Decreto 39519 — Recognition of governance models in protected wild areasReconocimiento de los modelos de gobernanza en áreas silvestres protegidas

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                        Texto Completo Norma 39519

                        Reconocimiento de los modelos de gobernanza en áreas silvestres protegidas
de Costa Rica

Texto Completo acta: 10B760

N° 39519-MINAE

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE
AMBIENTE Y ENERGÍA

Con
fundamento en los artículos 1°, 6°, 9°, 50, 130, 140 incisos 3), 8), 18) y 20),
y 146 de la Constitución Política; los artículos 1, 4, 21, 25 y 27 de la Ley General
de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 2 y
3 de la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, Ley N° 7152 del 5 de
junio de 1990; los artículos 1, 2, 6, 32 y 35 de la Ley Orgánica del Ambiente,
Ley N° 7554 del 4 de octubre de 1995; los artículos 13 y 18 de la Ley Forestal,
Ley N° 7575 del 13 de febrero de 1996; la Ley N° 7416, de 30 de junio de 1994,
que ratifica el Convenio sobre la Diversidad Biológica y Anexos; la Ley N° 7615
del 24 de julio de 1996, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados;
los artículos 38, 39 y 58 de la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 del 30 de
abril de 1998; el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo N°
38536-MP-PLAN del 25 de julio de 2014; y el Reglamento a la Ley de
Biodiversidad, Decreto Ejecutivo N° 34433-MINAE del 11 de marzo del 2008; y,

Considerando:

I.-Que
el artículo 1° de la Constitución Política señala que Costa Rica es una
República multiétnica y pluricultural. En consonancia, se deben reconocer las
diferencias en la forma de gestionar la conservación y hacer uso sostenible de
los recursos naturales, esto en aquellos espacios geográficos, marinos y
continentales, en donde se han creado o se creen áreas silvestres protegidas y
han existido o se identifiquen grupos humanos con tradición histórica de uso de
los recursos naturales, silvestres, terrestres o marinos.

II.-Que
el artículo 9 de la Constitución Política establece que el Gobierno de Costa
Rica es popular, representativo y participativo.

III.-Que
el artículo 50 de la Constitución Política dispone que es obligación del Estado
procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país. Asimismo,
incorpora el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

IV.-Que
el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo,
señala que ".el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.
En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas,
incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran
peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes.".

V.-Que
el Convenio sobre la Diversidad Biológica tiene como objetivo la conservación
de la diversidad biológica, su utilización sostenible y la distribución justa y
equitativa en sus beneficios.

VI.-Que
el Convenio sobre la Diversidad Biológica establece en su preámbulo el
reconocimiento a la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades
locales que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos
biológicos, y la conveniencia de compartir los beneficios que se derivan de la
utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las
prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la
utilización sostenible de sus componentes. Asimismo, expresa la determinación
de las partes a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad
biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

VII.-Que
el artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica establece la
obligación de cada Parte de elaborar directrices para la selección,
establecimiento y ordenación de áreas protegidas; reglamentar y administrar la
conservación de la diversidad biológica dentro y fuera de áreas protegidas,
para garantizar su conservación y utilización sostenible; y, además, promover
un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas
protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas.

VIII.-Que
para la consecución de sus objetivos, el Convenio sobre la Diversidad Biológica
faculta a la Conferencia de las Partes a examinar y tomar las medidas
necesarias para la consecución de estos objetivos.

IX.-Que
la sétima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica respaldó las resoluciones adoptadas en el V Congreso
Mundial de Parques en 2003. Mediante la Decisión N° VII/28 adoptó el Programa
de Trabajo sobre Áreas Protegidas, con el objetivo general de respaldar su
creación y mantenimiento. El Programa de Trabajo establece, entre otras, las
siguientes obligaciones para las Partes: ".2.1.2. Reconocer y promover el
conjunto más amplio de los tipos de gobernanza de las áreas protegidas en
relación con su potencial de logro de las metas de conservación de conformidad
con el Convenio, en lo que pudieran incluirse las áreas conservadas por
comunidades indígenas y locales, y reservas privadas de la naturaleza. El
fomento de estas áreas debería realizarse mediante mecanismos legales, de
política, financieros y comunitarios, 2.1.3. Establecer políticas y mecanismos
institucionales, con la plena participación de las comunidades indígenas y
locales, para facilitar el reconocimiento legal y la administración eficaz de
las áreas conservadas por las comunidades indígenas y locales, de manera
consecuente con los objetivos de conservar tanto la diversidad biológica como
los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y
locales, 2.1.4. Utilizar los beneficios sociales y económicos generados por las
áreas protegidas para aliviar la pobreza, en concordancia con los objetivos de
la administración de áreas protegidas, 2.1.5. Comprometer a las comunidades
indígenas y locales y a los interesados directos pertinentes en la
planificación participativa y la gobernabilidad, recordando los principios del
enfoque por ecosistemas, (.) 2.2.2. Aplicar planes e iniciativas
específicos para involucrar eficazmente a las comunidades indígenas y locales,
respetándose plenamente sus derechos en consonancia con las leyes nacionales y
las obligaciones internacionales aplicables y a los interesados en todos los
niveles de la planificación, creación, gobernabilidad y administración de las
áreas protegidas, con énfasis particular en identificar y eliminar las barreras
que impiden la participación adecuada.". Asimismo, establece la obligación
para las partes de desarrollar mejores prácticas de planificación y
administración, gobernabilidad y participación de las áreas protegidas.

