OJ-078-2008 — Geothermal energy production in national parks — bill incompatible with environmental legal frameworkProducción de energía geotérmica en parques nacionales — proyecto de ley incompatible con el ordenamiento ambiental

Opinión Jurídica : 078 - J   del 09/09/2008   



OJ-078-2008




9 de setiembre del 2008




 




 




 




Señora




Hannia Durán




Jefa de Área




Comisión Permanente Especial de Ambiente




Asamblea Legislativa




 




 




Estimada señora:




 



 Con aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero al proyecto de Ley
denominado “Ley reguladora de la producción de energía geotérmica en los parques nacionales”
publicado en La Gaceta No. 129 del 5 de julio del 2006, tramitado bajo el expediente legislativo No.
16137.




 




 




I.- Objetivos o fines de los parques nacionales




 



             El 24 de octubre de 1940 el gobierno de Costa Rica firmó la Convención para la
protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América, que fue
aprobada mediante Ley No. 3763 de 19 de octubre de 1966 y ratificada en 1967,[1] en la cual las
partes se comprometieron a estudiar la posibilidad de crear parques nacionales, definidos en ese
instrumento, como:   “Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas
escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda
disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial.”  (artículo 1.1.).




 



             La Ley No. 1917 de 30 de julio de  1955, Orgánica del Instituto Costarricense de
Turismo, aún vigente, declaró parque nacional “las zonas comprendidas en un radio de dos kilómetros
alrededor de todos los cráteres de los volcanes del país.”[2]  Con el principal objetivo de
aprovechar y preservar esas áreas para la atracción del turismo, como puede leerse en la exposición
de motivos del proyecto presentado ante la Asamblea Legislativa por el entonces Ministro de
Relaciones Exteriores, pero también con la finalidad de “conservarle a las futuras generaciones, a
modo de santuarios invulnerables, aquellos sitios de importancia histórica o científica, o lugares
de extraordinaria belleza natural que se deslindarán para preservar en ellos, intactas, la flora y
la fauna autóctonas, evitando su destrucción.”[3] Para lo cual se previó el sometimiento de los
visitantes a regulaciones para la conservación del paisaje y la flora y fauna autóctonas “procurando
en todo caso conservar el ambiente y paisaje primitivo del lugar.”[4] 




 



             Desde las primeras normas creadoras de parques nacionales, se mencionaron como sus
fines la conservación de espacios como “santuarios” o refugios para la vida silvestre, el
aprovechamiento de las bellezas naturales para la atracción del turismo y la puesta en conocimiento
de sitios de importancia científica, enfatizando en la atracción turística.[5]




 



 La Ley Forestal No. 4465, en su texto original de 1969, bajo cuya vigencia se declararon la mitad
de nuestros parques nacionales[6], los concebía como “regiones o áreas de significación histórica,
que por sus bellezas escénicas naturales, o que por la fauna y la flora de importancia nacional o
internacional que en ellas se encuentren, con linderos señalados en Decreto Ejecutivo, sean
destinadas para la recreación y educación del público, para el turismo o para las investigaciones
científicas.” (Artículo 74).




 



 En esa misma línea, en la exposición de motivos del proyecto de la Ley de creación del Servicio de
Parques Nacionales,[7] se indica que los parques nacionales “constituyen una forma de uso de los
recursos naturales mediante la cual éstos no se consumen, sino que se conservan para suministrar
beneficios públicos en forma permanente. Tales beneficios se refieren a aspectos recreativos,
científicos, sociales, culturales y económicos y se basan en la conservación global del patrimonio
natural e histórico del país.”  Mencionando como algunos de los más importantes:  la recreación y
turismo, la conservación de la naturaleza, la investigación científica, la educación pública, la
conservación de áreas históricas y arqueológicas y la protección de cuencas hidrográficas, en ese
orden.




 



 El texto de la Ley No. 4465, según reformas hechas por las Leyes 7032 y 7174, definió como fines de
esta categoría de manejo:  “la protección y conservación de las bellezas naturales y de la flora y
fauna de importancia nacional, a fin de que al estar bajo vigilancia oficial, el público pueda
disfrutarlas mejor.” (Artículo 35).




 



 La corriente de pensamiento que inspira estas iniciativas puede resumirse en tres principios
interconectados entre sí:  la protección de un área de extraordinario valor por sus bellezas
naturales, la salvaguarda de esas bellezas en beneficio de las presentes y futuras generaciones, y
la intangibilidad.[8]   En palabras de MARTÍN MATEO, están ligadas con la excepcionalidad, la
belleza de la naturaleza no modificada por el hombre “y el propósito de su transmisión intacta a
generaciones sucesivas”.[9]




 



 La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) en su documento “Directrices para las categorías de
manejo de áreas protegidas”, clasificando en función del principal objetivo de manejo o gestión,
establece las categorías de:  I. Protección integral (Reserva Natural Estricta y Área Natural
Silvestre); II. Conservación de ecosistemas y turismo (Parque Nacional); III. Conservación de las
características naturales (Monumento Nacional); IV. Conservación a través del manejo activo (Área de
Manejo de Hábitat/Especies); V. Conservación de paisajes terrestres y marinos, y recreo (Paisajes
Terrestres y Marinos Protegidos) y VI. Utilización sostenible de los ecosistemas naturales (Área
Protegida con Recursos Manejados).




 



 Las cuales representan diversos grados de intervención humana:  las categorías I a III, tienen que
ver principalmente con la protección de áreas naturales en las cuales la intervención humana directa
y la modificación del ambiente han sido limitadas, mientras que las categorías restantes incluyen
las áreas en las cuales aquella intervención y modificación son mucho más apreciables.[10]




 



             La UICN enuncia la categoría parque nacional como: “área protegida manejada
principalmente para la conservación de ecosistemas y con fines de recreación”, definiéndola como:



             “Área terrestre y/o marina natural, designada para a) proteger la integridad ecológica
de uno o más ecosistemas para las generaciones actuales y futuras, b) excluir los tipos de
explotación u ocupación que sean hostiles al propósito con el cual fue designada el área, y c)
proporcionar un marco para actividades espirituales, científicas, educativas, recreativas y
turísticas, actividades que deben ser compatibles desde el punto de vista ecológico y cultural.”[11]




 



