Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)«La unión del primero y del tercer principio, es lo que esta Sala denomina principio del desarrollo sostenible democrático, a partir cual no solo se trata de garantizar el aprovechamiento de los recursos existentes por las presentes generaciones, y de asegurar la subsistencia de las futuras, sino que para lograrlo, también se debe asegurar que el acceso a esos recursos y a la riqueza generada por las actividades económicas relacionadas con la pesca y acuicultura se distribuya equitativamente en la Sociedad, de modo que alcance al mayor número posible de personas y permita el progreso solidario de las familias que componen ese sector social y productivo.»
Con base en lo expuesto, la Procuraduría reitera lo señalado en la opinión jurídica no. OJ-012-2014, en cuanto a que el Protocolo de Nagoya al Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, no presenta vicios de constitucionalidad.
English (translation)"The union of the first and third principle is what this Chamber calls the principle of democratic sustainable development, which not only guarantees the use of existing resources by present generations and ensures the subsistence of future ones, but also requires that access to those resources and the wealth generated by economic activities related to fishing and aquaculture be distributed equitably in society, so that it reaches the greatest possible number of people and allows the supportive progress of the families that make up that social and productive sector."
Based on the above, the Attorney General reiterates the opinion expressed in legal opinion No. OJ-012-2014, that the Nagoya Protocol to the Convention on Biological Diversity on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization does not present constitutional flaws.
Interpretive opinion
Opinión Jurídica : 094 - J del 12/05/2021 12 de mayo de 2021 OJ-094-2021 Señora Noemy Montero Guerrero Jefe de Área Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior Asamblea Legislativa Estimada Señora: Con la aprobación del Procurador General de la República, me refiero a su oficio no. CRI-241-2019 de 24 de octubre de 2019, por medio del cual se nos comunica que la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, requirió nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 21376, denominado “Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica.” 1. Carácter de este pronunciamiento. De conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública. Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración Pública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa. Pese a lo anterior, y dado que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye. De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley, cuando son consultados por la Comisión Legislativa encargada de tramitarlos, o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan estimarse de interés general. En virtud de ello, los criterios emanados de este órgano asesor en cuanto a los alcances y contenido de un proyecto de ley, no poseen la obligatoriedad propia de aquellos referidos a asuntos surgidos del ejercicio de la función administrativa y, por esa razón, este criterio es vertido por medio de una opinión jurídica no vinculante que pretende ser un insumo en el ejercicio de la importante labor legislativa. Por otra parte, al no encontrarnos en los supuestos establecidos por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, este pronunciamiento no se encuentra sujeto al plazo de ocho días en él establecido. 2. Consideraciones sobre el proyecto de ley. La ratificación del Protocolo de Nagoya al Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, fue objeto del proyecto de ley no. 18372, el cual fue archivado por vencimiento del plazo cuatrienal. Sobre dicho proyecto de ley, la Procuraduría emitió la opinión jurídica no. OJ-012-2014 de 30 de enero de 2014, que analizó detalladamente la iniciativa, y, al tratarse del mismo instrumento internacional, reiteramos los comentarios allí expuestos. En ese sentido, conviene reiterar lo dicho en cuanto a los objetivos y contenido del Protocolo, en los siguientes términos: “Como su nombre lo indica, es un nuevo tratado internacional que se basa en el Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por Costa Rica el 30 de junio de 1994, Ley número 7416. Este instrumento jurídico desarrolla lo relacionado con la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Para lo anterior, el Protocolo de Nagoya dispone de 27 cláusulas del preámbulo, 36 artículos con disposiciones operativas, y un anexo que contiene una lista de los beneficios monetarios y no monetarios con respecto al acceso a los recursos genéticos y la utilización de sus derivados; todo planteado desde una perspectiva que busca utilizar de manera sostenible los componentes de la diversidad biológica. El Protocolo se basa, al igual que el Convenio sobre Diversidad Biológica, en los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y reconoce la importancia de la contribución de la transferencia de tecnología y la cooperación entre Estados para crear capacidad de investigación e innovación que contribuya al desarrollo sostenible. El artículo 1 dispone como objetivo del Protocolo de Nagoya la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, como el acceso adecuado a los recursos genéticos, la transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes y la financiación adecuada. El ámbito de aplicación se encuentra en el Artículo 3 del Protocolo, y dispone que corresponde a