Decreto 40110 — Shared Governance Model Regulation Cahuita National ParkReglamento Modelo de Gobernanza Compartida Parque Nacional Cahuita

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                        Reglamento del Modelo de Gobernanza Compartida del Parque Nacional Cahuita

Texto Completo acta: 11430B

N° 40110-MINAE

EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL
MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Con fundamento en
las atribuciones que le confieren los artículos 50, 140 incisos 3), 18) y 20),
y 146 de la Constitución Política; los artículos 4, 6, 11, 21, 25, 26, 27, 98,
100, 107, 113 incisos 2) y 3) de la Ley General de Administración Pública, Ley
N° 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de
la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, Ley N° 7152 del 5 de
junio de 1990; los artículos 1, 2, 6, 32 y 35 de la Ley Orgánica del Ambiente,
Ley N° 7554 del 4 de octubre de 1995; artículos 13 y 18 de la Ley Forestal, Ley
N° 7575 del 13 de febrero de 1996; la Ley N° 7416, de 30 de junio de 1994 que
ratifica el Convenio de Diversidad Biológica (CDB); la Ley N° 7615 del 24 de
julio de 1996 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; la Ley N°
7316 del 3 de noviembre de 1992 que ratifica el Convenio N°169 sobre pueblos
indígenas y tribales en países independiente; los artículos 22, 23, 24, 25, 26,
38, 39 y 58 de la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 del 30 de abril de 1998; el
Reglamento orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo N" 38536 del 25
de julio de 2014; el Reglamento a la Ley de Biodiversidad. Decreto Ejecutivo N°
34433-MINAE del 11 de marzo del 2008; la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad,
N° 3859 del 7 de abril de 1967; Decreto Ejecutivo No. 26935-6, Reglamento a la
Ley sobre Desarrollo de la Comunidad del 20 de abril de 1998, Decreto Ejecutivo
39519-MTNAE del 26 de febrero de 2016, Reconocimiento de los modelos de
gobernanza en áreas silvestres protegidas de Costa Rica'.

CONSIDERANDO

I. Que el
artículo 1 de Constitución Política de Costa Rica, señala que Costa Rica es una
República multiétnica y pluricultural. En consonancia, se debe reconocer las
diferencias en la forma de hacer conservación y uso sostenible de los recursos
naturales, en aquellos espacios geográficos marinos y continentales en dónde se
han creado o se establezcan áreas silvestres protegidas, en dónde han existido
o se identifiquen grupos humanos con tradición histórica de uso de los recursos
naturales, silvestres, terrestres o marinos.

II. Que el
artículo 9 de la Constitución Política establece que el Gobierno de Costa Rica
es popular, representativo y participativo.

III. Que el sistema de áreas protegidas en Costa
Rica comprende más de una cuarta parte de su territorio. Esta firme voluntad de
asegurar la conservación genera muchos beneficios y requiere que se concilien
las medidas contra la degradación del medio ambiente en esas zonas con los
intereses de las personas que siguen viviendo dentro o cerca de ellas. Nuestro
país tiene una larga trayectoria de protección y promoción de los derechos
humanos y quedan todavía retos que enfrentar. Según el informe del experto
independiente de la ONU sobre medio ambiente y derechos humanos John Knox, es
motivo de preocupación que existan comunidades, entre ellas algunas de etnias
minoritarias, que están bajo la amenaza de ser expulsadas de los hogares que
han ocupado por generaciones, debido a la interpretación estricta de las leyes
que rigen las áreas protegidas. La conservación no debe imponer un costo
excesivo a las comunidades que tienen profundas raíces históricas en las zonas
de importancia ambiental. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado no tiene por qué estar en conflicto con otros derechos
fundamentales, razón por la cual se debe salvaguardar tanto el derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado como los derechos de quienes viven,
desde hace muchos años, en las áreas protegidas o cerca de ellas teniendo en
cuenta que muchas de las personas afectadas son miembros de grupos minoritarios
que históricamente han vivido al margen de la vida política de Costa Rica, y el
país debe garantizar que la solución de la situación no entrañe discriminación
por ninguno de los motivos prohibidos; que la falta de títulos legales formales
no prive necesariamente a las personas de sus derechos, puesto que pueden
existir derechos en relación con bienes ocupados por largo tiempo incluso en
ausencia de tales títulos; y se permita la participación plena e informada de
todas las personas afectadas en el proceso de búsqueda de una solución para
continuar aumentando sus esfuerzos por hacer participar a las personas y
comunidades que tienen un interés más directo en la protección de determinadas
zonas a fin de aprovechar sus capacidades e intereses. Tal vez la mayor
fortaleza del país en relación con los derechos humanos y el ambiente es el
compromiso de una base amplia de su población con respecto a la protección del
medio ambiente y al desarrollo sostenible.

IV. Que según el voto de la Sala Constitucional, resolución No. 2013-10540
del 7 de agosto del 2013, el elemento social del desarrollo sostenible es de gran
relevancia como un componente de la justicia, propio del Estado de derecho, que
se verifica a través del reparto más adecuado de la riqueza y el ambiente sano,
así como en el deber estatal de encaminar una política permanente de
solidaridad nacional. El Principio de desarrollo Sostenible Democrático se
deriva de los artículos constitucionales 50, 74 y 89 , que garantizan el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales existentes por las
presentes generaciones y asegura la subsistencia de las futuras generaciones,
asegurando que el acceso a los recursos y la riqueza generada se distribuya
justa y equitativamente entre toda la sociedad, incluyendo especialmente a las
personas  que componen el sector social y
productivo vinculados al uso de la biodiversidad.