 KENTON MILLER los concibe como “áreas que encierran características naturales espectaculares o
únicas de interés nacional o internacional” explicando que incluyen ejemplos representativos de las
principales regiones biogeográficas del país, “que pueden manejarse en su estado natural o casi
natural”, tienen potencial para el desarrollo de actividades recreativas y educativas, y
“representan un gran compromiso para la protección de los recursos genéticos.”[12]




 



             Para este autor, el objetivo principal del manejo de parques nacionales es la
protección y conservación de áreas naturales y culturales únicas y representativas, así como de todo
lo relacionado con los recursos genéticos y el paisaje, creando oportunidades para educación
ambiental,  recreación, investigación y monitoreo del medio ambiente.[13] 




 



 Diferencia  entre objetivos primarios y asociados. Entre los primeros distingue aquellos que
dominan el manejo en toda el área del parque ¾enunciando como tales el mantenimiento de:  muestras
representativas de las principales unidades bióticas como ecosistemas en funcionamiento; la
diversidad biológica; la regulación ambiental; los recursos genéticos; los objetos, estructuras y
sitios del patrimonio cultural; y las bellezas escénicas¾  y los restringidos a ciertos sectores,
con el fin de evitar conflictos de manejo, tales como la provisión de medios y servicios para
educación, investigación, monitoreo del medio, recreación y turismo.




           



             Y como objetivos asociados, que actúan como normas que controlan todas las actividades
de manejo y desarrollo en el parque, menciona:  el mantenimiento de la producción de las cuencas
hidrográficas, el control de la erosión y los sedimentos (para la protección de las inversiones río
abajo, como pesca, instalaciones portuarias, puentes, etc.).[14]




 



 El Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto No. 34433-MINAE del 11 de marzo del 2008, define
los parques nacionales en términos similares a los expuestos, incluyendo el objetivo más moderno de
conservación de la biodiversidad:




 



 “Artículo 70.—Categorías de manejo de ASP. Para efectos de la clasificación de las distintas
categorías de manejo de áreas silvestres protegidas se establecen los siguientes criterios técnicos
para cada una de ellas: (…)




 



 c)  Parques Nacionales: Áreas geográficas, terrestres, marinas, marino-costeras, de agua dulce o
una combinación de éstas, de importancia nacional, establecidas para la protección y la conservación
de las bellezas naturales y la biodiversidad, así como para el disfrute por parte del público. Estas
áreas presentan uno o varios ecosistemas en que las especies, hábitat y los sitios geomorfológicos
son de especial interés científico, cultural, educativo y recreativo o contienen un paisaje natural
de gran belleza. (…)” 




 



             El Convenio para la conservación de la biodiversidad y protección de áreas silvestres
prioritarias en América Central (aprobado por Ley No. 7433 de 14 de setiembre de 1994) destaca la
finalidad prioritaria de conservación, es decir, la protección, promoción y mantenimiento de
hábitats y especies[15] o de la biodiversidad,[16]  que recae sobre los parques nacionales,
considerándolos “instrumentos para garantizar la conservación de muestras representativas de los
principales ecosistemas del istmo” (artículo 17).




 




            II.- OBJETO DEL PROYECTO



 En concordancia con lo expuesto en el acápite anterior, la Convención para la protección de la
flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América (aprobada mediante Ley No. 3763
de 19 de octubre de 1966), dispone:




 



 “Los Gobiernos contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán
alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa
competente.  Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales.” (artículo 3°,
el destacado no pertenece al original).




           



 Esta norma tiene rango superior a la Ley, al tenor del artículo 7 de la Constitución Política y el
proyecto consultado se enmarca en el supuesto allí proscrito, haciendo referencia a la explotación
con fines comerciales en varias de sus normas:




 



 “Estudios de factibilidad técnico-económica: Estudios que sumarizan los resultados de la
perforación profunda de no menos de cinco pozos profundos, con los cuales se busca demostrar la
existencia de un yacimiento geotérmico comercialmente explotable (…).” (Artículo 4).




 



             “Utilización del recurso:  Período durante el cual la energía geotérmica puede ser
explotada comercialmente.” (Artículo 4).




 



             “Durante los estudios de factibilidad, se deberán realizar las perforaciones de pozos
profundos para demostrar la existencia de un yacimiento comercialmente explotable. (…)” (Artículo
16).




 



 Si bien es cierto el suministro de energía eléctrica se califica como servicio público (artículo 5,
inciso a) de la Ley No. 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), los “fines
comerciales”, en los términos de la Convención, no están ausentes, pues el principio que determina
la fijación de las tarifas, tasas o precios contempla una “retribución competitiva” al prestatario
de ese servicio (artículo 3, inciso b), ibídem) y se atribuye a la ARESEP la fiscalización de “los
ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida”  (artículo 6, inciso a).



 




            III.- SUSTRACCIÓN A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL




 



 Además de lo anterior, el proyecto es contrario a los artículos 50 y 89 constitucionales; numeral
11 del Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales; artículo 14 del Convenio sobre la diversidad biológica; los
principios constitucionales que integran la materia ambiental; y el principio de razonabilidad como
parámetro de constitucionalidad; al sustraer de estudio de impacto ambiental y su aprobación por
parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) la etapa previa a la de utilización del
recurso:




 



 El artículo 14 dispone que el ICE se limitará a “comunicar” a la SETENA el inicio de estudios de
reconocimiento, prefactibilidad y factibilidad técnico-económica para algún desarrollo geotérmico en
un parque nacional.




 



 Los artículos 15 y 19 supeditan a la aprobación del estudio de impacto ambiental únicamente la
utilización de la energía geotérmica.




 



 El artículo 17 indica que los estudios de impacto ambiental se podrán iniciar “durante cualquier
etapa de los estudios, de prefactibilidad y de factibilidad” y que su conclusión y aprobación por la
SETENA deben ser “previos al inicio de la etapa de utilización del recurso”.




 



 Mientras que, por ejemplo, los estudios de factibilidad técnico-económica cuyo impacto negativo se
excluye de ponderación y estudio, implican perforación de 5 a 10 pozos “profundos” “de gran
diámetro” en “una misma zona” sin que se defina en el proyecto la extensión de esa “zona” (artículos
4 y 16) y conllevan plataformas de perforación, caminos de acceso y tuberías cementadas en los pozos
perforados (art. 20).




 



 El derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional)
se consagra también en el numeral 11 del Protocolo adicional a la Convención americana sobre
derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (“Protocolo de San
Salvador”), suscrito en 1988 y aprobado mediante Ley No. 7907 de 3 de setiembre de 1999:




 




" Derecho a un Medio Ambiente Sano



 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos
básicos.




