C-053-2024 — Coastal Regulatory Plan as a prerequisite for marina and tourist dock concessionsPlan regulador costero como requisito previo para concesiones de marinas y atracaderos turísticos

Dictamen : 053 del 01/04/2024   



1° de abril de 2024




PGR-C-053-2024




 




Señor




Luis Alonso Alán Corea




Alcalde




Municipalidad de La Cruz




 




Estimado señor:




 



             Con la aprobación del Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio no.
MLC-DAM-OF-0022-2024 de 24 de enero de 2024, mediante el cual requiere nuestro criterio sobre si es
necesario que exista un plan regulador costero para otorgar concesiones en la zona marítimo
terrestre para la instalación de marinas y atracaderos turísticos. Específicamente, plantea la
siguiente pregunta:




 



 “¿Puede existir un atracadero Turístico en Zona Marítimo Terrestre sin que se cuente con Plan
Regulador Costero para su desarrollo y ejecución?”




 



             Se adjunta el criterio de la asesoría legal (oficio no. MLC-ZMT-GJ-CJ-001-2024 de 24 de
enero de 2024), en el que se concluye que:




 



 “…para la construcción de un atracadero o marina que abarque la totalidad de la Zona Marítimo
Terrestre el plan regulador costero, se constituye como instrumento de planificación tal como lo
refiere el numeral 6 inciso f, sub-inciso i, en concordancia con las disposiciones de la Ley N°
6043, y el Reglamento a la Ley Decreto N°7841-P.



 Siendo que para el caso de que el proyecto colinde con zona restringida, y que solo abarque zona
pública, donde además se cuente con la característica de que el sector donde se pretende ubicar
carezca de plan regulador costero; el instrumento de planificación que regirá la obra será el
anteproyecto aprobado ambientalmente por la SETENA y técnicamente por la CIMAT, ello de conformidad
con lo referido en el numeral 6 inciso f sub-inciso vi del Reglamento la Ley 7744, así mismo el
numeral 18, 21, 22 de la Ley N°6043…




(…)



 …con respecto a la interrogante sobre la existencia del atracadero Turístico en Zona Marítimo
Terrestre, eventualmente podría darse o construirse sin que se cuente con Plan Regulador Costero en
el sector siempre y cuando el atracadero colinde con la zona marítimo terrestre, y no abarque la
totalidad de la zona marítimo terrestre, conforme al numeral 6 inciso f sub-inciso vi del Reglamento
la Ley 7744, así mismo el numeral 18, 21, 22 de la Ley N°6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre,
y en consideración a criterios técnicos y de aval por parte de la Comisión Interinstitucional de
Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) como ente rector; pues de lo contrario se precisará de la
existencia de un plan regulador costero para su desarrollo y funcionamiento, ello en consonancia con
el artículo 6 inciso f, sub-inciso i, en concordancia con las disposiciones número 30 de la Ley N°
6043, y 17, 18 del Reglamento a la Ley Decreto N°7841-”




           




            I. SOBRE LO CONSULTADO.




 



             En el dictamen no. C-307-2020 de 4 de agosto de 2020, la Procuraduría se refirió a la
necesidad de que exista un plan regulador costero, como requisito previo, para que se puedan otorgar
concesiones en la zona marítimo terrestre para la instalación y operación de marinas y atracaderos
turísticos.




 



             En ese sentido, señalamos que, conforme con el artículo 1° de la Ley de Concesión y
Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos (no. 7744 de 19 de diciembre de 1997), la
construcción, administración y explotación de marinas y atracaderos turísticos supone el
otorgamiento de una concesión en la zona marítimo terrestre. Con base en ello, y, considerando que
esa misma Ley, en su artículo 33, remite a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (no. 6043 de 2 de
marzo de 1977) en los aspectos no regulados por aquella, debe tenerse en cuenta que, en reiteradas
ocasiones hemos señalado que el plan regulador costero al que hace referencia el artículo 38 de la
Ley 6043 y 17 y 18 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo no. 7841 de 16 de diciembre de 1977) es el
instrumento de planificación de la zona marítimo terrestre administrada por las Municipalidades, que
constituye un requisito esencial para que éstas puedan otorgar concesiones, y que éstas últimas
deben sujetarse a las disposiciones de aquél (véanse los pronunciamientos nos. C-297-2004,
C-054-2006, C-070-2009, C-199-2013, OJ-062-2017, C-268-2020 de 9 de julio de 2020).




