OJ-003-2015 — Chainsaw and Portable Sawmill Registry to Prevent Illegal LoggingRegistro de motosierras y aserraderos móviles para prevenir tala ilegal

Opinión Jurídica : 003 - J   del 29/01/2015   



29 de enero del 2015




OJ-3-2015




 




Señora




Hannia M. Durán




Jefe de Área




Comisión Especial de Ambiente




Asamblea Legislativa




 




Estimada señora:




 



             Con aprobación de la señora Procuradora General de la República, damos respuesta a la
consulta acerca del proyecto de “Ley para evitar la tala indiscriminada de los bosques, mediante la
regulación de la tenencia de motosierras y otros instrumentos para la extracción y el procesamiento
de madera, por medio de la adición de un artículo 55 bis de la Ley Forestal, N° 7575, expediente N°
18.031.




 




            I.- ALCANCE DE ESTE PRONUNCIAMIENTO




 



             La asesoría jurídica que da la Procuraduría a los miembros de la Asamblea Legislativa
lo es con carácter de opinión jurídica no vinculante.Lo anterior en virtud de tratarse de otro Poder
de la República, cuyas funciones son insustituibles a través de un dictamen.




 



 Se reitera la improcedencia de asumir nuestra conformidad con el Proyecto consultado ante una
eventual falta de respuesta, efecto que no atribuye la legislación en el caso. Asimismo, la
Procuraduría General de la República no está comprendida dentro de los órganos y entidades  a que
alude el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.




 




II.-  MOTIVACIÓN DEL PROYECTO




 



 Acorde con su Exposición de Motivos, el Proyecto, sobre la base de las funciones ecológicas que
cumplen los bosques, tiende a su tutela contra la tala ilegal y la extracción de madera mediante la
regulación de la tenencia de motosierras  y otros instrumentos empleados en esos actos.



 Considera que así como el arma de fuego o punzocortante es medio para atentar contra la integridad
física de las personas, la motosierra y herramientas similares sirven para cometer el delito de tala
ilegal.  De ahí que si de acuerdo con la legislación debe contarse con una matrícula y carné para
portar un arma, igual trato debe dársele a una motosierra, con la que se cometen serios delitos
contra “el ambiente y, por tanto, contra la humanidad”.




 




III.-CONTENIDO DEL PROYECTO




 



 El Proyecto contempla la adición de un artículo, el 55 bis, a la Ley Forestal, que establece el
deber de matrícula ante el MINAE o la Administración Forestal del Estado por delegación de éste,
para toda motosierra y aserradero móvil, en la que conste el nombre del titular, los datos de los
instrumentos, su “estatus legal” y  las informaciones que fijará el MINAE.  La falta de matrícula es
“causal decomiso” (sic) por la autoridad de policía estatal, hasta que no se compruebe su legítima
procedencia.




 



 Toda persona que requiera trabajar con motosierras y aserradores portátiles debe solicitar a la
Administración Forestal del Estado un permiso de uso, sin el cual no podrá realizar la actividad de
aprovechamiento de la madera.




 




IV.- COMENTARIOS A LA MODIFICACIÓN LEGAL PROPUESTA




 



 A fin de contribuir a su mejoramiento, se hacen algunos comentarios a la modificación legal
propuesta:




 



 1) Si bien la corta y aprovechamiento de árboles puede realizarse utilizando otros instrumentos
(hacha, cuchillo, etc), la motosierra y el aserradero móvil son herramientas de uso más moderno,
frecuente y célere.  Por ahí, el Proyecto, al instituir el deber de registro y carnet de portación,
medidas de control, no carecería de razonabilidad, desde que esos instrumentos potencian más el
nivel de impacto o devastación sobre el recurso forestal, en menor tiempo que los demás. (La
sentencia 404/2011 del TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL hace referencia a la tala de árboles pequeños y
medianos con cuchillo y hacha, y de árboles grandes con motosierras).