2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente."



 El deber estatal de proteger y preservar la integridad del ambiente comprende la riqueza forestal
(Sala Constitucional, votos números 2233 y 6836, ambos de 1993) y el paisaje o belleza escénica,
tutelada en el numeral 89 de nuestra Carta Magna, y objetivo primordial de la declaración de parques
nacionales desde sus orígenes:



 “La belleza escénica de un sitio natural está protegida por el derecho de la Constitución como
parte del derecho fundamental a un ambiente sano, reconocido tanto por los artículos 50 y 89 de la
Constitución Política (...)  La protección de las bellezas escénicas es un valor dogmático de
nuestra Constitución, cualquiera que sea el fundamento que se le quiera dar a esa protección, ya sea
por el valor turístico que tiene el sitio y consecuentemente por el potencial económico de esta
industria; ya fuera por su mero valor estético o por la simple  necesidad de tener lugares donde las
personas podamos disfrutar de un paisaje bello y natural sin que la irrupción abrupta de un elemento
que desentona fuertemente con el medio y nos distraiga de nuestro descanso; o de todas ellas juntas,
este Tribunal debe otorgar la protección.”  (Voto No. 6324 de 8 horas 30 minutos del 4 de julio del
2003).




 



 La lesión a estos derechos puede ser consecuencia de acciones u omisiones estatales, como ocurriría
en el caso que nos ocupa:




 



  “Pero el derecho fundamental al ambiente es también un derecho a acciones positivas del Estado
(...) un derecho a las prestaciones normativas del Estado (...) el artículo 50 de la Constitución
Política ordena al Estado que garantice el derecho a un ambiente sano. Tal obligación implica que el
Estado debe tomar todas las medidas técnicas posibles para asegurarse de que la actividad que
aprueba no causará daños al ambiente.” (Votos números 13294 de 12 horas 5 minutos y 13295 de 12
horas 6 minutos, ambos del 21 de diciembre del 2001).



 “Las omisiones al deber de protección del medio ambiente y de cumplimiento de la normativa
ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la
Administración en esta materia, se puede producir un daño al medio ambiente y a los recursos
naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de
la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la
aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental (…)”
(Voto No. 6322 de 14 horas 14 minutos del 3 de julio del 2003, el subrayado no pertenece al
original).



 “La infracción la Constitución puede serlo tanto por acción como por omisión (art. 73 de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional) y, en el presente caso, la inconstitucionalidad radica en la omisión
de incluir el requisito del estudio de impacto ambiental.” (Voto No. 10421 de 16 horas 38 minutos
del 17 de setiembre del 2003).



 “III.- Obligación de las instituciones del Estado de cumplir con la legislación ambiental en su
actividad ordinaria:



 El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe
garantizar, defender y preservar el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer
cumplir –a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante
todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las
instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental,
sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como,
a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las
actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el
ambiente.”  (Voto No. 6503 de 9 horas 26 minutos del 6 de julio del 2001).



 Debido a que los daños al entorno suelen tener secuelas graves, acumulativas, y generalmente
irreversibles, adquiere trascendental relevancia su evitación, teniendo el Derecho Ambiental un
énfasis preventivo[17]:




 



 “El acelerado deterioro del medio en las últimas décadas, los costos enormes de las medidas
correctivas, no siempre efectivas, y los plazos necesarios, por ejemplo, para la recuperación de una
cuenca o de un bosque natural talado, o de un manto de agua subterráneo contaminado, son signos
inequívocos del abuso de los recursos naturales y del impacto negativo de la especie humana sobre un
mundo limitado.” (Voto No. 3705 de 15 horas del 30 de julio de 1993).




 



 “(...) en esta materia los daños son muchas veces irreparables, por lo que la fiscalización
preventiva de la administración y la celeridad de las medidas que adopte incide directamente en la
magnitud de la lesión al medio ambiente.” (Voto No. 1645 de 11 horas 4 minutos del 15 de febrero del
2002).




 



 Uno de los instrumentos de materialización de este énfasis preventivo es la institución de control
denominada “Evaluación del Impacto Ambiental”, procedimiento participativo con un enfoque
interdisciplinario para el examen y ponderación anticipados de las consecuencias ambientales de una
acción proyectada, incluyendo también a veces consideraciones de otro orden (sociales y económicas)
y sus interacciones:[18]




 



 “En línea con la estrategia más fiable para la protección ambiental, se trata de identificar los
elementos de riesgo para eliminarlos, paliar su incidencia, o en su caso, aconsejar el desestimiento
de la acción.” [19]




 



 En el plano internacional aparece enunciada en el Principio 17 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada en el marco de la Conferencia de Río sobre medio ambiente y
desarrollo de 1992:  “Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir
un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una
autoridad nacional competente".




 



 En el Convenio sobre la diversidad biológica, suscrito también como resultado de la Conferencia de
Río sobre medio ambiente y desarrollo y aprobado mediante Ley No. 7416 de 30 de junio de 1994, se
acordó:




 




“ARTICULO 14. Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso




1.- Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:



 a)      Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto
ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la
diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda,
permitirá la participación del público en esos procedimientos.(...)”




 



 En la evaluación previa del impacto ambiental de las actividades, obras o proyectos, se materializa
el carácter esencialmente preventivo que deben revestir las acciones para la protección del
ambiente, siendo entonces un instrumento para la defensa directa del derecho fundamental a un
ambiente sano:




 



 “Precisamente uno de los mecanismos a través de los cuales el Estado procura asegurar el respeto al
medio ambiente por parte de las actividades humanas de diversos tipos, es el requisito del Estudio
de Impacto Ambiental, evaluación de la viabilidad ambiental de la obra, y de los mecanismos para su
uso racional y sostenible.” (Votos números 6938 de 16 horas 23 minutos del 8 de agosto del 2000,
3840 de 10 horas 37 minutos del 11 de mayo del 2001 y 9229 de las horas 52 minutos del 20 de
setiembre del 2002).




 



 “La protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar
las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación. Dentro de las principales
medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran los Estudios de Impacto
Ambiental (...)” (Votos números 9193 de 16 horas 28 minutos del 17 de octubre del 2000 y 6322 de 14
horas 14 minutos del 3 de julio del 2003).



