora, sin tomar en
cuenta el aspecto subjetivo en cuanto a que se trata exclusivamente de personas
físicas, serán los mismos para, en su orden, definir a la micro y a la pequeña
empresa rural a las que refiere el inciso c) del Artículo 75 de la Ley 9036.

 

 Ficha articulo

Artículo 29°.-
Requisitos para estudios técnicos de selección a solicitantes: Para aplicar el
estudio de idoneidad, se adjuntarán los siguientes documentos, como soporte a
la información suministrada en el formulario de estudio técnico para selección
de personas a beneficiar aprobado por Junta Directiva:

 

A. Para Persona Física:

1) Fotocopia de cédula de identidad o de
residencia permanente, vigente y libre de condición, por ambos lados de la
persona solicitante y su pareja si la hubiere.

2) Informe registral del Registro Nacional de
la Propiedad (RNP) a nombre de la persona solicitante y su pareja si la
hubiere, e hijos que dependan económicamente de la persona solicitante, que
indique si poseen bienes muebles e inmuebles inscritos. Dicho estudio será
proporcionado por la instancia respectiva de la Oficina Territorial encargada
del trámite, en cumplimiento a la Ley 8220.

3) Consulta al sistema del Registro Civil a
nombre de la persona solicitante y su pareja si la hubiere, para demostrar su
estado civil. Dicho estudio será proporcionado por la instancia respectiva de
la Oficina Territorial encargada del trámite, en cumplimiento a la Ley 8220.
Los solicitantes nacidos antes del año 1951 y extranjeros deberán aportar
certificación del Registro Civil, además en el caso de residentes éstos deberán
aportar también, la certificación de estado civil del país de origen.

4) Constancias de la
relación de la persona solicitante con la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS) donde se establezca si se trata de un patrono, o de un cotizante
asalariado, o cotizante voluntario, o si percibe ingreso por pensión; para
todos los casos debe incluirse el detalle de salarios, como mínimo de los
últimos seis meses.

5) En caso de no tener relación con la CCSS,
la persona solicitante deberá suscribir una declaración formal ante el
Instituto, o mediante documento auténtico emitido por Contador Público, de los
ingresos brutos que percibe y de dónde provienen. Ejemplos, asalariado,
jornalero, pequeño o pequeña productora; haciendo el técnico las indagaciones
pertinentes para verificar la información; por los medios que el ordenamiento
así lo permita.

6) Declaración formal, ante el Instituto o
bien mediante documento notariado, sobre la propiedad o tenencia bienes
inmuebles inscritos o sin inscribir que tenga en forma directa o indirecta,
tanto en el territorio nacional como en el extranjero y el uso que se les está
dando, haciendo el técnico las indagaciones pertinentes para verificar la
información; por los medios que el ordenamiento así lo permita. Se entenderá
que posee en forma directa si tiene inmuebles cuando así aparezca en los
Registros Públicos o en declaraciones formales ante las Municipalidades del
país. Se entenderá también como tenencia indirecta cuando elementos que
conforman su núcleo familiar así los posean, inscritos o no, o bien cuando la
posesión o tenencia provenga de un título precario como lo puede ser un
arrendamiento, un usufructo, un comodato, aparcería o cualquiera otro sistema
de detentación de bienes inmuebles.

7) Constancia de estado de cuenta de las
obligaciones con el Inder, la cual será proporcionada por este Instituto en
cumplimiento a la Ley 8220.

 

B. Para Persona Jurídica:

1) Certificación de la personería jurídica
vigente como un máximo de tres meses de expedida, siempre y cuando conste en la
misma que la vigencia del nombramiento coincide con ese periodo.

2) Certificación de la composición de la
organización con indicación de los miembros que la conforman y sus calidades de
Ley, expedida por el órgano interno que tenga esa facultad.

3) Copia de la cédula de identidad del
representante legal.

4) Informe registral del RNP a nombre de la
persona jurídica, que indique si poseen bienes muebles e inmuebles inscritos.
Dicho estudio será proporcionado por la instancia respectiva de la Oficina
Territorial encargada del trámite, en cumplimiento a la Ley 8220.

5) Constancia de estado de cuenta de las
obligaciones con el Instituto, la cual será proporcionada por este Instituto en
cumplimiento a la Ley 8220.

6) Declaración formal por parte de su
representante, ante el Instituto o bien mediante documento notariado, sobre la
propiedad o tenencia bienes inmuebles inscritos o sin inscribir que tenga en
forma directa o indirecta, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero y el uso que se les está dando, haciendo el técnico las indagaciones
pertinentes para verificar la información; por los medios que el ordenamiento
así lo permita. Se entenderá que posee en forma directa si tiene inmuebles
cuando así aparezca en los Registros Públicos o en declaraciones formales ante
las Municipalidades del país. Se entenderá también como tenencia indirecta
cuando elementos que conforman la organización así los posean, inscritos o no,
o bien cuando la posesión o tenencia provenga de un título precario como lo
puede ser un arrendamiento, un usufructo, un comodato, aparcería o cualquiera
otro sistema de detentación de bienes inmuebles.

 

 Ficha articulo

Artículo 30°.- Omisión de requisitos: En caso que el técnico responsable de realizar el estudio de
idoneidad, encuentre falta de requisitos, prevendrá a la persona interesada por
una única vez y por escrito para que dentro del plazo de diez días hábiles
contados a partir de su notificación, subsane las omisiones, exceptuando los
requisitos o documentos que por su naturaleza o bien de la entidad que debe
expedirlos, no sea posible obtener dentro de dicho plazo. En tal caso el
interesado deberá demostrar efectivamente dicha circunstancia. Tal situación
suspende el trámite del estudio hasta por el plazo que se exprese en el
comprobante que deberá aportar el interesado. Vencido
el plazo otorgado sin que la persona gestionante haya cumplido con la
subsanación, la Oficina Territorial respectiva procederá a archivar la gestión
sin más trámite y sin perjuicio de los derechos que correspondan al interesado.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 31°.- Rangos para declaratoria de idoneidad: Los formularios para el estudio técnico para
la selección de personas a beneficiar utilizarán una calificación de acuerdo a la idoneidad de la
persona solicitante. Además deberán contener las variables sociales y técnicas, tanto para persona
física como jurídica, establecidas en este Reglamento. Los beneficiarios del proyecto serán
seleccionados en orden de prelación de mayor a menor según su calificación de idoneidad. Se aplicará
como escala la siguiente:

 

| Rango de idoneidad | Calificación (Puntos) |
| --- | --- |
| Altamente idóneo | 90 a 100 |
| Moderada idoneidad | 80 a 89 |
| Baja idoneidad | 60 a 79 |
| Idoneidad inconsistente | 0 a 59 |

 

 

 

 

 Ficha articulo

Artículo 32°.-
Declaratoria de beneficiario: Tendrá recomendación positiva para ser
declarado beneficiario, del Fondo de Tierras y el de Desarrollo Rural, la persona
física o jurídica sin fines de lucro que cumpla con los requisitos de la Ley Nº
9036 y se ubique en un rango de baja a alta idoneidad para ejecutar el proyecto
propuesto. Aquellos beneficiaros que se ubiquen en el rango de baja idoneidad
debe brindársele el apoyo técnico y la capacitación requerida por parte de los
auspiciadores del proyecto con la finalidad de contribuir al proceso de
generación de capacidades humanas, contenido en el artículo 3, inciso h y
artículo 4, inciso f) de la Ley 9036 de manera que le permita desarrollar el
proyecto de manera eficaz y eficiente.

 

 Ficha articulo

Artículo 33°.-
Excepciones al estudio de idoneidad: Se exceptúan del procedimiento de estudio
resolutorio de idoneidad cuando se trate de instituciones del Estado o los
proyectos que sean para desarrollo de bien social y/o comunal.

 

 Ficha articulo

Artículo 34°.-
Proyecto productivo o de servicios: El estudio de idoneidad contemplará un
proyecto productivo o de servicios, atendiendo los fines y objetivos de la ley
9036 y las prioridades establecidas en el PDRT, analizado y recomendado por la
Dirección Territorial, y del Fondo de Tierras o de Fondo de Desarrollo Rural,
según sea el caso.

 

 Ficha articulo

Artículo 35°.-
Recursos:
La Oficina Territorial tendrá la responsabilidad de notificar por escrito a
cada persona solicitante, en el lugar señalado al efecto, lo acordado por la
Junta Directiva, en un plazo no mayor a quince días hábiles a partir del
recibido del acuerdo. Las personas solicitantes podrán recurrir la decisión de
la Junta Directiva para ante el Tribunal Agrario en un plazo máximo de cinco
días hábiles después de su notificación, la cual podrá presentarse en cualquier
oficina del Instituto, en el plazo mencionado.

 

 Ficha articulo

Artículo 36°.- Posposición del proyecto: En caso que el proyecto aprobado sea pospuesto
por una causa debidamente justificada, una vez reactivado, se podrá verificar
en caso de duda, que los sujetos con declaratoria de idoneidad no hayan
cambiado su situación a un estado que no le haga mantener esa condición, cuando
han transcurrido más de dos años desde la suspensión.

 

 

 Ficha articulo

 

CAPITULO III

DEL FONDO DE TIERRAS

SECCIÓN I

DISPOSICIONES
GENERALES

 

Artículo 37°.- De la
regulación del Fondo:
Con fundamento en el Artículo 40 de la Ley 9036, se crea el Fondo de Tierras,
para la regulación, adquisición, titulación, dotación y control de las tierras
adquiridas por el Inder.

 

 Ficha articulo

SECCIÓN II

DE LOS MODELOS DE
DOTACIÓN DE TIERRAS

 

Artículo 38°.-
Dotación de tierras y PDRT: De conformidad con el Artículo 45 de la Ley 9036, toda
solicitud de asignación o arrendamiento de tierras por parte de los potenciales
beneficiarios, deberá hacer referencia a un proyecto en consonancia con los
PDRT del respectivo territorio, para lo cual se deberá anotar o acompañar una
breve referencia al mismo. Si el gestionante no tuviere los recursos para la
elección y elaboración técnica del proyecto, podrá requerir al apoyo del Inder,
el cual lo podrá brindar directamente, a través de sus especialistas o mediante
contratación de servicios profesionales para ese efecto, o indirectamente,
cuando para ello coordine con alguna otra institución pública, ONG, organismo
internacional o universidades públicas y privadas, entidades con las cuales el
Inder podrá realizar convenios para la elaboración de proyectos. Ello
independientemente de los proyectos que elabore el Inder.

 

 Ficha articulo

Artículo 39°.-
Requisitos para la dotación de tierras: El Instituto podrá dotar de tierra a
personas físicas y jurídicas, estás últimas sin fines de lucro, que tengan
bienes inmuebles a su nombre, cuando la persona solicitante demuestre carecer de
un inmueble apto o suficiente para el proyecto que pretende desarrollar.

La determinación de
la suficiencia o no de tierra deberá realizarse en el estudio de idoneidad.

Para todos los casos
de dotación de tierras, bajo cualquier modalidad, se deberá contar con la
clasificación del MINAE en la que se indique que el inmueble a dotar se
encuentra fuera de las áreas consideradas Patrimonio Natural del Estado, o
cualquier otra área bajo su administración, así como, los estudios a que se
refiere el Decreto Ejecutivo N° 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT referente al
uso, manejo y conservación de suelos.

 

 Ficha articulo

Artículo 40°.- Etapas
para la Dotación de Tierras: La dotación de tierras deberá cumplir en
forma sucesiva y en el orden que aquí se establece, con las siguientes etapas:

a) Declaratoria de idoneidad de los
beneficiarios: para lo cual previamente se deberá cumplir con los estudios
técnicos y actos preparatorios correspondientes que establezca la Junta
Directiva;

b) Acuerdo de dotación del inmueble
correspondiente: que deberá adoptar la Junta Directiva, el cual ha de cumplir
con lo establecido en los Artículos 46 y 60 de la Ley 9036 y estar precedido y
fundamentado en todos los actos preparatorios que legal y técnicamente sean
necesarios para dictar dicho acto.

Todo ello sin perjuicio que la Junta Directiva,
mediando justificación técnica resuelva en un solo acto lo correspondiente a
las etapas a) y b), descritas.

 

 Ficha articulo

Artículo 41°.- Parámetros sociales y técnicos del proyecto y del
solicitante para la asignación individual de tierra: Para la asignación individual de tierra a
personas físicas, el Inder tendrá en cuenta los siguientes parámetros básicos:

 

a) Sociales:

i) Que la solicitante o solicitantes tengan
la condición de mujeres cabeza de familia, o se encuentren en estado de
desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la
viudez, de acuerdo con el estudio técnico social que deberá hacer el Inder.

ii) Que se trata de personas jóvenes,
indígenas, con discapacidad o adultos mayores.

iii) Composición familiar de la persona solicitante.

Los anteriores parámetros antes enumerados se
aplicarán en el orden previamente establecido a efecto de realizar la
asignación de tierra correspondiente.

 

b) Técnicos: Tanto los micros,
pequeños o medianos productores o productoras, deberán cumplir con los
siguientes parámetros técnicos:

i) Factibilidad del proyecto que se proponga
y para el cual se solicite la asignación del inmueble, constituida por el
potencial productivo y, consecuentemente, el potencial de flujo positivo de
fondos, proyectados bajo criterios financieros y técnicos, agronómicos,
comerciales, o de otro tipo, que deban informar los análisis del proyecto, que
implican el análisis de mercado, costos y precios a obtener.

ii) Articulación del proyecto propuesto con
el PDRT y fines de la Ley 9036.

iii) Las posibilidades financieras y
operativas del Inder para financiarlo y, en su caso, el nivel de cofinanciación
de fuentes distintas al Inder que se propongan.

iv) La experiencia en proyectos, como titular
de los mismos o empleados o las posibilidades de capacitación que luego
permitan a los beneficiarios su realización gestión y manejo.

 

 Ficha articulo

SECCIÓN III

 

DOTACIÓN POR
ASIGNACIÓN

 

Artículo 42°.-
Dotación por asignación: para el caso de dotación por asignación se suscribirá un
contrato de arrendamiento entre el Inder y el asignatario, que deberá contener:
el plazo (tres años), descripción del proyecto a desarrollar, descripción
completa del inmueble, con el valor actualizado del inmueble, área, linderos,
número de plano en caso que se disponga, numero de finca si se encuentra
individualizada registralmente, las limitaciones y obligaciones que se imponen
y demás condiciones señaladas en la Ley 9036.

Cuando el asignatario
haya cumplido satisfactoriamente con las obligaciones del período de prueba, se
deberá proceder a formalizar el contrato de traspaso del inmueble a favor del
beneficiario, que dará lugar a la posterior consolidación de su derecho de
propiedad, el cual será un contrato de duración, que se perfeccionará con el
cumplimiento de las limitaciones y condiciones a que el beneficiario quedará
sujeto por el plazo de quince años, que se contará a partir del acto
administrativo de asignación del inmueble, siempre y cuando todas las
obligaciones del beneficiario con el Inder estén canceladas.

 

 Ficha articulo

SECCIÓN IV

DOTACIÓN POR
ARRENDAMIENTO

 

Artículo 43°.- Dotación por Arrendamiento: Para los efectos de la aplicación de las
secciones III y IV del Capítulo IV de la Ley 9036, se entenderá por
arrendamiento, al contrato suscrito entre el Inder y una persona física o
jurídica, esta última sin fines de lucro, en virtud del cual el Inder otorga
por un determinado plazo a aquella, el derecho de uso y goce de un bien
inmueble y, por su parte, la persona física o jurídica se obliga a desarrollar
la actividad o actividades específicas para las cuales dicho bien le sea
otorgado y a pagar el canon que fije el Inder.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 44°.- Canon:
El
canon de arrendamiento durante el periodo de prueba se mantendrá fijo durante
todo el periodo, con la salvedad de revisión en caso de ocurrir un fenómeno por
fuerza mayor o caso fortuito que afecte la operación de la empresa, o problemas
transitorios de mercado.

Para el caso de
arrendamiento como modelo de dotación de conformidad con los Artículos 50 al 57
de la Ley 9036, se revisará y actualizará anualmente mediante los estudios
técnicos realizados por el Fondo de Tierras, el mismo podría aumentarse, como
disminuirse, de conformidad con la situación de cada proyecto. En casos
especiales, debidamente motivados, mediante los estudios técnicos en caso de
ocurrir factores que afecten la operación de la empresa, el monto del canon
podría ser revisado antes de cumplirse el año.

Para ambos casos, el
caso del arrendamiento durante el periodo de prueba el monto del canon anual a
pagar se determinará de conformidad con lo siguiente:

 

Canon= (IxV) x ha

Dónde:

I: Factor de cálculo establecido en: 0.25%.

V: Valor actualizado del costo de compra del
terreno traído a valor presente, establecido por hectárea.

ha: Cantidad de hectáreas a arrendar.

 

 Ficha articulo

SECCIÓN V

DE LA ASIGNACIÓN DE
LOTES EN CENTROS DE POBLACIÓN.

 

Artículo 45°.- De los
centros de población: Atendiendo a las facultades dispuestas en el artículo 63
de la Ley 9036, el Instituto promoverá con sus propios recursos o en coordinación
con otras Instituciones, la formación de centros de población, mediante la
adquisición o recuperación de tierras para este fin específico en los
territorios rurales, así como el desarrollo de la infraestructura y los
servicios necesarios.

 

 Ficha articulo

Artículo 46°.-
Requisitos del proyecto de dotación de lotes: Las condiciones que debe cumplir un
proyecto de dotación de lotes en centros de población son:

 

1. Que la dotación
esté ligada a los proyectos a desarrollar o desarrollados en el territorio
rural, implementados por el Inder o incorporados en el PDRT, además, deberá
cumplir con la aprobación los Fondos de Tierras y de Desarrollo Rural.

2. Que cuente con las
fuentes de financiamiento, y apoyo requerido para la dotación de
infraestructura y servicios necesarios brindados por las instituciones
señaladas en el artículo 65 de la Ley 9036.

 

 Ficha articulo

Artículo 47°.-
Requisitos de los solicitantes: Cuando el Instituto promueva la dotación de
lotes para vivienda, los requisitos para que las personas sean seleccionadas
para este tipo de proyecto, serán los establecidos en el Artículo 29 de este
Reglamento, en lo aplicable a la persona física, además de los siguientes:

 

1. No tener ningún
inmueble inscrito o no a su nombre, o si lo tiene, que éste no sea apto para el
uso proyectado.

2. El ingreso
económico del o los solicitantes para lote de vivienda no deberá ser superior
al equivalente a los cinco salarios mínimos de un trabajador no calificado, que
dicta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cada semestre.

3. Deberá demostrar arraigo al territorio rural, por cualquiera de los
siguientes medios: a) entidades públicas o privadas, b) organizaciones sociales
o comunales, c) certificación de patronos, d) testimonios de conocidos del
lugar.

4. Cuando se trate de
lotes en centros de población para otros servicios que favorezca el desarrollo
territorial, y que por su especialidad no se puedan enmarcar dentro de los
parámetros del beneficiario en la dotación de tierras tradicional del Inder, se
procederá a su venta directa de conformidad con el Artículo 183 de la Ley 2825.

5. En los proyectos
de lotes para vivienda el Inder otorgará títulos de propiedad de forma ágil a
los beneficiarios, con el propósito de favorecer el acceso a los servicios de
vivienda y al crédito, sin que medie periodo de prueba

 

 Ficha articulo

Artículo 48°.-
Priorización en proyectos de dotación de lotes: El proyecto de
dotación de lotes en centros de población, atenderá las prioridades
establecidas en el PDRT, y será analizado y recomendado por la Dirección
Territorial ante el Fondo de Desarrollo y el Fondo de Tierras, quienes los
elevarán, con su recomendación, a la Junta Directiva, a fin de que se apruebe
la asignación y traspaso de los predios.

 

 Ficha articulo

Artículo 49°.-
Notificación de resoluciones: En materia de recursos a resoluciones
vinculadas con la dotación de lotes, aplicará lo dispuesto en el Artículo 35 de
este Reglamento.

 

 Ficha articulo

Artículo 50°.-
Limitaciones: Las
personas beneficiadas con la dotación de lotes en centros de población deberán
ajustarse a las condiciones establecidos por el Inder. Para todos los casos de
dotación de lotes, se impondrán las limitaciones establecidas en el artículo 66
y las causales del Artículo 67 de la Ley 9036, así como las restricciones y
condiciones establecidas en el Artículo 176 de la Ley 2825, y demás
restricciones legales aplicables.

 

 

 Ficha articulo

SECCION VI

FISCALIZACIÓN DE
TIERRAS Y REVOCATORIA DE DERECHOS

 

Artículo 51°.- De las
inspecciones de campo: El Inder deberá efectuar inspecciones periódicas en los
inmuebles que forman parte del Fondo de Tierras, para verificar que su tenencia
y uso sea acorde a los fines de la Ley 2825 o Ley 9036 y se cumpla con las
obligaciones legales y contractuales asumidas por las personas asignatarios o
arrendatarios según sea el caso.

El funcionario que
realice las labores de fiscalización de tierras, acorde con el inciso f) del
Artículo 17 de la Ley 9036, y Artículo 97 de la Ley 2825, tendrá derecho de
ingresar a los inmuebles para realizar las inspecciones de campo
correspondientes, sin necesidad de dar aviso previo. Podrá utilizar cualquier
equipo que lo pueda coadyuvar con su informe tales como cámaras fotográficas,
GPS y de ser necesario se hará acompañar de la Fuerza Pública a la inspección
de campo.

 

 Ficha articulo

Artículo 52°.-
Revocatoria de derecho: Si el beneficiario no cumple con el plan establecido
para la ejecución del proyecto y siempre cuando no demuestre la existencia de
causas de justificación para el atraso o que le impidan el inicio de la
construcción, el Instituto iniciará el procedimiento de revocatoria del derecho
y recuperación del inmueble. Esta condición deberá estar contenida dentro del
título de propiedad que se le otorgue.