V. Que de conformidad con los principios de la Ley Orgánica del Ambiente
N° 7554 de 4 octubre de 1995, el Estado velará por [a utilización racional de
los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida
de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar
un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el
desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las
opciones de las generaciones futuras.

VI. Que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
ratificada por ley N° 7615 del 24 de julio de 1996, establece en su artículo 26
el principio pacta sund servanda,
el cual establece que las partes están obligadas a cumplir los tratados de
buena fe. Así mismo, el artículo 31 establece que los tratados deben
interpretarse de buena fe dentro de su contexto, conjuntamente con los acuerdos
que se refieran al tratado y que hayan sido concertados entre todas las partes.
Que para la aplicación e interpretación de los tratados también se debe tomar
en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación
del tratado o la aplicación de sus disposiciones. Así mismo, establece en su
artículo 27 que las disposiciones de Derecho interno de una parte no pueden ser
invocadas como justificación para el incumplimiento de un tratado.

VII. Que el Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado mediante Ley
7416 del 30 de junio de 1994, establece en su preámbulo el reconocimiento a la
estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones
indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos
biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que
se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las
innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad
biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Así mismo, expresa la
determinación de las parles a conservar y utilizar de manera sostenible la
diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

VIII. Que para la consecución de sus objetivos, el Convenio sobre diversidad
Biológica faculta a la Conferencia de las Partes a examinar y tomar las medidas
necesarias para la consecución (le estos objetivos.

IX. Que en la sétima reunión de la Conferencia
de las Partes (COP) del Convenio sobre Diversidad Biológica, respaldó las
resoluciones adoptadas en el V Congreso Mundial de Parques en 2003. Mediante la
Decisión Vll/28 la COP adoptó el Programa de trabajo
sobre áreas protegidas, con el objetivo general de respaldar la creación y el
mantenimiento de áreas protegidas. El Programa de trabajo sobre áreas
protegidas establece la obligación para las partes de  desarrollar mejores prácticas de
planificación y administración, gobernabilidad y participación de las áreas
protegidas.

X. Que de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 39519-MINAN, del 26 de
febrero del 2016, Reconocimiento Oficial de los modelos de gobernanza de áreas
silvestres protegidas de Costa Rica", el modelo de gobernanza que se ha
desarrollado en el Parque Nacional Cahuita es el de Gobernanza Compartida, en
donde los actores locales de la Comunidad junto con la Administración Pública
comparten las responsabilidades, la toma de decisiones y los beneficios que se
derivan de la gestión y manejo del área silvestre protegida.

XI. Que la Ley de biodiversidad, N° 7788 de 30 abril de 1998 dispone en su
artículo N° 22, créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en
adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un
sistema de gestión y coordinación insii1ucional desconcentrado y participativo,
que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas
protegidas, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos y el Ministerio de
Ambiente y Energía, con el un de dictar políticas; planificar y ejecutar
procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos
naturales de Costa Rica.

XII. Que la Ley de Biodiversidad establece en su artículo 58 que las áreas
silvestres protegidas son zonas geográficas delimitadas, las cuales han sido
declaradas como tales por representar significado especial por sus ecosistemas,
la existencia de especies amenazadas, y por su significado histórico y
cultural. Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la
biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los valores culturales y los
servicios de los ecosistemas en general. En todo caso, el establecimiento de
áreas y categorías tomará muy en cuenta los derechos previamente adquiridos por
las poblaciones indígenas o campesinas y otras personas físicas o jurídicas,
subyacentes o adyacentes a ella.

XIII. Que la Ley de Biodiversidad en su artículo 23 establece la organización
administrativa del SINAC, el cual estará con firmada por los siguientes
órganos: El Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la Secretaria Ejecutiva,
las estructuras administrativas de las Áreas de conservación, los Consejos
Regionales de Áreas de Conservación, y los Consejos Locales.

XIV. Que el Artículo 49, del Reglamento a la Ley de Biodiversidad N° 7788
establece que en las Áreas de Conservación donde sea necesario, por su
complejidad técnica y administrativa, podrán crearse, por acuerdo del Consejo
Regional del Área de Conservación, Consejos Locales, cuya constitución se
definirá en el acuerdo de creación.

XV. Que el Consejo Regional del Área de Conservación la Amistad-Caribe,
según Acuerdo 9, del acta N° 002-2014 sesión ordinaria 002-2014. 06 de junio
2014, acordó establecer el Consejo Local del Parque Nacional Cahuita.

XVI. Que el Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad-Caribe,
según acuerdo 6, del acta N° 007-2016 sesión ordinaria 007-2016, del 21 de
octubre 2016, acordó aprobar el "Reglamento
del Modelo de Gobernanza Compartida del Parque Nacional Cahuita y Derogatoria
del Decreto Ejecutivo 26929-MINAE, Reglamento para el Manejo de Recursos y
Servicios en el Parque Nacional Cahuita".