 “d-El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. (…) al ser los daños y
contaminación del medio evaluables, el impacto de estos elementos requiere de un análisis y
tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una valoración del impacto en el ambiente que
según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental,
consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir
cuáles efectos ejercerá sobre el medio, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y
ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. (…) Es así como la protección del derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter
preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el
legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el
Estudio de Impacto Ambiental (…).” (Voto No. 9927 de 11 horas 1 minuto del 3 de setiembre del 2004).



 Ha sido criterio reiterado de la Sala Constitucional, que aquellas disposiciones que eximan o
reduzcan las exigencias de evaluación de impacto ambiental de determinadas actividades, devienen
inconstitucionales por vaciar de contenido el derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado:




 



 “No es constitucionalmente posible realizar excepciones del estudio de impacto ambiental con
fundamento en criterios o condicionamientos generales establecidos en leyes y reglamentos, lo que
vaciaría de contenido el artículo 50 Constitucional (v. sentencia #2002-01220 de las 14.48 horas del
6 de febrero del 2002); (…)



 En virtud del principio precautorio, establecido en las normas internacionales vinculantes con
rango supra legal, a fin de brindar debida tutela al derecho al ambiente sano y equilibrado, se
impone la obligación del estudio de impacto ambiental.”  (Voto No. 10421 de 16 horas 38 minutos del
17 de setiembre del 2003).




 




 



 Máxime cuando las normas carecen de justificación técnica para la exclusión, contraviniendo el
principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el principio de la objetivación de
la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica:




 



 “El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que
las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios
técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente.”
 (Voto No. 7294 de 16 horas 15 minutos del 13 de octubre de 1998).




 



 “que una determinada actividad o proyecto no requiera los estudios de impacto ambiental (…) supone
que tal definición esté debidamente motivada y justificada. Recuérdese que en el caso de exceptuar
un control de rango superior (constitucional), la razonabilidad y la proporcionalidad de la
circunstancia excepcional, serán revisable por el juez, sea en la vía legal ordinaria o del control
de constitucionalidad. Pero al régimen general concebido por el Constituyente derivado, es
inadmisible una excepción generalizada que no tiene otra motivación o fundamentación, que la
existencia misma de la norma que así lo declara. (…) no se ha esgrimido ante este Tribunal una sola
justificación técnica para excluir «preventivamente» y de «manera genérica» de los estudios técnicos
a ciertos proyectos urbanísticos, con lo que adicionalmente estamos en presencia de una
irrazonabilidad evidente y manifiesta que esta Sala debe declarar.” (Voto No. 1220 de 14 horas 48
minutos del 6 de febrero del 2002).



  “De la objetivación de la tutela ambiental : (…) se traduce en la necesidad de acreditar con
estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las
disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias– , de donde se deriva la
exigencia de la « vinculación a la ciencia y a la técnica»”  (resolución No. 17126 de 15 horas 5
minutos del 28 de noviembre del 2006, en similar sentido los votos 14293-2005 y 11562-2006).




 




Atentamente,




 




 




M. Sc. Susana Fallas Cubero




Procuradora Adjunta.




 




 




SFC/fmc




 




 




 





 [1] Miller, Kenton. Planificación de Parques Nacionales para el Ecodesarrollo en Latinoamérica.
Editorial Universidad Estatal a Distancia, UNED, San José, 1990, pp. 38 y 118.  Este autor la
denomina: “Convención sobre la protección de la naturaleza y la conservación de la fauna y la flora
en el Hemisferio Occidental”, sin embargo, de la comparación del texto aprobado por la Ley No. 3763
y el incluido en el libro de este autor, en páginas 113 a 118, salta a la vista que se trata de
diferencias en la traducción. OBANDO ACUÑA, por su parte, la denomina “Convención de Washington
sobre la protección de la flora, fauna y belleza panorámica” en Obando Acuña, Vilma. Biodiversidad
en Costa Rica: estado del conocimiento y gestión, Instituto Nacional de Biodiversidad, INBio, 2002,
p. 46.



 [2] La mayor parte de estas áreas fueron posteriormente incluidas en una declaratoria oficial
concreta de parque nacional, tales como: el Parque Nacional Volcán Poás, en Decreto No. 1237-A del 7
de setiembre de 1970; el Parque Nacional Arenal, en Decreto No. 20791-MIRENEM del 30 de septiembre
de 1991; el Parque Nacional Volcán Tenorio, en Decreto No. 5836-A del 25 de febrero de 1976 y sus
modificaciones; y el Parque Nacional Rincón de la Vieja, en Ley No. 5398 de 22 de abril de 1974.
Mientras que otras como los Parques Nacionales Volcán Turrialba y Volcán Irazú permanecieron
únicamente bajo la afectación hecha por la Ley No. 1917.




[3] Expediente Legislativo núm. 944, 10 de febrero de 1955, p. 6.



 [4] Artículo 6, en relación con los incisos e) y f) del numeral 5 de la Ley No. 1917. En la
exposición de motivos del proyecto de ley, también se enuncia la necesidad de mejorar las
facilidades y servicios que se brinden a los visitantes en sitios de atracción como los volcanes.
(Expediente Legislativo núm. 944, 10 de febrero de 1955, p. 5).



 [5] Véase artículo 6 en relación con el inciso e) del artículo 5 de la Ley No. 1917, Orgánica del
Instituto Costarricense de Turismo y exposición de motivos del proyecto de ley, Expediente
Legislativo núm. 944, 10 de febrero de 1955, pp. 6 y 7.



 [6]  Actualmente hay 27 parques nacionales. (El sistema de áreas silvestres protegidas,   La Nación
(periódico), viernes 5 de setiembre del 2008, Foro, p. 34 A).




[7] Publicada en el alcance 50 del Periódico Oficial La Gaceta 111, del 10 de junio de 1972.



 [8] Véase Ortiz García, Mercedes. La conservación de la biodiversidad marina: las áreas marinas
protegidas, COMARES, Granada, 2002, p. 62.




[9] Martín Mateo, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental, vol. III, Trivium, Madrid, 1997, p. 310.



 [10] UICN. Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas, Centro de Parques
Nacionales y Áreas Protegidas (CPNAP) - Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (WCMC), UICN,
Cambridge, 1994, p.185.




[11] UICN. Op. cit., pp. 186 y 197.




[12] Miller, Kenton.  Op. cit., p. 22.




[13] Miller, Kenton.  Op. cit., p. 23.



