Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)“Como queda dicho, en principio, por sí mismas y por definición, las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar una expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego que implican una carga o deber jurídico -en sentido estricto-, de no hacer, o a lo sumo, de soportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los poderes o facultades del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos...Ciertas limitaciones a la propiedad han existido siempre como reglas incorporadas al Código Civil...Otros ejemplos de lo anterior, lo constituyen las exigencias de seguridad y salubridad públicas...recogidas principalmente en el Código Civil y en la Ley General de Salud. En este orden de ideas, también deben citarse las leyes referentes a la protección de bosques, bellezas naturales, patrimonio cultural y monumentos, que también implican limitaciones a la propiedad, como la Ley Forestal, Nº 7174 de veintiocho de junio de mil novecientos noventa, Ley de la Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317, del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y dos, y Ley de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural Nº 4 de octubre de mil novecientos noventa y cinco.” Sala Constitucional, No. 4205 de 14:33 hrs. del 20 de agosto de 1996.
“II…Como segundo motivo, considera vulnerado, por errónea interpretación, los ordinales 33 y 34 de la Ley Forestal, los cuales, refiere, deben ser analizados en forma conjunta, así como su aplicación indebida, por lo que se conculca el numeral III.3.7.6 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones…V.-…por la relevancia del tema, es importante referirse al régimen de protección de las nacientes, el cual prevé distintos supuestos, los cuales tienen en común, el establecimiento de un área alrededor de estas sobre la cual recae la respectiva tutela. El ordenamiento jurídico dispone dos supuestos; una afectación de esa franja al demanio público (ordinales 7 de la Ley de Tierras y Colonización y 31 de la Ley de Aguas), o bien, mantener el inmueble como propiedad privada pero protegida (artículos 33 y 34 de la Ley Forestal)....no puede dejarse de lado que las consecuencias que de esta calificación legal se desprenden una serie de limitaciones a la propiedad. Además de la explícita a que hace referencia el numeral 34 del cuerpo normativa citado, y que consiste en una prohibición para cortar árboles, lo cierto es que el establecimiento de un área de protección alrededor de la naciente lleva implícito una restricción al ejercicio de aquellas facultades de dominio que puedan afectar, directa o indirectamente, una naciente permanente.”
English (translation)“As stated, in principle, in and of themselves and by definition, limitations of social interest imposed on property are not compensable, as they do not imply an expropriation, that is, when the property does not suffer dismemberments that make the right disappear. Of course, they imply a burden or legal duty - in the strict sense - to refrain from doing, or at most, to tolerate the intrusion of the State into property for public purposes, a duty that is added to the powers or faculties of the owner, but without denaturalizing or destroying them... Certain limitations on property have always existed as rules incorporated into the Civil Code... Other examples of this are the requirements of public safety and health... collected mainly in the Civil Code and the General Health Law. In this line of thought, the laws relating to the protection of forests, natural beauties, cultural heritage and monuments, which also imply limitations on property, must also be cited, such as the Forestry Law, No. 7174 of June twenty-eighth, nineteen ninety, the Wildlife Conservation Law No. 7317 of October twenty-first, nineteen ninety-two, and the Historical, Architectural and Cultural Heritage Law No. 4 of October fourth, nineteen ninety-five.” Constitutional Chamber, No. 4205 of 14:33 hrs. of August 20, 1996.
“II...As a second ground, [the appellant] considers that the lower court, through erroneous interpretation, violated Articles 33 and 34 of the Forestry Law, which, it states, must be analyzed jointly, as well as their undue application, thereby infringing on regulation III.3.7.6 of the Regulations for the National Control of Subdivisions and Urbanizations... V.-...given the relevance of the topic, it is important to refer to the protection regime for springs, which provides for different scenarios, all having in common the establishment of an area around them over which the respective protection falls. The legal system provides two scenarios: a public domain affectation of that strip (Articles 7 of the Land and Colonization Law and 31 of the Water Law), or, keeping the property as private but protected (Articles 33 and 34 of the Forestry Law).... it cannot be ignored that from this legal classification derive a series of limitations on property. In addition to the explicit one referred to in Article 34 of the cited normative body, which consists of a prohibition on cutting trees, the truth is that the establishment of a protection area around the spring implies an implicit restriction on the exercise of those ownership powers that may directly or indirectly affect a permanent spring.”