 



 2) Se sugiere sustituir en el título del Proyecto la frase “y otros instrumentos”, por “aserraderos
móviles”, única herramienta que regula a más de las motosierras.




 



 3) Como acto previo a disponer la obligatoriedad de inscripción, se debe crear un registro de
motosierras y aserraderos móviles, con dotación de recursos materiales y humanos. 




 



 El Proyecto faculta, no obliga, al MINAE a delegar el registro en la Administración Forestal del
Estado.  No precisa qué órgano lo asume sino lo delega, es decir, al que le correspondería el
registro, ni reforma la Ley Orgánica de ese Ministerio, para asignarle esa nueva función. 



 4) Las funciones de la Administración Forestal del Estado las asumió el Sistema Nacional de Áreas
de Conservación (SINAC; Ley 7788/1998, art. 22; Decreto 34433/2008, art. 7° ss.), órgano en que
–según el Proyecto- podría hacerse la delegación de registro.




 



 5) Al ser la motosierra una herramienta de usos variados en las zonas rurales (labores agrícolas,
forestales, etc), con intercambiabilidad de usos y de fácil transmisión, se recomienda establecer la
inscripción de todas motosierras y aserraderos móviles, así como sus transmisiones.




 



 El título del artículo 55 bis circunscribe el registro a los “instrumentos empleados en la tala de
árboles”.




 



 6) El Proyecto no define a quién corresponde la primera inscripción de la herramienta (importadora,
ensambladora, fabricante, establecimientos comerciales de venta, usuario, etc.).




 



 7) Conviene incorporar un párrafo que obligue a incluir el número de matrícula de las motosierras o
aserraderos móviles a utilizar en los permisos de aprovechamiento forestal que se otorguen.




 



 8) El Proyecto es omiso en cuanto al trámite, requisitos, la vigencia de la inscripción de la
herramienta y obtención del carnet.




 




9) La expresión “status legal” del instrumento es ambigua.




 




10) Aclarar la frase “causal decomiso”; para que se indique si es  comiso o decomiso.




 



 El comiso es una figura propia del Derecho Penal. Se prevé como consecuencia del hecho punible. El
Juez, en el fallo condenatorio, ordena, en favor del Estado, la pérdida de los instrumentos con que
se cometió el delito, y de las cosas o valores provenientes de su realización, o que constituyan
para el agente un provecho derivado del mismo delito, salvo el derecho que sobre ellos tengan el
ofendido o terceros. (Código Penal, arts. 103, inciso 3°, y 110).




 




El Proyecto no tipifica ningún tipo penal.




 



 Además, ha de tomarse en cuenta, con los matices que podría tener en el Derecho Penal Ambiental, la
sentencia 6410/1996 de la SALA CONSTITUCIONAL, donde declaró inconstitucional el artículo 230 del
Código Penal, que reprimía con prisión la indebida tenencia y fabricación de ganzúas u otros
instrumentos conocidamente destinados a facilitar la comisión de delitos contra la propiedad. En ese
delito de peligro abstracto, al decir de la Sala la prohibición no atiende a una efectiva tutela de
un bien jurídico y llevaría a interpretar las “áreas que se supone el legislador tuvo en cuenta y no
precisamente las que conducen a castigar a los cerrajeros profesionales, carpinteros, mecánicos,
todos los cuales suelen tener o fabricar instrumentos generalmente utilizados para sus respectivos
oficios y que también suelen ser utilizados para cometer delitos contra la propiedad”.




