OJ-158-2021 — Proposed addition of Articles 33 bis and 33 ter to the Forestry Law on protection zonesPropuesta de adición de arts. 33 bis y 33 ter a la Ley Forestal sobre áreas de protección

Opinión Jurídica : 158 - J   del 29/09/2021   



29 de setiembre de 2021




PGR-OJ-158-2021




 




Señora




Cinthya Díaz Briceño




Jefe de Área




Comisiones Legislativas IV




Asamblea Legislativa




 




Estimada Señora:




 



 Con la aprobación del Procurador General de la República, me refiero a su oficio no. AL-
DCLEAMB-005-2021 de 2 de setiembre de 2021, por medio del cual nos comunica que la Comisión
Permanente Especial de Ambiente requirió la opinión jurídica de esta Procuraduría sobre el texto
sustitutivo del proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 22401, denominado
"Reforma Parcial a la Ley Forestal, no. 7575. Adición de artículos 33 bis y 33 tris.”




 




1. Carácter de este pronunciamiento.




 



 De conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de
setiembre de 1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la
Administración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que
le solicite la Administración Pública.




 



 Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración Pública
cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando requiere
nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.




 



 Pese a lo anterior, y dado que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha acostumbrado
atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán de colaborar
con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye.  De ahí que
se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley, cuando son
consultados por la Comisión Legislativa encargada de tramitarlos, o en relación con aspectos
jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente
puedan estimarse de interés general.




 



 En virtud de ello, los criterios emanados de este órgano asesor en cuanto a los alcances y
contenido de un proyecto de ley, no poseen la obligatoriedad propia de aquellos referidos a asuntos
surgidos del ejercicio de la función administrativa y, por esa razón, este criterio es vertido por
medio de una opinión jurídica no vinculante que pretende ser un insumo en el ejercicio de la
importante labor legislativa.




 



 Por otra parte, al no encontrarnos en los supuestos establecidos por el artículo 157 del Reglamento
de la Asamblea Legislativa, este pronunciamiento no se encuentra sujeto al plazo de ocho días en él
establecido.




 




2. Consideraciones sobre el proyecto de ley.




           



             Tal y como hemos señalado en otras oportunidades, las áreas de protección constituyen
limitaciones legítimas al derecho de propiedad privada, que tienen como finalidad proteger el
recurso hídrico y preservar o regenerar la cobertura forestal aledaña a los cuerpos de agua. (Véanse
nuestros pronunciamientos nos. C-148-2012, C-132-2013, C-063-2017, C-161-2017 y C-318-2017).




 



             El artículo 33 de la Ley Forestal define la medida de esas áreas de protección para
cada tipo de cuerpo de agua, y, seguidamente, el artículo 34 prohíbe la corta o eliminación de
árboles en esas áreas salvo cuando se trate de proyectos declarados de conveniencia nacional.




 



             Ahora bien, las restricciones al derecho de propiedad referidas a las áreas de
protección no se han limitado a la corta de árboles, pues, en aplicación del artículo 58 de esa
misma ley, la pena de prisión de tres meses a tres años allí establecida para quien invada un área
de conservación o protección, ha sido aplicada jurisprudencialmente a la corta de árboles y a las
construcciones y demás obras se lleven a cabo en las áreas de protección. (Al respecto véanse
nuestros pronunciamientos nos. C-148-2012 de 12 de junio de 2012 y OJ-091-2017 de  21 de julio de
2017, sentencia no. 751-2002 de las 10 horas 45 minutos de 19 de setiembre de 2002 y 1158 de las 9
horas 25 minutos de 14 de noviembre de 2008 del Tribunal de Casación Penal, el voto de la Sala
Primera no. 199-2010 de las 15 horas 30 minutos de 4 de febrero de 2010, el voto del Tribunal
Contencioso Administrativo, Sección VI, no. 48-2014 de las 10 horas de 7 de abril de 2014 y el voto
de la Sala Constitucional No. 74-2010 de las 15 horas de 6 de enero de 2010).