Interpretive opinion
Dictamen : 148 del 12/06/2012 C-148-2012 12 de junio de 2012 Señores Concejo Municipal de Alajuela Estimados señores: Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos referimos al oficio DR-0304-S-12, donde comunica el artículo No. 3, capítulo VII de la sesión ordinaria No. 08-2012, que transcribe el criterio jurídico No. 18-ALCM-2012, relativo a los radios de protección de nacientes que establecen la Ley de Aguas y la Ley Forestal, emitido para atender el acuerdo adoptado en sesión ordinaria No. 6-2012, capítulo IV, artículo 23. En primer término, cabe recordar que el derecho de la Constitución establece de límites externos (limitaciones) a los derechos fundamentales, tales como el trabajo, la propiedad privada, la libertad empresarial y de comercio, los derechos del consumidor y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y que requieren ser normados y regulados por ley (Sala Constitucional, sentencia No. 3173 de 14:57 hrs. de 6 de julio de 1993). Así, las áreas de protección son limitaciones legítimas de carácter general al derecho de propiedad, pues satisfacen un interés público imperativo, a través de criterios razonables, útiles y oportunos; y no requieren indemnización previa conforme al artículo 45 Constitucional, párrafo segundo (dictamen C-042-99). "Como queda dicho, en principio, por sí mismas y por definición, las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar una expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego que implican una carga o deber jurídico -en sentido estricto-, de no hacer, o a lo sumo, de soportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los poderes o facultades del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos...VII.-Ciertas limitaciones a la propiedad han existido siempre como reglas incorporadas al Código Civil...Otros ejemplos de lo anterior, lo constituyen las exigencias de seguridad y salubridad públicas...recogidas principalmente en el Código Civil y en la Ley General de Salud. En este orden de ideas, también deben citarse las leyes referentes a la protección de bosques, bellezas naturales, patrimonio cultural y monumentos, que también implican limitaciones a la propiedad, como la Ley Forestal, Nº 7174 de veintiocho de junio de mil novecientos noventa, Ley de la Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317, del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y dos, y Ley de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural Nº 4 de octubre de mil novecientos noventa y cinco.” Sala Constitucional, No. 4205 de 14:33 hrs. del 20 de agosto de 1996. Bajo ciertos supuestos, las áreas contiguas a las nacientes han gozado de impronta demanial en los términos de los artículos 1° de Ley de Protección de las Cuencas Hidrográficas, No. 68 de 16 de junio de 1923; 510 inciso 3) del Código Fiscal según reforma de Ley No. 11 de 22 de octubre de 1926; 6 de la Ley General de Terrenos Baldíos, No. 13 de 10 de enero de 1939; 2 de la Ley 16 de 30 de octubre de 1941; 31 de la Ley de Aguas No. 276 de 27 de agosto de 1942; 7 de la Ley de Tierras y Colonización; 2 de la Ley General de Agua Potable, en una extensión de 300 a 200 m contiguos, según la topografía plana o quebrada del terreno, siempre y cuando los manantiales surtan de agua alguna población, o convenga reservarlos con tal fin. Para ello ha de recabarse el criterio técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ente rector en la generación y distribución de agua potable (Ley No. 2726, artículos 1 y 2; pronunciamientos C-42-99 y OJ-64-2002). Lo anterior, no ha de confundirse con las áreas de protección previstas en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal. Por ende, tratándose de propiedades privadas legítimamente inscritas por el ejercicio de la posesión decenal previo a la afectación demanial, si las nacientes no surten de agua alguna población, o no conviene reservarlas para tal fin, resulta aplicable el área de protección de 100 m contiguas a las nacientes permanentes y su respectiva prohibición conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal ([1]) (pronunciamiento OJ-21-2008), que no se limita al impedimento de corta de árboles, pues esos preceptos han de interpretarse en forma armónica con el 58 ibídem: “Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos. b) Aproveche los recursos forestales en terrenos del patrimonio natural del Estado y en las áreas de protección para fines diferentes de los establecidos en esta ley.” El Tribunal de Casación Penal ha indicado que la consumación del delito por la invasión de zona protectora de una naciente y un río, no se agota mientras las construcciones edificadas en esas zonas se mantengan, por ende la prescripción de la acción penal no habría dado inicio (sentencia No. 1158 de 9:25 hrs. del 14 de