Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Como anotamos en otra ocasión, la inalienabilidad de los bienes demaniales imposibilita su traspaso, parcial o total, voluntario o forzoso, y la posesión en los términos del Derecho privado. Múltiples resoluciones de la SALA CONSTITUCIONAL reafirman que los bienes de dominio público 'no pueden ser objeto de posesión privada' y que 'la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio' (o la posesión).
Es incompatible con los fines que el legislador imprime al dominio público la posesión animus domini de los particulares, o facultad de someter una cosa al poder y voluntad de una persona para ejercer sobre ella actos exclusivos de uso y goce, como si fuese propietario.
Cuando el inmueble que se pretende titular esté dentro de un área silvestre protegida, de patrimonio estatal, la Ley de Informaciones Posesorias, artículo 7°, exige demostrar una posesión 'por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva declaratoria y haber protegido el recurso forestal.'
English (translation)As we noted on another occasion, the inalienability of public domain assets makes their transfer, partial or total, voluntary or forced, impossible, along with possession under private law terms. Multiple rulings of the Constitutional Chamber reaffirm that public domain assets 'cannot be the object of private possession' and that 'administrative action replaces interdicts to recover domain' (or possession).
Private individuals’ possession animus domini —the power to subject a thing to a person’s power and will to exercise exclusive acts of use and enjoyment, as if owner— is incompatible with the purposes that the legislator assigns to the public domain.
When the property to be titled lies within a protected wild area, of state patrimony, the Informaciones Posesorias Law, article 7°, requires proof of possession 'at least ten years prior to the effective date of the respective declaration and having protected the forest resource.'
Interpretive opinion
Opinión Jurídica : 137 - J del 16/09/2005 OJ-137-2005 16 de setiembre del 2005 Ing. Quírico Jiménez Madrigal Diputado Asamblea Legislativa Estimado señor Diputado: Con aprobación de la señora Procuradora General de la República, contestamos su Oficio UP-QJM-080-09-05, en cual expresa que con el objeto de discutir y evaluar la problemática del Refugio de Vida Silvestre Humedal Limoncito, se reunió el diecisiete de agosto último, en las instalaciones de JAPDEVA (Limón), con representantes de algunas organizaciones ambientalistas, organizaciones locales, COVIRENAS, funcionarios del MINAE, del MOPT y vecinos del Humedal. En la reunión, dice, el Director del Refugio informó que el Estado compró recientemente mil hectáreas de terreno dentro de los límites de esa área silvestre protegida, a la “Compañía Carros y Vehículos-Inversiones Caribe”, y por lo menos cuatrocientas hectáreas presentan problemas de tenencia. A fin de aclarar la situación, solicita le indiquemos, con carácter urgente, la fecha y monto que se pagó por las tierras, las personas de quienes se adquirieron, los documentos que respaldaron la compra, el nombre del titular de las tierras después de la supuesta compra, la fecha en que se firmó la escritura, y le facilitemos copia de la misma. Agrega que el Humedal Limoncito tiene una riqueza biológica única y es sitio que amortigua los impactos de fuertes lluvias y posibles inundaciones de barrios populares de Limón. Además, su desarrollo como reserva de vida silvestre puede aportar innumerables beneficios en ecoturismo, recreación, educación e investigación. Al respecto, le manifestamos lo siguiente: I) REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LIMONCITO: CREACIÓN, UBICACIÓN Y ECOSISTEMAS QUE PROTEGE El Decreto Ejecutivo N° 23121 del 7 de febrero de 1994 (Gaceta 79 del 26 de abril de 1994, pg.1) creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre Limoncito, de propiedad estatal, al sur de la ciudad de Limón, con el fin de proteger los ecosistemas de humedales existentes en el área que comprende. A la vez, autorizó a la entonces Dirección General de Vida Silvestre a suscribir convenios de cooperación con la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica para proteger el Refugio, ejecutar investigaciones biológicas y el pago de mejoras a poseedores dentro del área. Esto en virtud de ser JAPDEVA, a ese momento, propietaria de tierras ahí ubicadas cubiertas de yolillales y bosques inundados, que constituyen un hábitat con gran variedad de flora y fauna silvestre, que es necesario preservar. El Decreto N° 23259-MIRENEM del 27 de abril de 1994 (Gaceta del 19 de mayo de 1994, pg. 6) modificó la