X.-Que
el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza reconocen varios modelos de gobernanza de áreas
protegidas.

XI.-Que
el Estado Costarricense ejerce dominio y jurisdicción exclusiva sobre los
recursos de la biodiversidad existentes en los espacios continentales y marinos
sobre las que exista o pueda llegar a existir jurisdicción nacional, de acuerdo
a las leyes nacionales y los tratados internacionales.

XII.-Que
la Sala Constitucional (resolución Nº 2013-10540) presenta el Principio de
Desarrollo Sostenible Democrático, que garantiza el aprovechamiento sostenible
de los recursos existentes por las presentes generaciones y asegura la
subsistencia de las futuras generaciones, asegurando que el acceso a los
recursos y la riqueza generada se distribuya justa y equitativamente en toda la
sociedad, incluyendo especialmente a las personas que componen el sector social
y productivo vinculados al uso de la biodiversidad.

XIII.-Que
el máximo Tribunal Constitucional (resolución Nº 2000-8019) apunta en relación
con el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el
Desarrollo, que "...de este principio, se evidencia claramente la
importancia que a nivel internacional se da a las cuestiones ambientales, y en
general, sobre todo, a la participación de la sociedad civil en decisiones de
gran trascendencia para la comunidad. Al ser Costa Rica un Estado signatario,
este instrumento ciertamente la obliga y condiciona, pues esa es la
consecuencia de su suscripción. Así, su propósito es que las decisiones
gubernamentales sean consecuencia de una discusión que no se constriña a
pequeños núcleos oficiales o de intereses parcializados, sino que sean tomadas
en consideración otras opiniones, con la apertura necesaria para crear el
debate ampliado, aunque sin dejar de cumplirse, claro, los requisitos que
establece la legislación correspondiente. No se trata de una
desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración
Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno más democrática, que
amplía los foros de debate sobre temas como el de la protección al medio
ambiente, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión
ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del
concepto de democracia...".

XIV.-Que
la Ley Orgánica del Ambiente establece en su artículo 2 inciso a) que el Estado
y los particulares deben participar en la conservación y utilización sostenible
de la biodiversidad, las cuales son de utilidad pública e interés social. Además,
en el inciso c) de ese artículo, reconoce también que el Estado debe velar por
la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo,
está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible,
entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin
comprometer las opciones de las generaciones futuras.

XV.-Que
la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 6 establece que el Estado fomentará
la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la
toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente. De
similar manera, la Ley de Biodiversidad, en su artículo 10 inciso 2), establece
como uno de sus objetivos el promover la participación activa de todos los
sectores sociales en la conservación y el uso ecológicamente sostenible de la
biodiversidad, para procurar la sostenibilidad social, económica y cultural.

XVI.-Que
la Ley de Biodiversidad establece en el artículo 1 que tiene como objeto la
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, y
reconoce de manera expresa la necesidad de distribuir en forma justa y
equitativa los beneficios y costos derivados. De igual manera, el artículo 9
reconoce que la biodiversidad tiene importancia decisiva y estratégica para el
desarrollo del país y son indispensables para el uso doméstico, económico,
social, cultural y estético de sus habitantes. Además, reconoce el deber del
Estado y los particulares de velar por la utilización sostenible de la
biodiversidad, de modo que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus
beneficios se garanticen de manera justa para todos los sectores de la sociedad
y para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.

XVII.-Que
la Ley de Biodiversidad establece en su artículo 58 que las áreas silvestres
protegidas son zonas geográficas delimitadas, las cuales han sido declaradas
como tales por representar significado especial por sus ecosistemas, la
existencia de especies amenazadas y por su significado histórico y cultural.
Estas áreas estarán dedicadas a la conservación y a proteger la biodiversidad,
el suelo, el recurso hídrico, los valores culturales y los servicios de los
ecosistemas en general.

XVIII.-Que
el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo N° 38536-MP-PLAN,
establece en sus artículos 4 y 5 que la rectoría del sector Ambiente, Energía,
Mares y Ordenamiento Territorial la ejerce el Ministro de Ambiente y Energía,
para coordinar, articular y conducir las actividades del sector y asegurarse
que éstas sean cumplidas conforme a las orientaciones del Plan Nacional de
Desarrollo.