 



  “VI. (…) Con el delito de tenencia y fabricación de ganzúas y otros instrumentos, el legislador
costarricense no reprime una conducta que efectivamente lesione o haga peligrar al bien jurídico
propiedad, sino que trata de evitar conductas que eventualmente generarían -si se tratara de actos
preparatorios- una delincuencia contra la propiedad. Esta técnica legislativa no sólo es errónea
sino también es contraria al principio de legalidad criminal, al hacer que se criminalicen una gran
gama de conductas que no afectan a la sociedad ni a los valores sociales. Dicha técnica lleva a
criminalizar situaciones que no son conductas, porque con el hecho de tener una ganzúa no se está
violentando la propiedad, pero existe peligro de que se utilice indebidamente. El legislador hace un
pronóstico sobre la contingencia de la conducta dañosa, la previene al penalizar estadios
anteriores, donde no existe ningún bien jurídico lesionado, razón ésta por la que no debería haber
intervención estatal punitiva. Es importante agregar que los tipos penales de peligro abstracto como
el de estudio devienen en totalmente innecesarios ya que no existe posibilidad alguna de impunidad,
pues de todas maneras siempre habrá un tipo penal que recoja la protección al bien jurídico que aquí
se trataría de proteger, cuando efectivamente se lesione el bien jurídico, o se le haya puesto en
evidente peligro por el actuar del sujeto (por ejemplo en el delito tentado). Las descripciones
típicas como la de estudio afectan el valor certeza del derecho tutelado por el principio de
legalidad criminal, razón por la que estamos ante un caso de inconstitucionalidad, al afectarse la
función de garantía del tipo penal.




 



 “VII. (…) Al disponerse constitucionalmente que "las acciones privadas que no dañen la moral o el
orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley" -artículo 28- se
impone un límite al denominado ius puniendi, pues a cada figura típica ha de ser inherente una
lesión o peligro de un valor ético-social precisamente determinado; en otros términos, puesto que no
basta que una conducta u omisión "encaje" abstractamente en un tipo, es también necesaria una lesión
significativa de un bien jurídico. De lo contrario, tendríamos conductas delictivas pese a que no
dañan la moral o el orden público o a que no perjudican a tercero”.




 



 11) Por la actuación de la autoridad policial administrativa, el Proyecto parece referirse al
“decomiso”, como medida de prevención o asegurativa, que puede tener diversas finalidades:
salubridad (Ley 5395, art. 137), seguridad (Ley 7530, arts. 12, 26 bis, y 83), para el cumplimiento
forzoso de actos administrativos (LGAP, art. 149.2), ambiental en el caso, etc. Los funcionarios que
ejercen la Administración Forestal (del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) tienen
carácter de policía. (Ley Forestal, art. 54, pfo. 1°).




 



 (Sobre el decomiso y utilización de motosierras y aserradores móviles, cfr.: SALA CONSTITUCIONAL,
sentencia 7772/2007. Política de persecución penal ambiental, pto. 44.2. Circular 01-2055. FISCALÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA. MINISTERIO PÚBLICO. PODER JUDICIAL. Litografía IPECA, 2005. San José. FAO.
Evolución y situación actual del sector forestal. Industria forestal (transformación primaria de la
madera), pg. 28. En: http://www.fao.org/docrep/009/j7354s/j7354s07.htm. POSAS GUEVARA, A. L.:
Factores que facilitan la adopción de la motosierra con marco como tecnología de aprovechamiento
forestal: estudios de caso con productores que manejan bosques comunales. Tesis de Maestría. CATIE.
1998. CATIE. Unidad de Manejo de Bosques Naturales: Tala dirigida con motosierra en bosques
tropicales: manual ilustrado. 1996. Serie Técnica. Manual Técnico N° 23. QUIRÓS, D.: Utilización de
motosierra con marco en La Tirimbina, Costa Rica: determinación de costos, rendimientos y
utilidades. Manejo Forestal Tropical (CATIE). Feb 1998. FONSECA RIVERA, O.; QUIRÓS, C. D.:
Aserradero manual de motosierra con marco: equipo básico y modo de operación. Manejo Forestal
Tropical (CATIE). 1999).