XVII. Que el artículo 35 de la Ley Biodiversidad N°7788, establece que "el Sistema Nacional de Arcas
de Conservación deberá diseñar mecanismos de financiamiento que le permitan ejercer sus mandatos con
agilidad  y eficiencia. Dichos mecanismos incluirán transferencias  de los Presupuestos de la
República, o de cualquier persona física o jurídica, así Como los fondos propios que generen las
áreas protegidas, incluyendo las tarifas de ingreso, el pago de servicios ambientales, los can/es de
deuda, los cánones establecidos por ley, el pago por las actividades realizadas dentro de las áreas
protegidas  y las donaciones ".

XVIII. Que la Contraloría General de la República en la Resolución
R-DC-057-02015 de las quince horas del ocho de jumo del dos mil quince, entre
sus considerandos apunta que "...esta Contraloría no se opone a la
búsqueda de alternativas para contar con un esquema orientado a una gestión
compartida, entre el Estado y las comunidades, siempre que la solución resulte
legal o con arreglo a la legislación va existente pero es necesario que exista
claridad y certidumbre del modelo, en particular en el manejo de los ingresos
por visita al parque. Tratándose de la protección de Parques Nacionales y de
riquezas naturales en general, la participación de las propias comunidades ha
ganado terreno en los últimos años y es una realidad siempre a considerar, sin
dejar de lado la normativa con que se Cuente.

XIX. Que la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, N° 3859 del 7 de abril
de 1967 en su artículo 19, establece la potestad que tiene el Estado,
instituciones autónomas y semiautónomas, Municipalidades y demás entidades
políticas para otorgar subvenciones, donar bienes, o suministrar servicios de
cualquier clase a las Asociaciones de desarrollo Integral.

XX. Que la comunidad de Cahuita tiene un vínculo con el territorio de
carácter histórico cultural, espiritual y recreativo. Esta población humana
afrodescendiente se asentó en este territorio desde mucho antes de la creación
del Monumento Nacional Cahuita, el 7 de setiembre de 1970. El establecimiento
de esta área silvestre protegida limitó las actividades productivas y de
subsistencia como la agricultura, ganadería y pesca. El 27 de abril de 1978 el
Decreto Ejecutivo 8489-A declara el Parque Nacional Cahuita, profundizando las
limitaciones a las actividades productivas. La afectación de las plantaciones
del cacao por la monilla y la intención de aumentar las tarifas de ingreso por
Playa Blanca en 1994 generaron una situación de conflicto que se logra
solventar con un acuerdo para cogestionar los servicios del Parque Nacional
Cahuita, no realizar el cobro de la tarifa de ingreso a Playa Blanca y
solicitar donaciones para poder mejorar los servicios que se dan al turismo.

XXI. Que el Parque Nacional Cahuita por sus características históricas
representa para Costa Rica un ejemplo en donde la comunidad local
mayoritariamente afrodescendiente y las autoridades competentes han fortalecido
sus relaciones de trabajo y colaboración, que ha madurado bajo una experiencia
de trabajo conjunto reconocido nacional e internacionalmente, como uno de los
modelos más relevantes de la relación equilibrada entre la protección del
ambiente, respeto de los derechos a las poblaciones aledañas a las áreas
protegidas, distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la
conservación del área y la cultura local.

XXII. Que en el Parque Nacional Cahuita se ha desarrollado un modelo de
Gobernanza compartida desde hace más de veinte años, en donde el Consejo Local
del Parque Nacional Cahuita del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC),
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio de
Ambiente y Energía (M INAF), comparte las responsabilidades, la toma de
decisiones y los beneficios en esta área protegida basadas en mecanismos
de participación, así corno procesos institucionales que se reconocen en este
Decreto Ejecutivo.

XXIII. Que las comunidades afrodescendientes han sido consideradas pueblos
tribales protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo ratificado por el país en 1992. Que el Programa de actividades del
Decenio Internacional para los Afrodescendientes Resolución aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas ci 18 (le noviembre de 2014, establece
que los Estados deberían adoptar medidas concretas y prácticas mediante la
aprobación y aplicación efectiva de marcos 
jurídicos nacionales e internacionales de políticas y programas de lucha
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas
de intolerancia a que se enfrentan los afrodescendientes, teniendo en cuenta la
situación particular de las mujeres, las niñas y los varones jóvenes.

XXIV: Que en los Estados deberían adoptar medidas para facilitar la
participación plena, equitativa y efectiva de los afrodescendientes en los
asuntos públicos y políticos sin discriminación, de conformidad con el
derecho internacional de los derechos humanos.

XXV. Que de conformidad con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo,
los Estados deberían adoptar medidas destinadas a garantizar la participación
activa, libre y significativa de todas las personas, incluidos los
afrodescendientes, en el desarrollo y la adopción de decisiones relacionadas
con este, así como en la distribución justa de los hendidos que de él se
derivan.

Por tanto,

DECRETAN:

"REGLAMENTO
DEL MODELO DE GODERINANZA COMPARTIDA DEL

PARQUE
NACIONAL CAIIIJITA Y DEROGATORIA DEL DECRETOD

EJECUTIV
N° 26929-MINAE, REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE

RECURSOS
Y SERVICIOS EN EL PARQUE NACIONAL CAIIUITA"

Artículo 1. Objetivo del Reglamento

            El presente Reglamento regula el
funcionamiento del modelo de gobernanza del Parque Nacional Cahuita, de acuerdo
a lo que establece la Ley de Biodiversidad N° 7788, del 30 de abril de 1998 su
Reglamento Decreto Ejecutivo N° 34433-MINAE, y el Decreto Ejecutivo
39519-MINAE, que señala que "La Gobernanza compartida son áreas protegidas
basadas en mecanismos y proceso institucionales en los que, formal o
informalmente varios acores, tanto de la Administración Pública como ajenos a
ella, comparten las responsabilidades la toma de decisiones y los
beneficios." 