 [14] Ibídem.  pp. 43, 102 y 103. El autor pone el ejemplo de la primera propuesta formal para el
Parque Nacional Cahuita, que recomendaba la inclusión de una cuenca alta en el área protegida, para
aminorar los riesgos de sedimentación en los arrecifes, con el consiguiente descenso de la claridad
del agua y la reducción de luz solar que recibirían los corales, consideraciones importantes no sólo
desde el punto de vista turístico, sino por el significado biológico de los arrecifes de coral, en
la producción pesquera y para la alimentación de los habitantes costeros.




[15] Ortiz García, Mercedes. Op. cit., p.135. Martín Mateo, Ramón. Op.cit., p. 318. 



 [16] La conservación de la diversidad biológica se plantea en tres niveles: ecosistemas, especies y
genética. (Barzetti, Valerie. Parques y Progreso. Áreas protegidas y desarrollo económico en América
Latina y el Caribe, UICN-BID, Washington D.C., 1993, p. 85. Traducido del inglés por Rovinski,
Leonor y Rovinski, Yanina).



 [17] Milano Sánchez, Aldo. El Principio precautorio fuente del derecho constitucional ambiental,
Editorial Jurídica Continental, San José, 2005, p. 32.



 [18] Ver Martín Mateo, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental, vol. I, Editorial Trivium, Madrid,
1991, pp. 93, 303 y siguientes.



 [19] Martín Mateo, Ramón.  Manual de Derecho Ambiental,  Editorial Aranzadi, S.A, Navarra, 2003, p.
92.

SJC-078-2008

September 9, 2008

Mrs.
Hannia Durán
Area Chief
Special Permanent Environmental Commission
Legislative Assembly

Dear Mrs. Durán:

With the approval of the Deputy Attorney General of the Republic, I refer to the bill entitled “Ley reguladora de la producción de energía geotérmica en los parques nacionales” published in La Gaceta No. 129 of July 5, 2006, processed under legislative file No. 16137.

I.- Objectives or Purposes of National Parks

On October 24, 1940, the government of Costa Rica signed the Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the American Countries, which was approved by Law No. 3763 of October 19, 1966, and ratified in 1967,[1] in which the parties undertook to study the possibility of creating national parks, defined in that instrument as: “Regions established for the protection and conservation of natural scenic beauties and flora and fauna of national importance, which the public may better enjoy when placed under official supervision.” (Article 1.1.).

Law No. 1917 of July 30, 1955, the Organic Law of the Costa Rican Tourism Institute (ICT), still in force, declared national parks “the areas within a radius of two kilometers around all the craters of the country's volcanoes.”[2] With the main objective of utilizing and preserving those areas for tourism attraction, as can be read in the statement of legislative intent (exposición de motivos) of the bill submitted to the Legislative Assembly by the then Minister of Foreign Affairs, but also with the purpose of “conserving for future generations, as invulnerable sanctuaries, those sites of historical or scientific importance, or places of extraordinary natural beauty that will be demarcated to preserve, intact, the native flora and fauna, avoiding their destruction.”[3] For this purpose, subjecting visitors to regulations for the conservation of the landscape and native flora and fauna was foreseen, “striving in every case to conserve the primitive environment and landscape of the place.”[4]

Since the earliest norms creating national parks, their purposes have been mentioned as the conservation of spaces as “sanctuaries” or refuges for wildlife, the utilization of natural beauties for tourism attraction, and bringing sites of scientific importance to public knowledge, emphasizing tourism attraction.[5]

The Forest Law (Ley Forestal) No. 4465, in its original text of 1969, under which half of our national parks were declared[6], conceived them as “regions or areas of historical significance, which due to their natural scenic beauties, or due to the nationally or internationally important fauna and flora found in them, with boundaries specified by Executive Decree, are destined for public recreation and education, for tourism, or for scientific research.” (Article 74).

Along the same lines, the statement of legislative intent for the bill creating the National Parks Service (Servicio de Parques Nacionales),[7] indicates that national parks “constitute a form of use of natural resources in which they are not consumed, but rather are conserved to provide public benefits permanently. Such benefits refer to recreational, scientific, social, cultural, and economic aspects and are based on the overall conservation of the country's natural and historical heritage.” Mentioning some of the most important as: recreation and tourism, nature conservation, scientific research, public education, conservation of historical and archaeological areas, and protection of watersheds (cuencas hidrográficas), in that order.

The text of Law No. 4465, as amended by Laws No. 7032 and 7174, defined the purposes of this management category as: “the protection and conservation of natural beauties and flora and fauna of national importance, so that being under official supervision, the public may better enjoy them.” (Article 35).

The school of thought inspiring these initiatives can be summarized in three interconnected principles: the protection of an area of extraordinary value for its natural beauties, the safeguarding of those beauties for the benefit of present and future generations, and intangibility.[8] In the words of MARTÍN MATEO, they are linked to exceptionality, the beauty of nature unmodified by man, “and the purpose of its intact transmission to successive generations”.[9]

The World Conservation Union (IUCN), in its document “Guidelines for Protected Area Management Categories”, classifying according to the primary management objective, establishes the following categories: I. Strict Protection (Strict Nature Reserve and Wilderness Area); II. Ecosystem Conservation and Tourism (National Park); III. Conservation of Natural Features (National Monument); IV. Conservation through Active Management (Habitat/Species Management Area); V. Conservation of Terrestrial and Marine Landscapes, and Recreation (Protected Terrestrial and Marine Landscapes); and VI. Sustainable Use of Natural Ecosystems (Managed Resource Protected Area).

These represent different degrees of human intervention: categories I to III relate primarily to the protection of natural areas in which direct human intervention and environmental modification have been limited, while the remaining categories include areas in which such intervention and modification are much more appreciable.[10]

The IUCN defines the national park category as: “protected area managed mainly for ecosystem conservation and recreation purposes,” defining it as:

“A natural terrestrial and/or marine area, designated to a) protect the ecological integrity of one or more ecosystems for present and future generations, b) exclude types of exploitation or occupation that are hostile to the purpose for which the area was designated, and c) provide a framework for spiritual, scientific, educational, recreational, and tourist activities, activities that must be ecologically and culturally compatible.”[11]

KENTON MILLER conceives them as “areas that encompass spectacular or unique natural features of national or international interest,” explaining that they include representative examples of the country's major biogeographic regions, “which can be managed in their natural or near-natural state,” have potential for the development of recreational and educational activities, and “represent a major commitment to the protection of genetic resources.”[12]

For this author, the primary management objective of national parks is the protection and conservation of unique and representative natural and cultural areas, as well as everything related to genetic resources and the landscape, creating opportunities for environmental education, recreation, research, and environmental monitoring.[13]

He distinguishes between primary and associated objectives. Among the primary objectives, he differentiates those that dominate management throughout the park area—listing as such the maintenance of: representative samples of major biotic units as functioning ecosystems; biological diversity; environmental regulation; genetic resources; objects, structures, and sites of cultural heritage; and scenic beauties—and those restricted to certain sectors, to avoid management conflicts, such as the provision of facilities and services for education, research, environmental monitoring, recreation, and tourism.