 




            Por ejemplo, el Tribunal de Casación Penal de San José, ha señalado que:




 



 “Es cierto que la acción delictiva establecida por el 58.c (sic) de la Ley Forestal consiste en
invadir un área de conservación o de protección, pero el contenido del término no es el despojo o
ingreso al dominio de otro. Como las áreas de conservación suponen una limitación genérica, a todo
propietario de inmuebles por los que corren los ríos de Costa Rica, con la finalidad de preservar el
ambiente natural, la salud, la ecología y lo poco que pueda salvarse para el equilibrio del planeta
Tierra, tal restricción al dominio es un régimen que obliga a mantener intacta la porción del
inmueble bajo la tutela estatal, de donde deriva la posibilidad de realizar en aquella únicamente
los actos permitidos por ese régimen. De este modo, invadir el área de protección se traduce en
realizar sobre ella cualquier acto no permitido, lo que puede hacer cualquiera ya sea propietario o
un tercero.” (Voto no. 751-2002)




 




            Al respecto, la Sala Constitucional ha señalado que:




 



 “De una lectura de las sentencias aportadas, se infiere que los juzgadores realizaron una
interpretación normativa conforme al contenido del artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, que
prevé una sanción penal, para quien “Invada un área de conservación o protección…”. El hecho de que
la norma se integre con la descripción de áreas de protección que señala el artículo 33 de la Ley
Forestal, no implica violación alguna al principio de legalidad, pues se trata de una interpretación
sistemática, acorde con la literalidad de la norma.” (Voto no. 74-2010).




 




Y, la Sala Primera ha señalado que:




 



 “Además de la explícita a que hace referencia el numeral 34 del cuerpo normativa citado, y que
consiste en una prohibición para cortar árboles, lo cierto es que el establecimiento de un área de
protección alrededor de la naciente lleva implícito una restricción al ejercicio de aquellas
facultades de dominio que puedan afectar, directa o indirectamente, una naciente permanente. Afirmar
lo contrario podría derivar en el contrasentido de que se permita levantar una edificación que
destruya dicho recurso natural a condición de que no se tale ningún árbol, o como en el presente
caso, que no haya árboles sembrados. En este sentido, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el
numeral 10 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece que la norma
administrativa debe interpretarse de la manera que mejor garantice el fin público que se persigue.”
(Voto no. 199-2010).




 



             Entonces, la aplicación del artículo 58 de la Ley Forestal a la “invasión” de las áreas
de protección, dándole al verbo “invadir” un sentido amplio que abarca otro tipo de obras y
actividades, además de la corta de árboles, depende de la interpretación jurisprudencial. Pues,
atendiendo a la literalidad de las normas citadas, no resulta completamente claro que el artículo 58
esté destinado a sancionar la corta de árboles que prohíbe el artículo 34 en las áreas de
protección, y, tampoco, cuáles son las actividades y obras prohibidas que podrían englobarse en el
tipo penal dispuesto en ese artículo 58.



             Lo anterior implica que, administrativamente, tampoco se tenga total certeza en cuanto
al tipo de obras o actividades por las que podrían imponerse sanciones administrativas como la
modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente contemplada en el artículo
99 inciso h) de la Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 de 4 de octubre de 1995).




 



             De tal forma, una reforma legal que pretenda establecer con claridad cuáles actividades
se encuentran permitidas y podrían ser autorizadas, así como, qué resultaría sancionable penal y
administrativamente, contribuye a generar mayor seguridad jurídica en la aplicación de las normas, y
con ello, una mayor efectividad de las regulaciones.




 



             Con ese fin, debemos reiterar la recomendación expuesta en las opiniones jurídicas nos.
OJ-091-2017 y OJ-106-2021, en cuanto a que, para evitar los problemas de aplicación e interpretación
que puede significar el verbo “invadir”, se reformule el tipo penal dispuesto en el artículo 58 de
la Ley Forestal, para que resulte aplicable, sin ninguna duda, a las áreas de protección, sin
afectar el tipo penal previsto para la invasión de las áreas silvestres protegidas, que no tendría
que ser variado. Y, que sea en ese artículo en el que se defina cuáles actividades u obras se
encuentran contempladas en el tipo penal.