En el Parque
Nacional Cahuita, dicho modelo se llevará a cabo a través del Consejo
Regional del Área de Conservación y el Consejo Local del Parque Nacional
Cahuita, de conformidad con sus respectivas competencias. Dichos Consejos
fomentarán la participación activa y organizada de la sociedad civil y entes y
órganos públicos en la toma de decisiones y acciones propias del manejo del
Parque Nacional Cahuita.

 Ficha articulo

Artículo 2.
Modelo de Gobernanza Compartida

El Poder
Ejecutivo reconoce y oficializa el Modelo de Gobernanta Compartida en el Parque
Nacional Cahuita, en virtud de que se ha venido desarrollando desde hace más de
veinte años, en donde los actores locales han compartido en conjunto con el
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) las responsabilidades, la
toma de decisiones y los beneficios de esta Área Silvestre Protegida.

 Ficha articulo

Artículo 3.
Del Consejo Regional y el Consejo Local:

Estos Consejos
coadyuvarán en la gestión y manejo del Parque Nacional Cahuita, con el objetivo
de lograr la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, la distribución
justa y equitativa de los beneficios, la participación de los diferentes
actores y sectores sociales, el cumplimiento de los indicadores de buena
gobernanza y el buen entendimiento entre la comunidad y las autoridades
competentes.

 Ficha articulo

Artículo 4.
Objetivos del Consejo Local para la implementación del Modelo de Gobernanza
Compartida del Parque Nacional Cahuita:

a) Fortalecer el vínculo social, cultural,
biológico y económico que existe entre el territorio en que se estableció el
Parque Nacional Cahuita, la comunidad y las autoridades competentes.

b) Coadyuvar al Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad
Caribe (CORAC) y el Área de Conservación la Amistad Caribe (ACLAC) en la
aplicación y cumplimiento del Plan General de Manejo del Parque Nacional
Cahuita y los instrumentos técnicos de gestión, manejo y planificación que
permitan alcanzar objetivos de conservación del patrimonio histórico, cultural
y biológico del Parque Nacional Cahuita y de la comunidad.

c) Coadyuvar en la resolución de los conflictos que se presenten,
procurando el consenso y la participación en relación a la gestión y manejo del
Parque Nacional.

d) Promover la educación ambiental tanto formal como informal, para
fortalecer las capacidades y el conocimiento de la comunidad.

e) Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad,
para lograr la conservación, el uso sostenible y la distribución justa y
equitativa de los beneficios derivados de la conservación, de acuerdo al marco
normativo vigente.

f) Establecer mesas de consulta y diálogo sectoriales sobre los temas de
interés, para la gestión del Parque Nacional.

 Ficha articulo

Artículo 5. Conformación del Consejo Local para la
Gobernanza Compartida del Parque Nacional Cahuita

EI Consejo Local
para implementar el modelo de Gobernanza Compartida del Parque Nacional Cahuita
estará integrado por representantes y suplentes de las diferentes
organizaciones e instituciones de relevancia en la comunidad, asegurando la
equidad de género, que el Consejo Regional defina para cumplir sus funciones.
La Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita ADIC será una organización
permanente en este Consejo Local. Su reglamento de funcionamiento será aprobado
por el Consejo Regional.

 Ficha articulo

Artículo 6.
Financiamiento. En el sector de Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita no se cobrará
la tarifa de ingre o por parte del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC-MINAE).

En este sector, el Estado podrá recibir contribuciones económicas no reembolsables (donaciones) de
las personas que visiten este sector del Parque Nacional, para apoyar a la operación del Modelo de
Gobernanza Compartida del Parque Nacional Cahuita, el cual reconoce la vinculación de la comunidad
de Cahuita con el territorio y su diversidad cultural que aportan a la Conservación in situ. Esta
donación se depositará en el Fondo de Parques Nacionales, según los procedimientos oficializados del
SJNA C.

El SINAC
establecerá un convenio de cooperación con la Asociación de Desarrollo Integral
de Cal1Uita denominado "Convenio Marco de Cooperación entre el Sistema
Nacional de Área de Conservación y la Asociación de Desarrollo Integral de
Cahuita para la implementación del Modelo de Gobernanza Compartida en el Parque
Nacional Cahuita", con el fin de garantizar la operación y sostenibilidad
financiera del modelo. Lo anterior de conformidad con el numeral 19 de la Ley
sobre el Desarrollo de la Comunidad N° 
3859 y su Reglamento.

El SINA C
realizará una transferencia trimestral a una cuenta bancaria especial que la
Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) establecerá para ese fin en
un Banco del Sistema Bancario Nacional, según lo establece la Ley Sobre el
Desarrollo de la Comunidad, Nº 3859 del 7 de abril de 1967 en su artículo 19.
Dicha transferencia se realizará en los meses de enero, abril, julio y octubre
de cada año, en el tanto la ADIC cuente con la idoneidad para la administración
de fondos públicos, emitida por DINADECO y el SINAC, mediante la Dirección
Administrativo Financiera del Área de Conservación Amistad Caribe (A CLAC). Los
recursos reportados provenientes de dicha fi1ente de financiamiento deberán
destinarse exclusivamente para la atención, mantenimiento, sostenibilidad y
conservación del Parque Nacional Cahuita.