los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del artículo 15 del Convenio sobre Diversidad Biológica. En el artículo 4 del Protocolo denominado: Relación con acuerdos o instrumentos internacionales, se aclara que las disposiciones del Protocolo no afectarán los derechos y obligaciones derivados de los acuerdos internacionales existentes, excepto que con ello se pueda causar daño a la biodiversidad. Además, señala que aunque el protocolo es el instrumento para la aplicación de las disposiciones sobre acceso y participación en los beneficios a que se refiere el Convenio, se pueden aplicar instrumentos especializados sobre la materia que no se opongan con los objetivos del Convenio. De ahí que las partes pueden implementar otros acuerdos especializados de acceso y participación en los beneficios de recursos genéticos en el futuro; y tales acuerdos especializados prevalecen si se encuentran en línea con el objetivo del Protocolo de Nagoya. El artículo 5 del Protocolo retoma el objetivo principal de participación justa y equitativa en los beneficios, de conformidad con el artículo 15. Se establece el compromiso estatal de adoptar las medidas legislativas, administrativas o de política, para asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales, de conformidad con las leyes nacionales respecto a los derechos establecidos de dichas comunidades indígenas y locales sobre estos recursos genéticos, se compartan de manera justa y equitativa. Este artículo 5 también establece que los beneficios pueden ser monetarios y no monetarios, y refiere al Anexo del Protocolo, que incluye una lista de los posibles beneficios a ser compartidos. Un elemento clave del Protocolo que se encuentra en total coherencia con el Convenio sobre Diversidad Biológica, corresponde al derecho soberano de los Estados sobre sus recursos naturales. Esto se recoge en el artículo 6 del protocolo. Este artículo también regula las situaciones en las que las comunidades indígenas y locales son titulares de derechos sobre los recursos genéticos. El protocolo plantea la obligación estatal de adoptar medidas, de acuerdo con la legislación nacional para garantizar que el consentimiento fundamentado previo sea obtenido en total respeto de estas comunidades. El artículo 10 establece la base legal para la consideración de un posible mecanismo global multilateral de participación en los beneficios, siendo una cláusula abierta y opcional a las Partes que se comprometen a no restringir, en la medida de lo posible, el uso e intercambio consuetudinario de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados dentro de las comunidades indígenas y locales. El protocolo de Nagoya dispone en su artículo 11 que las partes se comprometan a colaborar a con la participación de las comunidades indígenas y locales, en aquellos casos en que los mismos recursos genéticos se encuentren in situ dentro del territorio de más de una Parte o sean compartidos por una o más comunidades indígenas y locales en varias partes. Vinculado al artículo anterior, el numeral 12 del Protocolo dispone que las partes deberán tomar en consideración las leyes consuetudinarias, protocolos y procedimientos comunitarios, con respecto a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos; así como establecer los mecanismos necesarios para informar a los posibles usuarios de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos acerca de sus obligaciones. Lo anterior, con la participación efectiva de las comunidades indígenas y locales pertinentes. El conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos constituye uno de los ejes centrales de este Protocolo. En el contexto del acceso y participación en los beneficios, el conocimiento tradicional se refiere al conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales relacionadas con los recursos genéticos. Estos conocimientos tradicionales son una fuente vital de información para identificar los usos de los recursos genéticos de los cuales la humanidad puede beneficiarse en su conjunto. En el Artículo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica se establece la necesidad de que los gobiernos respeten, preserven, mantengan y promuevan una mayor aplicación de los conocimientos tradicionales con la aprobación y la participación de las comunidades indígenas y locales, por lo que este protocolo constituye un avance significativo en la regulación del acceso y distribución de beneficios de este tipo de conocimiento. El artículo 13 dispone la obligación de las partes de designar un punto focal nacional para acceso y participación en los beneficios. El punto focal nacional dará a conocer la información sobre los procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo y establecer condiciones mutuamente acordadas, incluida la participación en los beneficios, la información sobre los procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación, según proceda, de las comunidades indígenas y locales, y establecer condiciones mutuamente acordadas, incluida la participación en los beneficios y la información sobre autoridades nacionales competentes, comunidades indígenas y locales pertinentes e interesados pertinentes. En nuestro país existe la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), como autoridad competente encargada de tramitar, aprobar y fiscalizar los permisos de acceso a recursos genéticos, de conformidad con el artículo 14 y siguientes de la Ley de Biodiversidad, número 7788 del 30 de abril de 1998, por lo que ya existe legislación y un marco institucional coincidente con lo que se denomina en el