 



 12) El Proyecto, en sus consideraciones, estima que la motosierra y herramientas similares
(aserraderos móviles) son medios para cometer el delito de tala ilegal del bosque, por lo que para
utilizarlos la persona debe contar con una matrícula y un carné de portación. A falta de registro,
procede su decomiso, como coacción administrativa. (Cfr.: IÑAKI AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA. La
coacción administrativa directa. Civitas ediciones. 1990). 




 



 Con todo, el registro per se no impide la tala ilegal. Se sugiere la inclusión que se dijo en el
punto 7 supra




 



 13) Se recomienda valorar la frase relativa a la devolución del instrumento una vez que “se
constate su legítima procedencia”, la que podría demostrar quien no es propietario. La titularidad
es requisito de inscripción, según el párrafo primero del texto normativo propuesto.




 




14) El Proyecto no define el destino de los objetos decomisados y no retirados.




 



 15) Se aclara que el Ministerio de Ambiente y Energía no abarca en la actualidad el sector
telecomunicaciones, trasladado por la Ley 9046/2012 al Ministerio de Ciencia y Tecnología (ver Ley
6227/1978, art. 23 inc. 1 h y ñ; Ley 9046/2012, art. 11; Decreto 35669-MINAE/2009, art. 1°).




 




Atentamente,




 




 




 




José J Barahona Vargas                                   Yamileth Monestel Vargas




Procurador Asesor                                           Abogada de Procuraduría




 




 




 




JBV/YMV/lfa

Legal Opinion: 003 - J of 01/29/2015

January 29, 2015

OJ-3-2015

Mrs.
Hannia M. Durán
Area Chief
Special Commission on the Environment
Legislative Assembly

Dear Madam:

With the approval of the Solicitor General of the Republic, we respond to the inquiry regarding the bill for the “Law to prevent the indiscriminate clearing of forests, through the regulation of the possession of chainsaws and other instruments for the extraction and processing of wood, by means of the addition of an article 55 bis to the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575, legislative file No. 18,031.

I.- SCOPE OF THIS PRONOUNCEMENT

The legal advice provided by the Solicitor General's Office to the members of the Legislative Assembly is rendered as a non-binding legal opinion. This is because it concerns another Branch of the Republic, whose functions cannot be substituted through an opinion.

It is reiterated that our conformity with the consulted Bill cannot be inferred from an eventual lack of response, an effect not attributed by legislation in this case. Likewise, the Office of the Solicitor General of the Republic is not included among the bodies and entities referred to in article 157 of the Regulation of the Legislative Assembly (Reglamento de la Asamblea Legislativa).

II.- MOTIVATION OF THE BILL

According to its Statement of Motives, the Bill, based on the ecological functions performed by forests, seeks to protect them against illegal clearing (tala ilegal) and wood extraction by regulating the possession of chainsaws and other instruments used in those acts.

It considers that just as a firearm or sharp weapon is a means to attack the physical integrity of persons, the chainsaw and similar tools serve to commit the crime of illegal clearing. Hence, if according to legislation one must have a registration and a permit to carry a weapon, the same treatment should be given to a chainsaw, with which serious crimes are committed against “the environment and, therefore, against humanity.”

III.- CONTENT OF THE BILL

The Bill contemplates the addition of an article, 55 bis, to the Forest Law, which establishes the duty of registration before the MINAE or the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado) by delegation thereof, for every chainsaw and portable sawmill (aserradero móvil), in which the owner's name, the instrument data, its “legal status” and the information to be set by the MINAE must be recorded. The lack of registration is grounds for seizure (“causal decomiso” [sic]) by the state police authority, until its legitimate origin is verified.

Every person who needs to work with chainsaws and portable sawyers must request a use permit from the State Forest Administration, without which they may not carry out the wood harvesting activity.