categoría del Refugio, para asignarle la de propiedad mixta. II) INEXISTENCIA DE RECIENTE ADQUISICIÓN DE TERRENOS DE LA ENTIDAD INDICADA En punto a los datos que solicita, no es posible suministrárselos, por cuanto de acuerdo con el informe interno del Notario del Estado, Lic. Fernando Casafont Odor, en tiempo reciente no se ha otorgado ninguna escritura ante esa Notaría por adquisición de tierras de “Compañía Carros y Vehículos-Inversiones Caribe”, entidad que no aparece inscrita en el Registro Mercantil, según constatamos. Por lo anterior, le sugerimos solicitar los informes del caso a las Oficinas Regionales del Ministerio del Ambiente y Energía, bien ante la Administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Limoncito, o ante el Área de Conservación La Amistad-Caribe. Para lo de su interés, incorporamos a esta respuesta el criterio sostenido por la Procuraduría en torno al impedimento de los particulares de poseer, con ánimo de dueños, inmuebles de dominio público, como son los estatales de las áreas silvestres protegidas, a partir de su declaratoria; la improcedencia de la usucapión en su contra, y la titulación de bienes en áreas. III) IMPEDIMENTO DE LOS PARTICULARES DE EJERCER POSESIÓN CON ÁNIMO DE DUEÑOS SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO “Como anotamos en otra ocasión, la inalienabilidad de los bienes demaniales imposibilita su traspaso, parcial o total, voluntario o forzoso, y la posesión en los términos del Derecho privado. Múltiples resoluciones de la SALA CONSTITUCIONAL reafirman que los bienes de dominio público "no pueden ser objeto de posesión privada" y que "la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio" (o la posesión). Votos 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001, entre muchas. Es incompatible con los fines que el legislador imprime al dominio público la posesión animus domini de los particulares, o facultad de someter una cosa al poder y voluntad de una persona para ejercer sobre ella actos exclusivos de uso y goce, como si fuese propietario (SALA DE CASACIÓN sentencia 9:30 hrs. del 6/6/1936). Este criterio lo suscriben varias resoluciones de los Tribunales Superiores, que atribuyen al ente público titular la posesión iuris sobre el demanio, ejercida "per se mientras dure la afectación del bien". "Los particulares no ejercen posesión sobre esas cosas, ya que ni de hecho, ni de derecho, las tienen bajo su poder y voluntad", ni pueden pretender la propiedad. (TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, resoluciones números 9282 de 1987, y de 1988 las resoluciones números 10019, 10166 y 10418. Del Tribunal Superior Contencioso Administrativo la resolución 1851 de 1976 y del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera la N° 910 de 1987). Ello hace inaceptable las titulaciones posesorias o discusiones judiciales relativas a la tenencia o "posesión" de espacios de dominio público en detrimento de la titularidad y posesión que de pleno derecho tiene el Estado. Estarían en franca contradicción con las reglas de la inalienabilidad e imprescriptibilidad que gobiernan esos bienes las situaciones que pudieran originar derechos posesorios a favor de terceros, aptos para usucapir. III.1) IMPROCEDENCIA DE LA USUCAPIÓN Y TITULACIÓN CONTRA EL DOMINIO PÚBLICO De la inalienabilidad e imprescriptibilidad resulta que las cosas públicas "no son susceptibles de ser adquiridas por usucapión, ni nadie puede prevalerse de la posesión irregular que sobre las mismas tuviere" (…). "Correlativamente tampoco el Estado ni sus organismos pueden perderlas por prescripción negativa, ya que la posesión aun cuando no se manifiesta por hechos reales debe estimarse que se produce por imperio de las disposiciones legales que regulan su destino". (Casación, sentencia N° 122 de 16:15 hrs. del 16 de noviembre de 1965, y sentencia de Casación, año 1958, I Semestre de la Colección de Sentencias, pgs. 376 ss., considerando XIV). La SALA PRIMERA DE LA CORTE, en la sentencia N° 007-93, considerando IV, insiste en el punto: Los bienes de dominio público "no pueden ser enajenados -por ningún medio de Derecho privado ni de Derecho público- siendo consustancial a su naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo ninguna forma. De allí que otra de sus características sea su imprescriptibilidad, es decir, la no susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo bajo la figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por particulares no genera derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que haya poseído". En el mismo sentido, cfr. SALA PRIMERA DE LA CORTE, voto 733-F-2000, considerando IV. