Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)"…los poderes públicos, y en este caso el legislador, tienen el deber de preservar y hacer posible el derecho a un medio ambiente adecuado que garantiza el artículo 50 de la Constitución. Un componente nuclear del medio ambiente es la protección de la naturaleza, de la que forman parte las islas marítimas, ya se consideren como bienes en sí o en la composición factorial analítica de elementos (suelo, subsuelo, mar, flora, fauna etc.). Disponer el paso de éstas a manos particulares va en demérito de su acervo natural, del que el Estado es titular, y de las importantes funciones sociales que cumplen, con supresión de la utilización colectiva por las generaciones actuales y venideras. En una palabra, daña el bien común. De ahí que al no mediar un interés público superior que respalde la salida de esos bienes del patrimonio de la Nación y tener plena vigencia las razones que justificaron el acto afectatario, la desafectación es del todo inconveniente."
English (translation)"...the public authorities, and in this case the legislator, have the duty to preserve and make possible the right to an adequate environment guaranteed by Article 50 of the Constitution. A core component of the environment is the protection of nature, of which maritime islands form a part, whether considered as goods in themselves or in the analytical factorial composition of elements (soil, subsoil, sea, flora, fauna, etc.). Allowing these to pass into private hands is detrimental to their natural wealth, of which the State is the owner, and to the important social functions they perform, suppressing collective use by present and future generations. In a word, it harms the common good. Hence, in the absence of a superior public interest that supports the removal of these assets from the Nation's patrimony and with the reasons that justified the act of classification fully in force, declassification is entirely inadvisable."
Unfavorable opinion
Opinión Jurídica : 178 - J del 23/12/2004 OJ-178-2004 23 de diciembre del 2004 Licda. Rocío Barrientos Solano Jefa de Área Comisión Permanente de Gobierno y Administración Asamblea Legislativa Estimada señora: Con aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos referimos a su escrito del 14 de setiembre del presente año, mediante el cual consulta nuestro criterio sobre el Proyecto denominado "Ley para promover el desarrollo social, económico y turístico en la Isla Chira", publicado en La Gaceta N° 165 del 24 de agosto del 2004, expediente legislativo N° 15.651. En una ocasión anterior, se consultó el proyecto Nº12295, denominado "Ley para desafectar del dominio público La Isla Chira" (La Gaceta Nº185 del 29 de setiembre de 1997), y en opinión jurídica Nº OJ-058-1997 del 4 de noviembre de 1997, expresamos total desacuerdo con el mismo. En la exposición de motivos del actual proyecto, se indica que la zona marítimo terrestre de la Isla se reduce a doscientos metros a partir de la pleamar ordinaria. No obstante, en la reforma propuesta del artículo 9 párrafo segundo de la Ley 6043, exceptúa a la Isla Chira de la definición comprensiva de la zona marítima terrestre para las islas, y deja sin sustento normativo cualquier tipo de desarrollo o aprovechamiento especial, pues ese territorio insular estará bajo el dominio y posesión directos del Estado. Por otra parte, el propósito de reducir la zona marítimo terrestre a doscientos metros, aunque no se indica en el artículo que se reforma, tampoco toma en cuenta la variedad de riqueza natural y cultural de la Isla. En ese sentido, en la citada opinión jurídica Nº OJ-058-1997, apuntamos: "La Isla de Chira contiene importantes y densas áreas de manglar y un estero (Nancite), que sea cual fuere su extensión constituyen zona pública (artículo 11 de la Ley 6043). Según estudio de los investigadores de la Universidad de Costa Rica Geovanny Cordero y Sergio Feoli, el manglar de la Isla Chira conforma el humedal más grande del área continental, 9.95 kilómetros cuadrados, y representan un porcentaje de 25.19 de la superficie de la isla. Con lo cual, alcanza una franja superior a los cincuenta metros; extremo que no toma en cuenta