Decreto 39341 — Regulation on Sanctions for Unauthorized Access to Genetic and Biochemical ResourcesReglamento de Sanciones por Acceso No Autorizado a Recursos Genéticos y Bioquímicos

Recuerde que Control F es una opción que le permite buscar en la totalidad del texto


Ir al final del documento

- Usted está en la última versión de la norma -

Reglamento para la Aplicación de las Sanciones Administrativas en Materia de Acceso No Autorizado a
los Elementos y Recursos Genéticos y Bioquímicos, Establecidas en Ley de Biodiversidad N° 7788


Nº 39341-MINAE





EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA





Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA





En uso de las facultades que le confieren los artículos 46, 50, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la
Constitución Política, los artículos 46, 47 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 4 de
octubre de 1995 y los artículos 62, 69, 112 y 113 de la Ley de Biodiversidad Nº 7788 del 30 de abril
de 1998.





Considerando:





I.-Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por Costa Rica mediante Ley Nº 7416 del
30 de junio de 1994, publicada en La Gaceta Nº 143 del 28 de julio de 1994, en su artículo 15 afirma
que en reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la
facultad de regular el acceso a los recursos genéticos es potestad de los gobiernos y está sometida
a la legislación nacional y que cada parte procurará crear condiciones para facilitar su acceso para
utilizaciones ambientalmente adecuadas.





II.-Que el artículo 6° de la Ley de Biodiversidad Nº 7788 del 30 de abril de 1998, publicada en La
Gaceta Nº 101 del 27 de mayo de 1998, dispone que las propiedades bioquímicas y genéticas de los
elementos de la biodiversidad silvestres y domesticados son de dominio público y que el Estado
autorizará la exploración, la investigación, la bioprospección, el uso y el aprovechamiento de los
elementos de la biodiversidad que constituyen bienes de dominio público, así como la utilización de
todos los recursos genéticos y bioquímicos, por medio de las normas generales de acceso.





III.-Que el artículo 14 de la Ley de Biodiversidad, crea la Comisión Nacional para la Gestión de la
Biodiversidad, en adelante CONAGEBIO y le asigna como atribuciones entre otras, la conservación, el
uso sostenible y la restauración de la biodiversidad.





IV.-Que el artículo 17, inciso 1 de la Ley de Biodiversidad establece que es función de la Oficina
de la CONAGEBIO, en adelante OT: "Tramitar, aprobar, rechazar y fiscalizar las solicitudes de acceso
a los recursos de la biodiversidad".





V.-Que el artículo 62 de la misma Ley, establece que: "Corresponde a la Comisión proponer las
políticas de acceso sobre los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad ex situ e in
situ. Actuará como órgano de consulta obligatoria en los procedimientos de solicitud de protección
de los derechos intelectuales sobre la biodiversidad.





Las disposiciones que sobre la materia acuerde constituirán las normas generales para el acceso a
los elementos genéticos y bioquímicos y para la protección de los derechos intelectuales sobre la
biodiversidad a las que deberán someterse la administración y los particulares interesados.".





VI.-El acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad está regulado
por la Ley de Biodiversidad, el Decreto Ejecutivo Nº 31514-MINAE del 3 de octubre del 2003,
publicado en La Gaceta Nº 241 del 15 de diciembre del 2003 denominado: Normas Generales para el
Acceso a los Elementos y Recursos Genéticos y Bioquímicos de la Biodiversidad, el Decreto Ejecutivo
Nº 33697- MINAE del 6 de febrero de 2007 publicado en La Gaceta Nº 74 del 18 de abril del 2007
denominado: Reglamento para el Acceso a los Elementos y Recursos Genéticos y Bioquímicos de la
Biodiversidad en condiciones ex situ, y diversos acuerdos y tratados internacionales, a saber el
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley Nº 7316 del 3 de noviembre
de 1992 publicada en La Gaceta Nº 234 del 4 de diciembre de 1992).





VII.-Que el artículo 69 de la Ley de Biodiversidad estipula que: "Todo programa de investigación o
bioprospección sobre material genético o bioquímico de la biodiversidad que pretenda realizarse en
territorio costarricense, requiere un permiso de acceso. Para las colecciones ex situ debidamente
registradas, el reglamento de esta ley fijará el procedimiento de autorización del respectivo
permiso".





VIII.-Que el artículo 112 de la Ley de Biodiversidad establece que "A quien realice exploración,
bioprospección o tenga acceso a la biodiversidad, sin estar autorizado por la OT de la Comisión,
cuando sea necesario en los términos de esta ley o se aparte de los términos en los cuales le fue
otorgado el permiso, se le impondrá una multa que oscilará desde el equivalente a un salario
establecido en el artículo 2 de la Ley N° 7337 hasta el equivalente a doce de estos salarios".





IX.-Que el artículo 113 de la Ley de Biodiversidad estipula que "Para efectos de esta ley, se
entienden como faltas administrativas y sus sanciones correlativas, las establecidas de la Ley
Orgánica del Ambiente, la Ley de Vida Silvestre, la Ley Forestal y en otras legislaciones
aplicables".





X.-Que el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que ante la violación de las
normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en
la Ley se aplicará un conjunto de medidas protectoras y sanciones.





XI.-Que el artículo 106 de la Ley de Biodiversidad indica que para tal efecto se aplicará el
procedimiento administrativo ordinario previsto en la Ley General de la Administración Pública N°
6227.





XII.-Que el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad, establece que obligatoriamente tanto la Oficina
Nacional de Semillas como los Registros de Propiedad Industrial y de Propiedad Intelectual, deben
consultar a la OT de la Comisión antes de otorgar protección de propiedad intelectual o industrial a
las innovaciones que involucren elementos de la biodiversidad. Asimismo, el interesado deberá
aportar el certificado de origen emitido por la OT y el Consentimiento Previamente Informado. Si
existiere oposición fundada por parte de la OT, esto impedirá registrar la patente o protección de
la innovación.





XIII.-Que además de las disposiciones legales nacionales e internacionales en materia de acceso ya
citadas, y de conformidad con el principio de participación ciudadana contenido en el artículo 101
de la Ley de Biodiversidad, el artículo 6° de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554 del 4 de
octubre de 1995, publicada en La Gaceta Nº 215 del 13 de noviembre de 1995 y el Principio 10 de la
Declaración de Río de Janeiro de 1992, la CONAGEBIO realizó consultas y talleres en diversas
oportunidades para obtener recomendaciones de expertos, sectores involucrados e instituciones
nacionales en la redacción de este reglamento procurando cumplir este deber de la forma más
efectiva, participativa y transparente y además se han revisado normas, jurisprudencia, doctrina y
experiencias en derecho comparado en esta materia.





XIV.-Asimismo de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública N° 6227
del 2 de mayo de 1978, la CONAGEBIO sometió a conocimiento y consulta de las instituciones y público
en general la propuesta de este Decreto Ejecutivo, otorgando un plazo de un mes calendario contado a
partir del día siguiente de la publicación del correspondiente aviso, para que se presentaran ante
la sede de la Institución las observaciones con la respectiva justificación técnica, científica o
legal.





XV.-Que resulta necesario y conveniente contar con un procedimiento debidamente reglamentado, que
brinde certeza jurídica a las autoridades competentes y los interesados, respecto a la forma de
tramitar y resolver los posibles casos de acceso no autorizado a los recursos genéticos y
bioquímicos de la biodiversidad, complementando las disposiciones pertinentes de la Ley General de
Administración Pública.





XVI.-Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC de 22 de febrero
del 2012 publicado en el Alcance Digital N° 36 de La Gaceta N° 60 del 23 de marzo del 2012 y sus
reformas, denominado: Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y
Trámites Administrativos, se procedió a llenar el Formulario de Evaluación Costo Beneficio en la
Sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria, siendo que el mismo dio resultado
negativo y que la propuesta no contiene trámites ni requisitos. Por tanto,





DECRETAN:





Reglamento para la Aplicación de las Sanciones Administrativas en Materia





de Acceso No Autorizado a los Elementos y Recursos Genéticos y Bioquímicos,





Establecidas en Ley de Biodiversidad N° 7788





CAPÍTULO I





Disposiciones generales





Artículo 1°-Objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento
administrativo sancionador para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 Ley de
Biodiversidad y disponer otras medidas administrativas en el caso de acceso no autorizado a los
recursos genéticos y bioquímicos.





Ficha articulo





Artículo 2°-Abreviaturas:





a) CONAGEBIO: Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad.





b) OT: Oficina Técnica de la CONAGEBIO.







 





Ficha articulo





Artículo 3°-Procedimiento aplicable. De conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley
de Biodiversidad el procedimiento aplicable para la tramitación y resolución de las sanciones
administrativas por acceso no autorizado a los elementos de la biodiversidad contempladas en el
artículo 112 de la Ley de Biodiversidad, será el procedimiento ordinario establecido la Ley General
de la Administración Pública N° 6227 del 2 de mayo de 1978 con las precisiones complementarias
contenidas en este reglamento.