 

 Ficha articulo

Artículo 53°.- Inicio de procedimiento: Si la Oficina Territorial opta por solicitar el
inicio del procedimiento para declarar la extinción del contrato de dotación
tierras por incumplimiento, producto de la Fiscalización se conformará un
expediente con la documentación pertinente y se remitirá a la respectiva
asesoría legal conjuntamente con la solicitud de inicio del procedimiento.

 

 

 Ficha articulo

SECCION VII

PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE DOTACIÓN DE TIERRAS.

 

Artículo 54°.-
Fiscalización ciudadana: En aplicación del principio de transparencia de la acción
pública a que se refiere el inciso i) del Artículo 4 de la Ley 9036 y la función
social de la propiedad y el derecho al desarrollo de los territorios, el
cumplimiento del contrato de dotación de tierras en cualquiera de sus
modalidades está sujeto a la fiscalización ciudadana, por lo que cualquier
persona podrá instar ante la Asesoría Legal Regional el inicio del
procedimiento de resolución del contrato y tendrá derecho a que se le tenga
como parte interesada o fungir como coadyuvante de la administración en éste,
para lo cual deberá el denunciante expresar su intención desde el momento en
que formule la gestión, misma que cumplirá con todos los requisitos y
formalidades establecidas en los Artículos 275 y siguientes de la LGAP.

En tal caso, la Asesoría Legal Regional de
previo a resolver sobre el inicio del procedimiento le dará traslado de la
denuncia a la Oficina Territorial y le conferirá un plazo de hasta 2 meses para
que realice las acciones de fiscalización de tierras y rinda un informe de los
hechos denunciados.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 55°.-
Desestimación de petición: De considerar la Asesoría Legal Territorial que no es
factible iniciar el procedimiento por ser impertinente la petición o resultar
evidente que los hechos atribuidos no corresponden a ninguna de las causales de
incumplimiento del contrato de dotación de tierras, acorde con las
disposiciones de la Ley 9036 o en su caso la Ley 2825, sus reglamentos y las
cláusulas del respectivo contrato de arrendamiento o asignación, dictará sin
más trámite resolución motivada desestimando la causa, la cual deberá ser
aprobada por la Dirección Territorial y tendrá el recurso de apelación ante el
Tribunal Agrario de acuerdo con lo establecido en el Artículo 292 inciso 3) de
la LGAP en relación con el Artículo 69 de la Ley 9036.

 

 Ficha articulo

Artículo 56°.- Inicio
del procedimiento: La
resolución inicial se tendrá por interpuesta y declarará el inicio del
procedimiento de resolución del respectivo contrato de dotación de tierra, ya
sea en la modalidad de arrendamiento o asignación, que se regirá por los
principios del procedimiento ordinario de la LGAP, con la salvedad de lo
establecido por los Artículos 56 y 69 de la Ley 9036, y las disposiciones
especiales de este reglamento.

 

 Ficha articulo

Artículo 57°.-
Resolución final: La
resolución final que declare el incumplimiento del contrato de dotación de
tierras en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento o asignación, además
de revocar o invalidar el acuerdo que autoriza el contrato o la asignación del
inmueble, declarará la resolución del contrato y extinción de los derechos que
de él se deriven y si lo hubiera anulará el título de propiedad sobre el
inmueble a favor de la persona asignataria.

También ordenará el desalojo del administrado o administrada y de
cualquier tercero no autorizado que se encuentre ilegalmente en el inmueble, la
realización del avalúo de mejores a pagar conforme a lo establecido en los
Artículos 56 o 70 de la Ley 9036, la liquidación para el cobro de los daños y
perjuicios, mismos que deben ser determinados dentro del mismo procedimiento, y
saldos en descubierto cuando proceda y la devolución de lo pagado para la
compra de la tierra deduciendo el costo o el provecho que tuvo en el uso de la
tierra.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 58°.-
Exhorto:
En caso de existir título de propiedad, la Dirección Territorial confeccionará
y enviará el exhorto respectivo, en el que solicite al RNP la reversión del
inmueble al Instituto. En caso de que la revocatoria o anulación de título sea
sólo sobre el derecho a inmueble, por la vía de exhorto se pedirá a Registro la
inscripción del mismo en favor de los demás asignatarios, acrecentando
proporcionalmente sus respectivos derechos.

 

 Ficha articulo

Artículo 59°.- Pago
de mejoras: Aprobado
el monto a pagar por concepto de mejoras por la Junta Directiva, se notificará
a los interesados en el lugar o el medio señalado y en el mismo acuerdo se
ordenará realizar el respectivo pago de mejoras existentes conforme al avalúo y
previa deducción del monto liquidado a favor de la institución. Contra lo
resuelto por la Junta Directiva cabrá recurso de apelación para ante el
Tribunal Agrario en el plazo de días posterior a la notificación. De quedar un
saldo a favor de la institución, la certificación de este será título ejecutivo
para su cobro de acuerdo con lo dispuesto por el 149 de la LGAP.

 

 Ficha articulo

Artículo 60°.-
Fallecimiento del asignatario: En caso de iniciarse un procedimiento de
resolución de un contrato de dotación de tierras bajo la modalidad de
asignación y la administración comprueba que uno o más asignatarios hubieren
fallecido, de inmediato suspenderá el proceso solicitando al asignatario
supérstite o a los supuestos herederos, que en un plazo no mayor a 3 meses
contados a partir del día siguiente al recibo de la notificación, deben
presentar la correspondiente certificación y un escrito en que se indique quien
es el albacea, y un medio o lugar de éste para recibir notificaciones, juzgado
u oficina notarial y número de expediente en que se lleva a cabo el trámite del
proceso sucesorio, bajo la advertencia, de que en caso de no cumplir con lo
solicitado, procederá el Instituto a tramitar el correspondiente proceso
sucesorio, en el cual solicitará al juez competente que designe albacea con el
fin de proceder a efectuar la debida notificación del procedimiento de
resolución del contrato y para que éste represente ante el proceso, los
intereses del haber sucesorio.

 

 Ficha articulo

Artículo 61°.-
Fallecimiento del arrendatario: En caso de iniciarse un procedimiento de
resolución de un contrato de dotación de tierras bajo la modalidad de
arrendamiento y la administración comprueba que alguna de las personas
arrendatarias ha fallecido, se seguirá el proceso en contra del resto, de haber
fallecido todos, se archivará el caso y se aplicará lo que establece el
Artículo 57 de la Ley 9036.

 

 

 Ficha articulo

SECCION VIII

PROCEDIMIENTO DE
DESALOJO ADMINSTRATIVO

 

Artículo 62°.-
Resolución de ocupaciones sin título: Si como consecuencia de la fiscalización se
determina que hay personas ocupando terrenos del Instituto y que no cuentan con
un título otorgado por la administración, se procederá como sigue:

 

A. Si tiene menos de un año se procede a
tramitar la orden de lanzamiento.

B. Si presenta ocupación de más de un año
pero menos de diez, se practicará el respectivo estudio para determinar su
idoneidad para la dotación de tierras.

C. Si presenta ocupación mayor a 10 años, se
someterá a los estudios de regularización de tierras conforme a los Artículos
76 y siguientes de este Reglamento.

 

Si se determina que la persona tiene menos de un año, se le deberá de
apercibir de su ilegalidad mediante las intimaciones de ley por las cuales se
le advertirá que debe abstenerse de introducir mejoras distintas a las
existentes al momento de la notificación, y si no desocupa voluntariamente se
procede a desalojar con asistencia de la policía.

 

En el caso de quienes
teniendo más de un año de posesión y practicado el estudio de idoneidad
resultare negativo, se le notificará de dicha situación y en la misma se le
harán las advertencias de abstenerse de introducir otras mejoras a las
existentes al momento de la notificación y de conformidad con lo establecido en
el avalúo que ya debe constar en el expediente. En el caso de las personas que
ostenten más de 10 años de posesión se aplicará lo dispuesto por este
reglamento en el capítulo referido a las regulaciones para el artículo 85 de la
Ley 9036.

 

 Ficha articulo

Artículo 63°.-
Desalojo por ejecución de resolución: Cuando los procesos de desalojo sean
consecuencia del resultado del proceso de resolución del contrato de dotación
de tierras, bastará que la notificación de la resolución final del
procedimiento, se encuentre en firme para proceder con el lanzamiento de
quienes ocupen el inmueble.

 

 Ficha articulo

Artículo 64°.-
Ocupaciones menores a 3 meses: No será necesario el procedimiento
establecido en este capítulo cuando en inmuebles propiedad del Instituto la
ocupación ilegal sea menor de 3 meses, caso en el cual se deberá de proceder a
solicitar de inmediato el lanzamiento con la Fuerza Pública.

 

 Ficha articulo

SECCION IX

DE LOS PERMISOS Y LA
RENUNCIA

 

Artículo 65°.-
Permisos: En
caso de que la imposibilidad para atender el inmueble sea temporal, las
personas asignatarias o arrendatarias, deberán realizar la solicitud de permiso
a la Oficina Territorial correspondiente mediante justificación fundamentada, a
fin de que ésta pueda otorgarlo por medio de la jefatura territorial respectiva
y en los casos en que sea procedente.

El permiso inicial
podrá será otorgado por un plazo de hasta 3 meses, que podrá ser ampliado,
siempre y cuando ello se justifique técnicamente por la institución, atendiendo
la naturaleza de la situación que origina y motiva la solicitud de permiso, para
que a su vez el Inder tome las previsiones del caso en lo concerniente a la
fiscalización agraria del inmueble.

Podrá incluso haber
autorización para que se trabaje el predio a través de un tercero, previo
estudio de la oficina territorial, por un plazo de hasta tres meses,
prorrogables, y bajo responsabilidad del beneficiario.

 

 Ficha articulo

Artículo 66°.-
Extinguidas las causas que motivaron el permiso temporal: las personas
asignatarias o arrendatarias deben de reintegrarse al inmueble y continuar con
la explotación o uso del mismo. En caso de no hacerlo, sin que exista una
justificación válida, la Oficina Territorial procederá a iniciar el respectivo
procedimiento de resolución del contrato de dotación de tierra.

En caso de que la causa que motivó el permiso
sea permanente, el beneficiario deberá renunciar al derecho y remitir el
inmueble a la institución.

 

 Ficha articulo

Artículo 67°.- Renuncias: presentada una renuncia a la dotación, la oficina territorial verificará
las causas y se podrá tener por aceptada mediante resolución razonada del
director regional. Si los renunciantes alegaran la existencia de mejoras
introducidas por ellos, las mismas serán valoradas por la Institución para
efectos de reconocimiento y pago, previa estimación de los montos que se
determinen en favor del instituto, del asignatario o de un tercer acreedor
autorizado por el Instituto, por concepto de tierra y financiamiento.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 68°.-
Renuncia injustificada: En caso de presentarse una renuncia voluntaria
injustificada a la dotación, o a la continuación del proyecto, sin motivación
suficiente, el Instituto no podrá aceptarla. En su lugar, se llevará a cabo los
estudios por parte de las oficinas territoriales para verificar la existencia
de las obligaciones contraídas con terceros acreedores debidamente autorizados
por el Inder y con garantías sobre el inmueble, equipos o cosechas.

 

 Ficha articulo

Artículo 69°.-
Reconocimiento de mejoras: Para los efectos del artículo anterior, se procederá de
la siguiente manera:

 

a) Si se trata de una deuda con el Inder, y
lo adeudado supera el monto a pagar por mejoras, la certificación del saldo
será título ejecutivo para su respectivo cobro, de conformidad con el Artículo
17 inciso b) de la Ley 9036.

b) En el caso de que la deuda sea con un
tercero, y que la misma haya sido debidamente autorizada por el Instituto, la
parte respectiva del pago de las mejoras se hará a favor del acreedor, y de
quedar un saldo en esa deuda, el Inder buscará un convenio con éste a fin de
liberar el inmueble o la prenda de la garantía, sin perjuicio de aplicar lo
expuesto en el párrafo final del Artículo 67 de la Ley Inder.

 

 Ficha articulo

Artículo 70°.- En
caso de existir título de propiedad: la Dirección Regional confeccionará y
enviará el exhorto respectivo, en el que solicite al RNP la reversión del
inmueble al Instituto. En caso de que la renuncia sea sólo sobre el derecho a
inmueble, por la vía de exhorto se pedirá al RNP la inscripción del mismo en
favor de los demás asignatarios, acrecentando proporcionalmente sus respectivos
derechos.

 

 Ficha articulo

SECCIÓN X

DE LOS TRASPASOS Y
SEGREGACIONES EN EL CONTRATO

DE ASIGNACIÓN

Artículo 71°.-
Autorización de traspasos: En los contratos de asignación individual o colectiva
durante la vigencia del período de prueba, no se autorizará la cesión de los
derechos del contrato o el traspaso del inmueble o sus mejoras, con la salvedad
de lo establecido en los Artículos 68 y 70 de la Ley 9036.

 

 Ficha articulo

Artículo 72°.- La
solicitud de autorización de traspaso o de segregación: La solicitud y su
respectiva documentación deberá ser presentada en la oficina territorial
correspondiente para su trámite y resolución ante la Junta Directiva. Para las
segregaciones se deberá aportar el plano correspondiente y para los traspasos
el adquirente deberá de cumplir con los requisitos del artículo 46 de la Ley
9036.

 

 Ficha articulo

Artículo 73°.-
Recurso:
Contra el acuerdo de la Junta Directiva que deniegue la solicitud, cabrá
recurso de revocatoria. El recurso deberá interponerse en cualquier oficina del
Instituto, quien lo elevará a Junta Directiva en un plazo máximo de cinco días
hábiles.

 

 Ficha articulo

Artículo 74°.-
Vigencia del acuerdo:
El acuerdo que autorice el traspaso tendrá una vigencia de un año, transcurrido
este sin que el mismo se ejecute, las partes deberán realizar nuevamente todo
el trámite de autorización, esta circunstancia conforme lo dispone el Artículo
145 de la LGAP, deberá quedar plasmada en el acuerdo correspondiente.

 

 Ficha articulo

Artículo 75°.- Refrendo.
Autorizado el traspaso o la segregación, los interesados deberán presentar a la
Dirección Regional, el primer testimonio (original y una copia), a fin de
obtener el refrendo respectivo para los efectos del Decreto Ejecutivo 5820-G,
del 24 de febrero de 1976. Dicho refrendo, previa revisión de la Asesoría Legal
Regional, será firmado por el Director Regional, quien será el funcionario
autorizado para tales fines.

 

 

 Ficha articulo

SECCIÓN XI

CONVALIDACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA, TITULACIÓN E
INSCRIPCIÓN REGISTRAL

 

Artículo 76°.-
Definición: La
convalidación de procedimientos de adjudicación de la propiedad pública,
titulación e inscripción en el RNP, consistirá en lograr la compatibilidad de
la realidad registral con la realidad material de los inmuebles indicados en
los incisos a), b), c) y e) del Artículo 85 de la Ley 9036 y en que se realicen
todas las actuaciones administrativas y registrales necesarias para lograr la
afirmación, perfeccionamiento y consolidación del derecho de propiedad a favor
del Inder y de los sujetos públicos y privados a los cuales el primero les haya
adjudicado o traspasado bienes inmuebles, de conformidad con la Ley y sus
competencias, o a cuyo favor deba adjudicarlos, titularlos e inscribirlos en el
RNP.

 

 Ficha articulo

Artículo 77°.-
Objeto: De
acuerdo con el Artículo 85 de la Ley 9036 y el artículo anterior, el Inder
deberá poner a derecho, e inscribir en el RNP, la propiedad de las tierras y
bienes inmuebles que a continuación se indican:

 

a) Regularizar y
poner a derecho mediante su inscripción en el RNP y a favor de sus poseedores
actuales, los inmuebles adquiridos con los recursos establecidos por el inciso
c) del Artículo 3 de la Ley N° 5662 y sus reformas.

b) Regularizar la
propiedad de los inmuebles adquiridos con los recursos de la Ley citada
anteriormente, destinados a entidades públicas o privadas, las últimas sin
fines de lucro y de beneficio comunitario.

c) Regularizar la
propiedad sobre un único predio, entendido como aquella unidad productiva que
puede estar subdividido o no por áreas contiguas debido a la existencia de
elementos geográficos naturales o caminos públicos que se ubique dentro de un
asentamiento inscrito a nombre del Instituto, que ocupen nacionales o
extranjeros con residencia en el país, que demuestren una posesión ejercida en
forma personal, ininterrumpida y a título de dueño de más de diez años, previos
a la entrada en vigencia de la Ley 9036.

 

Podrá convalidarse la
propiedad de los anteriores inmuebles a favor de los sujetos indicados, siempre
y cuando se cumpla con lo que se establece en los siguientes artículos y sobre
dichos inmuebles no existan reclamos administrativos ante el Inder de terceras
personas, o procesos judiciales en trámite contra el Inder, o entre los sujetos
que serían beneficiarios de la norma y terceras personas, salvo que dentro de
dichos procesos se establezca una conciliación tendiente a utilizar el
mecanismo de convalidación aquí previsto.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 78°.-
Procedimiento: La
convalidación de los diferentes supuestos establecidos en el artículo anterior
se realizará mediante el procedimiento técnico- jurídico, destinado a
perfeccionar y regularizar el derecho de propiedad, de modo que en adelante
exista compatibilidad y correspondencia entre la realidad registral, catastral
y material, en lo concerniente a la identificación física del inmueble,
determinando su correcta forma, dimensiones, medidas perimétricas y
pertenencia. Asimismo, comprende la inscripción y rectificación de inmuebles a
favor del Inder, titulación, traspaso e inscripción a favor de los particulares
beneficiarios del Instituto o a favor de instituciones públicas, de conformidad
con la remoción de los obstáculos para ello dispuesta por la Ley 9036.

El procedimiento de convalidación deberá comprender todas las acciones
de saneamiento y corrección de errores, inconsistencias o inexactitudes de la
información registral, destinadas a lograr que se inscriba en el Registro
Inmobiliario la situación real de los bienes inmuebles, especialmente en
relación con los derechos reales que sobre éstos deban ostentar el Inder, los
entes públicos y los particulares beneficiarios.

El
procedimiento técnico mencionado se ejecutará de oficio o a solicitud de
parte, pero podrá variar en cuanto a los actos preparatorios y gestiones a
realizar para ello, dependiendo de la particularidad que presenten los bienes en
la realidad o la formalidad, actos administrativos y negocios jurídicos que
falten por cumplir, por los cuales del todo no se hayan inscrito tales bienes
inmuebles, o, no se hayan inscrito correctamente. Tanto para la aplicación de
los procedimientos de regularización aquí establecidos como para la ejecución
de los planes de dotación el Inder, mediante resolución administrativa, una
vez se cuente con los planos catastrados que individualicen cada predio, podrá
realizar la división material o segregación según sea el caso e inscribir a
su nombre cada predio, para lo cual la resolución deberá contener todas las
formalidades que requiere el Registro Nacional de la Propiedad, para realizar la
inscripción de bienes inmuebles.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 39158 del 21 de
agosto de 2015, "Declara de Interés Público y Nacional la titulación de más de diecisiete mil
terrenos otorgados a los beneficiarios y adjudicatarios del INDER")

 Ficha articulo

Artículo 79°.-
Inscripción y rectificación de tierras a nombre del Inder, ante el Registro
Inmobiliario mediante exhorto: El Inder podrá proceder a realizar la
convalidación correspondiente, en los siguientes supuestos:

 

a) Fincas adquiridas
sin inscribir: Cuando el Inder haya adquirido fincas que a la fecha no se
encuentren inscritas, podrá tramitar la inscripción a su nombre en el RNP
mediante exhorto, para lo cual, previo estudio, procederá a realizar el
correspondiente levantamiento topográfico e indicará en cada plano la leyenda:
"TITULAR INDER".

b) Rectificación de
áreas de inmuebles adquiridos: El Inder podrá rectificar mediante exhorto, la
cabida de fincas adquiridas por la cantidad de área que sea necesaria sin
sujeción a los procedimientos establecidos en el Artículo 14 de la Ley de
Informaciones Posesorias, para lograr la concordancia entre la cabida real y la
registral, de modo que no queden sin inscribir las porciones de tierras
adquiridas por dicho Instituto. Para ello el Inder deberá hacer el
levantamiento topográfico correspondiente, en cuyo plano se indicará la
leyenda: "PARA RECTIFICAR ÁREA".

c) Predios localizados
dentro de fincas que estuvieron inscritas, que fueron cerradas registralmente y
que no fueron individualizados cuando correspondía: Este supuesto abarca los
casos de áreas que constituyen restos de fincas que estuvieron debidamente
inscritas, pero que erróneamente fueron cerradas desconociendo o sin considerar
que no se habían efectuado todas las individualizaciones que correspondían.
Dichas áreas se inscribirán mediante gestión con el Poder Ejecutivo.

d) Fincas que fueron
adquiridos en forma efectiva por el Inder y que a la fecha no se ha hecho
efectivo el traspaso a nombre del Inder: Lo anterior porque negociada la finca,
se suscribió la respectiva escritura y se efectuó el pago correspondiente,
constando todo ello en el expediente administrativo, pero no se hizo efectiva
la inscripción en el RNP por falta de algún requisito y por razones ajenas a
las partes contratantes y aducibles al Notario otorgante. En este caso el
Instituto procederá a la inscripción de la finca mediante el respectivo exhorto.

e) Inscripción de restos aislados de una misma finca: Cuando negociada
una finca se suscribió la respectiva escritura y se hizo efectiva la
inscripción en el RNP, pero siendo que el área registral era menor que la
cabida real en el campo, nunca se efectúo la correspondiente rectificación en
su cabida, y al efectuarse luego sucesivas segregaciones la cabida registral
actual es insuficiente para completar las segregaciones pendientes; predios que
no necesariamente conforman un solo bloque, por lo que con vista a un plano
mosaico donde se muestren esos predios con sus respectivas áreas, el Inder
podrá rectificar mediante exhorto la cabida de las fincas adquiridas por la
cantidad de área que sea necesaria sin sujeción a los procedimientos
establecidos en el artículo 14 de la Ley de Informaciones Posesorias.

f) Fincas adquiridas
por la Institución traspasadas o no a su nombre, producto de lo dispuesto en el
transitorio IX de la Ley 7764 "Código Notarial", pero que durante el período
que estuvieron anotadas fueron inscritas mediante Decreto Ejecutivo generando
una doble matriculación: Corresponde a casos en los que negociada la finca, se
suscribió la respectiva escritura y se efectuó el pago correspondiente,
constando todo ello en el expediente administrativo, pero en algunos casos
estando anotada la escritura, se hizo efectiva y en otros no, la inscripción en
el Registro Inmobiliario a favor del Inder, producto de lo dispuesto en el
Transitorio IX de la Ley 7764 "Código Notarial", y durante el período que estuvieron
anotadas, se procedió a inscribir esos inmuebles por Decreto Ejecutivo, lo que
provoca que hoy en día existen dobles matriculaciones, algunas registradas a
nombre del Inder y otras a nombre de los vendedores. En este caso procedería
mediante exhorto la solicitud de pasar a nombre del Inder el inmueble que
posteriormente se requiera cerrar, esto según lo dispuesto por los Artículos 66
y 67 de la Ley 2825 y el 17 de la Ley 9036.

g) Cancelación de
fincas inscritas a nombre del Inder mediante exhorto: Corresponde a casos en
los que existiendo fincas debidamente inscritas que constituían un asentamiento
campesino, se procedió con el diseño del asentamiento y la inscripción de los
planos catastrados y su correspondiente "Individualización" en cabeza propia
del Inder. Sin embargo, posteriormente, se procedió con la titulación a favor
de los beneficiarios, actos en los que el Notario otorgante, utilizó los mismos
planos ya catastrados pero segregó y traspasó los predios utilizando los folios
reales de los Programas de Titulación del IDA, situación que provocó que
actualmente existan dobles matriculaciones con un mismo plano catastrado; una
finca se encuentra inscrita a nombre del Inder con su antecedente de dominio
correcto y la otra se encuentra inscrita a favor de los beneficiarios, pero su
antecedente de dominio es un "Programa de Titulación". En estos casos lo que
procede es que el Inder mediante un procedimiento administrativo de
saneamiento, que tendrá como finalidad eliminar la doble matriculación, conservará
la inscripción a favor del beneficiario, subsanando el antecedente de dominio
del programa de titulación erróneo e indicando en el asiento registral el
antecedente correcto del asentamiento, lo cual se solicitará por exhorto al
RNP.

h) Cancelación de
fincas inscritas a nombre del Inder mediante exhorto: Corresponde a casos en
los que existiendo fincas debidamente inscritas que constituían un
asentamiento, se procedió a confeccionar planos que fueron catastrados
utilizando los Folios Reales de los Programas de Titulación del IDA y
segregando de ellos los correspondientes predios; situación que provoca que
actualmente las fincas que fueron adquiridas tengan intacta su cabida registral
o en algunas fincas esa área ha disminuido. En estos casos lo que procede es
efectuar, de ser necesario, un estudio detallado de todos los predios
existentes dentro del asentamiento, que permita determinar los predios
pendientes de titular; procediendo a confeccionar los planos catastrados que
correspondan; individualizar esos predios en el RNP a nombre del Instituto y
proceder luego mediante exhorto a cancelar el asiento registral correspondiente
a la finca madre.