la norma propuesta. Otros valores naturales de la isla son las áreas boscosas o forestales (unos 11.74 kilómetros cuadrados de bosque secundario), una cuenca, pastos arbolados (17.81 kilómetros cuadrados), riqueza ictiológica, fauna marina, y hasta bienes culturales, que reportan la presencia de al menos dos sitios arqueológicos". Y, más adelante en el mismo pronunciamiento señala: "…los poderes públicos, y en este caso el legislador, tienen el deber de preservar y hacer posible el derecho a un medio ambiente adecuado que garantiza el artículo 50 de la Constitución. Un componente nuclear del medio ambiente es la protección de la naturaleza, de la que forman parte las islas marítimas, ya se consideren como bienes en sí o en la composición factorial analítica de elementos (suelo, subsuelo, mar, flora, fauna etc.). Disponer el paso de éstas a manos particulares va en demérito de su acervo natural, del que el Estado es titular, y de las importantes funciones sociales que cumplen, con supresión de la utilización colectiva por las generaciones actuales y venideras. En una palabra, daña el bien común. De ahí que al no mediar un interés público superior que respalde la salida de esos bienes del patrimonio de la Nación y tener plena vigencia las razones que justificaron el acto afectatario, la desafectación es del todo inconveniente. La existencia del dominio público se justifica por razón del mantenimiento y satisfacción del interés público. Conlleva un singular régimen exorbitante para proteger mejor su integridad física y jurídica. La desafectación, cuando cabe, debe fundarse en la condición de haber cesado el interés público que originó la afectación lo que aquí no ocurre...El proyecto de Ley que se examina contradice también los objetivos de los instrumentos internacionales suscritos por el país en materia de medio ambiente, donde se comprometió a la protección y conservación eficaces de nuestro patrimonio natural y cultural, de las zonas adyacentes a las áreas protegidas, a velar por el uso racional y sostenible de sus recursos naturales para asegurar una mejor calidad de vida de toda la población, etc. (Ver, entre otros, la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, Ley Nº 5980 de 16 de noviembre de 1976, art. 5; Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, Ley Nº 7226 de 2 de abril de 1991, art. I; Convenio sobre Diversidad Biológica (art.8 incs. d y e) y sus Anexos, Ley Nº 7416 de 30 de junio de 1994 ; Convención de Ramsar , Ley 7224 de 9 de abril de 1991, etc.). El proyecto igualmente se contrapone a la tradición de nuestros anteriores legisladores, quienes sirviendo con objetividad los intereses generales, desde antiguo han atribuido a las islas el carácter de dominio público, separándolas del tráfico jurídico. Asimismo, es contrario a la tendencia de países más avanzados, que concientes de la fragilidad de los recursos marítimos-terrestres, escasez, demanda e importantes funciones que satisfacen, han eregido en elementos nucleares de sus sistemas jurídicos la titularidad y uso público de los bienes, la preservación de sus características naturales y una conveniente administración que concilie las necesidades a corto y largo plazo, en provecho de todos…Son aplicables al caso las palabras que consigna la Exposición de Motivos de la expresada Ley de Costas: El demanio marítimo terrestre es "patrimonio colectivo especialmente valioso", "espacio natural de libertad que ha de ser preservado para el uso y disfrute de todos los ciudadanos". "Es responsabilidad ineludible del legislador de esta hora proteger la integridad de estos bienes, conservarlos como propiedad de todos y legarlos en esta condición a las generaciones futuras". En la exposición de motivos se afirma que los pescadores habitantes de la Isla no pueden competir en esa actividad por falta de recursos técnicos y económicos. A pesar de ello, estimamos que "no es procedente desafectar bienes de dominio público, para atender necesidades específicas" (OJ-033-1997 del 21 de julio de 1997 y OJ-058-1997 del 4 de noviembre de 1997), más aún, cuando no se especifica cuáles serán las condiciones de manejo y planificación de la zona, ni qué ente estatal las asumirá, ni