IV.- COMMENTS ON THE PROPOSED LEGAL AMENDMENT

In order to contribute to its improvement, some comments are made on the proposed legal amendment:

1) Although the cutting and harvesting of trees can be carried out using other instruments (axe, knife, etc.), the chainsaw and the portable sawmill are more modern, frequent, and fast tools. Therefore, the Bill, by instituting the duty of registration and a carry permit, as control measures, would not lack reasonableness, since these instruments enhance more the level of impact or devastation on the forest resource in less time than the others. (Judgment 404/2011 of the Criminal Cassation Court (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL) refers to the clearing of small and medium trees with a knife and axe, and of large trees with chainsaws).

2) It is suggested to replace in the title of the Bill the phrase “and other instruments” with “portable sawmills,” the only tool it regulates besides chainsaws.

3) As a prior act to establishing the mandatory nature of registration, a registry of chainsaws and portable sawmills must be created, with the provision of material and human resources.

The Bill authorizes, but does not obligate, the MINAE to delegate the registry to the State Forest Administration. It does not specify which body assumes it if it is not delegated, that is, which body would be responsible for the registry, nor does it reform the Organic Law of that Ministry to assign it this new function.

4) The functions of the State Forest Administration were assumed by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC; Law 7788/1998, art. 22; Decree 34433/2008, art. 7 et seq.), a body in which – according to the Bill – the delegation of the registry could be made.

5) As the chainsaw is a tool with varied uses in rural areas (agricultural, forestry work, etc.), with interchangeability of uses and easy transfer, it is recommended to establish the registration of all chainsaws and portable sawmills, as well as their transfers.

The title of article 55 bis limits the registry to the “instruments employed in the clearing of trees (tala de árboles).”

6) The Bill does not define who is responsible for the initial registration of the tool (importer, assembler, manufacturer, commercial sales establishments, user, etc.).

7) It is advisable to incorporate a paragraph requiring that the registration number of the chainsaws or portable sawmills to be used be included in the forest harvesting permits (permisos de aprovechamiento forestal) that are granted.

8) The Bill is silent regarding the procedure, requirements, and the validity of the instrument registration and the obtaining of the permit.

9) The expression “legal status” of the instrument is ambiguous.

10) Clarify the phrase “grounds for seizure”; to indicate whether it is forfeiture (comiso) or seizure (decomiso).

Forfeiture is a figure belonging to Criminal Law. It is provided for as a consequence of the punishable act. The Judge, in the conviction ruling, orders, in favor of the State, the loss of the instruments with which the crime was committed, and of the things or values derived from its commission, or that constitute a benefit derived from the same crime for the agent, except for the rights that the victim or third parties may have over them. (Criminal Code (Código Penal), arts. 103, subsection 3°, and 110).

The Bill does not classify any criminal type.

Furthermore, consideration must be given, with the nuances it could have in Environmental Criminal Law, to judgment 6410/1996 of the Constitutional Chamber (SALA CONSTITUCIONAL), where it declared unconstitutional article 230 of the Criminal Code, which punished with imprisonment the improper possession and manufacture of lock picks or other instruments known to be intended to facilitate the commission of crimes against property. In that crime of abstract endangerment, according to the Chamber, the prohibition does not attend to an effective protection of a legal interest and would lead to interpreting the “areas that the legislator supposedly considered and not precisely those that lead to punishing professional locksmiths, carpenters, mechanics, all of whom usually have or manufacture instruments generally used for their respective trades and that are also usually used to commit crimes against property.”

“VI. (…) With the crime of possession and manufacture of lock picks and other instruments, the Costa Rican legislator does not repress conduct that effectively harms or endangers the legal interest of property, but rather tries to avoid conduct that would eventually generate – if it were a matter of preparatory acts – criminality against property. This legislative technique is not only erroneous but also contrary to the principle of criminal legality, by causing a wide range of conduct that does not affect society or social values to be criminalized. Said technique leads to criminalizing situations that are not conduct, because by merely having a lock pick, property is not being violated, but there is a danger that it will be used improperly. The legislator makes a prognosis about the contingency of harmful conduct, prevents it by penalizing earlier stages, where no legal interest is harmed, which is the reason why there should be no punitive state intervention. It is important to add that criminal types of abstract endangerment such as the one under study become totally unnecessary since there is no possibility of impunity whatsoever, as there will always be a criminal type that encompasses the protection of the legal interest that one would seek to protect here, when the legal interest is effectively harmed, or has been placed in evident danger by the subject's action (for example in the attempted crime). Typical descriptions like the one under study affect the certainty value of the law protected by the principle of criminal legality, which is why we are facing a case of unconstitutionality, by affecting the guarantee function of the criminal type.