Las rectificaciones
establecidas en los incisos b), c) y e) de este artículo, tal y como lo
establece el inciso e) del Artículo 85 de la Ley 9036, se harán sin sujeción a
lo establecido en el Artículo 14 de la Ley de Informaciones Posesorias.

 

 Ficha articulo

 

Artículo 80°.- Otros
requisitos que se deberán cumplir en la inscripción y rectificación de tierras
a nombre del Inder:
Además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, para todos los
supuestos de inscripción o rectificación a favor del Inder, el mismo deberá
cumplir con los siguientes requerimientos:

 

a) Todo trámite rogado al RNP por exhorto debe contener los siguientes
requisitos: Un expediente con su número respectivo, debidamente confeccionado,
foliado, que contenga todos los antecedentes de la finca o fincas involucradas.

b) Número de acuerdo
de la Junta Directiva y la fecha en que se tomó, con indicación de su firmeza,
indicando expresamente haber cumplido con el debido proceso, dentro del trámite
del expediente administrativo que le da origen al correspondiente exhorto,
indicar la firmeza de todos los acuerdos y resoluciones que dan pie para su
redacción.

c) Estudios
catastrales y registrales actualizados.

d) El exhorto deberá
cumplir, en lo pertinente, con los requisitos sustanciales que se requieren en
el RNP, salvo aquellos de los cuales resulte exceptuado el Inder como
consecuencia de la Ley, y deberá citarse la publicación de los avisos antes
indicados.

 

Los anteriores
requisitos también deberán ser cumplidos por el Inder en cualquier supuesto no
enumerado en el Artículo 79 anterior, en que proceda a rectificar la cabida de
sus inmuebles sin sujeción al Artículo 14 de la Ley de Informaciones
posesorias, de conformidad con el inciso e) del Artículo 85 de la Ley 9036.

 

 Ficha articulo

Artículo 81°.-
Otorgamiento de título a personas físicas sobre fincas adquiridas con recursos
de FODESAF:
Para el otorgamiento de títulos de terrenos de estas fincas, a los poseedores
actuales, los interesados, personas físicas, por su propia iniciativa o a
requerimiento del Inder, deberán cumplir los siguientes requisitos:

 

a) Que se tenga una
posesión mínima de un año sobre el área correspondiente.

b) Aquellos
parceleros que cuenten con asignación estarán exentos de cumplir con lo
dispuesto en el inciso anterior.

c) El Inder deberá
medir y catastrar los planos de las áreas correspondientes a cada beneficiario
y, una vez que tenga listo el expediente para dictar el acto que ordene el
traspaso y la inscripción en el RNP.

d) Cuando surja
oposición, la misma deberá ser presentada por escrito ante el Inder, el cual
promoverá una audiencia entre el solicitante y el opositor, tratando de lograr
un arreglo conciliatorio. De persistir el desacuerdo las partes podrán acudir a
dirimir sus diferencias ante los organismos jurisdiccionales y el Inder dejará
la titulación correspondiente en condición suspensiva. Si al cabo de seis meses
no se le hubiere notificado al Inder demanda alguna al respecto, se ordenará la
inscripción del terreno a nombre del solicitante.

e) El contrato que se
realice con los beneficiarios y los títulos que se les entregue o escrituras de
traspaso, deberán hacerse conjuntamente a nombre de los cónyuges o convivientes
de hecho, cuando a ello hubiere lugar, y en los mismos se establecerán las
estipulaciones y causales de revocatoria consignadas en el Artículo 68 de la
Ley ITCO, salvo que la posesión de lugar a la aplicación del Artículo 84 de
este Reglamento.

 

 Ficha articulo

Artículo 82°.-
Otorgamiento de título a personas jurídicas sobre fincas adquiridas con
recursos de FODESAF: El
Inder podrá otorgar títulos de propiedad a las entidades públicas y personas
jurídicas privadas, sin fines de lucro y de beneficio comunitario, que en la
actualidad ocupen terrenos de fincas adquiridas con recursos de FODESAF, o las
cuales en el pasado se hayan destinado a favor de aquellas, siempre y cuando se
den las siguientes condiciones:

 

a) Que en la actualidad
ocupen parte de esos terrenos, a partir de los cuales realicen su función
pública o su labor en pro de la comunidad.

b) Que los terrenos se hubieren destinado a su favor, pero no los hayan
ocupado al no poder construir ninguna edificación, por no contar con el título
de propiedad correspondiente, y no estuvieren ocupados por algún otro sujeto
que califique de conformidad con el artículo anterior o el presente, para
lograr la inscripción a su nombre.

 

Se tendrá como prueba
de la ocupación la constancia que emita la oficina territorial del Inder al
respecto. Cuando aquellas entidades no ocupen los terrenos en forma actual, se
tendrá como prueba del destino de los mismos a su favor, los documentos que
existieren al respecto en el Inder, en la Dirección de Desarrollo Social y
Asignación Familiares o en el MTSS, o en los documentos que al respecto aporten
las mismas entidades.

Cuando surja oposición, la misma deberá ser
presentada por escrito ante el Inder, el cual promoverá una audiencia entre el
solicitante y el opositor, tratando de lograr un arreglo conciliatorio. De
persistir el desacuerdo las partes podrán acudir a dirimir sus diferencias ante
los organismos jurisdiccionales y el Inder dejará la titulación correspondiente
en condición suspensiva. Si al cabo de seis meses no se le hubiere notificado
al Inder demanda alguna al respecto, éste ordenará la inscripción del terreno a
nombre del ente beneficiario.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 83°.- De las
diligencias y actos preparatorios para otorgar los títulos de propiedad: En los supuestos de
los dos artículos anteriores, como lo establece el Artículo 85 de la Ley 9036,
el Inder podrá medir, catastrar, segregar y realizar las diligencias y actos
preparatorios necesarios para otorgar los respectivos títulos de propiedad.

 

 Ficha articulo

Artículo 84°.- De la
regularización de ocupación en terrenos propiedad del Inder: Las oficinas
territoriales del Inder procederán de oficio mediante la fiscalización agraria
o a solicitud de parte a identificar la localización de los terrenos adquiridos
por el Inder en los que la posesión no haya sido regularizada determinando su
condición legal, sea que estén inscritos o no a nombre del Instituto. De no
estar inscritos se aplicará lo que dispone la Ley 9036 según corresponda.

En los terrenos adquiridos por el Inder,
inscritos o no, la oficina territorial procederá a efectuar los estudios
censales de los ocupantes, complementando esa información con estudios
catastrales y registrales ante el RNP; acto seguido se procede con la
digitalización de los planos y a la confección de un plano mosaico preliminar
que se convierte en el insumo básico para efectuar las inspecciones de campo
que permitirán finalmente generar el plano mosaico definitivo; documento que
conjuntamente con la base de datos permite identificar la cantidad total de
predios existentes dentro de los terrenos; la condición legal de cada uno de
ellos y consecuentemente los que se deben regularizar. Identificados los
predios pendientes de regularizar se procederá con el catastro de los planos
que correspondan.

 

 Ficha articulo

Artículo 85°.- De los
solicitantes para la regularización: Podrán optar por los beneficios que se
conceden en el inciso c) del Artículo 85 de la Ley 9036, los ocupantes
nacionales o extranjeros con residencia que demuestren una posesión, sobre un único
predio, entendida como la ejercida por un titular, de forma personal,
ininterrumpida y a título de dueño, por más de diez años a la fecha de la
vigencia de la Ley 9036, que no cuenten con acuerdo de asignación dentro de un
asentamiento o finca inscrita a nombre del Instituto. La posesión personal se
entiende como aquella que ha ejercido la persona directamente, o bien, que ha
adquirido por medio de una transmisión legal del derecho de posesión.

 

 Ficha articulo

Artículo 86°.-
Requisitos para la regularización: Para acogerse a los beneficios de este
reglamento los poseedores deberán acreditar ante las Oficinas Territoriales del
Inder lo siguiente:

 

a) Solicitud que contenga: Nombre, apellidos y calidades del o los
solicitantes y la pretensión con la descripción de la posesión y del terreno
que ocupa, expresamente el ofrecimiento de prueba y aportar la documental
correspondiente.

b) Copia de las
cédula de identidad o cédula de residencia según corresponda.

c) Demostrar mediante
prueba documental o testimonial de al menos tres testigos vecinos del lugar, la
cual debe ser recabada por un funcionario del Instituto, la posesión entendida
como la ejercida por un titular, de forma personal, ininterrumpida y a título
de dueño, por más de 10 años a la fecha de la vigencia de la Ley 9036.

d) En caso de que la
Oficina Territorial no haya completado el estudio indicado en el artículo 66
del presente reglamento, copia del plano catastrado del predio elaborado por el
Instituto. Si ese plano fue elaborado por un particular debe traer el visado
municipal para segregar, si fuere requerido según la fecha del mismo, y la
oficina territorial deberá realizar las gestiones necesarias para verificar que
la información contenida en el plano es la correcta, además debe proponer la
numeración del predio para efectos de su registro en los sistemas del Inder.

e) Clasificación
emitida por el MINAE, indicando que el predio no forma parte terrenos
administrados por dicha autoridad y de que el inmueble no forma parte del
Patrimonio Natural de Estado de conformidad con lo establecido en los Artículos
13, 14 y 15 de la Ley Forestal 7575.

f) Certificado de Uso
Conforme de Suelo conforme lo dispuesto en la Ley 7779 y su reglamento, el cual
será aportado por el Inder a través de sus propios profesionales o profesionales
externos.

g) Lugar o medio para
atender notificaciones según lo dispuesto en la Ley de Notificaciones
Judiciales Nº 8687.

h) En caso de que la
Oficina Territorial haya completado el estudio indicado en el artículo 84 del
presente reglamento o que producto del proceso de fiscalización identifique un
predio en esas condiciones, se deberá proceder a prevenir a los ocupantes de su
condición de irregularidad, dándoles un plazo de un mes para que se presenten
en un solo acto ante la Oficina a entregar los requisitos completos estipulados
en los incisos a), b) c) y g) anteriores y además procederá de oficio a
conformar expedientes individuales de todos los predios pendientes de
regularizar que contendrán, además de la documentación recopilada en los
estudios censales, copia del plano catastrado indicado en el inciso d) y los
documentos indicados en los incisos e) y f) anteriores. De no cumplirse con la
presentación de la documentación para el trámite, el Instituto procederá a
realizar el avalúo de mejoras correspondiente y planteará ante los Tribunales
de Justicia la respectiva acción reivindicatoria.

 

 Ficha articulo

Artículo 87°.-
Conformación del expediente: Revisada y valorada preliminarmente la
documentación y demás requisitos, la oficina territorial procederá a conformar
un expediente único debidamente foliado de manera cronológica y a realizar un
estudio pormenorizado de la solicitud y documentación presentada por el
solicitante, así como los antecedentes del respectivo asentamiento y en el
plazo máximo de veintidós días naturales a partir de recibido la documentación,
debe complementar con una inspección del predio y rendir un informe detallado
que contenga los siguientes elementos:

 

a) Nombre, apellidos
y demás calidades del o la solicitante y de su núcleo familiar si fuere del
caso.

b) Antecedentes del
caso en estudio y fecha de adquisición de la finca o el Asentamiento.

c) Condiciones de la
explotación o el aprovechamiento del predio verificando la naturaleza y calidad
de actos de ocupación que se realizan en el predio.

d) Tiempo de posesión
o aprovechamiento.

e) Condiciones en que
se ejerce la posesión.

f) Descripción del
uso de la tierra y de la infraestructura existente.

g) Entrevistas con vecinos, colindantes y cualquier otra información que
estime relevante sobre los aspectos anteriores.

h) Razones
debidamente fundamentadas por las cuales no se ha regularizado antes ni
otorgado el correspondiente título de propiedad.

i) Determinación del
valor del predio, el cual será establecido proporcionalmente al área de terreno
regularizada según el costo de compra de la propiedad indexado a valor presente
según los índices establecidos por el INEC, y en aquellos casos en que la
propiedad fuere recibida por el Instituto a título gratuito no se cobrará
ningún valor por el predio regularizado.

j) Recomendación del
Jefe de la Oficina Territorial sobre la formalización o no del traspaso del
inmueble a favor del o los solicitantes.

 

 Ficha articulo

Artículo 88°.-
Terrenos afectados al Patrimonio Natural del Estado: Si del estudio de la
prueba aportada se desprende que el terreno forma parte total o parcialmente
del patrimonio natural del Estado, se procederá de conformidad a los artículos
13 y hasta el 18 de la Ley Forestal, Ley 7575, según corresponda.

 

 Ficha articulo

Artículo 89° -
Evacuación de la Prueba: La Asesoría Legal Regional, luego de recibir el informe y
el expediente procederá a comprobar que todos los requisitos hayan sido
cumplidos o bien solicitará a la Oficina territorial que en el plazo de cinco
días hábiles subsane cualquier defecto. Dentro de un plazo no mayor de quince
días hábiles, la Asesoría Legal Regional deberá ordenar la recepción de la
prueba testimonial ofrecida por el solicitante o realizar las inspecciones que
considere necesarias a efecto de verificar la información que le fue remitida.
Cumplido el trámite anterior, la Asesoría Legal Regional rendirá una
recomendación en un plazo no mayor de quince días hábiles, que contemplará los
siguientes aspectos:

 

a) Una breve relación
de hechos.

b) Valoración de la
prueba: La Asesoría Legal Regional, al apreciar la prueba aplicará las reglas
de la sana crítica, debiendo utilizar jurisprudencia relativa en materia de
posesión decenal.

c) Fundamentación
jurídica: en este aparte la Asesoría Legal Regional consignará las normas aplicables
al caso en cuestión.

d) Recomendación: el
criterio legal deberá contener una recomendación clara sobre la procedencia o
no de la gestión formulada.

 

 Ficha articulo

Artículo 90°.-
Oposición al expediente: En caso de surgir alguna oposición fundada de terceros o
vecinos en relación con el mejor derecho de poseer, la misma deberá ser
presentada por escrito ante la Asesoría Legal Regional, la que promoverá una
audiencia entre el solicitante y el opositor encaminada a lograr un arreglo
conciliatorio. De persistir el desacuerdo las partes podrán dirimir sus
diferencias ante los organismos jurisdiccionales, y la Asesoría Legal Regional
dejará la titulación correspondiente en condición suspensiva. Si al cabo de
tres meses no se le hubiere notificado a la asesoría indicada demanda alguna al
respecto, se continuará con el trámite del expediente

 

 Ficha articulo

Artículo 91°.-
Aprobación de la solicitud: Remitido el informe por parte del Fondo de
Tierras, la Junta Directiva aprobará la procedencia o no de la regularización
de la posesión sobre el inmueble, para la ulterior segregación y traspaso del
mismo para el otorgamiento del título. El acuerdo que declare o no la
procedencia, será emitido mediante resolución fundamentada.

 

 Ficha articulo

Artículo 92°.-
Comunicación de resolución: La Secretaría General comunicará a la Oficina
territorial, con copia a la Dirección Regional, a la Asesoría Legal Regional y
al Área de Escrituración y Notariado los acuerdos de aprobación, segregación, y
el traspaso correspondiente. En caso de ser aprobado el acuerdo debe indicar:
Nombres y números de cédula de los Ocupantes, N° del predio, Área, N° del Plano
Catastrado, Folio Real, Precio del traspaso, Notario autorizado para ese acto,
el representante Institucional que se autoriza a firmar la escritura.

La Oficina territorial tendrá la
responsabilidad de notificar por escrito al ocupante en el lugar señalado lo
acordado por la Junta Directiva, en un plazo no mayor de 10 días hábiles
contados a partir del momento en que la Oficina territorial recibe el acuerdo.

 

 Ficha articulo

Artículo 93°-
Limitaciones: El
traspaso se hará libre de limitaciones al dominio salvo las que por ley deba
soportar el inmueble, tales como la Ley general de caminos, la Ley de Aguas, y
en general las leyes de protección al ambiente que señalan la Ley 2825 y la Ley
9036.

 

 Ficha articulo

Artículo 94°.-
Recursos: Contra
los acuerdos de la Junta Directiva que deniegue la legalización de la ocupación
del predio, cabrá recurso de revocatoria debiendo indicar los motivos de hecho
y derecho en que se fundamenta la disconformidad, de acuerdo con lo dispuesto
en el inciso 2) del Artículo 344 de la LGAP. El recurso citado lo presentará el
interesado ante la Asesoría Legal Regional dentro del plazo de 3 días hábiles
contados a partir del día siguiente la notificación del acuerdo de Junta Directiva,
el que elaborara un informe refiriéndose a los argumentos del recurrente y lo
elevará a la Junta Directiva, la que lo acogerá o en su defecto dará por
agotada la vía administrativa.

 

 Ficha articulo

Artículo 95°.-
Recuperación del terreno: En caso de que la Junta Directiva no apruebe la
regularización y el traspaso y el interesado no haya ejercitado su derecho de
impugnación, lo haya presentado extemporáneamente, se haya agotado de la vía
administrativa y en la vía Judicial no se hubieran acogido sus pretensiones, la
Oficina Territorial gestionará en la vía correspondiente la ejecución de la
sentencia desfavorable al administrado a la mayor brevedad, previo el pago de
mejoras que hubiere indicado la autoridad judicial.

 

 Ficha articulo

CAPITULO IV

 

DEL FONDO DE
DESARROLLO RURAL

 

SECCIÓN I

 

DISPOSICIONES
GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL

 

Artículo 96°.- De la
regulación del Fondo: Con fundamento en el Artículo 73 de la Ley 9036, se crea
el Fondo de Desarrollo Rural, para contribuir y promover el desarrollo integral
de los territorios rurales.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 97°.- De los
objetivos:
Según el Artículo 74 de la Ley, este Fondo tendrá como prioridad:

 

a) Coadyuvar en la
elaboración y ejecución de los planes de desarrollo territorial y regional

b) Coordinar y
promover los proyectos de desarrollo en los territorios rurales, estimulando el
incremento de la competitividad empresarial, para el mejoramiento del nivel de
vida de sus habitantes, manteniendo el equilibrio, que permita la conservación
del patrimonio ambiental y cultural de los territorios rurales

 

 Ficha articulo

Artículo 98°.- De los servicios del Fondo: Para el cumplimiento de sus objetivos, el Fondo
de Desarrollo Rural brindará los servicios establecidos en el Artículo 75 de la
Ley 9036 y además, recomendará a la Junta Directiva la adquisición,
arrendamiento, gravamen, donación y la enajenación de bienes muebles e
inmuebles y cualquier otro bien, que sea necesario, para la ejecución de
proyectos, que satisfagan los fines de la

Ley Inder. Lo
anterior lo podrá realizar el Fondo, tal y como se define en el Artículo 15,
inciso a) y en el Artículo 16, incisos d), g) y l), en forma directa,
coordinada, contratada, conjunta o mediante alianzas o cualquier otra forma que
el Fondo estime conveniente, con cualquier entidad pública o empresa privada o
sociedad civil.

