OJ-021-2008 — Draft Forestry Law — File No. 16169Proyecto de nueva Ley Forestal — expediente 16169

Opinión Jurídica : 021 - J   del 14/05/2008   



OJ-021-2008



14 de mayo de 2008

 




 




Sra. Maureen Ballestero Vargas




Presidenta




Comisión Permanente Especial del Ambiente




Asamblea Legislativa




 




Estimada señora:




 



 Con aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos referimos al proyecto de “Ley
Forestal”, expediente N° 16169 (La Gaceta N° 114 del 14 de junio de 2006), iniciativa que propone la
promulgación de una nueva Ley en sustitución de la actual, N° 7575 del 13 de febrero de 1996
(Alcance N° 21 a La Gaceta N° 72 del 16 de abril de 1996).




 



 Sin efectos vinculantes, por ser el solicitante otro Poder de la República cuya función legislativa
es insustituible por un órgano distinto del Estado vía dictamen, emitimos la siguiente opinión
jurídica, recordando que no procede asumir nuestra conformidad con el proyecto consultado ante una
eventual falta de respuesta.  Ese efecto no lo atribuye la legislación en el presente asunto, pues
la Procuraduría no está comprendida dentro de los órganos y entidades previstas por el artículo 157
del Reglamento de la Asamblea Legislativa.




 




Dentro de esta óptica, hacemos los siguientes comentarios.



 
II.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

 



 El proyecto cuestiona la congruencia y eficiencia de la Ley actual, por falta de voluntad para
aplicar sus principios; el beneficio a pocos; la inefectiva reposición del recurso; la falta de
instrumentos jurídicos apropiados; la baja capacidad de detección y atención por parte de la
Administración Forestal del Estado (AFE); las sanciones estandarizadas sin efectividad coercitiva,
en parte por los institutos contenidos en los artículos 25 y 26 del Código Procesal Penal; la
pérdida y deterioro de los decomisos frente a los lentos y engorrosos procesos judiciales; la falta
de regulación para el aprovechamiento de árboles remanentes en agroecosistemas que provoca el cambio
de uso de bosques al facilitar la corta ilegal; la desproporción en la carga fiscal; y, la
voluntariedad e inefectividad del impuesto forestal que se dice afecta la capacidad operativa de las
entidades.




 



III.- MODIFICACIÓN PROPUESTA

 



             El articulado propuesto mantiene gran parte de los objetivos y estructura de la Ley
7575 y recoge tópicos de su reglamentación.  Como se verá, los cambios propuestos se enfocan en la
composición de sus órganos, cantidad y disposición de recursos, actividades autorizadas en propiedad
privada e incentivos, así como los temas impositivo y sancionatorio.




 




            A) Disposiciones generales y precisiones terminológicas




 



 Los objetivos de la Ley actual responden a la corriente de protección del ambiente desarrollada en
nuestro país en los años noventa por diversas leyes, entre ellas, Ley de Conservación de la Vida
Silvestre, N° 7317 del 30 de octubre de 1992, y la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de
octubre de 1995.




 



 Conforme al ordenamiento vigente, el Estado tiene como función esencial y prioritaria el deber de
conservar, proteger y administrar el recurso forestal, la producción, el aprovechamiento, la
industrialización y el fomento, garantizando su uso sostenible, así como la generación de empleo y
el mejoramiento del nivel de vida de los grupos sociales directamente relacionados con las
actividades silviculturales (artículos 50 de la Constitución Política, 1 de la Ley Forestal y, 1 y 2
de la Ley Orgánica del Ambiente).




 



             En el numeral 2 se hace mención al término Patrimonio Forestal del Estado, utilizado
con anterioridad a la promulgación de la actual Ley Forestal.  Por su contexto restrictivo, que no
toma en cuenta otros componentes ambientales como la fauna, flora asociada, intendencia con el
recurso hídrico y belleza escénica (paisaje), por citar algunos, se recomienda utilizar el concepto
actual de Patrimonio Natural del Estado (Ley Forestal, artículos 1, 13, 14, 15 y 18, entre otros).




 



             El artículo 2, párrafo 2° del proyecto señala que las restricciones a la propiedad
forestal deben inscribirse en un Catastro Forestal.  Ese Catastro ha de brindar correspondencia de
esa información también en el registro inmobiliario.




 



             La iniciativa también modifica y amplía el listado de definiciones contenidas en la ley
vigente, por considerar que su interpretación y alcance, así como su ambigüedad e insuficiencia,
dificultan su correcta aplicación.




 



             Se incluyen los siguientes conceptos: árbol, áreas de protección, aval de garantía,
bosque primario, bosque secundario, cambio de uso de la tierra, certificado de reposición del
recurso forestal, daño ambiental, dosel, estrato, industrialización forestal primaria, incendio
forestal, industria forestal, inventario forestal, madera rolliza menor, naciente, pago de servicios
ambientales, plan de aprovechamiento artesanal, plan regional de ordenamiento forestal, plan
reparador del daño ambiental, principio ecosistémico, producto forestal, quebrada, quema, recurso
forestal, reposición de árboles, reservas nacionales, socola, sotobosque, tala, tala rasa y
valoración del daño ambiental (artículo 3 del proyecto).




 



 Algunas de esas definiciones se encuentran ya contenidas en el Reglamento a la Ley Forestal
(Decreto Ejecutivo N° 25721 del 17 de octubre de 1996, La Gaceta N° 16 del 23 de enero de 1997), a
saber: árbol, área de recarga acuífera, industrialización forestal primaria y producto forestal.




 



 Se modifican los conceptos de aprovechamiento forestal, área de recarga acuífera, área silvestre
protegida, bosque, centro de industrialización primaria, ecosistema boscoso, plan de manejo
forestal, plantación forestal, régimen forestal, servicios ambientales, sistema agroforestal (Ley
Forestal, artículo 3) y troza (artículo 42 ibídem).




 



 Se suprime del listado las “actividades de conveniencia nacional”, para desarrollarlo más adelante
(artículos 23 párrafo 3° y 29 inciso b) del proyecto).




 



             Se cuestiona la definición actual del término bosque (Ley Forestal, artículo 3 inciso
d), por limitarse a un criterio cuantitativo que excluye ciertos ecosistemas. Sobre la
conceptualización del bosque y terrenos de aptitud forestal este Despacho rindió un amplio informe
en la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 33957 del 5 de setiembre de 2007 ( La Gaceta
N° 361 del 11 de setiembre de 2007), que reformó la Metodología para la Determinación de la
capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica (Decreto Ejecutivo N° 23214 del 13 de abril de 1994),
expediente No. 07-13975-0007-CO, donde apuntamos:




 



 “La definición restrictiva de bosque contenida en la Ley Forestal ([1]) excluye valiosos
ecosistemas forestales, como se pone de manifiesto en las críticas de especialistas del sector:



 “Los estudios realizados y el aporte de la ciencia en ampliar el conocimiento de los ecosistemas
tropicales y sus componentes, muestran la complejidad que se debe tener en cuenta al momento de
tomar decisiones. Sin embargo, muy pocas veces se establece esta integración.  Y gran parte de la
información científico-técnica no llega en cantidad y formato adecuados, para quienes toman
decisiones nacionales, regionales o locales.  (…)   si bien la complejidad de los ecosistemas nos
advierte acerca de su difícil “manejo” y una gran parte del territorio ya no tiene bosques
naturales, hay otros aspectos que envían señales que no contribuyen al estilo de desarrollo
sostenible, que a partir de la segunda mitad del decenio de 1980 se impulsa en Costa Rica.  Entre
estas señales se encuentran algunos artículos de la Ley Forestal No. 7575 (…). Un primer comentario
con respecto de esta Ley es que en la definición de bosque se considera sólo aquellas áreas que
tengan más de dos hás. [sic], que tengan más de 70% de cobertura de dosel, y tengan más de 60
árboles/há>15cms., de DAP.  Con gran porcentaje del bosque fragmentado, y la importancia que tienen
estos fragmentos para la flora y la fauna, especialmente su influencia como aportadores de semillas
de especies que ya no se encuentran en amplias áreas del país, genera una mayor vulnerabilidad para
futuros esfuerzos de recuperación de zonas con bosques secundarios.”



 “(…) cualquier pedazo de bosque natural, remanente del bosque primario o bosque secundario, aún los
de menos de 2 ha (que nuestra legislación forestal menosprecia) tienen valor, en un sistema
integrado de fragmentos y corredores biológicos.” (…)




“Concepto de Bosque



 Existe una fuerte incompatibilidad en la definición de qué es un bosque entre los países de la
Región. Las incompatibilidades giran entorno a las superficie mínimas que constituyen bosque, las
alturas de los individuos de las formaciones boscosas, la cobertura del suelo que lleva al concepto
de bosque y, sobretodo, la fuerte incompatibilidad que hay en la definición sobre el número de
estratos que estaría implícito en la constitución de un bosque. (…)



 La restricción de la definición de bosque limita fuertemente la protección de los bosques, el
fomento de los mismos y limita el ámbito de competencia de las instituciones que se ocupan de los
bosques…



 De igual manera la restricción de la definición de bosque, limita la función esencial que tiene los
bosques en la sociedad.” (…)



 Esta exclusión de terrenos que han sido técnicamente considerados de aptitud forestal, significa
eximirlos del régimen tutelar del Patrimonio Natural del Estado (descrito antes); fuera de éste, la
prohibición de cambio de uso del suelo está limitada al bosque (artículos 19 y 61, inciso c) de la
Ley Forestal), y se autoriza la tala en terrenos sin bosque a personas que no son  propietarias
(artículos 27 y 28 de la Ley Forestal, 90 y 91 de su Reglamento, véase subrayado del artículo 90)
(…)



 En el estudio “Mitos y realidades de la deforestación en Costa Rica” elaborado por el Sistema
Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía con la colaboración de
FUNDECOR, se evidencia que las áreas de bosque se están convirtiendo en sistemas agroforestales para
burlar su protección en la Ley Forestal:



 “Informes oficiales reconocen que existe corta de árboles sin permiso alguno, que se cortan árboles
no autorizados en áreas con permiso legal y que los bosque se están socolando para convertirlos a
sistemas agroforestales forzados, porque es más fácil y económico un permiso en un área sin bosque a
través de un inventario, que un permiso en un bosque por medio de un plan de manejo.”…




Entre las conclusiones de ese documento, del año 2005, cabe destacar:



 “-La mayor parte del [sic] de la madera autorizada proviene de áreas que actualmente no son bosque
ni plantación (…).



 - Este ha sido el resultado de un cambio en la direccionalidad de los procesos que se profundiza a
partir de 1996 con la aprobación de la actual Ley Forestal, en donde se legisló a favor de una mayor
restricción a los aprovechamientos en bosque y se dejó al descubierto los aprovechamientos en áreas
sin cobertura boscosa.



 - Por consiguiente, el cambio de uso que se da hoy en día, no obedece a la expansión de la frontera
agropecuaria como se creía, sino, que está en función de facilitar el acceso al recurso forestal y
por esta razón se talan ilegalmente los bosques para convertirlos en sistemas agroforestales.”  (la
negrita no pertenece al original).



 En el estudio se evidencia la desprotección de las áreas sin bosque en la Ley Forestal y su
Reglamento:



 “La aplicación de la Ley y su Reglamento se tradujo en mayores regulaciones para los planes de
manejo en bosque y menores restricciones para los aprovechamientos en áreas sin bosque. La Ley es
omisa en cuando a regulaciones en áreas fuera de bosque y no tipifica delitos para la socola y corta
de árboles en áreas no definidas como bosque.” (el destacado es nuestro).



 “Áreas que en 1996 (año en que se prohíbe el cambio de uso por la Ley 7575) eran bosque (comprobado
con imágenes de satélite), en el 2001 se otorgo permiso legal para aprovechar árboles a través de un
inventario forestal, porque ya no era bosque.  El 30% de los árboles que se cortaron con permiso en
el ACCVC en [sic] entre los años 99 y 2001, eran parte de un bosque en 1996 y el 11% estaba ubicado
a menos de 25 metros del límite actual del bosque, lo indica que también se está dando un proceso de
presión por cambiar el uso en el limite [sic] del bosque. Según la información levantada por
FUNDECOR, ese 30% de árboles cortados en áreas que eran bosque en 1996, representan una
deforestación de 8000 has para el periodo 96-2001.”




 



 Ahora bien, por razones de seguridad jurídica se hace necesario acudir a parámetros cuantitativos,
por lo que para la definición de bosque se recomienda asumir cuando menos una medida representativa
con el propósito de quienes son dueños de dichos recursos tengan interés en mantenerlos y
mejorarlos, y se utilicen igualmente como corredores biológicos, como citamos con anterioridad.