Protocolo como punto focal nacional. El artículo 14 establece un centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios como parte del mecanismo de facilitación al que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 18 del Convenio. Será un medio para compartir información relacionada con el acceso y la participación en los beneficios. Los Artículos 19 y 20 incluyen las obligaciones de las Partes a fomentar el desarrollo, la actualización y la utilización de cláusulas modelo sectoriales e intersectoriales contractuales, así como los códigos de conducta voluntarios, directrices y mejores prácticas y/o estándares en relación con el acceso a los recursos. Si se aplican adecuadamente por las Partes, estos instrumentos crearán un ambiente de apoyo para proveedores y usuarios para negociar con éxito, así como para desarrollar y ejecutar acuerdos para la participación justa y equitativa en los beneficios. El artículo 23 se enfoca en dos tipos específicos de beneficios con carácter no monetario: la colaboración y cooperación en materia de investigación científica y técnica y los programas de desarrollo, así como el acceso y la transferencia de tecnología. El artículo 33 del Protocolo dispone que no se podrán formular reservas por lo que al ratificarse por nuestro país debe ser aprobado en la totalidad del mismo.” Asimismo, en cuanto a la relación del Protocolo con nuestra Constitución Política, reiteramos que: “El artículo 50 constitucional garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y establece el principio de la obligada tutela estatal del ambiente. La jurisprudencia constitucional establece que un elemento central de lo que ha de entenderse como ambiente lo constituye la biodiversidad. En este sentido, hay que tener presente que la Sala Constitucional en la sentencia número 2485-94 de 27 de mayo de 1994, evacuó favorablemente la consulta legislativa de la ley que aprobó el Convenio sobre Biodiversidad. La biodiversidad es parte integrante del ambiente, es decir, forma parte del objeto del derecho que garantiza el artículo 50 constitucional, así como del principio que obliga al estado proteger y tutelar el ambiente. La legislación nacional desarrolla la regulación sobre la biodiversidad y, específicamente, lo que tiene que ver con el acceso a los elementos genéticos y bioquímicos (artículos 62 a 85 de la Ley de Biodiversidad número 7788 de 30 de abril de 1998). El protocolo cuya aprobación se pretende que con el proyecto de ley 18.372 viene a complementar el desarrollo normativo de la biodiversidad, regulando específicamente lo relacionado con el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. Es importante hacer ver que el protocolo insta a una utilización sostenible de los recursos genéticos y a la conservación de la biodiversidad (artículo 8 del protocolo). Esto tiene relevancia de cara a lo dispuesto en el artículo 50 constitucional y la profusa jurisprudencia constitucional sobre el desarrollo sostenible y la utilización racional de los recursos naturales como principios constitucionales. Recientemente, la Sala Constitucional ha planteado una nueva faceta del principio de desarrollo sostenible que viene a dar respaldo al objetivo propuesto en el protocolo cuya aprobación se somete a la Asamblea Legislativa. Se trata del principio de desarrollo sostenible democrático, principio que agrega a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales –entre los que encuentran los elementos genéticos y bioquímicos de los seres vivos- una distribución equitativa de los beneficios derivados de su utilización. La Sala Constitucional planteó este tema en la sentencia número 2013-10540 de 7 de agosto de 2013, en la cual resolvió la acción de inconstitucional interpuesta contra la normativa que permitía la pesca de arrastre. En dicha sentencia señaló: «La unión del primero y del tercer principio, es lo que esta Sala denomina principio del desarrollo sostenible democrático, a partir cual no solo se trata de garantizar el aprovechamiento de los recursos existentes por las presentes generaciones, y de asegurar la subsistencia de las futuras, sino que para lograrlo, también se debe asegurar que el acceso a esos recursos y a la riqueza generada por las actividades económicas relacionadas con la pesca y acuicultura se distribuya equitativamente en la Sociedad, de modo que alcance al mayor número posible de personas y permita el progreso solidario de las familias que componen ese sector social y productivo.» Desde el momento que la Sala formula las anteriores apreciaciones como un principio, son perfectamente generalizables a otras hipótesis distintas al caso de los recursos pesqueros. Es decir, que el principio de desarrollo sostenible democrático es aplicable a la materia que regula el Protocolo de Nagoya. Desde este punto de vista, es opinión de esta Procuraduría que dicho instrumento internacional satisface los requerimientos planteados por el principio mencionado.” Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Protocolo de Nagoya entró en vigor el 12 de octubre de 2014 y que, la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, a los cuatro años de su entrada en vigor, evaluó sus avances y, en la decisión no. NP-3/1 destacó la importancia de los progresos alcanzados hasta entonces por las Partes en el establecimiento de medidas legislativas, administrativas o de política en materia de acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios. Sin embargo, también señaló la importancia y necesidad de realizar más esfuerzos para que las disposiciones del Protocolo se pongan en práctica de manera plena y estableció una serie de recomendaciones en orden a fortalecer su implementación en algunos aspectos clave. Sin duda, la ratificación del Protocolo por los Estados, contribuye al objetivo de optimizar la aplicación de sus disposiciones. 