 



             Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la propia Ley 7744 hace referencia
expresa a la figura del plan regulador costero en su artículo 2° al indicar que la cesión al Estado
de las áreas requeridas para usos públicos debe hacerse conforme con “lo dispuesto por el plan
regulador costero de la zona que se trate.”




 



             Aparte de lo anterior, debe tenerse en cuenta que también hemos indicado que la
autorización excepcional que contemplan los artículos 18, 21 y 22 de la Ley 6043, para el desarrollo
de infraestructura y para la ejecución de actividades distintas al uso público, libre tránsito,
protección y vigilancia del demanio costero en la zona pública, requiere, de previo, la existencia
de un plan regulador costero.




 



             Así, en el dictamen no. C-268-2020 de 9 de julio de 2020 señalamos que, con base en
esas disposiciones, es posible otorgar concesiones para ciertos proyectos y actividades que
requieran, de manera indispensable, ser desarrollados cerca del mar, o para otro tipo de desarrollos
en aquellas secciones que, por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones
especiales, no puedan aprovecharse para uso público. Asimismo, con base en esas normas, es posible
autorizar el desarrollo de obras públicas o de infraestructura necesaria para la prestación de
servicios públicos.




 



             Seguidamente, indicamos que esas actividades y obras quedan sujetas a la autorización
de las entidades correspondientes, que deben valorar su necesidad, pertinencia y viabilidad, y,
además, a lo que al efecto disponga el plan regulador costero correspondiente.




 



             Para llegar a esa determinación, tomamos como base lo ya indicado en los dictámenes
nos. C-080-2007 y C-282-2013 y consideramos que si el plan regulador costero es un requisito
indispensable para el otorgamiento de concesiones y el consecuente desarrollo de actividades y
construcciones en la zona restringida, con mayor razón, el otorgamiento de cualquier autorización de
ocupación o de desarrollo de actividades e infraestructura en la zona pública, presupone la
existencia de un plan regulador costero, al cual, además, se encuentra supeditada.




 



             Por lo dicho hasta aquí, queda claro que la existencia de un plan regulador costero
previo para la autorización de actividades excepcionales en la zona pública y el otorgamiento de
concesiones en la zona restringida, es un requisito impuesto legalmente, pues, se encuentra
contemplado en el artículo 38 de la Ley 6043, que resulta de aplicación en el caso de las marinas y
atracaderos turísticos para los aspectos no regulados en la Ley 7744. Y, además, como se dijo, esa
misma Ley, en su artículo 2°, presupone la existencia de un plan regulador costero.




 



             De tal forma, conforme con las disposiciones de las leyes nos. 6043 y 7744, el
otorgamiento de una concesión en la zona marítimo terrestre para la instalación y operación de una
marina y atracadero turístico, requiere la existencia previa de un plan regulador costero.




 



             Lo anterior, salvo que, por disposición legal especial, existan sectores de la zona
marítimo terrestre en los que se utilice un instrumento de planificación distinto al plan regulador
costero, caso en el cual, deberá entenderse referido al instrumento correspondiente. Por ejemplo, en
el caso del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, según la Ley no. 6758 de 4 de junio de 1982,
aplica el Plan Maestro elaborado por el Instituto Costarricense de Turismo, al cual queda sujeta la
aprobación de concesiones para el desarrollo de marinas y atracaderos turísticos en ese sector. Y,
también en ese sentido, la Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso
y aprovechamiento territorial (no. 9221 de 27 de marzo de 2014), establece que las zonas urbanas
litorales declaradas conforme con sus disposiciones, se regirán por un plan regulador urbano, al
cual deberán sujetarse las concesiones que se otorguen.




 



             Entonces, siendo ese el marco legal, el desarrollo reglamentario de la Ley no. 7744 no
puede variar ni condicionar la obligación legal de que exista un plan regulador costero o el
instrumento de planificación que dispongan otras leyes especiales, para la aprobación de las
concesiones necesarias para el desarrollo de marinas y atracaderos turísticos.