 





Ficha articulo





Artículo 4°-Definiciones. Para la interpretación y aplicación de este reglamento se utilizarán las
definiciones incluidas en el artículo 2° del Convenio sobre Diversidad Biológica, el artículo 7° de
la Ley de Biodiversidad, en el artículo 6° del Decreto Ejecutivo Nº 31514-MINAE, en el artículo 4°
del Decreto Ejecutivo Nº 33697-MINAE, en el artículo 3° del Decreto Ejecutivo N° 34433-MINAE del 11
de marzo del 2008, publicado en La Gaceta N° 68 del 8 de abril del 2008 denominado: Reglamento a la
Ley de Biodiversidad.





Adicionalmente, para efectos de la aplicación del presente reglamento se entenderá por acceso no
autorizado el acceso a los recursos genéticos o bioquímicos y conocimientos tradicionales asociados
realizados sin obtener un permiso de acceso por parte de la OT de la CONAGEBIO, que no respete los
términos mutuamente acordados contenidos en el contrato de consentimiento previamente informado
firmado con el proveedor o que no cumpla con los términos y condiciones impuestos por el respectivo
permiso de acceso.







 





Ficha articulo





Artículo 5°-Principios Jurídicos. La OT llevará a cabo el procedimiento ordinario administrativo
establecido en la Ley General de la Administración Pública y complementado por este reglamento,
sujeto a los principios de debido proceso, oralidad, oficialidad, celeridad, inmediación de la
prueba e informalidad y, en virtud del impulso procesal de oficio, la OT está facultada para
conducir su tramitación sin necesidad de gestión de parte.





El procedimiento será rápido, económico y técnico, garantizando el acceso a la justicia.







 





Ficha articulo





Artículo 6°-Denuncia y actuación de oficio por parte de la OT. Contenido de la denuncia. La OT podrá
actuar de oficio iniciando los respectivos procedimientos administrativos sancionadores o por
denuncia de cualquier interesado. Para tal efecto se considerará la legitimación establecida en
virtud del artículo 105 de la Ley de Biodiversidad y la jurisprudencia constitucional en la materia.
El denunciante podrá ser tenido como parte o testigo de conformidad con lo estipulado en el artículo
275 de la Ley General de la Administración Pública, según lo determine la OT.





La denuncia deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 285 de la Ley General de
la Administración Pública y en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente.





No obstante, se podrán formular denuncias en forma oral, mediante comparecencia ante uno de los
funcionarios designados de la OT, en cuyo caso se extenderá el acta respectiva, que será firmada por
el funcionario y el denunciante.





Asimismo, las denuncias podrán ser presentadas por fax, a través de medios electrónicos o
informáticos (incluyendo en el correo electrónico establecido para tal efecto por la OT) o de otra
clase semejante, que permitan el envío de la comunicación y su normal recepción, siempre que remitan
el documento original dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso la presentación de
la denuncia, se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación.





Recibida la denuncia, la OT confeccionará un expediente debidamente foliado y contará con un plazo
de siete días naturales para revisar la información y prevenir al denunciante sobre la información
que debe aclarar o completar.





Para que se aclare o complete la denuncia se otorgará por una única vez y por escrito, un plazo de
diez días hábiles, de acuerdo con el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública,
para que la persona que presenta la denuncia haga las aclaraciones necesarias.





El incumplimiento de la prevención o la ausencia de justificación al incumplimiento, motivará el
archivo del asunto a menos que la OT decida continuar con la tramitación oficiosa de la misma.







 





Ficha articulo





Artículo 7°-Gestiones ante la OT. Quienes intervengan en el procedimiento administrativo
constituido, podrán realizar gestiones ante la OT, a través del fax o por medios electrónicos o de
otra clase semejante, que permitan el envío de la comunicación y su normal recepción, en forma tal
que estégarantizada su autenticidad, de manera compatible, de conformidad con el artículo 243 de la
Ley General de Administración Pública, y en la medida de lo posible con lo que haya dispuesto el
Consejo Superior del Poder Judicial para los casos judiciales.





Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, las copias de documentos, así como
los que contengan datos, informaciones o mensajes, y sean expresados o transmitidos por un medio
electrónico, informático, magnético, óptico, telemático, o producidos por nuevas tecnologías,
siempre que cumplan con los procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad
y seguridad. Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos documentos los
harán perder su valor jurídico.





Si una parte del procedimiento o la OT cuestiona la exactitud de tales documentos, deberán cotejarse
con el original o verificarse el procedimiento de las firmas, de certificación electrónica, si es
posible técnicamente.





De no ser posible, su valor probatorio quedará sujeto a la apreciación conjunta de los demás
elementos probatorios.







 





Ficha articulo





Artículo 8°-Investigación para obtener la verdad de los hechos. La OT realizará todas las gestiones
pertinentes para lograr la verdad de los hechos que puede incluir según las circunstancia del caso
concreto: inspecciones, toma de muestras, solicitud de informes, entre otros. La OT elaborará los
protocolos necesarios para garantizar la cadena de custodia de las pruebas y su correspondiente
trazabilidad cuando corresponda y de ser necesario podrá solicitar para su desarrollo e
implementación el apoyo de otras instituciones y órganos con experiencia en la materia.





Cuando la complejidad o tecnicidad del caso así lo amerite podrá hacerse asesorar por técnicos en la
materia o por todo aquel profesional con competencia técnica para tales efectos.





Para el cumplimiento de sus obligaciones, los funcionarios de la OT debidamente identificados, gozan
de autoridad de policía de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Decreto Ejecutivo
N°35669-MINAET del 4 de diciembre del 2009, publicado en La Gaceta N° 3 del 6 de enero del 2010,
denominado: Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente y Energía, para detener, transitar,
requisar, ingresar, supervisar investigaciones de control o desarrollarlas de conformidad con el
ámbito de la Ley de Biodiversidad, tomar muestras para análisis y practicar inspecciones, así como
para realizar decomisos dentro de cualquier finca, instalaciones industriales y comerciales, siendo
que el caso de domicilios privados deberán contar con el permiso de la autoridad judicial competente
o del propietario.







 





Ficha articulo





Artículo 9°-Impedimentos, excusas y recusaciones. Los miembros de los órganos directores
establecidos por la Dirección Ejecutiva y de los decisores podrán excusarse de conocer un asunto por
causa justificada, asimismo podrán ser recusados por cualquiera de las partes. En caso de existir
motivo de excusa o recusación, a quienes afecte el motivo, serán sustituidos por otro funcionario.





Son aplicables las disposiciones especiales sobre impedimentos, excusas y recusaciones establecidas
en la Ley General de Administración Pública (artículo 230 y siguientes), en el artículo 8° del
Código Procesal Contencioso-Administrativo y en el Capítulo V (artículos 49 y siguientes y
concordantes) del Código Procesal Civil.







 





Ficha articulo





Artículo 10.-Prescripción de las infracciones administrativas. La imposición de las correspondientes
multas por actividades que puedan constituir acceso no autorizado de conformidad con el artículo 112
de la Ley de Biodiversidad, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica e
integrando lo dispuesto en el ordenamiento jurídico a tenor del artículo 9° de la Ley General de
Administración Pública N° 6227, prescribirán en el plazo de cuatro años desde que cesaron los hechos
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley General de Administración Pública y
mientras no se cuente con un plazo diferente fijado por la Ley.







 





Ficha articulo





Artículo 11.-Recuperación de los recursos genéticos y bioquímicos. En todo caso y en virtud del
carácter de dominio público de los recursos genéticos y bioquímicos establecido en el artículo 6 de
la Ley de Biodiversidad N° 7788, la OT podrá gestionar y ordenar la devolución y recuperación de los
recursos genéticos y bioquímicos de los elementos de la biodiversidad costarricense en caso de que
aún sea posible. Para tal efecto se observará lo dispuesto en el presente reglamento en lo que
resulte aplicable.





La OT podrá depositar los recursos genéticos y bioquímicos recuperados en colecciones ex situ
adecuadas según la naturaleza de los mismos, para lo cual realizará las gestiones pertinentes ante
el responsable de la respectiva colección.







 





Ficha articulo





Artículo 12.-Admisibilidad de la denuncia e investigación preliminar. El Órgano Decisor





determinará la necesidad de realizar en los casos en que estime pertinente una investigación
preliminar para determinar la apertura de un procedimiento administrativo o si procede desestimar la
denuncia y proceder a su archivo. Como parte de la investigación preliminar se intentará identificar
al proveedor del recurso genético o bioquímico afectado por el acceso no autorizado. Funge como
órgano decisor en este procedimiento, quien ejerza la Dirección Ejecutiva de la OT de la CONAGEBIO.







 





Ficha articulo





Artículo 13.-Presentación de Informes. En el caso de que el incumplimiento de la parte se refiera a
la no presentación de los respectivos informes, el usuario contará con un plazo de 15 días hábiles
para realizar la medida correctiva correspondiente y satisfacer el interés público. En el caso de
que no se aporte la documentación en el plazo establecido, se procederá a la notificación del auto
de apertura del procedimiento administrativo.







 





Ficha articulo





Artículo 14.-Auto de apertura del procedimiento administrativo. Una vez recibida la denuncia,
declarada su admisibilidad y concluida la etapa de investigación preliminar, si la hubiere, el
Órgano Decisor, nombrará el Órgano Director, para que este dicte la apertura del procedimiento
ordinario administrativo, citando a las partes con al menos quince días hábiles de anticipación a
una audiencia oral y privada, de conformidad con las prescripciones establecidas en los artículos
308 y siguientes de la Ley General de Administración Pública.