3. Conclusión. Con base en lo expuesto, la Procuraduría reitera lo señalado en la opinión jurídica no. OJ-012-2014, en cuanto a que el Protocolo de Nagoya al Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, no presenta vicios de constitucionalidad. Se estima que se trata de un instrumento normativo internacional de suma importancia en materia de acceso equitativo a los recursos genéticos y de promoción y salvaguarda de la participación justa y equitativa en los beneficios generados por la utilización de los recursos genéticos, conforme con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y nuestra Ley de Biodiversidad. De Usted, atentamente, Elizabeth León Rodríguez Procuradora
Legal Opinion: 094 - J of 05/12/2021 May 12, 2021 OJ-094-2021 Ms. Noemy Montero Guerrero Area Head Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade Legislative Assembly Dear Ms. Montero Guerrero: With the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your communication no. CRI-241-2019 of October 24, 2019, through which we are informed that the Special Permanent Commission on International Relations and Foreign Trade requested our opinion on bill no. 21376, entitled "Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity." 1. Nature of this pronouncement. In accordance with articles 1, 2, and 3 subsection b) of our Organic Law (no. 6815 of September 27, 1982), the Attorney General's Office is the highest consultative, technical-legal body of the Public Administration, and, in that capacity, fulfills its function by rendering the legal opinions requested by the Public Administration. For these purposes, the Legislative Assembly could be considered as Public Administration when it consults us on a matter in the exercise of its administrative function, but not when it requests our opinion on a matter of interest for the exercise of the legislative function. Despite the foregoing, and given that there is no legal provision to that effect, the Attorney General's Office has customarily addressed the consultations made by the Legislative Assembly and its deputies, with the aim of collaborating with the exercise of the important functions attributed to them by the Political Constitution. Hence, non-binding legal opinions are rendered on certain bills, when consulted by the Legislative Commission responsible for processing them, or in relation to legal aspects that may be considered covered by the political control function and that may reasonably be deemed of general interest. By virtue of this, the opinions issued by this advisory body regarding the scope and content of a bill do not possess the binding nature characteristic of those relating to matters arising from the exercise of the administrative function, and, for that reason, this opinion is rendered by means of a non-binding legal opinion intended to serve as an input in the exercise of the important legislative work. Furthermore, as we do not find ourselves in the circumstances established by article 157 of the Regulations of the Legislative Assembly, this pronouncement is not subject to the eight-day deadline established therein. 2. Considerations regarding the bill. The ratification of the Nagoya Protocol to the Convention on Biological Diversity on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization was the subject of bill no. 18372, which was archived due to the expiration of the four-year term. Regarding said bill, the Attorney General's Office issued legal opinion no. OJ-012-2014 of January 30, 2014, which analyzed the initiative in detail, and, as it concerns the same international instrument, we reiterate the comments set forth therein. In that sense, it is appropriate to reiterate what was stated regarding the objectives and content of the Protocol, in the following terms: "As its name indicates, it is a new international treaty based on the Convention on Biological Diversity, ratified by Costa Rica on June 30, 1994, Law number 7416. This legal instrument develops matters related to the fair and equitable sharing of benefits derived from the utilization of genetic resources. To this end, the Nagoya Protocol has 27 preamble clauses, 36 articles with operative provisions, and an annex containing a list of monetary and non-monetary benefits with respect to access to genetic resources and the utilization of their derivatives; all presented from a perspective that seeks the sustainable use of the components of biological diversity. The Protocol is based, like the Convention on Biological Diversity, on the sovereign rights of States over their natural resources and recognizes the importance of the contribution of technology transfer and cooperation among States to build research and innovation capacity contributing to sustainable development. Article 1 sets forth as the objective of the Nagoya Protocol the fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources, such as adequate access to genetic resources, the appropriate transfer of relevant technologies, and adequate funding. The scope of application is found in Article 3 of the Protocol, and states that it applies to the genetic resources covered by the scope of article 15 of the Convention on Biological Diversity. In article 4 of the Protocol, entitled: Relationship with international agreements or instruments, it