La inversión de
los recursos económicos proveniente de las donaciones recibidas en el sector de
Playa Blanca del Parque Nacional Cahuita, se realizará de manera exclusiva para
cumplir con las actividades definidas en el Plan de Manejo del Parque Nacional
de Cahuita, incorporadas en el Plan Anual de Trabajo Conjunto entre el ACUC del
SINAC y la ADIC, el cual es elaborado y aprobado por el COLAC del Parque
Nacional Cahuita y avalado por el Consejo Regional de ACLAC.

(Así reformado por el artículo 1° del
decreto ejecutivo N° 41075 del 3 de abril de 2018)

 Ficha articulo

Artículo 7. De los mecanismos de control sobre las donaciones

En un plazo máximo de tres meses luego de la entrada en vigencia del presente Decreto y antes de que
el SINAC realice la primera transferencia económica a la ADIC, el  ACLAC del SINAC, debe establecer
junto con la ADIC los mecanismos correspondientes para el registro y control de los recursos
económicos provenientes de las donaciones recibidas en el Parque Nacional Cahuita, Sector Playa
Blanca; de conformidad con las regulaciones vigentes sobre fiscalización y control establecidas por
la Contraloría General de la República. Dichos mecanismos deberán ser aprobados y oficializados por
los Jerarcas de ambas instancias.

 Ficha articulo

Artículo 8.
Derogatoria.

Se deroga el
Decreto Ejecutivo 26929-MINAE, Reglamento para el Manejo de Recursos y
Servicios en el Parque Nacional Cahuita del 13 abril 1998.

 Ficha articulo

Artículo 9. Vigencia.

Rige a partir de
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la
Presidencia de la República a lo veinte días del mes de diciembre del año dos
mil dieciséis.

 Ficha articulo

Fecha de generación: 5/5/2026 18:53:00

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                        Regulation for the Shared Governance Model of Cahuita National Park

Full Text of act: 11430B

N° 40110-MINAE

THE
PRESIDENT OF THE REPUBLIC

AND THE
MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY

Based on
the powers conferred by Articles 50, 140 subsections 3), 18), and 20),
and 146 of the Political Constitution; Articles 4, 6, 11, 21, 25, 26, 27, 98,
100, 107, 113 subsections 2) and 3) of the General Public Administration Law, Law
N° 6227 of May 2, 1978 and its amendments; Articles 1, 2, 3, 4, and 5 of
the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy, Law N° 7152 of June 5,
1990; Articles 1, 2, 6, 32, and 35 of the Organic Environmental Law,
Law N° 7554 of October 4, 1995; Articles 13 and 18 of the Forestry Law (Ley Forestal), Law
N° 7575 of February 13, 1996; Law N° 7416, of June 30, 1994, which ratifies the Convention on Biological Diversity (CBD); Law N° 7615 of July 24,
1996, Vienna Convention on the Law of Treaties; Law N°
7316 of November 3, 1992, which ratifies Convention No. 169 on indigenous
and tribal peoples in independent countries; Articles 22, 23, 24, 25, 26,
38, 39, and 58 of the Biodiversity Law, Law N° 7788 of April 30, 1998; the
Organic Regulation of the Executive Branch, Executive Decree N° 38536 of July
25, 2014; the Regulation to the Biodiversity Law, Executive Decree N°
34433-MINAE of March 11, 2008; the Community Development Law,
N° 3859 of April 7, 1967; Executive Decree No. 26935-G, Regulation to the
Community Development Law of April 20, 1998; Executive Decree
39519-MINAE of February 26, 2016, 'Recognition of governance models in
protected wild areas of Costa Rica'.

CONSIDERING

I. That
Article 1 of the Political Constitution of Costa Rica states that Costa Rica is a
multiethnic and pluricultural Republic. Accordingly, differences in the way conservation and sustainable use of
natural resources are carried out must be recognized in those marine and continental geographic spaces where
protected wild areas have been created or are established, where human groups with a historical tradition of using
natural, wild, terrestrial, or marine resources have existed or are identified.

II. That
Article 9 of the Political Constitution establishes that the Government of Costa Rica
is popular, representative, and participatory.

III. That the system of protected areas in Costa
Rica comprises more than a quarter of its territory. This firm commitment to
ensuring conservation generates many benefits and requires that measures against environmental degradation in those zones be reconciled with the
interests of the people who continue to live within or near them. Our
country has a long history of protecting and promoting human rights,
and challenges still remain to be faced. According to the report of the UN independent
expert on the environment and human rights, John Knox, it is
a matter of concern that there are communities, including some ethnic
minorities, that are under threat of being expelled from the homes they
have occupied for generations, due to the strict interpretation of the laws
governing protected areas. Conservation should not impose an excessive
cost on communities that have deep historical roots in zones
of environmental importance. The right to a healthy and ecologically
balanced environment should not conflict with other fundamental
rights, which is why both the right to a healthy
and ecologically balanced environment and the rights of those who have lived
for many years in or near protected areas must be safeguarded, taking into
account that many of the affected people are members of minority groups
that have historically lived on the margins of Costa Rican political life, and the
country must ensure that the resolution of the situation does not entail discrimination
on any prohibited grounds; that the lack of formal legal titles
does not necessarily deprive people of their rights, since
rights may exist in relation to properties occupied for a long time even
in the absence of such titles; and the full and informed participation
of all affected persons in the process of seeking a solution is permitted, in order to
continue increasing efforts to involve the people and
communities that have a more direct interest in the protection of certain
areas, to leverage their capacities and interests. Perhaps the greatest
strength of the country in relation to human rights and the environment is the
commitment of a broad base of its population regarding environmental
protection and sustainable development.