si éste queda facultado para otorgar títulos de propiedad y bajo qué condiciones, y sin determinarse la forma en que se desarrollarán esas actividades. Ante ello, cabe plantearse las siguientes interrogantes: ¿Si efectivamente los habitantes de la Isla tendrán la capacidad técnica y económica para ser partícipes de manera directa en actividades de tipo comercial, incluyéndose la turística, o si por el contrario, operará igual principio que el señalado en el mismo, en cuanto a que no podrán competir, quedando obligados a vender sus terrenos, abandonar la Isla, perder propiedades en embargos y remates, incrementándose el problema y agravándose sobre todo la situación particular y social? Los aspectos anteriormente mencionados reafirman el criterio de la Procuraduría, en el sentido de que la iniciativa que se plantea en la exposición de motivos es desfavorable para los intereses públicos en materia ambiental. De otra parte, el texto propuesto es conforme con la protección de bien de dominio público. En todo caso, corresponde al Plenario valorar y decidir sobre la conveniencia de la reforma propuesta en la exposición de motivos, pues la desafectación de un bien público no compete a las Comisiones Permanentes (Constitución Política, artículos 121, inciso 14) y 124). Cordialmente, Lic. Mauricio Castro Lizano Licda. Meylin Gutiérrez Méndez Procurador Adjunto Área Agraria Y Ambiental
Legal Opinion: 178 - J of 12/23/2004
OJ-178-2004
December 23, 2004
Licda. Rocío Barrientos Solano
Area Chief
Permanent Commission of Government and Administration
Legislative Assembly
Dear Madam:
With the approval of the Attorney General of the Republic, we refer to your communication of September 14 of this year, through which you consult our opinion on the Bill entitled "Law to promote social, economic and tourism development on Isla Chira" ("Ley para promover el desarrollo social, económico y turístico en la Isla Chira"), published in La Gaceta No. 165 of August 24, 2004, legislative file No. 15.651.
On a previous occasion, Bill No. 12295, entitled "Law to remove Isla Chira from the public domain" ("Ley para desafectar del dominio público La Isla Chira") (La Gaceta No. 185 of September 29, 1997) was consulted, and in legal opinion No. OJ-058-1997 of November 4, 1997, we expressed total disagreement with it.
In the statement of motives of the current bill, it is indicated that the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of the Island is reduced to two hundred meters from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria). However, the proposed amendment to Article 9, second paragraph of Law 6043, exempts Isla Chira from the comprehensive definition of the maritime-terrestrial zone for islands, and leaves any type of special development or use without regulatory support, since that insular territory will be under the direct domain and possession of the State.
On the other hand, the purpose of reducing the maritime-terrestrial zone to two hundred meters, although not indicated in the article being amended, also does not take into account the variety of natural and cultural wealth of the Island.
In that regard, in the cited legal opinion No. OJ-058-1997, we noted:
"Isla de Chira contains important and dense mangrove areas (áreas de manglar) and an estuary (estero) (Nancite), which, whatever their extension, constitute public zone (zona pública) (Article 11 of Law 6043). According to a study by University of Costa Rica researchers Geovanny Cordero and Sergio Feoli, the mangrove of Isla Chira forms the largest wetland (humedal) in the continental area, 9.95 square kilometers, and represents a percentage of 25.19 of the island's surface. With which, it reaches a strip greater than fifty meters; an extreme that the proposed rule does not take into account.
Other natural values of the island are the forested or forest areas (áreas boscosas) (some 11.74 square kilometers of secondary forest (bosque secundario)), a watershed (cuenca), wooded pastures (pastos arbolados) (17.81 square kilometers), ichthyological wealth, marine fauna, and even cultural assets, which report the presence of at least two archaeological sites (sitios arqueológicos)."