noviembre del 2008). La Sala Constitucional estimó que la integración de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, en relación con el numeral 58 a) ibídem, desarrollada en la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal no infringe lo dispuesto en los artículos 11, 28 y 39 Constitucionales (sentencia No. 74-2010). Sobre las prohibiciones que refieren los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, la Sala Primera en sentencia No. 199 de 15:30 hrs. del 4 de febrero de 2010, dispuso: “II…Como segundo motivo, considera vulnerado, por errónea interpretación, los ordinales 33 y 34 de la Ley Forestal, los cuales, refiere, deben ser analizados en forma conjunta, así como su aplicación indebida, por lo que se conculca el numeral III.3.7.6 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones…V.-…por la relevancia del tema, es importante referirse al régimen de protección de las nacientes, el cual prevé distintos supuestos, los cuales tienen en común, el establecimiento de un área alrededor de estas sobre la cual recae la respectiva tutela. El ordenamiento jurídico dispone dos supuestos; una afectación de esa franja al demanio público (ordinales 7 de la Ley de Tierras y Colonización y 31 de la Ley de Aguas), o bien, mantener el inmueble como propiedad privada pero protegida (artículos 33 y 34 de la Ley Forestal). Al margen de la naturaleza del terreno en cuestión (que no se encuentra en discusión en el presente proceso), aún en el supuesto de menor protección, es decir, tratándose de un área protegida en propiedad privada, no puede dejarse de lado que las consecuencias que de esta calificación legal se desprenden una serie de limitaciones a la propiedad. Además de la explícita a que hace referencia el numeral 34 del cuerpo normativa citado, y que consiste en una prohibición para cortar árboles, lo cierto es que el establecimiento de un área de protección alrededor de la naciente lleva implícito una restricción al ejercicio de aquellas facultades de dominio que puedan afectar, directa o indirectamente, una naciente permanente. Afirmar lo contrario podría derivar en el contrasentido de que se permita levantar una edificación que destruya dicho recurso natural a condición de que no se tale ningún árbol, o como en el presente caso, que no hayan árboles sembrados. En este sentido, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 10 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece que la norma administrativa debe interpretarse de la manera que mejor garantice el fin público que se persigue. En materia ambiental, además de lo preceptuado en el ordinal 50 constitucional y que fue objeto de análisis en el considerando III, debe tenerse en cuenta que el Estado se encuentra compelido a velar por la protección del ambiente, procurando un desarrollo sano y ecológicamente equilibrado. Esta obligación de rango constitucional ha sido desarrollada en diversas normas de rango legal, como por ejemplo la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad, entre otras. En virtud de lo anterior, si bien la medida cautelar impugnada debe ser anulada, tanto la parte actora como el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, así como cualquier otra institución competente, se encuentran en la obligación legal de prevenir cualquier acción que pueda incidir en forma negativa sobre la naciente.” Lo anterior, siempre que las áreas de protección no estén localizadas dentro de las áreas silvestres protegidas o en general dentro del Patrimonio Natural del Estado, y en tanto no sea aplicable lo previsto en el artículo 7 párrafo 1° de la Ley de Informaciones Posesorias, en cuyo caso, también serían de dominio público, y estarían amparadas por la prohibición de los artículos 1 y 18 de la Ley 7575 (C-42-99 y OJ-64-2002). En caso de nacientes no permanentes, el artículo 149 de la Ley de Aguas dispone un radio prohibitivo de 60 m en los manantiales que nacen en cerros y de 50 m para los de terrenos planos. Por último, conforme a los artículos 148 y 149 de la Ley de Aguas ha de atenderse la necesaria reforestación con árboles en las márgenes de ríos, arroyos y manantiales; así como aplicar todas aquellas prácticas que aumenten la capacidad de infiltración de las aguas en los terrenos de propiedad particular, y prevengan o impidan la contaminación de acuíferos o capas de aguas subterráneas (Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, artículo 44). Atentamente, Lic. Mauricio Castro Lizano MSc. Silvia Quesada Casares Procurador Área Agraria y Ambiental ([1]) Su antecedente normativo se encuentra en la Ley Forestal No. 4465 de 25 de noviembre de 1969, artículos 83-87. Y, las leyes forestales 7032 de 5 de mayo de 1986 y 7174 de 28 de junio de 1990, reiteraron en sus numerales 68-70 dichas zonas de protección (dictamen C-042-99).