 



             Otro concepto relevante para el desarrollo del resto del articulado propuesto es el de
árbol.  Si bien, de la relación del concepto descrito en el numeral 3.2, con los de madera rolliza
menor (3.21), producto forestal (3.30) y troza (3.44), podrían deducirse los alcances del término
para la aplicación del régimen de incentivos, el impositivo y el sancionatorio, es necesaria una
mayor claridad al establecer el término para efectos de la aplicación de la ley.




 



             Actualmente, el artículo 2 del Reglamento a la Ley 7575, restringe el término al de
árbol forestal:  “Planta perenne (aquella que vive más de dos años), de tronco leñoso y elevado
(referido a las diferentes alturas que alcanzan los árboles dependiendo de la especie y el sitio),
que se ramifica a mayor o menor altura del suelo, que es fuente de materia prima para los diferentes
tipos de industria forestal como aserraderos, fábricas de tableros, de chapas, de fósforos, de
celulosa, de aceites esenciales, de resinas y tanino.”  Concepto que excluye etapas de regeneración
temprana o diámetros menores.




 



             El proyecto incluye en sus conceptos el pago de servicios ambientales, incorporado por
primera vez en nuestro medio en 1996 por la Ley 7575, luego de los acuerdos de la Cumbre de Río de
1992.  Sobre el estudio de plazos de los contratos en este tipo de negocio jurídico, valga tomar en
cuenta lo indicado en el dictamen C-038-2002 del 11 de febrero del 2002:




 



 “El pago de servicios ambientales es un mecanismo financiero, que pretende ser autosuficiente, para
retribuir a los dueños de bosques y plantaciones forestales los beneficios ambientales que estos
proporcionan a la colectividad y refluyen directamente en la protección o mejora del medio. 
Conlleva una internalización de los costos de mantenimiento del bosque para producir tales
beneficios.   Aunque estos pueden originarse de los diferentes elementos de la naturaleza, la
predominancia de los que se reconocen obedece al papel vital que cumplen para la  especie humana.



 De manera más concisa, la Ley N° 8058 (Gaceta N° 13 del 18 de enero del 2001),  que aprueba el
contrato de préstamo entre el Banco Mundial y el Gobierno de Costa Rica, Proyecto Ecomercados,
conceptúa los servicios ambientales como los “ofrecidos por los ecosistemas forestales, que incluyen
la mitigación de las emisiones GHG”, y entre los servicios hidrológicos, la “previsión de agua
potable para consumo humano, la irrigación, producción de energía; conservación de la biodiversidad
y el suministro de belleza escénica para la recreación y servicios de ecoturismo” (art. I, Sección
1.02, apte. e).



 Se otorga a los titulares de inmuebles que realicen actividades de protección, conservación,
incluida la recuperación de terrenos de aptitud natural, por medio de la regeneración natural;
manejo adecuado de bosque natural o el establecimiento de plantaciones forestales.  Por plantación
forestal se entiende el “terreno de una o más hectáreas, cultivado de una o más especies forestales
cuyo objetivo principal, pero no único, será la producción de madera” (art. 3 inc. f; Ley Forestal. 
También se define como el “cultivo de árboles forestales técnicamente planeado para la obtención de
productos y beneficios forestales de la mejor calidad, con el mínimo costo y en el menor tiempo
posible”.  La regeneración es el proceso de formación de una nueva masa forestal, en sus dos
modalidades: regeneración natural y artificial.”




 



             Es apropiado el distingo que el artículo 3 del proyecto hace entre áreas de protección
(inciso 3) y las áreas silvestres protegidas (inciso 5).  Al efecto puede consultarse el dictamen
C-016-2002 del 15 de enero del 2002.




 



 Sobre el segundo concepto (áreas silvestres protegidas), se cita el artículo 35 de la Ley Orgánica
del Ambiente.  Las categorías de manejo son parte del Patrimonio Natural del Estado en los términos
del artículo 38 ibídem, en relación con el artículo 13 de la Ley Forestal actual, preceptos
oportunamente recogidos en los numerales 20 y 21 propuestos.




 



             Sobre las áreas de protección en propiedad privada, en el dictamen C-334-2002 del 10 de
diciembre del 2002 anotamos:




 



 “Del anterior criterio podemos derivar varias consecuencias para los efectos de su consulta. La
principal tiene relación con el hecho de que las áreas de protección son de propiedad privada,
aunque sujetas a una limitación de interés social como lo es la que estipula el artículo 34 de la
Ley Forestal. Limitación que se manifiesta en la imposibilidad de cortar árboles dentro de las
mismas, excepción hecha del otorgamiento, por el Poder Ejecutivo, de una declaratoria de
conveniencia nacional para proyectos que signifiquen un mayor beneficio para la sociedad que sus
impactos ambientales y para cuya realización se requiera la eliminación de árboles.




 



 En segundo término, que dicha limitación afecta al titular del terreno, de donde se deriva que la
restricción para la utilización de esta área de protección pesa sobre el individuo...




 



 Y, en tercer lugar, que siendo propiedad privada, su titular está legitimado para someter dicha
área al régimen forestal voluntario, del cual pueda derivar beneficios de carácter económico
(artículos 3 inciso g) y k) en relación con los artículos 24, 29, 32, 36, 38 y 46 y siguientes,
todos de la Ley Forestal).”




 




B) Administración Forestal del Estado (AFE)




 



 A la Administración Forestal del Estado se le otorgan atribuciones innovadoras para dictar los
lineamientos de los planes regionales de ordenamiento forestal, aprobar y fiscalizar los planes
reparadores del daño ambiental, dictar los lineamientos para el pago de los servicios ambientales,
determinar el destino de la madera decomisada, la promoción del desarrollo local y nombrar los
inspectores voluntarios del Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (artículo 7 del
proyecto). 




 




            C) Organizaciones de apoyo a la AFE




 



 La Oficina Nacional Forestal (ONF) es un ente público no estatal con personalidad jurídica propia,
sujeto al control de la Contraloría General de la República (Ley Forestal, artículo 7).  Le
corresponde representar al sector forestal privado en la toma de decisiones políticas y en la
definición de estrategias globales.




 



 El proyecto plantea la modificación en la composición de esa Oficina mediante la reducción de sus
directivos y limitando la permanencia de sus miembros (artículos 9 y 10); añade a sus funciones la
propuesta de los planes regionales de ordenamiento forestal, el apoyo a la educación ambiental, la
incorporación de los indígenas en los procesos forestales, y, el fomento al pago del impuesto
forestal (artículo 11); y se propone la reducción del aporte estatal para ese Oficina a un 5% de la
recaudación del impuesto forestal anual (artículo 12).  Medidas que van a tono los razonamientos que
se dan en la exposición de motivos.




 



 Conforme al artículo 23 de la Ley de Biodiversidad, el SINAC está integrado por el Consejo Nacional
de Áreas de Conservación, la Secretaría Ejecutiva, las Unidades Administrativas, los Consejos
Regionales y los Consejos Locales.




 



 El Concejo Regional de cada Área ejerce su administración; se integra en convocatoria pública que
realiza el representante regional del sistema, a todas las organizaciones no gubernamentales y
comunales interesadas, las municipalidades y las instituciones públicas presentes en el área.  Está
conformado por un mínimo de 5 representantes de distintos sectores, electos por la asamblea de las
organizaciones e instituciones convocadas para ese efecto; siempre debe elegirse un representante
municipal. Cada Consejo Regional establece su propio reglamento, el cual es sometido al Consejo
Nacional para su aprobación.  En este reglamento se prevé un porcentaje del ingreso económico total
de las Áreas de Conservación para su funcionamiento.  Sus funciones están determinadas en los
numerales 29 y 30 de la Ley de Biodiversidad y 12 de la Ley 7575 en el ámbito forestal. El proyecto
le asigna recursos del Fondo Forestal, autorizados y supervisados por la Contraloría General de la
República, para apoyar sus funciones  (artículo 14).




 




            - Regencias Forestales




 



 Actualmente, los planes de manejo son elaborados por un profesional en ciencias forestales y
ejecutados por un regente forestal (que puede ser la misma persona) con fe pública y responsable del
cumplimiento.  En ambas etapas funcionarios responden por sus actuaciones en la vía penal y
solidariamente en la civil (Ley Forestal, artículo 21).  El régimen de responsabilidad y el
contenido de los informes que deben presentar dichos regentes, están regulados en el Reglamento de
Regencias Forestales, Decreto N° 26870 del 4 de marzo de 1998.




 



             A raíz de los cuestionamientos que se han suscitado por el eventual incumplimiento de
las tareas a cargo de los regentes en la ejecución de los planes de manejo, el proyecto propone que
las regencias forestales sean un mecanismo coadyuvante de la Administración Forestal del Estado,
inscritos y autorizados por ella, estableciendo una serie de requisitos mínimos que deben cumplir.




 




            D) Patrimonio Natural del Estado




 



             Acertadamente los artículos 20 a 22 del proyecto retoman el concepto y los atributos
demaniales de los terrenos que integran actualmente el Patrimonio Natural del Estado. 




 



             El artículo 23, párrafo segundo posibilita la corta de árboles por razones de seguridad
humana, control de incendios, actividades de interés científico y aprovechamiento in situ de la
madera caída por factores naturales y su uso exclusivo para las instalaciones administrativas y los
servicios públicos del área silvestre protegida.  Empero, ha de indicarse que se trata de aspectos
técnicos que previamente el Área de Conservación respectiva debe corroborar, pero siempre deberá
optarse por la acción de menor afectación al recurso, como por ejemplo, podas o colectas botánicas,
según el caso.




 



 Sobre la corta de árboles por razones de interés público, entre ellas, la integridad de las
personas, en la opinión jurídica Nº OJ-077-2001 de 25 de junio de 2001 anotamos:




 



 “En nuestro criterio, la corta y poda de árboles ubicados en el derecho de vía de los caminos
vecinales sólo se justificaría para facilitar la consecución del fin público o del interés general,
como el mejoramiento o la ampliación de las vías públicas; por razones de seguridad y de salud para
los peatones, conductores y habitantes (vgr. evitar el contacto de las ramas con el cableado
eléctrico, cortar árboles que puedan caer por estar seriamente dañados o que dificultan el libre
tránsito), pero no para obtener con esa tala beneficios económicos privados, pues se desnaturaliza
el fin público de estos bienes.” 




 



 El numeral 23 propuesto, párrafo tercero añade que el desarrollo de un proyecto de infraestructura
dentro del Patrimonio Natural del Estado requiere la declaratoria de conveniencia nacional aprobada
por la Asamblea Legislativa.  Al emitirse esa declaratoria de conveniencia nacional es recomendable
contar con los estudios técnico ambientales que le den sustento.




 




E) Propiedad Forestal Privada




 



 Se incorpora el principio ecosistémico, para “la protección de los ecosistemas como un todo, para
mantener el equilibrio y la conservación de todos sus elementos bióticos y abióticos que
interaccionan en un medio dándole sus propias características” (artículo 3, inciso 29).  Funciona
como guía para todas las autorizaciones, políticas de manejo y planes regionales de ordenamiento
forestal que emita la AFE (artículo 27).  Véase que este enfoque ya lo contiene el reciente
Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto N° 34433 del 11 de marzo de 2008 (La Gaceta N° 68 del
8 de abril de 2008, artículo 3 inciso d).




 



 El artículo 28, primer párrafo establece restricciones para el uso y aprovechamiento de la
propiedad forestal privada, pues también debe cumplir con su función protectora del ambiente
(artículo 8 de la Ley de Biodiversidad), conforme al derecho de la Constitución (artículos 45
párrafo segundo y 50).  En ese orden, se prohíbe el cambio de uso de suelo, la exportación de madera
en trozas y escuadrada proveniente de bosques, el deber de comprobar la procedencia de la madera,
así como la presentación de los permisos de transporte.




 



             Para el aprovechamiento forestal se requiere siempre el plan de manejo, salvo cuando se
trate de asuntos referidos a seguridad humana, protección de infraestructura e interés científico;
la prevención y control de incendios y desastres naturales; el aprovechamiento artesanal de árboles
caídos en bosque por razones naturales (presupuestos que refiere al numeral 32 del proyecto, siendo
lo correcto el 33); y, la construcción de determinada obra pública, cuyos parámetros no deben ser
sólo normativos, sino además técnicos.




 



 Como apuntamos al comentar los alcances del artículo 23 párrafo segundo, la posibilidad de corta
que aquí se establece, debe obedecer igualmente a situaciones que previamente el Área de
Conservación ha de corroborar y siempre optarse por la acción de menor afectación al recurso.  En
ese sentido, ha de valorarse en forma adecuada si por ejemplo, el retiro de varios árboles caídos
por razones naturales conlleva la apertura de trochas que pueden causar un daño mayor al beneficio
económico que se pretende obtener, sin dejar de advertir las ventajas que los procesos de
degradación natural producen en los ecosistemas.




