C-285-2013 — Annulment of environmental viability and expiration of review powerNulidad de viabilidad ambiental y caducidad de la potestad revisora

Dictamen : 285 del 05/12/2013   



5 de diciembre del 2013




C-285-2013




 




Señora




María Guzmán Ortiz




Ministra a.i.




Ministerio de Ambiente y Energía




 




Estimada señora:




 



 Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio
DM-231-2013  del 22 de marzo de 2013, recibido en este despacho el 2 de abril del año en curso,
mediante el cual se nos solicita el dictamen sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la
Resolución RVLA-0147-2010- SETENA del 22 de enero del 2010 a favor de Puket S.A., dentro del
expediente D2-1155-2009.




I. ANTECEDENTES RELEVANTES




Del expediente administrativo correspondiente, se tienen acreditadas las siguientes consideraciones:



 1.      El departamento de Evaluación Ambiental de SETENA en resolución RVLA-0147-20010-SETENA del
22 de enero de 2010, otorgó  viabilidad ambiental al proyecto denominado “Construcción de una casa
de guarda” sin que conste en el expediente administrativo la Evaluación de Impacto Ambiental. (folio
32 del expediente D2-1155-2010-SETENA)



 2.      En oficio DM-386-2012 del 12 de junio se designó el órgano director para realizar el
procedimiento administrativo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de las
viabilidades ambientales de los expedientes D1-392-2007, D1-996-2009, D2-1155-2009 Y D1-209-2010.
(folio 41 del expediente D2-1155-2010-SETENA).



 3.      En resolución OD (2)-DPNEM-003-1155-2009-(4)-2012 el órgano director de procedimiento
dispuso la apertura del procedimiento ordinario para determinar la nulidad absoluta, evidente y
manifiesta de la resolución RVLA-0147-2010-SETENA, dictada en el expediente número D2-1155-2009.
Esta resolución se notificó a los representantes de Puket S.A. el día 14 de diciembre de 2012.
(folio 90 del expediente D2-1155-2010-SETENA).



 4.      El 27 de febrero de 2013 se realizó la audiencia oral, sin embargo, los representantes de
Puket S.A. no se presentaron. (folio 127 del expediente D2-1155-2010-SETENA).



 5.      El 6 de marzo del 2013 a través de la resolución OD (2)-DPNEM-009-1155-2009-(3)-2013 el
órgano director emite el Informe Final del Procedimiento Administrativo ordinario para determinar la
nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la Resolución RVLA-0147-20010-SETENA. (folio 144 del
expediente D2-1155-2010-SETENA).




 



 I.                   ACERCA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 173 Y SIGUIENTES DE LA LGAP PARA EL CASO
DE LAS VIABILIDADES AMBIENTALES.



 La viabilidad ambiental es un acto preparatorio o de trámite del acto final que, en este caso,
sería el permiso de construcción de una caseta de guarda. Entre los actos preparatorios o de trámite
los hay que tiene efectos propios y, por lo tanto, declaran derechos subjetivos o constituyen
situaciones jurídicas que inciden en la esfera de intereses de los administrados; pero los hay que
no tiene tales efectos. La doctrina se refiere a ellos como actos preparatorios o de trámite sin
efectos propios porque no inciden directamente en la esfera de intereses de los administrados,
modificando o creando situaciones jurídicas o reconociendo derechos subjetivos (ver, en tal sentido,
ORTIZ, Tesis de Derecho Administrativo, pág. 385 y PAREJO, Manual de Derecho Administrativo, pág.
713).




 



 Lo anterior reviste gran importancia para efectos de presente dictamen, ya que una consecuencia de
calificar a las viabilidades ambientales como actos preparatorios o de trámite sin efectos propios,
es que no son susceptibles de impugnación en la vía jurisdiccional. Así lo ha señalado el Tribunal
Contencioso Administrativo, Sección Sexta, Segundo Circuito Judicial de San José, en resolución
número 0035-2009 de las quince horas nueve minutos del catorce de enero del dos mil nueve; y el
Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en sentencia número N°
000104-F-TC-2009 de las 11:10 horas del 1° de junio de 2009. 