XIX.-Que
la Política Nacional de Biodiversidad, oficializada mediante Decreto Ejecutivo
N° 39118-MINAE, tiene como Eje de Política N° 3 ".fortalecer la
participación social en la gestión de la biodiversidad, la distribución justa y
equitativa de sus beneficios y reducir la vulnerabilidad de poblaciones menos
favorecidas, donde hay ecosistemas esenciales, amenazados y de alto valor
ecológico.". Con miras a alcanzar este eje, el Lineamiento N° 3.3.establece
que el Estado ".reconoce los aportes a la conservación por parte de las
comunidades locales y pueblos indígenas, y acepta diferentes formas de
gobernanza, favoreciendo a aquellos grupos de mayor vulnerabilidad social,
económica y cultural (territorios indígenas, mujeres, comunidades locales que
conviven con los bosques, etc.).".

XX.-Que
las Políticas para las Áreas Silvestres Protegidas, del Sistema Nacional de
Áreas de Conservación, fueron aprobadas en el Consejo Nacional de Áreas de
Conservación según acuerdo 03 de la sesión extraordinaria N° 03-2011,
ratificado en la sesión ordinaria N° 06-2011; cuyos principios son, entre
otros: ".Participación pública: la gestión del sistema de áreas silvestres
protegidas incorporará a las comunidades locales, pueblos indígenas,
comunidades afrodescendientes y organizaciones de la sociedad civil,
reconociendo el conocimiento tradicional y las prácticas ancestrales. Costos y
beneficios de la conservación: Los costos y beneficios sociales, ambientales y
económicos derivados de la gestión de las áreas silvestres protegidas deben ser
asumidos por la sociedad en general, buscando sobre todo favorecer a las
comunidades aledañas a las mismas. Equidad social: La gestión de las áreas
silvestres protegidas tendrá un enfoque de equidad social, abordando y
superando todas las formas sociales, económicas, culturales y políticas de
exclusión e inequidad a través de mecanismos concretos de redistribución de
riqueza, identificación de recursos y oportunidades, así como promoviendo la
construcción de un verdadero balance intercultural y de género, en la toma de
decisiones en todos los niveles.". Asimismo, la Política N° 2 establece: "Participación
pública: La gestión de las áreas silvestres protegidas incorporará instrumentos
y mecanismos de participación pública que permitan la aplicación de diferentes
modelos de gobernanza en la gestión de las áreas silvestres protegidas. A la
vez, promoverá en la población, la capacidad de incidir en la toma de
decisiones y políticas públicas y su incorporación como sujetos activos de la
conservación y protección de la biodiversidad.".

XXI.-Que
el Plan Nacional de Desarrollo cuenta con tres pilares: 1. Impulsar el
crecimiento económico y generar empleo de calidad, 2. Combate a la pobreza y
reducción de la desigualdad, y 3. Un Gobierno abierto, transparente, eficiente,
en lucha frontal contra la corrupción. Asimismo, el objetivo sectorial en
materia ambiental es ".fortalecer la conservación y el uso sostenible del
patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento
territorial y marino basado en una participación concertada, que asegure el
respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos.".

XXII.-Que
la Contraloría General de la República en la Resolución Nº R-DC-057-02015 de
las 15:00 horas del 8 de junio del 2015, entre sus considerandos, apunta que ".esta
Contraloría no se opone a la búsqueda de alternativas para contar con un
esquema orientado a una gestión compartida, entre el Estado y las comunidades,
siempre que la solución resulte legal o con arreglo a la legislación ya
existente pero es necesario que exista claridad y certidumbre del modelo, en particular
en el manejo de los ingresos por visita al parque. Tratándose de la protección
de Parques Nacionales y de riquezas naturales en general, la participación de
las propias comunidades ha ganado terreno en los últimos años y es una realidad
siempre a considerar, sin dejar de lado la normativa con que se cuente...".

XXIII.-Que
es de máximo interés público realizar acciones para que se establezcan las
condiciones técnicas y legales necesarias para la aplicación de los distintos
modelos de gobernanza en áreas silvestres protegidas. Tal es el caso de la
Directriz Presidencial N° 26-2014 del 14 de noviembre de 2014, la cual instruye
al Consejo Nacional de Áreas de Conservación para que, de manera conjunta con
la comunidad local, se establezcan las condiciones necesarias para que el
modelo de gobernanza convenido en el Parque Nacional Cahuita, continúe operando
como una forma de gestión y gobernanza de un área protegida en Costa Rica. Por
tanto,

DECRETAN:

"RECONOCIMIENTO DE
LOS MODELOS DE GOBERNANZA

EN ÁREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS DE COSTA RICA"

Artículo
1º-Para los efectos respectivos, se reconoce como definición de
Gobernanza de áreas silvestres protegidas: las interacciones entre estructuras,
procesos y tradiciones que determinan cómo se asume la responsabilidad y
ejercita el poder, cómo se toman decisiones sobre temas de interés público y
cómo los ciudadanos y otros sectores plantean sus posiciones. La gobernanza de
recursos naturales y áreas silvestres protegidas depende de la historia, de
cultura, de los derechos tradicionales, el acceso a la información, de la
presencia de mercados, de flujos financieros y de una variedad de influencias
informales en decisiones.