 



 Al “Plan Regional de Ordenamiento Forestal”, cabe igualmente señalar el limitado alcance de su
término, pues se trata de un estudio técnico para el manejo de los recursos naturales de cada Área
de Conservación, elaborado por una Comisión Técnica Regional multidisciplinaria y ad honorem
(artículos 30 y transitorio V del proyecto).   Esos planes contendrán: el uso actual del suelo y su
capacidad; las áreas protegidas; especies maderables;  planes de manejo y autorizaciones de los
últimos 3 años; zonificación para conservación, recuperación y extracción forestal; caminos; cuotas,
ciclos y diámetros mínimos de corta; programa de investigación; políticas de industrialización y
comercialización; y, los principios criterios e indicadores de sostenibilidad  (artículo 31 del
proyecto).  Entonces, sería apropiado denominarlos planes regionales de ordenamiento territorial o
ambiental. 




 



 También obsérvese que nuestra normativa ya contiene regulaciones sobre la planificación nacional y
por áreas, refiriendo a un enfoque técnico ambiental de mayor integración como el de cuenca
hidrográfica previsto en el artículos 15 a 18 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N°
7779 del 30 de abril de 1998 (La Gaceta N° 97 del 21 de mayo de 1998), y que es aprobada por los
Comités de áreas de manejo, conservación y recuperación de suelos, en coordinación con los Consejos
Regionales Ambientales; la elaboración técnica le corresponderá al Ministerio de Agricultura y
Ganadería (artículo 34 ibídem).




 



 La figura de poseedores legítimos a que refiere el artículo 36 del proyecto ha de aclararse como
aquella decenal y en los términos del artículo 856 del Código Civil y con la aprobación de las
respectivas diligencias de información posesoria, a fin de salvaguardar aún mejor la propiedad
pública y privada de indebidas detentaciones (artículos 121 inciso 14) y 45 Constitucionales).




 



 El mismo precepto establece el costo de la reposición de los árboles cuya corta se autoriza para
aquellas áreas de aprovechamiento artesanal fuera del bosque.  Pero no se aprecia una equivalencia
entre costo en vivero forestal de 10 árboles para reponer cada metro cúbico de madera en troza cuya
aprovechamiento se autoriza, más aún si no se diseñan los mecanismos de control para asegurar las
regeneración de los árboles.




 



             La prohibición de exportar madera en trozas y escuadrada proveniente de bosques
contenida en el artículo 26 actual, se retoma en el numeral 39 del proyecto, al indicar que esa
madera sólo podrá exportarse como estructuras manufacturadas. La prohibición no alcanza a la madera
proveniente de plantaciones.  Pero han de diseñarse los mecanismos  para asegurar la procedencia de
ese origen.




 



             El artículo 40 del proyecto agrega que se requerirá certificado de origen de un regente
nacional para la importación de madera en troza o escuadrada de especies vedadas en el país.  El
certificado debe consignar en forma actualizada que en el país de origen la especie tampoco está
vedada.




 



 Las plantaciones forestales, árboles en sistemas agroforestales o plantados individualmente,
continuarían exentos del permiso de corta, siempre y cuando sean establecidos con recursos propios y
estén fuera de áreas de protección (numeral 41 del proyecto).




 



             La movilización de madera requiere de un certificado de origen.  El proyecto en sus
artículos 42, 43 y 81 requiere portar la documentación y dispositivos que al efecto determine la AFE
mediante el Reglamento, pero omite la comunicación a las municipalidades de los permisos de
aprovechamiento y certificados de origen aprobados, como si lo exige el artículo 31 párrafo 2° de la
actual Ley, reformado por el inciso b) de la ley Nº 7761 de 24 de abril de 1998.




 



 En el artículo 44 del proyecto se mantienen dentro de los incentivos para reforestar la exención
del impuesto de bienes inmuebles del área plantada, la protección de desalojo de invasores, y, la
exención del impuesto sobre la renta de las ganancias de acuerdo al porcentaje que se haya
ejecutado. Además, se incluyen los certificados de reposición del recurso como título valor
negociable ante terceros para quienes reforesten con recursos propios, la posibilidad de optar por
financiamiento de FONAFIFO, y se remite al Catastro Forestal la inscripción de las afectaciones
correspondientes, registros que como dijimos, deben trascender igualmente en el reparto
inmobiliario.




 



            Para la conservación de bosques también se mantiene la exención del impuesto sobre la
renta para el área preservada, la protección de desalojo de invasores, y la posibilidad de optar por
el pago de servicios ambientales y los certificados de reposición del recurso como título valor
negociable ante terceros para quienes conserven áreas inferiores a 5 Ha (artículo 45 del proyecto).
Pero elimina el plazo de mínimo de 20 años que la ley actual requiere para optar por un contrato de
este tipo (Ley Forestal, artículo 22).

 



 Se aprecia el interés en fomentar el establecimiento de plantaciones y desincentivar el
aprovechamiento del bosque natural al eliminar los incentivos para el manejo de bosques (Ley
Forestal, artículo 23).  Sin embargo ha de analizarse su conveniencia por la presión que sufre el
recurso.




 




            E.1) Áreas de Protección




 



 Además de las consideraciones expuestas al comentar algunas definiciones del artículo 3 propuesto,
agregamos lo siguiente.




 



 Conforme a la Ley Forestal actual son áreas de protección las que bordeen las nacientes
permanentes, en un radio de 100 m de modo horizontal (artículo 33 inciso a). El proyecto mantiene
esa medida en caso de que la fuente no esté captada, pero aumenta a 200 m esas zonas si se trata de
un punto de captación de agua potable (artículo 48, inciso a) del proyecto).




 



             Sin embargo, recordemos que hay áreas contiguas a las nacientes que con antelación
gozan de impronta demanial (numerales 31 de la Ley de Aguas N° 276 de 27 de agosto de 1942; 2 de la
Ley N° 16 de 30 de octubre de 1941; 6 de la Ley General de Terrenos Baldíos N° 13 de 10 de enero de
1939; 510 inciso 3) del Código Fiscal según reforma de Ley N° 11 de 22 de octubre de 1926; 1º de Ley
de Protección de las Cuencas Hidrográficas, N° 68 de 16 de junio de 1923) en una extensión de 300 a
200 m contiguos, según la topografía plana o quebrada del terreno, siempre y cuando aquellos surtan
de agua alguna población, o convenga reservarlos con tal fin.  Para ello ha de recavarse el criterio
técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ente rector de la generación y
distribución del agua potable (Ley N° 2726, artículos 1 y 2).




 



             En caso de propiedades legítimamente inscritas por el ejercicio de la posesión decenal
previo a la afectación demanial, o si las nacientes no surten de agua alguna población, o no
conviene reservarlas para tal fin, resulta entonces aplicable en el área de protección de 100 m
contiguas a las nacientes permanentes y su respectiva prohibición prevista en la actual Ley
Forestal, artículos 33 y 34.




 



             Si se trata de nacientes no permanentes cuyos caudales no surten de agua alguna
población, o no conviene reservarlos para tal fin, entonces ha de observarse el artículo 149 de la
Ley de Aguas que establece un radio prohibitivo de 60 m en los manantiales que nacen en cerros y de
50 m para aquellos que lo hacen en terrenos planos.




 



             Entonces es recomendable tener presente dichos preceptos normativos con ámbitos de
aplicación material diversa y procurar su clara adopción bajo los supuestos de interés.




 



             Las áreas de protección de ríos, quebradas y arroyos, según su pendiente, se mantienen
tal y como lo estipula el artículo 33 inciso b) de la Ley vigente, pero el proyecto artículo 48
inciso b) agrega que esa medida horizontal se hará a partir del punto máximo alcanzado por el agua
en su talud durante la mayor parte del año.  A su vez establece diferentes medidas dependiendo de si
la pendiente es mayor o menor al 40%.  Pero no se indica qué sucede cuando la pendiente es igual a
ese porcentaje.  Para ello es valioso retomar la redacción prevista por el artículo 2 del Reglamento
a la Ley Forestal actual cuando define terreno quebrado.




 



             El inciso c) del artículo 48 del proyecto mantiene la protección vigente de 50 m
medidos horizontalmente en las riberas de lagos en general y, de lagos y embalses artificiales
construidos por el Estado y sus instituciones, exceptúa los lagos y embalses artificiales privados. 
Como aspecto novedoso, incorpora la protección de 50 m lindante con lagunas, esteros y pantanos,
pero omite elencar las áreas de protección contiguas a los manglares y humedales no costeros.




 



 Recordemos que tanto esteros como manglares constituyen zona pública y limitan con los 150 m de
zona restringida (Ley 6043, artículos 9, 10, 11 y, 4 de su Reglamento), lo que amerita incorporar
ambas categorías.  La eventual área objeto de desarrollo en la zona restringida quedaría
circunscrita entonces a 100 m y los 50 restantes como área de protección de un bien de dominio
público. 




 



 Estos preceptos sobre bienes de dominio público y sus áreas de influencia deben contemplarse en un
Título distinto del IV, que concierne a la propiedad forestal privada.




 



             Novedosa también es la adición de catalogar como áreas de protección los terrenos cuya
pendiente exceda el 70% de inclinación (artículo 48 inciso e) del proyecto).




 



             Se extiende la prohibición de corta en las áreas de protección a todo tipo de
vegetación, y se agregan excepciones por casos de calificada necesidad (artículo 49 del proyecto). 
Es importante exceptuar expresamente de la prohibición aquellas obras que son necesarias para la
captación autorizada de las aguas respetando siempre el ambiente y sus componentes, entre ellos el
paisaje.




 



 El mismo numeral remite al Instituto Geográfico Nacional el amojonamiento de los manglares, a
diferencia de todos los demás alineamientos que realiza el Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo, con lo cual se pone aún más en evidencia la necesidad de que estas disposiciones se
contemplen en un título diverso al de la propiedad forestal privada.




 



             En cuanto a la prevención de incendios forestales, se incorpora al Ministerio de
Agricultura y Ganadería en lo relativo al trámite de los permisos de quemas de rastrojos para
aquellos terrenos de aptitud agrícola desprovistos de bosque (artículo 50 del proyecto).  Sobre
estos temas cabe tomar en cuenta lo previsto en el artículo 35 de la Ley Forestal actual, en
relación con el 34 de su Reglamento, y la resolución N° 6 del 8 de febrero de 1999 (La Gaceta N° 56
del 22 de marzo de 1999), donde se estableció el procedimiento para otorgar permisos de quemas
controladas en terrenos de aptitud forestal.




 



             En el artículo 52 del proyecto se agrega que los inspectores ad honorem de los recursos
naturales “debidamente identificados en compañía de autoridades de policía podrán ingresar y
transitar por fundos rústicos privados para apoyar las labores de vigilancia, control ambiental, así
como la práctica de decomisos...”  Entonces, sin la participación de autoridades de policía no
podrían cumplir con sus labores.  Por ello, se recomienda adecuar el precepto a las previsiones que
sobre la materia contiene el Reglamento de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales,
COVIRENAS, Decreto 26923 del 1° de abril de 1998 (La Gaceta N° 99 del 25 de mayo de 1998), para
efecto de lo previsto en el artículo 37 de la Ley Forestal, y 35 de su Reglamento.




 



 Téngase presente que no está permitido ingresar sin permiso a domicilios particulares, o en su
defecto, con autorización judicial, salvo cuando sea necesario  “impedir la comisión o impunidad de
delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la
ley” (Constitución Política, artículo 23).




 




            F) Financiamiento de la actividad forestal




 



             El Fondo Forestal previsto en la Ley actual (artículo 42), está compuesto
principalmente por el impuesto forestal al procesamiento y la importación de madera, y por ingresos
no tributarios como son la venta de placas, guías y multas.




 



 La implementación del tributo ha presentado problemas de recaudación y distribución. A ello, se
añade la desactualización del valor de la madera rolliza que se ha utilizado como base del cálculo y
la falta de una adecuada metodología para definir el monto del impuesto (Sistema Nacional de Áreas
de Conservación, Análisis de la Administración de los Ingresos del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, 2007, pp. 19 y 46-47).  Frente ello, es necesario mejorar la coordinación entre
Ministerio de Hacienda y el MINAE a fin de verificar y controlar la cantidad, tipos y distintos
valores de la madera que ingresa al país.




 



             Conforme al Reglamento a la Ley Forestal (artículo 70), la administración del Fondo lo
es a través de un fideicomiso con el Sistema Bancario Nacional.  El proyecto propone que pase a ser
una subcuenta dentro de la cuenta especial a nombre de la Administración Forestal del Estado
(artículo 53 del proyecto). 




 



 Los recursos del Fondo se reducen al 5 % del monto recaudado por el impuesto a la madera
(actualmente el 100%), y se agregan a la ejecución de los depósitos como parte de los planes de
reparación del daño ambiental y los de garantía; y, el 5% de los fondos para el pago de servicios
ambientales que el FONAFIFO trasladaría a la AFE, para el control de la tala ilegal (artículos 38,
54, 61 y 68 del proyecto). 