 

 Ficha articulo

Artículo 99°.- De la
gestión de financiamiento: El Fondo de Desarrollo Rural podrá facilitar
financiamiento para la ejecución de proyectos, a través de figuras financieras
como la Banca de Segundo Piso u otras modalidades, para permitir el acceso del
crédito en los territorios rurales, de acuerdo a lo instituido en el Artículo
15 inciso i) y del Artículo 75, incisos i) y j) de la Ley 9036.

 

 Ficha articulo

SECCION II

 

DEL SISTEMA DE
CRÉDITO RURAL

 

Artículo 100°.- De la
Creación y Funcionamiento Sistema de Crédito Rural: Se establece el
Sistema de Crédito Rural (SCR), dispuesto en el artículo 76 de la Ley 9036 y el
artículo 140 de la Ley N° 2825, como una de las modalidades de financiamiento
que se otorguen con recursos del Fondo de Desarrollo Rural.

El SCR operará de
conformidad con los lineamientos establecidos en las siguientes disposiciones,
las condiciones, métodos y procedimientos que apruebe la Junta Directiva,
propiciando gradualmente la descentralización del proceso.

 

 Ficha articulo

Artículo 101°.-
Sujetos de Crédito:
Serán sujetos de crédito del SCR, las personas físicas o jurídicas, estas
últimas cuyos fines constitutivos no sea el lucro, que hayan sido objeto de
dotación de tierras por el INDER en cualquiera de sus modalidades.

Además se podrá
otorgar crédito a las personas físicas y jurídicas, estas últimas cuyos fines
constitutivos no sea el lucro, fuera de asentamientos INDER, según lo
establecido en el artículo 46, inciso c) primero de la Ley 9036, que estén al
día en sus obligaciones con el Instituto y que cumplan los requisitos
establecidos en este Reglamento. Para estos sujetos, se realizará una
categorización en micro, pequeño y mediano productor y lo correspondiente a la
idoneidad para desarrollar el proyecto, lo definirá la instancia resolutoria
del crédito, ya sea a nivel regional o central, de acuerdo con la actividad o
proyecto presentado.

 

 Ficha articulo

Artículo 102°.-
Características de los sujetos:

 

a. Ser costarricense, o poseer cédula de
residencia permanente.

b. No tener aprobado
un arreglo de pago por concepto de crédito con el SCR, que no hayan sido
beneficiados con una condonación o pago de su deuda por otras instituciones,
que no hayan estado en cobro judicial, no haber incurrido en atrasos mayores a
90 días en el pago de sus deudas y que cuenten con un buen record crediticio.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 103°.-
Localización o ubicación de los sujetos y proyectos: Tanto los sujetos,
como actividad o proyecto a financiar, deben estar dentro de los territorios
definidos por el INDER.

 

 Ficha articulo

Artículo 104°.- De la dirección, alcance y armonización del SCR: La Junta Directiva, será la
encargada de aprobar las políticas de crédito y los recursos, por medio del presupuesto ordinario
institucional, que se destinarán al efecto y los procedimientos aplicables a los trámites
pertinentes al crédito.

 

 Ficha articulo

Artículo 105°.- De la
organización del SCR: El Sistema contará con Comités de Crédito, que deberán
estar conformados por tres personas que serán los propietarios y sus suplentes,
con experiencia y conocimiento en el tema de financiamiento o en formulación y
evaluación de proyectos, de acuerdo con los requisitos establecidos en este
Reglamento y los procedimientos dictados al respecto por parte de la Junta
Directiva. Las funciones se describen a continuación:

 

1. Comités Regionales de Crédito (CRC): Se
integrarán en cada una de las regiones y serán de carácter técnico, integrado
por funcionarios del Inder, a elección del Director Regional. Estos comités,
tendrán la función de analizar, aprobar o improbar solicitudes de créditos,
arreglos de pago y novaciones

2. Comité Central de Crédito (CCC): Nombrado
por el responsable del Fondo de Desarrollo Rural. Tendrá la función de
analizar, aprobar o improbar las solicitudes de créditos, arreglos de pago y
novaciones.

3. Instancia
Administrativa Central (IAC): Tendrá la potestad de administrar los recursos y
controlar lo relacionado con el SCR, emitir las directrices sobre los aspectos
operativos del mismo, coadyuvar en la supervisión y la gestión de cobro,
aprobar o improbar créditos, arreglos de pago y novaciones.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 106°.- De
los Avalúos: Se
requiere avalúo cuando el 80% del valor declarado ante el RNP o la
municipalidad respectiva o el valor tasado, no cubra el monto del préstamo o
arreglo de pago solicitado.

Los honorarios por
concepto de avalúo, serán cubiertos en su totalidad por el solicitante, excepto
cuando la Institución lo realice.

 

 Ficha articulo

Artículo 107°.-
Requisitos para Personas Físicas con Garantía Fiduciaria:

 

a) Llenar en forma completa el formulario de
solicitud de crédito.

b) Fotocopias de las cédulas de identidad,
vigentes y legibles, por ambos lados, de los solicitantes y de los fiadores.

c) Si el fiador(a) es asalariado(a), debe
presentar constancia de salario en donde se indique salario bruto y neto,
tiempo de laborar, con un máximo de un mes de emitida, a partir del llenado de
la solicitud y fotocopia de la orden patronal al día o constancia de la
C.C.S.S, donde se indique el monto reportado. El tiempo mínimo requerido de
laborar para la empresa que emite la constancia, será de un año.

d) Carta de intención de compra-venta del
producto con no más de 2 meses de extendida o carné de afiliación a la feria
del agricultor al día, cuando se requiera

e) Aportar el perfil, plan de inversión o
factura proforma, de la actividad a financiar, según corresponda.

f) Para compra de equipo, menaje y productos,
maquinaria y vehículos, construcción, actividades turísticas en sus diferentes
modalidades, comercio agroindustria o industria, granjas agropecuarias, pesca
artesanal, transporte público, ver requisitos para garantía hipotecaria.

g) Cualquier otro
requisito, que exijan otras leyes o normativas de instituciones.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 108°.-
Requisitos para Personas Físicas con Garantía Hipotecaria:

 

a) Llenar en forma completa el formulario de
solicitud de crédito.

b) Fotocopia de la cédula de identidad,
vigente y legible, por ambos lados, de los solicitantes.

c) En caso de que la
propiedad ofrecida en garantía no sea de los solicitantes, deberá aportar
fotocopia de las cédulas de los propietarios y estos deben firmar la
autorización para imponer el gravamen, incluida en la solicitud de crédito.

d) Carta de intención de compra-venta del
producto con no más de 2 meses de extendida o carné de afiliación a la feria
del agricultor al día, cuando se requiera

e) Aportar el perfil de la actividad o
proyecto a financiar o en su defecto plan de inversión o factura proforma,
según corresponda.

f) Avalúo de la propiedad cuando corresponda.

g) Para compra de equipo, menaje y productos:
factura proforma del equipo, artefacto, producto o mobiliario a comprar.

h) Para compra de maquinaria y vehículo:
Revisión Técnica Vehicular (RTV) y marchamo al día, sin infracciones pendientes
de pago en Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), libre de gravámenes, anotaciones
e infracciones, opción de venta o factura proforma, en donde se estipule, como
mínimo, un mes de plazo de vigencia de dicho documento, que el modelo no sea
inferior a 10 años. Cuando se trate de camiones, se debe aportar el permiso de
pesos y dimensiones al día.

i) Para construcción: presupuesto detallado
de la obra (mano de obra y materiales), fotocopia del permiso de construcción
de la municipalidad. Si no se requiriere el permiso de construcción, se debe
presentar carta emitida por el Municipio, en donde se indique que no es
necesario este permiso, fotocopia del plano catastrado, fotocopia del permiso
de ubicación del proyecto del Ministerio de Salud. Cuando existan limitaciones
en el lugar donde se desarrollará la actividad (reserva, refugio, parque
nacional u otro o el recurso natural a utilizar es flora o fauna silvestre) se
exigirá un documento de autorización por parte del MINAE o de no oposición a la
actividad a desarrollar o la entidad que corresponda.

j) Para actividades en operación: fotocopia
de la patente municipal, fotocopia del permiso sanitario de funcionamiento del
Ministerio de Salud. Cuando existan limitaciones en el lugar donde se
desarrolla la actividad (reserva, refugio, parque nacional u otro o el recurso
natural a utilizar es flora o fauna silvestre) se exigirá un documento de
autorización por parte del MINAE o de no oposición a la actividad a desarrollar
o la entidad que corresponda.

k) Para comercio: fotocopia de la patente
municipal al día, permiso de operación del Ministerio de Salud al día, detalle
del plan de inversión, factura proforma con no más de 1 mes de emitida, al
momento del llenado de la solicitud.

l) Para agroindustria o industria: fotocopia
de la patente municipal, permiso de operación o de ubicación del Ministerio de
Salud y plan de inversión.

m) Para granjas agropecuarias de todo tipo:
certificado veterinario de operación (CVO) al día, expedido por SENASA, o los
requisitos para obtenerlo y que cubra tácitamente la actividad a desarrollar.

n) Transporte público de personas o
materiales: permisos correspondientes del Consejo Transporte Público o la
institución responsable.

o) Pesca artesanal maricultura o acuacultura:
permisos correspondientes del INCOPESCA o la institución responsable

p) Perforación de pozos o aprovechamiento de
recursos hídricos: concesión administrativa o autorización para
aprovechamientos del agua, por parte del MINAE o de la Institución encargada, y
que el canon correspondiente este al día.

q) Cualquier otro
requisito, que exijan leyes o normativas de otras instituciones.

 

 Ficha articulo

Artículo 109°.- Requisitos para Personas Jurídicas: Cuando se trate de personas jurídicas, además
de los requisitos estipulados, para garantía fiduciaria o hipotecaria, según
corresponda, se exigirá lo siguiente:

 

a) Firma de la solicitud de crédito, por
parte del representante legal de la organización.

b) Certificación de la personería jurídica al
día y con no más de 30 días naturales de emitida al momento del llenado de la
solicitud.

c) Nombre completo, domicilio y demás calidades
de representante legal y de todos los miembros de la organización, dispuestos a
ser fiadores, cuando se trate de garantía fiduciaria.

d) Copia del acuerdo de la asamblea general,
firmada por el secretario y el presidente, donde se autoriza al (la) representante
legal, a la formalización del crédito; indicando tipo de crédito (operación
única o línea de crédito), actividad, unidad de medida, cantidad, monto, plazo,
tipo de garantía, monto y plazo de la misma, si esta fuese hipotecaria para
créditos o líneas abiertas; o en su defecto fotocopia o transcripción de
acuerdo autenticado por abogado, en donde se indique lo anotado arriba.

e) Cualquier otro
requisito, que exijan leyes o normativas de otras instituciones.

 

 Ficha articulo

Artículo 110°.-
Requisitos para Arreglos de Pago y Novación:

 

a) Llenar en forma completa y firmar el
formulario de solicitud.

b) Presentar fotocopia de la cédula al día de
los solicitantes y fiadores, según corresponda, si las existentes en el
expediente se encuentran vencidas.

c) Recomendación y justificación de la
oficina correspondiente.

d) Presentar el acta de defunción (solo para
novación, en caso de muerte)

e) Avalúo del bien
inmueble a responder, cuando se requiera.

 

 

 Ficha articulo

Artículo 111°.- De
las Obligaciones de las Personas Deudoras: A las personas que el SCR les
otorgue un crédito, quedarán sujetas a las siguientes obligaciones:

 

a) Acatar las recomendaciones que emitan los
técnicos del Inder, o las instituciones de apoyo, para el manejo adecuado del
proyecto financiado y la administración eficiente del crédito.

b) Informar a la oficina del Inder, sobre
cualquier variación en las condiciones pactadas o cualquier circunstancia que
desmejore o ponga en peligro la garantía del crédito otorgado.

c) Permitir, cuando el Inder lo considere conveniente,
la inspección del proyecto financiado o de los bienes inmuebles dados en
garantía.

d) Utilizar los bienes y servicios que se
financien con los recursos del SCR, exclusivamente en la ejecución de la
actividad financiada.

e) Si existiera la posibilidad, autorizar
irrevocablemente a los compradores de su producto, para que del monto
resultante de la compra y venta, se retenga un porcentaje de su ingreso, el
cual se acreditará a favor del SCR, para ser aplicado a su deuda.

f) Acogerse a la póliza de saldos deudores,
con la entidad aseguradora que decida el Inder.

g) Los deudores aceptan, incondicionalmente,
que el monto aprobado se le pueda girar en tractos, de acuerdo al plan de
inversión propuesto, a las necesidades de la actividad financiada o a criterio
del SCR.

h) Aceptar la imposición de hipoteca,
correspondiente a la deuda por crédito del SCR, cuando el Inder le vaya a
entregar el título de propiedad.

i) Cumplir con los pagos estipulados que
permitan la cancelación de la deuda a tiempo.

j) Aceptar que en
caso de incumplimiento en la forma de pago establecida para la deuda, se pueda
enviar información necesaria a las protectoras de crédito y que la deuda pueda
ser enviada a cobro judicial, se dé inicio con el proceso de revocatoria,
nulidad de título, o recesión del contrato de arrendamiento.

 

 Ficha articulo

Artículo 112°.- De la
Declaratoria De Vencimiento: El incumplimiento de alguna de las
obligaciones indicadas en el artículo anterior, contraídas por los deudores,
dará derecho al Instituto a dar por vencida la operación y exigir en su
totalidad el pago de dicha deuda, y proceder con lo que estipula, el artículo
67, inciso e) de la Ley 9036 o el respectivo cobro judicial.

 

 Ficha articulo

Artículo 113°.- De
los Honorarios y Otros Costos: cuando una deuda sea enviada a cobro
judicial, se le cargarán algunos rubros como honorarios u otros costos, los
cuales se cargarán a la deuda de la siguiente manera:

50% a la presentación de la respectiva
demanda ante la instancia judicial.

25% a la notificación a los deudores por parte
del juzgado que lleva la demanda.

25% a la declaratoria de sentencia por parte
de dicho Juzgado.

 

 Ficha articulo

Artículo 114°.- De
los Principios: El
programa de Crédito Rural, se regirá por los siguientes principios:

a.- El Principio de
Recuperación: Los créditos deben otorgarse siempre y cuando se visualice que
existirán posibilidades de recuperación, en atención a los flujos de fondos
futuros, proyectados bajo estrictos criterios financieros técnicos,
agronómicos, comerciales o de otro tipo, que necesariamente deban informar, los
análisis del proyecto que se proponga financiar.

b.- El Principio de
Viabilidad: Sólo podrá otorgarse crédito, para proyectos o actividades viables.
Esa viabilidad estará constituida por el potencial productivo y
consecuentemente, el potencial de flujo positivo de fondos, de conformidad con
el análisis financiero, de acuerdo con el plazo propuesto, forma de pago,
mercado, costos, producción y precios de la misma a obtener.

c.- El Principio
Pro-Patrimonio: Si antes del otorgamiento de un crédito, existiere duda fundada
en relación con aspectos técnicos, que no sean resueltos en forma previa,
definitiva y en abstracto por los criterios de la ciencia y de la técnica, o en
caso de duda fundada, sobre condiciones eventuales y sobrevinientes, o ante una
situación de incerteza en cualquier campo, que no sea resuelta en forma previa
razonable y satisfactoriamente, en pro del patrimonio de la Institución, que es
un patrimonio público, se optará por proteger el interés público, no aprobando
dicho crédito.

 Ficha articulo

TITULO III

 

CAPÍTULO ÚNICO

REFORMAS

Artículo 115°-
Modificaciones: Se
modifican los incisos f), g) y o) del Artículo 2, el Artículo 8 inciso a),
Artículos 12 y 13 todos del Decreto Ejecutivo No. 38184-MAG de 31 de enero del 2014,
"Reglamento de constitución y funcionamiento de los Consejos Territoriales y
Regionales de Desarrollo Rural" publicado en La Gaceta No.68 del 7 de abril
2014, para que se lean de la siguiente forma:

"Artículo 2 inciso
f): Inder: Inder,
responsable de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las
Políticas de Estado en esta materia, mediante la creación de los mecanismos de
planificación, coordinación y ejecución del desarrollo rural en el país."

"Artículo 2 inciso
g): Ministro Rector del Sector Agropecuario: Ministro de Agricultura y
Ganadería de conformidad con el Artículo 29 de la Ley N° 7064 de Fomento a la
Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG, del 29 de abril de 1987."

"Artículo 2 inciso o): Política de Estado Desarrollo Rural Territorial:
Marco conceptual y normativo en materia de desarrollo rural que permite la
definición de las acciones y proyectos estratégicos de regiones y territorios,
por parte de los actores sociales, para su posterior incorporación en el PND. Para
la formulación de los PDRT, se debe considerar la articulación de Redes de
coordinación del desarrollo territorial y participación ciudadana a partir de
las prioridades definidas para cada uno de los territorios, de conformidad con
el decreto 38536-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 159 del 20 de agosto del
2014."

"Artículo 8 inciso
a): Acordar la reglamentación de funcionamiento interno de los CTDR, y sus
modificaciones."

Artículo 12: El Comité Directivo
deberá reunirse al menos una vez al mes, y el cuórum para sesionar será de dos
tercios de los representantes que la conforman, en primera convocatoria,
pudiendo sesionar válidamente en segunda convocatoria una hora después, con la
mitad más uno de los miembros. Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría
absoluta de los presentes.

Artículo 13: Los miembros del
Comité Directivo, pertenecientes a la Sociedad Civil y al Sector Privado,
durarán en su cargo cuatro años o el periodo que defina la Asamblea General de
Constitución y podrán ser reelectos por una única vez y de forma alterna
indefinidamente. La Asamblea General puede remover algún miembro del Comité
Directivo, o de las Comisiones y mesas temáticas creadas, cuando concurra
alguna conducta que atenta contra el deber de probidad y los intereses del
Consejo Territorial garantizando en todos los casos el debido proceso. Las
ausencias de los miembros titulares, serán cubiertas por los miembros suplentes
nombrados por la Asamblea General. La duración en el cargo de los miembros
pertenecientes al sector público se deja a criterio de la respectiva
institución. Podrán ser removidos cuando a criterio de la Asamblea exista causa
justa para su remoción.

 Ficha articulo

TITULO IV

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 116°.- Debido proceso y
acertamiento de las decisiones: El Inder en todos los
procesos que realice contemplará y aplicará en forma estricta el debido
proceso, los procedimientos establecidos, el contenido y demás elementos de los
actos, de manera que no se lesionen derechos subjetivos, o intereses legítimos
de los administrados.

 Ficha articulo

Artículo 117°.- Responsabilidad y
ética en la aplicación del reglamento: Los funcionarios del Inder,
actuarán apegados al Principio de Legalidad, a los más altos principios éticos
encaminados a la transparencia y a la búsqueda del bien común.

En toda decisión
deberán contar con elementos de juicio suficientes, incluyendo los estudios
sociales y técnicos, que les permitan una correcta y fundamentada decisión.

Los miembros de los órganos con facultades de decisión, deben resolver los asuntos asignados en
forma eficaz y eficiente en los plazos establecidos y serán personalmente responsables por los daños
y perjuicios que puedan causar al Inder y a los administrados cuando medie culpa grave o dolo.

 Ficha articulo

Artículo 118°.- Ausencia de CTDR y
PTDR en territorios: En aquellos territorios que a la entrada en vigencia del
presente reglamento no se hubiese constituido el CTDR o preparado el PTDR, la priorización
de acciones de los Fondos de Tierras y de Desarrollo Rural deben considerar las
necesidades establecidas por las instancias de coordinación existentes en el
territorio.

 Ficha articulo

Artículo 119º.
-Vigencia.
Rige a partir de su publicación.

Dado en la
Presidencia de la República.- San José a los veintitrés días del mes de marzo
del dos mil quince.

 Ficha articulo

Fecha de generación: 5/5/2026 05:41:48

                                        Ir al principio del documento

Remember that Control F is an option that allows you to search
                the entire text

                Go to the end of the document

                    - You are viewing the latest version of the regulation
                    -

                        Complete Text of Regulation 38975

                        Regulation to Law No. 9036 Transformation of the IDA into the Institute of
Rural Development (INDER)

Complete Text record: 17D5F4

No.
38975-MAG

(This
executive decree was repealed by article 235 of the Regulation to Law No.
9036 Transforming the Institute of Agrarian Development (IDA) into the Institute of
Rural Development (INDER) and Creates the Technical Secretariat for Rural Development,
approved by executive decree No. 41086 of April 9, 2018)

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

AND THE MINISTER OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK

 

Exercising the
powers established in articles 140, subsections 3) and 18) and 146 of the
Political Constitution; articles 27, 28 and 121 of Law No. 6227 of May 2,
1978, General Law of Public Administration; Law No. 7064 of April 29,
1987, Law for the Promotion of Agricultural Production, which incorporates the
Organic Law of the MAG; Law No. 9036 of May 11, 2012, Transformation
of the Ida (IDA) into the Inder (INDER); Law No. 2825 of October 14, 1961, Law
of Lands and Colonization (ITCO); Law No. 5662, of December 23, 1974, Law
of Social Development and Family Allowances; Law No. 5525 of May 2,
1974, on National Planning, Forestry Law, Law No. 7575 published in La
Gaceta 72 of April 16, 1996; Law No. 8131 of September 18, 2001, on
Financial Administration of the Republic and Public Budgets; Law No. 7600
of May 2, 1996, Law on Equal Opportunities for Persons with
Disabilities; Law No. 8220 of March 4, 2002, Protection of the Citizen from
Excessive Administrative Requirements and Procedures; Law 8687 of December 4,
2008, Law on Judicial Notifications; Law No. 8801 of April 28, 2010,
General Law on the Transfer of Competencies from the Executive Branch to the
Municipalities; as well as the corresponding amendments to the regulations cited above.

Whereas:

1- That Law 9036 on the
Transformation of the Ida (IDA) into the Institute of Rural Development (Inder), in its
Article 1 defines the institutional framework for territorial rural development
of the country, which allows for the formulation, planning, execution, monitoring and
evaluation of State policies in this area, by creating
the mechanisms for planning, coordination and execution of rural development
in the country, with emphasis on the territories with the lowest level of development.