El procedimiento señalado en el párrafo anterior, se seguirá además en el caso de que la OT de
oficio determine la necesidad de abrir un procedimiento administrativo y por lo tanto nombrar un
Órgano Director.





Cualquiera de los funcionarios de la Oficina, podrá fungir como Órgano Director del procedimiento
administrativo. Igualmente, podrá constituirse órganos colegiados, por ejemplo, en casos de
particular complejidad. Podrán nombrarse otros funcionarios del Ministerio de Ambiente en casos
calificados. Quienes ostenten tal calidad tendrán las potestades contempladas en el artículo 300 de
la Ley General de la Administración Pública.







 





Ficha articulo





Artículo 15.-Notificación del auto de apertura. El auto de apertura del procedimiento administrativo
será notificado de conformidad con lo establecido en los artículos 239 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública y de manera supletoria por la Ley de Notificaciones Judiciales
N° 8687 del 4 de diciembre del 2008, publicada en La Gaceta N° 20 del 29 de enero del 2009.





Las partes indicarán en su primer escrito, el medio o lugar escogido para recibir las notificaciones
posteriores, y se aplicará en todos sus extremos lo dispuesto en la Ley de Notificaciones Judiciales
en atención a lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley General de Administración Pública.





La OT procurará por todos los medios a su alcance garantizar la notificación realizada mediante
medios electrónicos.





En particular, se podrá notificar al representante legal residente en el país nombrado al efecto en
los casos previstos en el artículo 63.5 de la Ley de Biodiversidad.





En caso de identificarse un proveedor del recurso genético y bioquímico, si el denunciante no
ostenta tal condición, la OT notificará al mismo quien será tenido como parte del procedimiento
administrativo sancionador para lo que corresponda en derecho.







 





Ficha articulo





Artículo 16.-Acumulación de procedimientos. Cuando la OT, de oficio o a gestión de parte,
determinare la existencia de dos o más denuncias, con identidad de objeto y causa, procederá a
acumularlos tramitándolos en un único procedimiento.







 





Ficha articulo





Artículo 17.-Conciliación y otras medidas alternas. En el auto de apertura del procedimiento
administrativo, se otorgará al proveedor del recurso genético y bioquímico y el posible infractor,
un plazo de diez días hábiles, antes de la audiencia oral y privada para que presenten ante el
Órgano Director, por escrito un acuerdo conciliatorio, el cual deberá ser homologado por la OT quien
podrá realizar las observaciones y comentarios pertinentes al mismo, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social N° 7727 del 9 de
diciembre de 1997, publicada en La Gaceta N° 9 del 14 de enero de 1998.





Si se alcanzare un acuerdo conciliatorio entre las partes, estas levantarán un acta o documento
escrito, en donde se indicarán todos sus extremos y se presentará ante el Órgano Director en el
plazo establecido. El Órgano Director trasladará el acuerdo conciliatorio para que la OT, analice si
otorga o no la correspondiente homologación. Además el Órgano Director deberá comunicar en ese mismo
plazo a las partes, la suspensión de la audiencia oral y privada, en espera de la comunicación de la
decisión de la OT respecto al acuerdo o propuesta de conciliación.





La OT deberá verificar que lo conciliado entre las partes no sea contrario al ordenamiento jurídico,
considerando los principios y objetivos de la Convención sobre Diversidad Biológica y la Ley de
Biodiversidad. El acuerdo conciliatorio deberá contemplar, las medidas y acciones necesarias y
oportunas para garantizar la distribución justa y equitativa de beneficios, el uso sostenible de la
biodiversidad y el monitoreo y seguimiento de la utilización de los recursos genéticos y
bioquímicos, entre otros componentes de la misma.





En caso de no existir un proveedor o de no poder identificarse el mismo, el denunciante cuando sea
Parte del procedimiento, podrá someter a consideración de la OT un acuerdo conciliatorio con el
denunciado de conformidad con el procedimiento establecido en este artículo.





La OT contará con un plazo de 8 días naturales para prevenir a las partes por una única vez y en
forma escrita, sobre la información que debe aclarar o completar, así como para comunicar
observaciones o modificaciones. Para que aclare, complete o presente las respectivas modificaciones,
las partes contarán con un plazo de diez días hábiles. Una vez transcurrido dicho plazo, la OT
dispondrá de un plazo máximo de quince días naturales para decidir si homologa o no el acuerdo.





La OT, deberá comunicar su decisión al Órgano Director, dentro de los siguientes tres días naturales
contados a partir de la emisión de dicho acto, con la finalidad de que en el caso de que exista una
conciliación homologada totalmente, el Órgano Director notifique a las partes la suspensión
definitiva de la audiencia oral y privada y recomiende al Órgano Decisor el archivo del
procedimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, o que en el caso de que la
conciliación homologada sea en forma parcial o no exista homologación, se continúe con el respectivo
procedimiento administrativo, de conformidad con la Ley General de Administración Pública.





En atención a lo dispuesto en el artículo 99, inciso i de la Ley Orgánica del Ambiente, una vez
homologada una propuesta conciliatoria el Órgano Decisor puede resolver concluir el procedimiento
administrativo sin necesidad de imponer la multa prevista en el artículo 112 de la Ley de
Biodiversidad siempre que el acuerdo satisfaga el interés público lo cual deberá estar adecuadamente
motivado en la resolución que homologa el mismo. Sin embargo, el Órgano Decisor en uso de sus
potestades de imperio en casos calificados debidamente justificados, también podrá, fundamentar en
la resolución final, imponer una multa aún y cuando se haya logrado una conciliación homologada
entre el proveedor y posible infractor o investigado.





En caso de existir un denunciante se notificará al mismo el resultado del procedimiento.





Al procedimiento conciliatorio le son aplicables las normas generales contenidos en la Ley de
Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, así como la normativa especial
establecida en el Código Procesal Contencioso Administrativo Ley N° 8508 del 28 de abril del 2006,
publicado en el Alcance Digital N° 38 de La Gaceta N° 120 del 22 de junio del 2006.





Para cualquier otro acceso y utilización posterior de los recursos genéticos y bioquímicos el
posible infractor deberá tramitar y obtener el correspondiente permiso de acceso y cumplir con los
requisitos establecidos en el marco jurídico aplicable, incluyendo la obtención del consentimiento
informado previo por parte del proveedor.







 





Ficha articulo





Artículo 18.-Actuación en horas y días inhábiles. El Órgano Director podrá actuar en días y horas
inhábiles cuando la dilación pueda:





. Causar perjuicio grave a los interesados.





.  Representar grave riesgo para la salud o el ambiente.





.  Entorpecer el procedimiento.





.  Hacer ilusorio el efecto de la resolución administrativa.





Lo anterior se hará mediante resolución fundada que habilite el día y hora.







 





Ficha articulo





Artículo 19.-Actividad Procedimental Defectuosa. Cuando sea del caso, el Órgano Director podrá, de
oficio o a solicitud de parte, declarar nulidades y disponer la reposición de trámites, a fin de
corregir irregularidades que pudieren afectar la validez del procedimiento. Siempre que sea posible,
los defectos deberán ser saneados renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto
omitido. A estos efectos, y con la finalidad de proveer la debida celeridad y eficacia al
procedimiento se podrá aplicar por analogía las normas del Código Procesal Contencioso
Administrativo y la Ley de Notificaciones Judiciales.







 





Ficha articulo





Artículo 20.-Corrección de errores materiales. El Órgano Director podrá corregir con





fundamento en el artículo 157 de la Ley General de Administración Pública, en cualquier tiempo, los
errores puramente materiales que contuvieren sus resoluciones, mediante auto que dictará de oficio o
a solicitud de parte y que será declarado firme.







 





Ficha articulo





Artículo 21.-Medidas cautelares. Cuando la gravedad de los hechos denunciados o investigados de
oficio implique la eventualidad de que se continúen cometiendo infracciones a la normativa de acceso
a recursos genéticos y bioquímicos, se puedan destruir o transferir a terceros dentro y fuera del
paísrecursos genéticos y bioquímicos o se cometan daños de difícil o imposible reparación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 61 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente y los
artículos 11, 45 y 54 de la Ley de Biodiversidad, la OT o el Órgano Director del procedimiento,
según sus competencias, podrán dictar medidas cautelares durante la investigación preliminar, el
transcurso del procedimiento e incluso en la fase de ejecución de la resolución final, de oficio o a
solicitud de parte, para impedir estas consecuencias.





Las medidas cautelares pueden ser las siguientes:





a) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan
la denuncia o la investigación.





b) Suspender temporalmente, en forma total o parcial, el o los actos administrativos que provocan la
denuncia o la investigación.





c) Clausurar temporalmente, en forma total o parcial, las actividades que provocan la denuncia o la
investigación.





d) Así como cualquier otra medida que a criterio de la OT o del Órgano Director del procedimiento se
estime pertinente a fin de evitar un daño de difícil o imposible reparación.





En casos calificados, a criterio de la OT o del Órgano Director, cuando exista un peligro inminente,
o se cause un daño irreparable, lo cual justificará en la respectiva resolución, la medida cautelar
se decretará sin notificación ni audiencia previa y podrá ejecutarse en forma inmediata.