 



 La AFE debe financiar mediante el Fondo las actividades educativas, de control y prevención (Ley
Forestal, artículo 38), a las que se agregarían el desarrollo de actividades productivas, como
viveros y reforestación de áreas de protección y, ejecutar los planes reparadores del daño ambiental
(artículo 53 del proyecto).




 




G) Impuesto forestal




 



 Se propone la modificación del impuesto forestal de un 3% sobre el valor de transferencia en el
mercado de la madera en trozas determinado por la AFE (Ley Forestal, artículo 42; Decreto Ejecutivo
N° 28220 del 30 de setiembre de 1999, Alcance 87A a La Gaceta 221 del 15 de noviembre de 1999), por
una tasa de 8% del precio de venta promedio por m3 de madera en troza o escuadra, determinado en
patio de aserradero, exonerando a plantaciones establecidas con recursos propios (artículo 57 del
proyecto). Se mantiene el impuesto de 3% del valor CIF para la madera importada contemplado en el
artículo 53 de la Ley Forestal.




 



 El artículo 58 del proyecto modifica el hecho generador del impuesto actualmente determinado a
partir de la industrialización primaria o la importación de la madera (Ley 7575, artículo 42;
Decreto 25721, artículo 98; Decreto 28220, artículo 2), y lo sustituye por el del aprovechamiento de
la madera en troza o escuadra incluidas en la autorización o permiso.  Su tasación corresponde a la
Administración Forestal del Estado.  Con lo cual, sería el permisonario quien cancelaría el impuesto
al momento de entrega del permiso y el importador en la aduana (artículo 59 del proyecto), y no como
actualmente prevé la Ley 6826 del 8 de noviembre de 1982, de Impuesto General sobre las Ventas.
También se elimina la reducción del 3% en el impuesto de ventas prevista en el numeral 42 de la Ley
Forestal actual.




 



             Se establece la fijación anual de la base imponible por resolución de la AFE, basada en
estudios que determinen el precio promedio de venta por especies o grupos de la madera en troza o
escuadrada puesta en patio de aserradero, y en ausencia de ellos, con base en la variación del
índice de precios al consumidor (artículo 60 del proyecto). 




 



 Corresponde a la AFE fijar anualmente el valor mínimo de comercialización de la madera en troza no
industrializada (Ley Forestal, artículo 44).  El proyecto propone que esto se realice con base en
criterios estadísticos claramente reglamentados. Y, en el caso de la madera importada, de acuerdo a
su valor CIF que conste en los documentos que la amparan (artículo 60 del proyecto). Siendo que este
impuesto está concebido como la principal fuente de financiamiento de la AFE, la determinación de su
base imponible y la claridad en cuanto al mecanismo de recaudación merecen especial atención.




 



 El artículo 61 del proyecto propone una variación en la distribución de los recursos provenientes
del impuesto forestal, pasando de 15% a 40% exclusivamente para las funciones de prevención y
control forestal de la AFE. Se reduce de 10% a 5% el monto para la Oficina Nacional Forestal.  Se
otorga 5% al Fondo Forestal y 5% al Ministerio de Seguridad, también para control forestal.  Se
mantiene el 10% a las municipalidades donde se realicen aprovechamientos, pero con la supervisión
del FONAFIFO.




 



             El monto asignado al FONAFIFO se reduce de 40% a 35%, y se limita al apoyo del pago de
servicios ambientales a la protección de bosque y a la reforestación.  Previendo para ello, el
control de esos recursos por parte de la Contraloría General de la República, y, en cuanto a la
selección de beneficiarios y evolución de proyectos, por parte del MINAE.




 



 También, se elimina el 5% para la Oficina del Contralor Ambiental y el 2% para la fiscalización de
regentes al Colegio de Ingenieros Agrónomos.




 



             El artículo 62 del proyecto, crea un régimen tributario especial, ya que por medio de
cuentas especiales concede a la AFE la administración tributaria del impuesto forestal en cuanto a
la madera que se autoriza aprovechar y, a la Dirección General de Aduanas  con respecto a la
importación de productos forestales gravados conforme al Código de Normas y Procedimientos
Tributarios. Para ello, el Ministerio de Hacienda deberá incluir cada año en los presupuestos la
partida correspondiente al monto estimado que será recaudado, y una vez aprobado, será girado
trimestralmente.




 




            H) Fondo Nacional de Financiamiento Forestal




 



 El artículo 64 párrafo segundo mantiene la personalidad jurídica instrumental del FONAFIFO en los
términos del artículo 46 de la Ley Forestal.  El proyecto agrega que en el giro de su actividad
estará sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República.  Nótese que el artículo
49 de la Ley Forestal cataloga ese control únicamente como posterior.




 



 El artículo 65 del proyecto suprime los avales para transacciones financieras que complementen los
recursos necesarios para ejecutar los programas de FONAFIFO.  Posibilidad prevista en el último
párrafo del artículo 47 actual de la Ley Forestal.




 



 Se modifica la composición de la Junta Directiva.  Se agrega un representante de las entidades de
enseñanza superior designado por el Consejo Nacional de Rectores (artículo 67 inciso c) del
proyecto).




 



 El artículo 68 propuesto otorga a las Áreas de Conservación un 5% que se deducirá de las diferentes
modalidades de pago de servicios ambientales y se distribuirá de acuerdo con la proporción de área
de los proyectos ejecutados en ellas, para destinarlos al control de la tala ilegal.  Es conveniente
justificar la fuente del ingreso y su porcentaje.  Además, conviene destinar recursos para atender y
contrarrestar los incendios que afectan las áreas silvestres protegidas, eventos de mayor incidencia
en la zona de Guanacaste.




 



             El numeral 70 de la Ley actual prohíbe a la Junta Directiva que por cualquier acto se
reduzca el patrimonio de FONAFIFO, catalogando de nulidad absoluta los actos que inobserven la
prohibición.  Ello podría explicar la supresión de los avales en el artículo 65 propuesto.




 



 Es recomendable que la anterior prohibición no sólo abarque la Junta Directiva, sino a todo el
personal del Fondo, aspecto que se puede lograr eliminando la referencia específica a la Junta.




 




            I) Industria forestal




 



             Al objetivo de optimizar el aprovechamiento de la industria maderable, se agrega el de
mejorar los niveles socioeconómicos de las comunidades (artículo 71 del proyecto).  Además, se
precisa que el desarrollo integrado de la industria forestal incluya la racionalización,
reorganización y reubicación de la actividad por parte de la Administración Forestal del Estado
(artículo 72 propuesto). Esto podría traducirse en acciones favorables para el ambiente, como
podrían ser mejorar el transporte y manejo de desechos durante el aserrío, y elevar el rendimiento
sostenible de la actividad.




 



 Con ese propósito, se ofrece un incentivo de créditos preferenciales de FONAFIFO a las industrias
que reorganicen o aumenten su rendimiento conforme a estudios de factibilidad técnica y económica
(artículo 74 del proyecto).




 



 En ese orden, se crea un registro de todas las industrias forestales en las respectivas Áreas de
Conservación como requisito para el otorgamiento de permisos de operación para las nuevas industrias
(artículos 73 y 75 del proyecto).  Además, se prevé que los aserraderos portátiles sea sujeto a
control reglamentario (artículo 76 del proyecto), dado el aumento del procesamiento del recurso
forestal a través de aquéllos. También es novedosa la obligación de los industriales de suministrar
mensualmente los informes la Administración Forestal del Estado requiera en cumplimiento de los
fines de esta Ley (artículo 78 del proyecto).




 



             Los artículos 77 y 80 del proyecto reiteran la obligación de quienes adquieran o posean
madera para su proceso industrial, de demostrar la legalidad de la madera bajo su tenencia,
retomándose así el precepto contenido en el artículo 55 de la Ley actual.




 




            J) Control de la actividad forestal, infracciones y sanciones




 



             Se reduce el plazo previsto en el numeral 54 de la Ley actual, de 3 días a 24 horas
para poner en conocimiento de la autoridad judicial competente lo actuado por los funcionarios de la
Administración Forestal del Estado en su carácter de autoridades de policía y en materia de
decomisos (artículo 79 del proyecto).




 



             A la prohibición de movilizar madera en trozas, escuadrada o madera aserrada, si no
cuentan con la documentación respectiva, se incluye cualquier pieza de madera rolliza producto de
árboles no plantados (artículos 42, 43 y 81 del proyecto).  Al respecto, conviene tener presente lo
comentado en los pronunciamientos OJ-005-2003 y OJ-010-2003.




 



             La accesoria inhabilitación de sus cargos a las autoridades y regentes forestales por
los delitos contemplados en la Ley se fija por un período desde 6 meses hasta 3 años, reduciendo aún
más el mínimo de 12 meses fijado en el numeral 64 de la Ley actual, aunque positivamente amplía el
máximo, así como los supuestos en que es aplicable (artículo 84 del proyecto).




 



             El artículo 86 del proyecto señala “Los industriales de la madera que incumplen las
disposiciones de esta Ley serán sancionados con pena de prisión de cuatro a seis años y con el
decomiso de su madera e instrumentos utilizados en su transformación”. Esa norma no la contiene la
Ley actual.  Sin embargo, la redacción del delito presenta deficiencias que lo pueden tornar
inoperante y de limitada vigencia, al catalogarse como norma penal en blanco, y que por ello
desatiende la estructura básica y determinada entre sujeto activo y verbo activo, no permitiendo
siquiera su integración relación con otras normas.




 



             Igual reparo padece el artículo 85 del proyecto para la sanción de funcionarios.  Al
respecto, cabe tomar en cuenta la sentencia de la Sala Constitucional N° 5755 de las 14:57 del 4 de
octubre de 1994, donde apuntó:




 



 “II.- El argumento principal del accionante es que el citado artículo 64 de la Ley sobre la Zona
Marítimo Terrestre, que eventualmente le sería aplicable en caso de una sentencia condenatoria en su
contra, es inconstitucional por tratarse de una norma penal en blanco, en la que no se especifica
cuál es la conducta concreta que se sanciona. Este artículo dice:



 "Quien violare cualquiera de las prohibiciones o disposiciones restrictivas establecidas en esta
ley o su reglamento y no se tratare de los casos a que se refieren los artículos 61, 62 y 63
precedentes, ni de delito de mayor gravedad, será reprimido con prisión de seis meses a dos años, o
con quince a cien días multa."




Sobre el tema del principio de legalidad penal, la Sala dijo, en sentencia número 1877-90 (…) :



 "Para que una conducta sea constitutiva de delito no es suficiente que sea antijurídica -contraria
a derecho-, es necesario que esté tipificada, sea que se encuentre plenamente descrita en una norma,
esto obedece a exigencias insuprimibles de seguridad jurídica, pues siendo la materia represiva la
de mayor intervención en bienes jurídicos importantes de los ciudadanos, para garantizar a éstos
frente al Estado, es necesario que puedan tener cabal conocimiento de cuáles son las acciones que
deben abstenerse de cometer, so pena de incurrir en responsabilidad criminal, para ello la exigencia
de ley previa, pero esta exigencia no resulta suficiente sin la tipicidad, ..."




Agrega esa misma sentencia, refiriéndose al artículo 105 de la Ley de Tránsito número 5930:



 "La tipicidad exige, como quedó dicho, que las conductas delictivas sean acuñadas en tipos, estos a
su vez tiene una estructura básica, con sujeto activo y verbo activo, estructura que puede lograrse
con la relación de uno o varios artículos de ley o reglamento, pero es necesario que esté presente
para que exista tipo. La utilización de términos genéricos como "Las infracciones a lo dispuesto en
esta ley ...", al tipificar una conducta como constitutiva de delito, resulta, por su vaguedad,
contraria a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución y así debe declararse."



 III.- En el caso del artículo 64 cuestionado, se produce una situación similar, cuando establece
"Quien violare cualquiera de las prohibiciones o disposiciones restrictivas establecidas en esta ley
o su reglamento", pues por lo amplio y genérico de la disposición, no es posible determinar con
certeza cuáles son las conductas que el legislador pretende sancionar, lesionándose así el derecho
de defensa del imputado.”




 



             Se amplía el plazo actual de 1 mes para la subasta pública de los productos forestales
decomisados, a 2 meses a partir de la denuncia. Posteriormente, en caso de no adjudicarse, se otorga
un plazo de un mes para que cualquier persona haga el depósito del monto fijado en el avalúo y
aproveche la madera o producto forestal. También, se dispone que si la infracción se comete en una
reserva indígena (territorio o comunidad indígena), el producto del remate sea donado a la
respectiva Asociación para la ejecución de proyectos comunales locales. En cuanto a los equipos y
maquinaria decomisados, serán puestos a la orden de la autoridad judicial competente (artículo 87
del proyecto).