 



             En consecuencia, de conformidad con el principio de jerarquía normativa, recogido en el
artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política, 6° de la Ley General de la Administración
Pública (no. 6227 de 2 de mayo de 1978) 1° y 2° del Código Civil (Ley no. 63 de 28 de setiembre
1887), lo que resulta aplicable es lo que disponen las normas legales de rango superior, y no las
disposiciones reglamentarias que exceptúan la exigencia de contar con un instrumento de
planificación para algunos supuestos.




 




            Sobre ese principio de jerarquía normativa, hemos señalado:




 



 “Los estudiosos del Derecho han elaborado una serie de reglas para solucionar los conflictos de
normas en el tiempo. El operador jurídico sabe que, siguiendo esos criterios, aplicará la norma
correcta a la situación que se le presenta. Es importante resaltar que, algunas de estas normas,
están consagradas en el ordenamiento jurídico; otras, son principios que debe conocer el abogado
para hacer una exégesis adecuada del sistema jurídico.



 La primera regla que tenemos, es el principio de jerarquización normativa, el cual establece que en
el ordenamiento jurídico existen unas normas que son superiores a otras. Las consecuencias de este
principio son: la norma superior prevalece sobre la inferior; la de menor rango no puede modificar a
la de superior jerarquía; y, el operador jurídico está en el deber de optar siempre por el precepto
de mayor rango.” (Dictamen no. C-038-2003 de 14 de febrero de 2003. Se añade la negrita. Reiterado
en los dictámenes nos. C-088-2007 de 23 de marzo de 2007, C-360-2019 de 3 de diciembre de 2019,
C-141-2019 de 23 de mayo de 2019, entre otros).




 



             En el primer reglamento a la Ley 7794 (Decreto Ejecutivo no. 27030 de 20 de mayo de
1998), el artículo 3° contemplaba como condición previa para otorgar la concesión “contar con Plan
Regulador debidamente aprobado para los sectores de zona marítimo terrestre o Plan Maestro para el
caso de propiedades privadas y el Polo Turístico Golfo de Papagayo.”




 



             Luego, el artículo 6° del Reglamento a la Ley no. 7744 (Decreto Ejecutivo no. 38171 de
17 de octubre de 2013), en su versión original, exigía como condición previa para el desarrollo de
marinas y atracaderos turísticos, “contar con un instrumento de planificación, debidamente aprobado
por la autoridad competente, que oriente las pautas del desarrollo de la zona.” Pese a que esa
disposición era acorde a la exigencia dispuesta en las Leyes nos. 6043 y 7744, mediante el Decreto
Ejecutivo no. 43751 de 4 de octubre de 2022 se reformó ese artículo, indicándose en los
considerandos:




 



 “VI. Que, a diferencia de la Ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre, donde las concesiones deben
otorgarse conforme al uso y regulaciones establecidas en el respectivo plan regulador costero, las
concesiones al amparo de la Ley 7744 Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos,
deben otorgarse conforme a los usos y regulaciones establecidas en el anteproyecto aprobado por la
CIMAT en la viabilidad técnica solicitada por el interesado, según los artículos 5 y 8 de la citada
Ley.” 




 



             Si bien es cierto, los artículos 5 y 8 de la Ley 7744 establecen que a la Comisión
Interinstitucional de Marina y Atracaderos Turísticos le corresponde valorar y aprobar los aspectos
técnicos de la propuesta de marina o atracadero, ello no elimina, de ningún modo, el requisito
previo, dispuesto en la misma Ley 7744 y en la Ley 6043, de contar con un instrumento de
planificación territorial.




 



             Esa Comisión tiene funciones técnicas muy específicas en la aprobación de proyectos de
marinas y atracaderos turísticos, que, por su naturaleza, no pueden sustituir las competencias en
materia de planificación del territorio que corresponden a las Municipalidades y otros entes
públicos. Nótese que, incluso, el artículo 2° de la Ley 7744 dispone que la CIMAT, al determinar la
cesión al Estado de las áreas requeridas para usos públicos, “deberá considerar lo dispuesto por el
plan regulador costero de la zona que se trate.”