2- That Law 9036 provides
that the Minister of Agriculture and Livestock (MAG), as the governing minister
of the National Agricultural Sector, is responsible for the formulation of Rural Development policies, and the Inder, for their execution in its capacity as a State
Institution specialized in rural development matters, and an integral part of the Agricultural Sector,
through coordination with the different sectors of the
Public Administration, private organizations and other sectors of
civil society, through operational territorial planning and the
budgetary articulation of the participating institutions, at the local, regional and national levels.

3- Territorial
development is conceived as a multidimensional and multisectoral process that
requires articulated actions with a unified direction, for which both
planning actions and the execution of territorial development policies
shall take into account compliance with the public policies
issued by the Executive Branch on decentralization and deconcentration of
competencies and powers, enabling the policy to respond to the
demands and needs originating in the territories, considering the
complementarity between rural and urban spaces and the necessary
programmatic and budgetary articulation of the linked and participating institutions,
at the local, regional and national levels.

4- That all actions
deriving from the coordination and execution of rural development policies
must respect the principles of accountability, citizen
oversight, ethics in public service, and efficient and effective exercise of
public service, through the promotion and participation of all social
actors in all phases of the development plans.

5- That it is the responsibility of the
Executive Branch, through the Ministry of National Planning and Economic Policy
(MIDEPLAN), the MAG as the Governing Body of the Agricultural Sector, and the INDER
to oversee the proper functioning of institutional services in the
territories, for the purpose of achieving State unity in addressing the
needs and demands of the population, which are reflected in the Territorial Development Plan
and other planning instruments, through methods of
negotiation and participation that involve social actors in defining
priorities.

6- That the Board of Directors
of the Inder, through Firm Agreement No. 3 taken in Article No. 3 of the
Ordinary Session 041-2014 held on December 1, 2014, authorized the
Executive Presidency to send the Executive Regulation to the Executive Branch for
its due process.

Therefore,

THEY DECREE:

REGULATION TO LAW NO.
9036 TRANSFORMATION OF THE IDA (IDA)

INTO THE INSTITUTE OF
RURAL DEVELOPMENT (INDER)

TITLE I

GENERAL ASPECTS OF THE
REGULATION AND TERRITORIAL RURAL DEVELOPMENT

CHAPTER I

DEFINITIONS, PURPOSE AND
SCOPE OF APPLICATION

Article 1-
Definitions: For
the purposes of this Regulation, in addition to the concepts defined in
Article 3 of Law 9036, the following shall be understood as:

a) Regional Legal
Advisory Unit (Asesoría Legal Regional): Unit responsible for legally advising the Regional Directorate
in the administrative and judicial processes that arise in the rural territory.

b) Assignment (Asignación): A valid and effective administrative
act issued by the Board of Directors by which a property is assigned to a natural or legal person applicant who has been
declared suitable.

c) Lease Fee (Canon): Amount
of the monetary payment, in arrears per annum, that the
lessee must annually pay for the lease concept.

d) Territorial Councils
for Rural Development (Consejos Territoriales de Desarrollo Rural, CTDR): Territorial instance for coordination and
articulation of territorial rural development, whose establishment and
coordination shall be facilitated by the Inder.

e) Agreements (Convenios): These are
the interinstitutional agreements that, based on the Principle of
Comprehensiveness, may be signed by public entities, in which they undertake
to contribute the components specific to their specialty within a general plan,
a territorial strategic plan, or a specific project or program carried out
for the fulfillment of the purposes of Law 9036. The purpose of such agreements
is for public entities, among themselves, to formally commit to an
integral territorial development strategy and consequently, to make the
corresponding contribution so that the intersectoral public offer is fulfilled.
They are a consequence of a Territorial Rural Development Plan, which,
as territorial social pacts and the result of an understanding
process among public entities on objectives, resources, and projects,
also constitute a tool for concerted planning, for which
the total component of the public offer is embodied and formally committed
in favor of the territories or regions in those contemplated agreements.

f) Declaration of
Suitability (Declaratoria de Idoneidad): Act by which the Board of Directors of the Inder grants this condition to a
natural person or non-profit legal entity, upon meeting
the requirements of Law 9036, this Regulation, and the selection procedures, considering them suitable for the execution of a project.

g) Territorial
development (Desarrollo territorial): A process of comprehensive change in economic, social,
environmental, cultural, and institutional matters, promoted in a territory, with
the concerted and organized participation of all existing social actors
in said territory, aimed at the pursuit of competitiveness, equity,
well-being, and the social cohesion and identity of its inhabitants.

h) Regional
Directorate (Dirección Regional): Regional administrative unit responsible for coordinating and
supervising territorial rural development processes, in the terms of
Article 4, subsection c) of Law 9036, for each of the regions established
by MIDEPLAN.

i) Empowerment (Empoderamiento): The
process by which people strengthen their capacities, confidence,
vision, and protagonism as a social group, to drive positive changes in the
situations they experience.

j) Budgetary
estimation and source of financing (Estimación presupuestaria y fuente de financiamiento): The overall projection of
resources required to finance the execution of each of the various
territorial development projects and programs or any of their components,
as well as the identification of its source or sources of financing and the
additional resources required for the execution of the plan for each of the
years of its execution period.

k) Indicator (Indicador):
The unit of measure that can be expressed in quantitative and
qualitative terms, which measures a process or a result of a situation to be evaluated.

l) Law 2825: Law
of Lands and Colonization (ITCO), of October 14, 1961, and its amendments.

m) Law 8131: Law on
Financial Administration of the Republic and Public Budgets.

n) Law 8220: Law
for the Protection of the Citizen from Excessive Administrative Requirements and Procedures.

ñ) Law 9036 or Inder
Law: Law for the Transformation of the Ida (IDA) into the Inder (Inder) of May 11,
2012.

o) LGAP: General Law of Public Administration.

p) Territorial
Office (Oficina Territorial): Administrative unit located within a Regional Directorate,
responsible for coordinating and executing the rural development process in
the territory, in the terms of Article 4, subsection c) of Law No. 9036, for
each of the territories established in accordance with Article 9 of
Law 9036.

q) Territorial Rural Development Plan (Plan de Desarrollo Rural Territorial, PDRT): A planning instrument whose purpose
is to guide the different sectors linked to the comprehensive
development of the territory, to make specific contributions through physical
and budgetary goals based on the identification of needs and
action priorities generated from each territory and the institutional
offer.

r) National Public Development and Investment
Plan (Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, PNDIP): A guiding framework of the Government of the Republic
that defines the policies that will govern government action to promote the development
of the country, the increase in production and productivity, the distribution of
income, access to social services, and citizen participation for
the improvement of the population's quality of life. It establishes, in a binding manner
for public entities, ministries, and other bodies, the priorities,
objectives, and strategies derived from those policies, which have been set by
the Government of the Republic at the national, regional, and sectoral levels (Regulation
to the Law on Financial Administration of the Republic and Public Budgets,
Decree number 32.988 H-MP-PLAN).

(*)(Sinalevi Note: Its name was thus modified by subsection a)
of Article 43 of the Regulation
for the Implementation of Law No. 10441 of March 13, 2024, and the Operation
of the National Public Investment System, approved
by Executive Decree No. 45163 of August 8, 2025. Previously, it
indicated "National Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo, PND)")

s) National Rural Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo Rural, PNDR): A national planning instrument that defines
the strategic actions and projects defined in the PDRTs, in accordance
with the State Policy for Territorial Rural Development, and within the framework
of the PND.

t) State
Policy for Territorial Rural Development (Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial, PEDRT) 2015-2025: A conceptual
and normative framework in the area of rural development that allows the definition
of strategic actions and projects for regions and territories, by
social actors, for their subsequent incorporation into the PND.

u) Project (Proyecto): A set
of planned and interrelated activities aimed at achieving
defined objectives through concrete products.

v) Private sector (Sector privado): Natural
or legal persons, organizations engaged in business activities and the social
economy, as well as SMEs, duly accredited before the Inder.

w) SEPSA: Executive
Secretariat for Agricultural Sector Planning, advisor to the Governing Body of the
Agricultural and Rural Sector.

x) Civil society (Sociedad civil): A set
of legally established organizations of society and persons
involved in the rural development of the territory, which maintain their independence
from the State, and which in their relationship act as interlocutors, participants, or
recipients of territorial rural development processes.

y) Rural territory (Territorio rural):
A geographical unit dedicated to the development of agricultural and non-agricultural
activities, composed of a particular social and institutional fabric, settled
on a base of its own natural resources, with common forms of organization,
production, consumption, exchange, and manifestations of identity. It is
made up of one or several cantons, or some of their districts, which present
common characteristics from the point of view of their ecology, their
economic, cultural, institutional, political activities, and the
income generation modalities of the population inhabiting them.

z) Territories of
greater social lag (Territorios de mayor rezago social): In accordance with Article 7 of Law No. 9036, these are
those with less social and economic development, in which State
intervention is a priority.

aa) Updated property
value (Valor actualizado del inmueble): The updated value is the land purchase cost brought
to present value by applying the discount rate set by the Central Bank,
adding the value of any improvements paid for by the Inder that are present
on the land at the time of formalizing the land endowment contract.

 Article record

Article 2- Purpose: The
purpose of this Regulation is to establish a general framework that facilitates the
efficient and effective execution of Law 9036, oriented towards territorial rural development,
and the coordination and interinstitutional articulation mechanisms that are
necessary, to regulate the relationships between the Inder,
public and private entities, and civil society, which participate in territorial rural
development.

 Article record

Article 3-
Beneficiaries of the Law: The beneficiaries shall be natural persons and legal entities
without for-profit purposes, who comply with the principles of the Law and the requirements
established in its Article 2 in relation to Article 46, and who receive goods
and services from the Land Fund, the Rural Development Fund, or any other
benefit established in Law 9036 and this Regulation.

 Article record

Article 4.-
Application of the general principles of the Law: The principles and
objectives of Law 9036, or in case of doubt, those of Law 2825, shall be
mandatorily applied by the Public Sector, whose political direction
corresponds to the President of the Republic and the Governing Minister of the Agricultural
and Rural Development Sector, and their
execution to the Inder.

 Article record

CHAPTER II

PUBLIC POLICIES AND
INTERINSTITUTIONAL AND INTERSECTORAL COORDINATION FOR TERRITORIAL RURAL
DEVELOPMENT

Article 5.- Formulation of
the State Policy for Territorial Rural Development: The formulation of the
PEDRT is the competence of the MAG, the Governing Body of the Agricultural Sector, in accordance
with the guiding principles, purposes, and objectives of rural
development established in the Law. Said Policy must respect and incorporate the
participation of the diverse social actors within the territories, as
a substantial element to bring about the organizational and productive changes
necessary to boost territorial economies with sustainability.

 Article record

Article 6.- National Rural Development Plan: The PEDRT shall guide the formulation,
execution, and evaluation of the PNDR, and shall establish the commitments and
responsibilities of the Public Sector, in accordance with the guiding principles,
purposes, and objectives established in Articles 3, 4, and 5 of Law
9036.

The Governing Minister
of the Agricultural and Rural Development Sector, with the support of SEPSA, shall coordinate
with MIDEPLAN the preparation of the National Plan, regarding Territorial Rural
Development, to articulate the policy with regional,
sectoral plans, as well as the commitments and responsibilities of the Public Sector.

 Article record

Article 7.- The
bottom-up approach in the formulation of territorial development policy and planning: 
The policy and planning instruments must be based on the actions and projections established by the social
actors, when formulating the PDRTs, so that they contribute to the general
policy and planning guidelines regarding rural development.

The PDRT must be
formulated in accordance with the guidelines established by the PEDRT and
considering the strategic directives of the PNDR. The PDRTs shall be submitted to the
Regional Development Councils of MIDEPLAN Rural for their analysis and incorporation
of what is necessary into the respective Regional Development Plan, for their
articulation with sectoral policies and with the PNDR, for their subsequent
incorporation into the National Development Plan.

The Inder, together
with MIDEPLAN and SEPSA, must develop the conceptual,
methodological, and operational tools that are necessary to articulate the execution of
said plans.

 

 Article record

Article 8.- Execution of the PEDRT, PNDR, and promotion and facilitation of
territorial plans: The
Inder, as the Executing Entity of the PEDRT, must coordinate the preparation of the PNDR
with MIDEPLAN and SEPSA and adhere to the strategic directives of the PEDRT.

The mechanisms for
monitoring and evaluation shall be defined by the Technical Secretariat for
Rural Development of the Inder in coordination with SEPSA, under the regulations
established in the National Evaluation System. The Technical Secretariat must
promote and facilitate the preparation of development plans, programs, and
projects in the rural territories, under the principles contemplated in
Article 4 of Law 9036, in coordination with public entities in order to
achieve a shared vision of the future of the territory and the participation of
these entities, so that diagnoses, policies, programs,
goals, and resources of social actors of a public and private nature are articulated and concerted
in the development plans of the respective territories.

 

 Article record

Article 9.-
Territories of greater social lag: The rural development actions that
are promoted in accordance with Law 9036, must begin and continue
gradually in the territories of greater socioeconomic lag, for whose
definition the criteria and guidelines issued
for the public sector shall be harmonized and considered, in the struggle to reduce inequality and
eliminate extreme poverty, in accordance with the Social Development Index.

 

 Article record

Article 10.-
Nature of the delimitation of territories: The delimitation and
classification of territories shall respect the territorial and
administrative division of the Republic. Said delimitations shall be considered
spatial distributions of the territory for operational and strategic purposes
for the execution of the PEDRT and as such benchmarks for the strategy of
public sector budget programming and planning. For the purpose of
regional rural territories, the official regionalization and
public competencies of Local Governments, District Municipal Councils,
as well as other entities, shall be respected.

 

 Article record

Article 11.-
Coordination with the Municipalities: Whenever the Inder initiates activities in
a territory, for the promotion, formulation, and execution of a PDRT, it must
coordinate it previously with the municipal governments of the respective
cantons.

 

 Article record

CHAPTER III

 

COMPLEMENTARY NORMS
FOR RURAL DEVELOPMENT

 

Article 12.- The
Territorial Rural Development Plans (PDRT): The PDRTs shall be essential
instruments for both territorial rural development at the national level and the
execution of public policies for territorial development. In addition
to the contents they must have, established by other
regulations, they must primarily meet the following
characteristics:

a) The PDRT approved in the Assembly of the
CTDRs must have a horizon of no less than five years that generates guiding
criteria for the initiatives and investments of economic, social, and institutional
actors. This constitutes the framework document for the
formulation of operational strategies and the coparticipation of civil society
and the public and private sectors. It must correspond with the PND,
as well as with the Regional Development Plan and the Cantonal Plans for
Local Human Development, or any other similar planning instrument.

b) The PDRTs shall fulfill the objectives of
rural development contemplated in Article 5 of Law 9036 and must cover
the five axes into which their content can be grouped, which are: 1)
Economic; 2) Social; 3) Cultural; 4) Political-institutional; 5) Environmental.

c) The PDRTs
shall specify the policies, priorities, objectives, indicators, and
actions that will drive the increase in productivity and competitiveness,
among others, as measures aimed at reactivating territorial economies and
the human development of their inhabitants. Likewise,
they must include the estimations of budgetary resources and the
execution mechanisms, deconcentrating institutional management
and the provision of timely and quality services to the territorial level, to which
all people in the territories have equitable access.

 

 Article record

Article 13.-
Attention to vulnerable groups: When there are groups or unorganized
persons in the rural territories, the Inder shall facilitate their participation by organizing
and training them to achieve their empowerment and have representation in the
assemblies of the CTDRs. Furthermore, to strengthen their participation, the Inder may
request the accompaniment of these groups by human rights
defender agencies and public entities with related competencies.

 

 Article record

Article 14.- The
monitoring and evaluation indicators of the PDRTs: Each CTDR, with the
support of the Inder, and generally adhering to what the National Evaluation System
dictates, must design the indicators for monitoring and evaluating the
PDRT, both process and outcome indicators, as well as management indicators that,
using the criteria and rules of science and technique, must be
built locally, based on the general objective and the specific
objectives established in the plan and the projects, in order to carry out
the monitoring of the actions and their impact.

 

 Article record

Article 15.-
Formalization of cooperation agreements between private sector actors: The persons and
private organizations that, in the formulation of the PDRTs, commit to
making some type of contribution or to carrying out a program or project within the
same, must ratify it through a contract, agreement, or alliance. Said
document may be signed individually or collectively, previously
endorsed by the CTDR.

 

 Article record

Article 16.- The
Agreements (Convenios):
The Inder shall promote the signing of Agreements between the CTDRs and public and private entities that assume concrete commitments for the execution of the
PDRTs, always in accordance with the provisions of the Comptroller General of the
Republic. In the case of public entities, once they have the
respective approvals or authorization if required, existing
legal forms such as contracts, agreements, and alliances may be used.

 

 Article record

CHAPTER IV

 

FORMATION OF THE
TECHNICAL SECRETARIAT OF THE INSTITUTE

OF RURAL DEVELOPMENT

 

Article 17.- The
Technical Secretariat for Rural Development of the Inder: The Technical
Secretariat for Rural Development of the Inder shall be an administrative unit
for knowledge, analysis, and foresight in the area of territorial rural
development. It is established based on Article 78 of Law 9036, as an
instance attached to the Executive Presidency of the Inder, responsible for supporting
the decision-making and planning processes related to territorial rural
development.

 

 Article record

Article 18.-
Formation of the Technical Secretariat: The Technical Secretariat, for the fulfillment
of the functions according to Article 79 of the Inder Law, shall be composed of
professionals from different fields in order to carry out the following processes:

 

a) Research and
promotion of the PDRTs: Generate, collect, systematize, and disseminate strategic
information to guide the policies, plans, programs,
projects, and actions - in the short, medium, and long term - that are adopted
and implemented according to the demands from the CTDRs.

b) Coordination and articulation for
rural development: Promote the coordination of strategic allies, among the
various institutions and local, national, and international organizations
with a focus on territorial rural development. Responsible for promoting
articulation through dissemination networks with researchers, specialists, and
technicians from different areas of territorial activity, who present themselves as
generators of information and, in turn, provide an analysis on the economic,
social, cultural, political-institutional, and environmental dimensions, in association with
the main development indices of the territories; that allow improving
the living conditions of the most disadvantaged social groups such as youth,
women, older adults, persons with disabilities, ethnic minorities, or
any other social sector at risk of exclusion.

c) Monitoring, evaluation, and follow-up of
rural development: analyze the impact of public-institutional and
private management on the policies, plans, programs, projects, and actions generated
from the territories; to improve the processes executed according to the PDRTs, in
accordance with the periods carried out from institutional activity.

 

 Article record

Article 19.- Support
of the Secretariat to other offices of the Inder: For the effective fulfillment of its
functions, the Technical Secretariat shall coordinate the processes under its charge with the
Rural Development Fund, Land Fund, and any other instance of the
Inder, as the case may be.

 

 Article record

TITLE II

 

LAND AND RURAL DEVELOPMENT FUNDS

 

CHAPTER I

 

GENERAL PROVISIONS

 

Article 20.-
Regulation of the Funds: Based on Articles 38 and 39 of Law
9036, where the Land Fund and the Rural Development Fund are created, the Funds
are regulated to promote the comprehensive development of rural territories.

 

 Article record

Article 21.-
Operational Plans of the Land Fund and the Rural Development Fund: The Operational Plans
of the Land Fund and the Rural Development Fund must be
drawn up based on the purposes and objectives of Law 9036, and shall respond
primarily to the priorities identified in the PDRTs, in accordance
with the Public Policies for territorial development.

 

 Article record

Article 22.- Scope
of action:
The Land Fund and the Rural Development Fund shall operate in the rural
territories, with priority given to those of greatest social and economic lag; according
to the stipulations of Article 5, subsection b) of Law 9036.

 

 Article record

Article 23.-
Resources: The administration of the resources of the Land Fund and the
Rural Development Fund, assigned through Articles 43 and 77 of Law
9036, shall be managed as specific resources aimed at satisfying the
objectives of the Inder Law, identifying and addressing priority
needs, and administering the resources in accordance with the principles of
legality, effectiveness, economy, and efficiency.

The resource allocation may be expanded
through agreements or strategic alliances with public or private institutions
that promote and support micro, small, and medium-sized enterprises,
individual or collective, natural or legal persons, that have development
funds and resources from international cooperation, in
coordination with MIDEPLAN.

 

 Article record

Article 24.- Organization of the Funds: The Land Fund and the Rural Development Fund
shall have the administrative, technical, and operational support units, at
the central and territorial level, that allow them to operate and execute the programs
under their charge, prepare the general guidelines, and propose to the Board
of Directors:

 

a) The operating and
functioning regulations regarding land and rural development;

b) Recommendations for the programmatic
budgetary exercise, as well as the strategic plans for the medium and
long term;

c) The allocation of resources for the
regions and their respective territories, based mainly on the plans
prioritized by the CTDRs;

d) Recommend the creation of trusts.

The policies issued by the Board
of Directors, within its competencies and in the scope of each of these
funds, shall be mandatory.

 

 

 Article record

Article 25.-
Services of the Funds: To fulfill their objectives, the Land Fund
and the Rural Development Fund shall provide the services established in
Article 39 of Law 9036, which satisfy the purposes set forth therein.

The Land Fund will recommend to the Board of Directors the acquisition, allocation, lease, encumbrance, donation, and disposal of land-related assets. The Rural Development Fund may acquire goods and services that complement and promote the comprehensive development of rural territories.

 

 Article record

Article 26.— On trusts:
Inder, in accordance with the provisions of Article 16, subsection c) and Article 39, subsection d) of Law 9036, may establish trusts whose objective will be the fulfillment of the purposes of the Law.

The Board of Directors of Inder will determine the sources of financing for the trust and may include among them: the Institution's ordinary budget, sale of Inder movable and immovable assets assigned to the trust, donations and transfers of any kind made in its favor by natural persons, legal entities, public or private entities, and national and international organizations, as well as resources generated from investments and loan recovery (principal, interest, or others).