 



             Conforme al artículo 88 del proyecto, si transcurrido el plazo improrrogable de 3 meses
a partir de la interposición de la denuncia, los bienes y productos decomisados no han sido
adjudicados, el juez deberá entregarlos de oficio a la Administración Forestal del Estado, la cual
deberá resolver su destino dentro del mes siguiente en los términos del artículo 7 inciso t) del
proyecto. El procedimiento para la entrega se establecerá vía reglamento.




 



             El incendio forestal culposo aumenta la pena mínima de 3 meses a 6, la máxima se
mantiene en 2 años (artículo 91 del proyecto).




 



Se observa el aumento en las penas mínimas y algunos delitos nuevos, como la pena de 6 meses a 2
años para quien permita o facilite la corta ilegal en su propiedad, posesión o cuido (artículo 92
del proyecto), la socola del bosque y el transporte madera en troza, escuadrada o aserrada, sin
cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley (artículo 93 del proyecto).  Pero, recordemos
que la misma Ley no los establece, pues los libró a la prohibición reglamentaria (artículo 81 del
proyecto).  Ello puede igualmente acarrear reparos de constitucionalidad conforme a los precedentes
citados.

 




            K) Sanciones administrativas



             El título IX del proyecto refiere a las sanciones administrativas, preceptos que en su
mayoría ya recoge la Ley Orgánica del Ambiente, artículos 98 a 112, y la Ley de Biodiversidad,
artículos 105 a 113, y han de observarse para no emitir legislación reiterativa o desmejorar la ya
adoptada.  Sin embargo, hacemos las siguientes acotaciones.




 



 El proyecto en su numeral 96 mantiene la similar prohibición ya prevista en el artículo 64 párrafo
segundo de la Ley Forestal actual, que dispone: “Mientras se tramita la respectiva causa penal, se
le prohíbe a la Administración Forestal del Estado, emitir permisos de aprovechamiento del recurso
forestal en el inmueble donde se cometió el hecho ilícito”. 




 



 Es recomendable adicionar el precepto en el sentido de que igualmente deberá suspenderse la
ejecución de aquellos aprovechamientos o planes de manejo en que el administrado irrespetó los
términos, límites o condiciones de su otorgamiento, situación que en todo caso puede abordarla el
Juzgador o la Administración a través de las medidas cautelares (Ley Orgánica del Ambiente, artículo
99).  Esas medidas resultan acordes con los principios preventivo, in dubio pro natura y de
inversión de la carga de la prueba que rigen en materia ambiental (Ley de Biodiversidad, artículos
11 incisos 1 y 2), y 109).




 



Es conveniente aclarar que la ejecución del aval de garantía (artículos 3 inciso 6), 35, 37, 38 y 97
del proyecto) ante el incumplimiento de lo dispuesto en la autorización de corta y aprovechamiento
forestal, no es una eximente para la reparación integral del daño.  Sobre la temática, véase lo
resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en sentencia N° 21 de las
10:40 del 31 de enero del 2006.

 



             El artículo 98 del proyecto reserva la observancia del principio ecosistémico para la
reparación del daño a aquellos casos en que no es posible reponer o reparar el ecosistema afectado,
lo cual resulta contradictorio, porque toda reparación debe atender a su cumplimiento, máxime cuando
el mismo proyecto lo consagra como uno de sus principios rectores (artículos 3 inciso 29) y 27 del
proyecto).




 



             El artículo 100 del proyecto refiere al plan reparador del daño ambiental. Cabe agregar
que corresponde a la Administración adoptarlo.




 



             Por último, como el nuevo proyecto constituye una reforma a la Ley Forestal actual, que
ya surtió efectos con respecto a las disposiciones que reformó en su oportunidad, no se entiende
cuál propósito se persigue con lo dispuesto en el artículo 105 propuesto, relativo nuevamente a la
modificación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que incluso mantiene la misma
redacción diseñada en su momento por la actual Ley Forestal.  Lo mismo cabe anotar sobre el numeral
107 en punto a la derogatoria de varias leyes ya acordada con antelación.




 




IV.- CONCLUSION




 



             Respetuosamente solicitamos a los señores Diputados de la Comisión Permanente Especial
del Ambiente, tomar en cuenta las anteriores consideraciones a fin de enmendar el articulado
propuesto.




 




            Cordialmente,




 




 




Lic. Mauricio Castro Lizano                        Licda. Silvia Quesada Casares




Procurador                                                    Área Agraria y Ambiental




 




 




MCL/SQC/fmc





 ([1]) “Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras
técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia
de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran
más del setenta por ciento (70%) de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por
hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP).” (artículo 3,
inciso d).

Legal Opinion: 021 - J of 05/14/2008

OJ-021-2008

May 14, 2008

Mrs. Maureen Ballestero Vargas
President
Special Permanent Environmental Committee
Legislative Assembly

Dear Madam:

With the approval of the Attorney General of the Republic, we refer to the draft “Ley Forestal,”
legislative file No. 16169 (La Gaceta No. 114 of June 14, 2006), an initiative that proposes the
enactment of a new Law to replace the current one, No. 7575 of February 13, 1996
(Supplement No. 21 to La Gaceta No. 72 of April 16, 1996).

Without binding effects, since the requesting party is another Branch of Government whose legislative
function cannot be substituted by a different State body via an opinion, we issue the following
legal opinion, recalling that it is not appropriate to assume our conformity with the consulted
draft in the event of a lack of response. Legislation does not attribute that effect in this matter,
since the Attorney General’s Office is not included among the bodies and entities provided for in
Article 157 of the Regulations of the Legislative Assembly.

From this perspective, we make the following comments.

II.- JUSTIFICATION FOR THE DRAFT

The draft questions the consistency and efficiency of the current Law, citing a lack of will to
apply its principles; benefits to a few; ineffective renewal of the resource; lack of appropriate
legal instruments; low detection and response capacity on the part of the State Forest
Administration (Administración Forestal del Estado, AFE); standardized sanctions without coercive
effectiveness, partly due to the principles contained in Articles 25 and 26 of the Criminal
Procedure Code; loss and deterioration of seized goods in the face of slow and cumbersome judicial
processes; lack of regulation for the use of remaining trees in agroecosystems, which leads to the
land-use change (cambio de uso del suelo) of forests by facilitating illegal cutting;
disproportionality of the tax burden; and the voluntary nature and ineffectiveness of the forest
tax, which is said to affect the operational capacity of the entities.

III.- PROPOSED MODIFICATION

The proposed articles maintain a large part of the objectives and structure of Law 7575 and
incorporate topics from its regulations. As will be seen, the proposed changes focus on the
composition of its bodies, the quantity and allocation of resources, authorized activities on
private property and incentives, as well as tax and penalty matters.

A) General Provisions and Terminological Clarifications

The objectives of the current Law respond to the trend of environmental protection developed in our
country in the 1990s through various laws, among them, the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of
October 30, 1992, and the Organic Environmental Law, No. 7554 of October 4, 1995.

According to current law, the State has the essential and priority duty to conserve, protect, and
manage the forest resource, its production, use, industrialization, and promotion, guaranteeing its
sustainable use, as well as job creation and the improvement of the standard of living for social
groups directly related to silvicultural activities (Article 50 of the Political Constitution,
Article 1 of the Ley Forestal, and Articles 1 and 2 of the Organic Environmental Law).

Section 2 mentions the term State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado), used prior to
the enactment of the current Ley Forestal. Due to its restrictive context, which does not take
into account other environmental components such as fauna, associated flora, interconnection with
water resources, and scenic beauty (landscape), to name a few, it is recommended to use the
current concept of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) (Ley Forestal,
Articles 1, 13, 14, 15, and 18, among others).

The second paragraph of Article 2 of the draft states that restrictions on forest property must be
registered in a Forest Cadastre (Catastro Forestal). This Cadastre must also provide correspondence
of this information in the real estate registry.

The initiative also modifies and expands the list of definitions contained in the current law,
considering that their interpretation and scope, as well as their ambiguity and insufficiency,
hinder their correct application.

The following concepts are included: tree (árbol), protection areas (áreas de protección),
guarantee bond (aval de garantía), primary forest (bosque primario), secondary forest (bosque
secundario), land-use change (cambio de uso de la tierra), forest resource renewal certificate
(certificado de reposición del recurso forestal), environmental damage (daño ambiental), canopy
(dosel), stratum (estrato), primary forest industrialization (industrialización forestal
primaria), forest fire (incendio forestal), forest industry (industria forestal), forest inventory
(inventario forestal), small roundwood (madera rolliza menor), spring (naciente), payment for
environmental services (pago de servicios ambientales), artisanal harvesting plan (plan de
aprovechamiento artesanal), regional forest management plan (plan regional de ordenamiento
forestal), environmental damage restoration plan (plan reparador del daño ambiental), ecosystem
principle (principio ecosistémico), forest product (producto forestal), ravine (quebrada), burn
(quema), forest resource (recurso forestal), tree renewal (reposición de árboles), national
reserves (reservas nacionales), clearing of undergrowth (socola), understory (sotobosque), felling
(tala), clearcutting (tala rasa), and valuation of environmental damage (valoración del daño
ambiental) (Article 3 of the draft).

Some of these definitions are already contained in the Regulations to the Forestry Law (Decreto
Ejecutivo No. 25721 of October 17, 1996, La Gaceta No. 16 of January 23, 1997), namely: tree
(árbol), aquifer recharge area (área de recarga acuífera), primary forest industrialization
(industrialización forestal primaria), and forest product (producto forestal).

The concepts of forest harvesting (aprovechamiento forestal), aquifer recharge area (área de
recarga acuífera), protected wilderness area (área silvestre protegida), forest (bosque), primary
industrialization center (centro de industrialización primaria), forest ecosystem (ecosistema
boscoso), forest management plan (plan de manejo forestal), forest plantation (plantación
forestal), forest regime (régimen forestal), environmental services (servicios ambientales),
agroforestry system (sistema agroforestal) (Ley Forestal, Article 3), and log (troza) (Article
42 ibidem) are modified.

“Activities of national convenience” are removed from the list and developed later (third paragraph
of Article 23 and subsection b) of Article 29 of the draft).

The current definition of the term forest (bosque) (Ley Forestal, Article 3, subsection d) is
questioned for being limited to a quantitative criterion that excludes certain ecosystems. Regarding
the conceptualization of forest and lands of forestry aptitude, this Office rendered an extensive
report in the action of unconstitutionality against Decree 33957 of September 5, 2007 (La Gaceta
No. 361 of September 11, 2007), which reformed the Methodology for Determining Land Use Capacity in
Costa Rica (Decreto Ejecutivo No. 23214 of April 13, 1994), file No. 07-13975-0007-CO, where we
pointed out:

“The restrictive definition of forest contained in the Ley Forestal ([1]) excludes valuable
forest ecosystems, as highlighted in the criticisms of specialists in the sector:

‘The studies carried out and the contribution of science in expanding knowledge of tropical
ecosystems and their components show the complexity that must be taken into account when making
decisions. However, this integration is very rarely established. And a large part of the
scientific-technical information does not reach those who make national, regional, or local
decisions in sufficient quantity and in an adequate format. (…) while the complexity of ecosystems
warns us about their difficult “management” and a large part of the territory no longer has natural
forests, there are other aspects that send signals that do not contribute to the style of
sustainable development that has been promoted in Costa Rica since the second half of the 1980s.
Among these signals are some articles of Forest Law No. 7575 (…). A first comment regarding this
Law is that the definition of forest only considers those areas larger than two has. [sic], with
more than 70% canopy cover (cobertura de dosel), and more than 60 trees/ha>15cms., DBH. With a
large percentage of fragmented forest, and the importance these fragments have for flora and fauna,
especially their influence as contributors of seeds of species no longer found in large areas of
the country, this generates greater vulnerability for future efforts to recover zones with
secondary forests.’