 



             Por lo tanto, con base en lo dispuesto en las leyes nos. 6043 y 7744, la concesión para
la instalación y operación de una marina o atracadero turístico requiere la existencia previa de un
plan regulador costero o de los instrumentos de planificación territorial que dispongan leyes
especiales para determinados sectores, y esos instrumentos de planificación no pueden ser
sustituidos por el anteproyecto aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la CIMAT
para cada marina o atracadero.




 



             Las disposiciones del Reglamento a la Ley 7744 que resulten contrarias a lo anterior,
no pueden ser aplicadas, porque las normas legales de mayor rango establecen una exigencia que no
puede ser desatendida.




 




            II. CONCLUSIONES.




 



             Con base en todo lo expuesto, la Procuraduría concluye que según lo dispuesto en las
leyes nos. 6043 y 7744 y en aplicación del principio de jerarquía normativa, la concesión para la
instalación y operación de una marina o atracadero turístico requiere la existencia previa de un
plan regulador costero o de los instrumentos de planificación territorial que dispongan leyes
especiales para determinados sectores, y, esos instrumentos de planificación no pueden ser
sustituidos por el anteproyecto aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la CIMAT
para cada marina o atracadero.




 



             Las disposiciones del Reglamento a la Ley 7744 que resulten contrarias a lo anterior,
no pueden ser aplicadas, porque las normas legales de mayor rango establecen una exigencia que no
puede ser desatendida.




 




            De usted, atentamente,




 




 




 




                                                                        Elizabeth León Rodríguez




                                                                        Procuradora




 




ELR/ysb




Cód. 523-2024

Opinion: 053 of 01/04/2024

April 1, 2024

PGR-C-053-2024

Mr.
Luis Alonso Alán Corea
Mayor
Municipality of La Cruz

Dear Sir:

With the approval of the Attorney General of the Republic, I respond to your official letter no. MLC-DAM-OF-0022-2024 of January 24, 2024, by which you request our opinion on whether a coastal regulatory plan is necessary to grant concessions in the maritime-terrestrial zone for the installation of tourist marinas and docks. Specifically, you pose the following question:

"Can a Tourist dock exist in the Maritime-Terrestrial Zone without a Coastal Regulatory Plan for its development and execution?"

The opinion of the legal advisory office is attached (official letter no. MLC-ZMT-GJ-CJ-001-2024 of January 24, 2024), which concludes that:

"...for the construction of a dock or marina that encompasses the entirety of the Maritime-Terrestrial Zone, the coastal regulatory plan constitutes a planning instrument as referenced in numeral 6, subparagraph f, sub-subparagraph i, in accordance with the provisions of Law No. 6043, and the Regulation to the Law, Decree No. 7841-P.

Given that in the case where the project borders the restricted zone, and only encompasses the public zone, where additionally the sector where it is intended to be located lacks a coastal regulatory plan; the planning instrument that will govern the work shall be the preliminary project approved environmentally by SETENA and technically by CIMAT, in accordance with what is referenced in numeral 6, subparagraph f, sub-subparagraph vi of the Regulation to Law 7744, likewise numeral 18, 21, 22 of Law No. 6043...

(...)

...with respect to the question about the existence of the Tourist dock in the Maritime-Terrestrial Zone, it could eventually occur or be built without a Coastal Regulatory Plan in the sector provided that the dock borders the maritime-terrestrial zone and does not encompass the entirety of the maritime-terrestrial zone, in accordance with numeral 6, subparagraph f, sub-subparagraph vi of the Regulation to Law 7744, likewise numeral 18, 21, 22 of Law No. 6043, the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, and in consideration of technical criteria and endorsement by the Interinstitutional Commission for Tourist Marinas and Docks (Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos, CIMAT) as the governing body; because otherwise, the existence of a coastal regulatory plan will be required for its development and operation, in line with article 6, subparagraph f, sub-subparagraph i, in accordance with provisions number 30 of Law No. 6043, and 17, 18 of the Regulation to the Law, Decree No. 7841-"

I. REGARDING THE INQUIRY.

In opinion no. C-307-2020 of August 4, 2020, the Attorney General's Office referred to the need for a coastal regulatory plan, as a prerequisite, for concessions to be granted in the maritime-terrestrial zone for the installation and operation of tourist marinas and docks.