In the event that the Institute acts as trustor, only banks of the National Banking System and the Banco Popular y de Desarrollo Comunal may be constituted as trustees, which may be selected through a competitive bidding process (Proceso Concursal) as they are public-law entities. The Board of Directors of Inder shall approve the contract, which will define the details of the trust and the responsibilities of Inder, as trustor or beneficiary as applicable, and of the Bank as trustee.

 

 Article record

CHAPTER II

 

GENERAL PROCEDURES FOR THE SELECTION OF BENEFICIARIES

 

Article 27.— On the suitability of beneficiaries: The suitability of subjects who may be beneficiaries of the scope of Law 9036, in the Land and Rural Development Funds, based on Article 2 in relation to Article 46, subsection c) of Law 9036, shall be determined through a technical selection study carried out by Inder's specialized bodies, composed of officials accredited and trained by the Land and Rural Development Funds as applicable and in accordance with the provisions of this Regulation.

For this purpose, in application of Law 8220, a single administrative file shall be compiled with all pertinent documentation, duly identified, paginated, complete, and in strict chronological order.

The requirements for the technical selection study process, indicated in article 29 of this Regulation, must be disclosed and available for consultation through the means the Institution provides.

 

 

 Article record

Article 28.— Micro, small, and medium producer: For the purposes of Law 9036, the following are the requirements that natural persons must meet to be beneficiaries of Inder's programs:

 

a. Micro producer: Develops or plans to develop a productive activity for self-consumption and sale of surpluses sporadically or continuously in the market, applying or not a minimal transformation to the product generated. Uses only family labor; additionally, the gross monthly income of the family unit generated must not exceed the equivalent of three minimum wages of an unskilled worker.

b. Small producer: Develops or plans to develop a productive activity on a constant basis. Markets the majority of the production, with or without transformation, to the domestic market. Has a growing participation in the market. Uses family labor but hires labor for specific activities; additionally, the gross monthly income generated must not exceed the equivalent of five minimum wages of an unskilled worker.

c. Medium producer: Develops or plans to develop a productive activity of a permanent nature, marketing the majority of the production, with or without transformation, for the domestic or international market, with growing participation in the market. Hires labor and services on a regular basis for specific activities; additionally, the gross monthly income generated must not exceed the equivalent of thirteen minimum wages of an unskilled worker.

The minimum wage for the unskilled worker cited above and taken as an economic parameter to define the above categories shall be the one set by the National Wage Council (Consejo Nacional de Salarios), which is periodically issued by Executive Decree (Decreto Ejecutivo).

The criteria used above to define the categories of micro, small, and medium producer, without considering the subjective aspect insofar as it exclusively concerns natural persons, shall be the same to define, in order, the micro and small rural enterprise referred to in subsection c) of Article 75 of Law 9036.

 

 Article record

Article 29.— Requirements for technical selection studies for applicants: To apply the suitability study, the following documents shall be attached as support for the information provided in the technical study form for the selection of persons to benefit, approved by the Board of Directors:

 

A. For Natural Persons:

1) Photocopy of the identity card or permanent residence card, valid and free of conditions, both sides, of the applicant and their partner if any.

2) Registry report from the National Registry of Property (Registro Nacional de la Propiedad, RNP) in the name of the applicant and their partner if any, and children who are economically dependent on the applicant, indicating whether they possess registered movable or immovable property. Said study shall be provided by the respective body of the Territorial Office in charge of the process, in compliance with Law 8220.

3) Consultation to the Civil Registry system in the name of the applicant and their partner if any, to prove their marital status. Said study shall be provided by the respective body of the Territorial Office in charge of the process, in compliance with Law 8220. Applicants born before 1951 and foreigners must provide a certification from the Civil Registry; additionally, in the case of residents, they must also provide the marital status certification from their country of origin.

4) Certificates of the applicant's relationship with the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS) establishing whether they are an employer, a salaried contributor, a voluntary contributor, or if they receive pension income; for all cases, the salary details for at least the last six months must be included.

5) If they have no relationship with the CCSS, the applicant must sign a formal declaration before the Institute, or by means of an authentic document issued by a Certified Public Accountant, of the gross income they receive and where it comes from. Examples: salaried worker, day laborer, small producer; with the technician making the pertinent inquiries to verify the information through the means permitted by law.

6) Formal declaration, before the Institute or by notarized document, regarding the ownership or tenure of registered or unregistered immovable property held directly or indirectly, both within the national territory and abroad, and the use being made of it, with the technician making the pertinent inquiries to verify the information through the means permitted by law. It shall be understood that they possess directly if they have immovable property when it so appears in the Public Registries or in formal declarations before the Municipalities of the country. Indirect tenure shall also be understood when members of their family unit possess such property, registered or not, or when possession or tenure derives from a precarious title such as a lease, a usufruct (usufructo), a commodatum (comodato), sharecropping (aparcería), or any other system of holding immovable property.

7) Statement of account status of obligations with Inder, which shall be provided by this Institute in compliance with Law 8220.

 

B. For Legal Entities:

1) Certification of the valid legal status issued no more than three months prior, provided it states that the validity of the appointment coincides with that period.

2) Certification of the composition of the organization indicating the members that comprise it and their legal qualifications, issued by the internal body empowered to do so.

3) Copy of the identity card of the legal representative.

4) Registry report from the RNP in the name of the legal entity, indicating whether they possess registered movable or immovable property. Said study shall be provided by the respective body of the Territorial Office in charge of the process, in compliance with Law 8220.

5) Statement of account status of obligations with the Institute, which shall be provided by this Institute in compliance with Law 8220.

6) Formal declaration by its representative, before the Institute or by notarized document, regarding the ownership or tenure of registered or unregistered immovable property held directly or indirectly, both within the national territory and abroad, and the use being made of it, with the technician making the pertinent inquiries to verify the information through the means permitted by law. It shall be understood that they possess directly if they have immovable property when it so appears in the Public Registries or in formal declarations before the Municipalities of the country. Indirect tenure shall also be understood when members of the organization possess such property, registered or not, or when possession or tenure derives from a precarious title such as a lease, a usufruct, a commodatum, sharecropping, or any other system of holding immovable property.

 

 Article record

Article 30.— Omission of requirements: In the event that the technician responsible for conducting the suitability study finds missing requirements, they shall notify the interested party once and in writing so that within a period of ten business days counted from its notification, they remedy the omissions, except for requirements or documents which, by their nature or due to the entity that must issue them, cannot be obtained within said period. In such case, the interested party must effectively demonstrate this circumstance. Such situation suspends the study process for the period expressed in the proof document that the interested party must provide. Once the granted period expires without the applicant having remedied the requirements, the respective Territorial Office shall proceed to archive the proceeding without further action and without prejudice to the rights corresponding to the interested party.

 

 

 Article record

Article 31.— Ranges for the declaration of suitability: The forms for the technical study for the selection of persons to benefit shall use a score according to the suitability of the applicant. They must also contain the social and technical variables, for both natural and legal persons, established in this Regulation. The project beneficiaries will be selected in order of priority from highest to lowest according to their suitability score. The following scale shall be applied:

 

| Suitability Range | Score (Points) |
| --- | --- |
| Highly suitable | 90 to 100 |
| Moderate suitability | 80 to 89 |
| Low suitability | 60 to 79 |
| Inconsistent suitability | 0 to 59 |

 

 

 

 

 Article record

Article 32.— Declaration of beneficiary: The natural person or non-profit legal entity that meets the requirements of Law No. 9036 and falls within a range of low to high suitability to execute the proposed project shall receive a positive recommendation to be declared a beneficiary of the Land Fund and the Rural Development Fund. Those beneficiaries who fall within the low suitability range must be provided the technical support and training required by the project sponsors, with the purpose of contributing to the process of generating human capacities, as contained in Article 3, subsection h, and Article 4, subsection f) of Law 9036, in a manner that allows them to develop the project effectively and efficiently.

 

 Article record

Article 33.— Exceptions to the suitability study: The procedure of the suitability resolution study is excepted when dealing with State institutions or projects for the development of social and/or communal good.

 

 Article record

Article 34.— Productive or service project: The suitability study shall include a productive or service project, addressing the purposes and objectives of Law 9036 and the priorities established in the PDRT, analyzed and recommended by the Territorial Directorate, and by the Land Fund or the Rural Development Fund, as applicable.

 

 Article record

Article 35.— Appeals:
The Territorial Office shall be responsible for notifying each applicant in writing, at the place designated for this purpose, of the decision agreed by the Board of Directors, within a period not exceeding fifteen business days from receipt of the agreement. Applicants may appeal the decision of the Board of Directors before the Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario) within a maximum period of five business days after its notification, which may be filed at any office of the Institute, within the mentioned period.

 

 Article record

Article 36.— Postponement of the project: In the event that the approved project is postponed for a duly justified cause, once reactivated, it may be verified, in case of doubt, that the subjects with a declaration of suitability (idoneidad) have not changed their situation to a status that would cause them to lose that condition, when more than two years have elapsed since the suspension.

 

 

 Article record

 

CHAPTER III

THE LAND FUND

SECTION I

GENERAL PROVISIONS

 

Article 37.— On the regulation of the Fund:
Based on Article 40 of Law 9036, the Land Fund is created for the regulation, acquisition, titling, allocation, and control of lands acquired by Inder.

 

 Article record

SECTION II

LAND ALLOCATION MODELS

 

Article 38.— Land allocation and PDRT: Pursuant to Article 45 of Law 9036, any request for land allocation (asignación) or lease by potential beneficiaries must refer to a project in line with the PDRT of the respective territory, for which a brief reference to it must be noted or attached. If the applicant does not have the resources for the technical selection and development of the project, they may request support from Inder, which may provide it directly, through its specialists or by contracting professional services for that purpose, or indirectly, by coordinating for this purpose with another public institution, NGO, international organization, or public and private universities, entities with which Inder may enter into agreements for the development of projects. This is regardless of the projects developed by Inder.

 

 Article record

Article 39.— Requirements for land allocation: The Institute may allocate land to natural persons and legal entities, the latter being non-profit, who have immovable property in their name, when the applicant demonstrates a lack of a suitable or sufficient property for the project they intend to develop.

The determination of whether or not the land is sufficient must be made in the suitability study.

For all cases of land allocation, under any modality, the classification from MINAE must be available indicating that the property to be allocated is located outside the areas considered State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), or any other area under its administration, as well as the studies referred to in Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT regarding the use, management, and conservation of soils.

 

 Article record

Article 40.— Stages for Land Allocation: Land allocation must comply successively and in the order established herein, with the following stages:

a) Declaration of suitability (idoneidad) of the beneficiaries: for which the corresponding technical studies and preparatory acts established by the Board of Directors must previously be completed;

b) Allocation agreement for the corresponding property: which must be adopted by the Board of Directors, must comply with the provisions of Articles 46 and 60 of Law 9036, and be preceded and grounded in all preparatory acts that are legally and technically necessary to issue said act.

All of this without prejudice to the Board of Directors, with technical justification, resolving in a single act the matters corresponding to stages a) and b) described above.

 

 Article record

Article 41.— Social and technical parameters of the project and the applicant for individual land allocation: For the individual land allocation to natural persons, Inder shall take into account the following basic parameters:

 

a) Social:

i) That the female applicant or applicants have the status of female heads of household, or are in a state of social and economic vulnerability due to violence, abandonment, or widowhood, according to the social technical study that Inder must conduct.

ii) That they are young persons, indigenous persons, persons with disabilities, or older adults.

iii) Family composition of the applicant.

The above-listed parameters shall be applied in the order previously established for the purpose of carrying out the corresponding land allocation.

 

b) Technical: Both micro, small, or medium producers must meet the following technical parameters:

i) Feasibility of the proposed project for which the allocation of the property is requested, consisting of the productive potential and, consequently, the potential for positive cash flow, projected under financial and technical, agronomic, commercial, or other criteria, which the project analyses must report, implying market analysis, costs, and prices to be obtained.

ii) Alignment of the proposed project with the PDRT and purposes of Law 9036.

iii) The financial and operational possibilities of Inder to finance it and, where applicable, the level of co-financing from sources other than Inder that are proposed.

iv) Experience in projects, as their owner or employee, or the training possibilities that subsequently allow the beneficiaries to carry out their realization, management, and handling.

 

 Article record

SECTION III

 

ALLOCATION BY ASSIGNMENT

 

Article 42.— Allocation by assignment: for the case of allocation by assignment (dotación por asignación), a lease agreement shall be signed between Inder and the assignee, which must contain: the term (three years), description of the project to be developed, complete description of the property, with the updated value of the property, area, boundaries, plan number if available, parcel number if it is individually registered, the limitations and obligations imposed, and other conditions indicated in Law 9036.

When the assignee has satisfactorily met the obligations of the trial period, the property transfer agreement must be formalized in favor of the beneficiary, which will give rise to the subsequent consolidation of their property right. This shall be a duration contract, which will be perfected upon fulfillment of the limitations and conditions to which the beneficiary will be subject for a period of fifteen years, counted from the administrative act of property allocation, provided that all of the beneficiary's obligations to Inder are settled.

 

 Article record

SECTION IV

ALLOCATION BY LEASE

 

Article 43.— Allocation by Lease: For the purposes of applying sections III and IV of Chapter IV of Law 9036, a lease (arrendamiento) shall be understood as the agreement signed between Inder and a natural person or legal entity, the latter non-profit, by virtue of which Inder grants for a specific term the right of use and enjoyment of an immovable property to that party, and, in turn, the natural person or legal entity undertakes to develop the specific activity or activities for which said property is granted to them and to pay the fee (canon) set by Inder.

 

 

 Article record

Article 44.— Fee:
The lease fee (canon de arrendamiento) during the trial period shall remain fixed for the entire period, with the exception of a review in the event of a force majeure or fortuitous event affecting the operation of the enterprise, or temporary market problems.

For the case of lease as an allocation model in accordance with Articles 50 to 57 of Law 9036, it shall be reviewed and updated annually through technical studies conducted by the Land Fund; it may be increased or decreased, according to the situation of each project. In special, duly justified cases, through technical studies, in the event of factors affecting the operation of the enterprise, the fee amount may be reviewed before the year is completed.

For both cases, in the case of the lease during the trial period, the annual fee amount to be paid shall be determined as follows:

 

Fee = (I x V) x ha

Where:

I: Calculation factor established as: 0.25%.

V: Updated value of the land purchase cost brought to present value, established per hectare.

ha: Number of hectares to lease.

 

 Article record

SECTION V

ALLOCATION OF LOTS IN POPULATION CENTERS.

 

Article 45.— On population centers: Addressing the powers provided in Article 63 of Law 9036, the Institute shall promote, with its own resources or in coordination with other Institutions, the formation of population centers (centros de población), through the acquisition or recovery of lands for this specific purpose in rural territories, as well as the development of the necessary infrastructure and services.

 

 Article record

Article 46.— Requirements for the lot allocation project: The conditions that a lot allocation project in population centers must meet are:

 

1. That the allocation is linked to the projects to be developed or developed in the rural territory, implemented by Inder or incorporated in the PDRT; additionally, it must have the approval of the Land and Rural Development Funds.

2. That it has the sources of financing and support required for the provision of infrastructure and necessary services provided by the institutions indicated in Article 65 of Law 9036.

 

 Article record

Article 47.— Requirements for applicants: When the Institute promotes the allocation of lots for housing, the requirements for persons to be selected for this type of project shall be those established in Article 29 of this Regulation, to the extent applicable to the natural person, in addition to the following:

 

1. Not having any property, registered or not, in their name, or if they have one, that it is not suitable for the intended use.

2. The economic income of the applicant(s) for a housing lot must not exceed the equivalent of five minimum wages of an unskilled worker, as established by the Ministry of Labor and Social Security each semester.

3. Must demonstrate rootedness (arraigo) in the rural territory, by any of the following means: a) public or private entities, b) social or communal organizations, c) employer certification, d) testimonies from local acquaintances.

4. When dealing with lots in population centers for other services that favor territorial development, and which, due to their specialty, cannot be framed within the beneficiary parameters of Inder's traditional land allocation, they shall be sold directly in accordance with Article 183 of Law 2825.

5. In housing lot projects, Inder shall grant property titles (títulos de propiedad) to the beneficiaries in an agile manner, with the purpose of facilitating access to housing services and credit, without a trial period intervening.

 

 Article record

Article 48.— Prioritization in lot allocation projects: The lot allocation project in population centers shall address the priorities established in the PDRT, and shall be analyzed and recommended by the Territorial Directorate to the Development Fund and the Land Fund, who shall submit it, with their recommendation, to the Board of Directors, so that the allocation and transfer of the plots can be approved.

 

 Article record

Article 49.— Notification of resolutions: Regarding appeals to resolutions linked to lot allocation, the provisions of Article 35 of this Regulation shall apply.

 

 Article record

Article 50.— Limitations: Persons benefited with the allocation of lots in population centers must adhere to the conditions established by Inder. For all cases of lot allocation, the limitations established in Article 66 and the grounds of Article 67 of Law 9036 shall be imposed, as well as the restrictions and conditions established in Article 176 of Law 2825, and other applicable legal restrictions.

 

 

 Article record

SECTION VI

LAND OVERSIGHT AND REVOCATION OF RIGHTS

 

Article 51.— On field inspections: Inder must conduct periodic inspections on the properties that are part of the Land Fund, to verify that their tenure and use are consistent with the purposes of Law 2825 or Law 9036 and that the legal and contractual obligations assumed by the assignees or lessees, as applicable, are met.

The official carrying out land oversight functions, in accordance with subsection f) of Article 17 of Law 9036, and Article 97 of Law 2825, shall have the right to enter the properties to conduct the corresponding field inspections (inspecciones de campo), without the need for prior notice. They may use any equipment that can assist them with their report, such as photographic cameras, GPS, and if necessary, they shall be accompanied by the Public Force (Fuerza Pública) during the field inspection.

 

 Article record

Article 52.— Revocation of right: If the beneficiary does not comply with the plan established for the execution of the project and provided they do not demonstrate the existence of justified causes for the delay or that prevent the start of construction, the Institute shall initiate the procedure for the revocation of the right and recovery of the property. This condition must be contained within the property title (título de propiedad) granted to them.

 

 Article record

Article 53.— Initiation of procedure: If the Territorial Office decides to request the initiation of the procedure to declare the termination of the land allocation contract for non-compliance, as a result of the Oversight (Fiscalización), a file shall be compiled with the pertinent documentation and forwarded to the respective legal advisory office together with the request to initiate the procedure.

 

 

 Article record

SECTION VII

PROCEDURE FOR THE RESOLUTION OF THE LAND ALLOCATION CONTRACT.

 

Article 54.— Citizen oversight: In application of the principle of transparency of public action referred to in subsection i) of Article 4 of Law 9036 and the social function of property and the right to development of the territories, compliance with the land allocation contract in any of its modalities is subject to citizen oversight (fiscalización ciudadana), so any person may petition the Regional Legal Advisory Office to initiate the procedure for the resolution of the contract and shall have the right to be considered an interested party or act as an auxiliary to the administration in this proceeding, for which the complainant must express their intention at the time of filing the petition, which must meet all the requirements and formalities established in Articles 275 and following of the LGAP.

In such a case, the Regional Legal Advisory Office, prior to deciding on the initiation of the procedure, shall transfer the complaint to the Territorial Office and grant a period of up to 2 months for it to carry out the land oversight actions and issue a report on the reported facts.

 

 

 Article record

Article 55.— Dismissal of petition: Should the Territorial Legal Advisory Office consider that it is not feasible to initiate the procedure because the petition is impertinent or it is evident that the attributed facts do not correspond to any of the grounds for non-compliance with the land allocation contract, in accordance with the provisions of Law 9036 or, where applicable, Law 2825, their regulations, and the clauses of the respective lease or assignment contract, it shall issue a reasoned resolution dismissing the cause without further action. This resolution must be approved by the Territorial Directorate and shall have the remedy of appeal before the Agrarian Tribunal in accordance with the provisions of Article 292, subsection 3) of the LGAP in relation to Article 69 of Law 9036.



Article 56.—Commencement of the procedure: The initial resolution shall be deemed to have been filed and shall declare the commencement of the procedure for the termination (resolución) of the respective land grant contract, whether in the modality of lease (arrendamiento) or allocation (asignación), which shall be governed by the principles of the ordinary procedure of the LGAP, with the exception of the provisions established by Articles 56 and 69 of Law 9036, and the special provisions of these regulations.

 Ficha articulo

Article 57.—Final resolution: The final resolution declaring the breach of the land grant contract in any of its modalities of lease or allocation, in addition to revoking or invalidating the agreement authorizing the contract or the allocation of the property, shall declare the termination of the contract and the extinguishment of the rights derived therefrom and, if applicable, shall annul the title of ownership over the property in favor of the allocated person.

It shall also order the eviction (desalojo) of the administered party and any unauthorized third party illegally found on the property, the performance of the appraisal (avalúo) of improvements (mejoras) to be paid in accordance with the provisions of Articles 56 or 70 of Law 9036, the liquidation for the collection of damages, which must be determined within the same procedure, and outstanding balances when applicable, and the return of what was paid for the purchase of the land deducting the cost or the benefit obtained from the use of the land.

 Ficha articulo

Article 58.—Exhorto (Exhorto): In the event a title of ownership exists, the Territorial Directorate shall prepare and send the respective exhorto, requesting the RNP to revert the property to the Institute. In the event that the revocation or annulment of title pertains only to the right to the property, the Registry shall be requested via exhorto to register the same in favor of the remaining allocated persons, proportionally increasing their respective rights.

 Ficha articulo

Article 59.—Payment of improvements (mejoras): Once the amount to be paid for improvements is approved by the Board of Directors, the interested parties shall be notified at the indicated place or means, and the same agreement shall order the respective payment for existing improvements to be made according to the appraisal and after deducting the amount liquidated in favor of the institution. Resolution of the Board of Directors may be appealed before the Agrarian Tribunal within a period of days following notification. Should a balance remain in favor of the institution, the certification thereof shall constitute an executory title for its collection in accordance with the provisions of Article 149 of the LGAP.