‘(…) any piece of natural forest, remnant of primary forest or secondary forest, even those smaller
than 2 ha (which our forestry legislation undervalues), has value, in an integrated system of
fragments and biological corridors.’ (…)

‘Concept of Forest
There is a strong incompatibility in the definition of what a forest is among the countries of the
Region. The incompatibilities revolve around the minimum surface areas that constitute a forest, the
heights of the individuals in forest formations, the ground cover that leads to the concept of
forest, and, above all, the strong incompatibility that exists in the definition regarding the
number of strata that would be implicit in the constitution of a forest. (…)
The restriction of the definition of forest strongly limits forest protection, the promotion
thereof, and limits the scope of competence of the institutions that deal with forests…
Similarly, the restriction of the definition of forest limits the essential function that forests
have in society.’ (…)

This exclusion of lands that have been technically considered to have forestry aptitude means
exempting them from the guardianship regime of the State Natural Heritage (described earlier);
outside of this, the prohibition of land-use change is limited to forest (Articles 19 and 61,
subsection c) of the Ley Forestal), and tree felling is authorized on lands without forest to
people who are not owners (Articles 27 and 28 of the Ley Forestal, 90 and 91 of its Regulations,
see underlining of Article 90) (…)

In the study ‘Myths and Realities of Deforestation in Costa Rica’ prepared by the National System of
Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy with the collaboration of FUNDECOR, it
is evident that forest areas are being converted into agroforestry systems to circumvent their
protection under the Forest Law:

‘Official reports acknowledge that trees are cut without any permit, that unauthorized trees are
cut in areas with legal permits, and that forests are being cleared of undergrowth (socola) to
convert them to forced agroforestry systems, because a permit in an area without forest through an
inventory is easier and cheaper than a permit in a forest through a management plan.’…

Among the conclusions of that document, from 2005, it is worth highlighting:

‘-The majority [sic] of authorized timber comes from areas that are currently neither forest nor
plantation (…).
- This has been the result of a change in the directionality of processes that deepened from 1996
with the approval of the current Ley Forestal, where legislation favored greater restrictions on
harvesting in forests and left harvesting in areas without forest cover (cobertura boscosa)
unprotected.
- Consequently, the land-use change occurring today does not result from the expansion of the
agricultural frontier as was believed, but rather is aimed at facilitating access to the forest
resource, and for this reason forests are illegally cut to convert them into agroforestry systems.’
(bold text is not from the original).

The study highlights the lack of protection for areas without forest in the Ley Forestal and its
Regulations:

‘The application of the Law and its Regulations resulted in greater regulations for management plans
in forests and fewer restrictions for harvesting in areas without forest. The Law is silent
regarding regulations in areas outside of forest and does not typify crimes for clearing of
undergrowth (socola) and cutting of trees in areas not defined as forest.’ (emphasis ours).

‘Areas that in 1996 (the year in which land-use change was prohibited by Law 7575) were forest
(verified with satellite images), in 2001 a legal permit was granted to harvest trees through a
forest inventory, because it was no longer forest. 30% of the trees cut with a permit in the ACCVC
[sic] between 1999 and 2001, were part of a forest in 1996, and 11% were located less than 25
meters from the current forest limit, which also indicates an ongoing process of pressure to change
the use at the forest boundary [sic]. According to the information gathered by FUNDECOR, that 30%
of trees cut in areas that were forest in 1996 represent a deforestation of 8000 has for the
period 96-2001.’”

However, for reasons of legal certainty, it is necessary to resort to quantitative parameters, so
for the definition of forest, it is recommended to adopt at least a representative measure so that
the owners of such resources have an interest in maintaining and improving them, and they can also
be used as biological corridors, as we cited previously.

Another relevant concept for the development of the rest of the proposed articles is that of tree
(árbol). Although the relationship of the concept described in section 3.2 with those of small
roundwood (madera rolliza menor) (3.21), forest product (producto forestal) (3.30), and log
(troza) (3.44) could allow one to deduce the scope of the term for the application of the incentive,
tax, and penalty regimes, greater clarity is necessary when establishing the term for the purposes
of applying the law.

Currently, Article 2 of the Regulations to Law 7575 restricts the term to that of forest tree
(árbol forestal): 'Perennial plant (one that lives more than two years), with a woody and elevated
trunk (referring to the different heights trees reach depending on the species and site), which
branches at a greater or lesser height from the ground, which is a source of raw material for
different types of forest industry such as sawmills, factories for boards, veneer sheets, matches,
cellulose, essential oils, resins, and tannin.' A concept that excludes early regeneration stages
or smaller diameters.

The draft includes in its concepts the payment for environmental services (pago de servicios
ambientales, PSA), incorporated for the first time in our country in 1996 by Law 7575, following
the agreements of the 1992 Rio Summit. Regarding the study of contract terms in this type of legal
transaction, it is worth considering what was indicated in opinion C-038-2002 of February 11, 2002:

“Payment for environmental services is a financial mechanism, intended to be self-sufficient, to
compensate the owners of forests and forest plantations for the environmental benefits these provide
to the community and which directly contribute to the protection or improvement of the environment.
It entails an internalization of the costs of maintaining the forest to produce such benefits.
Although these can originate from different elements of nature, the predominance of those recognized
is due to the vital role they play for the human species.
More concisely, Law No. 8058 (Gaceta No. 13 of January 18, 2001), which approves the loan
contract between the World Bank and the Government of Costa Rica, Ecomercados Project, conceptualizes
environmental services as those “offered by forest ecosystems, which include the mitigation of GHG
emissions”, and among the hydrological services, the “provision of potable water for human
consumption, irrigation, energy production; biodiversity conservation and the supply of scenic
beauty for recreation and ecotourism services” (Art. I, Section 1.02, para. e).
It is granted to the holders of properties who carry out protection and conservation activities,
including the recovery of lands with natural aptitude, through natural regeneration; adequate
management of natural forest; or the establishment of forest plantations. A forest plantation is
understood as “land of one or more hectares, cultivated with one or more forest species whose main
objective, but not the only one, will be timber production” (Art. 3, subsec. f; Ley Forestal. It
is also defined as the “technically planned cultivation of forest trees to obtain forest products
and benefits of the best quality, at minimum cost and in the shortest possible time.” Regeneration
is the process of forming a new forest mass, in its two modalities: natural and artificial
regeneration.”

The distinction that Article 3 of the draft makes between protection areas (áreas de protección)
(subsection 3) and protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) (subsection 5) is
appropriate. In this regard, opinion C-016-2002 of January 15, 2002, can be consulted.

Regarding the second concept (protected wilderness areas), Article 35 of the Organic Environmental
Law is cited. The management categories are part of the State Natural Heritage under the terms of
Article 38 ibidem, in relation to Article 13 of the current Ley Forestal, precepts duly included
in the proposed sections 20 and 21.

Regarding protection areas on private property, in opinion C-334-2002 of December 10, 2002, we
noted:

“From the above criterion, we can derive several consequences for the purposes of your inquiry. The
main one relates to the fact that protection areas are privately owned, although subject to a
limitation of social interest, such as that stipulated in Article 34 of the Ley Forestal. A
limitation manifested in the impossibility of cutting trees within them, except for the granting,
by the Executive Branch, of a declaration of national convenience for projects that signify a
greater benefit for society than their environmental impacts and whose execution requires the
elimination of trees.

Secondly, that this limitation affects the landowner, from which it follows that the restriction on
the use of this protection area falls upon the individual...

And, thirdly, that being private property, its owner is entitled to subject said area to the
voluntary forest regime, from which they may derive economic benefits (Article 3 subsections g) and
k) in relation to Articles 24, 29, 32, 36, 38, and 46 et seq., all of the Ley Forestal).”

B) State Forest Administration (Administración Forestal del Estado, AFE)

The State Forest Administration is granted innovative powers to issue the guidelines for regional
forest management plans (planes regionales de ordenamiento forestal), approve and supervise
environmental damage restoration plans (planes reparadores del daño ambiental), issue the
guidelines for the payment of environmental services (pago de servicios ambientales), determine
the destination of confiscated timber, promote local development, and appoint voluntary inspectors
for the Natural Resources Vigilance Committee (Article 7 of the draft).

C) AFE Support Organizations

The National Forestry Office (Oficina Nacional Forestal, ONF) is a non-state public entity with its
own legal personality, subject to the control of the Comptroller General of the Republic (Ley
Forestal, Article 7). It is responsible for representing the private forestry sector in political
decision-making and the definition of global strategies.

The draft proposes modifying the composition of this Office by reducing its directors and limiting
the tenure of its members (Articles 9 and 10); adds to its functions the proposal of regional forest
management plans (planes regionales de ordenamiento forestal), support for environmental education,
the incorporation of indigenous peoples into forestry processes, and the promotion of forest tax
payment (Article 11); and proposes reducing the state contribution for that Office to 5% of the
annual forest tax revenue (Article 12). Measures that align with the reasoning given in the
statement of motives.

In accordance with Article 23 of the Biodiversity Law, SINAC is composed of the National Council
of Conservation Areas, the Executive Secretariat, the Administrative Units, the Regional Councils,
and the Local Councils.

The Regional Council (Concejo Regional) of each Area exercises its administration; it is formed
through a public call made by the regional representative of the system to all interested
non-governmental and community organizations, municipalities, and public institutions present in the
area. It is made up of a minimum of 5 representatives from different sectors, elected by the
assembly of organizations and institutions called for that purpose; a municipal representative must
always be elected. Each Regional Council establishes its own regulations, which are submitted to the
National Council for approval. These regulations provide for a percentage of the total economic
income of the Conservation Areas for its operation. Its functions are determined in sections 29 and
30 of the Biodiversity Law and 12 of Law 7575 in the forestry field. The draft allocates resources
from the Forest Fund, authorized and supervised by the Comptroller General of the Republic, to
support its functions (Article 14).

- Forest Regents (Regencias Forestales)

Currently, management plans (planes de manejo) are prepared by a professional in forestry sciences
and executed by a forest regent (regente forestal) (who may be the same person) with public faith
and responsibility for compliance. In both stages, officials are accountable for their actions
criminally and are jointly and severally liable civilly (Ley Forestal, Article 21). The liability
regime and the content of the reports that these regents must submit are regulated in the
Regulations for Forest Regents, Decree No. 26870 of March 4, 1998.

As a result of the questions that have arisen due to the potential non-compliance of the duties of
the regents in the execution of management plans (planes de manejo), the draft proposes that the
forest regents (regencias forestales) be a supporting mechanism for the State Forest
Administration, registered and authorized by it, establishing a series of minimum requirements they
must meet.

D) State Natural Heritage

Correctly, Articles 20 to 22 of the draft take up the concept and the demanial attributes of the
lands that currently make up the State Natural Heritage.

The second paragraph of Article 23 allows for the cutting of trees for reasons of human safety, fire
control, activities of scientific interest, and the in situ use of wood felled by natural factors
and its exclusive use for the administrative facilities and public services of the protected
wilderness area. However, it must be indicated that these are technical aspects that the respective
Conservation Area must previously corroborate, but the action with the least impact on the resource
must always be chosen, such as, for example, pruning or botanical collections, as the case may be.

Regarding the cutting of trees for reasons of public interest, among them, the integrity of persons,
in legal opinion No. OJ-077-2001 of June 25, 2001, we noted:

“In our view, the cutting and pruning of trees located in the right-of-way of local roads would only
be justified to facilitate the achievement of the public purpose or general interest, such as the
improvement or widening of public roads; for safety and health reasons for pedestrians, drivers, and
inhabitants (e.g., avoiding contact of branches with electrical wiring, cutting trees that may fall
because they are seriously damaged or that obstruct free transit), but not to obtain private
economic benefits from such felling, as this would distort the public purpose of these assets.”

The proposed section 23, third paragraph, adds that the development of an infrastructure project
within the State Natural Heritage requires the declaration of national convenience approved by the
Legislative Assembly. When issuing such a declaration of national convenience, it is advisable to
have the technical environmental studies that support it.

E) Private Forest Property

The ecosystem principle (principio ecosistémico) is incorporated, for “the protection of
ecosystems as a whole, to maintain the balance and conservation of all their biotic and abiotic
elements that interact in an environment giving it its own characteristics” (Article 3, subsection
29). It serves as a guide for all authorizations, management policies, and regional forest
management plans (planes regionales de ordenamiento forestal) issued by the AFE (Article 27).
See that this approach is already contained in the recent Regulations to the Biodiversity Law,
Decree No. 34433 of March 11, 2008 (La Gaceta No. 68 of April 8, 2008, Article 3, subsection d).

The first paragraph of Article 28 establishes restrictions on the use and exploitation of private
forest property, as it must also fulfill its environmental protection function (Article 8 of the
Biodiversity Law), in accordance with constitutional law (Articles 45, second paragraph, and 50).
In that order, land-use change (cambio de uso del suelo) is prohibited, as is the export of
timber in logs (trozas) and squared timber from forests, the duty to verify the origin of the
timber, and the presentation of transport permits.

Forest harvesting (aprovechamiento forestal) always requires a management plan (plan de manejo),
except when dealing with matters related to human safety, protection of infrastructure, and
scientific interest; the prevention and control of fires and natural disasters; the artisanal
harvesting of trees fallen in the forest for natural reasons (conditions referred to in section 32
of the draft, being correct to refer to 33); and the construction of certain public works, the
parameters of which must not only be regulatory but also technical.

As we noted when commenting on the scope of the second paragraph of Article 23, the possibility of
cutting established here must also respond to situations previously corroborated by the Conservation
Area, and the action with the least impact on the resource must always be chosen. In that sense, it
must be adequately assessed whether, for example, the removal of several trees fallen for natural
reasons entails the opening of paths that could cause greater damage than the economic benefit
intended, without failing to note the advantages that natural degradation processes produce in
ecosystems.