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, voto N° 1662 de 10:15 hrs. 11/12/75 y del TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO los números 523 de 1994 y 665 del 2002. Los trámites de justificación de posesión señalados en las Leyes de Informaciones Posesorias", para obtener un título de dominio inscribible se refieren incuestionablemente a "los terrenos de dominio privado y de comercio de los hombres" (Código Civil, artículo 264), "pero no a aquellos bienes públicos o de dominio público, contemplados en los artículos 261 al 263 del mismo Código". (TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL, N° 860 de 14 hrs. del 21 de diciembre de 1971). Sobre la imposibilidad jurídica de titular el dominio público cfr: TRIBUNAL AGRARIO, votos 523 de 1994 y 665 del 2002. En bienes de dominio público "la usucapión tampoco es un medio para adquirirlos; las cosas inalienables por estar fuera del comercio de los hombres, no son sujetos de posesión por particulares, y son imprescriptibles en tanto conserven tal carácter o el destino de utilidad pública a que están afectadas". (SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 2988-99, cons. III). Dictamen C-321-2003. III.2) TITULACIÓN EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS Cuando el inmueble que se pretende titular esté dentro de un área silvestre protegida, de patrimonio estatal, la Ley de Informaciones Posesorias, artículo 7°, exige demostrar una posesión “por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva declaratoria y haber protegido el recurso forestal. (Otro requisito es presentar un plano inscrito en Catastro certificado por el MINAE sobre la ubicación de la finca. Opinión Jurídica O. J.-089-2002). SALA CONSTITUCIONAL, voto 4587-1997). ‘La intención del legislador es que esas áreas se hayan mantenido protegidas y conservadas durante todo este tiempo, incluso antes de la creación de las áreas protegidas’. TRIBUNAL AGRARIO, votos 113 de 1998, 55 del 2001, cons. VIII, 49-2002, 720-2002, 170-F-03, 173-F-03, cons. IV). Posibilita la titulación de bosques cuando se haya desarrollado una posesión ecológica. (TRIBUNAL AGRARIO, voto 532 de 1994). En la posesión forestal "el poder de hecho recae sobre el recurso natural 'bosques' o 'terrenos de aptitud forestal'; y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación. Sólo si se demuestra eso podría adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores. De lo contrario, quedarían formando parte del patrimonio natural del Estado (artículo 13 de la nueva Ley Forestal), con carácter inembargable e inalienable, y su posesión no causará ningún derecho a favor de los particulares (artículo 14 de la nueva Ley Forestal)". TRIBUNAL AGRARIO, voto N° 173-F-03, de las 16:29 hrs. del 31/3/2003). La disposición de comentario (art. 7°; Ley Informaciones Posesorias, al decir de la SALA CONSTITUCIONAL, voto 4587-97, cons. IV, “regula “la titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad". (…) "Dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que se cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley (…). Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho" (…). "… La posesión que cuenta para la usucapión debe ser anterior a la afectación del bien". (Se añade el subrayado). Dictamen C-321-2003. Acorde con el principio de función social de la propiedad, razonabilidad en su justa distribución, contraria a la existencia de latifundios, la Ley de Informaciones Posesorias fija también un límite de cabida para titular inmuebles sin inscribir: trescientas hectáreas. Artículos 2, pfo. 2°, y 15. Opiniones Jurídicas O. J.-006-2000 y O. J.-070-2001. IV) CONCLUSIONES En conclusión: 1) No es posible suministrarle los datos que solicita, por no haberse otorgado en tiempo reciente ninguna escritura ante la Notaría del Estado por adquisición de tierras de la “Compañía Carros y Vehículos-Inversiones Caribe”, entidad que no aparece inscrita en el Registro Mercantil, según constatamos. 2) En razón de lo anterior, se le sugiere solicitar los informes respectivos a las Oficinas Regionales del Ministerio del Ambiente y Energía, bien ante la Administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Limoncito, o ante el Área de Conservación La Amistad-Caribe. 3) Para lo de su interés, se incorpora a esta respuesta el criterio sostenido por la Procuraduría, con fundamento en la jurisprudencia judicial y constitucional, acerca del impedimento de los particulares de ejercer posesión, a título de dueños, sobre inmuebles de dominio público, como son los estatales de las áreas silvestres protegidas, a partir de su declaratoria, y la improcedencia de titularlos si antes de la producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para adquirir el derecho. La Ley de Informaciones Posesorias exige requisitos especiales al efecto y fija un tope para titular todo tipo de inmuebles sin inscribir, en trescientas hectáreas. De usted, atentamente, José J. Barahona Vargas Lydiana Rodríguez Paniagua Procurador Director Abogada-Procuraduría Ambiental Área de Derecho Agrario y Ambiental JJBV/LRP/fmc c.i: Br. Henry Rojas Calvo Administrador Refugio Nacional de Vida Silvestre Limoncito Fax 825-84-86 Lic. Fernando Casafont Odor Notario del Estado