 Ficha articulo

Artículo
2º-Es objetivo del Gobierno de la República, a través de
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC), consolidar un sistema para la conservación in situ de
la biodiversidad que sea comprensivo, participativo, eficazmente gestionado y
ecológicamente representativo.

Lo anterior, por medio del reconocimiento, promoción y fortalecimiento de
los diferentes modelos de gobernanza, que garanticen la provisión a largo plazo
de bienes y servicios ecosistémicos y el cumplimiento de los objetivos de
conservación de cada área protegida. Esto según el marco normativo vigente e
impulsando las reformas legales necesarias para su plena implementación.

 Ficha articulo

Artículo
3º-Con base en lo desarrollado por la Conferencia de las Partes
del Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el marco de la legislación
nacional vigente, es posible reconocer los siguientes modelos de gobernanza:

a) Gobernanza
gubernamental: uno o más organismos gubernamentales (a nivel nacional o local)
detentan la autoridad, la responsabilidad y rinden cuentas por la gestión del
área silvestre protegida, además, determinan sus objetivos de conservación y
desarrollan y ejecutan su plan de gestión. El Estado puede tener o no la
propiedad del área, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

Bajo
este modelo, el Gobierno retiene el control general y toma las decisiones
fundamentales, pero podrá delegar en otros actores la planeación o tareas de
gestión. Asimismo, existe la obligación del Estado de informar o consultar a
los interesados todo lo relacionado con el establecimiento y gestión del área
silvestre protegida.

b) Gobernanza compartida:
áreas protegidas basadas en mecanismos y procesos institucionales en los que,
formal o informalmente varios actores, tanto de la Administración Pública como
ajenos a ella, comparten las responsabilidades, la toma de decisiones y los
beneficios, según el marco normativo vigente.

c) Gobernanza Privada: este
modelo de Gobernanza incluye individuos, corporaciones y organizaciones
no-gubernamentales. La autoridad para gestionar la tierra recae sobre los
propietarios quienes determinan los objetivos de conservación, desarrollan y
hacen cumplir los planes de gestión y tienen a su cargo las decisiones, sujetos
a la legislación gubernamental y las restricciones específicas del sitio.
Incluye áreas conservadas establecidas por propietarios individuales, por
organizaciones con o sin ánimo de lucro.

d)
Gobernanza por parte de pueblos indígenas y comunidades locales: En el caso de
territorios indígenas, son aquellos establecidos y administrados por pueblos
indígenas. Por su parte, la gobernanza de comunidades locales implica un área
conservada, declarada y administrada por organizaciones locales.

 Ficha articulo

Artículo
4º-La determinación de un modelo de gobernanza, dependerá de la
realidad específica de cada área silvestre protegida, considerando su contexto
histórico, social, cultural y ambiental, los actores e instituciones interesados
o involucrados, la situación geográfica, las amenazas y los recursos naturales
protegidos. Además, dependerá de su comprensión en relación con el marco
normativo vigente.

 Ficha articulo

Artículo
5º-El modelo de gobernanza responderá a los objetivos de
conservación del área silvestre protegida y debe ser adoptado con miras a su
efectiva protección, garantizando una amplia y equitativa participación de los diferentes
actores y sectores sociales; junto a una distribución justa y equitativa de los
beneficios que genere.

 Ficha articulo

Artículo
6º-La calidad de la gobernanza en un área silvestre protegida,
debe ser analizada según los siguientes principios:

a) Legitimidad y voz:
implica el compromiso de procurar una participación amplia y activa de los actores
sociales en la gestión de las áreas protegidas, mediante un diálogo
transparente basado en el respeto mutuo y en la búsqueda de consensos para
lograr soluciones. Se debe garantizar el derecho al acceso a la información
necesaria, así como que todos los interesados reciban la información adecuada y
suficiente para la toma de decisiones o la emisión de un criterio (difusión de
la información). Se debe procurar que todos los actores sociales interesados
estén representados y que sus aportes sean tomados en cuenta para la toma de
decisiones. Los grupos vulnerables, tales como pueblos indígenas, mujeres y
jóvenes, deben recibir apoyo especial y se debe erradicar la discriminación de
cualquier tipo.

b) Subsidiaridad: La
responsabilidad de la gestión debe recaer sobre la institución u organización
con mayor cercanía a los recursos naturales.

c)
Dirección: la gestión del área protegida debe orientarse hacia una visión
estratégica a largo plazo para cumplir con los objetivos de conservación. Esta
visión debe crearse e implementarse considerando las complejidades históricas,
sociales, culturales y ecológicas del área protegida. Asimismo, la gestión debe
compatibilizarse y armonizarse a las políticas, planes y estrategias
respectivas, así como con las

obligaciones internacionales
contraídas por el país, incluyendo el Programa de Trabajo sobre Áreas
Protegidas del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Con base en la gestión
adaptativa, la dirección del área protegida debe ser evaluada para monitorear
sus resultados.

d) Desempeño: se requiere
una evaluación continua de la eficacia de la gestión del área protegida que
permita realizar los ajustes necesarios. Esta evaluación requiere también que
sus resultados y las lecciones aprendidas de la gestión sean compartidas con
todos los actores interesados. Una de las metas permanentes en el desempeño de
la gestión debe ser el fortalecimiento de capacidades de las comunidades
locales y otros actores interesados.