IV. That according to the ruling of the Constitutional Chamber, resolution No. 2013-10540
of August 7, 2013, the social element of sustainable development is of great
relevance as a component of justice, inherent to the rule of law, which
is verified through the most adequate distribution of wealth and a healthy environment,
as well as in the state duty to direct a permanent policy of
national solidarity. The Principle of Democratic Sustainable Development is
derived from constitutional Articles 50, 74, and 89, which guarantee the
sustainable use of existing natural resources by present
generations and ensure the subsistence of future generations,
ensuring that access to resources and the generated wealth is distributed
fairly and equitably among all of society, especially including
the people who make up the social and
productive sector linked to the use of biodiversity.

V. That in accordance with the principles of the Organic Environmental Law
N° 7554 of October 4, 1995, the State shall ensure the rational use of
environmental elements, with the aim of protecting and improving the quality of life
of the inhabitants of the national territory. Likewise, it is obligated to foster
economically and environmentally sustainable development, understood as
development that satisfies basic human needs, without compromising the
options of future generations.

VI. That the Vienna Convention on the Law of Treaties,
ratified by Law N° 7615 of July 24, 1996, establishes in its Article 26
the principle pacta sunt servanda,
which establishes that the parties are obligated to fulfill treaties in
good faith. Likewise, Article 31 establishes that treaties must be
interpreted in good faith within their context, jointly with the agreements
that refer to the treaty and that have been agreed upon between all the parties.
That for the application and interpretation of treaties, any
subsequent agreement between the parties regarding the interpretation
of the treaty or the application of its provisions must also be taken
into account. Likewise, it establishes in its
Article 27 that a party may not invoke the provisions of its internal law
as justification for its failure to perform a treaty.

VII. That the Convention on Biological Diversity, ratified by Law
7416 of June 30, 1994, establishes in its preamble the recognition of the
close and traditional dependence of many local communities and indigenous
populations that have traditional life systems based on biological
resources, and the desirability of sharing equitably the benefits that
arise from the use of traditional knowledge,
innovations, and practices relevant to the conservation of biological
diversity and the sustainable use of its components. Likewise, it expresses the
determination of the parties to conserve and sustainably use biological
diversity for the benefit of current and future generations.

VIII. That for the achievement of its objectives, the Convention on Biological
Diversity empowers the Conference of the Parties to examine and take the measures
necessary for the achievement of these objectives.

IX. That at the seventh meeting of the Conference
of the Parties (COP) of the Convention on Biological Diversity, it endorsed the
resolutions adopted at the V World Parks Congress in 2003. Through
Decision VII/28, the COP adopted the work programme
on protected areas, with the overall objective of supporting the creation and
maintenance of protected areas. The work programme on protected
areas establishes the obligation for the parties to develop best practices for
planning and administration, governance, and participation in protected
areas.

X. That in accordance with Executive Decree N° 39519-MINAE, of February 26,
2016, 'Official Recognition of governance models for protected
wild areas of Costa Rica', the governance model that has been
developed in Cahuita National Park is that of Shared Governance, where
the local actors of the Community, together with the Public Administration,
share the responsibilities, decision-making, and the benefits that
derive from the management and handling of the protected wild area.

XI. That the Biodiversity Law, N° 7788 of April 30, 1998, provides in its
Article 22: The National System of Conservation Areas is hereby created, hereinafter
referred to as the System, which shall have its own legal personality; it shall be a
deconcentrated and participatory institutional management and coordination system,
that will integrate competencies in matters of forestry, wildlife, protected
areas, watersheds and water systems, and the Ministry of
Environment and Energy, with the aim of issuing policies, planning and executing
processes aimed at achieving sustainability in the management of the natural
resources of Costa Rica.

XII. That the Biodiversity Law establishes in its Article 58 that protected
wild areas are delimited geographic zones, which have been
declared as such because they represent special significance for their ecosystems,
the existence of threatened species, and for their historical and
cultural significance. These areas shall be dedicated to conserving and protecting
biodiversity, soil, water resources, cultural values, and the
services of ecosystems in general. In any case, the establishment of
areas and categories shall take very much into account the rights previously acquired by
indigenous or peasant populations and other underlying or adjacent
natural or legal persons.

XIII. That the Biodiversity Law in its Article 23 establishes the administrative
organization of SINAC, which shall be composed of the following
bodies: The National Council of Conservation Areas, the Executive Secretariat,
the administrative structures of the Conservation Areas, the Regional
Councils of Conservation Areas, and the Local Councils.

XIV. That Article 49 of the Regulation to the Biodiversity Law N° 7788
establishes that in Conservation Areas where necessary, due to their
technical and administrative complexity, Local Councils may be created, by agreement of the Regional
Council of the Conservation Area, whose constitution shall be
defined in the creation agreement.