Opinion : 148 of 12/06/2012 C-148-2012 June 12, 2012 Gentlemen Municipal Council of Alajuela Dear Sirs: With the approval of the Señora Procuradora General de la República, we refer to official letter DR-0304-S-12, which communicates article No. 3, chapter VII of ordinary session No. 08-2012, that transcribes legal opinion No. 18-ALCM-2012, regarding the protection radii of springs (nacientes) established by the Ley de Aguas and the Ley Forestal, issued to address the agreement adopted in ordinary session No. 6-2012, chapter IV, article 23. In the first place, it should be recalled that constitutional law establishes external limits (limitations) on fundamental rights, such as work, private property, business and commercial freedom, consumer rights, and the right to a healthy and ecologically balanced environment, which must be regulated and governed by law (Sala Constitucional, judgment No. 3173 of 2:57 p.m. of July 6, 1993). Thus, protection areas are legitimate limitations of a general nature on the right to property, as they satisfy a compelling public interest, through reasonable, useful, and timely criteria; and they do not require prior compensation pursuant to article 45 of the Constitution, second paragraph (opinion C-042-99). "As stated, in principle, by themselves and by definition, limitations of social interest imposed on property are not compensable, because they do not imply an expropriation, that is, when the property does not suffer dismemberments that cause the right to disappear. Of course, they imply a burden or legal duty—in a strict sense—to refrain from doing, or at most, to tolerate the State's intrusion into the property for public purposes, a duty that is added to the owner's powers or faculties, but without distorting or destroying them...VII.—Certain limitations on property have always existed as rules incorporated into the Civil Code...Other examples of the foregoing are the requirements of public safety and health...collected mainly in the Civil Code and the Ley General de Salud. In this vein, the laws regarding the protection of forests, natural beauties, cultural heritage, and monuments must also be cited, which also imply limitations on property, such as the Ley Forestal, Nº 7174 of June twenty-eighth, nineteen ninety, the Ley de la Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317, of October twenty-first, nineteen ninety-two, and the Ley de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural Nº of October 4, nineteen ninety-five." Sala Constitucional, No. 4205 of 2:33 p.m. of August 20, 1996. Under certain assumptions, the areas adjacent to the springs (nacientes) have enjoyed a public domain (demanial) character under the terms of articles 1° of the Ley de Protección de las Cuencas Hidrográficas, No. 68 of June 16, 1923; 510 subsection 3) of the Código Fiscal according to the reform by Ley No. 11 of October 22, 1926; 6 of the Ley General de Terrenos Baldíos, No. 13 of January 10, 1939; 2 of Ley 16 of October 30, 1941; 31 of the Ley de Aguas No. 276 of August 27, 1942; 7 of the Ley de Tierras y Colonización; 2 of the Ley General de Agua Potable, in an extent of 300 to 200 m adjacent, depending on the flat or broken topography of the terrain, provided that the springs (manantiales) supply water to a population, or it is advisable to reserve them for such purpose. For this, the technical opinion of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must be obtained, the governing entity for the generation and distribution of drinking water (Ley No. 2726, articles 1 and 2; pronouncements C-42-99 and OJ-64-2002). The foregoing should not be confused with the protection areas provided for in articles 33 and 34 of the Ley Forestal. Therefore, in the case of private properties legitimately registered through the exercise of ten-year possession prior to the public domain (demanial) encumbrance, if the springs (nacientes) do not supply water to any population, or it is not advisable to reserve them for such purpose, the protection area of 100 m adjacent to permanent springs (nacientes) and its respective prohibition pursuant to articles 33 and 34 of the Ley Forestal ([1]) applies (pronouncement OJ-21-2008), which is not limited to the prohibition of tree cutting, since those precepts must be interpreted harmoniously with article 58 thereof: “Imprisonment of three months to three years shall be imposed on anyone who: a) Invades a conservation or protection area, whatever its management category, or other forest areas or lands subject to the forest regime, whatever the occupied area; regardless of whether they are private lands of the State or other Public Administration entities or lands of private domain. The perpetrators or participants in the act shall not have the right to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands. b) Exploits forest resources on lands of the natural heritage of the State and in protection areas for purposes other than those established in this law.” The Tribunal de Casación Penal has indicated that