And as associated objectives, which act as norms controlling all management and development activities in the park, he mentions: the maintenance of watershed production, and erosion and sediment control (for the protection of downstream investments, such as fishing, port facilities, bridges, etc.).[14]

The Regulation to the Biodiversity Law, Decree No. 34433-MINAE of March 11, 2008, defines national parks in terms similar to those set forth, including the more modern objective of biodiversity conservation:

“Article 70.—Wilderness Protected Area (ASP) Management Categories. For purposes of classifying the different management categories of wilderness protected areas (áreas silvestres protegidas), the following technical criteria are established for each: (...)

c) National Parks: Geographic areas, terrestrial, marine, marine-coastal, freshwater, or a combination thereof, of national importance, established for the protection and conservation of natural beauties and biodiversity, as well as for public enjoyment. These areas present one or more ecosystems in which the species, habitats, and geomorphological sites are of special scientific, cultural, educational, and recreational interest or contain a natural landscape of great beauty. (...)”

The Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wilderness Areas in Central America (approved by Law No. 7433 of September 14, 1994) highlights the priority conservation purpose, that is, the protection, promotion, and maintenance of habitats and species[15] or biodiversity,[16] which falls upon national parks, considering them “instruments to guarantee the conservation of representative samples of the main ecosystems of the isthmus” (Article 17).

II.- PURPOSE OF THE BILL

In accordance with the foregoing section, the Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the American Countries (approved by Law No. 3763 of October 19, 1966), provides:

“The Contracting Governments agree that the boundaries of national parks shall not be altered nor any part of them alienated except by action of the competent legislative authority. The wealth existing in them shall not be exploited for commercial purposes.” (Article 3, emphasis not in original).

This norm has a higher rank than law, pursuant to Article 7 of the Political Constitution, and the consulted bill falls within the assumption proscribed therein, referring to commercial exploitation in several of its norms:

“Technical-economic feasibility studies (Estudios de factibilidad técnico-económica): Studies summarizing the results of deep drilling of no less than five deep wells, which seek to demonstrate the existence of a commercially exploitable geothermal reservoir (...).” (Article 4).

“Resource utilization (Utilización del recurso): Period during which geothermal energy can be commercially exploited.” (Article 4).

“During the feasibility studies, deep well drilling must be carried out to demonstrate the existence of a commercially exploitable reservoir. (...)” (Article 16).

While it is true that the electricity supply is classified as a public service (Article 5, subsection a) of Law No. 7593, the Regulatory Authority for Public Services Law), “commercial purposes,” in the terms of the Convention, are not absent, since the principle that determines the setting of tariffs, rates, or prices contemplates a “competitive return” for the provider of that service (Article 3, subsection b), ibidem) and entrusts ARESEP with overseeing “the income received and the profitability or profit obtained” (Article 6, subsection a).

III.- EXEMPTION FROM ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

In addition to the above, the bill is contrary to Articles 50 and 89 of the Constitution; Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights; Article 14 of the Convention on Biological Diversity; the constitutional principles that comprise environmental law; and the principle of reasonableness (principio de razonabilidad) as a parameter of constitutionality; by exempting the stage prior to resource utilization from an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) and its approval by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA):

Article 14 provides that the ICE will merely “communicate” to SETENA the commencement of reconnaissance, pre-feasibility, and technical-economic feasibility studies for any geothermal development in a national park.

Articles 15 and 19 condition the utilization of geothermal energy only upon the approval of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA).

Article 17 indicates that the environmental impact studies may be initiated “during any stage of the pre-feasibility and feasibility studies” and that their conclusion and approval by SETENA must be “prior to the beginning of the resource utilization stage.”

Meanwhile, for example, the technical-economic feasibility studies whose negative impact is excluded from consideration and study, involve drilling 5 to 10 “deep,” “large-diameter” wells in “one same zone” without the bill defining the extent of that “zone” (Articles 4 and 16) and entail drilling platforms, access roads, and pipes cemented into the drilled wells (Art. 20).

The fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitution) is also enshrined in Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (“Protocol of San Salvador”), signed in 1988 and approved by Law No. 7907 of September 3, 1999:

"Right to a Healthy Environment
1. Everyone has the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.
2. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment."

The State's duty to protect and preserve the integrity of the environment includes forest wealth (Sala Constitucional, votes number 2233 and 6836, both from 1993) and the landscape or scenic beauty, protected in Article 89 of our Constitution, and the primary objective of the declaration of national parks since their origins:

“The scenic beauty of a natural site is protected by constitutional law as part of the fundamental right to a healthy environment, recognized by both articles 50 and 89 of the Political Constitution (...) The protection of scenic beauties is a dogmatic value of our Constitution, whatever foundation one may wish to give to that protection, whether for the tourism value of the site and consequently the economic potential of this industry; or for its mere aesthetic value, or for the simple need to have places where people can enjoy a beautiful and natural landscape without the abrupt irruption of an element that strongly clashes with the environment and distracts us from our rest; or for all of them together, this Tribunal must grant protection.” (Vote No. 6324 of 8:30 a.m. on July 4, 2003).

The injury to these rights can be a consequence of State actions or omissions, as would occur in the case before us:

“But the fundamental right to the environment is also a right to positive actions by the State (...) a right to the State's normative provisions (...) Article 50 of the Political Constitution orders the State to guarantee the right to a healthy environment. This obligation implies that the State must take all possible technical measures to ensure that the activity it approves will not cause damage to the environment.” (Votes numbers 13294 of 12:05 p.m. and 13295 of 12:06 p.m., both from December 21, 2001).

“Omissions in the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, since as a consequence of the Administration’s inertia in this matter, damage can be caused to the environment and natural resources, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; as is the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact study by the National Environmental Technical Secretariat (…)” (Vote No. 6322 of 2:14 p.m. on July 3, 2003, the underlining is not in the original).