La OT y el Órgano Director tendrán facultades para determinar el alcance de las medidas, así como su
modificación, sustitución o cese. Para imponer, otorgar o denegar alguna medida cautelar, la OT o el
Órgano Director deberán considerar las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica y los
principios de razonabilidad y proporcionalidad.





Cuando varíen las circunstancias de hecho que motivaron la adopción de alguna medida cautelar, la OT
o el Órgano Director, de oficio o a instancia de parte, podrá modificarla o suprimirla. En igual
forma, cuando varíen las circunstancias de hecho que dieron motivo al rechazo de la medida
solicitada, la OT o el Órgano Director, de oficio o a instancia de parte, podrá considerar
nuevamente la procedencia de aquella u otra medida cautelar.







 





Ficha articulo





Artículo 22.-Administración y acceso al expediente administrativo. Las partes, sus representantes y
cualquier abogado tendrán derecho en cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y fotocopiar
cualquier pieza del expediente, así como solicitar certificación de la misma, con las salvedades que
indica el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública.







 





Ficha articulo





Artículo 23.-Solicitud de informes. Con la finalidad de determinar la verdad real de los hechos, la
OT y el Órgano Director se encuentran facultados para solicitar a los distintos órganos de la
Administración Pública la remisión de informes técnicos o administrativos que requiera, en los
plazos señalados por el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública.







 





Ficha articulo





Artículo 24.-Inspección in situ. Cuando el Órgano Director lo estime oportuno, podrá realizar las
inspecciones oculares y periciales que considere necesarias, en cuyo caso deberá citar a las partes
a dicha diligencia.







 





Ficha articulo





Artículo 25.-Defensas previas y excepciones. Una vez presentada una defensa previa o alguna
excepción el Órgano Director deberá resolverla previamente mediante resolución fundada.







 





Ficha articulo





Artículo 26.-Caducidad. La caducidad del procedimiento administrativo previsto en este reglamento se
regulará según lo establecido en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública.







 





Ficha articulo





Artículo 27.-Audiencia oral y privada. El Órgano Director se constituirá en la sala de audiencias o
en el lugar designado el día y la hora fijados para tal efecto, y acordará cuál de sus integrantes
preside la audiencia en caso de tratarse de órganos colegiados. Quien presida verificará la
presencia de las partes y de sus representantes y, cuando corresponda, la de testigos, peritos o
intérpretes. Después de ello, declarará abierta la audiencia. Dirigirá la audiencia, ordenará las
lecturas necesarias, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos y las declaraciones,
ejercerá el poder de disciplina y moderará la discusión, impidiendo intervenciones impertinentes e
injustificadamente prolongadas; además, rechazará las solicitudes notoriamente improcedentes o
dilatorias, respetando el derecho de defensa de las partes.





El día de la audiencia, las pruebas serán evacuadas conforme el orden que determine quien presida,
correspondiendo a este el otorgamiento de la palabra a las partes y la dirección en general del
proceso de la audiencia, conforme las prescripciones establecidas en la Ley General de
Administración Pública.





Con respecto a la prueba documental deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley
General de la Administración Pública demás normativa aplicable.





Tratándose de la prueba testimonial y pericial se seguirá el procedimiento indicado en los artículos
106 y 107 del Código Procesal Contencioso Administrativo.





En caso contrario, se dará la palabra a la parte denunciante si se le hubiera otorgado dicha
condición, al proveedor de haber sido identificado y a la investigada, en su orden, quienes
resumirán los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten sus pretensiones y manifestarán lo que
estimen pertinente en defensa de sus intereses.





De acuerdo con la prueba recabada y su volumen, a cada parte se le otorgará un tiempo determinado
para la exposición de sus conclusiones.





El Órgano Director emitirá una recomendación al Órgano Decisor, con sustento en la verificación de
los hechos investigados y el derecho que corresponda.







 





Ficha articulo





Artículo 28.-Acta y Registro de la Audiencia. El Órgano Director levantará un acta de la audiencia.
Se podrá realizar una grabación de ésta, mediante cualquier mecanismo técnico; dicha grabación
deberá conservarse hasta la firmeza de la resolución final, sin detrimento de las reproducciones
fidedignas que puedan realizar las partes.





En los casos de prueba compleja, se podrá ordenar la transcripción literal de la audiencia, mediante
taquigrafía u otro método similar.





La falta o insuficiencia de la grabación no producirá, por sí misma, un motivo de impugnación de la
resolución final.







 





Ficha articulo





Artículo 29.-Dictado de la resolución final. Una vez terminada la comparecencia recabadas las
pruebas o declaradas inevacuables las que se consideren como tal y escuchadas o recibidas las
conclusiones, y por lo tanto recibida la recomendación del Órgano Director, se dictará en un plazo
de 15 días naturales por parte del Órgano Decisor la resolución final del procedimiento
administrativo todo de conformidad con lo establecido en el artículo 319 de la Ley General de
Administración Pública. El procedimiento se concluirá por acto final ordenando el archivo del
expediente cuando no haya mérito o pruebas suficientes para la aplicación de medidas sancionatorias,
o acreditada la infracción de las disposiciones de la Ley, impondrá la multa y otras medidas
administrativas contempladas en la Ley Orgánica del Ambiente que estime pertinente según los
criterios establecidos en el artículo 29.





El acto final debidamente motivado podrá considerar el traslado de la denuncia únicamente para
efectos del daño ambiental al Tribunal Ambiental Administrativo o al Ministerio Público en los casos
en que pueda constituir un delito.







 





Ficha articulo





Artículo 30.-Criterios para imponer las sanciones administrativas. Se aplicarán cuando proceda, las
multas reguladas en el artículo 112 de la Ley de Biodiversidad y las medidas establecidas en el
artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, siguiendo los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, legalidad y debido proceso. y en particular se podrá considerar: el grado de dolo
o culpa del denunciado; el beneficio obtenido o el que se esperaba obtener; reincidencia, el
incumplimiento de las advertencias previas; la transferencia realizada de los recursos genéticos o
bioquímicos a terceros dentro o fuera del país o la publicación por cualquier medio de información
sobre los recursos genéticos y bioquímicos; la posible pérdida de oportunidades económicas para
obtener una distribución justa y equitativa de beneficios; y el impacto ambiental ocasionado (
especialmente cuanto se trate de especies con poblaciones en peligro de extinción, reducidas o
amenazadas) cuando sea el caso, entre otros.





Se considerarán según la gravedad de la infracción los siguientes rangos de multa:





El Órgano Decisor podrá considerar imponer un mínimo de siete salarios y hasta el máximo de doce
salarios establecidos en la Ley de Biodiversidad, en los siguientes supuestos: no se haya obtenido
del todo un permiso; se ha engañado al proveedor o a la OT suministrando información falsa; se han
producido daños ambientales a los ecosistemas y/o especies durante el acceso autorizado o no
autorizado; se realice o haya realizado acceso no autorizado a especies con poblaciones en peligro
de extinción, reducidas o amenazadas; se presenta incumplimiento de alguna restricción establecida
en el permiso de acceso o en el Consentimiento previamente informado; se han solicitado derechos de
propiedad intelectual de innovaciones producidas a partir del acceso no autorizado; se han obtenido
derechos de propiedad intelectual de innovaciones producidas a partir del acceso no autorizado; se
ha transferido el material de acceso no autorizado o información asociada a terceros a cambio de una
remuneración o no, especialmente fuera del país; se percibe beneficios económicos de un acceso no
autorizado; se percibe beneficios económicos por parte del interesado y no los distribuye con el
proveedor de los recursos; o se trate de un infractor reincidente.





En los demás supuestos, se podrá considerar la imposición de multas desde uno hasta seis salarios
base.





Podrán aplicarse adicionalmente las siguientes medidas protectoras contempladas en el artículo 99 de
la Ley Orgánica del Ambiente:





a) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo.





b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios comprobados.





c) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan
la denuncia.





d) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la denuncia.





e) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad
biológica.





f) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en materia
ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente.







 





Ficha articulo





Artículo 31.-Recursos. La impugnación de resoluciones se regirá de conformidad con lo establecido
por los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública. Contra el acto
final, se dispondrá de tres días hábiles para plantear por escrito recurso de revocatoria ante la
misma y de apelación ante la Comisión Plenaria de la CONAGEBIO, quién agotará la vía administrativa.
El plazo se cuenta a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución. La Comisión
Plenaria de la CONAGEBIO en caso necesario podrá requerir la participación y colaboración de otros
asesores legales del Ministerio para dar trámite al mismo, en los supuestos en que la asesoría legal
de la misma haya participado en el órgano director del procedimiento.







 





Ficha articulo





Artículo 32.-Notificaciones. Las resoluciones se notificarán en los términos indicados en los
artículos 239 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública y
supletoriamente de conformidad con la Ley de Notificaciones Judiciales quedando facultada la OT para
implementar otras modalidades de notificación, cuando los sistemas tecnológicos lo permitan, siempre
que se garantice la seguridad del acto de comunicación, el debido proceso y no se cause indefensión.







 





Ficha articulo





Artículo 33.-Aclaración y adición. Cuando la resolución final fuere omisa u oscura en su parte
dispositiva, podrá ser adicionada o aclarada de oficio antes de que se notifique la resolución
correspondiente o a instancia de parte presentada dentro del plazo de tres días.