the consummation of the crime for the invasion of a protective zone of a spring (naciente) and a river is not exhausted as long as the constructions built in those zones remain, therefore, the prescription of the criminal action would not have begun (judgment No. 1158 of 9:25 a.m. of November 14, 2008). The Sala Constitucional deemed that the integration of articles 33 and 34 of the Ley Forestal, in relation to article 58 a) thereof, developed in the jurisprudence of the Tribunal de Casación Penal, does not infringe the provisions of articles 11, 28, and 39 of the Constitution (judgment No. 74-2010). Regarding the prohibitions referred to in articles 33 and 34 of the Ley Forestal, the Sala Primera, in judgment No. 199 of 3:30 p.m. of February 4, 2010, ordered: “II…As a second ground, it considers articles 33 and 34 of the Ley Forestal to be violated by erroneous interpretation, which, it states, must be analyzed jointly, as well as their improper application, by which article III.3.7.6 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones is infringed…V.—…due to the relevance of the topic, it is important to refer to the protection regime for springs (nacientes), which provides for different assumptions, which have in common the establishment of an area around them over which the respective protection falls. The legal system provides for two assumptions: an encumbrance of that strip to the public domain (demanio público) (articles 7 of the Ley de Tierras y Colonización and 31 of the Ley de Aguas), or, keeping the property as private but protected property (articles 33 and 34 of the Ley Forestal). Regardless of the nature of the land in question (which is not under discussion in this proceeding), even under the assumption of lesser protection, that is, in the case of a protected area on private property, it cannot be overlooked that the consequences that arise from this legal classification include a series of limitations on property. In addition to the explicit one referred to in article 34 of the cited normative body, which consists of a prohibition against cutting trees, the truth is that the establishment of a protection area around the spring (naciente) implicitly carries a restriction on the exercise of those ownership faculties that may affect, directly or indirectly, a permanent spring (naciente). To affirm the contrary could lead to the contradiction of permitting the construction of a building that destroys said natural resource on the condition that no tree is cut down, or as in the present case, that there are no trees planted. In this sense, the provisions of article 10 of the Ley General de la Administración Pública must be taken into account, which establishes that the administrative rule must be interpreted in the manner that best guarantees the public purpose pursued. In environmental matters, in addition to what is prescribed in article 50 of the Constitution and which was the subject of analysis in Considerando III, it must be taken into account that the State is compelled to ensure the protection of the environment, procuring a healthy and ecologically balanced development. This obligation of constitutional rank has been developed in various legal-rank norms, such as the Ley Orgánica del Ambiente, the Ley de Biodiversidad, among others. By virtue of the foregoing, although the challenged precautionary measure must be annulled, both the plaintiff and the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, as well as any other competent institution, are under the legal obligation to prevent any action that could negatively impact the spring (naciente).” The foregoing, provided that the protection areas are not located within protected wild areas or in general within the Natural Heritage of the State, and as long as the provisions of article 7, paragraph 1 of the Ley de Informaciones Posesorias are not applicable, in which case, they would also be in the public domain, and would be protected by the prohibition of articles 1 and 18 of Ley 7575 (C-42-99 and OJ-64-2002). In the case of non-permanent springs (nacientes), article 149 of the Ley de Aguas provides for a prohibitive radius of 60 m for springs (manantiales) that originate in hills and 50 m for those on flat land. Finally, pursuant to articles 148 and 149 of the Ley de Aguas, the necessary reforestation with trees on the banks of rivers, streams, and springs (manantiales) must be addressed; as well as applying all those practices that increase the water infiltration capacity on private lands, and prevent or impede the contamination of aquifers or groundwater layers (Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, article 44). Sincerely, Lic. Mauricio Castro Lizano, Attorney MSc. Silvia Quesada Casares Procurador Agrarian and Environmental Area ([1]) Its normative antecedent is found in the Ley Forestal No. 4465 of November 25, 1969, articles 83-87. And, the forest laws 7032 of May 5, 1986 and 7174 of June 28, 1990, reiterated in their articles 68-70 said protection zones (opinion C-042-99).