XV. That the Regional Council of the La Amistad-Caribe Conservation Area,
according to Agreement 9, of act No. 002-2014 ordinary session 002-2014, June 6,
2014, agreed to establish the Local Council of Cahuita National Park.

XVI. That the Regional Council of the La Amistad-Caribe Conservation Area,
according to Agreement 6, of act No. 007-2016 ordinary session 007-2016, of October 21,
2016, agreed to approve the "Regulation
for the Shared Governance Model of Cahuita National Park and Repeal
of Executive Decree 26929-MINAE, Regulation for the Management of Resources and
Services in Cahuita National Park".

XVII. That Article 35 of the Biodiversity Law N° 7788 establishes that "the National System of Conservation
Areas shall design financing mechanisms that allow it to exercise its mandates with
agility and efficiency. Said mechanisms shall include transfers from the Budgets of the
Republic, or from any natural or legal person, as well as the own funds generated by the
protected areas, including entry fees, payments for environmental services (Pago de Servicios Ambientales), debt
swaps, the levies established by law, payment for activities carried out within the protected
areas, and donations."

XVIII. That the Comptroller General of the Republic, in Resolution
R-DC-057-2015 at three o'clock in the afternoon of June eighth, two thousand fifteen, among
its considerations, points out that "...this Comptroller's Office does not oppose the
search for alternatives to have a scheme oriented towards shared
management, between the State and the communities, provided that the solution is
legal or in accordance with existing legislation, but it is necessary that there be
clarity and certainty of the model, particularly in the management of the income
from park visits. In the case of the protection of National Parks and
natural wealth in general, the participation of the communities themselves has gained
ground in recent years and is a reality always to be considered, without
setting aside the regulations in force.

XIX. That the Community Development Law, N° 3859 of April 7,
1967, in its Article 19, establishes the power that the State,
autonomous and semi-autonomous institutions, Municipalities, and other political
entities have to grant subsidies, donate goods, or supply services of
any kind to Integral Development Associations.

XX. That the community of Cahuita has a bond with the territory of a
historical, cultural, spiritual, and recreational character. This Afro-descendant human
population settled in this territory long before the creation
of the Cahuita National Monument, on September 7, 1970. The establishment
of this protected wild area limited productive and
subsistence activities such as agriculture, livestock, and fishing. On April 27, 1978,
Executive Decree 8489-A declared Cahuita National Park, deepening the
limitations on productive activities. The impact on cocoa
plantations by moniliasis and the intention to increase entry fees to
Playa Blanca in 1994 generated a conflict situation that was resolved
with an agreement to co-manage the services of Cahuita National
Park, not charge the entry fee to Playa Blanca, and
request donations to improve the services provided to tourism.

XXI. That Cahuita National Park, due to its historical characteristics,
represents for Costa Rica an example where the local community,
mostly Afro-descendant, and the competent authorities have strengthened
their working and collaboration relationships, which has matured through an experience
of joint work recognized nationally and internationally as one of the
most relevant models of a balanced relationship between environmental
protection, respect for the rights of populations adjacent to protected
areas, fair and equitable distribution of the benefits derived from the
conservation of the area, and local culture.

XXII. That in Cahuita National Park, a Shared
Governance model has been developed for more than twenty years, where the Local Council
of the Cahuita National Park of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC),
of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), of the Ministry of
Environment and Energy (MINAE), shares the responsibilities, decision-making,
and benefits in this protected area based on mechanisms
of participation, as well as institutional processes that are recognized in this
Executive Decree.

XXIII. That Afro-descendant communities have been considered tribal
peoples protected by Convention 169 of the International Labour
Organization, ratified by the country in 1992. That the Programme of activities for the
International Decade for People of African Descent, Resolution approved by the
General Assembly of the United Nations on the 18th of November 2014, establishes
that States should adopt concrete and practical measures through the
approval and effective implementation of national and international legal
frameworks of policies and programmes to combat
racism, racial discrimination, xenophobia, and related forms
of intolerance faced by people of African descent, taking into account the
particular situation of women, girls, and young males.

XXIV: That States should adopt measures to facilitate the
full, equitable, and effective participation of people of African descent in
public and political affairs without discrimination, in accordance with
international human rights law.

XXV. That in accordance with the Declaration on the Right to Development,
States should adopt measures aimed at guaranteeing the active,
free, and meaningful participation of all persons, including
people of African descent, in development and in the adoption of decisions related
to it, as well as in the fair distribution of the benefits derived from it.

Therefore,

THEY DECREE:

"REGULATION
FOR THE SHARED GOVERNANCE MODEL OF

CAHUITA NATIONAL PARK AND REPEAL OF EXECUTIVE

DECREE N° 26929-MINAE, REGULATION FOR THE MANAGEMENT OF

RESOURCES AND SERVICES IN CAHUITA NATIONAL PARK"

Article 1. Objective of the Regulation

            This Regulation governs the
functioning of the governance model of Cahuita National Park, in accordance
with what is established by the Biodiversity Law N° 7788, of April 30, 1998, its
Regulation, Executive Decree N° 34433-MINAE, and Executive Decree
39519-MINAE, which states that "Shared Governance are protected areas
based on institutional mechanisms and processes in which, formally or
informally, various actors, both from the Public Administration and external to
it, share the responsibilities, decision-making, and the
benefits."