Legal Opinion: 137 - J of 09/16/2005
OJ-137-2005
September 16, 2005
Engineer Quírico Jiménez Madrigal
Deputy
Legislative Assembly
Dear Deputy:
With the approval of the Attorney General of the Republic, we reply to your memorandum
UP-QJM-080-09-05, in which you state that with the purpose of discussing and evaluating the problems of the
Limoncito Wetland Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Humedal Limoncito), a meeting was held on the seventeenth of August last, at the
facilities of JAPDEVA (Limón), with representatives of several environmentalist organizations,
local organizations, COVIRENAS, officials from MINAE, from MOPT, and neighbors of the Wetland.
In the meeting, you say, the Director of the Refuge reported that the State recently bought
one thousand hectares of land within the boundaries of that protected wild area, from the “Compañía
Carros y Vehículos-Inversiones Caribe”, and at least four hundred hectares present tenure (tenencia)
problems.
In order to clarify the situation, you ask us to indicate to you, on an urgent basis, the date and
amount paid for the lands, the persons from whom they were acquired, the documents that
supported the purchase, the name of the titleholder of the lands after the alleged purchase, the date
on which the deed was signed, and to provide you with a copy of the same.
You add that the Limoncito Wetland (Humedal Limoncito) has a unique biological wealth and is a site that
buffers the impacts of heavy rains and possible flooding of popular neighborhoods of Limón.
Furthermore, its development as a wildlife reserve can bring innumerable benefits in
ecotourism, recreation, education, and research.
In this regard, we state the following:
I) LIMONCITO WILDLIFE REFUGE: CREATION, LOCATION, AND ECOSYSTEMS IT PROTECTS
Executive Decree No. 23121 of February 7, 1994 (La Gaceta 79 of April 26,
1994, p.1) created the Limoncito National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Limoncito), of state ownership, south of the
city of Limón, with the purpose of protecting the wetland ecosystems existing in the area it
comprises. At the same time, it authorized the then Dirección General de Vida Silvestre to enter into
cooperation agreements with the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente
Atlántica to protect the Refuge, carry out biological research, and pay for improvements to
possessors within the area.
This by virtue of JAPDEVA being, at that moment, the owner of lands located there
covered with yolillales and flooded forests, which constitute a habitat with a great variety of flora and
wild fauna, which it is necessary to preserve.
Decree No. 23259-MIRENEM of April 27, 1994 (La Gaceta of May 19, 1994, p.
6) modified the category of the Refuge, to assign it that of mixed ownership.
II) NON-EXISTENCE OF A RECENT ACQUISITION OF LANDS FROM THE INDICATED ENTITY
On the subject of the data you request, it is not possible to provide them to you, because according
to the internal report of the State Notary, Lic. Fernando Casafont Odor, no deed has been granted recently before that Notary's Office for the acquisition of lands from
“Compañía Carros y Vehículos-Inversiones Caribe”, an entity which does not appear registered in the Commercial Registry (Registro Mercantil), as we have verified.
For the foregoing reason, we suggest you request the relevant reports from the Regional Offices
of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), either before the Administration of the Limoncito National Wildlife Refuge
(Refugio Nacional de Vida Silvestre Limoncito), or before the La Amistad-Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad-Caribe).
For your interest, we incorporate into this reply the opinion held by the
Attorney General's Office (Procuraduría) regarding the impediment of private individuals to possess, with the intent of owners, real estate
in the public domain (inmuebles de dominio público), such as the state-owned ones of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), as of their
declaration; the inadmissibility of usucapion (usucapión) against them, and the titling of properties in areas.