 



 Desde el anterior punto de vista, tampoco sería necesario seguir el procedimiento que establecen
los artículos 173 y siguientes de la LGAP para anular de oficio una viabilidad ambiental cuando la
nulidad sea absoluta, evidente y manifiesta. Dado que se trata de actos preparatorios o de trámite
que no tienen efectos propios no declaran derechos subjetivos y su anulación debería darse junto con
la anulación del acto final. Sin embargo, existe un precedente de la Sala Constitucional en este
tema que es de obligado acatamiento de conformidad con lo que establece el artículo 13 de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional.




 



 En la sentencia número 2010-17237 del quince de octubre del 2010, la Sala Constitucional señaló que
las viabilidades ambientales son licencias cuya anulación de oficio por parte de la Administración
sólo puede darse en el caso de que la nulidad que le afecte sea absoluta, evidente y manifiesta, y
con acatamiento del procedimiento administrativo regulado por los artículos 173 y siguientes de la
LGAP. Al respecto, señaló la Sala en la sentencia de cita:




 



 “SOBRE EL FONDO. En la especie, el recurrente cuestiona que el Ministro de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones proÑcedió, de oficio, a anular un acto declarativo de derechos, por cuanto,
mediante resolución No. R-249-2010-MINAET de las 13:30 hrs. de 6 de mayo de 2010, les otorgó la
viabilidad ambiental para llevar a cabo un desarrollo urbanístico denominado La Arboleda, pero,
posteriormente, mediante resolución No. R-302-2010-MINAET de las 11:00 hrs. de 2 de junio de 2010,
resolvió enderezar el procedimiento en que se ordenó dejar sin efecto la resolución No.
R-249-2010-MINAET, retrotrayéndose los efectos hasta el dictado de la resolución No.
R-792-2010-SETENA, la cual, rechazó por el fondo un recurso de apelación planteado y que mantiene
firme la resolución No. 560-2010-SETENA. Esta última resolución de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental le ordena al interesado que, previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental, se
presente un anexo con una serie de requisitos de índole legal y ambiental. Conforme con la relación
de hechos probados, se verifica, en consecuencia, que el Ministro de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones, conociendo en alzada un recurso de apelación promovido por Manuel Terán Jiménez,
resolvió otorgar la licencia de viabilidad ambiental al proyecto, siendo que, posteriormente, y de
forma unilateral, se optó por anular la licencia ya concedida a la empresa amparada. En criterio de
este Tribunal Constitucional, la situación apuntada, tratándose de una licencia (ver el Reglamento
General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), lesiona, en forma
grosera, el principio de intangibilidad de los actos propios, al anularse, de manera unilateral, un
acto administrativo que confirió una licencia de carácter ambiental para solicitar los restantes
permisos ante las autoridades competentes. En consecuencia, lo procedente es anular la resolución
No. R-302-2010-MINAET de las 11:00 hrs. de 2 de junio de 2010 del Ministro de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones, por ser lesiva del principio de intangibilidad de los actos propios. Lo
anterior, sin perjuicio, claro está, que si la Administración considera que dicha licencia está
viciada de una nulidad evidente y manifiesta, se instruyan los procedimientos administrativos
correspondientes y, adicionalmente, se soliciten los requisitos respectivos en aras de fiscalizar,
adecuadamente, que la actividad que se pretende llevar a cabo no sea lesiva del medio ambiente.”



 En consecuencia, y en acatamiento del precedente contenido en el sentencia de la Sala
Constitucional número 2010-17237 del quince de octubre del 2010, se procede a analizar si la nulidad
que afecta la viabilidad ambiental contenida en la resolución número RVLA-0147-20010-SETENA del 22
de enero de 2010 es, además de absoluta, evidente y manifiesta.




 




II.                   SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL 173 DE LA LGAP.



 El artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) establece la obligación de
realizar un procedimiento ordinario en los términos dispuestos por los artículos 308 y siguientes
para la anulación de oficio de los actos administrativos. Lo anterior, con el fin de que sea dentro
de dicho procedimiento que la Administración declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del
acto, así como que se ejerza el derecho de defensa de los administrados.