And, further on in the same pronouncement, it states:
"…the public authorities, and in this case the legislator, have the duty to preserve and make possible the right to an adequate environment guaranteed by Article 50 of the Constitution. A core component of the environment is the protection of nature, of which maritime islands form a part, whether considered as assets in themselves or in the analytical factorial composition of elements (soil, subsoil, sea, flora, fauna, etc.). Providing for their transfer into private hands is detrimental to their natural heritage, to which the State holds title, and to the important social functions they fulfill, with the suppression of collective use by current and future generations. In a word, it harms the common good. Hence, in the absence of a superior public interest that supports the removal of those assets from the Nation's patrimony and with the reasons that justified the act of classification (afectación) remaining fully in force, the removal from public domain (desafectación) is entirely inconvenient. The existence of the public domain is justified by reason of the maintenance and satisfaction of the public interest. It entails a singular, exorbitant regime to better protect its physical and juridical integrity. The removal from public domain, when applicable, must be based on the condition that the public interest that originated the classification has ceased, which does not occur here...The Bill under examination also contradicts the objectives of the international instruments signed by the country in the area of the environment, where it committed to the effective protection and conservation of our natural and cultural heritage, of the areas adjacent to protected areas, to ensuring the rational and sustainable use of its natural resources to ensure a better quality of life for the entire population, etc. (See, among others, the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Law No. 5980 of November 16, 1976, art. 5; the Constitutive Agreement of the Central American Commission for Environment and Development, Law No. 7226 of April 2, 1991, art. I; the Convention on Biological Diversity (art. 8, subs. d and e) and its Annexes, Law No. 7416 of June 30, 1994; the Ramsar Convention, Law 7224 of April 9, 1991, etc.). The project is also opposed to the tradition of our previous legislators, who, serving the general interests with objectivity, have since ancient times attributed to islands the character of public domain, separating them from legal commerce. Likewise, it is contrary to the trend of more advanced countries, which, aware of the fragility of maritime-terrestrial resources, their scarcity, demand, and the important functions they satisfy, have erected as core elements of their legal systems the public ownership and use of assets, the preservation of their natural characteristics, and suitable administration that reconciles short- and long-term needs, for the benefit of all…The words contained in the Statement of Motives of the aforementioned Coastal Law are applicable to the case:
The maritime-terrestrial public domain (demanio marítimo terrestre) is 'especially valuable collective patrimony', 'a natural space of freedom that must be preserved for the use and enjoyment of all citizens'. 'It is the unavoidable responsibility of today's legislator to protect the integrity of these assets, to conserve them as the property of all, and to bequeath them in this condition to future generations.'
In the statement of motives, it is affirmed that the fisherman inhabitants of the Island cannot compete in that activity due to a lack of technical and financial resources. Despite this, we estimate that 'it is not appropriate to remove assets from the public domain (desafectar bienes de dominio público) to meet specific needs' (OJ-033-1997 of July 21, 1997 and OJ-058-1997 of November 4, 1997), even more so, when it does not specify what the management and planning conditions for the zone will be, nor which state entity will assume them, nor whether it is empowered to grant property titles and under what conditions, and without determining the manner in which those activities will be developed.
Given this, it is worth posing the following questions:
Will the inhabitants of the Island actually have the technical and financial capacity to be direct participants in commercial activities, including tourism, or, on the contrary, will the same principle operate as indicated therein, in that they will not be able to compete, being forced to sell their lands, abandon the Island, lose properties in embargoes and foreclosures (remates), thereby increasing the problem and especially aggravating the particular and social situation?
The aforementioned aspects reaffirm the criterion of the Attorney General's Office, in the sense that the initiative set forth in the statement of motives is unfavorable to public interests in the environmental field.
On the other hand, the proposed text is in accordance with the protection of a public domain asset.
In any case, it is up to the Plenary to assess and decide on the advisability of the reform proposed in the statement of motives, since the removal of a public asset from the public domain is not within the purview of the Permanent Commissions (Political Constitution, articles 121, subsection 14) and 124).
Sincerely,
Lic. Mauricio Castro Lizano Licda. Meylin Gutiérrez Méndez
Deputy Attorney General Agrarian and Environmental Area