 



             Nótese que, en el proyecto de ley no se modifica esa norma y, es en el artículo 33 ter
propuesto, en el que se intenta aclarar el concepto de invasión, disponiendo que “se considerará
invasión aquellas obras en áreas de protección urbanas y rurales que no cuenten con los permisos
respectivos emitidos por las entidades competentes, o las que se hayan otorgado contrario a la
presente ley o normativa conexa.”




 



             Para una mayor claridad, se sugiere valorar la posibilidad de modificar el proyecto,
para que sea en el artículo 34 de la Ley en el que se definan cuáles actividades u obras se
encuentran prohibidas, además de la corta o eliminación de árboles que ya contempla la norma.




 



             Y, después de ese artículo, incluir las disposiciones propuestas en el proyecto
referidas a las actividades y obras que sí se podrían autorizar y los requisitos y demás
regulaciones correspondientes.




             



             Sobre lo propuesto en el artículo 33 bis, puede observarse que se trata de obras
destinadas a garantizar la seguridad de infraestructura pública, de obras que pretenden satisfacer
algún interés público, o incluso obras necesarias para la operación de concesiones de agua, para las
cuales no quedaría claro si, además de la autorización de la Dirección de Aguas, resultaría exigible
la evaluación de impacto ambiental que dispone el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Lo
anterior, considerando que, si bien algunas de esas obras pueden ser de mantenimiento y de pequeña
escala, también podría tratarse de obras de gran magnitud con un mayor impacto ambiental.




 



             También en relación con esta propuesta, con el fin de evitar regulaciones
contradictorias que generen conflictos de aplicación, debe observarse que la Ley General de Caminos
Públicos fue reformada mediante la Ley de Eficiencia en la construcción, el mantenimiento y el
mejoramiento de la red vial cantonal y nacional, (no. 9789 de 9 de diciembre de 2019), incluyéndose
los artículos 2 bis y 2 ter. Específicamente, el artículo 2 ter dispone:




 



 “Artículo 2 ter- Cuando, para el mejoramiento de la red vial cantonal o nacional, se requiera
realizar pasos de alcantarilla y muros de contención asociados a estos, en cauces de dominio
público, los entes públicos competentes estarán facultados para realizarlo.



 En los casos en que se requiera la reconstrucción, el mantenimiento y el mejoramiento de puentes,
en cauces de dominio público, los entes públicos competentes estarán facultados para realizarlo.



 Previo al inicio de la obra, el ente público responsable deberá comunicarlo a las instancias
competentes del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), con la respectiva fundamentación y
justificación técnicas que incluyan la descripción, la ubicación y el plazo de ejecución de las
obras, así como las medidas de compensación, mitigación, prevención, restauración y recuperación
según corresponda para dichas labores, a efectos de que lleve el registro de las obras
correspondientes.



 Las obras que se realicen en cauces de dominio público, no contempladas en el presente artículo,
deberán tramitar el permiso respectivo ante las instancias competentes del Ministerio de Ambiente y
Energía, que conservarán las potestades conferidas en materia de control y fiscalización de las
obras, pudiendo atender las denuncias que se presenten, inspeccionar las obras y, de considerar
necesario, ordenar su suspensión.”




 



             Con base en esa disposición, los pasos de alcantarilla y muros de contención necesarios
para el mejoramiento de la red vial cantonal y nacional y, la reconstrucción, mantenimiento y mejora
de puentes, pueden ser ejecutadas por los organismos competentes, comunicándolo al Ministerio de
Ambiente y Energía para que lleve el registro de las obras correspondientes, pero, no requieren
autorización de parte de ese Ministerio.




 



             Lo anterior, es contrario a lo pretendido en el presente proyecto de ley, en el que,
para ese tipo de obras sí se requeriría la autorización de la Dirección de Aguas de ese Ministerio.
Por lo que resultaría conveniente armonizar ambas disposiciones.



             Sobre esa autorización, es recomendable que se establezca que los requisitos, estudios
necesarios y plazos de la administración para resolver, se determinen en el Reglamento de la Ley que
se dispone en el Transitorio Único del proyecto.




 



             En cuanto a lo propuesto en el artículo 33 ter, una norma en ese sentido podría otorgar
seguridad jurídica y respaldo normativo a las obras que se requieran para proyectos de corredores
biológicos interurbanos o similares.