 





Ficha articulo





Artículo 34.-Publicación de la resolución. Las resoluciones finales firmes serán puestas a
disposición del público en la página web de la OT y en cualquier otro sitio de interés para difundir
el contenido y alcance de los mismos, incluyendo el Centro de Intercambio de Información del
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Igualmente se notificará a las autoridades competentes en
materia de propiedad intelectual en los casos en que sea pertinente a tenor de lo dispuesto en los
artículos 79 y 80 de la Ley de Biodiversidad.







 





Ficha articulo





Artículo 35.-Seguimiento y monitoreo de la ejecución de la sanción. La OT dará seguimiento a las
resoluciones y los acuerdos o propuestas de conciliación homologados mediante los mecanismos
previstos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y para tal efecto podrá gestionar la
colaboración y coordinación con otras entidades competentes públicas y privadas. Las resoluciones
finales serán ejecutadas en los términos del numeral 149 de la Ley General de Administración
Pública.







 





Ficha articulo





Artículo 36.-Plazo para el pago de las multas. La ejecución del acto final que imponga una multa,
deberá estar precedida de dos intimaciones consecutivas; para tal propósito el acto final deberá
contener la primera intimación.





La segunda intimación deberá ser notificada a los tres días hábiles posteriores a la primera
notificación; en ambas intimaciones se deberá apercibir a la persona infractora que debe proceder a
la cancelación de la suma indicada en el acto final.





La ejecución del pago de la multa podrá ser suspendida mientras se resuelven los recursos de
revocatoria y apelación en caso de haberse planteado alguno de estos.





La suma que debe ser cancelada por concepto de sanción administrativa, de conformidad con el
artículo 112 de la Ley de Biodiversidad, deberá ser depositada dentro de los 30 días hábiles
posteriores a la notificación de la primera intimación, en la cuenta de la CONAGEBIO según dispone
el artículo 19, inciso 4 de la Ley de Biodiversidad En el supuesto de que el denunciado incumpla con
la obligación del pago de la multa impuesta, la Dirección Ejecutiva emitirá el certificado de
adeudo, el que para tales efectos se constituye en título ejecutivo, que se hará ejecutorio en la
vía jurisdiccional correspondiente mediante los procedimientos previstos en el ordenamiento
jurídico.





La OT llevará un registro actualizado de las multas impuestas y las pagadas.







 





Ficha articulo





Artículo 37.-Disposiciones supletorias. En todo aquello no previsto en este reglamento se aplicará
lo dispuesto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, el Código Procesal Civil y la Ley de
Notificaciones Judiciales





Ficha articulo





CAPÍTULO II





Disposiciones finales





Artículo 38.-Derogatoria. Se deroga el artículo 27 del Decreto Ejecutivo Nº 31514 -MINAE del 3 de
octubre de 2003, publicado en La Gaceta Nº 241 del 15 de diciembre del 2003, denominado: Normas
Generales para el Acceso a los Elementos y Recursos Genéticos y Bioquímicos de la Biodiversidad.





Ficha articulo





Artículo 39.-Rige 6 meses después de su publicación.





Dado en la Presidencia de la República.-San José, a las nueve horas del cuatro de agosto del dos mil
quince.





Ficha articulo





Fecha de generación: 22/3/2026 06:52:15

Ir al principio del documento

Remember that Control F is an option that allows you to search the entire text


Go to the end of the document

- You are viewing the latest version of the regulation -

Regulation for the Application of Administrative Sanctions in Matters of Unauthorized Access to
Genetic and Biochemical Elements and Resources, Established in the Biodiversity Law No. 7788


No. 39341-MINAE

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

AND THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY

In use of the powers conferred by Articles 46, 50, 140 subsections 3) and 18) and 146 of the
Political Constitution, Articles 46, 47 and 99 of the Organic Law of the Environment No. 7554 of October 4,
1995 and Articles 62, 69, 112 and 113 of the Biodiversity Law No. 7788 of April 30,
1998.

Whereas:

I.-That the Convention on Biological Diversity, ratified by Costa Rica through Law No. 7416 of
June 30, 1994, published in La Gaceta No. 143 of July 28, 1994, in its Article 15 affirms
that in recognition of the sovereign rights of States over their natural resources, the
authority to regulate access to genetic resources is the purview of governments and is subject
to national legislation and that each party shall endeavor to create conditions to facilitate access for
environmentally sound uses.

II.-That Article 6 of the Biodiversity Law No. 7788 of April 30, 1998, published in La
Gaceta No. 101 of May 27, 1998, provides that the biochemical and genetic properties of the
elements of wild and domesticated biodiversity are in the public domain and that the State
shall authorize the exploration, research, bioprospecting, use and exploitation of the
elements of biodiversity that constitute public domain goods, as well as the utilization of
all genetic and biochemical resources, through the general rules of access.

III.-That Article 14 of the Biodiversity Law creates the National Commission for the Management of
Biodiversity, hereinafter CONAGEBIO, and assigns it attributions including, among others, the conservation,
sustainable use, and restoration of biodiversity.

IV.-That Article 17, subsection 1 of the Biodiversity Law establishes that it is a function of the Office
of the CONAGEBIO, hereinafter OT: "To process, approve, reject, and supervise access requests
to biodiversity resources."

V.-That Article 62 of the same Law establishes that: "It corresponds to the Commission to propose
access policies on the genetic and biochemical elements of ex situ and in
situ biodiversity. It shall act as a mandatory advisory body in the procedures for requesting protection
of intellectual rights over biodiversity.

The provisions agreed upon on the matter shall constitute the general rules for access to
genetic and biochemical elements and for the protection of intellectual rights over
biodiversity to which the administration and interested private parties must submit."

VI.-Access to the genetic and biochemical elements and resources of biodiversity is regulated
by the Biodiversity Law, Executive Decree No. 31514-MINAE of October 3, 2003,
published in La Gaceta No. 241 of December 15, 2003, denominated: General Rules for
Access to the Genetic and Biochemical Elements and Resources of Biodiversity, Executive Decree
No. 33697- MINAE of February 6, 2007, published in La Gaceta No. 74 of April 18, 2007,
denominated: Regulation for Access to the Genetic and Biochemical Elements and Resources of
Biodiversity under ex situ conditions, and various international agreements and treaties, namely the
Convention on Biological Diversity and Convention 169 of the International Labour
Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Law No. 7316 of November 3,
1992, published in La Gaceta No. 234 of December 4, 1992).

VII.-That Article 69 of the Biodiversity Law stipulates that: "Any research or
bioprospecting program on genetic or biochemical material of biodiversity that intends to be carried out in
Costa Rican territory requires an access permit. For duly registered
ex situ collections, the regulation of this law shall establish the procedure for authorizing the respective
permit."

VIII.-That Article 112 of the Biodiversity Law establishes that "Whoever carries out exploration,
bioprospecting, or has access to biodiversity, without being authorized by the OT of the Commission,
when necessary under the terms of this law, or deviates from the terms under which the
permit was granted, shall be imposed a fine that shall range from the equivalent of one salary
established in Article 2 of Law No. 7337 to the equivalent of twelve of these salaries."

IX.-That Article 113 of the Biodiversity Law stipulates that "For the purposes of this law,
administrative infractions and their correlative sanctions are understood to be those established in the Organic Law
of the Environment, the Wildlife Law, the Forest Law, and in other applicable
legislations."

X.-That Article 99 of the Organic Law of the Environment establishes that in the event of a violation of
environmental protection regulations or conduct harmful to the environment clearly established in
the Law, a set of protective measures and sanctions shall be applied.

XI.-That Article 106 of the Biodiversity Law indicates that for this purpose, the
ordinary administrative procedure provided for in the General Law of Public Administration No.
6227 shall be applied.

XII.-That Article 80 of the Biodiversity Law establishes that both the National
Seed Office and the Industrial Property and Intellectual Property Registries must obligatorily
consult the OT of the Commission before granting intellectual or industrial property protection for
innovations involving elements of biodiversity. Likewise, the interested party must
provide the certificate of origin issued by the OT and the Prior Informed Consent. If
there is a founded opposition by the OT, this shall prevent registering the patent or protection of
the innovation.

XIII.-That in addition to the national and international legal provisions on access already
cited, and in accordance with the principle of citizen participation contained in Article 101
of the Biodiversity Law, Article 6 of the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4,
1995, published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995, and Principle 10 of the
Rio de Janeiro Declaration of 1992, the CONAGEBIO held consultations and workshops on various
occasions to obtain recommendations from experts, involved sectors, and national
institutions in the drafting of this regulation, seeking to fulfill this duty in the most
effective, participatory, and transparent manner, and furthermore, norms, jurisprudence, doctrine,
and experiences in comparative law on this matter have been reviewed.

XIV.-Likewise, in accordance with Article 361 of the General Law of Public Administration No. 6227
of May 2, 1978, the CONAGEBIO submitted the proposal for this Executive Decree to the knowledge and consultation of the institutions and the public
in general, granting a period of one calendar month counted from
the day following the publication of the corresponding notice, for observations to be submitted before
the headquarters of the Institution with the respective technical, scientific, or legal justification.