 Ficha articulo

Article 60.—Death of the allocated person: In the event a termination procedure is initiated for a land grant contract under the allocation modality and the administration verifies that one or more allocated persons have died, it shall immediately suspend the process, requesting the surviving allocated person or the presumed heirs to present, within a period not exceeding 3 months from the day following receipt of notification, the corresponding certification and a document indicating who the executor is, along with a means or place for this person to receive notifications, the court or notary's office, and the case file number under which the probate proceeding is being processed, under the warning that in case of failure to comply with the request, the Institute shall process the corresponding probate proceeding, in which it shall request the competent judge to appoint an executor to effect proper notification of the contract termination procedure and to represent the interests of the estate in the process.

 Ficha articulo

Article 61.—Death of the lessee: In the event a termination procedure is initiated for a land grant contract under the lease modality and the administration verifies that any of the lessees has died, the process shall continue against the remainder; if all have died, the case shall be archived, and the provisions established in Article 57 of Law 9036 shall apply.

 Ficha articulo

SECTION VIII

ADMINISTRATIVE EVICTION PROCEDURE

Article 62.—Resolution of occupations without title: If, as a result of inspection, it is determined that there are persons occupying Institute lands without a title granted by the administration, the procedure shall be as follows:

A. If the occupation is less than one year, the order of lanzamiento shall be processed.

B. If the occupation is more than one year but less than ten, the respective study shall be conducted to determine their suitability for land grants.

C. If the occupation is greater than 10 years, it shall be subject to the land regularization studies in accordance with Article 76 and subsequent articles of these Regulations.

If it is determined that the person has been occupying for less than one year, they must be warned of the illegality through the legal intimations by which they shall be advised that they must refrain from introducing improvements other than those existing at the time of notification, and if they do not vacate voluntarily, eviction shall proceed with police assistance.

In the case of those who have been in possession for more than one year, and the suitability study results are negative, they shall be notified of this situation, and in the same notification, warnings shall be given to refrain from introducing other improvements beyond those existing at the time of notification and in accordance with the provisions established in the appraisal, which must already be included in the case file. In the case of persons claiming more than 10 years of possession, the provisions established by these regulations in the chapter referring to regulations for Article 85 of Law 9036 shall apply.

 Ficha articulo

Article 63.—Eviction by execution of resolution: When eviction processes result from the completion of the land grant contract termination process, it shall suffice that the notification of the final resolution of the procedure is final (en firme) to proceed with the lanzamiento of those occupying the property.

 Ficha articulo

Article 64.—Occupations of less than 3 months: The procedure established in this chapter shall not be necessary when, on properties owned by the Institute, the illegal occupation is less than 3 months, in which case the immediate lanzamiento with the Public Force must be requested.

 Ficha articulo

SECTION IX

PERMITS AND RESIGNATION

Article 65.—Permits: In the event that the inability to attend to the property is temporary, the allocated or lessee persons must submit a permit application to the corresponding Territorial Office with a well-founded justification, so that the office may grant it through the respective territorial leadership, in cases where it is appropriate.

The initial permit may be granted for a period of up to 3 months, which may be extended, provided this is technically justified by the institution, considering the nature of the situation giving rise to and motivating the permit request, so that the Inder, in turn, may take the necessary precautions regarding the agrarian inspection of the property.

There may even be authorization for a third party to work the property, subject to a prior study by the territorial office, for a period of up to three months, extendable, and under the responsibility of the beneficiary.

 Ficha articulo

Article 66.—Once the causes that motivated the temporary permit are extinguished: the allocated or lessee persons must return to the property and continue its exploitation or use. If they fail to do so without a valid justification, the Territorial Office shall proceed to initiate the respective termination procedure for the land grant contract.

In the event that the cause that motivated the permit is permanent, the beneficiary must resign the right and return the property to the institution.

 Ficha articulo

Article 67.—Resignations: Upon presentation of a resignation from the grant, the territorial office shall verify the causes, and it may be accepted by reasoned resolution of the regional director. If the resigning parties claim the existence of improvements introduced by them, these shall be valued by the Institution for recognition and payment purposes, after estimating the amounts determined in favor of the institute, the allocated person, or a third-party creditor authorized by the Institute, for land and financing.

 Ficha articulo

Article 68.—Unjustified resignation: In the event of a voluntary, unjustified resignation from the grant, or from the continuation of the project, without sufficient motivation, the Institute may not accept it. Instead, studies shall be conducted by the territorial offices to verify the existence of obligations contracted with third-party creditors duly authorized by the Inder and with guarantees on the property, equipment, or crops.

 Ficha articulo

Article 69.—Recognition of improvements: For the purposes of the preceding article, the procedure shall be as follows:

a) If it involves a debt with the Inder, and the amount owed exceeds the amount payable for improvements, the certification of the balance shall constitute an executory title for its respective collection, in accordance with Article 17, subsection b) of Law 9036.

b) In the event the debt is with a third party and has been duly authorized by the Institute, the respective portion of the payment for improvements shall be made in favor of the creditor, and if a balance remains on that debt, the Inder shall seek an agreement with the creditor to release the property or the encumbrance of the guarantee, without prejudice to applying the provisions set forth in the final paragraph of Article 67 of the Inder Law.

 Ficha articulo

Article 70.—In the event a title of ownership exists: the Regional Directorate shall prepare and send the respective exhorto, requesting the RNP to revert the property to the Institute. In the event that the resignation pertains only to the right to the property, the RNP shall be requested via exhorto to register the same in favor of the remaining allocated persons, proportionally increasing their respective rights.

 Ficha articulo

SECTION X

TRANSFERS AND SEGREGATIONS IN THE ALLOCATION CONTRACT

Article 71.—Authorization of transfers: In individual or collective allocation contracts during the trial period, the assignment of contract rights or the transfer of the property or its improvements shall not be authorized, with the exception of the provisions established in Articles 68 and 70 of Law 9036.

 Ficha articulo

Article 72.—The request for authorization of transfer or segregation: The request and its respective documentation must be submitted to the corresponding territorial office for processing and resolution before the Board of Directors. For segregations, the corresponding plan must be provided, and for transfers, the acquirer must comply with the requirements of Article 46 of Law 9036.

 Ficha articulo

Article 73.—Recourse: An appeal for reconsideration (recurso de revocatoria) may be filed against the Board of Directors' agreement denying the request. The appeal must be filed at any office of the Institute, which shall forward it to the Board of Directors within a maximum period of five business days.

 Ficha articulo

Article 74.—Validity of the agreement: The agreement authorizing the transfer shall be valid for one year; if this period elapses without the transfer being executed, the parties must complete the entire authorization process again. This circumstance, in accordance with the provisions of Article 145 of the LGAP, must be recorded in the corresponding agreement.

 Ficha articulo

Article 75.—Refrendo (Refrendo). Once the transfer or segregation is authorized, the interested parties must submit the first testimonial copy (original and one copy) to the Regional Directorate to obtain the respective refrendo for the purposes of Decreto Ejecutivo 5820-G of February 24, 1976. Said refrendo, after review by the Regional Legal Advisory, shall be signed by the Regional Director, who shall be the official authorized for such purposes.

 Ficha articulo

SECTION XI

CONVALIDATION OF PUBLIC PROPERTY ADJUDICATION PROCEDURES, TITLING, AND REGISTRY INSCRIPTION

Article 76.—Definition: The convalidation (convalidación) of public property adjudication procedures, titling, and inscription in the RNP shall consist of achieving compatibility between the registry reality and the material reality of the properties indicated in subsections a), b), c), and e) of Article 85 of Law 9036, and performing all necessary administrative and registry actions to achieve the affirmation, perfection, and consolidation of the right of ownership in favor of the Inder and the public and private subjects to whom the former has adjudicated or transferred real estate, in accordance with the Law and its competencies, or in whose favor it must adjudicate, title, and register them in the RNP.

 Ficha articulo

Article 77.—Purpose: In accordance with Article 85 of Law 9036 and the preceding article, the Inder must bring into compliance and register in the RNP the ownership of the lands and real estate indicated below:

a) Regularize and bring into compliance through their inscription in the RNP, in favor of their current possessors, the properties acquired with the resources established by subsection c) of Article 3 of Law N° 5662 and its amendments.

b) Regularize the ownership of properties acquired with the resources of the aforementioned Law, destined for public or private entities, the latter being non-profit and of community benefit.

c) Regularize the ownership of a single property (predio), understood as that productive unit which may or may not be subdivided by contiguous areas due to the existence of natural geographical elements or public roads, located within a settlement (asentamiento) registered in the name of the Institute, occupied by nationals or foreigners with residency in the country, who demonstrate possession exercised personally, uninterruptedly, and as owner for more than ten years prior to the entry into force of Law 9036.

The ownership of the preceding properties may be validated in favor of the indicated subjects, provided that the provisions established in the following articles are complied with and that there are no administrative claims against the Inder from third parties, or ongoing judicial proceedings against the Inder, or between the subjects who would be beneficiaries of the norm and third parties, regarding said properties, unless a conciliation is reached within said proceedings aimed at utilizing the convalidation mechanism provided herein.

 Ficha articulo

Article 78.—Procedure: The convalidation of the different scenarios established in the preceding article shall be carried out through a technical-legal procedure, aimed at perfecting and regularizing the right of ownership, so that henceforth compatibility and correspondence exist between the registry, cadastral, and material reality, concerning the physical identification of the property, determining its correct shape, dimensions, perimetric measurements, and ownership. Likewise, it includes the inscription and rectification of properties in favor of the Inder, titling, transfer, and inscription in favor of the Institute's private beneficiaries or in favor of public institutions, in accordance with the removal of obstacles for this purpose provided by Law 9036.

The convalidation procedure must encompass all clearance and correction actions for errors, inconsistencies, or inaccuracies in registry information, aimed at ensuring that the real situation of real estate is inscribed in the Real Estate Registry (Registro Inmobiliario), especially in relation to the real rights that the Inder, public entities, and private beneficiaries must hold over these.

The aforementioned technical procedure shall be executed ex officio or at the request of a party, but may vary in terms of the preparatory acts and steps to be taken, depending on the particularities presented by the properties in reality or formality, the administrative acts and legal transactions yet to be completed, due to which such real estate has not been inscribed at all, or has not been inscribed correctly. Both for the application of the regularization procedures established herein and for the execution of grant plans, the Inder, by administrative resolution, once cadastral plans individually identifying each property are available, may carry out the material division or segregation, as applicable, and register each property in its name, for which purpose the resolution must contain all the formalities required by the Registro Nacional de la Propiedad to register real estate.

(Thus amended the preceding paragraph by Article 3 of Decreto Ejecutivo N° 39158 of August 21, 2015, "Declares of Public and National Interest the titling of more than seventeen thousand plots granted to the beneficiaries and adjudicatees of INDER")

 Ficha articulo

Article 79.—Inscription and rectification of lands in the name of the Inder before the Real Estate Registry via exhorto: The Inder may proceed to carry out the corresponding convalidation in the following scenarios:

a) Properties acquired but unregistered: When the Inder has acquired properties that are currently not registered, it may process their inscription in its name in the RNP via exhorto, for which purpose, after a prior study, it shall conduct the corresponding topographic survey and indicate on each plan the legend: "TITULAR INDER".

b) Rectification of areas of acquired properties: The Inder may rectify via exhorto the area of properties acquired by the quantity of area necessary without being subject to the procedures established in Article 14 of the Ley de Informaciones Posesorias, to achieve concordance between the real area and the registered area, so that the portions of lands acquired by said Institute are not left unregistered. For this, the Inder must conduct the corresponding topographic survey, on whose plan the legend shall be indicated: "PARA RECTIFICAR ÁREA".

c) Properties located within estates that were registered, were closed registrally, and were not individualized when required: This scenario covers cases of areas that constitute remnants of estates that were duly registered but were erroneously closed without knowing or considering that all the required individualizations had not been completed. Said areas shall be registered through action with the Executive Branch.

d) Estates that were effectively acquired by the Inder but for which the transfer to the Inder's name has not yet been made effective: This applies because after negotiating the estate, the respective deed was signed, and the corresponding payment was made, all of which is recorded in the administrative file, but the inscription in the RNP was not made effective due to a missing requirement and for reasons beyond the contracting parties and attributable to the authorizing Notary. In this case, the Institute shall proceed to register the estate via the respective exhorto.

e) Inscription of isolated remnants of the same estate: When, after negotiating an estate, the respective deed was signed, and the inscription in the RNP was made effective, but since the registered area was smaller than the actual area on the ground, the corresponding rectification of its area was never made. Subsequently, when successive segregations were made, the current registered area is insufficient to complete the pending segregations; properties that do not necessarily form a single block, so with a view to a mosaic plan showing those properties with their respective areas, the Inder may rectify via exhorto the area of the acquired estates by the quantity of area necessary without being subject to the procedures established in Article 14 of the Ley de Informaciones Posesorias.

f) Estates acquired by the Institution, transferred or not to its name, as a result of the provisions in Transitory IX of Law 7764 "Código Notarial", but which, during the period they were annotated, were registered via Decreto Ejecutivo causing double registration: These correspond to cases where, after negotiating the estate, the respective deed was signed, and the corresponding payment was made, all of which is recorded in the administrative file, but in some cases, while the deed was annotated, the inscription in the Real Estate Registry in favor of the Inder was made effective, and in others, it was not, as a result of the provisions in Transitory IX of Law 7764 "Código Notarial", and during the period they were annotated, those properties were inscribed via Decreto Ejecutivo, which causes double registrations to exist today, some registered in the name of the Inder and others in the name of the sellers. In this case, the request to transfer to the Inder's name the property that subsequently needs to be closed would proceed via exhorto, in accordance with the provisions of Articles 66 and 67 of Law 2825 and Article 17 of Law 9036.

g) Cancellation of estates registered in the name of the Inder via exhorto: This corresponds to cases where, having duly registered estates that constituted a peasant settlement, the settlement design and the inscription of the cadastral plans and their corresponding "Individualization" under the Inder's own name were carried out. However, subsequently, titling was carried out in favor of the beneficiaries, acts in which the authorizing Notary used the same previously cadastral plans but segregated and transferred the properties using the real estate folios from the IDA Titling Programs, a situation that caused double registrations with the same cadastral plan to currently exist; one estate registered in the name of the Inder with its correct chain of title, and the other registered in favor of the beneficiaries, but its chain of title is a "Titling Program". In these cases, the Inder, through an administrative clearance procedure, which shall aim to eliminate the double registration, shall preserve the inscription in favor of the beneficiary, correcting the chain of title of the erroneous titling program and indicating in the registry entry the correct chain of title of the settlement, which shall be requested via exhorto to the RNP.

h) Cancellation of estates registered in the name of the Inder via exhorto: This corresponds to cases where, having duly registered estates that constituted a settlement, plans were drawn up that were cadastralized using the Real Estate Folios of the IDA Titling Programs, segregating the corresponding properties from them; a situation that causes the estates that were acquired to currently have their registered area intact, or in some estates, that area has decreased. In these cases, what is appropriate is to conduct, if necessary, a detailed study of all existing properties within the settlement to determine the properties pending titling; proceeding to draw up the corresponding cadastral plans; individualize those properties in the RNP in the name of the Institute; and then proceed via exhorto to cancel the registry entry corresponding to the parent estate.

The rectifications established in subsections b), c), and e) of this article, as established in subsection e) of Article 85 of Law 9036, shall be made without being subject to the provisions established in Article 14 of the Ley de Informaciones Posesorias.

 Ficha articulo

Article 80.—Other requirements to be met in the inscription and rectification of lands in the name of the Inder: In addition to the requirements established in the preceding article, for all scenarios of inscription or rectification in favor of the Inder, it must comply with the following requirements:

a) Every procedure requested from the RNP by exhorto must contain the following requirements: A file with its respective number, duly prepared, paginated, containing all the background information of the estate or estates involved.

b) The agreement number of the Board of Directors and the date it was adopted, with an indication of its finality, expressly stating that due process was followed, within the processing of the administrative file that gives rise to the corresponding exhorto, indicating the finality of all agreements and resolutions that give rise to its drafting.

c) Updated cadastral and registry studies.

d) The exhorto must comply, where relevant, with the substantive requirements required by the RNP, except those from which the Inder is exempted as a consequence of the Law, and it must cite the publication of the aforementioned notices.

The preceding requirements must also be met by the Inder in any scenario not listed in the preceding Article 79, where it proceeds to rectify the area of its properties without subjection to Article 14 of the Ley de Informaciones Posesorias, in accordance with subsection e) of Article 85 of Law 9036.

 Ficha articulo

Article 81.—Granting of title to individuals over estates acquired with FODESAF resources: For the granting of land titles for these estates to current possessors, the interested individuals, on their own initiative or at the Inder's request, must meet the following requirements:

a) Having a minimum of one year of possession over the corresponding area.

b) Those parceleros who have an allocation shall be exempt from complying with the provisions of the preceding subsection.

c) The Inder must measure and cadastralize the plans of the areas corresponding to each beneficiary, and once the file is ready, issue the act ordering the transfer and inscription in the RNP.

d) When opposition arises, it must be submitted in writing to the Inder, which shall promote a hearing between the applicant and the opponent, attempting to reach a conciliatory agreement. If disagreement persists, the parties may resort to jurisdictional bodies to settle their differences, and the Inder shall leave the corresponding titling in a suspensive condition. If after six months the Inder has not been notified of any lawsuit in this regard, the inscription of the land in the name of the applicant shall be ordered.

e) The contract entered into with the beneficiaries and the titles delivered to them or transfer deeds must be made jointly in the name of the spouses or common-law partners, when applicable, and shall establish the stipulations and grounds for revocation set forth in Article 68 of the ITCO Law, unless the possession gives rise to the application of Article 84 of these Regulations.

 Ficha articulo

Article 82.—Granting of title to legal persons over estates acquired with FODESAF resources: The Inder may grant ownership titles to public entities and private legal persons, non-profit and of community benefit, that currently occupy lands from estates acquired with FODESAF resources, or to which those lands were destined in the past, provided the following conditions are met:

a) That they currently occupy part of those lands, from which they carry out their public function or their work for the benefit of the community.

b) That the lands were destined for them, but they have not occupied them as they could not construct any building due to lacking the corresponding ownership title, and the lands are not occupied by any other subject who qualifies in accordance with the preceding article or this article to obtain inscription in their name.

Proof of occupation shall be the certification issued by the Inder's territorial office in this regard. When those entities do not currently occupy the lands, proof of the destination of the lands for their benefit shall be the documents existing in the Inder, in the Dirección de Desarrollo Social y Asignación Familiares, or in the MTSS, or the documents provided in this regard by the entities themselves.

When opposition arises, it must be submitted in writing to the Inder, which shall promote a hearing between the applicant and the opponent, attempting to reach a conciliatory agreement. If disagreement persists, the parties may resort to jurisdictional bodies to settle their differences, and the Inder shall leave the corresponding titling in a suspensive condition. If after six months the Inder has not been notified of any lawsuit in this regard, it shall order the inscription of the land in the name of the beneficiary entity.

 Ficha articulo

Article 83.—Regarding the proceedings and preparatory acts for granting ownership titles: In the scenarios of the two preceding articles, as established by Article 85 of Law 9036, the Inder may measure, cadastralize, segregate, and carry out the proceedings and preparatory acts necessary to grant the respective ownership titles.

 Ficha articulo

Article 84.—Regularization of occupation on lands owned by Inder: The territorial offices of Inder shall proceed ex officio through agrarian oversight or at the request of a party to identify the location of lands acquired by Inder where possession has not been regularized, determining their legal status, whether they are registered or not in the name of the Institute. If they are not registered, the provisions of Law 9036 shall apply as appropriate.

On lands acquired by Inder, registered or not, the territorial office shall proceed to conduct census studies of the occupants, supplementing that information with cadastral and registry studies before the RNP; immediately thereafter, the digitization of the plans and the preparation of a preliminary mosaic plan shall proceed, which becomes the basic input for conducting field inspections that will ultimately allow the generation of the definitive mosaic plan; a document that, together with the database, allows for the identification of the total number of properties existing within the lands; the legal status of each one of them; and, consequently, those that must be regularized. Once the properties pending regularization are identified, the cadastre of the corresponding plans shall proceed.

Article 85.—Applicants for regularization: The benefits granted in subsection c) of Article 85 of Law 9036 may be opted for by national occupants or foreign occupants with residency who demonstrate possession, over a single property, understood as that exercised by a holder, personally, uninterruptedly, and as owner, for more than ten years as of the effective date of Law 9036, who do not have an allocation agreement within a settlement or farm registered in the name of the Institute. Personal possession is understood as that which the person has exercised directly, or which has been acquired through a legal transfer of the right of possession.

Article 86.—Requirements for regularization: To avail themselves of the benefits of this regulation, possessors must accredit the following before the Territorial Offices of Inder:

a) An application containing: Full name, surnames, and qualifications of the applicant(s) and the claim with the description of the possession and the land occupied, expressly the offer of proof, and provide the corresponding documentary evidence.

b) A copy of the identity card or residency card, as applicable.

c) Demonstrate through documentary or testimonial evidence from at least three neighboring witnesses of the place, which must be collected by an official of the Institute, the possession understood as that exercised by a holder, personally, uninterruptedly, and as owner, for more than 10 years as of the effective date of Law 9036.

d) In the event that the Territorial Office has not completed the study indicated in Article 66 of this regulation, a copy of the cadastral plan of the property prepared by the Institute. If that plan was prepared by a private individual, it must include the municipal approval for segregation (visado municipal para segregar), if required according to its date, and the territorial office shall take the necessary steps to verify that the information contained in the plan is correct; in addition, it must propose the numbering of the property for its registration in Inder's systems.

e) A classification issued by MINAE, indicating that the property is not part of lands administered by said authority and that the real estate is not part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in accordance with the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575.

f) A Land Use Compliance Certificate (Certificado de Uso Conforme de Suelo) in accordance with the provisions of Law 7779 and its regulation, which shall be provided by Inder through its own professionals or external professionals.

g) A place or means for receiving notifications as provided in the Law on Judicial Notifications No. 8687.

h) In the event that the Territorial Office has completed the study indicated in Article 84 of this regulation or that, as a result of the oversight process, it identifies a property under those conditions, the occupants shall be warned of their irregular status, giving them a period of one month to appear in a single act before the Office to deliver the complete requirements stipulated in subsections a), b), c), and g) above, and it shall also proceed ex officio to assemble individual files for all properties pending regularization, which shall contain, in addition to the documentation gathered in the census studies, a copy of the cadastral plan indicated in subsection d) and the documents indicated in subsections e) and f) above. If the documentation for the proceeding is not submitted, the Institute shall proceed to carry out the corresponding appraisal of improvements (avalúo de mejoras) and file the respective action for recovery of possession (acción reivindicatoria) before the Courts of Justice.