Regarding the “Regional Forest Management Plan” (Plan Regional de Ordenamiento Forestal), it is
also worth noting the limited scope of its term, as it is a technical study for the management of
natural resources in each Conservation Area, prepared by a multidisciplinary and ad honorem
Regional Technical Commission (Articles 30 and Transitory V of the draft). These plans will contain:
current land use and its capacity; protected areas; timber species; management plans (planes de
manejo) and authorizations from the last 3 years; zoning for conservation, recovery, and forest
extraction; roads; quotas, cycles, and minimum cutting diameters; research program;
industrialization and commercialization policies; and the principles, criteria, and indicators of
sustainability (Article 31 of the draft). It would then be appropriate to call them regional plans
for territorial or environmental management.

Also observe that our legislation already contains regulations on national and area-based planning,
referring to a more integrated technical environmental approach such as the watershed (cuenca
hidrográfica) approach provided for in Articles 15 to 18 of the Law on Use, Management and
Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998 (La Gaceta No. 97 of May 21, 1998), and which is
approved by the Management, Conservation, and Soil Recovery Area Committees, in coordination with
the Regional Environmental Councils; the technical preparation shall be the responsibility of the
Ministry of Agriculture and Livestock (Article 34 ibidem).

The figure of legitimate possessors referred to in Article 36 of the draft must be clarified as that
which is decennial and under the terms of Article 856 of the Civil Code and with the approval of the
respective possessory information proceedings, in order to better safeguard public and private
property from undue detentions (Articles 121, subsection 14) and 45 Constitutional).

The same precept establishes the cost of renewing the trees whose cutting is authorized for those
areas of artisanal harvesting outside the forest. But an equivalence is not observed between the
cost in a forest nursery of 10 trees to replace each cubic meter of log (troza) timber whose
harvesting is authorized, even more so if the control mechanisms to ensure the regeneration of the
trees are not designed.

The prohibition on exporting timber in logs (trozas) and squared timber from forests contained in
current Article 26 is taken up again in section 39 of the draft, indicating that such timber may
only be exported as manufactured structures. The prohibition does not extend to timber from
plantations. However, mechanisms must be designed to ensure the certification of that origin.

Article 40 of the draft adds that a certificate of origin from a national regent will be required
for the importation of timber in log (troza) or squared form of species banned in the country.
The certificate must state in an updated manner that the species is also not banned in the country
of origin.

Forest plantations, trees in agroforestry systems, or individually planted trees would continue to
be exempt from the cutting permit, provided they are established with own resources and are outside
of protection areas (áreas de protección) (section 41 of the draft).

The mobilization of timber requires a certificate of origin. The bill in its articles 42, 43, and 81 requires carrying the documentation and devices that the AFE determines for that purpose through the Regulation, but omits the communication to the municipalities of approved harvesting permits and certificates of origin, as required by article 31, paragraph 2 of the current Law, amended by subsection b) of Law No. 7761 of April 24, 1998.

Among the incentives for reforestation, article 44 of the bill maintains the exemption from the real estate tax for the planted area, the protection from eviction of invaders, and the exemption from income tax on profits according to the percentage that has been executed. In addition, it includes certificates of resource replenishment as a negotiable instrument (título valor) before third parties for those who reforest with their own resources, the possibility of opting for FONAFIFO financing, and it refers to the Forest Cadastre (Catastro Forestal) the registration of the corresponding encumbrances (afectaciones), registrations which, as we said, must also be reflected in the real property registry (reparto inmobiliario).

For forest conservation, the bill also maintains the income tax exemption for the preserved area, the protection from eviction of invaders, and the possibility of opting for payment of environmental services (pago de servicios ambientales) and certificates of resource replenishment as a negotiable instrument (título valor) before third parties for those who conserve areas smaller than 5 Ha (article 45 of the bill). But it eliminates the minimum 20-year term that the current law requires to opt for a contract of this type (Ley Forestal, article 22).

The interest in promoting the establishment of plantations and discouraging the harvesting of natural forest is evident by eliminating the incentives for forest management (Ley Forestal, article 23). However, its advisability must be analyzed due to the pressure suffered by the resource.

E.1) Protection Areas (Áreas de Protección)

In addition to the considerations set forth when commenting on some definitions in proposed article 3, we add the following.

Under the current Ley Forestal, protection areas (áreas de protección) are those bordering permanent springs (nacientes permanentes), within a radius of 100 m measured horizontally (article 33, subsection a). The bill maintains that measurement in the event that the source is not captured, but increases those zones to 200 m if the site is a drinking water intake point (article 48, subsection a) of the bill).

However, let us recall that there are areas contiguous to springs (nacientes) that previously enjoy a public-domain character (impronta demanial) (numerals 31 of the Ley de Aguas No. 276 of August 27, 1942; 2 of Law No. 16 of October 30, 1941; 6 of the Ley General de Terrenos Baldíos No. 13 of January 10, 1939; 510 subsection 3) of the Código Fiscal as amended by Law No. 11 of October 22, 1926; 1st of the Ley de Protección de las Cuencas Hidrográficas, No. 68 of June 16, 1923) in an extension of 300 to 200 m contiguous, depending on whether the topography of the land is flat or steep, provided that those springs supply water to some population, or it is convenient to reserve them for that purpose. For this, the technical opinion of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must be obtained, the governing body for the generation and distribution of drinking water (Law No. 2726, articles 1 and 2).

In the case of properties legitimately registered through the exercise of ten-year possession (posesión decenal) prior to the public-domain encumbrance (afectación demanial), or if the springs (nacientes) do not supply water to any population, or it is not convenient to reserve them for that purpose, then the protection area (área de protección) of 100 m contiguous to permanent springs (nacientes permanentes) and its respective prohibition provided in the current Ley Forestal, articles 33 and 34, becomes applicable.

If they are non-permanent springs (nacientes no permanentes) whose flows do not supply water to any population, or it is not convenient to reserve them for that purpose, then article 149 of the Ley de Aguas must be observed, which establishes a prohibitive radius of 60 m for springs (manantiales) that emerge on hills and 50 m for those that emerge on flat land.

It is therefore advisable to keep these regulatory precepts with diverse material scopes of application in mind and to seek their clear adoption under the relevant circumstances.

The protection areas (áreas de protección) for rivers, streams (quebradas), and creeks (arroyos), according to their slope, are maintained as stipulated in article 33, subsection b) of the current Law, but the bill, article 48, subsection b), adds that this horizontal measurement shall be taken from the maximum point reached by the water on its bank (talud) during most of the year. In turn, it establishes different measurements depending on whether the slope is greater or less than 40%. But it does not indicate what happens when the slope is equal to that percentage. For this, it is valuable to return to the wording provided by article 2 of the current Regulation to the Ley Forestal when it defines "steep terrain" (terreno quebrado).

Subsection c) of article 48 of the bill maintains the current protection of 50 m measured horizontally on the shores of lakes in general and, of artificial lakes and reservoirs built by the State and its institutions, it excludes private artificial lakes and reservoirs. As a novel aspect, it incorporates the protection of 50 m bordering lagoons, estuaries (esteros), and swamps (pantanos), but omits listing the protection areas (áreas de protección) contiguous to mangroves and non-coastal wetlands.

Let us recall that both estuaries (esteros) and mangroves constitute public zone (zona pública) and border the 150 m of restricted zone (zona restringida) (Law 6043, articles 9, 10, 11, and 4 of its Regulation), which merits incorporating both categories. The eventual area subject to development in the restricted zone (zona restringida) would then be circumscribed to 100 m and the remaining 50 m as a protection area (área de protección) of a public domain asset.

These precepts on public domain assets and their areas of influence should be contemplated in a Title other than IV, which concerns private forest property.

Also novel is the addition of classifying as protection areas (áreas de protección) lands whose slope exceeds 70% inclination (article 48, subsection e) of the bill).

The prohibition on cutting in protection areas (áreas de protección) is extended to all types of vegetation, and exceptions are added for cases of qualified necessity (article 49 of the bill). It is important to expressly except from the prohibition those works necessary for the authorized intake of waters, always respecting the environment and its components, including the landscape.

The same numeral refers to the Instituto Geográfico Nacional the demarcation (amojonamiento) of mangroves, unlike all other alignments carried out by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, which further highlights the need for these provisions to be contemplated in a title other than that of private forest property.

Regarding forest fire prevention, the Ministerio de Agricultura y Ganadería is incorporated regarding the processing of permits for burning stubble (quemas de rastrojos) for those lands of agricultural suitability devoid of forest (article 50 of the bill). On these matters, it is worth taking into account the provisions of article 35 of the current Ley Forestal, in relation to article 34 of its Regulation, and resolution No. 6 of February 8, 1999 (La Gaceta No. 56 of March 22, 1999), where the procedure to grant permits for controlled burns on lands of forest suitability was established.

Article 52 of the bill adds that ad honorem inspectors of natural resources "duly identified in the company of police authorities may enter and travel through private rural properties (fundos rústicos privados) to support surveillance, environmental control, as well as the practice of seizures..." Then, without the participation of police authorities, they could not fulfill their duties. Therefore, it is recommended to adapt the precept to the provisions that the Reglamento de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales, COVIRENAS, Decreto 26923 of April 1, 1998 (La Gaceta No. 99 of May 25, 1998), contains on the matter, for the purpose of the provisions of article 37 of the Ley Forestal, and 35 of its Regulation.

Bear in mind that it is not permitted to enter private domiciles without permission, or failing that, without judicial authorization, except when it is necessary "to prevent the commission or impunity of crimes, or to avoid serious harm to persons or property, subject to what the law prescribes" (Constitución Política, article 23).

F) Financing of Forestry Activity

The Forest Fund (Fondo Forestal) provided for in the current Law (article 42), is composed mainly of the forest tax on the processing and importation of timber, and by non-tax revenues such as the sale of plates, guides, and fines.

The implementation of the tax has presented collection and distribution problems. Added to this is the outdated value of roundwood (madera rolliza) that has been used as the basis for calculation and the lack of an adequate methodology to define the tax amount (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Analysis of the Administration of Income of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2007, pp. 19 and 46-47). In view of this, it is necessary to improve coordination between the Ministerio de Hacienda and MINAE in order to verify and control the quantity, types, and different values of the timber entering the country.

Under the Regulation to the Ley Forestal (article 70), the administration of the Fund is through a trust (fideicomiso) with the Sistema Bancario Nacional. The bill proposes that it become a sub-account within the special account in the name of the Administración Forestal del Estado (article 53 of the bill).

The resources of the Fund are reduced to 5% of the amount collected from the timber tax (currently 100%), and the execution of deposits is added as part of the environmental damage remediation plans (planes de reparación del daño ambiental) and guarantee deposits; and, 5% of the funds for the payment of environmental services (pago de servicios ambientales) that FONAFIFO would transfer to the AFE, for the control of illegal logging (articles 38, 54, 61, and 68 of the bill).

The AFE must finance, through the Fund, educational, control, and prevention activities (Ley Forestal, article 38), to which would be added the development of productive activities, such as nurseries and reforestation of protection areas (áreas de protección), and execute environmental damage remediation plans (article 53 of the bill).

G) Forest Tax (Impuesto forestal)

The modification of the forest tax (impuesto forestal) is proposed from 3% on the market transfer value of timber in logs (madera en trozas) determined by the AFE (Ley Forestal, article 42; Decreto Ejecutivo No. 28220 of September 30, 1999, Alcance 87A to La Gaceta 221 of November 15, 1999), to a rate of 8% of the average sale price per m3 of timber in log or squared (madera en troza o escuadra), determined at the sawmill yard, exonerating plantations established with own resources (article 57 of the bill). The tax of 3% of the CIF value for imported timber contemplated in article 53 of the Ley Forestal is maintained.

Article 58 of the bill modifies the taxable event (hecho generador) currently determined from the primary industrialization or importation of timber (Law 7575, article 42; Decreto 25721, article 98; Decreto 28220, article 2), and replaces it with the harvesting (aprovechamiento) of timber in log or squared (en troza o escuadra) included in the authorization or permit. Its assessment corresponds to the Administración Forestal del Estado. Whereby, it would be the permit holder who would pay the tax at the time the permit is issued and the importer at customs (article 59 of the bill), and not as currently provided by Law 6826 of November 8, 1982, on Impuesto General sobre las Ventas. The 3% reduction in the sales tax provided in numeral 42 of the current Ley Forestal is also eliminated.

The annual setting of the tax base (base imponible) is established by resolution of the AFE, based on studies that determine the average sale price by species or groups of timber in log or squared (en troza o escuadrada) placed in the sawmill yard, and in the absence thereof, based on the variation of the consumer price index (article 60 of the bill).

