Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Los gobiernos locales están imposibilitados para otorgar permisos de uso sobre porciones en la zona marítimo terrestre cubiertas de bosque o cuando se trate de terrenos forestales o con esa aptitud trasmitidos por organismos no gubernamentales en los términos de la Ley Forestal, artículos 13, 14 y 15.
En este sentido, recuérdese que corresponde al MINAE clasificar previamente los terrenos, coordinando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la determinación de la aptitud y capacidad de los mismos (Ley 7779 del 30 de abril de 1998, artículos 5 y 9), donde las limitaciones por pendientes, rango de profundidad efectiva y capacidad de drenaje, por ejemplo, pueden ser parámetros de utilidad, tomando en cuenta igualmente lo dispuesto en el artículo 3 inciso d) de la Ley Forestal.
English (translation)Local governments are unable to grant use permits on portions of the maritime-terrestrial zone covered by forest or when dealing with forest lands or lands with such aptitude transferred by non-governmental organizations under the terms of the Forestry Law, articles 13, 14, and 15.
In this regard, it should be recalled that MINAE is responsible for prior classification of lands, coordinating with the Ministry of Agriculture and Livestock to determine their aptitude and capacity (Law 7779 of April 30, 1998, articles 5 and 9), where limitations due to slopes, effective depth range, and drainage capacity, for example, may be useful parameters, also taking into account the provisions of article 3(d) of the Forestry Law.
Interpretive opinion
Dictamen : 074 del 07/03/2007 C-074-2007 7 de marzo de 2007 Señores Regidores Concejo Municipal de Puntarenas S. D. Estimados señores: Con aprobación de la señora Procuradora General de la República, en atención a la consulta acordada en la sesión ordinaria N° 81 del 2 de febrero del año en curso, artículo 4 inciso g), puesta en nuestro conocimiento mediante oficio N° SM-087-2007 del 5 de febrero del año en curso, recibido el 8 de ese mes, nos permitimos indicarles lo siguiente. Para esa Municipalidad es de interés conocer si se pueden otorgar permisos de uso en la zona marítimo terrestre que no cuente con plan regulador, se aporta criterio legal suscrito por la Licda. Nelly Elizabeth Jiménez Rodríguez, Jefe de Servicios Jurídicos de esa Municipalidad, donde señala que conforme a los dictámenes C-100-95 y C-221-2004 y las condiciones y supuestos en ellos descritos, ello es factible, a pesar de que dice existir un pronunciamiento de la Contraloría General de la República que recomienda no otorgarlos. No obstante, el informe adjunto contiene algunas incorrecciones que se requieren aclarar. En primer término, no debe confundirse la figura del permiso de uso con respecto a la de pobladores y ocupantes, y menos aún con los mal llamados permisos de ocupación que la Ley no reconoce (C-063-2007 del 27 de febrero de 2007). En caso de construcciones u ocupaciones ilegales ha de procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 6043 (dictamen C-230-97). Las figuras de ocupante y poblador son condiciones propias de quienes ocupan la zona costera con anterioridad a la Ley 6043, según sus requerimientos, y no pueden ser objeto de cesión o traspaso (Tribunal Contencioso Administrativo Sección Segunda, Nº 307 de 15:00 hrs. del 30 de julio de 1998; Tribunal de Guanacaste, Nº 17 de 9:25 hrs. del 24 de febrero del 2004; pronunciamientos números C-100-95, C-157-95, C-77-2001, C-191-2002, C-155-2003 y OJ-17-2001). Es a esas personas, a quienes les corresponde cancelar el canon previsto en el Transitorio VII de la Ley 6043. Los pobladores y ocupantes requieren, entre otras formalidades, de una solicitud expresa en ese sentido y de un acto administrativo autorizatorio que les reconozca esa situación provisional, la cual, en todo caso, cesará cuando entre en vigencia el plan de desarrollo para la respectiva zona. Esa autorización no produce derecho alguno en lo que a concesión se refiere (doctrina de la Ley 6043, artículo 70 y Transitorio VII; y su Reglamento, artículo 52; Opinión Jurídica Nº OJ-072-2003 del 6 de mayo del 2003; Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Nº 321 de 9:00 hrs. del 17 de octubre del 2003; Tribunal de Guanacaste, Nº 17-2004 de 9:25 hrs. del 24 de febrero del 2004). Además, ha de recordarse que un permiso de uso no confiere derechos subjetivos, pues como acto unilateral, es revocable sin derecho a indemnización en los términos del artículo 154 de la Ley General de Administración Pública. Ello impide también autorizar su cesión al no encontrarse en los supuestos del artículo 45 de la Ley 6043 (dictamen C-157-1995). Son las concesiones, como derechos reales administrativos, las que, con autorización de la municipalidad respectiva y del ICT o el IDA, pueden ser objeto de cesión o traspaso (Ley 6043, artículo 45; Tribunal Agrario, Voto N° 636-F-06, 