“The violation of the Constitution can be either by action or omission (Art. 73 of the Law of Constitutional Jurisdiction) and, in the present case, the unconstitutionality lies in the omission to include the requirement of the environmental impact study.” (Vote No. 10421 of 4:38 p.m. on September 17, 2003).

“III.- Obligation of State institutions to comply with environmental legislation in their ordinary activity:
The third paragraph of Article 50 of the Constitution clearly states that the State must guarantee, defend, and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obligated to enforce compliance –by private individuals and other public entities– with environmental legislation, but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those protective normative bodies. State institutions are the first called upon to comply with protective environmental legislation, without there being any justification for exempting them from compliance with environmental requirements such as, by way of example, the environmental impact study required by the Organic Law of the Environment for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment.” (Vote No. 6503 of 9:26 a.m. on July 6, 2001).

Because damage to the environment usually has serious, cumulative, and generally irreversible consequences, its avoidance takes on transcendental importance, with Environmental Law having a preventive emphasis[17]:

“The accelerated deterioration of the environment in recent decades, the enormous costs of corrective measures, which are not always effective, and the necessary timelines, for example, for the recovery of a watershed or a felled natural forest, or a contaminated underground water table, are unequivocal signs of the abuse of natural resources and the negative impact of the human species on a limited world.” (Vote No. 3705 of 3:00 p.m. on July 30, 1993).

“(...) in this matter, damages are often irreparable, so the preventive oversight by the administration and the speed of the measures it adopts directly affect the magnitude of the injury to the environment.” (Vote No. 1645 of 11:04 a.m. on February 15, 2002).

One of the instruments for materializing this preventive emphasis is the control institution called “Environmental Impact Assessment” (Evaluación del Impacto Ambiental), a participatory procedure with an interdisciplinary approach for the advance examination and consideration of the environmental consequences of a proposed action, sometimes also including considerations of another order (social and economic) and their interactions:[18]

“In line with the most reliable strategy for environmental protection, it seeks to identify risk elements in order to eliminate them, mitigate their incidence, or, if necessary, advise the withdrawal of the action.”[19]

At the international level, it is set out in Principle 17 of the Rio Declaration on Environment and Development, adopted within the framework of the 1992 Rio Conference on Environment and Development: “Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.”

In the Convention on Biological Diversity, also signed as a result of the Rio Conference on Environment and Development and approved by Law No. 7416 of June 30, 1994, it was agreed:

“ARTICLE 14. Impact Assessment and Minimizing Adverse Impact
1.- Each Contracting Party, as far as possible and as appropriate, shall:
a) Introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects and, where appropriate, allow for public participation in such procedures. (...)”

In the prior assessment of the environmental impact of activities, works, or projects, the essentially preventive nature that actions for environmental protection must have is materialized, thus being an instrument for the direct defense of the fundamental right to a healthy environment:

“Precisely one of the mechanisms through which the State seeks to ensure respect for the environment on the part of various types of human activities is the requirement of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), evaluation of the environmental viability of the work, and of the mechanisms for its rational and sustainable use.” (Votes numbers 6938 of 4:23 p.m. on August 8, 2000, 3840 of 10:37 a.m. on May 11, 2001, and 9229 of 12:52 p.m. on September 20, 2002).

“The protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures to avoid its impairment. Among the main measures provided by the legislator in this regard are Environmental Impact Studies (...)” (Votes numbers 9193 of 4:28 p.m. on October 17, 2000, and 6322 of 2:14 p.m. on July 3, 2003).

“d-The environmental impact study as an instrument of protection. (…) since environmental damages and contamination are evaluable, the impact of these elements requires scientific analysis and treatment. Therefore, the need for an environmental impact assessment (valoración del impacto en el ambiente) which, as determined by the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), consists of a scientific-technical administrative procedure that allows identifying and predicting what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making. (…) Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures to avoid its impairment; and among the main measures provided by the legislator in this regard are several technical instruments among which the Environmental Impact Study stands out (…).” (Vote No. 9927 of 11:01 a.m. on September 3, 2004).

It has been a reiterated criterion of the Sala Constitucional that those provisions that exempt or reduce the environmental impact assessment (EIA) requirements for certain activities are unconstitutional for emptying the right to a healthy and ecologically balanced environment of its content:

“It is not constitutionally possible to make exceptions to the environmental impact study based on criteria or general conditions established in laws and regulations, which would empty the content of Article 50 of the Constitution (see decision #2002-01220 of 2:48 p.m. on February 6, 2002); (...)
By virtue of the precautionary principle, established in binding international norms with supra-legal rank, in order to provide due protection to the right to a healthy and balanced environment, the obligation of the environmental impact study is imposed.” (Vote No. 10421 of 4:38 p.m. on September 17, 2003).

Especially when the norms lack technical justification for the exclusion, contravening the principle of reasonableness (principio de razonabilidad) as a parameter of constitutionality and the principle of the objectivization of environmental protection (principio de la objetivación de la tutela ambiental) or the principle of linkage to science and technique:

“The principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, obliges that the norms dictated regarding this matter be duly motivated by serious technical studies, even if no other legal norm expressly established it.” (Vote No. 7294 of 4:15 p.m. on October 13, 1998).

“that a specific activity or project does not require environmental impact studies (...) implies that such a definition is duly motivated and justified. It should be remembered that in the case of exempting a higher-ranking (constitutional) control, the reasonableness and proportionality of the exceptional circumstance will be reviewable by the judge, whether in ordinary legal proceedings or constitutional review. But to the general regime conceived by the derived Constitution, a generalized exception that has no other motivation or basis than the very existence of the norm that so declares it is inadmissible. (...) not a single technical justification has been put forward before this Tribunal to ‘preventively’ and ‘generically’ exclude certain urban development projects from technical studies, which additionally means we are in the presence of an evident and manifest unreasonableness that this Chamber must declare.” (Vote No. 1220 of 2:48 p.m. on February 6, 2002).

“Regarding the objectivization of environmental protection: (...) it translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and general provisions –both legal and regulatory–, from which the requirement of ‘linkage to science and technique' is derived” (ruling No. 17126 of 3:05 p.m. on November 28, 2006, in a similar sense, votes 14293-2005 and 11562-2006).