In Cahuita
National Park, this model shall be carried out through the Regional
Council of the Conservation Area and the Local Council of the Parque Nacional
Cahuita, in accordance with their respective competencies. Said Councils
shall promote the active and organized participation of civil society and public
entities and bodies in decision-making and actions pertaining to the management of
Cahuita National Park.

 Article file

Article 2.
Shared Governance Model

The Executive
Branch recognizes and formalizes the Shared Governance Model in Cahuita
National Park, by virtue of the fact that it has been developing for more than
twenty years, wherein local actors have jointly shared with the
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) the responsibilities,
decision-making, and benefits of this Protected Wild Area.

 Article file

Article 3.
Of the Regional Council and the Local Council:

These Councils
shall contribute to the management and handling of the Cahuita National Park, with the objective
of achieving the conservation and sustainable use of biodiversity, the fair
and equitable distribution of benefits, the participation of the different
actors and social sectors, the fulfillment of good
governance indicators, and good understanding between the community and the competent
authorities.

 Article file

Article 4.
Objectives of the Local Council for the implementation of the Shared Governance
Model of Cahuita National Park:

a) Strengthen the social, cultural,
biological, and economic link that exists between the territory in which the
Cahuita National Park was established, the community, and the competent authorities.

b) Contribute to the Regional Council of the La Amistad
Caribe Conservation Area (CORAC) and the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) in the
application and compliance with the General Management Plan of Cahuita National
Park and the technical instruments of management, handling, and planning that
allow achieving conservation objectives for the historical, cultural,
and biological heritage of the Cahuita National Park and the community.

c) Contribute to the resolution of conflicts that arise,
seeking consensus and participation in relation to the management and handling of the
National Park.

d) Promote both formal and informal environmental education, to
strengthen the capacities and knowledge of the community.

e) Promote the participation of the different sectors of the community,
to achieve conservation, sustainable use, and the fair and
equitable distribution of the benefits derived from conservation, in accordance with the
current regulatory framework.

f) Establish sectoral consultation and dialogue tables on topics of
interest for the management of the National Park.

 Article file

Article 5. Composition of the Local Council for the
Shared Governance of Cahuita National Park

The Local Council
to implement the Shared Governance model of Cahuita National Park
shall be composed of representatives and alternates from the different
organizations and institutions of relevance in the community, ensuring
gender equity, which the Regional Council defines to fulfill its functions.
The Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) shall be a permanent organization
in this Local Council. Its operating regulations shall be approved
by the Regional Council.

 Article file

Article 6.
Financing. In the Playa Blanca sector of Cahuita National Park, the
entry fee shall not be charged by the Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC-MINAE).

In this sector, the State may receive non-reimbursable economic contributions (donations) from
persons who visit this sector of the National Park, to support the operation of the Shared
Governance Model of the Cahuita National Park, which recognizes the link between the community
of Cahuita and the territory and its cultural diversity that contribute to in situ Conservation. This
donation shall be deposited in the National Parks Fund (Fondo de Parques Nacionales), according to the officialized procedures of
SINAC.

SINAC
shall establish a cooperation agreement with the Asociación de Desarrollo Integral
de Cahuita called "Framework Cooperation Agreement between the Sistema
Nacional de Áreas de Conservación and the Asociación de Desarrollo Integral de
Cahuita for the implementation of the Shared Governance Model in the Parque
Nacional Cahuita", in order to guarantee the operation and financial
sustainability of the model. The foregoing in accordance with numeral 19 of the Law
on Community Development N°
3859 and its Regulation.

SINAC
shall make a quarterly transfer to a special bank account that the
Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) shall establish for that purpose in
a Bank of the National Banking System, as established by the Law on
Community Development, No. 3859 of April 7, 1967, in its Article 19.
Said transfer shall be made in the months of January, April, July, and October
of each year, as long as ADIC possesses the suitability for the administration
of public funds, issued by DINADECO and SINAC, through the Financial Administrative
Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC). The
reported resources from said financing source must
be destined exclusively for the attention, maintenance, sustainability, and
conservation of Cahuita National Park.

The investment of
the economic resources from the donations received in the
Playa Blanca sector of the Cahuita National Park shall be carried out exclusively to
comply with the activities defined in the Management Plan of the Parque Nacional
Cahuita, incorporated into the Joint Annual Work Plan between the ACLAC of
SINAC and the ADIC, which is prepared and approved by the COLAC of the Parque
Nacional Cahuita and endorsed by the Regional Council of ACLAC.

(Thus amended by Article 1 of
Executive Decree N° 41075 of April 3, 2018)

 Article file

Article 7. Of the control mechanisms over the donations

Within a maximum period of three months after the entry into force of this Decree and before
SINAC makes the first economic transfer to ADIC, the ACLAC of SINAC must establish,
together with ADIC, the corresponding mechanisms for the registration and control of the economic
resources from the donations received in Cahuita National Park, Playa
Blanca Sector; in accordance with the current regulations on oversight and control established by
the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República). Said mechanisms must be approved and officialized by
the Heads of both instances.

 Article file

Article 8.
Repeal.

Executive Decree 26929-MINAE, Regulation for the Management of Resources and
Services in Cahuita National Park of April 13, 1998, is repealed.

 Article file

Article 9. Effective Date.

It shall take effect upon
its publication in the Official Gazette La Gaceta.

Given at the
Presidency of the Republic on the twentieth day of the month of December of the year two thousand
and sixteen.

 Article file

Generation date: 5/5/2026 18:53:00

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