 Al respecto la Sala Constitucional, en sentencia número 2002-12054 del 20 de diciembre de 2002,
indicó:



 “LA NECESIDAD DE INCOAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO PARA LA REVISIÓN O ANULACIÓN DE
OFICIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES PARA EL ADMINISTRADO. La administración pública
respectiva —autora del acto que se pretende anular o revisar—, de previo a la declaratoria de
nulidad, debe abrir un procedimiento administrativo ordinario en el que se deben observar los
principios y las garantías del debido proceso y de la defensa (artículo 173, párrafo 3°, de la Ley
General de la Administración Pública), la justificación de observar ese procedimiento está en que el
acto final puede suprimir un derecho subjetivo del administrado (artículo 308 ibidem). Durante la
sustanciación del procedimiento ordinario, resulta indispensable recabar el dictamen de la
Procuraduría o de la Contraloría siendo un acto de trámite del mismo. Tal y como se indicó supra, el
dictamen debe pronunciarse, expresamente, sobre el carácter absoluto, manifiesto y evidente de la
nulidad (artículo 173, párrafo 4°, de la Ley General de la Administración Pública). Si el dictamen
de la Procuraduría o de la Contraloría Generales de la República es desfavorable, en el sentido que
la nulidad absoluta del acto administrativo no es evidente y manifiesta, la respectiva
administración pública se verá impedida, legalmente, para anular el acto en vía administrativa y
tendrá que acudir, irremisiblemente, al proceso ordinario contencioso administrativo de lesividad.
El dictamen de los dos órganos consultivos citados es vinculante para la administración respectiva
en cuanto al carácter evidente y manifiesto de la nulidad. Sobre este punto, el artículo 183,
párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública preceptúa que “Fuera de los casos
previstos en el artículo 173, la administración no podrá anular de oficio los actos declaratorios de
derechos a favor del administrado y para obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso de
lesividad previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa”. (En igual sentido sentencias 2005-03004, de las 8:31 horas del 18 de marzo del
2005; 2005-12324 de las 10:28 horas del 9 de setiembre del 2005; 2006-8767, de las 16:40 horas del
21 de junio; y 2006-8960, de las 10:53 horas del 23 de junio, ambas del año 2006)”



 El objetivo fundamental de este procedimiento es la búsqueda de la verdad real que, para los casos
regulados por los artículos 173 y siguientes de la LGAP, consiste en determinar el carácter
absoluto, evidente y manifiesto, de la nulidad que aqueja el acto administrativo. De ahí que la
Administración deba cumplir con todos los requisitos y etapas del procedimiento administrativo, así
como con las formalidades que lo sustentan para alcanzar dicho objetivo.




 



 El inciso 4 del artículo 173 de la LGAP establece un plazo de caducidad para ejercer la potestad de
revisión oficiosa de un año contado a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos
perduren.




 



 Ahora bien, no regiría el plazo de caducidad del artículo 173.4 de la LGAP para las viabilidades
ambientales, independientemente de los efectos continuados, si estas tuviesen que ver con la
afectación de un bien ambiental de dominio público, como lo sería el patrimonio natural del estado
(PNE), el cual está constituido por los terrenos de propiedad estatal cubiertos de bosque o que sean
de aptitud forestal, así como las áreas silvestre protegidas según interpretación hecha por la Sala
Constitucional (vid. sentencia número 016975-2008 del 12 de noviembre del 2088).




 



 En relación con las áreas silvestre protegidas ha de tenerse claro que forman parte del PNE los
terrenos de propiedad pública no así los terrenos de propiedad privada. Esto es importante en
relación con los refugios nacionales mixtos de vida silvestres, pues por disposición de ley
–artículo 82, Ley de Conservación de la Vida Silvestre número 7317 de 30 de octubre de 1992, y sus
reformas-  estos tienen, además de los terrenos de dominio público, terrenos sometidos a dominio
privado.




 



 La viabilidad ambiental objeto de este procedimiento está relacionada con la construcción de una
caseta para guarda en un terreno de propiedad privada, pues se trata de la finca matrícula número
63149-000 de la provincia de Limón. No se trata, por lo tanto, de un terreno perteneciente al PNE
aunque esté ubicado en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, que es un refugio
mixto. En consecuencia, rige para esta viabilidad ambiental el plazo de caducidad del artículo 173.4
de la LGAP.




 



 Esta Procuraduría ha señalado que las viabilidades ambientales son actos de efectos continuados
(vid. dictamen C-189-2011). Al momento de adoptarse el acto cuya nulidad se pretende, la versión
vigente del artículo 46 del Decreto número 31849 establecía que las viabilidades ambientales tenían
una vigencia de dos años. Esto quiere decir que los efectos continuados de la viabilidad otorgada en
resolución RVLA-0147-20010-SETENA duraron dos años pues no consta en el expediente que se hayan
solicitado ni otorgado prórrogas.