e) Responsabilidad y
rendición de cuentas: se debe garantizar una cultura de transparencia de los
funcionarios públicos hacia los actores sociales interesados, incluyendo el
acceso oportuno y completo a la información sobre los procesos de toma de
decisiones, sus derechos y la manera de reclamar su cumplimiento. Implica
también una apertura a la retroalimentación por parte de la sociedad civil
sobre el desempeño de la institución.

f)
Justicia y derechos: se debe procurar una distribución justa y equitativa de
los costos y los beneficios derivados de la creación y gestión del área
protegida, incluyendo ejecutar acciones concretas para el respeto de los
derechos (colectivos o individuales, legales o consuetudinarios) de las
comunidades locales y pueblos indígenas sobre los recursos naturales, el
respeto a los derechos humanos y reparar, en la medida de lo posible, las
violaciones pasadas a sus derechos. Asimismo, en el caso de los pueblos
indígenas se debe actuar en apego a los acuerdos internacionales que regulan el
tema (incluyendo la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las
Naciones Unidas y el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo).

 Ficha articulo

Artículo
7º-Con base en los mandatos establecidos en la Política Nacional
de Biodiversidad y las Políticas para las Áreas Silvestres Protegidas del
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Gobierno de la República gestionará
los procesos necesarios para reconocer y fortalecer plenamente los diversos
modelos de gobernanza que se desarrollan en las áreas silvestres protegidas de
acuerdo a la realidad y el marco normativo costarricense.

 Ficha articulo

Artículo
8º-Rige a partir de su publicación.

Dado
en el distrito de Cahuita, cantón de Talamanca.-Limón, a los veintiséis días
del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

 Ficha articulo

Fecha de generación: 5/5/2026 18:59:20

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Complete Text of Regulation 39519

Recognition of governance models in protected wild areas
of Costa Rica

Complete Text record: 10B760

No. 39519-MINAE

THE PRESIDENT OF THE
REPUBLIC

AND THE MINISTER OF
ENVIRONMENT AND ENERGY

Based on articles 1, 6, 9, 50, 130, 140 subsections 3), 8), 18) and 20),
and 146 of the Political Constitution; articles 1, 4, 21, 25 and 27 of the General Law
of Public Administration, Law No. 6227 of May 2, 1978; articles 2 and
3 of the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy, Law No. 7152 of June 5,
1990; articles 1, 2, 6, 32 and 35 of the Organic Law of the Environment,
Law No. 7554 of October 4, 1995; articles 13 and 18 of the Forest Law (Ley Forestal),
Law No. 7575 of February 13, 1996; Law No. 7416, of June 30, 1994,
ratifying the Convention on Biological Diversity and Annexes; Law No. 7615
of July 24, 1996, Vienna Convention on the Law of Treaties;
articles 38, 39 and 58 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law No. 7788 of April 30,
1998; the Organic Regulation of the Executive Branch, Executive Decree No.
38536-MP-PLAN of July 25, 2014; and the Regulation to the Biodiversity Law,
Executive Decree No. 34433-MINAE of March 11, 2008; and,

Considering:

I.-That
article 1 of the Political Constitution states that Costa Rica is a
multi-ethnic and pluricultural Republic. Accordingly, differences in the way of managing conservation and making sustainable use of
natural resources must be recognized, in those geographical, marine and
continental spaces, where protected wild areas have been created or are created
and human groups have existed or are identified with a historical tradition of using
natural, wild, terrestrial or marine resources.

II.-That
article 9 of the Political Constitution establishes that the Government of Costa
Rica is popular, representative and participatory.

III.-That
article 50 of the Political Constitution provides that it is the State's obligation
to procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country. Likewise,
it incorporates the right of every person to a healthy and ecologically
balanced environment.

IV.-That
Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development
states that ".environmental issues are best handled with the
participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to
information concerning the environment that is held by public authorities,
including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in
decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information
widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings,
including redress and remedy, shall be provided.".

V.-That
the Convention on Biological Diversity aims at the conservation
of biological diversity, its sustainable use and the fair and equitable
sharing of its benefits.

VI.-That
the Convention on Biological Diversity establishes in its preamble the
recognition of the close and traditional dependence of many local communities
that have traditional life systems based on biological
resources, and the desirability of sharing the benefits arising from the
use of traditional knowledge, innovations and
practices relevant to the conservation of biological diversity and the
sustainable use of its components. Likewise, it expresses the determination
of the parties to conserve and sustainably use biological
diversity for the benefit of present and future generations.

VII.-That
article 8 of the Convention on Biological Diversity establishes the
obligation of each Party to develop guidelines for the selection,
establishment and management of protected areas; to regulate and manage the
conservation of biological diversity within and outside protected areas,
to guarantee its conservation and sustainable use; and, furthermore, to promote
an environmentally sound and sustainable development in zones adjacent to protected
areas, with a view to increasing the protection of those zones.