 



             Para la aprobación de esas autorizaciones, se indica que éstas estarán a cargo del
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por lo que, se propone valorar la posibilidad de incluir
el criterio técnico de la Dirección de Aguas cuando el proyecto específico pudiere implicar alguna
afectación del recurso hídrico.




 



             Sobre lo propuesto en este artículo, advertimos que lo dispuesto en los párrafos
tercero y quinto son disposiciones que realmente aplicarían para los dos tipos de obras que
permitiría el proyecto, por lo que resultaría conveniente modificar el texto de la iniciativa, con
el fin de que no exista duda en cuanto a los efectos generales de esas disposiciones. 




 



              Por último, reiteramos la recomendación hecha en la OJ-091-2017 en cuanto a la
posibilidad de cambiar el concepto errado que se utiliza en el encabezado del artículo 34 de “áreas
protegidas” y sustituirlo por “áreas de protección.”




 




            3. Conclusión.




 



 Si bien es cierto la aprobación del proyecto de ley no. 22401, denominado "Reforma Parcial a la Ley
Forestal, no. 7575. Adición de artículos 33 bis y 33 tris.” es una decisión estrictamente
legislativa, con respeto se recomienda valorar las observaciones expuestas.




 




De Usted, atentamente,




 




 




 




                                                           Elizabeth León Rodríguez




                                                           Procuradora

Legal Opinion: 158 - J of 09/29/2021

September 29, 2021

PGR-OJ-158-2021

Mrs.
Cinthya Díaz Briceño
Area Chief
Legislative Commissions IV
Legislative Assembly

Dear Mrs. Díaz:

With the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official letter no. AL-DCLEAMB-005-2021 of September 2, 2021, by means of which you inform us that the Permanent Special Commission on the Environment requested the legal opinion of this Attorney General's Office on the substitute text of the bill being processed under legislative file number 22401, entitled "Partial Reform of the Forestry Law, No. 7575. Addition of Articles 33 bis and 33 tris."

1. Nature of this pronouncement.

In accordance with Articles 1, 2, and 3(b) of our Organic Law (No. 6815 of September 27, 1982), the Attorney General's Office is the superior consultative, technical-legal body of the Public Administration, and, in that capacity, fulfills its function by rendering the legal criteria requested by the Public Administration.

For these purposes, the Legislative Assembly could be considered as Public Administration when it consults us on a matter in the exercise of its administrative function, but not when it requires our criterion on a topic of interest for the exercise of the legislative function.

Despite the foregoing, and given that there is no legal provision to that effect, the Attorney General's Office has customarily addressed the consultations made by the Legislative Assembly and its deputies, with the aim of collaborating with the exercise of the important functions attributed to them by the Political Constitution. Hence, non-binding legal criteria are rendered on specific bills, when consulted by the Legislative Commission responsible for processing them, or in relation to legal aspects that may be considered covered by the political oversight function and that can reasonably be deemed of general interest.

By virtue of this, the criteria issued by this advisory body regarding the scope and content of a bill do not possess the binding nature characteristic of those referring to matters arising from the exercise of the administrative function, and, for that reason, this criterion is rendered by means of a non-binding legal opinion intended to serve as input in the exercise of the important legislative work.

Furthermore, since we are not within the cases established by Article 157 of the Regulations of the Legislative Assembly, this pronouncement is not subject to the eight-day deadline established therein.

2. Considerations regarding the bill.

As we have pointed out on other occasions, protection areas (áreas de protección) constitute legitimate limitations on the right to private property, whose purpose is to protect water resources and preserve or regenerate the adjacent forest cover (cobertura forestal) of bodies of water. (See our pronouncements Nos. C-148-2012, C-132-2013, C-063-2017, C-161-2017, and C-318-2017).

Article 33 of the Forestry Law defines the extent of these protection areas for each type of body of water, and, subsequently, Article 34 prohibits the cutting or removal of trees in these areas, except in the case of projects declared of national convenience.