It corresponds to the AFE to annually set the minimum commercialization value of non-industrialized timber in logs (madera en troza) (Ley Forestal, article 44). The bill proposes that this be done based on clearly regulated statistical criteria. And, in the case of imported timber, according to its CIF value that appears in the documents that cover it (article 60 of the bill). Given that this tax is conceived as the main source of financing for the AFE, the determination of its tax base (base imponible) and clarity regarding the collection mechanism deserve special attention.

Article 61 of the bill proposes a variation in the distribution of resources from the forest tax (impuesto forestal), going from 15% to 40% exclusively for the prevention and forest control functions of the AFE. The amount for the Oficina Nacional Forestal is reduced from 10% to 5%. 5% is granted to the Forest Fund (Fondo Forestal) and 5% to the Ministerio de Seguridad, also for forest control. The 10% to the municipalities where harvesting (aprovechamientos) takes place is maintained, but with supervision by FONAFIFO.

The amount allocated to FONAFIFO is reduced from 40% to 35%, and is limited to supporting the payment of environmental services (pago de servicios ambientales) for forest protection and reforestation. Providing for this, the control of those resources by the Contraloría General de la República, and, regarding the selection of beneficiaries and evolution of projects, by MINAE.

Also, the 5% for the Oficina del Contralor Ambiental and the 2% for the oversight of regents (regentes) to the Colegio de Ingenieros Agrónomos are eliminated.

Article 62 of the bill creates a special tax regime, since through special accounts it grants the AFE the tax administration of the forest tax (impuesto forestal) regarding the timber authorized to be harvested (aprovechar) and, to the Dirección General de Aduanas with respect to the importation of taxed forest products in accordance with the Código de Normas y Procedimientos Tributarios. For this, the Ministerio de Hacienda must include each year in the budgets the item corresponding to the estimated amount to be collected, and once approved, it will be transferred quarterly.

H) Fondo Nacional de Financiamiento Forestal

Article 64, paragraph two, maintains the instrumental legal personality (personalidad jurídica instrumental) of FONAFIFO in the terms of article 46 of the Ley Forestal. The bill adds that in the course of its activity it will be subject to the oversight of the Contraloría General de la República. Note that article 49 of the Ley Forestal classifies that control only as subsequent (posterior).

Article 65 of the bill eliminates the guarantees (avales) for financial transactions that complement the resources necessary to execute FONAFIFO programs. A possibility provided for in the last paragraph of current article 47 of the Ley Forestal.

The composition of the Board of Directors (Junta Directiva) is modified. A representative of higher education entities designated by the Consejo Nacional de Rectores is added (article 67, subsection c) of the bill).

Proposed article 68 grants to the Conservation Areas (Áreas de Conservación) a 5% that will be deducted from the different modalities of payment of environmental services (pago de servicios ambientales) and will be distributed according to the proportion of the area of the projects executed in them, to allocate it to the control of illegal logging. It is convenient to justify the source of the income and its percentage. Furthermore, it is advisable to allocate resources to address and counteract fires that affect protected wild areas (áreas silvestres protegidas), events of greater incidence in the Guanacaste zone.

Numeral 70 of the current Law prohibits the Board of Directors (Junta Directiva) from reducing the patrimony of FONAFIFO by any act, classifying acts that disregard the prohibition as absolutely null (nulidad absoluta). This could explain the elimination of the guarantees (avales) in proposed article 65.

It is recommended that the above prohibition not only cover the Board of Directors (Junta Directiva), but all personnel of the Fund, an aspect that can be achieved by eliminating the specific reference to the Board.

I) Forest Industry

To the objective of optimizing the use of the timber industry, the goal of improving the socioeconomic levels of the communities is added (article 71 of the bill). Furthermore, it is specified that the integrated development of the forest industry includes the rationalization, reorganization, and relocation of the activity by the Administración Forestal del Estado (proposed article 72). This could translate into favorable actions for the environment, such as improving transportation and waste management during sawmilling, and increasing the sustainable yield of the activity.

For this purpose, an incentive of preferential credits from FONAFIFO is offered to industries that reorganize or increase their yield according to technical and economic feasibility studies (article 74 of the bill).

In that vein, a registry of all forest industries is created in the respective Conservation Areas (Áreas de Conservación) as a requirement for granting operating permits for new industries (articles 73 and 75 of the bill). In addition, it is provided that portable sawmills will be subject to regulatory control (article 76 of the bill), given the increase in processing of the forest resource through them. Also novel is the obligation of industrialists to supply monthly reports that the Administración Forestal del Estado requires in compliance with the purposes of this Law (article 78 of the bill).

Articles 77 and 80 of the bill reiterate the obligation of those who acquire or possess timber for their industrial process, to demonstrate the legality of the timber under their possession, thus taking up the precept contained in article 55 of the current Law.

J) Control of Forestry Activity, Infractions, and Sanctions

The period provided in numeral 54 of the current Law is reduced from 3 days to 24 hours to bring to the attention of the competent judicial authority the actions taken by officials of the Administración Forestal del Estado in their capacity as police authorities and in matters of seizures (decomisos) (article 79 of the bill).

To the prohibition on mobilizing timber in logs (trozas), squared (escuadrada) or sawn timber (madera aserrada), if they do not have the respective documentation, any piece of roundwood (madera rolliza) from non-planted trees is included (articles 42, 43, and 81 of the bill). In this regard, it is advisable to keep in mind what was commented on in pronouncements OJ-005-2003 and OJ-010-2003.

The accessory disqualification (inhabilitación) from their positions of authorities and forest regents (regentes forestales) for the crimes contemplated in the Law is fixed for a period from 6 months to 3 years, further reducing the minimum of 12 months fixed in numeral 64 of the current Law, although it positively extends the maximum, as well as the circumstances in which it is applicable (article 84 of the bill).

Article 86 of the bill states: "Timber industrialists who fail to comply with the provisions of this Law shall be sanctioned with a prison sentence of four to six years and with the seizure of their timber and instruments used in its transformation." This norm is not contained in the current Law. However, the drafting of the crime presents deficiencies that could render it inoperative and of limited validity, as it is classified as a blank criminal law (norma penal en blanco), and therefore disregards the basic and determined structure between active subject and active verb, not even allowing its integration in relation to other norms.

The same objection applies to article 85 of the bill for the sanctioning of officials. In this regard, it is worth considering the ruling of the Sala Constitucional No. 5755 of 14:57 of October 4, 1994, where it noted:

"II.- The main argument of the petitioner is that the cited article 64 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, which would eventually be applicable to him in the event of a conviction against him, is unconstitutional because it is a blank criminal law (norma penal en blanco), in which the specific conduct that is sanctioned is not specified. This article states:

'Whoever violates any of the prohibitions or restrictive provisions established in this law or its regulation and it does not involve the cases referred to in preceding articles 61, 62, and 63, nor a more serious crime, shall be punished with imprisonment from six months to two years, or with fifteen to one hundred days fine.'

On the subject of the principle of penal legality, the Court said, in ruling number 1877-90 (…) :

'For a conduct to constitute a crime, it is not sufficient that it is unlawful -contrary to law-, it is necessary that it be typified, that is, that it be fully described in a norm, this is due to unsuppressible demands of legal certainty, since repressive matters being the greatest intervention in important legal rights of citizens, to guarantee them against the State, it is necessary that they can have full knowledge of what actions they must refrain from committing, under penalty of incurring criminal liability, for this the requirement of prior law, but this requirement is not sufficient without the typicality, ...'

That same ruling adds, referring to article 105 of Ley de Tránsito number 5930:

'The typicality requires, as stated, that criminal conducts be coined in types, these in turn have a basic structure, with an active subject and an active verb, a structure that can be achieved with the relationship of one or several articles of law or regulation, but it is necessary that it be present for a type to exist. The use of generic terms such as "Infractions of the provisions of this law ...", when typifying a conduct as constitutive of a crime, is, due to its vagueness, contrary to the provisions of article 39 of the Constitution and must be so declared.'

III.- In the case of the questioned article 64, a similar situation occurs, when it establishes 'Whoever violates any of the prohibitions or restrictive provisions established in this law or its regulation', because due to the broad and generic nature of the provision, it is not possible to determine with certainty which are the conducts that the legislator intends to sanction, thereby violating the right of defense of the accused."

The current period of 1 month for the public auction of seized (decomisados) forest products is extended to 2 months from the complaint. Subsequently, if not awarded, a period of one month is granted for any person to deposit the amount set in the appraisal and utilize the timber or forest product. It is also provided that if the infraction is committed in an indigenous reserve (reserva indígena) (territory or indigenous community), the proceeds of the auction be donated to the respective Association for the execution of local community projects. As for the seized (decomisados) equipment and machinery, they will be placed at the order of the competent judicial authority (article 87 of the bill).

Under article 88 of the bill, if the non-extendable period of 3 months from the filing of the complaint has elapsed, the seized (decomisados) goods and products have not been awarded, the judge must deliver them ex officio to the Administración Forestal del Estado, which must resolve their destination within the following month under the terms of article 7, subsection t) of the bill. The procedure for the delivery will be established by regulation.

The negligent forest fire (incendio forestal culposo) increases the minimum penalty from 3 months to 6, the maximum is maintained at 2 years (article 91 of the bill).

An increase in minimum penalties and some new crimes are observed, such as the penalty of 6 months to 2 years for whoever permits or facilitates illegal cutting on their property, possession, or care (article 92 of the bill), the clearing of forest (socola del bosque) and the transport of timber in log (troza), squared (escuadrada), or sawn form, without complying with the requirements established in this Law (article 93 of the bill). But, let us remember that the Law itself does not establish them, as it left them to regulatory prohibition (article 81 of the bill). This may equally lead to constitutional objections according to the cited precedents.

K) Administrative Sanctions
Title IX of the bill refers to administrative sanctions, precepts that are mostly already contained in the Ley Orgánica del Ambiente, articles 98 to 112, and the Ley de Biodiversidad, articles 105 to 113, and must be observed so as not to issue repetitive legislation or worsen the already adopted one. However, we make the following observations.

The bill in its numeral 96 maintains the similar prohibition already provided in article 64, second paragraph of the current Ley Forestal, which states: "While the respective criminal case is being processed, the Administración Forestal del Estado is prohibited from issuing permits for the harvesting (aprovechamiento) of the forest resource on the property where the illegal act was committed."

It is recommended to add to the precept in the sense that the execution of those harvesting operations (aprovechamientos) or management plans in which the administered party disrespected the terms, limits, or conditions of their granting should also be suspended, a situation that in any case can be addressed by the Judge or the Administration through precautionary measures (Ley Orgánica del Ambiente, article 99). These measures are consistent with the principles of prevention, in dubio pro natura, and reversal of the burden of proof that govern in environmental matters (Ley de Biodiversidad, articles 11, subsections 1 and 2), and 109).

It is convenient to clarify that the execution of the guarantee bond (aval de garantía) (articles 3, subsection 6), 35, 37, 38, and 97 of the bill) in the event of non-compliance with the provisions of the cutting and forest harvesting (aprovechamiento forestal) authorization, is not an exemption from the integral reparation of the damage. On the subject, see what was resolved by the Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, in ruling No. 21 of 10:40 of January 31, 2006.

Article 98 of the bill reserves the observance of the ecosystemic principle (principio ecosistémico) for the reparation of damage to those cases in which it is not possible to replace or repair the affected ecosystem, which is contradictory, because all reparation must attend to its fulfillment, especially when the bill itself enshrines it as one of its guiding principles (articles 3, subsection 29) and 27 of the bill).

Article 100 of the bill refers to the environmental damage remediation plan (plan reparador del daño ambiental). It is worth adding that it corresponds to the Administration to adopt it.

Finally, as the new bill constitutes a reform to the current Ley Forestal, which has already produced effects with respect to the provisions it reformed in due course, it is not understood what purpose is pursued with the provision in proposed article 105, relating again to the modification of article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which even maintains the same wording designed at the time by the current Ley Forestal. The same should be noted regarding numeral 107 on the point of the derogation of several laws already agreed upon previously.

IV.- CONCLUSION

We respectfully request the Members of the Comisión Permanente Especial del Ambiente to take the above considerations into account in order to amend the proposed articles.

Cordially,

Lic. Mauricio Castro Lizano                        Licda. Silvia Quesada Casares
Procurador                                              Agrarian and Environmental Area (Área Agraria y Ambiental)

MCL/SQC/fmc

([1]) "Native or autochthonous ecosystem (ecosistema nativo o autóctono), intervened or not, regenerated by natural succession or other forest techniques, that occupies an area of two or more hectares, characterized by the presence of mature trees of different ages, species, and varied size, with one or more canopies that cover more than seventy percent (70%) of that area and where there are more than sixty trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter measured at breast height (DBH)." (article 3, subsection d).