VIII.-That
for achieving its objectives, the Convention on Biological Diversity
empowers the Conference of the Parties to examine and take the
necessary measures for achieving these objectives.

IX.-That
the seventh meeting of the Conference of the Parties to the Convention on
Biological Diversity endorsed the resolutions adopted at the V World
Parks Congress in 2003. Through Decision No. VII/28, it adopted the Programme
of Work on Protected Areas, with the overall objective of supporting their
creation and maintenance. The Programme of Work establishes, among others, the
following obligations for the Parties: ".2.1.2. Recognize and promote the
broadest set of governance types for protected areas in
relation to their potential for achieving the conservation goals in accordance with
the Convention, which could include areas conserved by
indigenous and local communities, and private nature reserves. The
promotion of these areas should be carried out through legal, policy,
financial and community mechanisms, 2.1.3. Establish policies and institutional
mechanisms, with the full participation of indigenous and local
communities, to facilitate the legal recognition and effective management of
areas conserved by indigenous and local communities, in a manner
consistent with the goals of conserving both biological diversity and
the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities, 2.1.4. Use the social and economic benefits generated by
protected areas for poverty alleviation, in accordance with the objectives of
protected area management, 2.1.5. Engage indigenous
and local communities and relevant direct stakeholders
in participatory planning and governance, recalling the principles of the
ecosystem approach, (.) 2.2.2. Implement specific plans and initiatives
to effectively involve indigenous and local communities,
fully respecting their rights in accordance with national laws and
applicable international obligations and stakeholders at all
levels of the planning, establishment, governance and management of
protected areas, with particular emphasis on identifying and removing barriers
that prevent adequate participation.". Likewise, it establishes the obligation
for the parties to develop best practices for planning and
management, governance and participation of protected areas.

X.-That
the Convention on Biological Diversity and the International Union for
Conservation of Nature recognize various governance models for protected
areas.

XI.-That
the Costa Rican State exercises exclusive domain and jurisdiction over the
biodiversity resources existing in the continental and marine spaces
over which national jurisdiction exists or may come to exist, in accordance
with national laws and international treaties.

XII.-That
the Constitutional Chamber (resolution No. 2013-10540) presents the Principle of
Democratic Sustainable Development, which guarantees the sustainable use
of existing resources by present generations and ensures the
subsistence of future generations, ensuring that access to
resources and the wealth generated is distributed justly and equitably throughout
society, especially including the people who make up the social and productive
sector linked to the use of biodiversity.

XIII.-That
the highest Constitutional Court (resolution No. 2000-8019) points out in relation
to Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and
Development, that "...from this principle, the importance
that is given internationally to environmental issues, and
in general, above all, to the participation of civil society in decisions of
great significance for the community, is clearly evident. Since Costa Rica is a signatory State,
this instrument certainly obliges and conditions it, as that is the
consequence of its subscription. Thus, its purpose is that governmental
decisions be the result of a discussion that is not constrained to
small official circles or biased interests, but rather that
other opinions be taken into consideration, with the necessary openness to create a
broadened debate, although clearly without ceasing to comply with the requirements
established in the corresponding legislation. This is not a
deconstitutionalization of the principle of legality of Public
Administration, although of course, it is a more democratic form of government, that
broadens the forums for debate on topics such as environmental
protection, and by virtue of that, they are open to citizen intervention and
opinion. We are, then, facing a widely accepted option in the evolution of the
concept of democracy...".

XIV.-That
the Organic Law of the Environment establishes in article 2 subsection a) that the State
and private individuals must participate in the conservation and sustainable use
of biodiversity, which are of public utility and social interest. Furthermore,
in subsection c) of that article, it also recognizes that the State must oversee
the rational use of environmental elements, in order to protect and
improve the quality of life of the inhabitants of the national territory. Likewise,
it is obliged to promote economically and environmentally sustainable development,
understood as development that satisfies basic human needs, without
compromising the options of future generations.

XV.-That
the Organic Law of the Environment in article 6 establishes that the State shall promote
the active and organized participation of the inhabitants of the Republic, in
decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment. In a
similar manner, the Biodiversity Law, in its article 10 subsection 2), establishes
as one of its objectives promoting the active participation of all
social sectors in the conservation and ecologically sustainable use of
biodiversity, to ensure social, economic and cultural sustainability.

XVI.-That
the Biodiversity Law establishes in article 1 that its purpose is the
conservation of biodiversity and the sustainable use of resources, and
expressly recognizes the need to distribute in a just and
equitable manner the derived benefits and costs. Similarly, article 9
recognizes that biodiversity is of decisive and strategic importance for the
development of the country and is indispensable for the domestic, economic,
social, cultural and aesthetic use of its inhabitants. Furthermore, it recognizes the duty
of the State and private individuals to ensure the sustainable use of
biodiversity, so that the possibilities and opportunities for its use and its
benefits are guaranteed in a just manner for all sectors of society
and to satisfy the needs of future generations.