15:50 hrs. del 26 de junio del 2006). Tampoco, la solicitud de concesión otorga ningún derecho, ni faculta a ocupar o edificar en la zona marítimo terrestre (Sala Constitucional, Votos 2658 de 8:54 hrs. del 11 de junio de 1993 y 5559-96; Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Nº 307 de 15:00 hrs. del 31 de julio de 1998; Tribunal de Guanacaste, Nº 17 de 9:25 hrs. del 24 de febrero del 2004; Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 582 de 10:00 hrs. del 19 de diciembre de 1997 y dictámenes C-230-97 y C-155-2003). Y, como la zona marítimo terrestre es un bien integrante del ambiente, la falta de resolución de esas solicitudes no configura silencio positivo (Sala Constitucional, votos números 6863-93, 1180-E-94, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 5527-94, 6332-94, 820-95, 3518-96 y 5745-99, dictámenes C-118-91, C-004-98 y C-002-99; Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Nº 321-2003 de 9:00 hrs. del 17 de octubre del 2003). Se reiteran las consideraciones rendidas en pronunciamientos anteriores en el sentido de que la figura del permiso de uso no da cabida al desarrollo de construcciones, y no debe utilizarse cuando hay instrumentos de planificación costera, tanto en áreas declaradas o no de aptitud turística (dictamen C-097-97 del 13 de junio de 1997) pues si es así, lo pertinente es ajustarse al procedimiento para el otorgamiento de concesiones. La denegatoria de solicitudes de permisos de uso sobre terrenos que pertenecen al Estado (Ley 6043, artículo 1°) está a tono con la pronta implementación de un desarrollo costero planificado, por ende las municipalidades han de encaminar sus esfuerzos a salvaguardar el interés público y no posponer ad infinitum la adopción de planes reguladores (dictamen C-097-97), que han de emitirse conforme a la Ley, por ende, sin afectación de otros bienes demaniales sujetos a administración diversa, como sucede con el Patrimonio Natural del Estado, bajo administración del Ministerio del Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, párrafo segundo; Ley Forestal, artículos 6, inciso a), 13, párrafo segundo; Ley de Biodiversidad, Nº 7788 del 30 de abril de 1998, artículos 22 y 28; Ley 6043, artículo 73; pronunciamientos C-287-02, C-210-02, C-321-03, C-297-04, OJ-056-05 y C-351-06). Los gobiernos locales están imposibilitados para otorgar permisos de uso sobre porciones en la zona marítimo terrestre cubiertas de bosque o cuando se trate de terrenos forestales o con esa aptitud trasmitidos por organismos no gubernamentales en los términos de la Ley Forestal, artículos 13, 14 y 15. En este sentido, recuérdese que corresponde al MINAE clasificar previamente los terrenos, coordinando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la determinación de la aptitud y capacidad de los mismos (Ley 7779 del 30 de abril de 1998, artículos 5 y 9), donde las limitaciones por pendientes, rango de profundidad efectiva y capacidad de drenaje, por ejemplo, pueden ser parámetros de utilidad, tomando en cuenta igualmente lo dispuesto en el artículo 3 inciso d) de la Ley Forestal. Atentamente, Lic. Mauricio Castro Lizano Licda. Silvia Quesada Casares Procurador Adjunto Área Agraria y Ambiental ci: Dr. Roberto Dobles Mora Ministro del Ambiente y Energía Lic. Alfredo Volio Pérez Ministro de Agricultura y Ganadería Licda. Rocío Aguilar Montoya Contralora General de la República
Legal Opinion: 074 of 03/07/2007
C-074-2007
March 7, 2007
Council Members
Municipal Council of Puntarenas
S. D.
Dear Sirs:
With the approval of the Solicitor General of the Republic, in response to the consultation agreed upon in ordinary session No. 81 of February 2 of the current year, article 4 subsection g), brought to our attention through official communication No. SM-087-2007 of February 5 of the current year, received on the 8th of that month, we hereby indicate the following.
It is of interest to that Municipality to know whether use permits can be granted in the maritime terrestrial zone that lacks a regulatory plan; a legal opinion is provided, subscribed by Licda. Nelly Elizabeth Jiménez Rodríguez, Head of Legal Services of that Municipality, where she points out that according to legal opinions C-100-95 and C-221-2004 and the conditions and assumptions described therein, this is feasible, despite the fact that there is said to be a pronouncement from the General Comptrollership of the Republic that recommends not granting them.
However, the attached report contains some inaccuracies that need to be clarified. First, the figure of the use permit should not be confused with that of settlers (pobladores) and occupants (ocupantes), and even less with the so-called occupancy permits that the Law does not recognize (C-063-2007 of February 27, 2007). In the case of illegal constructions or occupations, one must proceed in accordance with the provisions of article 13 of Law 6043 (legal opinion C-230-97).