is clarified that the provisions of the Protocol shall not affect the rights and obligations derived from existing international agreements, except where this could cause harm to biodiversity. Furthermore, it indicates that although the Protocol is the instrument for implementing the provisions on access and benefit-sharing referred to in the Convention, specialized instruments on the matter that do not conflict with the objectives of the Convention may be applied. Hence, the Parties may implement other specialized access and benefit-sharing agreements for genetic resources in the future; and such specialized agreements prevail if they are in line with the objective of the Nagoya Protocol. Article 5 of the Protocol takes up the main objective of fair and equitable sharing of benefits, in accordance with article 15. It establishes the State commitment to adopt legislative, administrative or policy measures to ensure that benefits arising from the utilization of genetic resources held by indigenous and local communities, in accordance with national laws regarding the established rights of said indigenous and local communities over these genetic resources, are shared in a fair and equitable manner. This article 5 also establishes that benefits may be monetary and non-monetary, and refers to the Annex of the Protocol, which includes a list of possible benefits to be shared. A key element of the Protocol, fully consistent with the Convention on Biological Diversity, corresponds to the sovereign right of States over their natural resources. This is set forth in article 6 of the Protocol. This article also regulates situations where indigenous and local communities hold rights over genetic resources. The Protocol sets forth the State obligation to adopt measures, in accordance with national legislation, to ensure that prior informed consent is obtained in full respect of these communities. Article 10 establishes the legal basis for considering a possible global multilateral benefit-sharing mechanism, being an open and optional clause for Parties that commit not to restrict, as far as possible, the customary use and exchange of genetic resources and associated traditional knowledge within indigenous and local communities. The Nagoya Protocol provides in its article 11 that the Parties undertake to collaborate with the participation of indigenous and local communities in cases where the same genetic resources are found in situ within the territory of more than one Party or are shared by one or more indigenous and local communities in various Parties. Linked to the previous article, numeral 12 of the Protocol provides that Parties shall take into consideration customary laws, community protocols and procedures with respect to traditional knowledge associated with genetic resources; as well as establish the necessary mechanisms to inform potential users of traditional knowledge associated with genetic resources about their obligations. The foregoing, with the effective participation of the relevant indigenous and local communities. Traditional knowledge associated with genetic resources constitutes one of the central axes of this Protocol. In the context of access and benefit-sharing, traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities related to genetic resources. This traditional knowledge is a vital source of information for identifying the uses of genetic resources from which humanity as a whole can benefit. Article 8 of the Convention on Biological Diversity establishes the need for governments to respect, preserve, maintain and promote the wider application of traditional knowledge with the approval and participation of indigenous and local communities, so this Protocol constitutes a significant advance in regulating the access and distribution of benefits from this type of knowledge. Article 13 provides the obligation for Parties to designate a national focal point for access and benefit-sharing. The national focal point shall make available information on procedures for obtaining prior informed consent and establishing mutually agreed terms, including benefit-sharing, information on procedures for obtaining prior informed consent or approval and participation, as appropriate, of indigenous and local communities, and establishing mutually agreed terms, including benefit-sharing, and information on competent national authorities, relevant indigenous and local communities and relevant stakeholders. In our country, the National Commission for Biodiversity Management (CONAGEBIO) exists as the competent authority responsible for processing, approving and overseeing permits for access to genetic resources, in accordance with article 14 et seq. of the Biodiversity Law, number 7788 of April 30, 1998, so legislation and an institutional framework consistent with what is referred to in the Protocol as a national focal point already exist. Article 14 establishes an Access and Benefit-Sharing Clearing-House as part of the facilitation mechanism referred to in paragraph 3 of article 18 of the Convention. It shall be a means for sharing information related to access and benefit-sharing. Articles 19 and 20 include the obligations of the Parties to encourage the development, updating and use of sectoral and cross-sectoral model contractual clauses, as well as voluntary codes of conduct, guidelines and best practices and/or standards in relation to access to resources. If properly applied by the Parties, these instruments will create a supportive environment for providers and users to negotiate successfully, as