III) IMPEDIMENT OF PRIVATE INDIVIDUALS TO EXERCISE POSSESSION WITH THE INTENT OF OWNERS OVER PUBLIC DOMAIN PROPERTIES
“As we noted on another occasion, the inalienability of demanial properties (bienes demaniales)
makes their transfer, partial or total, voluntary or forced, and possession under the terms of
private law impossible. Multiple resolutions of the CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) reaffirm that public domain properties
(dominio público) 'cannot be the object of private possession' and that 'administrative action substitutes
for interdicts to recover the domain' (or possession). Votos 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92,
1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94,
6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001, among many.
Possession animus domini by private individuals, or the power to subject a thing to the power and will of a person
to exercise over it exclusive acts of use and enjoyment, as if they were the owner, is incompatible with the purposes that the legislator imparts to the public domain (SALA DE CASACIÓN
ruling 9:30 a.m. of 6/6/1936).
This criterion is endorsed by several resolutions of the Superior Courts, which
attribute legal possession (posesión iuris) over the demanium to the public entity that holds title, exercised "per se while the allocation of the property lasts". "Private individuals do not exercise possession over those things, since neither in fact,
nor in law, do they have them under their power and will," nor can they claim ownership. (TRIBUNAL
SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, resolutions numbered 9282 of 1987, and of
1988 resolutions numbered 10019, 10166 and 10418. From the Tribunal Superior Contencioso Administrativo
resolution 1851 of 1976 and from the Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera No. 910 of
1987).
This makes possessory titlings or judicial discussions relating to
the tenure (tenencia) or "possession" of public domain spaces to the detriment of the ownership and possession
that the State holds by full right unacceptable. Situations that could
originate possessory rights in favor of third parties, suitable for usucapion (usucapir), would be in frank contradiction with the rules of
inalienability and imprescriptibility that govern those properties.
III.1) INADMISSIBILITY OF USUCAPION AND TITLING AGAINST THE PUBLIC DOMAIN
From inalienability and imprescriptibility, it follows that public things "are not
susceptible to being acquired by usucapion (usucapión), nor can anyone avail themselves of the irregular possession that
they might have over them" (...). "Correlatively, neither can the State nor its agencies
lose them by negative prescription, since possession even when not manifested by real
acts must be deemed to occur by force of the legal provisions that regulate their
purpose". (Casación, ruling No. 122 of 4:15 p.m. of November 16, 1965, and ruling of
Casación, year 1958, I Semester of the Colección de Sentencias, pp. 376 ff., considerando XIV).
The SALA PRIMERA DE LA CORTE, in ruling No. 007-93, considerando IV, insists on the
point: Public domain properties "cannot be alienated -by any means of private law
nor of public law- their non-reduction to private domain under any form being consubstantial to their legal nature.
Hence, another of their characteristics is their imprescriptibility, that is,
the non-susceptibility of being acquired through the passage of time under the legal figure
of usucapion (usucapión), since possession exercised by private individuals does not generate any property right,
no matter the time during which they may have possessed." In the same sense, cf. SALA PRIMERA DE LA
CORTE, voto 733-F-2000, considerando IV. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, voto No. 1662
of 10:15 a.m. 12/11/75 and of the TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO numbers 523 of 1994 and 665 of 2002.
The procedures for justification of possession indicated in the Leyes de Informaciones
Posesorias", to obtain a registrable title of ownership, unquestionably refer to "the
lands of private domain and of commerce among men" (Civil Code, article 264), "but not to
those public properties or properties of public domain, contemplated in articles 261 to 263 of the same
Code". (TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL, No. 860 of 2:00 p.m. of December 21, 1971). On the
legal impossibility of titling the public domain cf: TRIBUNAL AGRARIO, votos 523 of 1994 and 665
of 2002.
In public domain properties "usucapion (usucapión) is not a means to acquire them either; things
inalienable by being outside the commerce among men, are not subjects of possession by
private individuals, and are imprescriptible as long as they retain such character or the purpose of public
utility to which they are allocated". (SALA CONSTITUCIONAL, judgment 2988-99, cons. III). Dictamen
C-321-2003.