 



 En razón de lo anterior, si la resolución RVLA-0147-20010-SETENA fue adoptada el 22 de enero del
2010 el plazo para pretender su nulidad en vía administrativa venció el 22 de enero del 2012, antes
de que el informe final del órgano director del procedimiento fuese rendido en resolución de número
OD (2)-DPNEM-003-1155-2009-(4)-2012 del seis de marzo del 2012, y el expediente remitido a esta
Procuraduría el 2 de abril del 2013.




 




IV.         CONCLUSIÓN



 En consecuencia, y por haber caducado la potestad para la revisión oficiosa de la resolución número
RVLA-0147-20010-SETENA esta Procuraduría se ve imposibilitada para rendir dictamen favorable en
relación la anulación de dicho acto en sede administrativa.




Se devuelve, adjunto a este dictamen, el expediente administrativo remitido en su momento.




Atentamente,




 




 




 




Julio Jurado Fernández




Procurador




 




JJF/ hhc

Legal Opinion : 285 of 05/12/2013 



December 5, 2013




C-285-2013




 




Ms.




María Guzmán Ortiz




Acting Minister




Ministry of Environment and Energy




 




Dear Madam Minister:




 



 With the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official letter
DM-231-2013  of March 22, 2013, received in this office on April 2 of this year,
through which we are requested to issue a legal opinion on the absolute, evident, and manifest nullity of
Resolution RVLA-0147-2010- SETENA of January 22, 2010, in favor of Puket S.A., within
file D2-1155-2009.




I. RELEVANT BACKGROUND




From the corresponding administrative file, the following considerations are accredited:



 1.      The Environmental Assessment department of SETENA, in resolution RVLA-0147-20010-SETENA of
January 22, 2010, granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the project called "Construction of a guard
house" without the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) being recorded in the administrative file. (folio
32 of file D2-1155-2010-SETENA)



 2.      In official letter DM-386-2012 of June 12, the directing body was designated to carry out the
administrative procedure to declare the absolute, evident, and manifest nullity of the
environmental viabilities of files D1-392-2007, D1-996-2009, D2-1155-2009 and D1-209-2010.
(folio 41 of file D2-1155-2010-SETENA).



 3.      In resolution OD (2)-DPNEM-003-1155-2009-(4)-2012, the directing body of the procedure
ordered the opening of the ordinary procedure to determine the absolute, evident, and
manifest nullity of resolution RVLA-0147-2010-SETENA, issued in file number D2-1155-2009.
This resolution was notified to the representatives of Puket S.A. on December 14, 2012.
(folio 90 of file D2-1155-2010-SETENA).



 4.      On February 27, 2013, the oral hearing was held; however, the representatives of
Puket S.A. did not appear. (folio 127 of file D2-1155-2010-SETENA).



 5.      On March 6, 2013, through resolution OD (2)-DPNEM-009-1155-2009-(3)-2013, the
directing body issued the Final Report of the Ordinary Administrative Procedure to determine the
absolute, evident, and manifest nullity of Resolution RVLA-0147-20010-SETENA. (folio 144 of
file D2-1155-2010-SETENA).




 



 I.                   ON THE APPLICATION OF ARTICLES 173 AND FOLLOWING OF THE LGAP FOR THE CASE
OF ENVIRONMENTAL VIABILITIES.



 Environmental viability is a preparatory or procedural act (acto preparatorio o de trámite) for the final act, which, in this case,
would be the construction permit for a guard house. Among preparatory or procedural acts, there are those that have their own effects and, therefore, declare subjective rights or constitute
legal situations that affect the sphere of interests of the administered parties; but there are those that
do not have such effects. The doctrine refers to them as preparatory or procedural acts without
their own effects because they do not directly affect the sphere of interests of the administered parties,
modifying or creating legal situations or recognizing subjective rights (see, in this regard,
ORTIZ, Tesis de Derecho Administrativo, p. 385 and PAREJO, Manual de Derecho Administrativo, p.
713).




 



 The foregoing is of great importance for the purposes of this legal opinion, since one consequence of
classifying environmental viabilities as preparatory or procedural acts without their own effects,
is that they are not susceptible to challenge in the jurisdictional venue. This has been indicated by the
Contentious-Administrative Tribunal, Section Six, Second Judicial Circuit of San José, in resolution
number 0035-2009 of fifteen hours nine minutes on January fourteenth, two thousand nine; and the
Contentious-Administrative and Civil Treasury Court of Cassation in judgment number N°
000104-F-TC-2009 of 11:10 hours on June 1, 2009. 