XV.-That it is necessary and convenient to have a duly regulated procedure, which
provides legal certainty to the competent authorities and interested parties, regarding the manner of
processing and resolving possible cases of unauthorized access to genetic and
biochemical resources of biodiversity, complementing the pertinent provisions of the General Law of
Public Administration.

XVI.-That in accordance with the provisions of Executive Decree No. 37045-MP-MEIC of February 22,
2012, published in Alcance Digital No. 36 of La Gaceta No. 60 of March 23, 2012, and its
amendments, denominated: Regulation to the Law for the Protection of the Citizen from Excess Requirements and
Administrative Procedures, the Cost-Benefit Evaluation Form was completed in
Section I denominated Prior Control of Regulatory Improvement, the result of which was
negative and the proposal contains neither procedures nor requirements. Therefore,

THEY DECREE:

Regulation for the Application of Administrative Sanctions in Matters

of Unauthorized Access to Genetic and Biochemical Elements and Resources,

Established in the Biodiversity Law No. 7788

CHAPTER I

General Provisions

Article 1—Purpose. The purpose of this regulation is to establish the
administrative sanctioning procedure for the application of the provisions of Articles 112 and 113 of the
Biodiversity Law and to arrange other administrative measures in the case of unauthorized access to
genetic and biochemical resources.

Article file

Article 2—Abbreviations:

a) CONAGEBIO: National Commission for the Management of Biodiversity.

b) OT: Technical Office of the CONAGEBIO.

 

Article file

Article 3—Applicable Procedure. In accordance with the provisions of Article 106 of the
Biodiversity Law, the applicable procedure for processing and resolving administrative
sanctions for unauthorized access to the elements of biodiversity contemplated in
Article 112 of the Biodiversity Law, shall be the ordinary procedure established in the General Law
of Public Administration No. 6227 of May 2, 1978, with the complementary specifications
contained in this regulation.

 

Article file

Article 4—Definitions. For the interpretation and application of this regulation, the
definitions included in Article 2 of the Convention on Biological Diversity, Article 7 of
the Biodiversity Law, Article 6 of Executive Decree No. 31514-MINAE, Article 4
of Executive Decree No. 33697-MINAE, and Article 3 of Executive Decree No. 34433-MINAE of March 11,
2008, published in La Gaceta No. 68 of April 8, 2008, denominated: Regulation to the
Biodiversity Law, shall be used.

Additionally, for the purposes of the application of this regulation, unauthorized access shall be understood as
access to genetic or biochemical resources and associated traditional knowledge
carried out without obtaining an access permit from the OT of the CONAGEBIO, that does not respect the
mutually agreed terms contained in the prior informed consent contract
signed with the provider, or that does not comply with the terms and conditions imposed by the respective
access permit.

 

Article file

Article 5—Legal Principles. The OT shall carry out the ordinary administrative procedure
established in the General Law of Public Administration and supplemented by this regulation,
subject to the principles of due process, orality, ex officio authority, celerity, immediacy of
evidence, and informality, and, by virtue of ex officio procedural impulse, the OT is empowered to
conduct its processing without the need for action by a party.

The procedure shall be fast, economical, and technical, guaranteeing access to justice.

 

Article file

Article 6—Complaint and Ex Officio Action by the OT. Content of the complaint. The OT may
act ex officio, initiating the respective administrative sanctioning procedures, or by
complaint of any interested party. For this purpose, the standing established by virtue
of Article 105 of the Biodiversity Law and the constitutional jurisprudence on the matter shall be considered.
The complainant may be considered as a party or witness in accordance with the provisions of Article
275 of the General Law of Public Administration, as determined by the OT.

The complaint must comply with the requirements established in Article 285 of the General Law of
Public Administration and in Article 107 of the Organic Law of the Environment.

However, complaints may be filed orally, by appearance before one of the
designated officials of the OT, in which case the respective record shall be drawn up, which shall be signed by
the official and the complainant.

Likewise, complaints may be submitted by fax, through electronic or computer
means (including the email address established for this purpose by the OT), or other
similar means that allow the sending of the communication and its normal reception, provided that they submit
the original document within the following five business days, in which case the filing of
the complaint shall be deemed to have been made at the moment the first communication is received.

Once the complaint is received, the OT shall prepare a duly foliated file and shall have a period
of seven calendar days to review the information and notify the complainant of the information
that must be clarified or completed.

For the complaint to be clarified or completed, a period of
ten business days shall be granted, one single time and in writing, in accordance with Article 264 of the General Law of Public Administration,
for the person filing the complaint to make the necessary clarifications.

Failure to comply with the notification or the absence of justification for the non-compliance shall motivate the
archiving of the matter unless the OT decides to continue with its ex officio processing.

 

Article file

Article 7—Proceedings before the OT. Those who intervene in the constituted administrative procedure
may carry out proceedings before the OT, via fax or by electronic or
similar means, which allow the sending of the communication and its normal reception, in such a way
that its authenticity is guaranteed, in a compatible manner, in accordance with Article 243 of the
General Law of Public Administration, and to the extent possible, with what the
Superior Council of the Judiciary has provided for judicial cases.

Copies of documents, as well as those containing data, information, or messages, and that are
expressed or transmitted by an electronic, computer, magnetic, optical, telematic means, or produced by new technologies,
shall have the validity and efficacy of an original physical document,
provided they comply with the procedures established to guarantee their authenticity, integrity,
and security. Alterations that affect the authenticity or integrity of such documents shall
cause them to lose their legal value.

If a party to the procedure or the OT questions the accuracy of such documents, they must be collated
with the original or the procedure for signatures, for electronic certification, must be verified, if
technically possible.

If not possible, their probative value shall be subject to the joint assessment of the other
probative elements.

 

Article file

Article 8—Investigation to Obtain the Truth of the Facts. The OT shall carry out all pertinent proceedings
to establish the truth of the facts, which may include, depending on the circumstances of the specific
case: inspections, taking samples, requesting reports, among others. The OT shall prepare the
necessary protocols to guarantee the chain of custody of the evidence and its corresponding
traceability when appropriate, and if necessary, it may request the support of other
institutions and bodies with experience in the matter for its development and implementation.

When the complexity or technicality of the case so warrants, it may seek advice from technicians in the
matter or from any professional with technical competence for such purposes.

For the fulfillment of their obligations, the duly identified officials of the OT enjoy
police authority in accordance with the provisions of Article 63 of Executive Decree
No. 35669-MINAET of December 4, 2009, published in La Gaceta No. 3 of January 6, 2010,
denominated: Organic Regulation of the Ministry of Environment and Energy, to detain, transit,
inspect, enter, supervise control investigations, or carry them out in accordance with the
scope of the Biodiversity Law, take samples for analysis, and carry out inspections, as well as
to carry out seizures within any property, industrial and commercial facilities, it being understood that
in the case of private domiciles, they must have the permission of the competent judicial authority
or the owner.

 

Article file

Article 9—Disqualifications, Excuses, and Recusals. The members of the directing bodies
established by the Executive Directorate and of the decision-makers may excuse themselves from hearing a matter for
just cause, and likewise, they may be recused by any of the parties. If there is a
reason for excuse or recusal, those affected by the reason shall be substituted by another official.

The special provisions on disqualifications, excuses, and recusals established
in the General Law of Public Administration (Article 230 and following), in Article 8 of the
Contentious-Administrative Procedural Code, and in Chapter V (Articles 49 and following and
concordant) of the Civil Procedural Code are applicable.

 

Article file

Article 10.—Prescription of Administrative Infractions. The imposition of the corresponding
fines for activities that may constitute unauthorized access in accordance with Article 112
of the Biodiversity Law, by virtue of the constitutional principle of legal certainty,
and integrating the provisions of the legal system according to Article 9 of the General Law of
Public Administration No. 6227, shall prescribe within a period of four years from when the facts ceased,
in accordance with the provisions of Article 198 of the General Law of Public Administration,
and as long as a different period fixed by Law is not available.

 

Article file

Article 11.—Recovery of Genetic and Biochemical Resources. In all cases and by virtue of the
public domain character of genetic and biochemical resources established in Article 6 of
the Biodiversity Law No. 7788, the OT may manage and order the return and recovery of the
genetic and biochemical resources of the elements of Costa Rican biodiversity in the event that
it is still possible. For this purpose, the provisions of this regulation shall be observed insofar as
applicable.

The OT may deposit the recovered genetic and biochemical resources in ex situ collections
adequate according to their nature, for which it shall carry out the pertinent proceedings before
the person responsible for the respective collection.

 

Article file

Article 12.—Admissibility of the Complaint and Preliminary Investigation. The Deciding Body

shall determine the need to carry out, in cases it deems pertinent, a preliminary
investigation to determine the opening of an administrative procedure or whether it is appropriate to dismiss the
complaint and proceed with its archiving. As part of the preliminary investigation, an attempt shall be made to identify
the provider of the genetic or biochemical resource affected by the unauthorized access. Whoever exercises the
Executive Directorate of the OT of the CONAGEBIO acts as the deciding body in this procedure.

 

Article file

Article 13.—Submission of Reports. In the event that the party's non-compliance refers to
the non-submission of the respective reports, the user shall have a period of 15 business days
to carry out the corresponding corrective measure and satisfy the public interest. In the event
that the documentation is not provided within the established period, the notification of the order
to open the administrative procedure shall proceed.