Sincerely,

M. Sc. Susana Fallas Cubero
Deputy Attorney General

SFC/fmc

[1] Miller, Kenton. Planificación de Parques Nacionales para el Ecodesarrollo en Latinoamérica. Editorial Universidad Estatal a Distancia, UNED, San José, 1990, pp. 38 and 118. This author calls it: “Convention on the Protection of Nature and the Conservation of Fauna and Flora in the Western Hemisphere,” however, from comparing the text approved by Law No. 3763 and the one included in this author's book, on pages 113 to 118, it is evident that these are translation differences. OBANDO ACUÑA, for her part, calls it the “Washington Convention on the Protection of Flora, Fauna, and Panoramic Beauty” in Obando Acuña, Vilma. Biodiversidad en Costa Rica: estado del conocimiento y gestión, National Institute of Biodiversity, INBio, 2002, p. 46.

[2] Most of these areas were later included in a specific official declaration of a national park, such as: Volcán Poás National Park, in Decree No. 1237-A of September 7, 1970; Arenal National Park, in Decree No. 20791-MIRENEM of September 30, 1991; Volcán Tenorio National Park, in Decree No. 5836-A of February 25, 1976, and its amendments; and Rincón de la Vieja National Park, in Law No. 5398 of April 22, 1974. While others such as Volcán Turrialba and Volcán Irazú National Parks remained only under the designation made by Law No. 1917.

[3] Legislative File No. 944, February 10, 1955, p. 6.

[4] Article 6, in relation to subsections e) and f) of Article 5 of Law No. 1917. In the statement of legislative intent of the bill, the need to improve the facilities and services provided to visitors at attraction sites such as volcanoes is also stated. (Legislative File No. 944, February 10, 1955, p. 5).

[5] See Article 6 in relation to subsection e) of Article 5 of Law No. 1917, Organic Law of the Costa Rican Tourism Institute (ICT), and statement of legislative intent of the bill, Legislative File No. 944, February 10, 1955, pp. 6 and 7.

[6] Currently, there are 27 national parks. (The wilderness protected areas system, La Nación (newspaper), Friday, September 5, 2008, Forum, p. 34 A).

[7] Published in supplement 50 of the Official Newspaper La Gaceta 111, of June 10, 1972.

[8] See Ortiz García, Mercedes. La conservación de la biodiversidad marina: las áreas marinas protegidas, COMARES, Granada, 2002, p. 62.

[9] Martín Mateo, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental, vol. III, Trivium, Madrid, 1997, p. 310.

[10] IUCN. Guidelines for Protected Area Management Categories, National Parks and Protected Areas Center (CPNAP) - World Conservation Monitoring Centre (WCMC), IUCN, Cambridge, 1994, p. 185.

[11] IUCN. Op. cit., pp. 186 and 197.

[12] Miller, Kenton. Op. cit., p. 22.

[13] Miller, Kenton. Op. cit., p. 23.

[14] Miller, Kenton. Op. cit., pp. 21 and 22.

[15] Article 17: “(...) 1. For each protected wilderness area, a management plan will be prepared, which will include, among others, the following elements: a) The strategic objectives and consistent specific objectives of short, medium-term and long-term scope, which must be directed at the priority objective of protecting, promoting and maintaining habitats and species of these areas; (...)”

[16] Whereas V: “That the region possesses a unique biological, ecological, and cultural wealth (...), which makes the Central American region one of the most important for the preservation of biodiversity worldwide. This region is comprised of a complex and dynamic set of protected wilderness areas, both public and private, terrestrial and coastal-marine, which constitute a National System of Protected Wilderness Areas (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas) in each of the countries of the region, and a Central American System (Sistema Centroamericano de Conservación y Áreas Protegidas, SICAP).”

[17] The “Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central” in Article 18 establishes the obligation for State Parties to ensure that national Environmental Impact Assessment processes explicitly incorporate elements of biological diversity, including cumulative and synergistic effects.

[18] The environmental impact assessment regarding its relationship with preventive justice is examined by Peña Chacón, Mario. Prevención: la piedra angular del derecho ambiental, in Páginas Verdes, No. 92, March 2008. Lozano Cutanda, Blanca. Derecho Ambiental Administrativo, Dykinson, 5th ed., Madrid, 2003, pp. 326-327. Betancor Rodríguez, Andrés. Instituciones de Derecho Ambiental, La Ley, Spain, 2001, p. 1092 et seq. For their part, Ost, F. (Naturaleza y Derecho, Mensajero, Bilbao, 1996, p. 108 et seq.) and Serrano Moreno, J. L. (Ecología y Derecho, Principios de Derecho Ambiental y Ecología Jurídica, Comares, Granada, 1992, p. 85 et seq.) analyze preventive justice as part of what they call postmodern or reticular law, characteristic of Environmental Law, which breaks with modern law's paradigms by prioritizing preventive measures over repressive ones; collective, diffuse interests over individual ones; the long-term over the short-term; complex reality over the simplification of the rationalist method; and uncertainty replaced by risk prediction.

[19] Martín Mateo, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental, vol. I, Trivium, Madrid, 1991, p. 310.

[14] Ibid. pp. 43, 102 and 103. The author gives the example of the first formal proposal for Cahuita National Park, which recommended the inclusion of an upper watershed (cuenca alta) in the protected area, to lessen the risks of sedimentation on the reefs, with the consequent decrease in water clarity and the reduction of sunlight that the corals would receive, important considerations not only from the tourist point of view, but also because of the biological significance of the coral reefs, in fishery production and for the sustenance of coastal inhabitants.

[15] Ortiz García, Mercedes. Op. cit., p.135. Martín Mateo, Ramón. Op.cit., p. 318.

[16] The conservation of biological diversity is considered at three levels: ecosystems, species, and genetics. (Barzetti, Valerie. Parks and Progress. Protected Areas and Economic Development in Latin America and the Caribbean, IUCN-IDB, Washington D.C., 1993, p. 85. Translated from English by Rovinski, Leonor and Rovinski, Yanina).

[17] Milano Sánchez, Aldo. The Precautionary Principle source of constitutional environmental law, Editorial Jurídica Continental, San José, 2005, p. 32.

[18] See Martín Mateo, Ramón. Treatise on Environmental Law, vol. I, Editorial Trivium, Madrid, 1991, pp. 93, 303 et seq.

[19] Martín Mateo, Ramón. Manual of Environmental Law, Editorial Aranzadi, S.A, Navarra, 2003, p. 92.