 



 From the previous point of view, it would also not be necessary to follow the procedure established by
articles 173 and following of the LGAP to annul ex officio an environmental viability when the
nullity is absolute, evident, and manifest. Given that these are preparatory or procedural acts
that do not have their own effects, they do not declare subjective rights, and their annulment should occur together with
the annulment of the final act. However, there is a precedent from the Constitutional Chamber on this
matter that is of mandatory compliance in accordance with the provisions of article 13 of the Law of
Constitutional Jurisdiction.




 



 In judgment number 2010-17237 of October fifteenth, two thousand ten, the Constitutional Chamber indicated that
environmental viabilities are licenses whose ex officio annulment by the Administration
can only occur in the event that the nullity affecting it is absolute, evident, and manifest, and
with compliance with the administrative procedure regulated by articles 173 and following of the
LGAP. In this regard, the Chamber stated in the cited judgment:




 



 "ON THE MERITS. In the case, the appellant questions that the Minister of Environment, Energy and
Telecommunications proceeded, ex officio, to annul an act declaratory of rights, since,
through resolution No. R-249-2010-MINAET of 1:30 p.m. on May 6, 2010, he granted them the
environmental viability to carry out an urban development called La Arboleda, but,
subsequently, through resolution No. R-302-2010-MINAET of 11:00 a.m. on June 2, 2010,
he resolved to rectify the procedure in which it was ordered to nullify resolution No.
R-249-2010-MINAET, retroacting the effects to the issuance of resolution No.
R-792-2010-SETENA, which denied, on the merits, an appeal filed and which keeps
resolution No. 560-2010-SETENA firm. This last resolution from the National Environmental Technical Secretariat orders the interested party to, prior to granting the environmental viability,
submit an annex with a series of legal and environmental requirements. According to the relation
of proven facts, it is verified, consequently, that the Minister of Environment, Energy and
Telecommunications, hearing on appeal a remedy filed by Manuel Terán Jiménez,
resolved to grant the environmental viability license to the project, and that, subsequently, and in
a unilateral manner, it was decided to annul the license already granted to the protected company. In the opinion of
this Constitutional Tribunal, the situation noted, being a license (see the General Regulation
on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures), grossly violates
the principle of intangibility of one's own acts, by annulling, in a unilateral manner, an
administrative act that conferred an environmental license to request the remaining
permits before the competent authorities. Consequently, it is appropriate to annul resolution
No. R-302-2010-MINAET of 11:00 a.m. on June 2, 2010, by the Minister of Environment, Energy and
Telecommunications, for being injurious to the principle of intangibility of one's own acts. The
foregoing, without prejudice, of course, that if the Administration considers that said license is
vitiated by an evident and manifest nullity, the corresponding administrative procedures
are instituted and, additionally, the respective requirements are requested in order to adequately
supervise that the activity intended to be carried out is not harmful to the environment."



 Consequently, and in compliance with the precedent contained in Constitutional Chamber judgment
number 2010-17237 of October fifteenth, two thousand ten, we proceed to analyze whether the nullity
affecting the environmental viability contained in resolution number RVLA-0147-20010-SETENA of January
22, 2010 is, besides being absolute, evident and manifest.




 




II.                   ON THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE OF ARTICLE 173 OF THE LGAP.



 Article 173 of the General Law of Public Administration (LGAP) establishes the obligation
to carry out an ordinary procedure in the terms provided by articles 308 and following
for the ex officio annulment of administrative acts. The foregoing, so that it is within
said procedure that the Administration declares the absolute, evident, and manifest nullity of the
act, as well as that the right of defense of the administered parties is exercised.