Article 87.—File assembly: Once the documentation and other requirements have been reviewed and preliminarily assessed, the territorial office shall proceed to assemble a single file, duly foliated chronologically, and to conduct a detailed study of the application and documentation presented by the applicant, as well as the background of the respective settlement. Within a maximum period of twenty-two calendar days from receipt of the documentation, it must supplement it with an inspection of the property and render a detailed report containing the following elements:

a) Full name, surnames, and other qualifications of the applicant and their family nucleus, if applicable.

b) Background of the case under study and date of acquisition of the farm or Settlement.

c) Conditions of the exploitation or use of the property, verifying the nature and quality of the acts of occupation carried out on the property.

d) Time of possession or use.

e) Conditions under which possession is exercised.

f) Description of land use and existing infrastructure.

g) Interviews with neighbors and adjoining landowners, and any other information deemed relevant regarding the above aspects.

h) Duly substantiated reasons why regularization has not been carried out before nor the corresponding property title granted.

i) Determination of the value of the property, which shall be established proportionally to the area of land regularized according to the purchase cost of the property, indexed to present value according to the indices established by INEC, and in those cases where the property was received by the Institute free of charge, no value shall be charged for the regularized property.

j) Recommendation of the Head of the Territorial Office on the formalization or not of the transfer of the real estate in favor of the applicant(s).

Article 88.—Lands encumbered to the State Natural Heritage: If the study of the evidence provided shows that the land forms part, in whole or in part, of the State Natural Heritage, the procedure shall be in accordance with Articles 13 through 18 of the Forestry Law, Law 7575, as applicable.

Article 89.—Taking of Evidence: The Regional Legal Advisory Office (Asesoría Legal Regional), after receiving the report and the file, shall proceed to verify that all requirements have been met, or shall request that the Territorial Office remedy any defect within a period of five business days. Within a period not exceeding fifteen business days, the Regional Legal Advisory Office must order the reception of the testimonial evidence offered by the applicant or conduct the inspections it deems necessary to verify the information sent to it. Once the previous proceeding is completed, the Regional Legal Advisory Office shall render a recommendation within a period not exceeding fifteen business days, which shall contemplate the following aspects:

a) A brief statement of facts.

b) Assessment of evidence: When assessing the evidence, the Regional Legal Advisory Office shall apply the rules of sound criticism, requiring the use of relevant jurisprudence regarding adverse possession (posesión decenal).

c) Legal basis: in this section, the Regional Legal Advisory Office shall set forth the rules applicable to the case in question.

d) Recommendation: the legal opinion must contain a clear recommendation on the appropriateness or not of the action formulated.

Article 90.—Opposition to the file: If any reasoned opposition arises from third parties or neighbors regarding a better right to possess, it must be submitted in writing to the Regional Legal Advisory Office, which shall promote a hearing between the applicant and the opponent aimed at reaching a conciliatory settlement. If the disagreement persists, the parties may resolve their differences before the jurisdictional bodies, and the Regional Legal Advisory Office shall leave the corresponding titling in a suspensive condition. If, after three months, said advisory office has not been notified of any lawsuit in this regard, the processing of the file shall continue.

Article 91.—Approval of the application: Once the report is submitted by the Fondo de Tierras, the Board of Directors (Junta Directiva) shall approve the appropriateness or not of the regularization of possession over the real estate, for its subsequent segregation and transfer for the granting of title. The resolution declaring the appropriateness or not shall be issued by means of a reasoned decision.

Article 92.—Communication of the decision: The General Secretariat shall communicate to the Territorial Office, with a copy to the Regional Directorate, the Regional Legal Advisory Office, and the Area of Escrituración y Notariado, the approval resolutions, segregation, and the corresponding transfer. If the resolution is approved, it must indicate: Names and ID numbers of the Occupants, Property No., Area, Cadastral Plan No., Real Folio, Transfer Price, Notary authorized for this act, and the Institutional representative authorized to sign the deed.

The Territorial Office shall have the responsibility to notify the occupant in writing, at the place indicated, of the decision of the Board of Directors, within a period not exceeding 10 business days from the moment the Territorial Office receives the resolution.

Article 93.—Limitations: The transfer shall be made free of limitations on ownership except those that the real estate must support by law, such as the General Law of Roads, the Water Law, and in general the environmental protection laws indicated by Law 2825 and Law 9036.

Article 94.—Appeals: Against the resolutions of the Board of Directors that deny the legalization of the occupation of the property, a motion for reversal shall be admissible, indicating the factual and legal grounds on which the disagreement is based, in accordance with the provisions of subsection 2) of Article 344 of the LGAP. The aforementioned appeal shall be presented by the interested party before the Regional Legal Advisory Office within a period of 3 business days following the notification of the Board of Directors' resolution. Said office shall prepare a report addressing the appellant's arguments and shall elevate it to the Board of Directors, which shall accept it or, failing that, deem the administrative channel exhausted.

Article 95.—Recovery of the land: In the event that the Board of Directors does not approve the regularization and transfer and the interested party has not exercised their right to challenge, has submitted it untimely, the administrative channel has been exhausted, and their claims have not been upheld in the Judicial channel, the Territorial Office shall manage, through the corresponding channel, the execution of the judgment unfavorable to the administrated party as soon as possible, subject to prior payment of improvements as indicated by the judicial authority.

CHAPTER IV

THE RURAL DEVELOPMENT FUND (FONDO DE DESARROLLO RURAL)

SECTION I

GENERAL PROVISIONS OF THE RURAL DEVELOPMENT FUND

Article 96.—Regulation of the Fund: Based on Article 73 of Law 9036, the Rural Development Fund is created, to contribute to and promote the comprehensive development of rural territories.

Article 97.—Objectives: According to Article 74 of the Law, this Fund shall have as its priority:

a) To contribute to the preparation and execution of territorial and regional development plans.

b) To coordinate and promote development projects in rural territories, stimulating the increase of business competitiveness, for the improvement of the standard of living of its inhabitants, maintaining the balance that allows for the conservation of the environmental and cultural heritage of rural territories.

Article 98.—Services of the Fund: To fulfill its objectives, the Rural Development Fund shall provide the services established in Article 75 of Law 9036 and, in addition, shall recommend to the Board of Directors the acquisition, leasing, encumbrance, donation, and disposal of movable and immovable property and any other good necessary for the execution of projects that meet the purposes of the Ley Inder. The foregoing may be carried out by the Fund, as defined in Article 15, subsection a) and in Article 16, subsections d), g), and l), directly, in coordination with, contracted to, jointly with, or through alliances or any other form the Fund deems appropriate, with any public entity or private company or civil society.

Article 99.—Financing management: The Rural Development Fund may facilitate financing for the execution of projects, through financial mechanisms such as Second-Tier Banking (Banca de Segundo Piso) or other modalities, to allow access to credit in rural territories, in accordance with the provisions of Article 15, subsection i) and Article 75, subsections i) and j) of Law 9036.

SECTION II

THE RURAL CREDIT SYSTEM (SISTEMA DE CRÉDITO RURAL)

Article 100.—Creation and Operation of the Rural Credit System: The Rural Credit System (SCR) is established, as provided in Article 76 of Law 9036 and Article 140 of Law No. 2825, as one of the modalities of financing granted with resources from the Rural Development Fund.

The SCR shall operate in accordance with the guidelines established in the following provisions, and the conditions, methods, and procedures approved by the Board of Directors, gradually promoting the decentralization of the process.

Article 101.—Eligible Borrowers: Eligible borrowers of the SCR shall be natural or legal persons, the latter whose constitutive purposes are not for profit, who have been recipients of land allocation by INDER in any of its modalities.

Additionally, credit may be granted to natural and legal persons, the latter whose constitutive purposes are not for profit, outside of INDER settlements, in accordance with the provisions of Article 46, subparagraph c), first part of Law 9036, who are up to date with their obligations to the Institute and meet the requirements established in this Regulation. For these subjects, a categorization into micro, small, and medium producer shall be carried out, and the suitability to develop the project shall be defined by the credit decision-making body, whether at the regional or central level, in accordance with the activity or project presented.

Article 102.—Characteristics of the borrowers:

a. Be Costa Rican, or possess a permanent residency card.

b. Not have an approved payment arrangement for a credit concept with the SCR, not have been beneficiaries of a debt forgiveness or payment by other institutions, not have been in judicial collection, not have incurred delays of more than 90 days in the payment of their debts, and have a good credit record.

Article 103.—Location of borrowers and projects: Both the borrowers and the activity or project to be financed must be within the territories defined by INDER.

Article 104.—Direction, scope, and harmonization of the SCR: The Board of Directors shall be responsible for approving credit policies and the resources, through the ordinary institutional budget, that are to be allocated for this purpose, as well as the procedures applicable to the pertinent credit processes.

Article 105.—Organization of the SCR: The System shall have Credit Committees, which must be composed of three persons who shall be the principals and their alternates, with experience and knowledge in the area of financing or in project formulation and evaluation, in accordance with the requirements established in this Regulation and the procedures issued in this regard by the Board of Directors. The functions are described below:

1. Regional Credit Committees (Comités Regionales de Crédito, CRC): They shall be formed in each of the regions and shall be of a technical nature, composed of Inder officials, at the choice of the Regional Director. These committees shall have the function of analyzing, approving, or rejecting credit applications, payment arrangements, and novations.

2. Central Credit Committee (Comité Central de Crédito, CCC): Appointed by the head of the Rural Development Fund. It shall have the function of analyzing, approving, or rejecting credit applications, payment arrangements, and novations.

3. Central Administrative Instance (Instancia Administrativa Central, IAC): It shall have the power to administer the resources and control matters related to the SCR, issue guidelines on its operational aspects, assist in supervision and collection management, and approve or reject credits, payment arrangements, and novations.

Article 106.—Appraisals: An appraisal is required when 80% of the value declared before the RNP or the respective municipality, or the assessed value, does not cover the amount of the loan or payment arrangement requested.

The fees for the appraisal shall be covered entirely by the applicant, except when the Institution performs it.

Article 107.—Requirements for Natural Persons with Fiduciary Guarantee:

a) Completely fill out the credit application form.

b) Photocopies of the identity cards, current and legible, on both sides, of the applicants and the guarantors.

c) If the guarantor is a salaried employee, they must present a salary certificate indicating gross and net salary, length of employment, with a maximum of one month from issuance, from the date of completing the application, and a photocopy of the up-to-date employer's order or a certificate from the C.C.S.S., indicating the reported amount. The minimum time required working for the company issuing the certificate shall be one year.

d) Letter of intent for the purchase-sale of the product, issued no more than 2 months ago, or up-to-date affiliation card to the farmer's market, when required.

e) Provide the profile, investment plan, or pro forma invoice for the activity to be financed, as applicable.

f) For the purchase of equipment, household goods and products, machinery and vehicles, construction, tourism activities in their different modalities, commerce, agroindustry or industry, agricultural farms, artisanal fishing, public transportation, see requirements for mortgage guarantee.

g) Any other requirement demanded by other laws or regulations of institutions.

Article 108.—Requirements for Natural Persons with Mortgage Guarantee:

a) Completely fill out the credit application form.

b) Photocopy of the identity card, current and legible, on both sides, of the applicants.

c) In the event that the property offered as guarantee is not owned by the applicants, photocopies of the owners' identity cards must be provided, and the owners must sign the authorization to impose the lien, included in the credit application.

d) Letter of intent for the purchase-sale of the product, issued no more than 2 months ago, or up-to-date affiliation card to the farmer's market, when required.

e) Provide the profile of the activity or project to be financed, or failing that, an investment plan or pro forma invoice, as applicable.

f) Appraisal of the property when applicable.

g) For the purchase of equipment, household goods, and products: pro forma invoice for the equipment, device, product, or furniture to be purchased.

h) For the purchase of machinery and vehicle: up-to-date Vehicle Technical Inspection (Revisión Técnica Vehicular, RTV) and circulation permit (marchamo), with no pending infractions for payment at the Road Safety Council (Consejo de Seguridad Vial, COSEVI), free of liens, annotations, and infractions, purchase option or pro forma invoice, stipulating at least one month of validity for said document, and that the model is no older than 10 years. In the case of trucks, the up-to-date weight and dimensions permit must be provided.

i) For construction: detailed budget of the work (labor and materials), photocopy of the construction permit from the municipality. If the construction permit is not required, a letter issued by the Municipality stating that this permit is not necessary must be presented, photocopy of the cadastral plan, photocopy of the project location permit from the Ministry of Health. When there are limitations on the place where the activity will be carried out (reserve, refuge, national park, or other, or the natural resource to be used is wild flora or fauna), an authorization document from MINAE or a statement of non-opposition to the activity to be developed shall be required from the corresponding entity.

j) For activities in operation: photocopy of the municipal business license (patente municipal), photocopy of the sanitary operation permit from the Ministry of Health. When there are limitations on the place where the activity is carried out (reserve, refuge, national park, or other, or the natural resource to be used is wild flora or fauna), an authorization document from MINAE or a statement of non-opposition to the activity to be developed shall be required from the corresponding entity.

k) For commerce: photocopy of the up-to-date municipal business license, up-to-date operation permit from the Ministry of Health, detail of the investment plan, pro forma invoice no older than 1 month at the time of completing the application.

l) For agroindustry or industry: photocopy of the municipal business license, operation or location permit from the Ministry of Health, and investment plan.

m) For agricultural farms of all types: up-to-date veterinary operation certificate (certificado veterinario de operación, CVO) issued by SENASA, or the requirements to obtain it, which implicitly covers the activity to be developed.

n) Public transport of persons or materials: corresponding permits from the Public Transport Council or the responsible institution.

o) Artisanal fishing, mariculture, or aquaculture: corresponding permits from INCOPESCA or the responsible institution.

p) Well drilling or use of water resources: administrative concession or authorization for water use by MINAE or the Institution in charge, and the corresponding fee must be up to date.

q) Any other requirement demanded by laws or regulations of other institutions.

Article 109.—Requirements for Legal Persons: In the case of legal persons, in addition to the stipulated requirements for fiduciary or mortgage guarantees, as applicable, the following shall be required:

a) Signature of the credit application by the legal representative of the organization.

b) Certification of the current legal status of the entity, issued no more than 30 calendar days prior to completing the application.

c) Full name, address, and other qualifications of the legal representative and all members of the organization willing to act as guarantors, in the case of a fiduciary guarantee.

d) Copy of the general assembly resolution, signed by the secretary and the president, authorizing the legal representative to formalize the credit; indicating the type of credit (single operation or line of credit), activity, unit of measure, quantity, amount, term, type of guarantee, amount and term thereof, if it is a mortgage for credits or open lines; or failing that, a photocopy or transcription of the resolution authenticated by a lawyer, stating the above.

e) Any other requirement demanded by laws or regulations of other institutions.

Article 110.—Requirements for Payment Arrangements and Novation:

a) Completely fill out and sign the application form.

b) Present a photocopy of the current identity card of the applicants and guarantors, as applicable, if the ones existing in the file are expired.

c) Recommendation and justification from the corresponding office.

d) Present the death certificate (only for novation, in case of death).

e) Appraisal of the real estate to be used as security, when required.

Article 111.—Obligations of Debtors: Persons to whom the SCR grants a credit shall be subject to the following obligations:

a) Comply with the recommendations issued by Inder technicians, or support institutions, for the proper management of the financed project and the efficient administration of the credit.

b) Inform the Inder office of any variation in the agreed conditions or any circumstance that impairs or endangers the guarantee of the granted credit.

c) Allow, when Inder deems it convenient, the inspection of the financed project or the real estate given as guarantee.

d) Use the goods and services financed with SCR resources exclusively in the execution of the financed activity.

e) If possible, irrevocably authorize the buyers of their product so that, from the amount resulting from the purchase and sale, a percentage of their income is withheld, which shall be credited in favor of the SCR to be applied to their debt.

f) Adhere to the outstanding balance insurance policy with the insuring entity decided by Inder.

g) Debtors unconditionally accept that the approved amount may be disbursed in installments, according to the proposed investment plan, the needs of the financed activity, or at the discretion of the SCR.

h) Accept the imposition of the mortgage corresponding to the debt owed to the SCR when Inder is about to deliver the property title to them.

i) Comply with the stipulated payments that allow the debt to be paid off on time.

j) Accept that in case of non-compliance with the established form of payment for the debt, the necessary information may be sent to credit bureaus (protectoras de crédito) and that the debt may be sent to judicial collection, and the process of revocation, annulment of title, or recession of the lease contract may be initiated.

Article 112.—Declaration of Acceleration: Non-compliance with any of the obligations indicated in the previous article, contracted by the debtors, shall give the Institute the right to accelerate the operation and demand full payment of said debt, and proceed as stipulated in Article 67, subsection e) of Law 9036 or with the respective judicial collection.

Article 113.—Fees and Other Costs: When a debt is sent to judicial collection, certain items such as fees or other costs shall be charged to the debt as follows:

50% upon the filing of the respective lawsuit before the judicial instance.

25% upon notification of the debtors by the court handling the lawsuit.

25% upon the judgment being handed down by said Court.

Article 114.—Principles: The Rural Credit program shall be governed by the following principles:

a.- The Principle of Recovery: Credits must always be granted provided it is visualized that there will be possibilities of recovery, in consideration of future cash flows, projected under strict technical, agronomic, commercial, or other financial criteria that must necessarily be reported in the analyses of the project proposed for financing.

b.- The Principle of Viability: Credit may only be granted for viable projects or activities. This viability shall be constituted by the productive potential and, consequently, the potential for positive cash flow, in accordance with the financial analysis, consistent with the proposed term, payment method, market, costs, production, and prices thereof to be obtained.

c.- The Pro-Heritage Principle: If, before the granting of a credit, there is a well-founded doubt regarding technical aspects, which are not resolved beforehand, definitively, and in the abstract by the criteria of science and technique, or in the case of a well-founded doubt about eventual and supervening conditions, or in a situation of uncertainty in any field, which is not resolved beforehand in a reasonable and satisfactory manner, in protection of the heritage of the Institution, which is public heritage, the decision shall be to protect the public interest by not approving said credit.

TITLE III

SINGLE CHAPTER

REFORMS

Article 115.—Modifications: Subsections f), g), and o) of Article 2, Article 8 subsection a), and Articles 12 and 13, all of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 38184-MAG of January 31, 2014, "Regulation for the constitution and functioning of the Territorial and Regional Councils of Rural Development (Reglamento de constitución y funcionamiento de los Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural)" published in La Gaceta No. 68 of April 7, 2014, are modified to read as follows:

Article 2, subsection f): Inder: Inder, responsible for the planning, execution, monitoring, and evaluation of State Policies in this area, through the creation of mechanisms for planning, coordination, and execution of rural development in the country.

Article 2, subsection g): Rector Minister of the Agricultural Sector: Minister of Agriculture and Livestock in accordance with Article 29 of Law No. 7064 for the Promotion of Agricultural Production, FODEA, and Organic Law of the MAG, of April 29, 1987.

Article 2, subsection o): State Policy for Territorial Rural Development: Conceptual and normative framework in the area of rural development that allows the definition of strategic actions and projects for regions and territories, by social actors, for their subsequent incorporation into the PND. For the formulation of the PDRT, the articulation of coordination networks for territorial development and citizen participation must be considered based on the priorities defined for each territory, in accordance with decree 38536-MP-PLAN, published in La Gaceta No. 159 of August 20, 2014.

Article 8, subsection a): Agree upon the internal operating regulations of the CTDR, and their modifications.

Article 12: The Steering Committee (Comité Directivo) shall meet at least once a month, and the quorum for sessions shall be two-thirds of the representatives that comprise it, on first call, and may validly meet on second call one hour later, with half plus one of the members. The Committee's decisions shall be made by an absolute majority of those present.

Article 13: The members of the Steering Committee belonging to Civil Society and the Private Sector shall hold office for four years or the period defined by the General Assembly of Constitution and may be reelected only once and alternately indefinitely. The General Assembly may remove any member of the Steering Committee, or of the Commissions and thematic tables created, when conduct occurs that undermines the duty of probity and the interests of the Territorial Council, guaranteeing due process (debido proceso) in all cases. The absences of titular members shall be covered by alternate members appointed by the General Assembly. The term of office for members belonging to the public sector is left to the discretion of the respective institution. They may be removed when, in the opinion of the Assembly, there is just cause for their removal.

Article record

TITLE IV

SINGLE CHAPTER

FINAL PROVISIONS

Article 116.— Due process and soundness of decisions: Inder, in all processes it conducts, shall contemplate and strictly apply due process, the established procedures, the content, and other elements of the acts, so that subjective rights or legitimate interests of the administered parties are not harmed.

Article record

Article 117.— Responsibility and ethics in the application of the regulation: Inder officials shall act in accordance with the Principle of Legality and the highest ethical principles aimed at transparency and the pursuit of the common good.

In every decision, they shall have sufficient elements of judgment, including social and technical studies, to allow them to make a correct and well-founded decision.

The members of bodies with decision-making powers must resolve assigned matters effectively and efficiently within the established deadlines and shall be personally responsible for the damages and losses they may cause to Inder and to the administered parties when gross negligence or willful misconduct is involved.

Article record

Article 118.— Absence of CTDR and PTDR in territories: In those territories where, upon the entry into force of this regulation, the CTDR has not been constituted or the PTDR prepared, the prioritization of actions from the Land Funds and Rural Development Funds must consider the needs established by the existing coordination bodies in the territory.

Article record

Article 119.— Effectiveness. It shall be effective upon its publication.

Given at the Presidency of the Republic.— San José, on the twenty-third day of March, two thousand fifteen.

Article record

Date generated: 5/5/2026 05:41:48

Go to beginning of document