Now, the restrictions on property rights referring to protection areas have not been limited to the cutting of trees, since, in application of Article 58 of that same law, the prison sentence of three months to three years established therein for anyone who invades a conservation or protection area has been applied jurisprudentially to the cutting of trees and to constructions and other works carried out in the protection areas. (In this regard, see our pronouncements Nos. C-148-2012 of June 12, 2012, and OJ-091-2017 of July 21, 2017, Judgment No. 751-2002 of 10:45 a.m. on September 19, 2002, and 1158 of 9:25 a.m. on November 14, 2008, of the Court of Criminal Appeals, Decision No. 199-2010 of 3:30 p.m. on February 4, 2010, of the First Chamber, Decision No. 48-2014 of 10:00 a.m. on April 7, 2014, of the Contentious-Administrative Court, Section VI, and Decision No. 74-2010 of 3:00 p.m. on January 6, 2010, of the Constitutional Chamber).

For example, the Court of Criminal Appeals of San José has stated that:

"It is true that the criminal action established by Article 58.c (sic) of the Forestry Law consists of invading a conservation or protection area, but the content of the term is not dispossession or entry into another's domain. Since conservation areas imply a generic limitation on all owners of properties through which Costa Rica's rivers run, with the purpose of preserving the natural environment, health, ecology, and whatever little can be saved for the balance of planet Earth, such restriction on domain is a regime that obliges keeping the portion of the property under state tutelage intact, from which derives the possibility of carrying out, on that portion, only the acts permitted by that regime. Thus, invading the protection area translates into carrying out any unpermitted act on it, which can be done by anyone, whether owner or a third party." (Decision No. 751-2002)

In this regard, the Constitutional Chamber has stated that:

"From a reading of the submitted judgments, it is inferred that the judges carried out a normative interpretation in accordance with the content of Article 58(a) of the Forestry Law, which provides for a criminal sanction for anyone who 'Invades a conservation or protection area…'. The fact that the norm is integrated with the description of protection areas indicated in Article 33 of the Forestry Law does not imply any violation of the principle of legality, as it is a systematic interpretation consistent with the literal wording of the norm." (Decision No. 74-2010).

And, the First Chamber has stated that:

"In addition to the explicit one referred to in Article 34 of the cited normative body, which consists of a prohibition on cutting trees, the truth is that the establishment of a protection area around the spring (naciente) implicitly entails a restriction on the exercise of those property rights that may directly or indirectly affect a permanent spring (naciente permanente). Asserting the contrary could lead to the contradiction of allowing a building to be erected that destroys said natural resource provided that no tree is felled, or, as in the present case, that there are no trees planted. In this sense, one must consider the provisions of Article 10 of the General Law of Public Administration, which establishes that the administrative norm must be interpreted in the manner that best guarantees the public purpose pursued." (Decision No. 199-2010).

Therefore, the application of Article 58 of the Forestry Law to the "invasion" of protection areas, giving the verb "invade" a broad meaning that encompasses other types of works and activities besides the cutting of trees, depends on jurisprudential interpretation. For, considering the literal wording of the cited norms, it is not completely clear that Article 58 is intended to sanction the cutting of trees prohibited by Article 34 in protection areas, nor which prohibited activities and works could be encompassed within the criminal offense provided for in that Article 58.

The foregoing implies that, administratively, there is also no complete certainty regarding the type of works or activities for which administrative sanctions could be imposed, such as the modification or demolition of constructions or works that damage the environment, as contemplated in Article 99(h) of the Organic Law of the Environment (No. 7554 of October 4, 1995).

Thus, a legal reform that aims to clearly establish which activities are permitted and could be authorized, as well as what would be criminally and administratively sanctionable, contributes to generating greater legal certainty in the application of the norms, and with it, greater effectiveness of the regulations.

To that end, we must reiterate the recommendation set forth in Legal Opinions Nos. OJ-091-2017 and OJ-106-2021, regarding the need to reformulate the criminal offense provided for in Article 58 of the Forestry Law, in order to avoid the application and interpretation problems that the verb "invade" may cause, so that it becomes applicable, without any doubt, to protection areas, without affecting the criminal offense provided for the invasion of protected wild areas, which would not have to be varied. And that it be in that article where which activities or works are contemplated in the criminal offense is defined.