III.2) TITLING IN PROTECTED WILD AREAS
When the real estate sought to be titled is within a protected wild area (área silvestre protegida), of
state heritage, the Ley de Informaciones Posesorias, article 7, requires demonstrating possession
“for at least ten years prior to the effective date of the respective declaration and
having protected the forest resource. (Another requirement is to present a map registered in the Catastro (Catastro)
certified by MINAE regarding the location of the property. Legal Opinion O. J.-089-2002). SALA
CONSTITUCIONAL, voto 4587-1997). ‘The intention of the legislator is that these areas have been kept
protected and conserved during all this time, even before the creation of the protected areas (áreas protegidas)’.
TRIBUNAL AGRARIO, votos 113 of 1998, 55 of 2001, cons. VIII, 49-2002, 720-2002,
170-F-03, 173-F-03, cons. IV). It makes possible the titling of forests when an ecological possession has been developed.
(TRIBUNAL AGRARIO, voto 532 of 1994).
In forest possession "the power in fact falls on the natural resource 'forests' or
'lands of forest aptitude'; and the possessory acts must be directed towards their protection and
conservation. Only if that is demonstrated could lands be acquired or registered in favor of said
possessors. Otherwise, they would remain forming part of the natural heritage of the State (article
13 of the new Forest Law (Ley Forestal)), with an unattachable and inalienable character, and their possession will not cause
any right in favor of private individuals (article 14 of the new Forest Law (Ley Forestal))". TRIBUNAL
AGRARIO, voto No. 173-F-03, of 4:29 p.m. of 3/31/2003).
The provision under comment (art. 7; Ley de Informaciones Posesorias, according to the
SALA CONSTITUCIONAL, voto 4587-97, cons. IV, “regulates 'the titling of a real property that has been
allocated to the public domain (dominio público) with the declaration of a protected wild area (área silvestre protegida), whatever its
specificity'." (...) "Given the nature of the property sought to be titled (public thing), the term of
possession suitable for usucapion (usucapión) must elapse before the allocation of the property to
the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wild area (área silvestre protegida) prevents the
possession subsequent to the allocation from counting, and impedes the requirements of usucapion (usucapión) from being met if at
that moment the right has not been acquired, that is, the ten years of possession suitable
for usucapion (usucapir) under the conditions established by law have not elapsed (...). Remember that properties allocated to
the public domain (dominio público), whatever specifications they may have, are not susceptible to acquisition by
usucapion (usucapión), if before the allocation occurred the necessary conditions for the
acquisition of the right had not been met" (...). "... The possession that counts for usucapion (usucapión) must be prior to the
allocation of the property". (Underlining added). Dictamen C-321-2003.
In accordance with the principle of the social function of property, reasonableness in its fair distribution,
contrary to the existence of large estates, the Ley de Informaciones Posesorias also sets a limit
on the area for titling unregistered real estate: three hundred hectares. Articles 2, paragraph 2, and 15.
Legal Opinions O. J.-006-2000 and O. J.-070-2001.
IV) CONCLUSIONS
In conclusion:
1) It is not possible to provide you with the data you request, as no deed has been granted in
recent time before the State Notary's Office for the acquisition of lands from the
“Compañía Carros y Vehículos-Inversiones Caribe”, an entity which does not appear registered in the Commercial Registry (Registro Mercantil), as we have verified.
2) By reason of the foregoing, you are suggested to request the respective reports from the
Regional Offices of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), either before the Administration of the Limoncito National Wildlife Refuge
(Refugio Nacional de Vida Silvestre Limoncito), or before the La Amistad-Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad-Caribe).
3) For your interest, this reply incorporates the criterion held by the Attorney General's Office (Procuraduría),
based on judicial and constitutional case law, regarding the impediment of
private individuals to exercise possession, as owners, over public domain real estate (inmuebles de dominio público), such as
the state-owned ones of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), as of their declaration, and the inadmissibility of
titling them if before the allocation occurred the necessary conditions
to acquire the right had not been met.
The Ley de Informaciones Posesorias requires special requirements for this purpose and sets a cap for
titling all types of unregistered real estate, at three hundred hectares.
Sincerely yours,
José J. Barahona Vargas Lydiana Rodríguez Paniagua
Director Attorney Attorney-Environmental Attorney's Office (Procuraduría Ambiental)
Area of Agrarian and Environmental Law
JJBV/LRP/fmc
c.i: Br. Henry Rojas Calvo
Administrator
Limoncito National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Limoncito)
Fax 825-84-86
Lic. Fernando Casafont Odor
State Notary