The figures of occupant (ocupante) and settler (poblador) are conditions inherent to those who occupy the coastal zone prior to Law 6043, according to its requirements, and cannot be the object of assignment or transfer (Contentious-Administrative Tribunal, Second Section, No. 307 at 3:00 p.m. of July 30, 1998; Tribunal of Guanacaste, No. 17 at 9:25 a.m. of February 24, 2004; pronouncements numbers C-100-95, C-157-95, C-77-2001, C-191-2002, C-155-2003 and OJ-17-2001). It is those persons who are responsible for paying the fee provided for in Transitory Provision VII of Law 6043.
Settlers (pobladores) and occupants (ocupantes) require, among other formalities, an express request in that regard and an authorizing administrative act that recognizes this provisional situation for them, which, in any case, shall cease when the development plan for the respective zone comes into effect. This authorization produces no right whatsoever with respect to concessions (doctrine of Law 6043, article 70 and Transitory Provision VII; and its Regulations, article 52; Legal Opinion No. OJ-072-2003 of May 6, 2003; Contentious-Administrative Tribunal, Third Section, No. 321 at 9:00 a.m. of October 17, 2003; Tribunal of Guanacaste, No. 17-2004 at 9:25 a.m. of February 24, 2004).
Furthermore, it must be recalled that a use permit does not confer subjective rights, since as a unilateral act, it is revocable without right to compensation under the terms of article 154 of the General Public Administration Law. This also prevents authorizing its assignment, as it does not fall under the assumptions of article 45 of Law 6043 (legal opinion C-157-1995).
It is concessions, as administrative real rights, that, with authorization from the respective municipality and the ICT or the IDA, may be the object of assignment or transfer (Law 6043, article 45; Agrarian Tribunal, Decision No. 636-F-06, 3:50 p.m. of June 26, 2006).
Nor does the request for a concession grant any right, nor does it authorize occupancy or construction in the maritime terrestrial zone (Constitutional Chamber, Decisions 2658 at 8:54 a.m. of June 11, 1993 and 5559-96; Contentious-Administrative Tribunal, Second Section, No. 307 at 3:00 p.m. of July 31, 1998; Tribunal of Guanacaste, No. 17 at 9:25 a.m. of February 24, 2004; Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, No. 582 at 10:00 a.m. of December 19, 1997 and legal opinions C-230-97 and C-155-2003).
And, since the maritime terrestrial zone is a good integral to the environment, the lack of resolution of such requests does not constitute positive silence (Constitutional Chamber, decisions numbers 6863-93, 1180-E-94, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 5527-94, 6332-94, 820-95, 3518-96 and 5745-99, legal opinions C-118-91, C-004-98 and C-002-99; Contentious-Administrative Tribunal, Third Section, No. 321-2003 at 9:00 a.m. of October 17, 2003).
The considerations made in previous pronouncements are reiterated, to the effect that the figure of the use permit does not allow for the development of constructions, and should not be used when there are coastal planning instruments, both in areas declared or not of tourist suitability (vocacion turística) (legal opinion C-097-97 of June 13, 1997) since if this is the case, the pertinent course is to adhere to the procedure for granting concessions.
The denial of requests for use permits on lands belonging to the State (Law 6043, article 1) is in line with the prompt implementation of planned coastal development; therefore, municipalities must direct their efforts towards safeguarding the public interest and not postpone ad infinitum the adoption of regulatory plans (legal opinion C-097-97), which must be issued in accordance with the Law, therefore, without affecting other public domain assets subject to diverse administration, as occurs with the Natural Heritage of the State, under the administration of the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas (Organic Environmental Law, article 32, second paragraph; Ley Forestal, articles 6, subsection a), 13, second paragraph; Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, articles 22 and 28; Law 6043, article 73; pronouncements C-287-02, C-210-02, C-321-03, C-297-04, OJ-056-05 and C-351-06).
Local governments are unable to grant use permits on portions of the maritime terrestrial zone covered by forest or when it concerns forest lands or those with such aptitude transferred by non-governmental organizations under the terms of the Ley Forestal, articles 13, 14 and 15.
In this regard, it should be recalled that it is the responsibility of MINAE to previously classify the lands, coordinating with the Ministry of Agriculture and Livestock to determine their aptitude and capacity (Law 7779 of April 30, 1998, articles 5 and 9), where limitations due to slopes, effective depth range, and drainage capacity, for example, may be useful parameters, also taking into account the provisions of article 3 subsection d) of the Ley Forestal.
Sincerely,
Lic. Mauricio Castro Lizano Licda. Silvia Quesada Casares
Deputy Procurator Agrarian and Environmental Area
ci: Dr. Roberto Dobles Mora
Minister of Environment and Energy
Lic. Alfredo Volio Pérez
Minister of Agriculture and Livestock
Licda. Rocío Aguilar Montoya
General Comptroller of the Republic