well as to develop and execute agreements for the fair and equitable sharing of benefits. Article 23 focuses on two specific types of non-monetary benefits: collaboration and cooperation in scientific and technical research and development programs, as well as access to and transfer of technology. Article 33 of the Protocol provides that no reservations may be made, so when ratified by our country, it must be approved in its entirety." Likewise, regarding the relationship of the Protocol with our Political Constitution, we reiterate that: "Article 50 of the Constitution guarantees the right to a healthy and ecologically balanced environment and establishes the principle of the obligatory State protection of the environment. Constitutional case law establishes that a central element of what must be understood as the environment is biodiversity. In this regard, it must be borne in mind that the Constitutional Chamber, in judgment number 2485-94 of May 27, 1994, favorably processed the legislative consultation of the law that approved the Convention on Biodiversity. Biodiversity is an integral part of the environment, that is, it forms part of the object of the right guaranteed by article 50 of the Constitution, as well as the principle that obliges the State to protect and safeguard the environment. National legislation develops the regulation on biodiversity and, specifically, what has to do with access to genetic and biochemical elements (articles 62 to 85 of the Biodiversity Law number 7788 of April 30, 1998). The Protocol whose approval is sought through bill 18.372 comes to complement the normative development of biodiversity, specifically regulating matters related to access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits derived from their utilization. It is important to note that the Protocol calls for the sustainable use of genetic resources and the conservation of biodiversity (article 8 of the Protocol). This is relevant in light of the provisions of article 50 of the Constitution and the extensive constitutional case law on sustainable development and the rational use of natural resources as constitutional principles. Recently, the Constitutional Chamber has raised a new facet of the principle of sustainable development that supports the objective proposed in the Protocol whose approval is submitted to the Legislative Assembly. This is the principle of democratic sustainable development, a principle that adds to the rational and sustainable use of natural resources – among which are found the genetic and biochemical elements of living beings – an equitable distribution of the benefits derived from their utilization. The Constitutional Chamber raised this issue in judgment number 2013-10540 of August 7, 2013, in which it resolved the unconstitutionality action filed against the regulations that permitted trawl fishing. In said judgment, it stated: 'The union of the first and third principles is what this Chamber terms the principle of democratic sustainable development, whereby it is not only a matter of guaranteeing the utilization of existing resources by present generations and ensuring the subsistence of future ones, but to achieve this, it must also be ensured that access to those resources and to the wealth generated by economic activities related to fishing and aquaculture is distributed equitably in Society, so that it reaches the greatest possible number of people and allows the solidary progress of the families that make up that social and productive sector.' From the moment the Chamber formulates the foregoing assessments as a principle, they are perfectly generalizable to other hypotheses distinct from the case of fishery resources. That is, the principle of democratic sustainable development is applicable to the matter regulated by the Nagoya Protocol. From this viewpoint, it is the opinion of this Attorney General's Office that said international instrument satisfies the requirements raised by the aforementioned principle." In addition to the foregoing, it should be noted that the Nagoya Protocol entered into force on October 12, 2014 and that, four years after its entry into force, the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity evaluated its progress and, in decision no. NP-3/1, highlighted the importance of the progress achieved thus far by the Parties in establishing legislative, administrative or policy measures on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits. However, it also pointed out the importance and need for further efforts so that the provisions of the Protocol are fully implemented and established a series of recommendations aimed at strengthening its implementation in some key aspects. Undoubtedly, the ratification of the Protocol by States contributes to the objective of optimizing the application of its provisions. 3. Conclusion. Based on the foregoing, the Attorney General's Office reiterates what was stated in legal opinion no. OJ-012-2014, in that the Nagoya Protocol to the Convention on Biological Diversity on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization does not present constitutional defects. It is considered that this is an international normative instrument of utmost importance in the field of equitable access to genetic resources and the promotion and safeguarding of the fair and equitable sharing of benefits generated by the utilization of genetic resources, in accordance with the Convention on Biological Diversity and our Biodiversity Law. Respectfully, Elizabeth León Rodríguez Attorney General