 In this regard, the Constitutional Chamber, in judgment number 2002-12054 of December 20, 2002,
indicated:



 "THE NEED TO INITIATE AN ORDINARY ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR THE EX OFFICIO REVIEW OR ANNULMENT OF
ADMINISTRATIVE ACTS FAVORABLE TO THE ADMINISTERED PARTY. The respective public administration —author of the act that is intended to be annulled or reviewed—, prior to the declaration of
nullity, must open an ordinary administrative procedure in which the
principles and guarantees of due process and defense must be observed (article 173, paragraph 3, of the
General Law of Public Administration). The justification for observing that procedure is that the
final act can suppress a subjective right of the administered party (article 308 ibidem). During the
substantiation of the ordinary procedure, it is essential to obtain the legal opinion of the
Attorney General's Office or the Comptroller General's Office, being a procedural act of the same. As indicated supra, the
legal opinion must expressly rule on the absolute, manifest, and evident character of the
nullity (article 173, paragraph 4, of the General Law of Public Administration). If the legal opinion
of the Attorney General's Office or the Comptroller General's Office of the Republic is unfavorable, in the sense that
the absolute nullity of the administrative act is not evident and manifest, the respective
public administration will be legally prevented from annulling the act in the administrative venue and
must irremediably resort to the ordinary contentious-administrative process of injuriousness.
The legal opinion of the two cited consultative bodies is binding on the respective administration
regarding the evident and manifest character of the nullity. On this point, article 183,
paragraph 1, of the General Law of Public Administration prescribes that 'Outside the cases
provided for in article 173, the administration may not annul ex officio acts declaratory of
rights in favor of the administered party, and to obtain their elimination, it must resort to the contentious-administrative process of injuriousness
provided for in articles 10 and 35 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction.' (In the same sense, judgments 2005-03004, of 8:31 a.m. on March 18,
2005; 2005-12324 of 10:28 a.m. on September 9, 2005; 2006-8767, of 4:40 p.m. on
June 21; and 2006-8960, of 10:53 a.m. on June 23, both of the year 2006)"



 The fundamental objective of this procedure is the search for the real truth, which, for cases
regulated by articles 173 and following of the LGAP, consists of determining the absolute,
evident, and manifest character of the nullity afflicting the administrative act. Hence, the
Administration must comply with all the requirements and stages of the administrative procedure, as well
as the formalities that support it, to achieve said objective.




 



 Subsection 4 of article 173 of the LGAP establishes a statute of limitations (plazo de caducidad) to exercise the power of
ex officio review of one year counted from the adoption of the act, unless its effects
endure.




 



 Now, the statute of limitations of article 173.4 of the LGAP would not govern for environmental
viabilities, independently of the continued effects, if these had to do with the
affectation of a public domain environmental asset, such as the State's natural heritage (patrimonio natural del estado, PNE), which is constituted by state-owned lands covered with forest or that are
of forestry aptitude, as well as protected wilderness areas (áreas silvestre protegidas) according to the interpretation made by the
Constitutional Chamber (see judgment number 016975-2008 of November 12, 2008).




 



 In relation to protected wilderness areas, it must be clear that state-owned lands form part of the PNE, but not privately owned lands. This is important in
relation to mixed national wildlife refuges, since by provision of law
–article 82, Wildlife Conservation Law number 7317 of October 30, 1992, and its
reforms– these have, in addition to public domain lands, lands subject to private
domain.




 



 The environmental viability subject to this procedure is related to the construction of a
guard house on privately owned land, as it concerns property registration number
63149-000 of the province of Limón. It is not, therefore, land belonging to the PNE
even though it is located in the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, which is a mixed
refuge. Consequently, the statute of limitations of article 173.4
of the LGAP applies to this environmental viability.




 



 This Attorney General's Office has indicated that environmental viabilities are acts of continued effects
(see legal opinion C-189-2011). At the time of adopting the act whose nullity is sought, the current
version of article 46 of Decree number 31849 established that environmental viabilities had
a validity of two years. This means that the continued effects of the viability granted in
resolution RVLA-0147-20010-SETENA lasted two years, as it is not recorded in the file that
extensions were requested or granted.




 



 For this reason, if resolution RVLA-0147-20010-SETENA was adopted on January 22,
2010, the period to seek its nullity in the administrative venue expired on January 22, 2012, before
the final report of the directing body of the procedure was rendered in resolution number
OD (2)-DPNEM-003-1155-2009-(4)-2012 of March sixth, 2012, and the file sent to this
Attorney General's Office on April 2, 2013.




 




IV.         CONCLUSION



 Consequently, and because the power for the ex officio review of resolution number
RVLA-0147-20010-SETENA has expired, this Attorney General's Office finds itself unable to render a favorable legal opinion in
relation to the annulment of said act in the administrative venue.




The administrative file sent at the time is returned, attached to this legal opinion.




Sincerely,




 




 




 




Julio Jurado Fernández




Attorney General




 




JJF/ hhc