Note that, in the bill, that norm is not modified; instead, it is in the proposed Article 33 ter where an attempt is made to clarify the concept of invasion, providing that "those works in urban and rural protection areas that do not have the respective permits issued by the competent entities, or those that have been granted contrary to this law or related regulations, shall be considered invasion."

For greater clarity, it is suggested to consider the possibility of modifying the bill so that Article 34 of the Law is where the activities or works that are prohibited are defined, in addition to the cutting or removal of trees that the norm already contemplates.

And, after that article, to include the provisions proposed in the bill referring to the activities and works that could be authorized, and the corresponding requirements and other regulations.

Regarding what is proposed in Article 33 bis, it can be observed that it concerns works intended to guarantee the safety of public infrastructure, works intended to satisfy some public interest, or even works necessary for the operation of water concessions, for which it would not be clear whether, in addition to the authorization from the Water Directorate, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) required by Article 17 of the Organic Law of the Environment would be mandatory. The foregoing, considering that, although some of these works may be for maintenance and small-scale, they could also be large-scale works with a greater environmental impact.

Also in relation to this proposal, in order to avoid contradictory regulations that generate application conflicts, it must be noted that the General Law of Public Roads was reformed by the Law on Efficiency in the construction, maintenance, and improvement of the cantonal and national road network (No. 9789 of December 9, 2019), including Articles 2 bis and 2 ter. Specifically, Article 2 ter provides:

"Article 2 ter- When, for the improvement of the cantonal or national road network, it is required to carry out culvert crossings and retaining walls associated with these, in public domain channels, the competent public entities shall be empowered to do so.

In cases where the reconstruction, maintenance, and improvement of bridges is required, in public domain channels, the competent public entities shall be empowered to do so.

Prior to the start of the work, the responsible public entity must communicate this to the competent authorities of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), with the respective technical basis and justification including the description, location, and execution period of the works, as well as the compensatory, mitigation, prevention, restoration, and recovery measures as applicable for said tasks, for the purpose of keeping a registry of the corresponding works.

Works carried out in public domain channels not contemplated in this article must process the respective permit before the competent authorities of the Ministry of Environment and Energy, which shall retain the powers conferred in matters of control and oversight of the works, being able to address complaints filed, inspect the works, and, if deemed necessary, order their suspension."

Based on that provision, culvert crossings and retaining walls necessary for the improvement of the cantonal and national road network, and the reconstruction, maintenance, and improvement of bridges, can be executed by the competent agencies, communicating this to the Ministry of Environment and Energy for it to keep a registry of the corresponding works, but they do not require authorization from that Ministry.

The foregoing is contrary to what is intended in the present bill, in which, for that type of works, authorization from the Water Directorate of that Ministry would be required. Therefore, it would be advisable to harmonize both provisions.

Regarding that authorization, it is recommended that it be established that the requirements, necessary studies, and deadlines for the administration to decide be determined in the Regulations of the Law, as provided for in the Sole Transitory Provision of the bill.

As for what is proposed in Article 33 ter, a norm in that sense could provide legal certainty and normative support for works required for interurban biological corridor projects or similar ones.

For the approval of these authorizations, it is indicated that they will be the responsibility of the National System of Conservation Areas (SINAC); therefore, it is proposed to consider the possibility of including the technical criterion of the Water Directorate when the specific project could imply some impact on water resources.

Regarding what is proposed in this article, we note that the provisions of the third and fifth paragraphs are provisions that would actually apply to both types of works that the bill would permit; therefore, it would be advisable to modify the text of the initiative, so that there is no doubt as to the general effects of those provisions.

Finally, we reiterate the recommendation made in OJ-091-2017 regarding the possibility of changing the erroneous concept of "protected areas" (áreas protegidas) used in the heading of Article 34 and replacing it with "protection areas" (áreas de protección).

3. Conclusion.

While it is true that the approval of Bill No. 22401, entitled "Partial Reform of the Forestry Law, No. 7575. Addition of Articles 33 bis and 33 tris," is a strictly legislative decision, it is respectfully recommended to consider the observations presented.

Yours sincerely,

Elizabeth León Rodríguez
Attorney