“VII. (…) By constitutionally providing that "private actions that do not harm public morality or order, or that do not harm a third party, are outside the scope of the law" -article 28- a limit is imposed on the so-called ius puniendi, because inherent to each criminal figure must be a harm or danger to a precisely determined ethical-social value; in other terms, since it is not enough that an act or omission "fits" abstractly into a type, a significant harm to a legal interest is also necessary. Otherwise, we would have criminal conduct even though it does not harm public morality or order or harm a third party.”

11) Due to the action of the administrative police authority, the Bill seems to refer to “seizure,” as a preventive or precautionary measure, which can have diverse purposes: public health (Law 5395, art. 137), security (Law 7530, arts. 12, 26 bis, and 83), for the compulsory enforcement of administrative acts (LGAP, art. 149.2), environmental in this case, etc. The officials who exercise the Forest Administration (of the National System of Conservation Areas, SINAC) have police authority. (Forest Law, art. 54, para. 1°).

(Regarding the seizure and use of chainsaws and portable sawyers, cf.: CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgment 7772/2007. Environmental criminal prosecution policy, point 44.2. Circular 01-2055. OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC (FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). PUBLIC MINISTRY. JUDICIAL BRANCH. Litografía IPECA, 2005. San José. FAO. Evolution and current situation of the forest sector. Forest industry (primary wood transformation), pg. 28. At: http://www.fao.org/docrep/009/j7354s/j7354s07.htm. POSAS GUEVARA, A. L.: Factors that facilitate the adoption of the chainsaw with frame as a forest harvesting technology: case studies with producers who manage communal forests. Master's Thesis. CATIE. 1998. CATIE. Natural Forest Management Unit: Directed felling with chainsaw in tropical forests: illustrated manual. 1996. Technical Series. Technical Manual No. 23. QUIRÓS, D.: Use of chainsaw with frame in La Tirimbina, Costa Rica: determination of costs, yields and profits. Manejo Forestal Tropical (CATIE). Feb 1998. FONSECA RIVERA, O.; QUIRÓS, C. D.: Manual chainsaw sawmill with frame: basic equipment and mode of operation. Manejo Forestal Tropical (CATIE). 1999).

12) The Bill, in its considerations, deems that the chainsaw and similar tools (portable sawmills) are means to commit the crime of illegal clearing of the forest, so to use them, the person must have a registration and a carry permit. In the absence of registration, their seizure proceeds, as administrative coercion. (Cf.: IÑAKI AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA. Direct administrative coercion. Civitas ediciones. 1990).

Nevertheless, registration per se does not prevent illegal clearing. The inclusion mentioned in point 7 supra is suggested.

13) It is recommended to evaluate the phrase relating to the return of the instrument once “its legitimate origin is verified,” which could be demonstrated by someone who is not the owner. Ownership (titularidad) is a registration requirement, according to the first paragraph of the proposed normative text.

14) The Bill does not define the destination of seized and unclaimed objects.

15) It is clarified that the Ministry of Environment and Energy does not currently encompass the telecommunications sector, transferred by Law 9046/2012 to the Ministry of Science and Technology (see Law 6227/1978, art. 23 subs. 1 h and ñ; Law 9046/2012, art. 11; Decree 35669-MINAE/2009, art. 1°).

Sincerely,

José J Barahona Vargas Yamileth Monestel Vargas
Advisory Solicitor Attorney of the Solicitor General's Office

JBV/YMV/lfa