In that regard, we pointed out that, in accordance with article 1 of the Law on Concession and Operation of Tourist Marinas and Docks (No. 7744 of December 19, 1997), the construction, administration, and operation of tourist marinas and docks involves the granting of a concession in the maritime-terrestrial zone. Based on this, and considering that this same Law, in its article 33, refers to the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (No. 6043 of March 2, 1977) for aspects not regulated therein, it must be noted that, on repeated occasions, we have indicated that the coastal regulatory plan referenced in article 38 of Law 6043 and 17 and 18 of its Regulation (Executive Decree No. 7841 of December 16, 1977) is the planning instrument for the maritime-terrestrial zone administered by the Municipalities, which constitutes an essential requirement for them to grant concessions, and that the latter must adhere to the provisions of the former (see pronouncements nos. C-297-2004, C-054-2006, C-070-2009, C-199-2013, OJ-062-2017, C-268-2020 of July 9, 2020).

Furthermore, it must be noted that Law 7744 itself expressly refers to the figure of the coastal regulatory plan in its article 2 by indicating that the transfer to the State of the areas required for public uses must be done in accordance with "the provisions of the coastal regulatory plan for the zone in question."

Apart from the above, it must be kept in mind that we have also indicated that the exceptional authorization contemplated in articles 18, 21, and 22 of Law 6043, for the development of infrastructure and for the execution of activities other than public use, free transit, protection, and surveillance of the coastal public domain (demanio costero) in the public zone, requires, beforehand, the existence of a coastal regulatory plan.

Thus, in opinion no. C-268-2020 of July 9, 2020, we pointed out that, based on those provisions, it is possible to grant concessions for certain projects and activities that indispensably require being developed near the sea, or for other types of developments in those sections that, due to their geographical configuration, topography, or special conditions, cannot be used for public use. Likewise, based on these regulations, it is possible to authorize the development of public works or infrastructure necessary for the provision of public services.

Subsequently, we indicated that those activities and works remain subject to the authorization of the corresponding entities, which must evaluate their necessity, relevance, and viability, and, furthermore, to what is accordingly provided for in the corresponding coastal regulatory plan.

To reach that determination, we took as a basis what was already indicated in opinions nos. C-080-2007 and C-282-2013 and considered that if the coastal regulatory plan is an indispensable requirement for the granting of concessions and the consequent development of activities and constructions in the restricted zone, with greater reason, the granting of any authorization for occupation or for the development of activities and infrastructure in the public zone presupposes the existence of a coastal regulatory plan, to which, moreover, it is subject.

From what has been stated thus far, it is clear that the existence of a prior coastal regulatory plan for the authorization of exceptional activities in the public zone and the granting of concessions in the restricted zone is a legally imposed requirement, as it is contemplated in article 38 of Law 6043, which is applicable in the case of tourist marinas and docks for aspects not regulated in Law 7744. And, furthermore, as stated, that same Law, in its article 2, presupposes the existence of a coastal regulatory plan.

Therefore, in accordance with the provisions of Law No. 6043 and Law No. 7744, the granting of a concession in the maritime-terrestrial zone for the installation and operation of a tourist marina and dock requires the prior existence of a coastal regulatory plan.

The foregoing is excepted if, by special legal provision, there are sectors of the maritime-terrestrial zone where a planning instrument other than the coastal regulatory plan is used, in which case it must be understood as referring to the corresponding instrument. For example, in the case of the Golfo de Papagayo Tourism Project, according to Law No. 6758 of June 4, 1982, the Master Plan developed by the Costa Rican Tourism Institute applies, to which the approval of concessions for the development of tourist marinas and docks in that sector is subject. And, also in that sense, the Framework Law for the Declaration of the Litoral Urban Zone and its Regime of Territorial Use and Development (No. 9221 of March 27, 2014) establishes that the litoral urban zones declared in accordance with its provisions shall be governed by an urban regulatory plan, to which the concessions granted must adhere.

Therefore, that being the legal framework, the regulatory development of Law No. 7744 cannot vary or condition the legal obligation for a coastal regulatory plan, or the planning instrument provided by other special laws, to exist for the approval of the concessions necessary for the development of tourist marinas and docks.