 

Article file

Article 14.—Order to Open the Administrative Procedure. Once the complaint is received,
its admissibility declared, and the preliminary investigation stage concluded, if any, the
Deciding Body shall appoint the Directing Body, so that the latter may issue the opening of the
ordinary administrative procedure, summoning the parties with at least fifteen business days' notice to
an oral and private hearing, in accordance with the prescriptions established in Articles
308 and following of the General Law of Public Administration.

The procedure indicated in the preceding paragraph shall also be followed in the event that the OT
ex officio determines the need to open an administrative procedure and, therefore, to appoint a
Directing Body.

Any of the officials of the Office may act as the Directing Body of the administrative
procedure. Likewise, collegiate bodies may be constituted, for example, in cases of
particular complexity. Other officials of the Ministry of Environment may be appointed in
qualified cases. Those who hold such status shall have the powers contemplated in Article 300 of
the General Law of Public Administration.

 

Article file

Article 15.—Notification of the Opening Order. The order to open the administrative procedure
shall be notified in accordance with the provisions of Articles 239 and following of the General
Law of Public Administration and, supplementarily, by the Law of Judicial Notifications
No. 8687 of December 4, 2008, published in La Gaceta No. 20 of January 29, 2009.

The parties shall indicate in their first brief the means or place chosen to receive subsequent notifications,
and the provisions of the Law of Judicial Notifications shall be applied in all its extremes,
in consideration of the provisions of Article 229 of the General Law of Public Administration.

The OT shall endeavor by all means at its disposal to guarantee notification made through
electronic means.

In particular, it may notify the legal representative residing in the country appointed for this purpose in
the cases provided for in Article 63.5 of the Biodiversity Law.

In the event of identifying a provider of the genetic and biochemical resource, if the complainant does not
hold such condition, the OT shall notify the same, who shall be considered a party to the administrative
sanctioning procedure for whatever is appropriate in law.

 

Article file

Article 16.—Accumulation of Procedures. When the OT, ex officio or at the request of a party,
determines the existence of two or more complaints with identity of object and cause, it shall proceed to
accumulate them, processing them in a single procedure.

 

Article file

Article 17.—Conciliation and Other Alternative Measures. In the order to open the administrative
procedure, the provider of the genetic and biochemical resource and the possible offender shall be granted
a period of ten business days, prior to the oral and private hearing, to submit before the
Directing Body, in writing, a conciliation agreement, which must be homologated by the OT, which
may make pertinent observations and comments on it, in accordance with the provisions
of the Law on Alternative Conflict Resolution and Promotion of Social Peace No. 7727 of December 9,
1997, published in La Gaceta No. 9 of January 14, 1998.

If a conciliation agreement is reached between the parties, they shall draw up a record or written
document, where all its terms shall be indicated, and it shall be submitted before the Directing Body within the
established period. The Directing Body shall forward the conciliation agreement so that the OT may analyze whether
or not to grant the corresponding homologation. Furthermore, the Directing Body must notify the parties within that same
period of the suspension of the oral and private hearing, pending notice of the
decision of the OT regarding the agreement or conciliation proposal.

The OT must verify that what is conciled between the parties is not contrary to the legal system,
considering the principles and objectives of the Convention on Biological Diversity and the
Biodiversity Law. The conciliation agreement must contemplate the necessary and
opportune measures and actions to guarantee the fair and equitable distribution of benefits,
the sustainable use of biodiversity, and the monitoring and follow-up of the utilization of
genetic and biochemical resources, among other components thereof.

In the event that there is no provider or the same cannot be identified, the complainant, when a
Party to the procedure, may submit a conciliation agreement with the respondent for the consideration of
the OT, in accordance with the procedure established in this article.

The OT shall have a period of 8 calendar days to notify the parties, one single time and in
writing, of the information that must be clarified or completed, as well as to communicate
observations or modifications. For them to clarify, complete, or submit the respective modifications,
the parties shall have a period of ten business days. Once this period has elapsed, the OT
shall have a maximum period of fifteen calendar days to decide whether or not to homologate the agreement.

The OT must communicate its decision to the Directing Body within the following three calendar days
counted from the issuance of said act, so that in the event that there is a
fully homologated conciliation, the Directing Body notifies the parties of the definitive
suspension of the oral and private hearing and recommends to the Deciding Body the archiving of the
procedure, without prejudice to the provisions of the following paragraph, or so that in the event that the
homologated conciliation is partial or there is no homologation, the respective
administrative procedure continues, in accordance with the General Law of Public Administration.

In consideration of the provisions of Article 99, subsection i of the Organic Law of the Environment, once
a conciliation proposal is homologated, the Deciding Body may resolve to conclude the administrative
procedure without the need to impose the fine provided for in Article 112 of the
Biodiversity Law, provided that the agreement satisfies the public interest, which must be adequately
justified in the resolution that homologates it. However, the Deciding Body, in use of its
sovereign powers in qualified, duly justified cases, may also, in the
final resolution, provide grounds for imposing a fine even when a homologated conciliation has been reached
between the provider and the possible offender or person under investigation.

In the event that there is a complainant, the same shall be notified of the result of the procedure.

The general rules contained in the Law on Alternative Conflict Resolution and Promotion of Social Peace, as well as the special regulations
established in the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508 of April 28, 2006,
published in Alcance Digital No. 38 of La Gaceta No. 120 of June 22, 2006, are applicable to the conciliation procedure.

For any subsequent access and utilization of the genetic and biochemical resources, the
possible offender must process and obtain the corresponding access permit and comply with the
requirements established in the applicable legal framework, including obtaining the
prior informed consent from the provider.

 

Article file

Article 18.—Action During Non-Business Hours and Days. The Directing Body may act on non-business days and
hours when the delay may:

. Cause serious harm to the interested parties.

.  Represent serious risk to health or the environment.

.  Hinder the procedure.

.  Render the effect of the administrative resolution illusory.

The above shall be done by means of a reasoned resolution that enables the day and hour.

 

Article file

Article 19.—Defective Procedural Activity. When the case arises, the Directing Body may, ex
officio or at the request of a party, declare nullities and order the replenishment of procedures, in order
to correct irregularities that could affect the validity of the procedure. Whenever possible,
the defects must be cured by renewing the act, rectifying the error, or fulfilling the
omitted act. For these purposes, and in order to provide due celerity and efficacy to the
procedure, the rules of the Contentious-Administrative Procedural Code
and the Law of Judicial Notifications may be applied by analogy.

 

Article file

Article 20.—Correction of Material Errors. The Directing Body may correct, based on

Article 157 of the General Law of Public Administration, at any time, the
purely material errors contained in its resolutions, by means of an order issued ex officio or at
the request of a party, which shall be declared final.

 

Article file

Article 21.—Precautionary Measures. When the gravity of the facts reported or investigated
ex officio implies the eventuality that infractions of the regulations on access
to genetic and biochemical resources continue to be committed, that genetic and biochemical resources
may be destroyed or transferred to third parties inside and outside the country, or that damages of difficult or impossible reparation are caused, in
accordance with the provisions of Articles 61 and 99 of the Organic Law of the Environment and
Articles 11, 45, and 54 of the Biodiversity Law, the OT or the Directing Body of the procedure,
according to their competencies, may issue precautionary measures during the preliminary investigation, the
course of the procedure, and even in the execution phase of the final resolution, ex officio or at
the request of a party, to prevent these consequences.

The precautionary measures may be the following:

a) Restrictions, partial or total, or an order for the immediate cessation of the acts that give rise to
the complaint or investigation.

b) Temporarily suspend, totally or partially, the administrative act or acts that provoke the
complaint or investigation.

c) Temporarily close, totally or partially, the activities that provoke the complaint or
investigation.

d) As well as any other measure that in the judgment of the Technical Office (OT) or the Directing Body of the proceeding is deemed pertinent in order to avoid harm that is difficult or impossible to repair.

In qualified cases, in the judgment of the OT or the Directing Body, when there is imminent danger, or irreparable harm is caused, which shall be justified in the respective resolution, the precautionary measure (medida cautelar) shall be ordered without prior notification or hearing and may be executed immediately.

The OT and the Directing Body shall have the authority to determine the scope of the measures, as well as their modification, substitution, or cessation. To impose, grant, or deny any precautionary measure, the OT or the Directing Body must consider the unequivocal rules of science and technique and the principles of reasonableness and proportionality.

When the factual circumstances that motivated the adoption of a precautionary measure change, the OT or the Directing Body, ex officio or at the request of a party, may modify or suppress it. In the same manner, when the factual circumstances that gave rise to the rejection of the requested measure change, the OT or the Directing Body, ex officio or at the request of a party, may again consider the appropriateness of that or another precautionary measure.

 

Article record

Article 22.—Administration and access to the administrative file. The parties, their representatives, and any attorney shall have the right at any phase of the proceeding to examine, read, and photocopy any piece of the file, as well as to request certification thereof, with the exceptions indicated in Article 273 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública).

 

Article record

Article 23.—Request for reports. For the purpose of determining the real truth of the facts, the OT and the Directing Body are empowered to request the various bodies of the Public Administration to submit the technical or administrative reports required, within the time limits set forth in Article 262 of the General Law of Public Administration.