XVII.-That
the Biodiversity Law establishes in its article 58 that protected wild areas
are delimited geographical zones, which have been declared
as such for representing special significance for their ecosystems, the
existence of endangered species and for their historical and cultural significance.
These areas shall be dedicated to conservation and to protecting biodiversity,
the soil, the water resource, cultural values and the services of the
ecosystems in general.

XVIII.-That
the Organic Regulation of the Executive Branch, Executive Decree No. 38536-MP-PLAN,
establishes in its articles 4 and 5 that the stewardship of the Environment, Energy,
Seas and Territorial Planning sector is exercised by the Minister of Environment and Energy,
to coordinate, articulate and conduct the sector's activities and ensure
that they are fulfilled in accordance with the orientations of the National Development
Plan.

XIX.-That
the National Biodiversity Policy, made official through Executive Decree
No. 39118-MINAE, has Policy Axis No. 3 ".to strengthen
social participation in biodiversity management, the fair and equitable
distribution of its benefits and to reduce the vulnerability of less favored
populations, where there are essential, threatened ecosystems of high ecological
value.". With a view to achieving this axis, Guideline No. 3.3. establishes
that the State ".recognizes the contributions to conservation by
local communities and indigenous peoples, and accepts different forms of
governance, favoring those groups with the greatest social, economic
and cultural vulnerability (indigenous territories, women, local communities that
coexist with forests, etc.).".

XX.-That
the Policies for Protected Wild Areas, of the National System of
Conservation Areas, were approved in the National Council of Conservation Areas
(Consejo Nacional de Áreas de Conservación) according to agreement 03 of the extraordinary session No. 03-2011,
ratified in the ordinary session No. 06-2011; whose principles are, among
others: ".Public participation: the management of the system of protected wild
areas shall incorporate local communities, indigenous peoples,
afro-descendant communities and civil society organizations,
recognizing traditional knowledge and ancestral practices. Costs and
benefits of conservation: The social, environmental and
economic costs and benefits derived from the management of protected wild areas must be
borne by society in general, seeking above all to favor the
communities surrounding them. Social equity: The management of protected wild
areas shall have a social equity approach, addressing and
overcoming all social, economic, cultural and political forms of
exclusion and inequity through concrete mechanisms of wealth redistribution,
resource and opportunity identification, as well as promoting the
construction of a true intercultural and gender balance, in decision-making at all levels.". Likewise, Policy No. 2 establishes: "Public
participation: The management of protected wild areas shall incorporate instruments
and mechanisms for public participation that allow the application of different
governance models in the management of protected wild areas.
At the same time, it shall promote in the population, the capacity to influence decision-making
and public policies and their incorporation as active subjects of
conservation and protection of biodiversity.".

XXI.-That
the National Development Plan has three pillars: 1. Boost
economic growth and generate quality employment, 2. Fight against poverty and
reduction of inequality, and 3. An open, transparent, efficient Government,
in a frontal fight against corruption. Likewise, the sectoral objective in
environmental matters is ".to strengthen the conservation and sustainable use of
the genetic, natural and cultural heritage, based on territorial
and marine planning anchored in concerted participation, ensuring
respect, exercise and enjoyment of human rights.".

XXII.-That
the Comptroller General of the Republic in Resolution No. R-DC-057-02015 of
15:00 hours on June 8, 2015, among its considering clauses, points out that ".this
Comptroller's Office does not oppose the search for alternatives to have a
scheme oriented towards shared management, between the State and communities,
provided that the solution is legal or in accordance with already existing
legislation, but it is necessary that there be clarity and certainty of the model, particularly
in the handling of income from park visitation. Regarding the protection
of National Parks and natural resources in general, the participation of
the communities themselves has gained ground in recent years and is a reality
always to be considered, without setting aside the regulations in place...".

XXIII.-That
it is of maximum public interest to carry out actions to establish the
necessary technical and legal conditions for the application of different
governance models in protected wild areas. Such is the case of
Presidential Directive No. 26-2014 of November 14, 2014, which instructs
the National Council of Conservation Areas (Consejo Nacional de Áreas de Conservación) so that, jointly with
the local community, the necessary conditions are established for the
governance model agreed upon in the Parque Nacional Cahuita, to continue operating
as a form of management and governance of a protected area in Costa Rica. Therefore,

DECREE:

"RECOGNITION OF
GOVERNANCE MODELS

IN PROTECTED WILD AREAS
OF COSTA RICA"

Article
1.-For the respective purposes, the following definition of
Governance of protected wild areas is recognized: the interactions among structures,
processes and traditions that determine how responsibility and
power are exercised, how decisions are made on issues of public interest and
how citizens and other sectors articulate their positions. The governance of
natural resources and protected wild areas depends on history,
culture, traditional rights, access to information, the
presence of markets, financial flows and a variety of informal
influences on decisions.

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Article
2.-The objective of the Government of the Republic, through the
Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the National System of Conservation
Areas (SINAC), is to consolidate a system for the in situ conservation of
biodiversity that is comprehensive, participatory, effectively managed and
ecologically representative.