Consequently, in accordance with the principle of normative hierarchy, contained in article 140, paragraph 3) of the Political Constitution, article 6 of the General Law of Public Administration (No. 6227 of May 2, 1978), and articles 1 and 2 of the Civil Code (Law No. 63 of September 28, 1887), what applies are the provisions of the higher-ranking legal norms, and not the regulatory provisions that exempt the requirement of having a planning instrument for certain cases.

Regarding that principle of normative hierarchy, we have stated:

"Legal scholars have developed a series of rules to resolve conflicts of norms over time. The legal operator knows that, by following these criteria, they will apply the correct norm to the situation presented. It is important to emphasize that some of these rules are enshrined in the legal system; others are principles that the lawyer must know to perform an adequate exegesis of the legal system.

The first rule we have is the principle of normative hierarchy, which establishes that in the legal system there are some norms that are superior to others. The consequences of this principle are: the superior norm prevails over the inferior one; the lower-ranking norm cannot modify the one of higher hierarchy; and the legal operator is duty-bound to always choose the precept of higher rank." (Opinion no. C-038-2003 of February 14, 2003. Boldface added. Reiterated in opinions nos. C-088-2007 of March 23, 2007, C-360-2019 of December 3, 2019, C-141-2019 of May 23, 2019, among others).

In the first regulation to Law 7794 (Executive Decree no. 27030 of May 20, 1998), article 3 contemplated as a precondition for granting the concession "to have a Regulatory Plan duly approved for the sectors of the maritime-terrestrial zone or a Master Plan in the case of private properties and the Golfo de Papagayo Tourism Pole."

Then, article 6 of the Regulation to Law No. 7744 (Executive Decree no. 38171 of October 17, 2013), in its original version, demanded as a precondition for the development of tourist marinas and docks, "to have a planning instrument, duly approved by the competent authority, that guides the development guidelines for the zone." Despite that provision being consistent with the requirement set forth in Law No. 6043 and Law No. 7744, through Executive Decree no. 43751 of October 4, 2022, that article was reformed, with the following indicated in the considering paragraphs:

"VI. That, unlike Law 6043 on the Maritime-Terrestrial Zone, where concessions must be granted according to the use and regulations established in the respective coastal regulatory plan, concessions under Law 7744 Concession and Operation of Tourist Marinas and Docks must be granted according to the uses and regulations established in the preliminary project approved by CIMAT in the technical feasibility requested by the interested party, according to articles 5 and 8 of the cited Law."

While it is true that articles 5 and 8 of Law 7744 establish that the Interinstitutional Commission for Tourist Marinas and Docks is responsible for assessing and approving the technical aspects of the marina or dock proposal, this in no way eliminates the prior requirement, set forth in Law 7744 itself and in Law 6043, to have a territorial planning instrument.

That Commission has very specific technical functions in the approval of tourist marina and dock projects, which, by their nature, cannot substitute the competencies in territorial planning matters that correspond to the Municipalities and other public entities. Note that even article 2 of Law 7744 states that CIMAT, when determining the transfer to the State of the areas required for public uses, "must consider the provisions of the coastal regulatory plan for the zone in question."

Therefore, based on the provisions of Law No. 6043 and Law No. 7744, the concession for the installation and operation of a tourist marina or dock requires the prior existence of a coastal regulatory plan or the territorial planning instruments established by special laws for specific sectors, and these planning instruments cannot be substituted by the preliminary project approved by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) and CIMAT for each marina or dock.

The provisions of the Regulation to Law 7744 that are contrary to the foregoing cannot be applied, because the higher-ranking legal norms establish a requirement that cannot be disregarded.

II. CONCLUSIONS.

Based on all the foregoing, the Attorney General's Office concludes that, according to the provisions of Law No. 6043 and Law No. 7744, and in application of the principle of normative hierarchy, the concession for the installation and operation of a tourist marina or dock requires the prior existence of a coastal regulatory plan or the territorial planning instruments established by special laws for specific sectors, and these planning instruments cannot be substituted by the preliminary project approved by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) and CIMAT for each marina or dock.

The provisions of the Regulation to Law 7744 that are contrary to the foregoing cannot be applied, because the higher-ranking legal norms establish a requirement that cannot be disregarded.

Yours sincerely,

Elizabeth León Rodríguez
Prosecutor

ELR/ysb
Code. 523-2024