 

Article record

Article 24.—On-site inspection. When the Directing Body deems it opportune, it may conduct the visual inspections and expert inspections it considers necessary, in which case it must summon the parties to said proceeding.

 

Article record

Article 25.—Preliminary defenses and exceptions. Once a preliminary defense or any exception has been filed, the Directing Body must resolve it beforehand by means of a reasoned resolution.

 

Article record

Article 26.—Lapse. The lapse (caducidad) of the administrative proceeding provided for in these regulations shall be governed in accordance with the provisions of Article 340 of the General Law of Public Administration.

 

Article record

Article 27.—Oral and private hearing. The Directing Body shall convene in the hearing room or at the designated place on the day and at the time set for that purpose, and shall agree which of its members presides over the hearing in the case of collegiate bodies. The presiding member shall verify the presence of the parties and their representatives and, where applicable, that of witnesses, experts, or interpreters. After that, they shall declare the hearing open. They shall direct the hearing, order the necessary readings, give the legal warnings, receive the oaths and statements, exercise the power of discipline, and moderate the discussion, preventing impertinent and unjustifiably prolonged interventions; furthermore, they shall reject manifestly improper or dilatory requests, respecting the right of defense of the parties.

On the day of the hearing, the evidence shall be produced in the order determined by the presiding member, who shall be responsible for granting the floor to the parties and the general direction of the hearing process, pursuant to the provisions established in the General Law of Public Administration.

Regarding documentary evidence, the provisions of Article 295 of the General Law of Public Administration and other applicable regulations must be observed.

In the case of testimonial and expert evidence, the procedure indicated in Articles 106 and 107 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) shall be followed.

Otherwise, the floor shall be given to the complaining party if such status has been granted, to the provider if identified, and to the investigated party, in that order, who shall summarize the factual and legal grounds supporting their claims and shall state what they deem pertinent in defense of their interests.

According to the evidence gathered and its volume, each party shall be granted a specific time for the presentation of their conclusions.

The Directing Body shall issue a recommendation to the Deciding Body, supported by the verification of the investigated facts and the applicable law.

 

Article record

Article 28.—Record and Recording of the Hearing. The Directing Body shall prepare a record (acta) of the hearing. A recording of the hearing may be made by any technical mechanism; said recording must be preserved until the final resolution becomes final and binding (firmeza), without prejudice to the faithful reproductions that the parties may make.

In cases of complex evidence, the literal transcription of the hearing may be ordered, by stenography or another similar method.

The lack or insufficiency of the recording shall not, in itself, constitute a ground for challenging the final resolution.

 

Article record

Article 29.—Issuance of the final resolution. Once the appearance is concluded, the evidence has been gathered or that which is considered so has been declared unproducible, and the conclusions have been heard or received, and therefore the recommendation of the Directing Body has been received, the final resolution of the administrative proceeding shall be issued within a period of 15 calendar days by the Deciding Body, all in accordance with the provisions of Article 319 of the General Law of Public Administration. The proceeding shall be concluded by a final act ordering the archiving of the file when there is no merit or sufficient evidence for the application of sanctioning measures, or, if the violation of the provisions of the Law is proven, it shall impose the fine and other administrative measures contemplated in the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) that it deems pertinent according to the criteria established in Article 29.

The duly reasoned final act may consider referring the complaint solely for the purposes of environmental damage to the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) or to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) in cases that may constitute a crime.

 

Article record

Article 30.—Criteria for imposing administrative sanctions. The fines regulated in Article 112 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) and the measures established in Article 99 of the Organic Law of the Environment shall be applied, when appropriate, following the criteria of reasonableness and proportionality, legality, and due process. In particular, the following may be considered: the degree of intent or fault of the accused; the benefit obtained or expected to be obtained; recidivism; the breach of prior warnings; the transfer made of genetic or biochemical resources to third parties within or outside the country or the publication by any means of information on genetic and biochemical resources; the possible loss of economic opportunities to obtain a fair and equitable distribution of benefits; and the environmental impact caused (especially in the case of species with endangered, reduced, or threatened populations) when applicable, among others.

The following fine ranges shall be considered according to the seriousness of the infraction:

The Deciding Body may consider imposing a minimum of seven base salaries and up to the maximum of twelve base salaries established in the Biodiversity Law, in the following cases: no permit whatsoever has been obtained; the provider or the OT has been deceived by supplying false information; environmental damage has been caused to ecosystems and/or species during authorized or unauthorized access; unauthorized access is or has been carried out on species with endangered, reduced, or threatened populations; there is a breach of any restriction established in the access permit or in the Prior Informed Consent; intellectual property rights have been applied for on innovations produced from unauthorized access; intellectual property rights have been obtained on innovations produced from unauthorized access; the material from unauthorized access or associated information has been transferred to third parties for remuneration or not, especially outside the country; economic benefits are received from unauthorized access; economic benefits are received by the interested party and are not distributed to the provider of the resources; or the case involves a repeat offender.

In other cases, the imposition of fines from one to six base salaries may be considered.

Additionally, the following protective measures contemplated in Article 99 of the Organic Law of the Environment may be applied:

a) Warning by means of notification that a claim exists.

b) Reprimand in accordance with the seriousness of the proven violations.

c) Restrictions, partial or total, or an order for the immediate cessation of the acts giving rise to the complaint.

d) Total or partial, temporary or permanent closure of the acts or events that provoke the complaint.

e) Imposition of compensatory or stabilizing obligations for the environment or biological diversity.

f) Alternatives for compensation of the sanction, such as attending official educational courses on environmental matters; in addition, working on community projects in the environmental area.

 

Article record

Article 31.—Remedies. The challenge of resolutions shall be governed in accordance with the provisions of Article 342 et seq. of the General Law of Public Administration. Against the final act, a period of three business days shall be available to file in writing a motion for revocation (recurso de revocatoria) before the same body and an appeal (recurso de apelación) before the Plenary Commission of CONAGEBIO, which shall exhaust the administrative channel. The time period shall run from the business day following the notification of the resolution. The Plenary Commission of CONAGEBIO, if necessary, may require the participation and collaboration of other legal advisors of the Ministry to process the same, in cases where its own legal advisory unit has participated in the directing body of the proceeding.

 

Article record

Article 32.—Notifications. Resolutions shall be notified in the terms indicated in Article 239 et seq. and concordant articles of the General Law of Public Administration and supplementarily in accordance with the Law on Judicial Notifications (Ley de Notificaciones Judiciales), and the OT is empowered to implement other notification modalities, when technological systems permit it, provided that the security of the act of communication, due process, is guaranteed and no defenselessness is caused.

 

Article record

Article 33.—Clarification and addition. When the final resolution contains an omission or is unclear in its operative part, it may be added to or clarified ex officio before the corresponding resolution is notified or at the request of a party filed within a period of three days.

 

Article record

Article 34.—Publication of the resolution. Final and binding resolutions shall be made available to the public on the OT's website and in any other site of interest to disseminate their content and scope, including the Clearing-House Mechanism of the Convention on Biological Diversity. Likewise, the competent authorities in intellectual property matters shall be notified in cases where it is pertinent pursuant to the provisions of Articles 79 and 80 of the Biodiversity Law.

 

Article record

Article 35.—Follow-up and monitoring of the execution of the sanction. The OT shall follow up on the resolutions and the agreements or conciliation proposals approved through the mechanisms provided for in the national and international legal system and for that purpose may manage collaboration and coordination with other competent public and private entities. Final resolutions shall be executed under the terms of numeral 149 of the General Law of Public Administration.

 

Article record

Article 36.—Time limit for the payment of fines. The execution of the final act imposing a fine must be preceded by two consecutive demands for payment; for that purpose, the final act must contain the first demand.

The second demand must be notified three business days after the first notification; in both demands, the offending person must be warned that they must proceed to cancel the sum indicated in the final act.

The execution of the payment of the fine may be suspended while the motions for revocation and appeal are being resolved, in case any of these have been filed.

The sum that must be canceled as an administrative sanction, in accordance with Article 112 of the Biodiversity Law, must be deposited within 30 business days following the notification of the first demand, into the CONAGEBIO account as provided in Article 19, subsection 4 of the Biodiversity Law. In the event that the accused fails to comply with the obligation to pay the imposed fine, the Executive Directorate shall issue the certificate of debt, which for such purposes constitutes an enforceable title (título ejecutivo), which shall be enforced in the corresponding jurisdictional channel through the procedures provided for in the legal system.

The OT shall keep an updated record of fines imposed and those paid.

 

Article record

Article 37.—Supplementary provisions. In all matters not provided for in these regulations, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code, the Civil Procedure Code, and the Law on Judicial Notifications shall apply.

Article record

CHAPTER II

Final provisions

Article 38.—Repeal. Article 27 of Executive Decree No. 31514-MINAE of October 3, 2003, published in La Gaceta No. 241 of December 15, 2003, called: "General Norms for Access to the Elements and Genetic and Biochemical Resources of Biodiversity" is repealed.

Article record

Article 39.—Effective 6 months after its publication.

Done at the Presidency of the Republic.—San José, at nine o'clock on the fourth of August, two thousand fifteen.

Article record

Date of generation: 22/3/2026 06:52:15

Go to the beginning of the document