The foregoing, through the recognition, promotion and strengthening of
the different governance models, that guarantee the long-term provision of
ecosystem goods and services and the fulfillment of the conservation
objectives of each protected area. This according to the current regulatory framework and
promoting the necessary legal reforms for its full implementation.

Article file

Article
3.-Based on what has been developed by the Conference of the Parties
to the Convention on Biological Diversity and within the framework of current national
legislation, it is possible to recognize the following governance models:

a) Government governance:
one or more governmental bodies (at the national or local level)
hold the authority, responsibility and accountability for the management of the
protected wild area, in addition, they determine its conservation objectives and
develop and execute its management plan. The State may or may not have
ownership of the area, according to the current legal system.

Under
this model, the Government retains overall control and makes the fundamental
decisions, but may delegate planning or management tasks to other actors.
Likewise, the State has the obligation to inform or consult
stakeholders on everything related to the establishment and management of the protected wild area.

b) Shared governance:
protected areas based on institutional mechanisms and processes in which,
formally or informally, various actors, both from the Public Administration and
outside it, share responsibilities, decision-making and
benefits, according to the current regulatory framework.

c) Private Governance: this
governance model includes individuals, corporations and non-governmental
organizations. The authority to manage the land falls on the
owners who determine the conservation objectives, develop and
enforce the management plans and are in charge of the decisions, subject
to governmental legislation and site-specific restrictions.
It includes conserved areas established by individual owners, by
organizations with or without profit motives.

d)
Governance by indigenous peoples and local communities: In the case of
indigenous territories, these are those established and managed by indigenous
peoples. For its part, governance by local communities implies a conserved
area, declared and managed by local organizations.

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Article
4.-The determination of a governance model will depend on the
specific reality of each protected wild area, considering its historical,
social, cultural and environmental context, the interested or involved actors
and institutions, the geographical situation, the threats and the protected natural
resources. Furthermore, it will depend on its understanding in relation to the current
regulatory framework.

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Article
5.-The governance model shall respond to the conservation objectives
of the protected wild area and must be adopted with a view to its
effective protection, guaranteeing broad and equitable participation of the different
actors and social sectors; along with a just and equitable distribution of the
benefits it generates.

Article file

Article
6.-The quality of governance in a protected wild area,
must be analyzed according to the following principles:

a) Legitimacy and voice:
implies the commitment to ensure broad and active participation of social
actors in the management of protected areas, through a transparent
dialogue based on mutual respect and the search for consensus to
achieve solutions. The right of access to necessary
information must be guaranteed, as well as that all interested parties receive adequate and
sufficient information for decision-making or the issuance of an opinion (dissemination of
information). Efforts must be made to ensure that all interested social actors
are represented and that their contributions are taken into account for decision-making. Vulnerable groups, such as indigenous peoples, women and
youth, must receive special support and discrimination of
any kind must be eradicated.

b) Subsidiarity: The
responsibility for management must fall on the institution or organization
closest to the natural resources.

c)
Direction: the management of the protected area must be oriented towards a
long-term strategic vision to fulfill the conservation objectives. This
vision must be created and implemented considering the historical,
social, cultural and ecological complexities of the protected area. Likewise, management must
be made compatible and harmonized with the respective
policies, plans and strategies, as well as with the

international obligations
undertaken by the country, including the Programme of Work on Protected
Areas of the Convention on Biological Diversity. Based on adaptive
management, the direction of the protected area must be evaluated to monitor
its results.

d) Performance: a continuous
evaluation of the effectiveness of the protected area's management is required to
allow for necessary adjustments. This evaluation also requires that
its results and the lessons learned from management be shared with
all interested actors. One of the permanent goals in management
performance must be the strengthening of capacities of local communities
and other interested actors.

e) Responsibility and
accountability: a culture of transparency on the part of
public officials towards interested social actors must be guaranteed, including
timely and complete access to information on decision-making
processes, their rights and the way to demand their fulfillment. It also implies
openness to feedback from civil society
on the performance of the institution.

f)
Justice and rights: a fair and equitable distribution of
the costs and benefits derived from the creation and management of the protected
area must be ensured, including executing concrete actions for the respect of the
rights (collective or individual, legal or customary) of
local communities and indigenous peoples over natural resources,
respect for human rights and repairing, as far as possible, past
violations of their rights. Likewise, in the case of indigenous
peoples, action must be taken in accordance with international agreements that regulate the
issue (including the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples and Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in
Independent Countries of the International Labour Organization).

Article file

Article
7.-Based on the mandates established in the National Biodiversity Policy
and the Policies for Protected Wild Areas of the
National System of Conservation Areas, the Government of the Republic will manage
the necessary processes to fully recognize and strengthen the diverse
governance models that are developed in protected wild areas according
to the Costa Rican reality and regulatory framework.

Article file

Article
8.-It becomes effective upon its publication.

Issued
in the district of Cahuita, canton of Talamanca.-Limón, on the twenty-sixth
day of the month of February of the year two thousand sixteen.

Article file

Generation date: 5/5/2026 18:59:20

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